Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2022-00031-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2022-00031-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 50001-23-33-000-2022-00031-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
20 de junio de 2024
Demandante: Víctor Januario Hoyos Castro
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Radicación No.: 50001-23-33-000-2022-00031-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 50001-23-33-000-2022-00031-01
Accionante: VÍCTOR JANUARIO HOYOS CASTRO
Accionado: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Tema: Confirma sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible contra la sentencia del 30 de abril de 2024, dictada por el
Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral Cuatro.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1. El señor Víctor Januario Hoyos Castro, quien funge como procurador 48
judicial administrativo, actuando en nombre propio, interpuso acción de
cumplimiento contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lo
anterior, con el fin de que se le ordene cumplir lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 49 de la Ley 1333 de 2009, en el sentido de reglamentar «las actividades
y procedimientos que conlleva la sanción de trabajo comunitario en materia
ambiental y la medida preventiva de asistencia a cursos obligatorios de
educación ambiental».
2. Como consecuencia del obedecimiento de la norma invocada, pidió la
siguiente pretensión:
ORDENAR al señor MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE, que en el término de diez
(10) días contados a partir del fallo, proceda a dar cumplimiento al parágrafo del
artículo 49 de la Ley 1333 de 2009, es decir reglamente las actividades y
procedimientos que conlleva la sanción de trabajo comunitario en materia
ambiental y la medida preventiva de asistencia a cursos obligatorios de educación
ambiental como parte de la amonestación.
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Demandante: Víctor Januario Hoyos Castro
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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2. Hechos
3. El procurador adujo que el 10 de diciembre de 2021 envió una solicitud a
la cartera ministerial accionada en la que pidió el acatamiento del parágrafo del
artículo 49 de la Ley 1333 de 2009.
4. El 21 de enero de 2022, la entidad le informó que no había expedido la
reglamentación pedida porque pese a que inició el trámite correspondiente, no
pudo completarlo «por causa de cambios que se presentaron al interior del equipo
técnico durante los años 2020 y 2021».
5. Refirió que las corporaciones autónomas regionales se encuentran en un
«limbo» que incluso les permite reemplazar las directrices que debería dar el
Ministerio como máxima autoridad en materia ambiental.
6. Indicó que han transcurrido más de doce años desde que se surgió el
mandato desatendido.
3. Actuaciones procesales
7. Mediante auto del 8 de febrero de 2022 el Tribunal Administrativo del Meta
admitió la acción de cumplimiento. En ese sentido, ordenó notificar como
accionado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4. Contestación
8. La cartera ministerial arguyó que se encontraba estructurando el
procedimiento de trabajo comunitario como sanción de los procedimientos
sancionatorios. Asimismo, que, la Subdirección de Educación y Participación
estableció unos criterios para llevar a cabo la reglamentación que solicita la parte
actora y elaboró un proyecto que estaba en estudio.
9. Puso de presente que, la entonces subdirectora de Educación y
Participación hacía parte de la mesa de trabajo del proyecto de ley que pretendía
modificar la Ley 1333 de 2009 y que ello le impidió continuar con la
reglamentación solicitada por esta vía.
10. Indicó que el 25 de septiembre de 2020 le envió un oficio con algunas
consideraciones de contenido jurídico al procurador VI judicial II ambiental y
agrario en relación con la solicitud de cumplimiento del parágrafo del artículo 49
de la Ley 1333 de 2009 y que hizo lo propio con la petición del accionante el 21
de enero de 2022. En estas comunicaciones, le informó que estaba retomando
el proceso de reglamentación que no pudo finalizar anteriormente por cambios
que se surtieron al interior del equipo técnico durante los años 2020 y 2021.
11. Informó que llevaría a cabo una mesa de trabajo con el fin de atender lo
que se persigue a través de este mecanismo, el 17 de marzo de 2022. Infirió que
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Demandante: Víctor Januario Hoyos Castro
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allí esperaba realizar acciones concretas con el fin de darle cumplimiento a la
norma solicitada.
12. Finalmente, estimó que podría atender lo pedido en el sentido de
reglamentar la materia del parágrafo del artículo 49 de la Ley 1333 de 2009 en
diez meses.
5. Actuaciones posteriores a la admisión
13. La apoderada del Ministerio de Ambiente y el accionante solicitaron que
se declarara la suspensión del proceso por seis meses. La entidad consideró que
tal término era «razonable para adelantar las acciones tendientes a la
implementación del trabajo comunitario como sanción en materia ambiental y la
medida preventiva de asistencia cursos obligatorios de educación ambiental». El
actor indicó que había estado en mesas de trabajo con la cartera ministerial y por
ello coadyuba la petición de suspensión.
14. Por auto del 30 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo del Meta
decretó la suspensión de la acción de cumplimiento hasta el 4 de septiembre de
2022, con fundamento en el artículo 161, numeral 2 del Código General del
Proceso (en adelante CGP) 1.
15. Al cumplirse el término definido, la accionada solicitó la prórroga de la
suspensión hasta el 22 de diciembre de 2022. Comentó que sostuvo una mesa
de trabajo con el procurador accionante el 30 de agosto de ese año y que
presentó los avances en torno a la reglamentación pedida. No obstante, observó
que los términos inicialmente establecidos no eran suficientes y junto con la
Subdirección de Educación y Participación y la Dirección de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Eco-sistémicos estableció un nuevo cronograma en
virtud del cual podrá expedir la reglamentación en cuestión hasta diciembre de
2022.
16. Mediante auto del 27 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo del
Meta accedió a la solicitud de suspensión pedida, pero hasta el 4 de diciembre
de 2022.
17. Tras una solicitud del ente ministerial en el mismo sentido, mediante auto
del 13 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Meta dispuso que
prorrogaba la suspensión del proceso hasta el 4 de marzo de 2023. Lo mismo
sucedió por medio de autos del 21 de marzo de 2023 2 y 19 de septiembre de
20233.
1
El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del
proceso en los siguientes casos:
(…)
2. Cuando las partes la pidan de común acuerdo, por tiempo determinado. La presentación verbal
o escrita de la solicitud suspende inmediatamente el proceso, salvo que las partes hayan
convenido otra cosa.
(…).
2
Suspendió el proceso hasta el 4 de septiembre de 2023.
3
Suspendió el proceso hasta el 4 de marzo de 2024.
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5. Fallo impugnado
18. En sentencia del 30 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta,
Sala de Decisión Oral Cuatro accedió a las pretensiones en el siguiente sentido:
1. ORDENAR al Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la
República, Gustavo Francisco Petro Urrego, y de la Ministra del Medio Ambiente,
María Susana Muhamad, que dentro de los TRES MESES siguientes a la
ejecutoria de este fallo y si aún no lo hubieren hecho, cumplan lo dispuesto en el
parágrafo del artículo 49 de la Ley 1233 de 2009, en cuanto a expedir la
reglamentación allí ordenada. Lo anterior acorde con lo dicho en la parte
considerativa de este fallo.
19. Explicó que el precepto objeto de la demanda contiene un mandato
imperativo e inobjetable que no ha sido atendido desde la expedición de la Ley
1333 de 2009, es decir, desde el 21 de julio del 2009. Adujo que, pese a que el
ministerio puso de presente todo lo que ha hecho en procura de expedir la
reglamentación en cuestión, lo cierto es que la misma entidad manifestó que no
ha atendido el mandato debido a que requiere la concurrencia de distintas
entidades para hacer una reglamentación integral.
6. Impugnación
20. El Ministerio de Ambiente aclaró que ha estado en disposición de gestionar
la reglamentación que se pide, pero debido a la complejidad no es posible llevarla
a cabo en el término concedido por el Tribunal.
21. Manifestó que realizó distintas mesas de trabajo los días 7, 8 y 9 de junio,
31 de agosto y 23 y 27 de octubre de 2023 en procura de expedir la
reglamentación del parágrafo del artículo 49 de la Ley 1333 de 2009, pero para
ello debe atender el anexo 1 del Decreto 1081 de 2015 y sus modificatorios y
seguir el procedimiento P-M-INA-09 del Sistema Integrado de Gestión del
Ministerio de Ambiente. Explicó que el procedimiento en cuestión se surte en tres
etapas, a saber: planeación y formulación, consulta y ajuste y expedición.
22. Expuso que la Subdirección de Educación y Participación cuenta con un
proyecto de decreto, el cual fue ajustado conforme a las observaciones del
procurador accionante, pero se envió al despacho de la viceministra para
aprobación y no la obtuvo. En su lugar, el texto fue devuelto con observaciones.
Por ello, una vez realice los ajustes respectivos y sean aprobados, seguirá con
el procedimiento dispuesto «en los numerales, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10».
23. Adujo que la expedición de un instrumento normativo como el que se
solicita implica aunar esfuerzos técnicos, jurídicos y administrativos y el concurso
de varias entidades del nivel nacional y territorial. En ese sentido, el que no se
haya atendido el mandato en la actualidad no obedece a inacción, desinterés u
omisión. Por ende, solicitó que se nieguen las pretensiones conforme a lo
expuesto o se le conceda «un plazo suficiente, necesario, razonable y
proporcional».
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
24. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible contra la sentencia del 30 de
abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión
Oral Cuatro. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125 4,
1505 y 2436 de la Ley 1437 de 2011 7, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia
de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «…las apelaciones
contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los
Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
25. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
26. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la renuencia»
(artículo 8.º), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
27. Para que la demanda proceda, se requiere:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]8.
4
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
5
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26 .
6
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
7
Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
[..].
8
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello [artículos 5.º y 6.º].
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda [artículo 8.º].
(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(v) No pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela [artículo 9.º], ni el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración [artículo 9.º].
2.3. De la renuencia
28. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste 9 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
29. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que «…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento» 10.
30. Sobre este tema, esta Sección 11 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
11 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
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incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos12”. (Negrillas fuera de texto).
31. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
32. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa de que su objetivo
es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997
no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
33. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «…tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia». 13
34. En el caso bajo estudio, mediante escrito del 10 de diciembre de 2021, el
señor Hoyos Castro le solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
«dar cumplimiento a la exigencia prevista en el parágrafo del artículo 49 de la Ley
1333 de 2009, puntualmente en cuanto a reglamentar la sanción de trabajo
comunitario y la medida preventiva de asistencia a cursos en materia ambiental».
12
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla
13
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
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35. Mediante Oficio del 21 de enero de 2022, la cartera accionada le informó
que no había expedido la reglamentación pedida, pues pese a que inició el
procedimiento tendiente a atender la norma por cambios presentados dentro del
equipo técnico en 2020 y 2021 no pudo llevarlo a término.
36. De acuerdo con lo anterior, está probado que la parte actora, previo a
acudir en sede de cumplimiento, solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible el acatamiento del parágrafo del artículo 49 de la Ley 1333 de 2009
en el sentido de que expida la reglamentación referida en dicha disposición.
37. En consecuencia, para la Sala, el requisito de constitución en renuencia
se encuentra satisfecho, razón por la cual se estudiarán los requisitos de
procedencia del presente medio de control.
2.4. De la procedencia de la acción de cumplimiento
38. Como se ha referido hasta ahora, la parte actora, con el ejercicio de la
presente acción, pretende que se ordene al Ministerio de Ambiente que dé
cumplimiento al parágrafo del artículo 49 de la Ley 1333 de 2009. En ese sentido,
es evidente que se cumple con el requisito de que la norma que se solicita acatar
tenga rango de ley o acto administrativo.
39. Igualmente se satisface el requisito de que el mandato que se solicita
atender esté radicado en cabeza de la autoridad pública o del particular en
ejercicio de funciones públicas. Lo anterior porque la Ley 1333 de 2009 establece
el procedimiento sancionatorio ambiental recae, de conformidad con el artículo 1
de la norma en cita, en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible14.
40. Sobre este requisito de procedibilidad es importante anotar que en la
sentencia de primera instancia el Tribunal determinó que la orden correspondía
atenderla «al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente de la República …».
Lo anterior porque el mandato que se solicita cumplir expresamente establece
que el Gobierno Nacional debe reglamentar el trabajo comunitario en materia
ambiental.
41. La Sala se aparta de la postura del Tribunal de exigir al presidente de la
República el cumplimiento del mandato que la parte actora considera
desatendido porque la entidad que debe cumplir la obligación en cuestión es el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
14
Ley 1333 de 2009. Artículo 1: El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia
ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. (…)
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42. En efecto, aunque por expreso mandato del artículo 115 constitucional el
Gobierno Nacional esté conformado por el presidente de la República, los
ministros y directores de departamentos administrativos; lo anterior no implica
que en los casos en lo que se exige la reglamentación de una ley mediante una
acción de cumplimiento deba vincularse al señor presidente de la República o
pueda predicarse algún tipo de responsabilidad sobre esta autoridad.
43. No es necesario vincular al presidente ni emitir orden alguna respecto del
jefe de Estado porque, aunque conforme el Gobierno, de una interpretación
armónica e integral de los artículos 115 15 y 20816 de la Constitución Política de
1991 se puede advertir que los ministros son los jefes de la administración en su
respetiva dependencia y, por ende, les corresponde dirigir la actividad
administrativa y reglamentar la ley.
44. En consecuencia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es la
autoridad que debe cumplir con el mandato que la parte actora considera
desatendido. Así las cosas, de confirmarse la decisión de primera instancia, a la
única autoridad a la que se le impartirá ordenes es a la referida cartera ministerial.
45. Respecto del requisito de subsidiariedad, se evidencia que lo pretendido
por el accionante no involucra la protección de derechos fundamentales que
puedan ser invocados vía acción de tutela. Tampoco existe otro mecanismo
judicial para hacer efectiva la reglamentación de las actividades y procedimientos
en torno a la sanción de trabajo comunitario en materia ambiental.
Adicionalmente, se advierte que la norma objeto de la demanda se encuentra
actualmente vigente, en la medida en que no fue derogada, modificada o
sustituida en el ordenamiento jurídico.
46. Finalmente, para la Sala se cumple con el requisito de que el cumplimiento
no genere gasto. En consecuencia, se procederá a analizar si se confirma,
modifica o revoca la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones
del medio de control.
2.5. Caso concreto
47. Como se esbozó, el señor Hoyos Castro solicita que se le ordene al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el acatamiento del parágrafo del
artículo 49 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de que expida la reglamentación
sobre las actividades y procedimientos que conlleva el trabajo comunitario como
sanción en materia ambiental y la medida preventiva de asistencia obligatoria a
15
Constitución Política de 1991. Artículo 115: […] El Gobierno Nacional está formado por el
Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos
administrativos. El Presidente y el Ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada
negocio particular, constituyen el Gobierno. […]
16
Constitución Política de 1991. Artículo 208: […] Los ministros y los directores de
departamentos administrativos son los jefes de la administración en su respectiva dependencia.
Bajo la dirección del Presidente de la República, les corresponde formular las políticas atinentes
a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley.
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cursos de educación ambiental, en el marco de los procedimientos sancionatorios
ambientales.
48. El precepto que se pide atender, es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 49. Trabajo comunitario en materia ambiental. Con el objeto de incidir
en el interés del infractor por la preservación del medio ambiente, los recursos
naturales y el paisaje, la autoridad ambiental podrá imponer la sanción de trabajo
comunitario en materias ambientales a través de su vinculación temporal en alguno
de los programas, proyectos y/o actividades que la autoridad ambiental tenga en
curso directamente o en convenio con otras autoridades. Esta medida solo podrá
reemplazar las multas solo cuando los recursos económicos del infractor lo
requieran, pero podrá ser una medida complementaria en todos los casos.
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará las actividades y
procedimientos que conlleva la sanción de trabajo comunitario en materia
ambiental y la medida preventiva de asistencia a cursos obligatorios de educación
ambiental como parte de la amonestación.
49. Para la Sala, corresponde confirmar la sentencia del 30 de abril de 2024,
por las razones que pasan a explicarse.
50. El artículo mencionado establece que «el Gobierno Nacional
reglamentará»:
• Las actividades y procedimientos que conlleva la sanción de trabajo
comunitario en materia ambiental.
• La medida preventiva de asistencia a cursos obligatorios de educación
ambiental.
51. En ese sentido, comparte este cuerpo colegiado el criterio expuesto por el
Tribunal Administrativo del Meta, consistente en que la norma objeto de esta
acción contiene un mandato imperativo e inobjetable. Nótese que la norma
contiene un verbo rector en virtud del cual en reiteradas oportunidades esta
Sección como órgano de cierre en materia de acciones de cumplimiento, ha
accedido a las pretensiones en el sentido de ordenar la expedición de la
respectiva reglamentación. A ello se suma que la propia accionada reconoce
tener un deber que desde el 2009 no ha acatado por distintas razones.
52. Se precisa en este punto que la aludida reglamentación está en cabeza
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por ser la máxima autoridad
en materia ambiental, independientemente del trabajo mancomunado o integral
que deba hacer con sus dependencias internas u otras carteras ministeriales.
53. No desconoce la Sala que el Ministerio ha realizado jornadas de trabajo y
aduce tener un proyecto de reglamento. Sin embargo, la norma en cuestión se
encuentra produciendo efectos jurídicos desde 2009, aunado a que desde hace
más de dos años se le solicitó el cumplimiento de la disposición, sin que a la
fecha se haya atendido el mandato de reglamentación.
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Demandante: Víctor Januario Hoyos Castro
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Radicación No.: 50001-23-33-000-2022-00031-01
54. Así, pese a que la norma no dispone un plazo en el que se deba expedir
la reglamentación mencionada, esta Sala ha manifestado 17 que la acción de
cumplimiento procede para ordenar el ejercicio de la potestad reglamentaria en
todos los casos en los que el legislador haya impuesto al ejecutivo el deber de
reglamentar determinado tema con independencia de si se impuso término o no.
Es decir que, la ausencia de un plazo para desarrollar la facultad que se otorga
para regular ciertas materias no deriva en la inexigibilidad de lo dispuesto como
mandato en la norma.
55. Finalmente, no se pasa por alto que la autoridad accionada solicitó en la
impugnación que se le otorgue «un plazo suficiente, necesario, razonable y
proporcional». No obstante, se comparte el criterio del a quo que dispuso que se
debía acatar el mandato dentro de los tres meses siguientes a la notificación de
la sentencia de primera instancia.
56. Lo anterior, se itera, teniendo en cuenta que la disposición está vigente
desde 2009, desde diciembre de 2021 se constituyó en renuencia al Ministerio y
el Tribunal suspendió el curso de la acción de cumplimiento en más de cinco
oportunidades con el fin de dar tiempo a la cartera para expedir el reglamento.
Así, para la Sala, el tiempo con el que ha contado la entidad para cumplir con lo
pedido se encuentra razonable y suficiente.
57. Se concluye entonces que, la norma invocada contiene un mandato
imperativo e inobjetable que no se ha atendido y obliga a la accionada a acatar
el objetivo propuesto en esta acción de cumplimiento. En otras palabras, es
obligación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentar «las
actividades y procedimientos que conlleva la sanción de trabajo comunitario en
materia ambiental y la medida preventiva de asistencia a cursos obligatorios de
educación ambiental».
58. Ahora bien, se itera que el término concedido por el a quo de tres meses
para expedir la respectiva regulación, también se comparte por esta Sala y que
en otras oportunidades se ha considerado suficiente para atender el mandato de
reglamentación 18.
2.6. Conclusión
59. Esta Sala confirmará la sentencia del 30 de abril de 2024, que le ordenó
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cumplir con lo dispuesto en el
parágrafo del artículo 49 de la Ley 1333 de 2009, en el sentido de reglamentar
17
Sección Quinta, sentencias del 26 de noviembre de 2015, expediente con radicado número
63001-23-33-000-2015-00227-01, M.P. Rocío Araújo Oñate, 19 de agosto de 2021, expediente
No. 15001-23-33-000-2020-02351-01 M.P. Rocío Araújo Oñate (E), 23 de septiembre de 2021,
expediente N.° 25000-23-41-000-2020-00270-02, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil,
18
El mismo término ha sido dispuesto por la Sala en sede de acción de cumplimiento cuando el
mandato que se pide acatar no contiene de forma implícita el término en el que la administración
debe ejercer la potestad reglamentaria. Ver, entre otras, las sentencia del 3 de noviembre de
2022, exp. 15001-23-33-000-2022-00400-01, M.P. Rocío Araújo Oñate y del 16 de marzo de
2023, exp. 18001-23-33-000-2022-00157-01 M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Demandante: Víctor Januario Hoyos Castro
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Radicación No.: 50001-23-33-000-2022-00031-01
«las actividades y procedimientos que conlleva la sanción de trabajo comunitario
en materia ambiental y la medida preventiva de asistencia a cursos obligatorios
de educación ambiental».
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 30 de abril de 2024, dictado por el Tribunal
Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral Cuatro bajo el entendido que la
orden debe ser cumplida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO. En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Salva voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclara voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
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