Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-01060-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-01060-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2024-01060-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
29 de agosto de 2024
Demandantes: Gustavo Adolfo Guerrero Ruíz y
Alberto Arrieta Martínez
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01060-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01060-01
Accionantes: GUSTAVO ADOLFO GUERRERO RUÍZ Y ALBERTO
ARRIETA MARTÍNEZ
Accionados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTRO
Tema: Modifica orden de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 9 de julio de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1. El señor Gustavo Adolfo Guerrero Ruíz, en calidad de procurador
delegado con funciones mixtas para asuntos ambientales, minero energéticos y
agrarios y el señor Alberto Arrieta Martínez, procurador 9 judicial II para asuntos
ambientales agrarios de Barranquilla ejercieron acción de cumplimiento contra la
Presidencia de la República y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible por medio de la cual exigieron el acatamiento del parágrafo tercero,
inciso segundo del artículo 33 de la Ley 99 de 1993 que establece lo siguiente:
PARÁGRAFO 3. DEL MANEJO DE ECOSISTEMAS COMUNES POR VARIAS
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES. En los casos en que dos o
más Corporaciones Autónomas Regionales tengan jurisdicción sobre un
ecosistema o sobre una cuenca hidrográfica comunes, constituirán de
conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, una
comisión conjunta encargada de concertar, armonizar y definir políticas para el
manejo ambiental correspondiente.
El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos de concertación para el
adecuado y armónico manejo de áreas de confluencia de jurisdicciones entre las
Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema de Parques Nacionales o
Reservas.
2. Como consecuencia del obedecimiento de la norma invocada, pidió a título
de pretensiones, las siguientes:
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Demandantes: Gustavo Adolfo Guerrero Ruíz y
Alberto Arrieta Martínez
Demandados: Presidencia de la República y otro
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Declarar que la Nación- Presidencia de la República- Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, han incumplido con el deber imperativo contemplado en el
inciso segundo parágrafo tercero del artículo 33 de la ley 99 de 1993.
Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Nación- Presidencia
de la República- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el término
perentorio y razonable que ustedes honorables magistrados consideren, expedir
la reglamentación contenida en la norma incumplida, consistente en reglamentar
los procedimientos de concertación para el adecuado y armónico manejo de áreas
de confluencia de jurisdicciones entre las Corporaciones Autónomas Regionales y
el Sistema de Parques Nacionales o Reservas.
2. Hechos
3. Mediante la Ley 99 de 1993, el Congreso de la República creó el Ministerio
del Medio Ambiente, reordenó el sector público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales, organizó el Sistema
Nacional Ambiental (SINA) y dictó otras disposiciones.
4. El artículo 33 de dicho cuerpo normativo reguló lo relacionado con la
administración del medio ambiente, la jurisdicción y la competencia de las
autoridades ambientales. A su vez, el parágrafo tercero de tal disposición
estableció que, en los casos en que dos o más Corporaciones Autónomas
Regionales tuvieran jurisdicción sobre un ecosistema o cuenca hidrográfica
comunes, se constituiría una comisión conjunta encargada de concertar,
armonizar y definir políticas para el manejo ambiental correspondiente.
5. Lo anterior, de conformidad con la reglamentación que expidiera el
gobierno nacional, autoridad que debía establecer los procedimientos de
concertación para el adecuado y armónico manejo de aquellas áreas de
confluencia de jurisdicciones entre las Corporaciones Autónomas Regionales y
el Sistema de Parques Nacionales o Reservas.
6. A juicio de los actores, a la fecha de radicación de la presente acción, las
autoridades demandadas no han dado cumplimiento a lo dispuesto por dicha
norma.
3. Actuaciones procesales
7. Mediante auto de 11 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B admitió la demanda de
cumplimiento. En consecuencia, ordenó notificar a la Presidencia de la República
y al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4. Intervenciones
4.1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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8. Arguyó que la reglamentación de la disposición cuyo cumplimiento se
demanda se efectuaría posteriormente mediante un instrumento independiente.
Esto, dada la necesidad de elaborar un reglamento que considere las
competencias específicas de cada entidad y las particularidades del caso.
9. Destacó la importancia de la potestad reglamentaria, la cual podía ser
ejercida por el presidente de la República en cualquier momento, sin un plazo fijo
y cuya naturaleza era inalienable, intransferible e inagotable.
10. Afirmó que ha cumplido con la reglamentación del parágrafo 3 del artículo
33 de la Ley 99 de 1993, por medio de la expedición de algunos decretos y
resoluciones. Entre estos, destacó los Decretos 1604 de 2002 y 1640 de 2012,
relacionados con el manejo de cuencas hidrográficas. A su vez, referenció las
Resoluciones 839 de 2003, 157 de 2004, 1128 de 2006 y 886 de 2018, que
regulan aspectos para los ecosistemas comunes.
11. Informó que ha adoptado el procedimiento de «elaboración de instrumento
normativos» con código P-M-INA-09 y que hace parte del sistema integrado de
gestión de la entidad. Puso de presente que su objetivo es proponer y expedir las
herramientas de regulación necesarias en el sector ambiental y de desarrollo
sostenible. Agrego que tal instrumento incluye las etapas de planeación y
formulación, consulta, ajuste y expedición.
12. Indicó que el 4 de octubre de 2023, el equipo de trabajo de la Dirección de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la autoridad presentó ante
el Viceministerio de Políticas de Normalización Ambiental el proyecto normativo
«Por el cual se reglamenta el parágrafo 3.º del artículo 33 de la Ley 99 de 1993,
en relación con la gestión de ecosistemas compartidos». Puso de presente que
el 9 de octubre de 2023 se remitieron algunos ajustes a dicha iniciativa.
13. Señaló que en reuniones desarrolladas el 27 de mayo y 19 de junio de
2024 se retomaron acciones de articulación al interior de dicha dirección. Añadió
que actualmente se avanza en la proyección del instrumento normativo con la
colaboración de los equipos técnicos de Humedales, Bosques y Páramos y están
en consideración algunas observaciones realizadas por la Oficina de Asesoría
Jurídica.
14. Puso de presente que una vez finalizada dicha fase, el proyecto normativo
sería remitido nuevamente a tal oficina para el estudio de su viabilidad jurídica y
que, con la aprobación del despacho de la ministra, se procedería a su
publicación para consulta pública.
4.2. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
(DAPRE)
15. Consideró que no se cumplió con el requisito de renuencia, debido a que
la demanda fue admitida contra Presidencia de la República, cuya representante
legal es la directora del departamento administrativo. Agregó que, sin embargo,
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la constitución en renuencia fue elevada al presidente de la República y no ante
dicha funcionaria.
16. Sostuvo que la respectiva solicitud fue radicada ante el presidente de la
República el 30 de octubre de 2023. Informó que la petición fue contestada el 2
de noviembre del mismo año, mediante oficio OFI23-00205547, en el que se
indicó que se daba el respectivo traslado por competencia al Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
17. Resaltó que la Presidencia de la República y, en particular, su directora,
no están llamados a responder judicialmente por las pretensiones de la parte
actora, pues el cumplimiento reclamado no está en cabeza de tal autoridad.
Afirmó que la competencia para ello recae en otras autoridades, cuya jurisdicción
y funciones están determinadas por la ley. Añadió que, en relación con los actos
que expida el Gobierno Nacional, su representación judicial recae en el ministro
o director correspondiente y no en el presidente de la República.
18. En este orden de ideas, solicitó que se desvinculara a la directora del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, dada la
improcedencia de la acción en su contra.
5. Fallo de primera instancia
19. En sentencia de 9 de julio de 20241, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B accedió a las pretensiones
planteadas. Precisó que: i) se acreditó el requisito de constitución de renuencia;
ii) no se buscaba el cumplimiento de una norma que envuelva la disposición de
un gasto público y, iii) no pretendía la garantía de derechos fundamentales que
pudieran ser amparados mediante tutela.
20. Consideró que se había acreditado la constitución en renuencia de la
Presidencia de la República, pues se probó que la parte actora solicitó el
cumplimiento de la norma ante esta autoridad. Indicó que, por tanto, las
dependencias o departamentos que la representan no pueden aludir a la falta del
cumplimiento de tal requisito por no ser nombradas expresamente en la petición.
Esto, tomando en consideración que la función principal del DAPRE es servir de
apoyo a la labor del presidente.
21. Reconoció las gestiones adelantadas por el ministerio y la existencia de
los Decretos 1604 de 2002 y 1640 de 2012 que regulan las comisiones conjuntas
para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. Sin embargo, indicó
que la autoridad no había reglamentado los procedimientos de concertación de
manejo de áreas de confluencia de jurisdicciones entre las Corporaciones
Autónomas Regionales y el Sistema de Parques Nacionales o Reserva Forestal.
22. Sostuvo que la norma cuyo cumplimiento se demanda tiene una
importancia superior, pues su objetivo va dirigido a la preservación y
1 Notificada el 16 de julio de 2024 vía correo electrónico.
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conservación de ecosistemas que se presenten en la intersección de áreas de
confluencia entre distintas jurisdicciones.
23. En este orden de ideas, concluyó que se acreditaba un incumplimiento que
se había extendido durante 31 años desde que la norma en cuestión fue
expedida. Esto, sin que se ejecutara la respectiva reglamentación a la fecha y
aunado al hecho que solo hasta el año 2023 se llevó a cabo la iniciativa de
presentar un proyecto por medio del cual se efectuara lo ordenado en el artículo
33, parágrafo 3.º de la Ley 99 de 1993.
24. Por tanto, resolvió lo siguiente:
PRIMERO: ACCEDER a las pretensiones de la demanda formulada por el señor
GUSTAVO ADOLFO GUERRERO RUIZ, Procurador delegado con funciones
mixtas para asuntos ambientales, mineros energéticos y agrarios, y el señor
CARLOS ALBERTO ARRIETA MARTINEZ Procurador 9 judicial II para asuntos
ambientales agrarios de Barraquilla y en consecuencia, ORDENAR al Gobierno
Nacional, en este caso representado por el Presidente de la República y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que en el tiempo razonable de seis
(6) meses, culmine el procedimiento adelantado para dar cabal cumplimiento a las
disposiciones previstas el inciso 2 del parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 99 de
1993, consistente en “Reglamentar los procedimientos de concertación,
planificación y manejo armónico de ecosistemas comunes en jurisdicción de dos o
más autoridades ambientales.”, remitiendo cada dos meses informes sobre el
avance hasta su expedición.
6. Impugnación
6.1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
25. Mediante memorial remitido el 23 de julio de 2024, la apoderada del
DAPRE solicitó que se declarara la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva de la autoridad y, en consecuencia, que se le desvinculara del
presente trámite.
26. Señaló que se accedió a las pretensiones de la demanda sin que hubiera
pronunciamiento sobre la excepción de legitimación en la causa por pasiva.
Agregó que se dio una orden al presidente de la República sin que hubiera estado
vinculado al proceso y sin que la autoridad judicial de primera instancia se hubiera
referido a los argumentos de defensa expuestos por el DAPRE en su
contestación de demanda.
6.2. Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
27. Mediante memorial remitido el 19 de julio de 2024, el apoderado de la
cartera ministerial solicitó que se revocara la decisión adoptada y que, en su
lugar, no se estableciera un plazo determinado para cumplir con la orden o que,
de manera subsidiaria, se otorgara un término mayor al dado.
28. Insistió en que la potestad reglamentaria del presidente de la República
podía ser llevada a cabo en cualquier momento, dado que la Constitución no fija
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un plazo para su ejercicio. En tal sentido, sostuvo que, contrario a lo afirmado en
el fallo impugnado, no existe mora en el cumplimiento de tal disposición pues no
existe término para ello.
29. Sostuvo que, en el asunto en cuestión, el ministerio ha llevado una gestión
constante mediante la iniciativa del proyecto de reglamentación del parágrafo 3.º
del artículo 33 de la Ley 99 de 1993. Reiteró el informe en relación con las
gestiones adelantadas en la materia y precisó que, debido a la naturaleza de este
acto administrativo, se requiere llevar a cabo mesas de trabajo con las 33
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y con Parques
Nacionales Naturales.
30. Argumentó que ante la falta de agotamiento de la etapa de consulta pública
y de expedición, el plazo otorgado para cumplir con la orden no era suficiente. Lo
anterior, pues dicho término impide llevar a cabo las fases restantes, lo que a su
vez atentaría contra los principios de legalidad, seguridad jurídica, buena fe y
confianza legítima.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
31. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
el actor contra la sentencia de 9 de julio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. Lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 150 y 243 de la Ley 1437 de
2011, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
32. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
33. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
34. Para que la demanda proceda, se requiere:
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(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]2.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5.º y 6.º).
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)” caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (artículo 8.º).
(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(v) Pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela (artículo 9.º).
(vi) El acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
(artículo 9.º).
2.3. De la renuencia
35. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste3 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
36. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad, la sala ha
señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino
una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»4.
2 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
4. Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
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37. Sobre lo anterior, esta sección5 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos6. (Negrillas fuera de texto).
38. En efecto, el inciso 2° del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
39. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997
no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
40. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
5 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
6 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla
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requisito de procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia».7
41. En relación con la Presidencia de la República, la parte actora probó que
el 30 de octubre de 2023 radicó una petición ante el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República dirigida al señor presidente de la República, en
la que solicitó lo siguiente:
sírvase dar cumplimiento a lo previsto en el inciso segundo del parágrafo tercero
del artículo 33 de la ley 99 de 1993, esto es, expedir los procedimientos de
concertación para el adecuado y armónico manejo de áreas de confluencia de
jurisdicciones entre las corporaciones autónomas Regionales y el Sistema de
Parques Nacionales o Reservas.
El presente requerimiento se hace en cumplimiento al requisito previsto en el
artículo 8 de la ley 393 de 19971.
42. El 2 de noviembre de 2024, la Secretaría Jurídica de Presidencia de la
República informó a la parte demandante que mediante oficio de la misma fecha
trasladó por competencia la solicitud al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Por tanto, no hay duda que previo a acudir al ejercicio de la presente
acción de cumplimiento, se agotó en debida forma el requisito de renuencia frente
a la Presidencia de la República.
43. Con respecto al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la
parte demandante acreditó que el 9 de agosto de 2023 radicó una solicitud ante
esta autoridad, la cual estaba dirigida a la ministra, en la que pidió lo siguiente:
Sírvase dar cumplimiento a lo previsto en el inciso segundo del parágrafo tercero
del artículo 33 de la ley 99 de 1993
El presente requerimiento se hace en cumplimiento al requisito previsto en el
artículo 8 de la ley 393 de 1997
44. Mediante oficio del 17 de octubre de 2023, la cartera ministerial informó
sobre los avances en el proyecto de reglamentación de dicha disposición
normativa. Por tanto, la sala considera que la parte actora agotó el requisito
estudiado en relación con el ministerio.
2.5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
45. La parte actora solicita el acatamiento del parágrafo tercero, inciso
segundo del artículo 33 de la Ley 99 de 1993 que establece lo siguiente:
El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos de concertación para el
adecuado y armónico manejo de áreas de confluencia de jurisdicciones entre las
Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema de Parques Nacionales o
Reservas.
7 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
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46. En este orden de ideas, la Sala manifiesta que los preceptos que se piden
acatar son actualmente exigibles. Adicionalmente, no conlleva al establecimiento
de gasto, en la medida en que lo perseguido a través de esta acción consiste en
que las autoridades efectúen la reglamentación ordenada por dicha disposición.
47. Tampoco se evidencia que lo pretendido por el accionante involucre la
protección de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de
tutela. A su vez, el actor no cuenta con otro mecanismo judicial para exigir lo
pretendido. En ese sentido, esta acción satisface los requisitos de procedencia
de la acción de cumplimiento.
48. Por lo anterior, la Sala procederá a analizar si confirma, modifica o revoca
la decisión de primera instancia que negó las pretensiones propuestas por el
actor.
2.6. Caso concreto
49. Como se estableció, la parte demandante solicita el acatamiento del
parágrafo tercero, inciso segundo del artículo 33 de la Ley 99 de 1993. Como
consecuencia de ello, pretende que se ordene a las accionadas que, en un
término perentorio y razonable, se expida la reglamentación ordenada por dicha
norma relacionada con los procedimientos de concertación para el adecuado y
armónico manejo de áreas de confluencia de jurisdicciones entre las
Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema de Parques Nacionales o
Reservas.
50. En tal sentido, el precepto que se pide atender es el siguiente:
El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos de concertación para el
adecuado y armónico manejo de áreas de confluencia de jurisdicciones entre las
Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema de Parques Nacionales o
Reservas.
51. Para la sala es claro que de la norma se desprende un mandato inobjetable
y exigible en cabeza del Gobierno Nacional, que consiste en el deber de
reglamentar los procedimientos de concertación para el adecuado y armónico
manejo de áreas de confluencia de jurisdicciones entre las Corporaciones
Autónomas Regionales y el Sistema de Parques Nacionales o Reservas.
52. Ahora bien, en relación con la autoridad en la que recae el cumplimiento
de tal mandato, el tenor literal de la disposición establece que será el «Gobierno
Nacional» quien deba efectuar dicha reglamentación. Sin embargo, es necesario
interpretar esta disposición a la luz del artículo 208 de la Constitución Política y
la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta norma superior establece lo
siguiente:
Los ministros y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la
administración en su respectiva dependencia. Bajo la dirección del Presidente de
la República, les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir
la actividad administrativa y ejecutar la ley.
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53. Por su parte, el Consejo de Estado8 ha establecido que si bien la titularidad
de la potestad reglamentaria está en cabeza del presidente de la República, el
artículo en cita se encargó de radicar en forma precisa dicha competencia de
producción de actos normativos de efectos generales y de carácter reglamentario
en otros órganos de la Rama Ejecutiva, tales como los ministerios.
54. En efecto, esta corporación9 ha indicado que resulta «absurdo pretender
que el presidente de la República estuviese obligado a ejercer de manera
personal y directa sus facultades reglamentarias en todos y cada uno de los
ámbitos de la gestión pública». Esto justifica la existencia de esquemas y
estrategias de descentralización, delegación, desconcentración y la
conformación de sectores y sistemas sectoriales de gestión que garanticen el
correcto desempeño de la administración pública10.
55. En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado ha establecido que
desconocer tanto la facultad como el deber de los ministerios en expedir
reglamentaciones en materias que son propias de la cartera que dirigen resulta
contrario a los principios de racionalidad, celeridad, eficacia y economía previstos
en el artículo 209 constitucional11. Lo anterior, pues pretender que este tipo de
reglamentación deba ser expedida por el presidente de la República generaría
una concentración y dilación contraria a tales prerrogativas constitucionales12.
56. El alto tribunal de lo contencioso administrativo13, esto a su vez guarda
justificación en la finalidad práctica de la inmediación, el dominio técnico y la
idoneidad que se presumen de quienes tienen a su cargo el manejo de los
asuntos propios de cada cartera ministerial.
57. Por tanto, la sala considera que la autoridad que está llamada a dar
cumplimiento a la norma objeto de esta controversia constitucional es
exclusivamente el Ministerio de Medio Ambiente, dada la naturaleza de los
aspectos regulados por la Ley 99 de 1993.14 En tal sentido, no es deber del
presidente de la República reglamentar los aspectos contenidos en tal
disposición.
58. Una vez establecida la autoridad sobre la cual recae el mandato expreso
e inobjetable del artículo 33, parágrafo tercero, inciso 2 de dicho cuerpo
normativo, es necesario establecer si se acreditó su incumplimiento. Al respecto,
8 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 20.11.14. M.P. Guillermo Vargas Ayala.
Radicado: 11001-03-24-000-2010-00119-00.
9 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 29.07.10. M.P. Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta. Radicado: 11001-03-24-000-2002-00249-01.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 13.09.07. M.P. Camilo Arciniegas Andrade.
Radicado: 11001-03-24-000-2002-00254-01.
13 Ibidem.
14 «Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.»
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la sala comparte el criterio manejado por la Sección Primera, Subsección B del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
59. En efecto, el ministerio probó que ha adelantado gestiones y avanzado en
algunas etapas del trámite normativo requerido para expedir la reglamentación
ordenada. Sin embargo, a la fecha en que se profiere esta sentencia no se ha
expedido la reglamentación de los procesos de concertación de manejo de áreas
de confluencia de jurisdicciones entre las Corporaciones Autónomas Regionales
y el Sistema de Parques Nacionales o Reserva Forestal. Esta realidad fue
reconocida por la misma autoridad demandada. En tal sentido, se concluye que
el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible no ha efectuado el
cumplimiento de la disposición objeto de esta demanda.
60. Por último, en su escrito de impugnación esta cartera ministerial solicitó
que se revocara la decisión de primera instancia y que, en su lugar, no se
estableciera un plazo determinado para cumplir con la orden o que, de manera
subsidiaria, se otorgara un término mayor al de seis meses dado por el tribunal.
61. Al respecto, esta sala15 ha enfatizado en que la acción de cumplimiento
procede para ordenar el ejercicio de la potestad reglamentaria en todos los casos
en los que el legislador haya impuesto dicho deber al ejecutivo, con
independencia de si impuso un término para ello. Por tanto, la ausencia de un
plazo para ejercer la facultad que se otorga para desarrollar una materia en
específico no deriva en la inexigibilidad de lo dispuesto como mandato en la
norma.
62. En virtud de lo anterior, se comparte el criterio del tribunal que la
imposición de un término para cumplir con dicho mandato asegura la exigibilidad
del deber y garantiza su cumplimiento por parte de la autoridad.
63. Esta sección16 en anteriores ocasiones ha considerado como razonable el
término de tres meses cuando el mandato que se pide acatar no contiene de
forma implícita un término para ejercer la potestad reglamentaria. Por tanto, en
estos casos se ha establecido como suficiente un tiempo incluso menor al
dispuesto por el juez de primera instancia. Sin embargo, dadas las
particularidades descritas por la autoridad demandada en relación con el trámite
normativo requerido para dar cumplimiento de la orden, se confirmará el término
concedido.
64. De conformidad con lo expuesto, esta sala modificará el numeral primero
de la sentencia del 9 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en el sentido de establecer que
la orden dictaminada recae exclusivamente en el Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
15 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 3.11.22. M.P. Rocío Araújo Oñate.
Radicado: 15001-23-33-000-2022-00400-01
16
Al respecto ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 16.03.23. M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil. Radicado: 18001-23-33-000-2022-00157-01.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 9 de julio de
2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, la cual quedará así:
PRIMERO: ACCEDER a las pretensiones de la demanda formulada por el señor
GUSTAVO ADOLFO GUERRERO RUIZ, Procurador delegado con funciones
mixtas para asuntos ambientales, mineros energéticos y agrarios, y el señor
CARLOS ALBERTO ARRIETA MARTINEZ Procurador 9 judicial II para asuntos
ambientales agrarios de Barraquilla. En consecuencia, ORDENAR al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que en el tiempo razonable de seis (6)
meses, culmine el procedimiento adelantado para dar cabal cumplimiento a las
disposiciones previstas el inciso 2 del parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 99 de
1993, consistente en “Reglamentar los procedimientos de concertación,
planificación y manejo armónico de ecosistemas comunes en jurisdicción de dos o
más autoridades ambientales.”, remitiendo cada dos meses informes sobre el
avance hasta su expedición.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con aclaración de voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx”
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