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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2024-00276-01

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2024-00276-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Revocar parcialmente la sentencia de 5 de noviembre de 2024 del Tribunal Administrativo del Cesar, en el sentido de rechazar la demanda en cuanto a la SSPD por cuanto no se acreditó haber agotado el requisito de la renuencia y se confirmará lo decidido en cuanto a la declaratoria de improcedencia de la acción de cumplimiento respecto de AFINIA. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. 15 Puede consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 9 de septiembre de 2021, radicación n.º 17001-23-33-000-2021-00078-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra; Sentencia de 23 de septiembre de 2021, radicación n.º 13001-23-33-000-2021-00391-01, MP. Rocío Araújo Oñate; Sentencia de 21 de diciembre de 2021, radicación n.º 68001-23-33-000-2021-00745-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio; Sentencia de 23 de marzo de 2023, radicación n.º 73001-23-33-000-2022-00467-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil; Sentencia de 11 de abril de 2024, radicación n.º 08001-23-33-000-2024-00023-01, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez; Sentencia de 2 de abril de 2024, radicación n.º 68001-23-33-000-2024-00181-01, MP. Gloria María Gómez Montoya y Sentencia de 2 de mayo de 2024, radicación n.º 25000-23-41-000-2024- 00059-01, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez. 10 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Lizeth Arsuaga Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otro Radicación: 20001-23-33-000-2024-00276-01 TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2024-00276-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

12 de diciembre de 2024

Demandante: Lizeth Arsuaga
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otro
Radicación: 20001-23-33-000-2024-00276-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 20001-23-33-000-2024-00276-01
Demandante: Lizeth Arsuaga
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otro

Tema: Revoca parcialmente para rechazar la demanda por falta de
agotamiento del requisito de la renuencia respecto de una de
las demandadas y confirma la sentencia impugnada en cuanto
declaró improcedencia de la acción.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 5 de noviembre de 2024, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Cesar declaró improcedente la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Lizeth
Arsuaga demandó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –en
adelante SSPD– y a la empresa Afinia Grupo EPM ESP –en adelante Afinia–, por
el presunto incumplimiento de los artículos 2, numeral d), de la Resolución SSPD -
20211000011445 de 2021; 21, numerales J, K y H, 22, 23, 24, numeral 2, de la
Ley 510 de 1999; 131, numeral C, del Decreto 1745 del 2020; 121, 123 y 148 de la
Ley 142 de 1994; 115, 117, 293, 295 y 296 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero; 9.1.1.2.4, numerales 1, 2, y 3, 9.1.3.1.5, 9.1.1. y 1.1 9.1.3.1.1 del
Decreto 2555 de 2010 y 1959, 1960 y 1961 del Código Civil, con el fin de que se
les ordene no cobrar la deuda que, por concepto de servicio de energía eléctrica,
el actor tiene como propietario del bien inmueble en el cual se prestó el servicio
público domiciliario en mención.

2. Hechos

Los supuestos fácticos se resumen de la siguiente manera: relata la accionante
que Afinia no está facultada para cobrarle la suma de dinero que le endilgan

1
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Demandante: Lizeth Arsuaga
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otro
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adeudar por concepto de energía, y que se causó cuando existía la empresa
Electricaribe, pues tal cobro le atañe al liquidador de dicha entidad, conforme a la
Resolución No. SSPD -20211000011445 de 2021. A su juicio, tampoco se le
puede cobrar porque operó la prescripción, ya que la factura es un título ejecutivo
que prescribe en 5 años.

A través de radicado «RE3110202476063 - consecutivo No. 202471150946 del 2
de septiembre de 2024», Afinia continúa exigiendo el pago de la deuda y ha
suspendido el servicio público. Lo anterior, según la actora, le implica daños y
perjuicios que se le han ocasionado por parte de las demandadas.

El 12 de septiembre de 2024, con el fin de acreditar el requisito de renuencia, la
accionante presentó un escrito a las accionadas en el cual les exigió el
cumplimiento de las normas invocadas en la demanda, no se le cobre la deuda
que, por concepto de servicio de energía eléctrica, le han cobrado al demandante
como propietario del bien inmueble en el cual se prestó el servicio público
domiciliario en mención y se le repare el daño causado con ocasión de la
suspensión del servicio público domiciliario. La SSPD guardó silencio y Afinia
emitió respuesta, pero negó lo pedido por la actora.

3. Admisión de la demanda

En auto de 7 de octubre de 2024, la ponente del Tribunal Administrativo del Cesar
admitió la demanda, tuvo como pruebas los documentos aportados por el
demandante, y ordenó la notificación de lo decidido a la SSPD, al Grupo EPM ESP
y al Ministerio Público.

4. Informes

4.1. La SSPD y el Grupo EPM ESP se opusieron a la prosperidad de la demanda,
sostuvieron que el asunto deviene en improcedente por cuanto la parte actora
cuenta con otros medios de defensa judicial para controvertir la actuación
administrativa que se adelanta para el cobro del servicio público que adeuda.

5. Sentencia de primera instancia

En fallo de 5 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró
improcedente la acción de cumplimiento, por subsidiariedad. El a quo concluyó que
el actor cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra las respuestas adversas a los intereses del actor, sin que se acreditara la
ocurrencia de un perjuicio que permitiera superar el requisito de procedencia.

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6. Impugnación

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, señaló que el a quo
transgredió el debido proceso al no resolver sus pretensiones ni aplicar principios
de oficiosidad y favorabilidad; erró en la interpretación normativa, equiparando la
acción de cumplimiento con un derecho de petición; no consideró adecuadamente
disposiciones sobre cesión de contratos y cobro de deudas de la Ley 142 de 1994
y el Código Civil; desconoció la subsidiariedad de la acción de cumplimiento, ya
que no hay otros mecanismos judiciales idóneos para resolver el caso y cuestionó
la deuda, indicando que no se notificó debidamente y carece de soporte legal. Por
tanto, solicita revocar la decisión y ordenar a Afinia abstenerse de cobrar deudas
de Electricaribe.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 5
de noviembre de 2024 del Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA,
así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de
2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la
competencia de la Sección Quinta de esta corporación para conocer de «las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 5
de noviembre de 2024. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, respecto del cumplimiento de los artículos 2, numeral
d), de la Resolución SSPD - 20211000011445 de 2021; 21, numerales J, K y H,
22, 23, 24, numeral 2, de la Ley 510 de 1999; 131, numeral C, del Decreto 1745
del 2020; 121, 123 y 148 de la Ley 142 de 1994; 115, 117, 293, 295 y 296 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; 9.1.1.2.4, numerales 1, 2, y 3,
9.1.3.1.5, 9.1.1. y 1.1 9.1.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y 1959, 1960 y 1961 del
Código Civil, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de
1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

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3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto; y (iv) el fondo del asunto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo1 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo2.

1 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
Sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-
2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
2 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera

Vergara.

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Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]3.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la
óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados

3 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.

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por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por
los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política4.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»5.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado6.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,7 a menos que estén apropiados;8 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional9.

4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia

de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-

2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-

2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
7 Cfr. Consejo de Estado, Sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-

4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-

2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
9 Sentencia antes citada.

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3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este10 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»11. Igualmente, esta Sección12 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[13] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o

10Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en

renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063

(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-

2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
13 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.

ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».

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administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del
ciudadano»14.

En el caso concreto, la accionante acompañó con la demanda copia del escrito de
12 de septiembre de 2024, sin constancia de radicado físico o digital a las
demandadas, en el que les solicitó el obedecimiento los artículos 2, numeral d), de
la Resolución SSPD - 20211000011445 de 2021; 21, numerales J, K y H, 22, 23,
24, numeral 2, de la Ley 510 de 1999; 131, numeral C, del Decreto 1745 del 2020;
121, 123 y 148 de la Ley 142 de 1994; 115, 117, 293, 295 y 296 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero; 9.1.1.2.4, numerales 1, 2, y 3, 9.1.3.1.5, 9.1.1. y
1.1 9.1.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y 1959, 1960 y 1961 del Código Civil, con
el fin de que le dejen de cobrar la deuda por concepto de servicio público
domiciliario de energía eléctrica y se le reparen los perjuicios con ocasión de la
suspensión del servicio público.

En el expediente no obra respuesta al requerimiento de la SSPD. Por otra parte,
en respuesta contenida en el Oficio No.202471246385 de 24 de septiembre de
2024, Afinia enfatizó que el pago es obligatorio, incluso si el contrato se termina, y
que no existe exoneración legal del mismo, según las normas y la jurisprudencia
aplicables.

De acuerdo con lo anterior, para la Sala se entiende agotado el requisito de
constitución en renuencia solo respecto de AFINIA, conforme el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997, toda vez que obra la respuesta emitida por dicha empresa, lo

14 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

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Demandante: Lizeth Arsuaga
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otro
Radicación: 20001-23-33-000-2024-00276-01

que corrobora que fue recibida por esa entidad, aunado a que el sentido de la
misma resulta contraria al querer de la ciudadana y por ende se continuará el
estudio de procedencia respecto de esa demandada.

Sin embargo, frente a la SSPD no se puede concluir lo mismo, pues solo se aportó
el escrito dirigido a ella, pero no se adjuntó prueba de que efectivamente le fuera
remitida a dicha entidad por medio físico o digital. Por tanto, se revocará
parcialmente la decisión de primera instancia para rechazar la demanda respecto
de la SSPD toda vez que esa es la consecuencia que el legislador dispuso en el
artículo 12 de la Ley 393 de 1997, cuando no se encuentra a acreditado dicho
requisito de procedibilidad.

3.4. Norma que se pide cumplir y procedencia de la acción.

La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es
el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. La demandante invocó como
disposiciones incumplidas los artículos 2, numeral d), de la Resolución SSPD -
20211000011445 de 2021; 21, numerales J, K y H, 22, 23, 24, numeral 2, de la
Ley 510 de 1999; 131, numeral C, del Decreto 1745 del 2020; 121, 123 y 148 de la
Ley 142 de 1994; 115, 117, 293, 295 y 296 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero; 9.1.1.2.4, numerales 1, 2, y 3, 9.1.3.1.5, 9.1.1. y 1.1 9.1.3.1.1 del
Decreto 2555 de 2010 y 1959, 1960 y 1961 del Código Civil.

No obstante, con el ejercicio de este medio de control, la parte actora busca que
se le ordene a la accionada que no se cobre la deuda que tiene por concepto del
servicio de energía. Por tanto, el análisis de procedencia no se limita
exclusivamente a las disposiciones invocadas, porque el objeto de discusión en
este asunto parte de la competencia o no de Afinia para cobrar una deuda del
servicio público que prestó Electricaribe y la configuración o no de la prescripción
en el cobro de la misma.

En ese orden, no es suficiente que los preceptos legales que se dicen
desatendidos por la accionada superen el juicio de procedibilidad para que esta
Corporación analice de fondo sus pedimentos, pues implica un juicio de legalidad
respecto de la respuesta contenida en el radicado RE3110202476063 -
consecutivo 202471150946 del 2 de septiembre de 2024, informada por la
accionante en la demanda y con la cual señaló que Afinia le exigió el pago de la
deuda y suspendió el servicio público.

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Así las cosas, esta Sección en este tipo de casos ha determinado la
improcedencia15 dado que, el debate propuesto conlleva a controvertir la
respuesta adversa a los intereses del actor, la cual se presume legal, y que debió
controvertir a través del medio de control de nulidad o nulidad y restablecimiento
del derecho; mecanismos en los cuales puede pedir las medidas cautelares que
estime pertinentes. Además, dado que en este asunto no se alegó ni demostró la
configuración de un perjuicio irremediable que permita superar el cumplimiento del
requisito de procedencia contenido en el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997.

En este orden de ideas, para la Sala es clara la causal de improcedencia que
impide abordar el análisis de fondo de las pretensiones de la demandante como lo
pretende en la impugnación. Esto es, la discusión de orden legal existente entre
las partes a la hora de establecer la competencia y prescripción para el cobro de la
deuda por concepto de servicio de energía eléctrica. En consecuencia, se advierte
que las pretensiones de la demandante son improcedentes.

Por tanto, se revocará parcialmente la sentencia impugnada en el sentido de
rechazar la demanda en cuanto a la SSPD como se anticipó en el acápite de
renuencia y confirmarla en cuanto a la declaratoria de improcedencia, por
subsidiariedad en cuanto a AFINIA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO. Revocar parcialmente la sentencia de 5 de noviembre de 2024 del
Tribunal Administrativo del Cesar, en el sentido de rechazar la demanda en cuanto
a la SSPD por cuanto no se acreditó haber agotado el requisito de la renuencia y
se confirmará lo decidido en cuanto a la declaratoria de improcedencia de la
acción de cumplimiento respecto de AFINIA.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

15 Puede consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 9 de septiembre de 2021,

radicación n.º 17001-23-33-000-2021-00078-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra; Sentencia de 23 de
septiembre de 2021, radicación n.º 13001-23-33-000-2021-00391-01, MP. Rocío Araújo Oñate; Sentencia de
21 de diciembre de 2021, radicación n.º 68001-23-33-000-2021-00745-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio;
Sentencia de 23 de marzo de 2023, radicación n.º 73001-23-33-000-2022-00467-01, MP. Pedro Pablo
Vanegas Gil; Sentencia de 11 de abril de 2024, radicación n.º 08001-23-33-000-2024-00023-01, MP. Omar
Joaquín Barreto Suárez; Sentencia de 2 de abril de 2024, radicación n.º 68001-23-33-000-2024-00181-01,
MP. Gloria María Gómez Montoya y Sentencia de 2 de mayo de 2024, radicación n.º 25000-23-41-000-2024-
00059-01, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.

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TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUAREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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