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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2025-00059-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00059-01

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00059-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revocar la sentencia del 8 de mayo de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar. En su lugar: 1. Rechazar la demanda en cuanto al Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transportes, y en cuanto a las demás vinculadas frente a los artículos 134, 136 y 137 de la Ley 769 de 2002, 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, por no agotar el requisito de renuencia de acuerdo con lo explicado en esta sentencia. 2. Declarar la improcedencia de la demanda respecto de la pretensión relacionada con la anulación de los comparendos que le fueron impuestos por los agentes de tránsito del municipio de Valledupar. 3. Declarar la cosa juzgada con respecto a las pretensiones de cumplimiento de los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002, 4, 3, 13 y 14 de la 15 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C., (Colombia) www.consejodeestado.gov.co Demandante: Luís Alcides Serrano Daza Demandadas: Superintendencia de Transportes y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00059-01 Ley 1843 de 2017 y 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2025-00059-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

10 de julio de 2025

Demandante: Jesús Ángel Coronado Brito
Demandadas: Superintendencia de Transportes y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00059-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00059-01
Demandante: Luís Alcides Serrano Daza
Demandadas: Superintendencia de Transportes y otros
Tema: Revoca orden de cumplimiento de sentencia de primera
instancia - cosa juzgada.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Valledupar contra la sentencia de 8 de mayo de 2025, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo del Cesar accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Luís Alcides
Serrano Daza demandó al Ministerio de Transporte, a la Superintendencia de
Puertos y Transporte, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y al municipio de
Valledupar –Secretaría de Tránsito y Transporte–. Lo anterior, con el fin de obtener
el acatamiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, 129, 134 a 137 y
158A de la Ley 769 de 2002, 3, 4, 13 y 14 de la Ley 1843 de 2017 y 6 de la
Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte. En
la demanda se formularon múltiples y extensas pretensiones, las cuales se
sintetizan de la siguiente manera:

(i) Anular todas las multas aplicadas en el municipio de Valledupar, mediante los
mal denominados vehículos «caza infractores», durante el período en el cual no se
contaba con la autorización del Ministerio de Transporte para el uso de sistemas
automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos (en adelante, SAST) de
detección de infracciones de tránsito; (ii) retirar los vehículos utilizados para la
imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa
vigente y (iii) ordenar que la imposición de comparendos se realice de manera
presencial, garantizando la individualización del presunto infractor, de modo que,
en caso de estacionamiento en sitios prohibidos, se le otorgue un tiempo prudencial
para retirar el vehículo antes de proceder con la sanción correspondiente.

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Demandante: Luís Alcides Serrano Daza
Demandadas: Superintendencia de Transportes y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00059-01

2. Hechos

En síntesis, la parte actora sostiene que en el municipio Valledupar, la imposición
de multas a través de vehículos denominados «caza infractores» se realiza de
forma irregular y sin contar con las autorizaciones para tal fin, al no cumplirse los
procedimientos establecidos para la detección y sanción de infracciones de
tránsito. Asimismo, afirmó que en el municipio existen más de 1000 señales de
tránsito que establecen «prohibido parquear detención electrónica».

Indicó que estos vehículos operan en movimiento, sin la presencia directa y visible
de un agente de tránsito que intervenga en el acto, lo que impide la correcta
individualización del infractor y la aplicación de la notificación de forma oportuna y
personal. En este sentido, cuestionó que los comparendos son emitidos de manera
electrónica o mediante foto multas sin intervención presencial de la autoridad de
tránsito.

A juicio del extremo actor, la utilización de medios tecnológicos automatizados para
la detección de infracciones, dispositivos SAST, se ha hecho sin contar con la
debida autorización y sin garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos de
seguridad vial. Además, señaló que esta modalidad de control ha derivado en la
imposición de comparendos de forma indiscriminada, afectando no solo a
individuos aislados sino a una parte considerable de la comunidad.

De acuerdo con lo anterior, el 23 de diciembre de 2024, la parte actora solicitó a las
accionadas el cumplimiento de los artículos invocados en la demanda para que, en
consecuencia: (i) retiraran los vehículos de foto multa dispuestos en Valledupar; (ii)
se abstuvieran de imponer multas; (iii) anularan todos los comparendos
interpuestos durante su operación; y (iv) agotaran el debido procedimiento
administrativo al momento de retirar vehículos mal estacionados o abandonados en
espacio público. Frente a tales requerimientos, según aseveró la parte actora, las
entidades accionadas no emitieron respuesta.

3. Admisión de la demanda

En auto de 6 de marzo de 2025, el ponente del Tribunal Administrativo del Cesar
admitió la demanda, excepto respecto del Ministerio de Transporte porque no se
acreditó la constitución en renuencia, y ordenó notificar al Ministerio de Transporte,
a la Superintendencia de Puertos y Transporte, a la Agencia Nacional de Seguridad
Vial y al municipio de Valledupar –Secretaría de Tránsito y Transporte–. Luego, en
providencia de 20 de marzo de 2025, la primera instancia tuvo como coadyuvantes
a los señores Yenis Rodríguez y otros ciudadanos y negó la acumulación de
procesos.

4. Informes

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se opuso a las pretensiones,
alegó que no es una autoridad de tránsito con potestad sancionatoria. Sostuvo que

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su función principal es la prevención de siniestros viales, sin competencia para
anular comparendos o retirar vehículos «caza infractores».

Por su parte, el municipio de Valledupar pidió declarar improcedente la acción de
cumplimeinto. En ese sentido, indicó que sus actuaciones se ajustan a la Ley 769
de 2002 y afirmó que la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 20203040011245 de
2020 no le eran aplicables al no tener en operación dispositivos SAST en el
municipio. Sostuvo que el accionante dispone de otros medios de control judicial
para controvertir los comparendos.

El Ministerio de Tránsito y Transporte pidió negar las pretensiones de la
demanda, porque el Ministerio no ejecuta ni dirige los operativos de control ni la
detección electrónica de infracciones; esas funciones corresponden a la Policía
Nacional -Seccional de Tránsito y a los Agentes Azules- adscritos a la autoridad de
tránsito local. Por ello, carece de acción u omisión imputable que configure su
responsabilidad. En consecuencia, indicó que los eventuales obligados serían la
Secretaría de Tránsito de Valledupar, el Ministerio de Defensa -Policía Nacional y
la Policía de Tránsito de Valledupar (Alcaldía Municipal), entidades que programan
y ejecutan los controles cuestionados; cualquier condena debe dirigirse contra ellas
y no contra la cartera ministerial que representa.

Finalmente, la Superintendencia de Transporte adujo que las pretensiones se
enfocaban en la anulación de comparendos impuestos por la Secretaría de Tránsito
de Valledupar, entidad sobre la cual dicho ente no ejerce control no sobre ese tipo
de decisiones.

5. Sentencia de primera instancia

En fallo de 8 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar ordenó al
municipio de Valledupar –Secretaría de Tránsito y Transporte–, dar cumplimiento a lo
previsto en el inciso 1.º del artículo 135 la Ley 769 de 2002. Lo anterior, al estudiar la
legalidad de uno de los comparendos que el actor adjuntó con la demanda; el a quo
advirtió que el ente territorial debía detener el vehículo y entregar la copia del
comparendo al conductor en los controles en vía, incluso cuando se utilice
dispositivos electrónicos, garantizando así el debido proceso y la publicidad de las
actuaciones; sin embargo, estableció que dicho proceso no se atendió en esa
situación particular. Por tanto, determinó que se transgredió el debido proceso y
dispuso el acatamiento de la mencionada disposición legal. Asimismo, «[c]ompuls[ó]
copias de las presentes actuaciones» a la Superintendencia de Puertos y Transporte,
a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para lo de
su competencia.

En cuanto a los demás artículos invocados en la demanda, el Tribunal no accedió a
ordenar su acatamiento por diversas razones, entre ellas: porque no se desprendía
una obligación imperativa, expresa e inobjetable susceptible de ser exigida mediante
la acción de cumplimiento; porque las autoridades del orden nacional no eran las
competentes y porque, para la anulación de los comparendos impuestos, la acción de

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cumplimiento no es el mecanismo adecuado para el reconocimiento de derechos
particulares en disputa.

6. Impugnación

El municipio de Valledupar impugnó la decisión del a quo en cuanto cumplir el
artículo 135 de la Ley 769 de 2002. En ese sentido, en resumen, reiteró los
argumentos de la contestación a la demanda. Además, alegó que el correo
electrónico que el actor indicó como lugar para ser notificado, no es la dirección
personal electrónica, sino que corresponde a la del señor Melkis kammerer, quien,
de forma temeraria, ha promovido múltiples acciones con el mismo objeto;
asimismo, sostuvo que los resultados de esas otras demandadas no fueron
favorables a en cuanto a ordenar cumplir el artículo 135 de la Ley 769 de 2002.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 8
de mayo de 2025 del Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA,
así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de
2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la
competencia de la Sección Quinta de esta corporación para conocer de «las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 8
de mayo de 2025. Para lo anterior, la Sala plantean el siguiente:

¿En el presente asunto se configuró la cosa juzgada?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) cosa
juzgada en el caso concreto.

4.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo1 para que toda persona pueda «acudir ante la

1 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,

sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15
de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette

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autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad
renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la
Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial
definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con
fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo2.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de
cumplimiento.

Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01
(ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
2 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera

Vergara.

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(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]3.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

4.1.1. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política4.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»5.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce

3 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de

21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-

0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.

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funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado6.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,7 a menos que estén apropiados;8 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional9.

4.1.2. De la renuencia

La procedibilidad de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución en
renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que debe
elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en acto
administrativo con citación precisa de éste10 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.

En efecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha señalado que
«el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud
expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para

6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
7 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-

4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-

2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
9
Sentencia antes citada.
4
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de constituir
en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de
funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber
inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción
por carecer del requisito de renuencia(Negrita fuera de texto).

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los fines de la acción de cumplimiento»11.. Sobre este tema, esta Sección12 ha
dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que
consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el
incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos13. (Negrillas fuera de texto).

De lo anterior se colige que, para dar por satisfecho este requisito, no es necesario
que el solicitante, en su petición, mencione de forma explícita y expresa que su
objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8 de la Ley 393
de 1997 no lo prevé así. Basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia»14.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
12 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
13
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004. EXP.
2003-00724. M.P.: Darío Quiñones Pinilla
14
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
EXP. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, EXP. 2011-00019.

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En el caso concreto, el extremo actor aportó constancia del escrito de renuencia de
fecha del 23 de diciembre de 2024 a las autoridades demandadas, en el que
solicitó el cumplimiento de los «[…] artículos,129,135, 158A del código nacional de
tránsito, artículos 2, modificado por el artículo 109 del decreto ley 2106/2019,
articulo 3, 4, 10,13,14 de la ley 1843/2017, ARTÍCULO 18. ley 2251/22 que
Adiciónese el artículo 158A a la Ley 769 de 2002, artículos del 1 al 14 de la
resolución No 20203040011245 /2020» [Sic].

Por otro lado, para acreditar la radicación del requerimiento ante las autoridades
accionadas, el accionante aportó una captura de pantalla del correo remitido, así:

Para la Sala, de dicho elemento de convicción y de las intervenciones presentada
por las autoridades accionadas, se tendrá por acreditado el cumplimiento del
requisito de procedibilidad respecto de la ANSV y la Secretaría de Transito de
Valledupar, entidad adscrita a la Alcaldía de Valledupar y la Superintendencia de
Puertos y Transporte. No obstante, dicho requisito no se demostró respecto del
Ministerio de Transporte, debido a que no se radicó la solicitud a esa entidad a
algún correo electrónico o de manera física, frente a la Superintendencia de
Puertos y Transporte el correo electrónico al cual se dirigió la solicitud no
corresponde al canal de notificaciones oficial de la entidad Y en cuanto a los
artículos 134, 136 y 137 de la Ley 769 de 2002, 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, no
se advierte que se hubieran exigido a las demás accionadas, previo a la
presentación de la demanda, por tanto, será rechazada respecto de esas
disposiciones.

4.1.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento

Como se estableció, se formularon las siguientes pretensiones: (i) la anulación de
los comparendos que le fueron impuestos por los agentes de tránsito del municipio
de Valledupar, (ii) el retiro de los vehículos de foto multa llamados comúnmente
como «cazainfractores», y (iii) que se ordene a la autoridad de tránsito del

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Demandante: Luís Alcides Serrano Daza
Demandadas: Superintendencia de Transportes y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00059-01

municipio que la imposición de los comparendos se realice de manera presencial,
individualizando al infractor y otorgándole un tiempo prudencial para el retiro del
vehículo en caso de estacionamiento en sitios prohibidos.

En relación con la primera de las pretensiones, se advierte que la controversia
escapa del ámbito de acción del juez de cumplimiento, toda vez que encierra un
debate jurídico sobre la validez de los comparendos que han sido interpuestos por
la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar. En tal sentido, se advierte
que esta solicitud no acredita el cumplimiento del requisito de procedencia de
subsidiariedad.

Lo anterior, dado que el afectado tuvo o pudo ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia que
hace improcedente la acción constitucional, aunado a que no acreditó la
configuración de un perjuicio grave e inminente en su situación en concreto ante la
improcedencia del mecanismo constitucional.

En efecto, si bien cuando en este escenario se solicita el cumplimiento de las
normas descritas, lo cierto es que el fondo de la controversia plantea una discusión
de carácter subjetivo que debe ser conocida por el juez de lo contencioso
administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
prevista en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. El extremo actor puede
cuestionar la legalidad de estos actos administrativos de naturaleza sancionatoria
por medio de dicho medio de control y, de ser el caso, solicitar el restablecimiento
del derecho ante la afectación de sus intereses.

En ese orden de ideas, la pretensión estudiada trasciende al simple objetivo de
cumplimiento de las normas legales invocadas como sustento de la acción, en
busca de su eficacia. Lo anterior, debido a que el objeto de la acción es que el juez
estudie la legalidad del acto administrativo por medio del cual se le impuso la multa
al actor.

Ciertamente, el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 estableció que la acción de
cumplimiento no procederá «cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto
administrativo, salvo, que, de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e
inminente para el accionante», lo cual no fue alegado ni en el escrito de la
demanda, ni en la impugnación.

Ahora bien, frente a la segunda y tercera pretensión que tienen que ver con el retiro
de los vehículos «cazainfractores» y la imposición de comparendos de forma
presencial en seguimiento al procedimiento establecido en la norma, la Sala no
advierte que la parte actora cuente con otro medio de defensa judicial para procurar
por el acatamiento de los preceptos que pide atender.

Tampoco se evidencia que lo pretendido involucre la protección de derechos
fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela, o que implique un

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gasto. Frente a esto último, no se observa que el retiro de circulación de los
vehículos institucionales le genere a las entidades accionadas una erogación de
partidas presupuestales. Además, las disposiciones solicitadas en cumplimiento
son actualmente exigibles porque no están derogadas ni suspendidas y ostentan el
rango de ley o acto administrativo.

En virtud de lo anterior, la acción de cumplimiento se estima procedente en punto
de estas pretensiones, sobre las cuales se proseguirá el estudio del asunto.

4.1.4. De la cosa juzgada

Debe recordarse que esta colegiatura ha manifestado que el objeto de la cosa
juzgada es que los hechos y conductas que se han resuelto judicialmente no
puedan ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior, por cuanto
lo decidido por el juez adquiere las características de vinculante, obligatorio y, por
tanto, de inmutable15. En palabras de la Corte Constitucional:

La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a
las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben
por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica16.

De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código General del
Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada son: (i) identidad de objeto;
(ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.

Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del fenómeno de la
cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio, no es necesaria la
identidad de partes, en específico, del extremo accionante. Lo anterior, dado el
carácter público de la acción, lo cual implica que puede instaurarse por cualquier
persona. Tratándose de la identidad de objeto, se verifica la identidad del bien
jurídico que se encuentra en disputa. Finalmente, en relación con la identidad de
causa se determina la razón por la cual se acude a esta instancia17.

Descendiendo al caso en concreto, se observa que, el 10 de abril de 2025, esta
sala de decisión profirió un fallo de segunda instancia en el expediente con
radicado 20001-23-33-000-2025-00029-01, cuyo escrito inicial guarda identidad con
el de la presente acción constitucional, como pasa a exponerse en el siguiente
esquema.

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30 de
enero de 2025. Radicado: 54001 23 33 000 2024 00229 01. C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
16
Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
17
Ibidem.

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Proceso Objeto Causa Partes (sujeto
pasivo)

Sentencia Se alegó el Se formularon las
del 10 de incumplimiento de lo siguientes Ministerio de
abril de dispuesto en los pretensiones: (i) la Transporte,
2025 artículos pretende el anulación de los Superintendencia
acatamiento de lo comparendos que le de Puertos y
Radicado dispuesto en los fueron impuestos por Transporte, la
20001-23- artículos 4 y 5 del los agentes de tránsito Agencia Nacional
33-000- Decreto 2409 de 2018, del municipio de de Seguridad
2025- artículo 18 de la Ley Valledupar, (ii) el retiro Vial (en adelante
00029-01 2251 de 2022, artículos de los vehículos de foto ANSV), el
3, 4 y 13 de la Ley 1843 multa llamados municipio de
de 2017, artículos 127, comúnmente como Valledupar y su
129 y 134 al 137 de la «cazainfractores», y (iii) Secretaría de
Ley 769 de 2002, y los que se ordene a la Tránsito.
literales a, d, g, i, m del autoridad de tránsito
artículo 3 y los artículos del municipio que la
5 al 8 de la Resolución imposición de los
20203040011245 de comparendos se realice
2020 expedida por el de manera presencial,
Ministerio de Transporte. individualizando al
infractor y otorgándole
un tiempo prudencial
para el retiro del
vehículo en caso de
estacionamiento en
sitios prohibidos.

Caso sub Se pretende el Se formularon las Superintendencia
examine acatamiento de lo siguientes de Puertos y
dispuesto en los pretensiones: (i) la Transporte, la
artículos 129, 135 y anulación de los Agencia Nacional
158A de la Ley 769 de comparendos que le de Seguridad
2002, 3, 4 y 13 de la Ley fueron impuestos por Vial (en adelante
1843 de 2017 y 6 de la los agentes de tránsito ANSV), el
Resolución del municipio de municipio de
20203040011245 de Valledupar, (ii) el retiro Valledupar y su
2020 de los vehículos de foto Secretaría de
multa llamados Tránsito.
comúnmente como
«cazainfractores», y (iii)
que se ordene a la
autoridad de tránsito
del municipio que la
imposición de los
comparendos se realice
de manera presencial,
individualizando al
infractor y otorgándole
un tiempo prudencial
para el retiro del
vehículo en caso de
estacionamiento en
sitios prohibidos.

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El esquema anterior nos permite concluir que existe una identidad de objeto, causa
y partes entre el asunto resuelto por esta Sala de decisión el 10 de abril de 2025, y
el litigio estudiado en el presente caso.

En aquella oportunidad, esta Sección resolvió lo siguiente:

(i) Rechazó la acción de cumplimiento respecto de los artículos 4 y 5 del
Decreto 2409 de 2018, 134 de la Ley 769 de 2002 y 4 de la Ley 1843 de
2017.

(ii) Declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento respecto de la
pretensión de anular las multas interpuestas por la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Valledupar.

(iii) Declaró la cosa juzgada en relación con la solicitud de acatamiento del
artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020, petición dirigida al
municipio de Valledupar y la Secretaría de Tránsito y Transporte de dicho
ente territorial. Se acreditó la triple identidad en relación con un proceso que
cursó en segunda instancia en el Tribunal Administrativo del Cesar y en el que
se negaron las pretensiones de la demanda. Al existir una decisión de fondo y
ejecutoriada en la que se resolvió si dichas autoridades habían incumplido la
norma en cuestión, se acreditó que existía un pronunciamiento inmutable,
vinculante y definitivo que resolvió lo pretendido frente a dicha disposición.

(iv) Declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia
de Puertos y Transporte. En este sentido, se negaron las pretensiones en
relación con estas entidades y frente a los artículos 18 de la Ley 2251 de
2022; 3 y 13 de la Ley 1843 de 2017; 127, 129 y 135 al 137 de la Ley 769 de
2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los artículos 5 al 8 de la
Resolución 20203040011245 de 2020. Se concluyó que ninguna de las
normas alegadas como desconocidas por la parte actora estableció obligación
alguna en cabeza de dichas autoridades del orden nacional. Se enfatizó en
que, a pesar de ser parte del sector transporte en los términos del Decreto
1069 de 2015, no significaba que automáticamente fueran llamadas a
soportar las pretensiones formuladas.

(v) Negó las demás pretensiones de la demanda, respecto del ente
territorial vinculado, por las siguientes dos razones.

Primero, en lo que respecta a la pretensión relacionada con las patrullas
«caza infractores», se concluyó que no era posible que estas normas
hubieran sido desatendidas por las autoridades demandadas. Esto, debido a
que los vehículos institucionales no implementaban los SAST.

Segundo, frente a la pretensión relativa a que los comparendos se impongan
de manera presencial e identificando al infractor, se consideró que no tenía

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vocación de prosperidad, debido a que los supuestos de hecho que soportan
la solicitud no fueron acreditados de manera alguna y, por tanto, no era
posible afirmar el incumplimiento de algún mandato normativo por parte de las
autoridades demandadas.

Lo anterior permite corroborar la triple identidad a la que hace referencia el
fenómeno de la cosa juzgada. Esto es, ya existe una decisión de fondo y
ejecutoriada en la que se resolvió si la Alcaldía de Valledupar, su Secretaría de
Tránsito, la ANSV, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y
Transporte están incumpliendo o no, lo dispuesto en los artículos alegados como
desatendidos en la presente acción.

Ahora bien, como fue puesto de presente con antelación, en la sentencia del 10 de
abril de 2025 se rechazó la demanda por no acreditarse el requisito de renuencia
respecto de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, 134 de la Ley 769 de
2002, 4 y 14 de la Ley 1843 de 2017. Sin embargo, en cuanto a dichas
disposiciones, en decisiones de 15 de mayo de 202518, esta corporación estudió si,
las entidades aquí también demandas, si se encontraban llamadas a velar por el
acatamiento de los mandatos deprecados por la actora que fueron presentadas en
esta acción de cumplimiento. En esa ocasión, la Sala advirtió que, de la lectura de
cada una de las normas que son alegadas como incumplidas, ninguna de ellas
estableció obligación en cabeza de las aquí también accionadas.

Como consecuencia, en lo que respecta a las peticiones relativas al retiro de
circulación de las patrullas de tránsito y la interposición de comparendos de forma
presencial, las negó, dado que no existe un mandato actualmente exigible a las
entidades demandadas, pues, se reitera, actualmente no cuentan con SAST
operando en el territorio del municipio.

Así las cosas, para la Sala es claro que hay unas decisiones inmutables,
vinculantes y definitivas que resolvieron cada una de las pretensiones alegadas en
el mecanismo constitucional de la referencia. Por tanto, en relación con la solicitud
de acatamiento de las normas indicadas en esta oportunidad, corresponde la
declaratoria de la cosa juzgada.

Finalmente, en su escrito de impugnación, la Alcaldía de Valledupar solicitó que se
declarara la temeridad de la presente acción constitucional. Puso de presente que
el profesional en derecho Melkis Guillermo Kammerer ha dirigido de manera
masiva múltiples demandas solicitando el cumplimiento de las normas objeto de
esta acción de cumplimiento. Agregó que, pese a que el nombre de los
demandantes varía, la dirección de notificación electrónica y los datos de contacto
son los mismos.

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, radicado 20001-23-
33-000-2025-00080-01 sentencia del 15 de mayo de 2025 y radicado 20001-23-33-000-2025-00115-
01 sentencia del 15 de mayo de 2025.

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En relación con la figura de la temeridad, el artículo 28 de la Ley 393 de 1997
establece que la actuación temeraria tiene lugar en los casos en los que, sin que
medie un motivo justificado, la misma acción de cumplimiento «sea presentada por
la misma persona o su representante ante varios jueces». A su vez, dicha norma
establece que, ante esta situación, se rechazarán o negarán todas las acciones
que hayan sido admitidas.

En atención a lo establecido por el artículo en cita, y conforme lo expuesto, se
advierte que no se cumplen los presupuestos para declarar la configuración de una
actuación temeraria en el presente caso, sino que debe operar la cosa juzgada,
pues en las acciones de cumplimiento analizadas, los actores no correspondían a
la misma persona. Por tanto, no se cumple con el supuesto de hecho establecido
por tal disposición y, por tanto, no hay lugar a declarar la configuración de un actuar
temerario.

Así las cosas, esta Sala revocará la decisión proferida en primera instancia para,
en su lugar: (i) declarar la improcedencia frente a la pretensión relacionada con la
anulación de los comparendos que le fueron impuestos por los agentes de tránsito
del municipio de Valledupar, (ii) declarar la cosa juzgada en relación con los
artículos 129, 135 a 137 y 158A de la Ley 769 de 2002, 3 y 13 de la Ley 1843 de
2017 y 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020, al haber un pronunciamiento
de fondo previo y ejecutoriado sobre la misma materia objeto de la presente acción
de cumplimiento y negar las pretensiones en cuanto a los artículos 134 de la Ley
769 de 2002, 4 y 14 de la Ley 1843 de 2017.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Revocar la sentencia del 8 de mayo de 2025, dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar. En su lugar:

1. Rechazar la demanda en cuanto al Ministerio de Transporte, la
Superintendencia de Transportes, y en cuanto a las demás vinculadas frente
a los artículos 134, 136 y 137 de la Ley 769 de 2002, 4 y 5 del Decreto 2409
de 2018, por no agotar el requisito de renuencia de acuerdo con lo explicado
en esta sentencia.

2. Declarar la improcedencia de la demanda respecto de la pretensión
relacionada con la anulación de los comparendos que le fueron impuestos
por los agentes de tránsito del municipio de Valledupar.

3. Declarar la cosa juzgada con respecto a las pretensiones de cumplimiento
de los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002, 4, 3, 13 y 14 de la

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Radicación: 20001-23-33-000-2025-00059-01

Ley 1843 de 2017 y 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020, por las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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