Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00078-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00078-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 20001-23-33-000-2025-00078-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
15 de mayo de 2025
Demandante: Federico Vergara Valera
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros
Rad: 20001-23-33-000-2025-00078-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00078-01
Demandante: FEDERICO VERGARA VALERA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Y
OTROS
Tema: Improcedencia de la acción – incumplimiento del requisito
de subsidiariedad -Cosa juzgada
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la secretaría de Tránsito y
Transportes de Valledupar contra la sentencia de 13 de marzo de 2025,
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar accedió parcialmente a
la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
1. En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de
1997, Federico Vergara Valera presentó acción de cumplimiento contra la
Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad
Vial y el municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte.
2. Lo anterior, con el fin de obtener el acatamiento de los artículos 4 y 5 del
Decreto 2409 de 2018, artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, artículos 3, 4 y 13
de la Ley 1843 de 2017, artículos 129 y 134 al 137 de la Ley 769 de 2002, y 6
de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de
Transporte y cuyas pretensiones, en esencia, buscan lo siguiente:
3. Ordenar a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar la anulación
de todas las multas aplicadas mediante los mal denominados vehículos «caza
infractores», durante el período en el cual no se contaba con la autorización
del Ministerio de Transporte para el uso de sistemas automáticos,
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Demandante: Federico Vergara Valera
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros
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semiautomáticos u otros medios tecnológicos (en adelante, SAST) de
detección de infracciones de tránsito.
4. Asimismo, requirió que se disponga el retiro de los tres vehículos utilizados
para la imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene la
normativa vigente.
5. También solicitó que se ordene a la Secretaría de Tránsito que la imposición
de comparendos se realice de manera presencial, garantizando la
individualización del presunto infractor, de modo que, en caso de
estacionamiento en sitios prohibidos, se le otorgue un tiempo prudencial para
retirar el vehículo antes de proceder con la sanción correspondiente.
2. Hechos
6. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente1:
7. De la lectura de los supuestos de la demanda se extrae que a la accionante
Federico Vergara Valera le fue impuesto el comparendo No.
20001000000045550039 el 8 de octubre de 2024, por uno de los vehículos
«caza infractores» que circulan por la ciudad de Valledupar, mientras este se
encontraba estacionado en su vehículo esperando a un familiar en la terminal
de transporte.
8. Alegó que, los agentes de tránsito nunca le notificaron el comparendo en la
forma establecida en los artículos 129 y 135 del Código Nacional de Tránsito,
advirtiendo que cuando el mencionado vehículo «caza infractores» capturó la
foto detección, continúo su recorrido sin que nadie se bajara del mismo para
realizarle el comprendo en debida forma.
8. Precisó que la Secretaría de Tránsito de Valledupar disponía de la utilización
de medios tecnológicos para la imposición de comparendos sin tener
autorización para ello, habida cuenta del incumplimiento de los criterios de
seguridad vial y sin el permiso o autorización de la Superintendencia de
Puertos y Transporte y de la Agencia Nacional Vial.
9. Por último, advirtió que requirió a la Superintendencia de Puertos y
Transporte, a la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
el municipio de Valledupar y a la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Valledupar, el cumplimiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018,
18 de la Ley 2251 de 2022, 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 129,
134, 135, 136, 137 del Código Nacional de Tránsito y artículo 6 de la
Resolución No 20203040011245 de 2020, y que en consecuencia, se ordenara
la anulación de todas las multas impuestas a través de los vehículos «caza
1
En este acápite no serán incluidas las consideraciones subjetivas, citas de sentencias, apreciaciones
sobre el alcance de las decisiones adoptadas, ni otros comentarios formulados reiteradamente como
parte de los hechos, que no corresponden estrictamente al marco fáctico de la acción.
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Demandante: Federico Vergara Valera
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros
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infractores», por ser violatorias de los derechos fundamentales al debido
proceso, defensa y contracción, así como a los principios de buena fe,
confianza legítima, seguridad jurídica, publicidad, y los precedentes de la Corte
Constitucional.
3. Razones del posible incumplimiento
10. El accionante sostiene que en el municipio Valledupar, la imposición de
multas a través de vehículos denominados «caza infractores» se realiza de
forma irregular y sin contar con las autorizaciones para tal fin, al no cumplirse
los procedimientos establecidos para la detección y sanción de infracciones
de tránsito. Asimismo, afirmó que en el municipio existen más de 1.000 señales
de tránsito que establecen «prohibido parquear detención electrónica».
11. Argumentó que estos vehículos operan en movimiento, sin la presencia
directa y visible de un agente de tránsito que intervenga en el acto, lo que
impide la correcta individualización del infractor y la aplicación de la
notificación de forma oportuna y personal. En este sentido, cuestionó que los
comparendos son emitidos de manera electrónica o mediante foto multas sin
intervención presencial de la autoridad de tránsito.
12. Insistió en que la utilización de medios tecnológicos automatizados para la
detección de infracciones se ha hecho sin contar con la debida autorización y
sin garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos de seguridad vial.
Además, señaló que esta modalidad de control ha derivado en la imposición
de comparendos de forma indiscriminada, afectando no solo a individuos
aislados sino a una parte considerable de la comunidad.
13. Refirió que, en ciertos casos, se han impuesto multas a conductores y
propietarios de vehículos sin que exista evidencia clara y verificable de la
comisión de la infracción, lo cual se traduce en un proceder que parece
orientado al recaudo económico en detrimento de una labor preventiva y
educativa. En concreto, señaló las multas que se le interpusieron a los señores
Melkis Kammerer, Jorge Alberto Olivares y Adriana Oñate.
4. Trámite de la solicitud en primera instancia
14. Mediante providencia del 13 de febrero de 20252, el magistrado
sustanciador del Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda y
ordenó la notificación a la Superintendencia de Transporte, a la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y al municipio de Valledupar – Secretaría de
Tránsito y Transporte y al Ministerio de Transporte3, entidades a la que les
requirió rendir un informe sobre las circunstancias que motivaron la demanda.
2
Índice 00005 de Samai. Expediente del tribunal.
3
Revisado el auto admisorio, se advierte que, a pesar de que la demanda no fue dirigida en
su contra, se admitió también en contra del Ministerio de Transporte como una de las
entidades demandadas.
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5. Contestación de la demanda
16. La Agencia Nacional de Seguridad Vial afirmó que no ha incumplido
ninguna de las normas citadas por la demandante, dado que no tiene
competencia sobre la instalación u operación de sistemas automáticos de
detección de infracciones (SAST), ni es autoridad de tránsito, ni impone
comparendos. Explicó que no realiza vigilancia ni control sobre el cumplimiento
técnico de los criterios normativos por parte de los organismos de tránsito
respecto a los SAST.
16. Indicó que, si en Valledupar se están usando dispositivos no autorizados,
la entidad competente para investigar es la Superintendencia de Transporte.
Además, recordó que los ciudadanos pueden ejercer su derecho de defensa
en el proceso sancionatorio.
17. Concluyó que no se ha desconocido norma alguna, pues la entidad no
tiene obligación jurídica relacionada con los hechos invocados en la demanda,
lo que configura una falta de legitimación en la causa por pasiva que da lugar
a la declaratoria de improcedencia de la acción.
18. El Ministerio de Transporte argumentó que no ha incurrido en ninguna
acción u omisión que lo haga responsable del supuesto incumplimiento
alegado en el escrito inicial. Sostuvo que las multas relatadas por la parte
actora fueron impuestas por la Secretaría de Tránsito de Valledupar y la Policía
Nacional de Carreteras, entidades autónomas en el ejercicio de sus funciones;
además, alegó que no fue constituida en renuencia.
20. Asimismo, argumentó que no se configura su legitimación en la causa por
pasiva, dado que no participó en los hechos que dieron origen a la demanda
ni es titular de la relación jurídica sustancial en cuestión. Enfatizó que su
competencia se limita a la formulación de políticas y regulación en materia de
tránsito y transporte, sin facultades de inspección, vigilancia y control sobre los
organismos de tránsito locales.
21. Por tanto, advirtió que no tiene competencia para materializar lo solicitado
en la acción de cumplimiento ni para cumplir una eventual orden judicial en
ese sentido, dado que no ejerce autoridad sobre la Secretaría de Tránsito
mencionada ni tiene funciones jurisdiccionales que le permitan anular
comparendos.
22. Razonó que no se ha cumplido con el requisito de renuencia respecto de
la entidad puesto que, según la Ley 393 de 1997, solo puede exigirse el
cumplimiento a quien tiene el deber de actuar y no lo hace, lo que no es el
caso del ministerio dado que carece de competencia para resolver el asunto
en discusión.
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23. La Superintendencia de Puertos y Transporte afirmó que ninguna de
las pretensiones formuladas exige el cumplimiento de una norma por su parte.
Sostuvo que la accionante no acreditó incumplimientos de la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar, por lo que no procede iniciar acciones
sancionatorias.
24. Indicó que el escrito de constitución en renuencia y la demanda fueron
enviados al correo institucional de una funcionaria de la entidad, que no es el
dispuesto para este cometido. Señaló que los canales adecuados están en su
página web y que, por esta razón, no se surtió debidamente la constitución en
renuencia.
25. Además, precisó que las actuaciones cuestionadas en la demanda son
responsabilidad de la Secretaría de Tránsito de Valledupar, que actúa bajo los
principios de autonomía y descentralización. Finalmente, insistió en que la
Superintendencia no ejerce control sobre las decisiones de esa autoridad y
que no es competente para lo solicitado.
26. Sostuvo que, en los hechos contenidos en la demanda, no se señaló
alguna conducta que vincule a la Superintendencia con la violación de los
derechos presuntamente afectados. Como consecuencia, sostuvo la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la entidad.
27. El municipio de Valledupar adujo que las pretensiones de la demanda
son improcedentes, porque las actuaciones adelantadas por la Secretaría de
Tránsito de Valledupar se hallaban sujetas a lo establecido en la Ley 769 de
2002 y demás normas complementarias sobre la materia.
28. Señaló que la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 20203040011245 de 2020,
cuyo cumplimiento exigía la accionante, no le era aplicable a la entidad
territorial toda vez que en lo que tenía que ver con la puesta en funcionamiento
y operación de dispositivos SAST, en el municipio de Valledupar en la
actualidad no se encontraba en operación dispositivos para la detección
automática de infracciones a las normas de tránsito.
29. Precisó que en el presente caso la solicitud de cumplimiento no reunía los
presupuestos establecidos en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, como quiera
que tal medio de control procede contra toda acción u omisión de la autoridad
que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir una inminente
inobservancia de normas con fuerza de ley o actos administrativos, situación
que en el presente caso no se hallaba demostrado que ocurriera, habida
cuenta que la Secretaría de Tránsito de Valledupar ha dado cumplimiento a lo
establecido en la normativa legal sobre el tema.
30. Indicó que en el presente caso, se confirmaba que era cierto que constaba
en la plataforma SIMIT las órdenes de comparendo enunciadas por la actora,
no obstante, era falso que la misma se le hubiera impuesto en la forma como
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lo describió en los supuestos de la demanda, toda vez que su elaboración fue
realizada por un agente directamente presente y visible en el sitio, y quien de
forma manual opera el dispositivo tecnológico permitiendo evidenciar la
ocurrencia de la infracción a las normas de tránsito.
31. Advirtió que el procedimiento seguido por la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Valledupar para la imposición de los comparendos cuya
anulación se demanda por el actor, se realizó bajo los principios de legalidad
y respeto al debido proceso administrativo.
32. Además, en el caso bajo estudio la accionante contaba con otro medio de
control para la procura de sus pretensiones y la salvaguarda del derecho
fundamental al debido proceso que señalaba como conculcado por la
Secretaría de Tránsito de Valledupar, como lo era la nulidad de un acto
administrativo y el restablecimiento del derecho.
33. Por último, indicó que el accionante incurrió en actos de temeridad toda
vez que ante el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar había
promovido la misma acción de cumplimiento bajo radicado 20001-33-33-002-
2025-00016-00, fundada en idénticos supuestos diferenciando únicamente el
número de comparendo, conduciendo tal circunstancia a un desgaste de la
administración de justicia.
6. Sentencia de primera instancia
34. El Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de sentencia del 13 de
marzo de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones, en el siguiente
sentido:
PRIMERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR-SECRETARÍA DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE, que de manera inmediata dé cumplimiento a lo
previsto en el inciso primero del artículo 135 del Código Nacional de Tránsito
Terrestre, en las labores de control en vía con dispositivo electrónico a cargo de
sus agentes, en el entendido que la entrega de copia del comparendo al presunto
infractor y/o propietario constituyen garantía del debido proceso que rige en esta
clase de actuaciones y el principio de publicidad de las actuaciones realizadas
por las autoridades de tránsito, conforme lo expuesto en la parte considerativa de
esta providencia.
Para tal efecto la Secretaría de Tránsito deberá verificar con respecto a cada
comparendo impuesto al actor según lo dicho en este proceso, el cumplimiento
estricto de los procedimientos fijados en las normas aquí estudiadas y adoptará
las decisiones consecuentes, dentro de la órbita de sus competencias, a fin de
evitar vulneraciones al debido proceso administrativo.
SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo expuesto en
precedencia.
TERCERO: RECHAZAR la demanda respecto del del MINISTERIO DE
TRANSPORTE y el cumplimiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Compulsar copias de las presentes actuaciones a la
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, y a la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para lo de su competencia, ante
las evidentes contradicciones en que ha incurrido la SECRETARÍA DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE VALLEDUPAR sobre la forma en que se vienen
imponiendo comparendos como desarrollo de control sobre la vía realizado por
los agentes adscritos a esa dependencia.
De igual manera, compulsar copias de las presentes actuaciones a la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, tomando en consideración las inconsistencias de las
respuestas remitidas por la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE
VALLEDUPAR, las cuales podrían inducir en error al operador judicial al
momento de proferir la decisión de fondo, y, por ende, configurar un fraude
procesal.
SEXTO: Se advierte a la parte actora que no podrá instaurar nueva acción con la
misma finalidad, en los términos del artículo 7º de la Ley 393 de 1997.
SÉPTIMO: Notifíquese esta decisión a los interesados de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997
7. La impugnación4
35. El secretario de Tránsito y Transportes de Valledupar impugnó la
decisión a través de su apoderado judicial, argumentado la temeridad y las
supuestas faltas a la debida diligencia profesional del señor Melkis Guillermo
Kammerer Kammerer por las que solicitó la compulsa de copias.
36. En relación con el fondo del asunto, solicitó la revocatoria de la sentencia,
en atención a que el Tribunal erró en la interpretación de las normas suyo
cumplimiento se pide e hizo referencia al fallo proferido por esta Corporación,
en un asunto similar, el pasado 13 de marzo en el proceso con radicado 20001-
23-33-000-2024-00348-01.
37. A través de memorial del 25 de marzo del año en curso, Melkis Kammerer,
Adriana Oñate, Yenis Rodríguez, Tomás Eduardo Quiroz, Ciro Alberto
Fuentes, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle, Nelson Contrera, Gustavo
Rueda, Guillermo Augusto Arias, Jaime Santiago Perea, Antonio José
Jiménez, Wilmer Enrique Díaz, Greys José Cuello, Oseas Tomás Arias, Miriam
Jiménez, Nelly Orozco, María Cecilia Rincones, Carlos Andrés Carreño,
Henrry Fabián Arévalo, Alber Suarez Mendoza, Carmen Rosa Quintero, Jaime
Alonzo Mantilla, Jean Carlos García, Elías Guillermo Ochoa Daza, Carmen
Cecilia Rivera, Carmen Carmona, Eliana Sanguino, Rosa María Yacur, Holger
Posada, Ladis Leonor Padilla, Favio José Jiménez, Lilibeth Hinojosa, Elisa
Cote, Jhon Úsuga, Erneys Alfonso Zuleta, Uriel Montero, Manuel Julián
Sandoval, Eliam Portillo, Gustavo Carderon, José Emilio Molina, Juan José
Castaño, Álvaro Camargo, Jaider Napoleón Rosado, Miguel Londoño, Andrés
4
La sentencia del 13 de marzo de 2025 fue notificada el 17 de marzo de 2025, y el escrito de
impugnación fue radicado mediante correo electrónico el 25 de marzo de 2025, término que
se encuentra oportuno.
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Leonardo Quintero, Yani Ospino, William Elia Castro, Luis González, Jesús
Coronado, Eudes Antonio Rodríguez, Gabriel Arias, Nayeth Ríos Rangel,
Jorge Viloria, Quintana Cruz Duarte, Maricruz Donado, Eudes Hernández,
María Eufemia Uribe, Miguel Francisco Rodríguez, Héctor Grimaldo, Antonio
Rafael Dangond, José Zuleta, Orlando de Jesús Martínez, Roger Viloria
Mendoza, German Ortiz, Rosa maría Yacub Trizo, Luís Alcides Serrano,
Wilson Mora, Imera Sarmiento, Luis Ernesto Tamayo, Luis Enrique Madrid
Navarro y Rosario de Jesús Blanco Ospino presentaron solicitud de
coadyuvancia de las pretensiones del actor.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
37. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada el 13 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cesar, según lo dispuesto en los artículos 1505 y 1526 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y
en el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena del
Consejo de Estado7.
2. Problema jurídico
38. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 13 de marzo de
2025, que accedió parcialmente a las pretensiones de la acción de
cumplimiento.
39. Por tanto, la Sala deberá verificar si se cumple con los presupuestos de
precedencia y procedibilidad de la acción de cumplimiento y, como
consecuencia, establecer si es viable exigirle a las entidades demandadas el
cumplimiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, 18 de la Ley
2251 de 2022, 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 129, 134, 135, 136,
137 y artículo 6 de la Resolución No 20203040011245 de 2020 expedida por
el Ministerio de Transporte, en el sentido solicitado por la parte actora.
5
Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los
tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
6
Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de
cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro
de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
7
Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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3. Generalidades de la acción de cumplimiento
40. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
41. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos
mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la
solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el
rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que no se pretende la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan
gastos a la Administración [artículo 9.º].
42. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii
o iv], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
43. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar
si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a
los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s,
[artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad
o no de la/s pretensión/es formulada/s.
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4. La constitución de la renuencia
44. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».
45. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de
petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8.
46. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»9.
47. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como
la negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria
al querer del ciudadano10.
48. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo
pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.
49. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de
la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser
rechazada de plano.
50. La parte accionante, para acreditar el requisito de procedibilidad, aportó
copia del correo electrónico enviado a las entidades el 30 de diciembre de
2024, en el cual solicitó el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley 2251 de 2022, artículos 2, 3, 10, 13 y 14 de la Ley 1843 de 2017, artículos
127, 129,135 y 158A de la Ley 769 de 2002, y los artículos 1 al 14 de la
Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte
y 4 del Decreto 2409 de 2108.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre 20
de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
9
Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente ACU-
1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
10
Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-000-
2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación
15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de
2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
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Demandante: Federico Vergara Valera
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros
Rad: 20001-23-33-000-2025-00078-01
51. Sin embargo, de las pruebas aportadas no se advierte que se haya
constituido en renuencia a la Superintendencia de Puertos y Transporte,
debido a que el correo electrónico al cual se dirigió la solicitud no corresponde
al canal de notificaciones oficial de la entidad; tampoco se advierte que se
hubiera remitido el correo al Ministerio de Transporte; por tanto, se modificará
la sentencia de primera instancia con el fin de rechazar la demanda respecto
de estas dos entidades.
52. De conformidad con lo anterior, la Sala entiende agotado el requisito de
constitución en renuencia frente a la ANSV y la Secretaría de Transito de
Valledupar, entidad adscrita a la Alcaldía de Valledupar, según lo dispuesto en
el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, respecto del artículo 18 de la Ley 2251
de 2022, artículos 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129,135 y
158A de la Ley 769 de 2002, y el artículo 6 de la Resolución 20203040011245
de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte y 4 del Decreto 2409 de
2108, los cuales fueron los únicos artículos demandados.
53. En el expediente no hay obra prueba que acredite que las autoridades
accionadas hubieran dado contestación al requerimiento.
54. En ese orden, no hay duda de que previo a acudir al ejercicio de la presente
acción de cumplimiento, el actor agotó en debida forma el requisito de
renuencia respecto de los apartados normativos ya identificados.
55. Sin embargo, esta Sala precisa que, en torno de los artículos 5 del Decreto
2409 de 2018, 134 de la Ley 769 de 2002, y 4 de la Ley 1843 de 2017 el actor
no constituyó en renuencia a la parte pasiva, por cuanto no mencionó estas
disposiciones en el escrito radicado el 30 de diciembre de 2024.
56. En virtud de lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia que
negó la pretensión frente a las citadas disposiciones, por cuanto, lo procedente
en ese caso, es rechazar la acción constitucional por no acreditarse el requisito
de procedibilidad de que trata la Ley 393 de 1997.
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Demandante: Federico Vergara Valera
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros
Rad: 20001-23-33-000-2025-00078-01
5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
57. Según quedó expuesto en los antecedentes, las pretensiones de Federico
Vergara Valera se dividen en tres:
(i) que se ordene a la Secretaría de Tránsito del municipio de
Valledupar la anulación de todas las multas aplicadas mediante los
denominados «vehículos caza infractores»;
(ii) que se disponga el retiro de los tres vehículos utilizados para la
imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene
la normativa vigente en punto de la implementación de los SAST y
(iii) que se ordene a la autoridad de tránsito del municipio que la
imposición de los comparendos se realice de manera presencial,
individualizando al infractor y otorgándole un tiempo prudencial para
el retiro del vehículo en caso de estacionamiento en sitios
prohibidos.
58. En cuanto a la primera de las pretensiones, se advierte que la controversia
escapa del ámbito de acción del juez de cumplimiento, toda vez que encierra
un debate jurídico sobre la validez de los comparendos que han sido
interpuestos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar. Al
respecto, se recuerda que esta acción no es de carácter declarativo sino de
ejecución de deberes imperativos e inobjetables, es decir, que no admitan
ningún tipo de discusión.
59. Aun cuando en este escenario se solicita el cumplimiento de las normas
descritas, lo cierto es que el fondo de la controversia plantea una discusión de
carácter subjetivo que debe ser conocida por el juez de lo contencioso
administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
prevista en el artículo 138 del CPACA contra los actos administrativos
sancionatorios.
60. Lo anterior, por cuanto en dicho medio de control, quienes han visto
afectados sus intereses con la interposición de las multas tienen la posibilidad
de cuestionar los comparendos impartidos por las autoridades de tránsito, lo
que coincide con lo aquí pretendido por Federico Vergara Valera.
61. En suma, la improcedencia de esta acción en lo que atañe a esta
pretensión se justifica en que no se satisface el requisito de la subsidiariedad,
dado que este medio es residual y no principal, lo que presupone que no se
cuente o haya contado con un medio ordinario de defensa judicial.
62. Finalmente, se debe indicar que, con base en los hechos y medios de
prueba que fueron aportados al trámite, no se hace evidente la existencia de
un perjuicio irremediable que permita flexibilizar el citado presupuesto.
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Demandante: Federico Vergara Valera
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros
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63. Ahora bien, frente a la segunda y tercera pretensión que tienen que ver
con el retiro de los vehículos «caza infractores» y la imposición de
comparendos de forma presencial en seguimiento al procedimiento
establecido en la norma, la Sala no advierte que la parte actora cuente con
otro medio de defensa judicial para procurar por el acatamiento de los
preceptos que pide atender.
64. Tampoco se evidencia que lo pretendido por el accionante involucre la
protección de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción
de tutela, o que implique un gasto. Frente a esto último, no se observa que el
retiro de circulación de los vehículos institucionales le genere a las entidades
accionadas una erogación de partidas presupuestales.
65. Además, las disposiciones solicitadas en cumplimiento son actualmente
exigibles porque no están derogadas ni suspendidas y ostentan el rango de
ley o acto administrativo.
66. Sin embargo, la Sala observa que, en relación con las mismas normas y
entidades demandadas en esta oportunidad, ya existen diversos
pronunciamientos, tal y como pasa a explicarse.
6. De la cosa juzgada
67. Esta Sección ha manifestado que el objeto de la cosa juzgada es que los
hechos y conductas que se han resuelto judicialmente no puedan ser
debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior, por cuanto lo
decidido por el juez adquiere las características de vinculante, obligatorio y,
por tanto, de inmutable11.
68. En palabras de la Corte Constitucional:
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a
las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben
por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica 12.
69. De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código
General del Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada son: (i)
identidad de objeto; (ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.
70. Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del
fenómeno de la cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio,
no es necesaria la identidad de partes; en específico, del extremo accionante,
dado el carácter público de la acción, lo cual implica que puede instaurarse por
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30 de enero
de 2025. Radicado: 54001 23 33 000 2024 00229 01.
12
Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
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Demandante: Federico Vergara Valera
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cualquier persona. Tratándose de la identidad de objeto, se verifica la identidad
del bien jurídico que se encuentra en disputa. Finalmente, en relación con la
identidad de causa se determina la razón por la cual se acude a esta
instancia13.
71. Descendiendo al asunto que nos ocupa, la Sala observa que en el
expediente 20001-33-33-009-2024-00283-01, el Tribunal Administrativo del
Cesar resolvió en segunda instancia una demanda presentada en contra de la
Alcaldía de Valledupar, para que se le ordenara acatar lo dispuesto en el
artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020 y el artículo 2.º, numeral
1, de la ley 1843 del 2017 y, como consecuencia, se dispusiera el retiro de los
vehículos «caza infractores» por las calles de Valledupar.
72. Al resolver la controversia, la autoridad judicial encontró que la acción de
cumplimiento es el mecanismo jurídico adecuado para exigir el acatamiento
de las regulaciones normativas señaladas por el actor como incumplidas por
el ente territorial, por cuanto contienen un mandato legal que al ser de orden
público resulta obligatorio.
73. Luego, al abordar el análisis de fondo, encontró que en la Resolución
20203040011245 de 2020 se indicaron los criterios técnicos para la instalación
y operación de los SAST. No obstante, no se comprobó que el vehículo «caza
infractores» constituyera uno de ellos, ni que la cámara para detectar las
presuntas infracciones de tránsito estuviere en funcionamiento. Bajo tales
consideraciones, negó las pretensiones de la demanda.
74. Lo anterior permite corroborar la triple identidad a la que hace referencia
el fenómeno de la cosa juzgada en torno a la petición de cumplimiento del
artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020 por parte de la
Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, con las precisiones ya
realizadas a propósito de la identidad de partes. Esto es, ya existe una decisión
de fondo y ejecutoriada en la que se resolvió si la Alcaldía de Valledupar está
incumplimiento o no, lo dispuesto en esta norma y si por ello, se le debía
ordenar que retire sus patrullas institucionales.
75. Lo mismo sucede, en relación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial
y el supuesto incumplimiento del artículo 2.º, numeral 1, artículos 3, y 13 de la
ley 1843 del 2017, el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, artículos 127, 129 y
135 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los
artículos 3 y 5, 7 y 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por
el Ministerio de Transporte.
13
Ibidem
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76. En efecto, en la sentencia proferida el pasado 10 de abril14, esta
Corporación estudió si, en su condición de autoridades del orden nacional, las
entidades enunciadas, se encontraban llamadas a velar por el acatamiento de
los mandatos deprecados por la actora que fueron presentadas en esta acción
de cumplimiento.
77. En esa ocasión, la Sala advirtió que, de la lectura de cada una de las
normas que son alegadas como incumplidas, ninguna de ellas estableció
obligación en cabeza del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de
Seguridad Vial.
78. Además, encontró que, la Superintendencia de Puertos y Transporte
tampoco estaría llamada a soportar la pretensión incoada. Lo anterior, dado
que la función de dicho ente es vigilar a los organismos de tránsito del país,
así como de verificar que los SAST cumplan con los requisitos dispuestos en
la ley, los cuales, para el caso del ente territorial no operan actualmente.
79. Como consecuencia, en lo que respecta a las peticiones relativas al retiro
de circulación de las patrullas de tránsito y la interposición de comparendos de
forma presencial, las negó, dado que no existe un mandato actualmente
exigible a las entidades demandadas, pues, se reitera, actualmente no cuentan
con SAST operando en el territorio del municipio.
80. Así las cosas, para la Sala es claro que hay una decisión inmutable,
vinculante y definitiva que resolvió cada una de las pretensiones alegadas en
el mecanismo constitucional de la referencia. Por tanto, en relación con la
solicitud de acatamiento de las normas indicadas en esta oportunidad,
corresponde la declaratoria de la cosa juzgada.
81. Ahora bien, como fue puesto de presente con antelación, en la sentencia
del 10 de abril de 2025 se rechazó la demanda por no acreditarse el requisito
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta C.P. Gloria María
Gómez Montoya, sentencia de 10 de abril de 2025, Radicación: 20001-23-33-000-2025-0029-
01.
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de renuencia respecto del artículo 415 del Decreto 2409 de 2018, 13416 de la
Ley 769 de 2002 y 417 de la Ley 1843 de 2017. Además, no se pronunció
respecto de los artículos 14 de la Ley 1843 de 2017, y los artículos 1,2,4 y 9 al
14 de la resolución Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el
Ministerio de Transporte. En este sentido, al no haber existido en dicho fallo
un pronunciamiento de fondo en relación con estas normas, no es posible
predicar la configuración de la cosa juzgada en este aspecto.
82. Sin embargo, frente a tales disposiciones, la sala concluye que ninguna
establece algún mandato claro, exigible e inobjetable en cabeza de alguna de
las autoridades demandadas y que esté relacionado con las pretensiones
formuladas por el actor y los supuestos de hecho relacionados en el escrito
inicial. En tal sentido, no es posible establecer que, en la actualidad, exista
algún incumplimiento por parte de las autoridades demandadas en relación
con tales normas y, por tanto, no es viable dictar alguna orden de acatamiento
al respecto. Por tanto, se negarán las pretensiones en relación con tales
artículos.
83. Ahora, respecto de la temeridad alegada en la impugnación, si bien es
cierta la existencia de múltiples acciones con identidad de objeto y que tienen
en común un correo electrónico de notificación, la Sala no puede declarar que
exista, pues cada una de ellas tiene una petición concreta respecto de los
15
ARTÍCULO 4. Objeto. La Superintendencia de Transporte ejercerá las funciones de vigilancia,
inspección, y control que le corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad
administrativa en materia de tránsito, transporte y su infraestructura de conformidad con la ley y la
delegación establecida en este decreto. El objeto de la delegación en la Superintendencia de Transporte
es:
1. Inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el sistema de
tránsito y transporte.
2. Vigilar, inspeccionar, y controlar la permanente, eficiente y segura prestación del servicio de
transporte, con excepción del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano,
distrital y municipal de pasajeros, del servicio público de transporte, terrestre automotor individual de
pasajeros en vehículos taxis en todo el territorio nacional y de la prestación del servicio escolar en
vehículos particulares cuya vigilancia continuará a cargo de las autoridades territoriales
correspondientes.
3. Inspeccionar y vigilar los contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación,
operación y/o mantenimiento de la infraestructura de transporte.
4. Inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación de las normas para el desarrollo de la gestión de
infraestructura propia del sector transporte.
5. Inspeccionar y vigilar los contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación,
operación, administración, explotación y/o mantenimiento de la infraestructura marítima, fluvial y
portuaria.
De conformidad con las funciones delegadas y otorgadas en la normativa vigente, la Superintendencia
de Transporte velará por el libre acceso, seguridad y legalidad, en aras de contribuir a una logística
eficiente del sector.
16
ARTÍCULO 134. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Los organismos de tránsito conocerán de las
faltas ocurridas dentro del territorio de su jurisdicción, así: Las inspecciones de tránsito o quienes hagan
sus veces en única instancia de las infracciones sancionadas con multas de hasta veinte (20) salarios, y
en primera instancia de las infracciones sancionadas con multas superiores a veinte (20) salarios
mínimos diarios legales vigentes o las sancionadas con suspensión o cancelación de la licencia para
conducir, siendo la segunda instancia su superior jerárquico.
PARÁGRAFO. Los daños y perjuicios de mayor y menor cuantía sólo pueden ser conocidos por los
jueces civiles de acuerdo a su competencia.
17
Artículo 4°. Competencia para expedir órdenes de comparendos. Solo las autoridades de tránsito a
que hace referencia el Código Nacional de Tránsito, son las competentes para expedir y recaudar
órdenes de comparendos por infracciones de tránsito ocurridas en su jurisdicción.
No podrá entregarse dicha facultad ni por delegación ni mediante convenio a ninguna entidad de
naturaleza privada.
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actores, que corresponde a las multas por las infracciones que cada uno
cometió y que le fueron impuestas por la autoridad.
84. Respecto de la solicitud de coadyuvancia presentada con posterioridad a
la sentencia de primera instancia, la Sala no le dará trámite.
85. Lo anterior porque, de conformidad con la jurisprudencia de esta
Corporación18, es necesario que jurídicamente exista coincidencia con la
causa petendi propuesta por el actor; dado que, de lo contrario, se estaría
vulnerando el principio constitucional del debido proceso y, por ende, el
derecho de defensa.
86. Así las cosas, de la lectura del escrito presentado, se desprende la
intención de los coadyuvantes de solicitar la revocatoria de los comparendos
impuestos y el cumplimiento de las normas que fueron relacionados como
supuestamente incumplidas en la demanda; sin embargo, su actuación tiene
que estar limitada a la actividad de quien funge como accionante, quien no
impugnó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar; por
tanto, no se les reconocerá dicha calidad.
87. Finalmente, en relación con la solicitud realizada por el apoderado de la
entidad impugnante, dirigida a que se compulse copias en contra del abogado
Melkis Guillermo Kammerer Kammerer, la Sala encuentra que, si las entidades
accionadas consideran que se ha incurrido en alguna conducta ilegal por parte
del profesional, ellas deberán acudir a las autoridades competentes con el fin
de iniciar los respectivos procesos, de acuerdo con el material probatorio que
tengan para ese fin.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Revocar la sentencia del 13 de marzo de 2025, del Tribunal
Administrativo del Cesar, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
acción de cumplimiento, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, en su lugar:
1. RECHAZAR la acción de cumplimiento respecto del Ministerio de
Transporte y de la Superintendencia de Puertos y Transporte y de los
artículos 5 del Decreto 2409 de 2018, 134 de la Ley 769 de 2002 y 4 de
la Ley 1843 de 2017.
2. DECLARAR la improcedencia de la acción de cumplimiento de la
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del
8 de julio de 2011. Radicado: 2006-00197. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
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referencia respecto de la pretensión de anular las multas interpuestas
por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar haciendo uso
de las patrullas institucionales.
3. DECLARAR la cosa juzgada en relación con el cumplimiento del artículo
18 de la Ley 2251 de 2022, artículos 3, y 13 de la Ley 1843 de 2017,
artículos 127, 129 y 135 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los literales a,
d, g, i, m del artículo 3 y el artículo 6 de la Resolución 20203040011245
de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte, respecto del
municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte, la
Agencia Nacional de Seguridad.
4. NEGAR las pretensiones de la demanda en relación con el artículo 4 del
Decreto 2409 de 2018.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Ausente con permiso
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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