Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00133-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00133-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 20001-23-33-000-2025-00133-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
5 de junio de 2025
Demandante: Mauricio Santiago Noriega Pisciotti
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros
Rad: 20001-23-33-000-2025-00133-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00133-01
Demandante: MAURICIO SANTIAGO NORIEGA PISCIOTTI
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Y
OTROS
Tema: Revoca sentencia- Rechaza por falta de renuencia y
confirma Improcedencia de la acción – incumplimiento del
requisito de subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia de 5 de mayo de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo
del Cesar declaró improcedente la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
1. En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de
1997, Mauricio Santiago Noriega Pisciotti presentó acción de cumplimiento
contra la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y el municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte.
2. Lo anterior, con el fin de obtener el acatamiento de lo establecido en la
Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte
y el artículo 11 de la Ley 1843 de 2017 y cuyas pretensiones, en esencia,
buscan lo siguiente:
3. Ordenar a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar decrete la
«pérdida de ejecutoria y la caducidad» de la multa aplicada en su contra
mediante los mal denominados vehículos «caza infractores», durante el
período en el cual no se contaba con la autorización del Ministerio de
Transporte para el uso de sistemas automáticos, semiautomáticos u otros
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Demandante: Mauricio Santiago Noriega Pisciotti
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros
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medios tecnológicos (en adelante, SAST) de detección de infracciones de
tránsito.
4. Además, solicitó que se ordene al Ministerio de Transporte, a la
Superintendencia de Transporte, a la Dirección de Infraestructura y Vehículos
Agencia Nacional de Seguridad Vial, que informen si la Secretaría de Tránsito
y Transporte municipal de Valledupar, cumple con la Resolución
20203040011245 de 2020, que establece los criterios de operación de los
SAST.
5. A continuación, solicitó que se ordene a la Secretaría de Tránsito y
Transporte municipal de Valledupar, que de conformidad con el artículo 29 de
la Constitución Política y el artículo 826 del Estatuto Tributario, la Secretaría
de Tránsito envíe copia de la notificación del mandamiento de pago, diga qué
empresa realizo la notificación, y envíen copia de quién realizó la
comunicación, de igual forma le manifieste quién de los inspectores de tránsito
firmo el acto administrativo que dio origen a la creación del mandamiento de
pago.
6. También, solicitó que se ordene a la Procuraduría General de la Nación que
inicie las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, en razón a que se
está vulnerando sus derechos fundamentales, especialmente el debido
proceso, pues se le han impuesto unos comparendos sin cumplir con las
disposiciones legales aplicables, en este caso, los debidos permisos de
operación y los criterios de operación de los SAST, de acuerdo con la
Resolución 20203040011245 de 2020.
2. Hechos
7. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente1:
8. De la lectura de los supuestos de la demanda se extrae que al accionante
Mauricio Santiago Noriega Pisciotti le impusieron un comparendo, que se
encuentra registrado en la plataforma dispuesta para ello SIMIT,
«Comparendo electrónico No 20001000000047698109 de fecha 05/12/2024».
9. Alegó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley
1843 de 2017, en su caso, se debe decretar la caducidad de la acción
contravencional, debido a que el referido comparendo ya perdió la fuerza de
ejecutoria y la pérdida de acción de cobro al no cumplirse lo prescrito en los
artículos 561, 563, 826 y 831 del Estatuto Tributario, dado que no fue notificado
en debida forma del mandamiento de pago, ni del proceso contravencional.
1
En este acápite no serán incluidas las consideraciones subjetivas, citas de sentencias, apreciaciones
sobre el alcance de las decisiones adoptadas, ni otros comentarios formulados reiteradamente como
parte de los hechos, que no corresponden estrictamente al marco fáctico de la acción.
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Demandante: Mauricio Santiago Noriega Pisciotti
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10. Precisó que la Secretaría de Tránsito de Valledupar disponía de la
utilización de medios tecnológicos para la imposición de comparendos sin
tener autorización para ello, habida cuenta del incumplimiento de los criterios
de seguridad vial y sin el permiso o autorización de la Superintendencia de
Puertos y Transporte y de la Agencia Nacional Vial.
11. Por último, señaló que por esta razón, el 23 de diciembre de 2024, presentó
un requerimiento ante las accionadas para que le dieran cumplimiento al
artículo 11 de la Ley 1843 de 2017 y se decretara la pérdida de fuerza
ejecutoria y la caducidad del comparendo antes reseñado; en el mismo
sentido, solicitó el cumplimiento de la Resolución 20203040011245 de 2020 a
fin que se ordenara la anulación de todas las multas impuestas a través de los
vehículos «caza infractores», por ser violatorias de los derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y contracción, así como a los
principios de buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica, publicidad, y los
precedentes de la Corte Constitucional.
3. Trámite de la solicitud en primera instancia
12. Mediante providencia del 8 de abril de 20252, el magistrado sustanciador
del Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda y ordenó la
notificación a la Superintendencia de Puertos y Transportes – Secretaría de
Tránsito y Transporte De Valledupar – Ministerio de Transporte – Agencia
Nacional De Seguridad Vial (Dirección De Infraestructura y Vehículos)3;
además, solicitó a la Secretaría de Tránsito y Transporte un informe en el que
indicara el trámite, previo y posterior, a la imposición de los comparendos
mediante la utilización de vehículos caza infractores o utilizando cámaras para
fotografiar a los presuntos infractores, así como el procedimiento de
notificación, entre otros aspectos.
4. Contestación de la demanda
13. La Agencia Nacional de Seguridad Vial aseguró que el accionante tiene
o tuvo a su alcance otros medios de defensa judicial para solicitar la caducidad
o nulidad del comparendo que señala que le fue impuesto; además, indicó que
no ha incumplido las disposiciones y normas señaladas por el accionante por
no estar dentro de sus funciones, la instalación y operación de los sistemas
automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección
de presuntas infracciones al tránsito -SAST; como tampoco tiene la calidad de
autoridad de tránsito por cuanto no está facultado para imponer órdenes de
comparendo, ni vigilar el cumplimiento, por parte de los organismos de tránsito,
los criterios establecidos a nivel normativo.
2
Índice 000013 de Samai. Expediente del tribunal.
3
En el mismo auto ordenó desvincular a la Procuraduría General de la Nación, como
accionada, conforme a la solicitud presentada por la parte accionante.
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14. Afirmó que tampoco está obligado al cumplimiento de las pretensiones y
las normas que se invocan como incumplidas, dado que no tiene funciones
para tramitar procesos contravencionales por infracciones a las normas de
tránsito o para ejercer vigilancia sobre el tema; con ese fundamento propuso
como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva.
15. La Superintendencia de Puertos y Transporte solicitó rechazar por
improcedente la acción de cumplimiento promovida por el actor en razón al no
cumplimiento de los requisitos contemplados en la Ley 393 de 1997.
16. Sostuvo que las pretensiones de la demanda no son competencia de esa
Superintendencia, en atención a que las funciones de control, inspección y
vigilancia que le asisten, en relación con las actuaciones surtidas por la
Secretaría de Tránsito de Valledupar, solo proceden previo agotamiento del
trámite establecido, garantizando los derechos a la defensa y debido proceso
que le asisten a dicha autoridad de tránsito.
17. El municipio de Valledupar adujo que las pretensiones de la demanda
son improcedentes, toda vez que la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Valledupar como organismo de tránsito realiza diariamente actividades de
control conforme al artículo 135 de la Ley 769 de 2002; resaltando que el
municipio no cuenta con dispositivos SAST para la regulación del tránsito
municipal.
18. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar se pronunció
sobre este asunto afirmando que la presente acción se torna improcedente
debido a que la normativa cuyo cumplimiento se pretende no es exigible a la
entidad y, señaló que el accionante cuenta con otros medios de control para
reclamar los derechos que persigue que le sean reconocidos en la presente
demanda.
19. Indicó que los vehículos denominados «caza infractores», son empleados
como medio de transporte de los agentes de tránsito para que puedan
desarrollar sus actividades misionales y no cuentan con herramientas
tecnológicas que detecten infracciones a las normas de tránsito. De igual
forma, afirmó que la imposición de comparendos se lleva a cabo por el cuerpo
de agentes del municipio de Valledupar, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 135 de la ley 769 de 2002.
20. El Ministerio de Transporte no contestó la demanda a pesar de haber
sido debidamente notificado.
5. Sentencia de primera instancia
21. El Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de sentencia del 5 de mayo
de 2025, declaró improcedente la acción de cumplimiento, d artículo 9 de la
Ley 393 de 1997, por cuanto la parte demandante tiene la oportunidad de exigir
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su cumplimiento al interior del proceso contravencional que se adelante para
sancionar la orden de comparendo 20001000000047698109 y, de no ser
acogida su petición, se le recuerda que el acto administrativo que se profiera
es susceptible de control jurisdiccional a través de los medios ordinarios
dispuestos por el legislador.
6. La impugnación4
22. La parte actora impugnó la decisión, argumentado que al imponérsele el
comparendo no se cumplió con el procedimiento establecido en el art. 135 de
la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 22 de la Ley 1383 de 2010.
23. Sostuvo que se violó su debido proceso, dado que no fue notificado de los
actos administrativos proferidos, de conformidad con lo establecido en los
artículos 826, 831 Y 563 Y 561 del Estatuto Tributario y del artículo 159 de la
Ley 769 del 2002, modificado por el artículo 202 del Decreto 19 del 2012; por
tanto, debe declararse la prescripción de la sanción impuesta y proceder a
terminar el proceso de cobro activado dando cumplimiento a lo establecido en
el inciso segundo de la norma antes señalada.
24. Asimismo, la entidad debe abstenerse de iniciar un nuevo procedimiento
similar por los mismos hechos y abstenerse de embargar su cuenta de ahorros
o nómina, debido a que allí es donde depositan su sueldo y es la única entrada
que tiene para mantener a su familia, en amparo al mínimo vital.
25. Finalmente, reiteró las pretensiones elevadas en la demanda respecto de
la Procuraduría General de la Nación para que ejerza su poder disciplinario y
de la Secretaría de Tránsito y Transporte municipal de Valledupar, para que
se indique si cumple con la Resolución 20203040011245 de 2020, que
establece los criterios de operación de los SAST
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
26. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada el 5 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cesar, según lo dispuesto en los artículos 1505 y 1526 del Código de
4
La sentencia del 5 de mayo de 2025 fue notificada el 6 de mayo de 2025, y el escrito de
impugnación fue radicado mediante correo electrónico el 9 de mayo de 2025, término que se
encuentra oportuno.
5
Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los
tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
6
Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de
cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro
de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y
en el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena del
Consejo de Estado7.
2. Problema jurídico
27. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 5 de mayo de
2025, que declaró improcedente la acción de cumplimiento.
28. Por tanto, la Sala deberá verificar si se cumple con los presupuestos de
precedencia y procedibilidad de la acción de cumplimiento y, como
consecuencia, establecer si es viable exigir a las entidades demandadas el
cumplimiento del artículo 11 de la Ley 1843 de 2017 y de la Resolución
20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte, en el
sentido solicitado por la parte actora.
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
29. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
30. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos
mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la
solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el
rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
7
Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que no se pretende la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan
gastos a la Administración [artículo 9.º].
31. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii
o iv], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
32. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar
si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a
los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s,
[artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad
o no de la/s pretensión/es formulada/s.
4. La constitución de la renuencia
33. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».
34. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de
petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8.
35. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»9.
36. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como
la negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria
al querer del ciudadano10.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de
octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
9
Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del
expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
10
Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17
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37. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo
pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.
38. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de
la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser
rechazada de plano.
39. La parte accionante, para acreditar el requisito de procedibilidad, aportó
copia del correo electrónico enviado a las entidades el 23 de diciembre de
2024, en el cual solicitó el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la
Ley 1843 de 2017 y de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por
el Ministerio de Transporte11.
40. En el expediente obran las respuestas otorgadas por las entidades
demandadas en las que no se accedió a lo pretendido por el actor.
41. De conformidad con lo anterior, la Sala entiende agotado el requisito de
constitución en renuencia frente a las entidades demandadas, según lo
dispuesto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, únicamente respecto del
artículo 11 de Ley 1843 de 2017.
42. Ahora, en relación con la petición relativa al cumplimiento de la Resolución
20203040011245 de 2020, la Sala de forma reiterada12, ha establecido que la
solicitud debe individualizar cuál o cuáles son las disposiciones legales que
son objeto de cumplimiento, en este caso, el actor se limitó a indicar de forma
genérica que correspondía a la Resolución 20203040011245 de 2020, la cual
contiene 23 artículos.
43. En este punto, es importante evidenciar que la correcta individualización
de la norma es la que permite al juez de la acción constitucional determinar la
prosperidad o no de ésta, sin que sea dable acudir a ejercicios interpretativos
o de integración normativa para suplir los posibles vacíos en que incurre la
parte al momento de presentar su solicitud.
44. De conformidad con lo anterior, la Sala revocará la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la acción de cumplimiento en relación con
la citada resolución, para, en su lugar, rechazar ésta por no agotamiento del
requisito de constitución en renuencia.
de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-
00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
11
Ver folios 43, 46, 47, 55, 56, 72 y 73 de la demanda.
12
Al respecto, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia del 3 de abril de 2025, radicado 25000-23-41-000-2025-00033 01.
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6. De la procedencia de la acción de cumplimiento
45. Según quedó expuesto en los antecedentes, las pretensiones de Mauricio
Santiago Noriega Pisciotti están orientadas a que, en aplicación del artículo 11
de la Ley 1843 de 2020 se ordene a la Secretaría de Tránsito del municipio de
Valledupar el decreto de la prescripción y caducidad de la multa impuesta
mediante los denominados «vehículos caza infractores» porque no le fue
notificada en debida forma.
46. Al respecto, se advierte que la controversia escapa del ámbito de acción
del juez de cumplimiento, toda vez que encierra un debate jurídico sobre la
validez de los comparendos que han sido interpuestos por la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar. Como consecuencia, se recuerda que
esta acción no es de carácter declarativo sino de ejecución de deberes
imperativos e inobjetables, es decir, que no admitan ningún tipo de discusión.
47. Aun cuando en este escenario se solicita el cumplimiento de la norma
descrita, lo cierto es que el fondo de la controversia plantea una discusión de
carácter subjetivo que debe ser conocida por el juez de lo contencioso
administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
prevista en el artículo 138 del CPACA contra los actos administrativos
sancionatorios.
48. Lo anterior, por cuanto en dicho medio de control, quienes han visto
afectados sus intereses con la interposición de las multas tienen la posibilidad
de cuestionar los comparendos impartidos por las autoridades de tránsito, lo
que coincide con lo aquí pretendido por Mauricio Santiago Noriega Pisciotti y
que ya ha sido resuelto en otras oportunidades por esta Sala en relación con
la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar13.
49. En suma, la improcedencia de esta acción en lo que atañe a esta
pretensión se justifica en que no se satisface el requisito de la subsidiariedad,
dado que este medio es residual y no principal, lo que presupone que no se
cuente o haya contado con un medio ordinario de defensa judicial.
50. Adicionalmente, en relación con las peticiones orientadas a que la
Procuraduría General de la Nación ejerza su función disciplinaria, la Sala
también a establecido que, de conformidad con lo establecido en la Ley 393
de 1997, la acción de cumplimiento tampoco es el medio procedente para
efectos de iniciar actuaciones disciplinarias y sancionatorias, dado que en,
cada caso, debe seguirse un procedimiento establecido en la ley, a través del
cual se pruebe la ocurrencia del hecho, la responsabilidad del infractor y la
posibilidad de imponerla o de determinar el archivo; por tanto, debe cumplirse
13
Al respecto, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencias del 15 de mayo de 2025, radicado 20001-23-33-000-2025-00072-01, 20001-23-33-
000-2025-00078-01, 20001-23-33-000-2025-00080-01, entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Mauricio Santiago Noriega Pisciotti
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros
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con el trámite en mención, requisito que torna improcedente esta acción, en
tanto no se supera el requisito de subsidiariedad 14.
51. Finalmente, se debe indicar que, con base en los hechos y medios de
prueba que fueron aportados al trámite, no se hace evidente la existencia de
un perjuicio irremediable que permita flexibilizar el citado presupuesto.
52. Como consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia
con el fin de rechazar la demanda respecto de la petición de cumplimiento de
la Resolución 20203040011245 de 2020 y confirmará la improcedencia en
relación con el cumplimiento del artículo 11 de la Ley 1843 de 2020, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Revocar la sentencia del 5 de mayo de 2025, del Tribunal
Administrativo del Cesar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, la cual quedará así:
1. RECHAZAR la acción respecto del cumplimiento de la Resolución
20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte.
2. DECLARAR improcedente la presente acción de cumplimiento contra la
Superintendencia de Puertos y Transportes - Secretaría de Tránsito y
Transporte de Valledupar – Ministerio de Transporte – Agencia Nacional
de Seguridad Vial (Dirección De Infraestructura y Vehículos), de
conformidad con las razones expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 6
de febrero de 2025, radicado 73001-23-33-000-2024-00181-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Demandante: Mauricio Santiago Noriega Pisciotti
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros
Rad: 20001-23-33-000-2025-00133-01
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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