Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2024-00181-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 73001-23-33-000-2024-00181-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2024-00181-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2024-00181-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
6 de febrero de 2025
Demandante: GOLIAT S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Tolima
Radicación: 73001-23-33-000-2024-00181-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 73001-23-33-000-2024-00181-01
Demandante: GOLIAT S.A.S.
Demandada: Corporación Autónoma Regional del Tolima
Tema: Confirma improcedencia de la acción
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 31 de octubre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del Tolima declaró improcedente la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la sociedad GOLIAT
S.A.S., por medio de su representante legal, demandó a la Corporación Autónoma
Regional del Tolima, en adelante Cortolima, por el presunto incumplimiento del
artículo 17 de la Ley 1333 de 20091. En el escrito, se solicitó que se le ordene a la
autoridad ambiental mencionada «[…] que archive definitivamente la indagación
preliminar aperturada mediante el Auto 4411 del 18 de agosto de 2023 de esa
Corporación, en contra de la compañía GOLIAT S.A.S. y obrante en el expediente
COR-00283-23, en consideración a que transcurrido el término de seis (6) meses
que señala la Ley, no encontró mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio,
ya que verificada la ocurrencia de la presunta conducta, no determinó si esta era
constitutiva de infracción ambiental»2.
2. Hechos
2.1. En resumen, la parte actora señaló que la Cortolima abrió, el 18 de agosto de
2023, indagación preliminar en su contra, de conformidad con lo señalado en la Ley
1333 de 2009. Lo anterior, con el fin de establecer presuntas actividades que
afectarían el medio ambiente por ocupación de cauce en un predio ubicado en el
municipio de Suárez (Tolima).
1
Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.
2
Se trascribe tal cual incluso con posibles errores de redacción de la accionante.
1
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: GOLIAT S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Tolima
Radicación: 73001-23-33-000-2024-00181-01
2.2. El 30 de abril de 2024, la actora solicitó a la Cortolima que archivara la
indagación preliminar, por cuanto, desde la apertura de la indagación, no se ha
iniciado formalmente el proceso sancionatorio ambiental con acusación,
haciéndose por lo tanto obligatorio el archivo de la indagación preliminar por parte
de esa Corporación, dado que han transcurrido más de 6 meses.
2.3. El 30 de mayo de 2024, con el fin de acreditar el requisito de constitución de
renuencia de esta acción constitucional, la actora solicitó a la Cortolima el archivo
de la indagación, en cumplimiento del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009. Según se
informó, la demandada guardó silencio.
3. Admisión de la demanda
En auto de 31 de julio de 2024, el ponente del Tribunal Administrativo del Tolima
admitió la demanda y ordenó notificar a la CAR demandada. En providencia de 24
de septiembre de 2024, la autoridad judicial se pronunció sobre las pruebas de este
asunto.
4. Informe
La Cortolima se opuso a la prosperidad de la acción de cumplimiento. En síntesis,
sostuvo que el actor no puede utilizar el medio de control de cumplimiento para
pretender eludir la investigación por la presunta afectación ambiental. En segundo
lugar, detalló las actuaciones adelantadas al interior del proceso sancionatorio
ambiental, para indicar que se configuran las circunstancias expuestas en el
artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, esto es, la facultad oficiosa de iniciar el
procedimiento sancionatorio, establecida en la Ley 1333 de 2009, precisando que,
en dicho trámite se garantiza el debido proceso del extremo actor.
5. Sentencia de primera instancia
En fallo de 31 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima declaró
improcedente la acción de cumplimiento. Lo anterior, al concluir lo siguiente:
[…] las pretensiones elevadas por la parte accionante no resultan procedentes,
atendiendo que, no existe una omisión o incumplimiento a un deber jurídico o mandato
consagrado en la norma por parte de CORTOLIMA, pues de las pruebas remitidas al
expediente se vislumbra que, agotó la etapa de indagación preliminar prevista en el
artículo 17 de la ley 1333 de 2009 y se dispuso por parte de la autoridad ambiental
iniciar el proceso sancionatorio ambiental contra Goliat, a efectos de investigar y
sancionar la posible infracción a las normas ambientales por parte de la Compañía
accionante. los artículos invocados por la demandante no crean un deber claro y
obligatorio a cargo de la ANLA atinente a adelantar el procedimiento sancionatorio que
reclama el extremo actor, asimismo, destacó que dicho proceso requiere etapas de
verificación previas que aún no han sido completadas. […]
2
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: GOLIAT S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Tolima
Radicación: 73001-23-33-000-2024-00181-01
6. Impugnación
La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, insistió en que, de
las disposiciones invocadas, se deriva un mandato perentorio y directo a cargo de
la Cortolima. En resumen, la impugnante sostuvo que la accionada ha incurrido en
demoras injustificadas y, si bien ha decretado nuevas pruebas, ello no le permite
desconocer el término de 6 meces para haber iniciado formalmente el
procedimiento, por lo que amplió injustificadamente el termino legal de la
indagación preliminar. Criticó la decisión del Tribunal y aludió que se interpretó
erróneamente el artículo 17 de la Ley 1333; asimismo, que carece de motivación al
no tener en cuenta el término preclusivo de la etapa de indagación y su impacto en
la afectación al derecho al debido proceso que rige en todo tipo de procedimientos.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
31 de octubre de 2024 del Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA,
así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de
2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la
competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 31
de octubre de 2024. Para lo anterior, la Sala plantean los siguientes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, respecto del cumplimiento del artículo 13 de la Ley 1333
de 2009, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto.
3
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: GOLIAT S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Tolima
Radicación: 73001-23-33-000-2024-00181-01
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo3 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad
renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la
Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial
definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con
fuerza material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo4.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
3
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-
01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01
(ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-
048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio
de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
4
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
4
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: GOLIAT S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Tolima
Radicación: 73001-23-33-000-2024-00181-01
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de
cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]5.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política6.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
5
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
6
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce,
providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
5
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: GOLIAT S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Tolima
Radicación: 73001-23-33-000-2024-00181-01
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»7.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado8.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,9 a menos que estén apropiados;10 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional11.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este12 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
7
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-
31-000-2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
8
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-
31-000-2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
9
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-
000-2000-4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
10
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-
41-000-2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
11
Sentencia antes citada.
12
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber
inobjetable y, por ende, exigible».
6
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: GOLIAT S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Tolima
Radicación: 73001-23-33-000-2024-00181-01
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»13. Igualmente, esta Sección14 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[15] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
13
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-
01063 (ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
14
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-
31-000-2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
15
En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de
2004, exp. ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
7
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: GOLIAT S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Tolima
Radicación: 73001-23-33-000-2024-00181-01
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»16.
En el caso concreto, la accionante acompañó con la demanda escrito de 30 de
mayo de 2024, en donde requirió a la accionada el obedecimiento del artículo 17 de
la Ley 1333 de 2009, con el fin de que se archivara la indagación preliminar que se
abrió en contra de la actora en el mes de agosto de 2024.
Lo anterior es suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, toda vez que en el plenario no hay respuesta de la
Cortolima, dentro del término previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997.
3.4. Normas que se pide cumplir y procedencia de la acción.
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es el
acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. Las disposiciones invocadas fueron
las siguientes:
Ley 1333 de 2009
(julio 21)
por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan
otras disposiciones.
[…]
Artículo 17. Indagación preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no mérito
para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de
una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar
será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto
de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
[…]
16
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
8
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: GOLIAT S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Tolima
Radicación: 73001-23-33-000-2024-00181-01
No obstante, en este caso, lo pretendido conlleva a que se intervenga dentro de un
procedimiento administrativo para que se archive el trámite sancionatorio que
adelanta la accionada. En ese sentido, se debe precisar que, si bien este medio de
control está previsto para la efectiva observancia de la ley o actos administrativos,
lo cierto es que la acción resulta improcedente pues el ejercicio de la potestad
sancionatoria por parte de la Cortolima impone el agotamiento del procedimiento
administrativo correspondiente. En ese sentido, no puede perderse de vista que los
artículos 12 y siguientes de la Ley 1333 de 2009 establecen las etapas que deben
surtirse dentro del trámite sancionatorio17.
Así las cosas, para efectos de que la entidad pueda aplicar o no las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, debe seguirse un procedimiento establecido
en la ley, a través del cual se pruebe la ocurrencia del hecho, la responsabilidad del
infractor y la posibilidad de imponerla o de determinar el archivo; por tanto, debe
cumplirse con el trámite en mención, requisito que torna improcedente esta acción,
en tanto no se supera el requisito de subsidiariedad, pues el trámite disciplinario
está en curso y no puede la Sala usurpar las competencias que constitucional y
legalmente le fueron concedidas a la autoridad ambiental accionada, máxime que
no se alegó ni se encuentra acreditada la incursión de algún tipo de perjuicio
irremediable para la actora, como resultado de la existencia de dicho
procedimiento.
Una conclusión en contrario implica que el juez de cumplimiento interfiera en las
competencias y facultades de la autoridad ambiental; objetivo para el cual no fue
previsto este medio de control, aunado a que, en caso de persistir las
inconformidades que se exponen por la demandante, deberá demandar el acto
administrativo definitivo que resulte adverso a sus intereses.
Como consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en
cuanto declaró la improcedencia de la acción, pero de conformidad con los
argumentos expuestos en esta providencia, toda vez que el debate, en torno a la
legalidad de la actuación sancionatoria propuesta por el actor, no permite superar
el presupuesto de la subsidiariedad, por ende, no es posible entrar a analizar los
demás presupuestos de procedencia de la acción ni el fondo del asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
17
En similar sentido, puede consultarse la decisión de 10 de octubre de 2024, dictada por esta
Sección dentro del radicado n.º 76001-23-33-000-2024-00478-01, MP. Omar Joaquín Barreto
Suárez y sentencia de 21 de noviembre de 2024, radicado 76001-23-33-000-2024-00463-01. MP.
Luis Alberto Álvarez Parra. [En dichas providencias se tiene como fundamento el siguiente
pronunciamiento: Consejo de Estado, sentencia de 18 de febrero de 1999, ACU-585].
9
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: GOLIAT S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Tolima
Radicación: 73001-23-33-000-2024-00181-01
III. FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia de 31 de octubre de 2024 del Tribunal
Administrativo del Tolima, pero por las razones expuestas en esta decisión.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
10
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.