RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2024-00463-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2024-00463-01

Fecha
21 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2024-00463-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Revocar la sentencia de 1.º de agosto de 2024 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2024-00463-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

21 de noviembre de 2024

Demandante: Fundación Biodiversidad
Demandado: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00463-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Barranquilla, D. E. I. P., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00463-01
Demandante: Fundación Biodiversidad
Demandado: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–
Tema: Revoca la sentencia impugnada; para en su lugar, declarar la
improcedencia de la acción.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 1.º de agosto de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca negó la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la Fundación
Biodiversidad, por medio de su representante legal, demandó a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, en adelante ANLA, por el presunto
incumplimiento de los artículos 1.º, 5.º y 18 de la Ley 1333 de 20091. En el escrito,
se solicitó que se le ordene al director de la autoridad mencionada a «[…] darle
inicio a Proceso Sancionatorio Ambiental a la Armada Nacional por los
incumplimientos de las obligaciones ambientales establecidos en los actos
administrativos mediante los cuales se otorgó Licencia Ambiental para la
construcción de una Estación Guardacostas en el Parque Natural Gorgona»2.

2. Hechos

2.1. En resumen, la parte actora señaló presuntos incumplimientos en las
obligaciones ambientales que le fueron impuestas a la Armada Nacional, derivadas
de una licencia que se le otorgó para construir y operar una estación de
guardacostas en el Parque Natural Gorgona. En ese sentido, la Fundación
accionante, en conjunto con otras organizaciones ambientales, indicó que ha

1 Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.
2 Se trascribe tal cual incluso con posibles errores de redacción de la accionante.

1
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación Biodiversidad
Demandado: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00463-01

solicitado a la ANLA la realización de una audiencia pública ambiental para discutir
los presuntos incumplimientos de la Armada, tales como la falta de informes
ambientales periódicos y la ausencia de medidas adecuadas para proteger la
biodiversidad local.

2.2. La ANLA ha negado las solicitudes, argumentando que no se presentaban
pruebas claras de los incumplimientos señalados. Sin embargo, la Fundación
actora insiste en que existen informes y autos que documentan omisiones de la
Armada en el cumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia.
Asimismo, argumentó que, en sede de tutela, se ordenó la suspensión de la
licencia hasta que se realice una consulta previa con la comunidad afectada por el
proyecto.

2.3. El 14 de mayo de 2024, la accionante requirió a la accionada el obedecimiento
de las disposiciones invocadas en la demanda. Sin embargo, la demandada no
cumplió los deberes reclamados.

3. Admisión de la demanda

En auto de 16 de julio de 2024, el ponente del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca admitió la demanda3, tuvo como pruebas los documentos aportados y
ordenó la notificación de lo decidido a la actora, al ANLA, al Ministerio Público y
vinculó como tercero con interés a la Armada Nacional.

4. Informe

La ANLA se opuso a la prosperidad de la acción de cumplimiento. En síntesis,
informo sobre las actuaciones adelantadas para atender las denuncias de la actora;
sostuvo que no se encontró mérito para adelantar el respectivo procedimiento
sancionatorio, aunado a que, actualmente, por orden del juez de tutela se
encuentra suspendida la licencia concedida hasta que se consulte a la comunidad
colindante con el proyecto autorizado, lo que descarta la transgresión de derechos
ambientales.

5. Sentencia de primera instancia

En fallo de 1.º de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó
las pretensiones. Lo anterior, al concluir que los artículos invocados por la
demandante no crean un deber claro y obligatorio a cargo de la ANLA atinente a
adelantar el procedimiento sancionatorio que reclama el extremo actor, asimismo,

3 Previa inadmisión y remisión por competencia funcional que realizó el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, según da cuenta las actuaciones contenidas en el índice 2 de SAAMAI dentro del
radicado de primera instancia.

2
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación Biodiversidad
Demandado: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00463-01

destacó que dicho proceso requiere etapas de verificación previas que aún no han
sido completadas.
6. Impugnación

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, insistió en que de las
disposiciones invocadas se deriva un mandato perentorio y directo a cargo de la
ANLA. En resumen, la impugnante sostuvo que la accionada debería actuar
conforme a sus competencias legales para iniciar el proceso sancionatorio en
respuesta a las infracciones ambientales cometidas, en este caso, por la Armada
Nacional en el Parque Natural Gorgona. Criticó la decisión del Tribunal y aludió que
se incurrió en un exceso ritual manifiesto, al evitar decidir sobre el fondo del asunto,
esto es, proteger los derechos ambientales en el Parque Nacional Natural Gorgona,
una zona de alta biodiversidad y relevancia ecológica en Colombia, violando así el
derecho al debido proceso y el principio de prevalencia del derecho sustancial.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
1.º de agosto de 2024 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y
243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del
12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer
de «las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se
dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 1.º
de agosto de 2024. Para lo anterior, la Sala plantean los siguientes:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, respecto del cumplimiento de los artículos 1.º, 5.º y 18
de la Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley
393 de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

3
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación Biodiversidad
Demandado: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00463-01

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo4 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad
renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la
Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial
definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con
fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo5.

4 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-
01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01
(ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-
048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio
de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
5 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando

Herrera Vergara.

4
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación Biodiversidad
Demandado: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00463-01

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de
cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]6.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el

6 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

5
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación Biodiversidad
Demandado: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00463-01

presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política7.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»8.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado9.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,10 a menos que estén apropiados;11 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional12.

7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce,

providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-

31-000-2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-

31-000-2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
10 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-

000-2000-4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-

41-000-2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
12 Sentencia antes citada.

6
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación Biodiversidad
Demandado: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00463-01

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este13 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»14. Igualmente, esta Sección15 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[16] (Negrillas fuera de texto).

13Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber
inobjetable y, por ende, exigible».
14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-

01063 (ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-

31-000-2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
16 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de

2004, exp. ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».

7
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación Biodiversidad
Demandado: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00463-01

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»17.

En el caso concreto, la accionante acompañó con la demanda escrito de 14 de
mayo de 2024, en donde requirió a la accionada el obedecimiento de los artículos
1.º, 5.º y 18 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de que se iniciara proceso
sancionatorio ambiental a la Armada Nacional por los incumplimientos de las
obligaciones ambientales establecidos en los actos administrativos mediante los
cuales se le otorgó licencia ambiental para la construcción de una estación
guardacostas en el Parque Natural Gorgona.

Lo anterior es suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, toda vez que en el plenario no hay respuesta del ANLA,
dentro del término previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997.

3.4. Normas que se pide cumplir y procedencia de la acción.

La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es el
acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. Las disposiciones invocadas fueron
las siguientes:

17 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de

2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

8
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación Biodiversidad
Demandado: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00463-01

Ley 1333 de 2009
(julio 21)
por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan
otras disposiciones.

Artículo 1. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y lo ejerce sin
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales,
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 55
y 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y Parques Nacionales Naturales de Colombia,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas y sancionatorias. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa, en los términos establecidos en la presente Ley, la
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar
todos los medios probatorios legales
[…]
Artículo 5. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley
165 de 1994, las demás normas ambientales vigentes y en los actos administrativos
con contenido ambiental expedidos por la autoridad ambiental competente. Será
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental,
sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en
materia civil.

Parágrafo 1. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla, en los términos establecidos en la
presente Ley.

Parágrafo 2. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los
daños y perjuicios causados por su acción u omisión.

Parágrafo 3. Será también constitutivo de infracción ambiental el tráfico ilegal,
maltrato, introducción y trasplante ilegal de animales silvestres, entre otras conductas
que causen un darlo al medio ambiente.

Parágrafo 4. El incumplimiento de las obligaciones o condiciones previstas en actos
administrativos sin contenido ambiental expedidos por la autoridad ambiental
competente será objeto de aplicación del artículo 90 de la Ley 1437 de 2011. Se
entenderá por obligaciones o condiciones sin contenido ambiental, aquellas cuyo
incumplimiento no afecten conocimiento, educación, seguimiento, planificación y
control ambiental, las que no hayan sido emitidas para evitar el daño o afectación
ambiental, y/o aquellas que no hayan sido impuestas para mitigarlos, compensarlos y
restaurarlos.

Parágrafo 5. Los actos administrativos con contenido ambiental expedidos por la

9
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación Biodiversidad
Demandado: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00463-01

autoridad ambiental competente como las licencias ambientales, o permisos
ambientales, incluye también los planes de contingencia para la mitigación del riesgo
y el control de las contingencias ambientales.
[…]
Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que
se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.
En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.
[…]

No obstante, en este caso, lo pretendido conlleva a que se materialice un
procedimiento administrativo para que se le imponga una sanción a la Armada
Nacional. En ese sentido, se debe precisar que, si bien este medio de control está
previsto para la efectiva observancia de la ley o actos administrativos, lo cierto es
que la acción resulta improcedente pues jurisprudencialmente se ha sostenido que
las sanciones «sólo son imponibles a través de un procedimiento administrativo en
el que se pruebe la responsabilidad del infractor y la viabilidad de la sanción, es
decir, que ella no se aplica por disposición directa de la ley, sino por disposición
administrativa del competente para ello, previo el procedimiento que
corresponde»18.

En efecto, en el caso en particular, el ejercicio de la potestad sancionatoria por
parte de la ANLA impone el agotamiento del procedimiento administrativo
correspondiente. En ese sentido, no puede perderse de vista que los artículos 12 y
siguientes de la Ley 1333 de 2009 establecen las etapas que deben surtirse para la
imposición de una sanción. Así las cosas, para efectos de que la entidad pueda
aplicar las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, debe seguirse un
procedimiento establecido en la ley, a través del cual se pruebe la ocurrencia del
hecho, la responsabilidad del infractor y la posibilidad de imponerla; por tanto, debe
cumplirse con el trámite en mención, requisito que torna improcedente esta acción,
en tanto no se supera el requisito de subsidiariedad como resultado de la existencia
de dicho procedimiento19.

Como consecuencia, la Sala revocará la negativa de las pretensiones de la
demanda y, en su lugar declarará la improcedencia de la acción, de conformidad
con los argumentos en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

18 Consejo de Estado, sentencia de 18 de febrero de 1999, ACU-585.
19En similar sentido, sobre esta causal de improcedencia jurisprudencial, puede consultarse la
decisión de 10 de octubre de 2024, dictada por esta Sección dentro del radicado n.º 76001-23-33-
000-2024-00478-01, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.

10
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación Biodiversidad
Demandado: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00463-01

III. FALLA:

PRIMERO. Revocar la sentencia de 1.º de agosto de 2024 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca para en su lugar, declarar la improcedencia de la
acción de cumplimiento.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

11
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.