Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00365-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00365-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 20001-23-33-000-2025-00365-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
23 de octubre de 2025
Demandante: Marisol Díaz
Demandados: Superintendencia Nacional de Notariado y Registro y otro
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00365-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: acción de cumplimiento
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00365-01
Demandante: Marisol Díaz
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otro
Tema: confirma la sentencia impugnada que declaró improcedencia
de la acción.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 18 de septiembre de 2025, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Cesar declaró improcedente la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Marisol
Díaz demandó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
en adelante DAPRE, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en
adelante SSPD, y a la empresa Afinia Grupo EPM ESP, en adelante Afinia, por el
presunto incumplimiento de los artículos 1 y 4, numerales 1 al 4, del Decreto 2647
de 2022; 75, 79, 130, 155 y 159 de la Ley 142 de 1994; 9 de la Ley 1437 de 2011;
16 de la Ley 1755 de 2015; 9 de la Ley 962 de 2005; 2.1.2.2.2.4 del Decreto 523
de 2021 y 9 del Decreto 019 de 2012, con el fin de que se les ordene que se
abstengan de exigirle requisitos no autorizados por la ley para la ruptura de la
solidaridad en el cobro de las facturas de energía.
2. Hechos
Los supuestos fácticos se resumen de la siguiente manera: la accionante
manifestó que la SSPD no ejerce sus funciones de inspección, vigilancia y control
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994.
Expuso que la SSPD y la empresa Afinia exigen como requisitos para adelantar el
procedimiento de ruptura de la solidaridad y para resolver requerimientos, la
acreditación de la titularidad del inmueble los certificados de libertad y tradición,
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así como, que los usuarios estén a paz y salvo con todos los consumos. Agregó
que aquellas no tienen en consideración otros medios para acreditar legitimación
en las reclamaciones, ni las facturas de energía en las cuales se evidencia el
nombre del propietario de la vivienda.
Refirió que no cuenta con ningún otro mecanismo judicial para que las autoridades
cumplan con la ley. Esto, pues una acción de tutela no es procedente y el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es idóneo por ser muy
demorado y no garantizar que el servicio de energía se preste sin ninguna
interrupción.
El 18 de junio de 2025, con el fin de acreditar el requisito de renuencia, el
accionante presentó un escrito a las accionadas en el cual les exigió el
cumplimiento de las normas invocadas en la demanda.
3. Admisión de la demanda
En auto de 6.º de agosto de 2025, la ponente del Tribunal Administrativo del Cesar
admitió la demanda, tuvo como pruebas los documentos aportados por el
demandante, y ordenó la notificación de lo decidido a la SSPD, al Grupo EPM
ESP, al DAPRE y al Ministerio Público.
4. Informe
4.3. La SSPD solicitó declarar la improcedencia por existir otro mecanismo judicial
idóneo y porque la acción se origina en la inconformidad con resoluciones que
negaron las apelaciones por falta de requisitos en solicitudes de ruptura de
solidaridad; adujo ausencia de renuencia, inexistencia de perjuicio grave e
inminente, e imprecisión fáctica al no individualizar hechos atribuibles a la entidad
que configuren un incumplimiento del ordenamiento jurídico.
Las demás vinculadas guardaron silencio.
5. Sentencia de primera instancia
En fallo de 18 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró
improcedente la acción de cumplimiento, por subsidiariedad. El a quo concluyó que
las disposiciones invocadas no contienen mandatos imperativos, expresos e
inobjetables a cargo de las demandadas y que el actor cuenta con otros mecanismos
judiciales para enervar sus pretensiones, sin que se acreditara la ocurrencia de un
perjuicio que permitiera superar el requisito de procedencia.
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6. Impugnación
La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, en resumen, pidió
revocar la sentencia y conceder la acción de cumplimiento para ordenar a las
accionadas que dejen de exigir requisitos adicionales (certificado de libertad y
tradición, certificado de nomenclatura, paz y salvo o pago de factura solidaria)
para resolver de fondo peticiones y recursos sobre ruptura de solidaridad; sostiene
que la factura a nombre del solicitante, el predial y declaraciones extrajuicio que
aportó{o en el trámite administrativo que adelantó y que resultó adverso a sus
intereses bastan para acreditar posesión/legitimación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
18 de septiembre de 2025 del Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del
CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de
marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la
competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
18 de septiembre de 2025. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, respecto del cumplimiento de los 1 y 4, numerales 1 al
4, del Decreto 2647 de 2022; 75, 79, 130, 155 y 159 de la Ley 142 de 1994; 9 de
la Ley 1437 de 2011; 16 de la Ley 1755 de 2015; 9 de la Ley 962 de 2005;
2.1.2.2.2.4 del Decreto 523 de 2021 y 9 del Decreto 019 de 2012, de conformidad
con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto; y (iv) el fondo del asunto.
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3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo1 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo2.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
1 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
Sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-
2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
2
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
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omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]3.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la
óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados
por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por
los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política4.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
3 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
4
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia
de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
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constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»5.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado6.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,7 a menos que estén apropiados;8 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional9.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este10 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-
2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
7 Cfr. Consejo de Estado, Sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
9
Sentencia antes citada.
10Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
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Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»11. Igualmente, esta Sección12 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[13] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
13
En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
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En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del
ciudadano»14.
En el caso concreto, el accionante acompañó con la demanda copia del escrito de
18 de junio de 2025, radicado a los correos electrónicos de las accionadas, en el
que les solicitó el obedecimiento de los artículos 1 y 4, numerales 1 al 4, del
Decreto 2647 de 2022; 75, 79, 130, 155 y 159 de la Ley 142 de 1994; 9 de la Ley
1437 de 2011; 16 de la Ley 1755 de 2015; 9 de la Ley 962 de 2005; 2.1.2.2.2.4 del
Decreto 523 de 2021 y 9 del Decreto 019 de 2012.
Lo anterior es suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, conforme el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, toda vez
que la falta de respuesta de las accionadas o la que se indica que se ha emitido
en atención a la solicitud formulada resulta contraria a los intereses del ciudadano.
3.4. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción.
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es
el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. El demandante invocó como
disposiciones incumplidas los artículos 1 y 4, numerales 1 al 4, del Decreto 2647
de 2022; 75, 79, 130, 155 y 159 de la Ley 142 de 1994; 9 de la Ley 1437 de 2011;
16 de la Ley 1755 de 2015; 9 de la Ley 962 de 2005; 2.1.2.2.2.4 del Decreto 523
de 2021 y 9 del Decreto 019 de 2012.
No obstante, el objeto del presente asunto implica controvertir la negativa de la
empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, por medio de la cual le
negó la exoneración de las obligaciones contenidas en las facturas de pago del
servicio público de energía eléctrica y la ruptura de la solidaridad. Por tanto, el
análisis de procedencia no se limita exclusivamente a las disposiciones invocadas,
porque el objeto de discusión en este asunto recae sobre una decisión adoptada al
interior de un trámite administrativo en el que se le impuso aportar ciertos
documentos para surtir el procedimiento de «rompimiento de la solidaridad».
14
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
8
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Aspecto que escapa a la lógica prevista por el constituyente para la acción de
cumplimiento
En ese orden, no es suficiente que los preceptos legales que se dicen
desatendidos por las accionadas superen el juicio de procedibilidad para que esta
Corporación analice de fondo sus pedimentos, pues implica un juicio de legalidad
respecto de las respuestas y requerimientos con los que Afinia resolvió
desfavorablemente los pedimentos del actor.
Así las cosas, esta Sección en este tipo de casos ha determinado la
improcedencia15 dado que, el debate propuesto se debe plantear debió controvertir
a través del medio de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho;
mecanismos en los cuales puede pedir las medidas cautelares que estime
pertinentes. Además, en este asunto no se alegó ni demostró la configuración de
un perjuicio irremediable que permita superar el cumplimiento del requisito de
procedencia contenido en el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997.
En este orden de ideas, para la Sala es clara la causal de improcedencia que
impide abordar el análisis de fondo de las pretensiones del demandante. En
consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia de 18 de septiembre de 2025 del Tribunal
Administrativo del Cesar que declaró improcedente la acción de cumplimiento.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
15 Puede consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 9 de septiembre de 2021,
radicación n.º 17001-23-33-000-2021-00078-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra; Sentencia de 23 de
septiembre de 2021, radicación n.º 13001-23-33-000-2021-00391-01, MP. Rocío Araújo Oñate; Sentencia de
21 de diciembre de 2021, radicación n.º 68001-23-33-000-2021-00745-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio;
Sentencia de 23 de marzo de 2023, radicación n.º 73001-23-33-000-2022-00467-01, MP. Pedro Pablo
Vanegas Gil; Sentencia de 11 de abril de 2024, radicación n.º 08001-23-33-000-2024-00023-01, MP. Omar
Joaquín Barreto Suárez; Sentencia de 2 de abril de 2024, radicación n.º 68001-23-33-000-2024-00181-01,
MP. Gloria María Gómez Montoya y Sentencia de 2 de mayo de 2024, radicación n.º 25000-23-41-000-2024-
00059-01, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
9
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá, D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Marisol Díaz
Demandados: Superintendencia Nacional de Notariado y Registro y otro
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00365-01
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUAREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Ausente con permiso
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
10
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá, D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
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