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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00399-01

Fecha
9 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00399-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia de 5 de septiembre de 2025 del Tribunal Administrativo del Cesar que declaró improcedente la acción de cumplimiento. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2025-00399-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

9 de octubre de 2025

Demandante: Carmen Alicia Arrieta
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otro
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00399-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: acción de cumplimiento
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00399-01
Demandante: Carmen Alicia Arrieta
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otro

Tema: confirma la sentencia impugnada que declaró improcedencia
de la acción.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 5 de septiembre de 2025, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Cesar declaró improcedente la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Carmen
Alicia Arrieta demandó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, en adelante DAPRE, a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, en adelante SSPD, y a la empresa Afinia Grupo EPM ESP, en
adelante Afinia, por el presunto incumplimiento de los artículos 1 y 4, numerales 1
al 4, del Decreto 2647 de 2022; 75, 79, 130, 155 y 159 de la Ley 142 de 1994; 9
de la Ley 1437 de 2011; 16 de la Ley 1755 de 2015; 9 de la Ley 962 de 2005;
2.1.2.2.2.4 del Decreto 523 de 2021 y 9 del Decreto 019 de 2012, con el fin de que
se les ordene que se abstengan de exigirle requisitos no autorizados por la ley
para la ruptura de la solidaridad en el cobro de las facturas de energía.

2. Hechos

Los supuestos fácticos se resumen de la siguiente manera: la accionante
manifestó que la SSPD no ejerce sus funciones de inspección, vigilancia y control
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994.

Expuso que la SSPD y la empresa Afinia exigen como requisitos para adelantar el
procedimiento de ruptura de la solidaridad y para resolver requerimientos, la

1
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Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otro
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acreditación de la titularidad del inmueble los certificados de libertad y tradición,
así como, que los usuarios estén a paz y salvo con todos los consumos. Agregó
que aquellas no tienen en consideración otros medios para acreditar legitimación
en las reclamaciones, ni las facturas de energía en las cuales se evidencia el
nombre del propietario de la vivienda.

Refirió que no cuenta con ningún otro mecanismo judicial para que las autoridades
cumplan con la ley. Esto, pues una acción de tutela no es procedente y el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es idóneo por ser muy
demorado y no garantizar que el servicio de energía se preste sin ninguna
interrupción.

El 19 de junio de 2025, con el fin de acreditar el requisito de renuencia, la
accionante presentó un escrito a las accionadas en el cual les exigió el
cumplimiento de las normas invocadas en la demanda.

3. Admisión de la demanda

En auto de 19 de agosto de 20251, la ponente del Tribunal Administrativo del
Cesar admitió la demanda, tuvo como pruebas los documentos aportados por la
demandante, y ordenó la notificación de lo decidido a la SSPD, al Grupo EPM
ESP, al DAPRE y al Ministerio Público.

4. Informes

4.1. Afinia pidió que se declara la improcedencia de la acción de cumplimiento,
sostuvo que los documentos aportados no prueban la calidad de usuario o
suscriptor por parte de la actora; que el contrato de condiciones uniformes
define los supuestos y soportes para la ruptura de solidaridad y exige acreditar
propiedad, posesión o vínculo con el inmueble; afirma la improcedencia porque,
en realidad, se busca impedir el cobro de una obligación del servicio y porque la
demanda no individualiza hechos concretos de incumplimiento; invoca el carácter
subsidiario de la Ley 393 de 1997, niega que las normas citadas le impongan
deber alguno.

4.2. El DAPRE se opuso a la prosperidad de lo pretendido. Alegó en síntesis lo
siguiente: (i) falta de renuencia, (ii) improcedencia del medio y (iii) falta de
legitimación por pasiva; destacó que, según el artículo 4 del Decreto 2647 de
2022, no tiene competencia sobre la prestación ni la inspección, vigilancia y
control de los servicios públicos.

1
Previa remisión por competencia del juzgado 4 Administrativo de Valledupar, por medio de auto de 4 de
agosto de 2025.

2

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4.3. La SSPD solicitó declarar improcedente la acción porque la actora dispone de
otros medios de defensa judicial para alegar lo pretendido, alegó que no se
acreditó debidamente la constitución en renuencia frente a la SSPD y que las
pretensiones no guardan relación con sus funciones legales, por lo cual propone la
falta de legitimación en la causa por pasiva.

5. Sentencia de primera instancia

En fallo de 5 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró
improcedente la acción de cumplimiento, por subsidiariedad. El a quo concluyó que
las disposiciones invocadas no contienen mandatos imperativos, expresos e
inobjetables a cargo de las demandadas y que el actor cuenta con otros mecanismos
judiciales para enervar sus pretensiones, sin que se acreditara la ocurrencia de un
perjuicio que permitiera superar el requisito de procedencia.

6. Impugnación

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, en resumen, pidió
revocar la sentencia y conceder la acción de cumplimiento para ordenar a las
accionadas que dejen de exigir requisitos adicionales (certificado de libertad y
tradición, certificado de nomenclatura, paz y salvo o pago de factura solidaria)
para resolver de fondo peticiones y recursos sobre ruptura de solidaridad; sostiene
que la factura a nombre del solicitante, el predial y declaraciones extrajuicio que
aportó{o en el trámite administrativo que adelantó y que resultó adverso a sus
intereses bastan para acreditar posesión/legitimación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 5
de septiembre de 2025 del Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA,
así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de
2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la
competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 5
de septiembre de 2025. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:

3

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¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, respecto del cumplimiento de los 1 y 4, numerales 1 al
4, del Decreto 2647 de 2022; 75, 79, 130, 155 y 159 de la Ley 142 de 1994; 9 de
la Ley 1437 de 2011; 16 de la Ley 1755 de 2015; 9 de la Ley 962 de 2005;
2.1.2.2.2.4 del Decreto 523 de 2021 y 9 del Decreto 019 de 2012, de conformidad
con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto; y (iv) el fondo del asunto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo2 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
2 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
Sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-
2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

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[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo3.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]4.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya

3 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 1998. MP.
Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
4
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.

5

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dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la
óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados
por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por
los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política5.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»6.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado7.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,8 a menos que estén apropiados;9 o cuando se

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia

de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-

2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-

2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
8
Cfr. Consejo de Estado, Sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.

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pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional10.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este11 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»12. Igualmente, esta Sección13 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el

9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-

2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
10 Sentencia antes citada.
11Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en

renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063

(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
13
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.

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procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[14] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del
ciudadano»15.

En el caso concreto, la accionante acompañó con la demanda copia del escrito de
19 de junio de 2025, radicado a los correos electrónicos de las accionadas, en el
que les solicitó el obedecimiento de los artículos 1 y 4, numerales 1 al 4, del
Decreto 2647 de 2022; 75, 79, 130, 155 y 159 de la Ley 142 de 1994; 9 de la Ley
1437 de 2011; 16 de la Ley 1755 de 2015; 9 de la Ley 962 de 2005; 2.1.2.2.2.4 del
Decreto 523 de 2021 y 9 del Decreto 019 de 2012.

Lo anterior es suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, conforme el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, toda vez
que la falta de respuesta de las accionadas o la que se indica que se ha emitido
en atención a la solicitud formulada resulta contraria a los intereses del ciudadano.

14 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.

ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
15
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

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3.4. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción.

La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es
el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. El demandante invocó como
disposiciones incumplidas los artículos 1 y 4, numerales 1 al 4, del Decreto 2647
de 2022; 75, 79, 130, 155 y 159 de la Ley 142 de 1994; 9 de la Ley 1437 de 2011;
16 de la Ley 1755 de 2015; 9 de la Ley 962 de 2005; 2.1.2.2.2.4 del Decreto 523
de 2021 y 9 del Decreto 019 de 2012.

No obstante, el objeto del presente asunto implica controvertir la negativa de la
empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, por medio de la cual le
negó la exoneración de las obligaciones contenidas en las facturas de pago del
servicio público de energía eléctrica y la ruptura de la solidaridad. Por tanto, el
análisis de procedencia no se limita exclusivamente a las disposiciones invocadas,
porque el objeto de discusión en este asunto recae sobre una decisión adoptada al
interior de un trámite administrativo en el que se le impuso aportar ciertos
documentos para surtir el procedimiento de «rompimiento de la solidaridad».
Aspecto que escapa a la lógica prevista por el constituyente para la acción de
cumplimiento

En ese orden, no es suficiente que los preceptos legales que se dicen
desatendidos por las accionadas superen el juicio de procedibilidad para que esta
Corporación analice de fondo sus pedimentos, pues implica un juicio de legalidad
respecto de las respuestas y requerimientos con los que Afinia resolvió
desfavorablemente los pedimentos de la accionante.

Así las cosas, esta Sección en este tipo de casos ha determinado la
improcedencia16 dado que, el debate propuesto se debe plantear debió controvertir
a través del medio de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho;
mecanismos en los cuales puede pedir las medidas cautelares que estime
pertinentes. Además, en este asunto no se alegó ni demostró la configuración de
un perjuicio irremediable que permita superar el cumplimiento del requisito de
procedencia contenido en el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997.

16 Puede consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 9 de septiembre de 2021,

radicación n.º 17001-23-33-000-2021-00078-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra; Sentencia de 23 de
septiembre de 2021, radicación n.º 13001-23-33-000-2021-00391-01, MP. Rocío Araújo Oñate; Sentencia de
21 de diciembre de 2021, radicación n.º 68001-23-33-000-2021-00745-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio;
Sentencia de 23 de marzo de 2023, radicación n.º 73001-23-33-000-2022-00467-01, MP. Pedro Pablo
Vanegas Gil; Sentencia de 11 de abril de 2024, radicación n.º 08001-23-33-000-2024-00023-01, MP. Omar
Joaquín Barreto Suárez; Sentencia de 2 de abril de 2024, radicación n.º 68001-23-33-000-2024-00181-01,
MP. Gloria María Gómez Montoya y Sentencia de 2 de mayo de 2024, radicación n.º 25000-23-41-000-2024-
00059-01, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.

9

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Demandante: Carmen Alicia Arrieta
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otro
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00399-01

En este orden de ideas, para la Sala es clara la causal de improcedencia que
impide abordar el análisis de fondo de las pretensiones de la demandante. En
consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia de 5 de septiembre de 2025 del Tribunal
Administrativo del Cesar que declaró improcedente la acción de cumplimiento.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUAREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

10

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