RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2026-00137-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2026-00137-01

Fecha
13 de mayo de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2026-00137-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la providencia impugnada de 8 de mayo de 2026 proferida la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo de Cesar, Magistrado Ponente Manuel Fernando Guerrero Bracho. 2°) A través de los funcionarios de la Secretaría General del Consejo de Estado,

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2026-00137-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

13 de mayo de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, trece (13) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 20001-23-33-000-2026-00137-01
Actores: JOSÉ CARLOS TONCEL GARCÍA, JUAN DAVID
LÓPEZ ROJAS Y HEIVIND PALOMINO GUTIÉRREZ
Demandados: JUZGADO 103 PENAL CON FUNCIÓN DE CONTROL
DE GARANTÍAS DE VALLEDUPAR Y OTROS
Acción: HABEAS CORPUS
Asunto: APELACIÓN DE FALLO

Síntesis del caso: los señores José Carlos Toncel García, Juan David López Rojas y
Federman Asley López presentan acción constitucional de habeas corpus por considerar que
aunque se encuentran privados de la libertad en cumplimiento de una medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario proferida
por el Juzgado Ciento Tres Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
Ambulante de Valledupar (Cesar), aún no se ha resuelto el recurso de apelación que, a través
de apoderado, formularon contra dicha decisión; en consecuencia, sostienen que existe una
prolongación ilegal la privación de la libertad, en especial porque afirman desconocer cuál es
el despacho judicial que tramita la alzada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1095 de 2006 resuelve el
despacho en Sala Unitaria de Decisión la impugnación formulada por los actores
contra la providencia proferida el 8 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo del
Cesar mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de habeas corpus
formulada por los señores José Carlos Toncel García, Juan David López Rojas y
Federman Asley López.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de habeas corpus

A través de escrito radicado el 7 de mayo de 2026 los señores José Carlos Toncel
García, Juan David López Rojas y Heivind Palomino Gutiérrez a través de apoderado
judicial y en ejercicio de la acción constitucional de habeas corpus pidieron que se
conceda la protección de sus derechos fundamentales a la libertad y el debido proceso

2

Expediente 20000-23-33-000-2026-00137-01
Actores: José Carlos Toncel García y otros
Acción de habeas corpus - Apelación fallo

y, en consecuencia, se ordene su libertad inmediata “por haberse configurado una una
prolongación ilegal, indebida e injustificable de la privación de la libertad, derivada de
la falta de trámite verificable, concesión, remisión, reparto, registro, ubicación, decisión
y control efectivo del recurso de apelación interpuesto y sustentado en la misma
audiencia contra la decisión que les impuso medida de aseguramiento el 26 de marzo
de 2026” (fl. 2 del PDF “002Demandayanexo” – índice 3 SAMAI de la primera
instancia).

2. Los fundamentos de la solicitud de habeas corpus

Como sustento fáctico de la petición del expediente se extrae, en síntesis, lo siguiente:

1) El 20 de marzo de 2026 fueron capturados en la ciudad de Valledupar (Cesar) por
la presunta comisión del delito de extorsión 1.

2) Mediante providencia dictada en audiencia del 26 de marzo de 2026, el Juzgado
Ciento Tres Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de
Valledupar (Cesar) impuso en su contra medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva en establecimiento carcelario por la supuesta comisión de los
punibles de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión en concurso con
extorsión agravada 2.

3) En la misma fecha, por conducto de apoderado judicial, interpusieron y sustentaron
recurso de apelación, en el efecto devolutivo, contra la decisión que restringió su
libertad.

4) Pese a lo anterior, no cuentan con constancia de remisión de la impugnación ante
el superior funcional, tampoco tienen el número interno asignado, la identificación del

1
Según consta en actas de derechos de capturado de Juan David López Rojas, Federman Asley López
y José Carlos Toncel García (fls. 88 a 93 del PDF “002Demandayanexo” – índice 3 SAMAI de la primera
instancia).
2
Se precisa que en contra de Federman Asley López se impuso la medida por “los delitos de concierto
para delinquir agravado con fines de extorsión en concurso heterogéneo con extorsión agravada en
concurso homogéneo establecidos en los artículos 340 inciso 2, 244 y 245 numeral 7 del código penal”;
en contra Juan David López Rojas y José Carlos Toncel García la medida fue “por los delitos de
concierto para delinquir agravado con fines de extorsión en concurso heterogéneo con extorsión
agravada en concurso homogéneo y extorsión agravada en grado de tentativa establecidos en los
artículos 340 inciso . 2, 244, 245 numeral 7 y 27 del código penal”, tal como consta en el acta de
audiencia de imposición de medida de aseguramiento visible en PDF “23Recepciónexp” - índice 10
SAMAI de la primera instancia).

3

Expediente 20000-23-33-000-2026-00137-01
Actores: José Carlos Toncel García y otros
Acción de habeas corpus - Apelación fallo

despacho receptor o la decisión de la segunda instancia. Afirman desconocer si el
recurso fue concedido, remitido, repartido, recibido o resuelto.

5) Para el 7 de mayo de 2026 habían transcurrido cuarenta y dos (42) días calendario
desde la imposición de la medida de aseguramiento sin que se hubiera resuelto el
recurso de apelación y, aunque el proceso penal ha continuado su trámite ordinario,
consideran que existe una prolongación ilegal de la libertad y, por ende, debe
prosperar la acción de habeas corpus, máxime si se considera que la impugnación
“ha permanecido sin trazabilidad” (PDF “002Demandayanexo” – índice 3 SAMAI de la
primera instancia).

3. La actuación procesal

Las diligencias procesales adelantadas en el presente asunto fueron las siguientes:

1) Surtido el respectivo reparto correspondió el conocimiento de la acción de la
referencia al Tribunal Administrativo del Cesar quien, en Sala Unitaria presidida por el
magistrado Manuel Fernando Guerrero Bracho, la admitió en primera instancia a
través de auto de 7 de mayo de 2026 (índice 5 SAMAI – expediente digital de primera
instancia), según lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1095 de 2006.

En esa misma providencia ordenó comunicar la decisión al Juzgado Ciento Tres Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de Valledupar (Cesar),
al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Valledupar y a la
Sala Transitoria para la privación de la libertad “Permanente Central” de Valledupar
para que, a la mayor brevedad posible, rindieran un informe sobre los hechos que
dieron lugar al ejercicio de la acción constitucional y allegaran las actuaciones surtidas
en el proceso penal seguido en contra de los detenidos José Carlos Toncel García,
Juan David López Rojas y Federman Asley López.

2) De igual manera, en auto del 8 de mayo de 2006 el tribunal de primera instancia
requirió a la Oficina Judicial de Valledupar (Cesar) para que rindiera el respectivo
informe que llevó al ejercicio de la acción constitucional.

3) En cumplimiento de las ordenes de que trata los numerales anteriores, el Juzgado
Ciento Tres Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de

4

Expediente 20000-23-33-000-2026-00137-01
Actores: José Carlos Toncel García y otros
Acción de habeas corpus - Apelación fallo

Valledupar (Cesar), el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de
Valledupar, el comandante de la Estación de Policía de Valledupar a cargo de las
instalaciones de la “Permanente Central de Valledupar” y la Oficina Judicial de
Valledupar (Cesar) allegaron los informes a ellos requeridos (índices 8, 9, 10, 14 ,15,
16 y 17 SAMAI de la primera instancia).

4) En proveído de 8 de mayo de 2026 (índice 19 SAMAI de la primera instancia) fue
resuelta la solicitud de habeas corpus en el sentido de declarar improcedente la
acción.

5) La anterior providencia le fue notificada a los actores (índice 21 SAMAI de la primera
instancia), quienes a través de su apoderado judicial interpusieron recurso de
apelación (índice 22 SAMAI de la primera instancia) el cual fue concedido por el a quo
en auto 11 de mayo de 2026 (índice 21 SAMAI de la primera instancia).

4. La providencia impugnada

Mediante la decisión impugnada se declaró improcedente la solicitud de habeas
corpus elevada por los accionantes con sustento en las siguientes consideraciones:

“El accionante sostiene que las autoridades accionadas han incurrido en una
prolongación ilícita de la privación de la libertad de sus defendidos, pues,
aunque el 26 de marzo de 2026 a estos se les impuso medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento
carcelario y contra esta interpuso y sustentó el correspondiente recurso de
apelación, no ha recibido el acta de la audiencia ni constancias de
concesión, remisión, reparto o decisión de segunda instancia, de manera
que – asegura - el recurso ha permanecido sin trazabilidad verificable por
más de cuarenta días, circunstancia que, a su juicio, convirtió la ejecución
provisional de la medida en una prolongación ilegal e indebida de la
restricción de la libertad.
(…).
En el presente asunto, el Despacho concluye que la acción de habeas
corpus deviene improcedente, por cuanto fue promovida sin que la parte
actora acreditara haber acudido previamente a los mecanismos ordinarios
de impulso, verificación y reclamación disponibles dentro del proceso penal
para establecer el estado del recurso de apelación que, según afirma,
interpuso contra la medida de aseguramiento impuesta contra sus
defendidos el 26 de marzo de 2026.
(…).
En el asunto bajo examen, la inconformidad del accionante no recae sobre
una captura practicada por fuera de los cauces legales, ni sobre la
inexistencia inicial de un título judicial de privación de la libertad. Por el
contrario, de los elementos allegados se desprende que los procesados se

5

Expediente 20000-23-33-000-2026-00137-01
Actores: José Carlos Toncel García y otros
Acción de habeas corpus - Apelación fallo

encuentran privados de la libertad con fundamento en una medida de
aseguramiento impuesta por autoridad judicial competente y respaldada,
además, por la correspondiente boleta de encarcelamiento.
La controversia planteada por el accionante (defensor de los detenidos) se
ubica, entonces, en un plano distinto: el curso que habría debido seguir el
recurso de apelación interpuesto contra dicha medida de aseguramiento. Sin
embargo, precisamente por tratarse de un asunto inserto en el
desenvolvimiento de un proceso penal activo, correspondía al apoderado
agotar, antes de acudir al juez constitucional, actuaciones mínimas y
razonables orientadas a verificar e impulsar el trámite de la alzada ante las
dependencias competentes.
En esa dirección, resultaba exigible, al menos, que el defensor acreditara
haber requerido al despacho que conoció la audiencia; solicitado
información al Centro de Servicios Judiciales; verificado el eventual reparto
ante la dependencia correspondiente o promovido, por las vías
intraprocesales procedentes, la puesta en conocimiento de una eventual
mora, omisión o irregularidad en el trámite del recurso.
No obstante, el expediente no revela constancia alguna de que tales
gestiones se hubieran desplegado con anterioridad a la formulación del
hábeas corpus. Esa omisión no puede estimarse jurídicamente irrelevante,
pues impide tener por demostrado que la parte accionante hubiese agotado,
o al menos activado, los cauces ordinarios con los que contaba para
esclarecer el estado del recurso y reclamar su impulso dentro del proceso
penal.
A lo anterior se suma una consideración adicional de especial importancia.
El artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 impone al abogado, entre otros, el
deber de colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la
justicia y de atender con celosa diligencia los encargos profesionales a su
cargo. Tales mandatos no se agotan en la presentación inicial de recursos,
sino que comprenden también el deber de seguimiento serio, oportuno y
eficaz de las actuaciones judiciales promovidas en defensa de los intereses
confiados.
Desde esa perspectiva, si el profesional del derecho estimaba que la
apelación interpuesta no tenía trazabilidad verificable, le incumbía demostrar
que activó oportunamente las gestiones ordinarias a su alcance para obtener
información, reclamar el curso del trámite y poner de presente la eventual
irregularidad ante las autoridades competentes. No habiéndolo hecho, no
resulta de recibo que se pretenda trasladar de manera inmediata al juez de
hábeas corpus la carga de reconstruir y dirigir un trámite que, en su fase
natural, correspondía primero impulsar a la propia defensa dentro del
proceso penal.” (fls. 6 a 8 del PDF “53Autodecide” índice 19 SAMAI de la
primera instancia).

5. El recurso de apelación

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de los actores la impugnó mediante
escrito radicado el 9 de mayo de 2026 (índice 22 SAMAI de la primera instancia) con
sustento en los siguientes argumentos:

1) El Tribunal Administrativo del Cesar consideró que no satisfizo el presupuesto de
subsidiaridad porque no se agotó previamente las gestiones de impulso, verificación

6

Expediente 20000-23-33-000-2026-00137-01
Actores: José Carlos Toncel García y otros
Acción de habeas corpus - Apelación fallo

y reclamación ante el juzgado que impuso la medida de aseguramiento, el Centro de
Servicios Judiciales, la Oficina Judicial o las dependencias involucradas en el trámite
de la apelación formulada contra la decisión del 26 de marzo de 2026; sin embargo,
tal conclusión resulta equivocada, pues implica exigir a la defensa documentos que
permanecen en custodia de la administración judicial y, en todo caso, lo cierto es que
la solicitud de habeas corpus debe prosperar porque la medida intramural permaneció
sin trazabilidad judicial verificable, sin acta visible, sin constancia cierta de remisión,
sin reparto comprobable y sin identificación efectiva del despacho de segunda
instancia encargado de resolver, de modo que esta situación configura una
prolongación ilegal de la libertad de los señores José Carlos Toncel García, Juan
David López Rojas y Federman Asley López.

2) El a quo en lugar de establecer si la apelación contaba con trazabilidad efectiva,
constancia de remisión, reparto, juez de segunda instancia asignado y trámite
funcional en curso, concentró el análisis en una supuesta omisión de gestiones previas
por parte de la defensa, cuando lo verdaderamente relevante consistente en que la
medida intramural no tiene una ruta institucional, clara, verificable y funcional.

3) Aunque el Juzgado Ciento Tres Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías Ambulante de Valledupar (Cesar) informó que concedió el recurso de
apelación en el efecto devolutivo y ordenó la remisión inmediata de la actuación al
Centro de Servicios Judicial del Sistema Acusatorio de Valledupar para surtir el trámite
de segunda instancia, dicha dependencia indicó en -informe incorporado en el
expediente de la referencia- que en sus registros no se avizoraba el acta de la
audiencia concentrada que acreditara la interposición y concesión del recurso en
contra la providencia que impuso la medida de aseguramiento, de modo que no se
efectuó reparto alguno entre los juzgados penales del circuito de Valledupar; en
consecuencia, los accionantes permanecen privados de la libertad sin que exista
trámite funcional de segunda instancia. La contradicción entre la información
suministrada por el Centro de Servicios Judicial del Sistema Acusatorio de Valledupar
y la reportada por el Juzgado Ciento Tres Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías Ambulante de Valledupar (Cesar) evidencia la existencia de un problema
constitucional.

4) En ningún momento solicitó al juez constitucional resolver el recurso de apelación
contra la medida de aseguramiento ni revocar dicha decisión; por el contrario, la

7

Expediente 20000-23-33-000-2026-00137-01
Actores: José Carlos Toncel García y otros
Acción de habeas corpus - Apelación fallo

petición de habeas corpus se promovió porque la privación de la libertad continúa
vigente sin que exista constancia sobre el despacho judicial que tramita la
impugnación formulada contra la providencia que impuso la restricción.

5) El juez constitucional no puede negar el habeas corpus sin ordenar previamente
una certificación precisa sobre la ruta del proceso, esto es, se necesita establecer
quién concedió el recurso, en qué efecto se otorgó, cuál es el número de radicación y
qué autoridad judicial debe resolverlo; asimismo, se debe dar aplicación a los
principios pro homine y pro libertate.

6) La existencia de una boleta de encarcelamiento sustentada en una medida de
aseguramiento no implica que los actores deban permanecer indefinidamente
privados de la libertad cuando el recurso destinado a revisar esa decisión no avanza
con una trazabilidad verificable; además, la concesión de la apelación en efecto
devolutivo no justifica la ausencia indefinida de reparto, constancia o decisión.

7) Existe una ruptura de coordinación entre el despacho judicial de garantías y el
Centro de Servicios Judiciales y, aunque en un correo electrónico posterior este último
hizo referencia a un envío interno, una ubicación posterior o una actualización del
proceso en el Sistema de Gestión Documental Electrónico, ello no subsana la
irregularidad advertida y, por consiguiente, se debe adoptar una decisión material que
impida que los procesados continúen privados de la libertad mientras la apelación
permanece sin trazabilidad efectiva, sin reparto cierto o sin identificación del juez de
segunda instancia competente.

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios de la acción constitucional, sin que exista causal
alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede esta Sala Unitaria a resolver el
asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) contenido y regulación
del habeas corpus y, 2) el caso objeto de decisión.

1. Contenido y regulación del habeas corpus

Respecto del contenido, naturaleza jurídica y regulación del habeas corpus, es
pertinente precisar lo siguiente:

8

Expediente 20000-23-33-000-2026-00137-01
Actores: José Carlos Toncel García y otros
Acción de habeas corpus - Apelación fallo

1) El Constituyente de 1991 instituyó el habeas corpus como derecho constitucional
fundamental en el artículo 30 de la Constitución Política en los siguientes términos:

“Artículo 30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo
ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en
todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe
resolverse en el término de treinta y seis (36) horas”.

2) Esa elevada garantía fue reglamentada por la Ley 1095 de 2006 la que en el artículo
1° le otorgó la doble connotación de derecho fundamental y de acción constitucional
de amparo de la libertad personal aspecto este que, según la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, en particular por lo expuesto en la sentencia C-187 de 2006, la
circunstancia de considerarse que el habeas corpus es una acción en modo alguno le
quita la naturaleza de derecho constitucional fundamental, el cual precisamente se
materializa a través del ejercicio de la acción.

En esa perspectiva el habeas corpus es entonces un derecho constitucional
fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal
cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales
o legales, o esta se prolongue ilegalmente y que, únicamente puede incoarse por una
sola vez y para su decisión se debe aplicar el principio pro homine.

3) De lo anterior se establece que las causales para invocar la solicitud de habeas
corpus se concretan en dos: a) la violación de las garantías constitucionales y, b) la
privación ilegal de la libertad o su ilegal prolongación, aspecto esto sobre el cual, con
ocasión de analizar la exequibilidad de la Ley 1095 del 2006, en la sentencia C-187
de ese mismo año la Corte Constitucional precisó lo siguiente: “se trata de hipótesis
amplias y genéricas que hacen posible la protección del derecho a la libertad personal
frente a una variedad impredecible de hechos. La lectura conjunta de los artículos 28
y 30 de la Carta Política, pone de manifiesto la reserva legal y judicial para autorizar
la privación de la libertad de la persona, más aún si se considera que ésta constituye
un presupuesto para el ejercicio de otras libertades y derechos”.

4) En ese marco legal y jurisprudencial se advierte que la acción constitucional de
habeas corpus procede cuando hay una privación ilegal de la libertad y el afectado no
cuenta con un mecanismo procesal eficiente para la protección de su derecho.

9

Expediente 20000-23-33-000-2026-00137-01
Actores: José Carlos Toncel García y otros
Acción de habeas corpus - Apelación fallo

2. El caso objeto de decisión

1) Se pone de presente que en el presente asunto el tribunal de primera instancia
declaró improcedente la solicitud de habeas corpus por el hecho de que i) los actores
se encuentran detenidos en cumplimiento de una medida de aseguramiento y, ii)
correspondía al apoderado de los accionantes realizar las gestiones necesarias de
impulso procesal para establecer el estado del recurso de apelación que se interpuso
contra la decisión que restringió la libertad de aquellos.

Los demandantes en la impugnación solicitan que se ordene su libertad inmediata,
para lo cual insisten en que no existe trazabilidad respecto de la impugnación
formulada contra la decisión que impuso la medida de aseguramiento de detención en
establecimiento carcelario y que dicha irregularidad ha ocasionado una prolongación
ilegal de la libertad.

2) En los términos en los que ha sido propuesta la apelación esta Sala de Decisión
confirmará la sentencia de primera instancia, por razones distintas y que se exponen
a continuación:

a) El artículo 2 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal con base en el
cual se adelanta el proceso penal en contra de los aquí accionantes, prevé que nadie
podrá ser privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad
judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente
definidos en la ley; asimismo, la referida disposición establece que es el juez de control
de garantías quien ordena el levantamiento de la medida de aseguramiento, el texto
de la norma es el siguiente:

“ARTÍCULO 2. LIBERTAD. Toda persona tiene derecho a que se
respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni
privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de
autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y
por motivos previamente definidos en la ley.

El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la
Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte
necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba
o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente,
por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este
código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las
circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o
desproporcionada (…)” (negrillas fuera de texto).

10

Expediente 20000-23-33-000-2026-00137-01
Actores: José Carlos Toncel García y otros
Acción de habeas corpus - Apelación fallo

b) Los artículos 308 y 313 de la Ley 906 de 2004 estatuyen que el juez de control de
garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o su delegado, decretara la
medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, en
los siguientes términos:

“ARTÍCULO 308. Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del
Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de
aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia
física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se
pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe
de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla
alguno de los siguientes requisitos:

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar
que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.

2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o
de la víctima.

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que
no cumplirá la sentencia.

PÁRAGRAFO. La calificación jurídica provisional contra el procesado no
será, en sí misma, determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la
justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la
probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que no
cumplirá la sentencia. El Juez de Control de Garantías deberá valorar de
manera suficiente si en el futuro se configurarán los requisitos para decretar
la medida de aseguramiento, sin tener en consideración exclusivamente la
conducta punible que se investiga.

ARTÍCULO 313. Procedencia de la detención preventiva. Satisfechos los
requisitos señalados en el artículo 308, procederá la detención preventiva
en establecimiento carcelario, en los siguientes casos:

1. En los delitos de competencia de los jueces penales de circuito
especializados.

2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista
por la ley sea o exceda de cuatro (4) años.

3. En los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal,
cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. Cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito
o contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a
partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido
la preclusión o absolución en el caso precedente.”.

c) Por su parte, el artículo 36 de la Ley 906 de 2004 dispone que los jueces penales
del circuito son los competentes para conocer del recurso de apelación interpuesto
contra los autos proferidos por los jueces que ejerzan la función de control de
garantías, mientras que el artículo 177 del mismo Código de Procedimiento Penal

11

Expediente 20000-23-33-000-2026-00137-01
Actores: José Carlos Toncel García y otros
Acción de habeas corpus - Apelación fallo

preceptúa que el recurso de apelación interpuesto en contra del auto que impone una
medida de aseguramiento se concede en el efecto devolutivo; a su vez, el artículo 178
de la misma codificación establece el trámite que se debe imponer para la concesión
y conocimiento de dicho recurso, así:

“ARTÍCULO 36. De los jueces penales del circuito. Los jueces penales
de circuito conocen:

1. Del recurso de apelación contra los autos proferidos por los jueces
penales municipales o cuando ejerzan la función de control de garantías.

2. De los procesos que no tengan asignación especial de competencia.

3. De la definición de competencia de los jueces penales o promiscuos
municipales del mismo circuito.

ARTÍCULO 177. Efectos. La apelación se concederá:

(…) En el efecto devolutivo, en cuyo caso no se suspenderá el cumplimiento
de la decisión apelada ni el curso de la actuación:

1. El auto que resuelve sobre la imposición, revocatoria o sustitución de una
medida de aseguramiento.

2. El auto que resuelve sobre la imposición de una medida cautelar que
afecte bienes del imputado o acusado.

3. El auto que resuelve sobre la legalización de captura.

4. El auto que decide sobre el control de legalidad del diligenciamiento de
las órdenes de allanamiento y registro, retención de correspondencia,
interceptación de comunicaciones o recuperación de información dejada al
navegar por Internet u otros medios similares.

5. El auto que imprueba la aplicación del principio de oportunidad en la
etapa de investigación; y

6. El auto que admite la práctica de la prueba anticipada.

ARTÍCULO 178. Trámite del recurso de apelación contra autos. Se
interpondrá, sustentará y correrá traslado a los no impugnantes en la
respectiva audiencia. Si el recurso fuere debidamente sustentado se
concederá de inmediato ante el superior en el efecto previsto en el artículo
anterior.

Recibida la actuación objeto del recurso el juez lo resolverá en el término de
cinco (5) días y citará a las partes e intervinientes a audiencia de lectura de
auto dentro de los cinco (5) días siguientes.

Si se trata de juez colegiado, el Magistrado ponente dispondrá de cinco (5)
días para presentar proyecto y de tres (3) días la Sala para su estudio y
decisión. La audiencia de lectura de providencia será realizada en 5 días.”.

d) De otro lado, el artículo 317 de la Ley 906 de 2004 prevé cuáles son las causales

12

Expediente 20000-23-33-000-2026-00137-01
Actores: José Carlos Toncel García y otros
Acción de habeas corpus - Apelación fallo

de libertad de los imputados o acusados, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 317. Causales de libertad. Las medidas de aseguramiento
indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la
actuación, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 307
del presente código sobre las medidas de aseguramiento privativas de la
libertad. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo
procederá en los siguientes eventos:

1. Cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada que
para este efecto se haga, o se haya decretado la preclusión, o se haya
absuelto al acusado.

2. Como consecuencia de la aplicación del Principio de Oportunidad.

3. Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido
aceptado por el Juez de Conocimiento.

4. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de
imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la
preclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 294.

5. Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a partir de la
fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la
audiencia de juicio.

6. Cuando transcurridos ciento cincuenta (150) días contados a partir de la
fecha de inicio de la audiencia de juicio, no se haya celebrado la audiencia
de lectura de fallo o su equivalente.

Parágrafo 1. Los términos dispuestos en los numerales 4, 5 y 6 del presente
artículo se incrementarán por el mismo término inicial, cuando el proceso se
surta ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) o más los imputados
o acusados, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de
que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en
el Título IV del Libro Segundo, o cuando se trate de los delitos contemplados
en el artículo 103A y el delito de feminicidio del artículo 104A de la
Ley 599 de 2000 (Código Penal).

Parágrafo 2. En los numerales 4 y 5 se restablecerán los términos cuando
hubiere improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la
aplicación del principio de oportunidad.

Parágrafo 3. Cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar o
terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, no se
contabilizarán dentro de los términos contenidos en los numerales 5 y 6 de
este artículo, los días empleados en ellas.

Cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar o terminar por causa
razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos
al juez o a la administración de justicia, la audiencia se iniciará o reanudará
cuando haya desaparecido dicha causa y a más tardar en un plazo no
superior a la mitad del término establecido por el legislador en los numerales
5 y 6 del artículo 317”.

e) La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que, en

13

Expediente 20000-23-33-000-2026-00137-01
Actores: José Carlos Toncel García y otros
Acción de habeas corpus - Apelación fallo

los casos en los cuales se solicita la libertad por una prolongación de los límites del
cautiverio, se debe formular la petición de libertad ante el juez competente y agotar
los recursos correspondientes, de la siguiente forma:

“La acción de habeas corpus, debe agregarse, no ha sido concebida para
sustituir los mecanismos ordinarios de defensa, establecidos al interior del
ordenamiento penal para protección de la vigencia del derecho fundamental,
pues desatender la existencia de aquellos conllevaría a pasar por alto «la
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio» (art. 29
Constitución Política).

En consecuencia, la procedencia de esta vía de acción se encuentra
supeditada a que el afectado con la privación ilegal de la libertad o con su
prolongación ilícita, haya acudido primero a los medios previstos en el
ordenamiento legal dentro del proceso que se le adelanta, pues lo contrario
conduce a una injerencia indebida en las facultades que son propias del
funcionario judicial que conoce de la respectiva actuación.

Así pues, cuando existe una actuación judicial en trámite, el habeas corpus
no puede emplearse con alguno de los siguientes propósitos: i) sustituir los
procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse
las peticiones de libertad, ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición
y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar
las decisiones que interfieren el derecho, iii) desplazar al funcionario judicial
competente, y iv) obtener una opinión diversa -a manera de instancia
adicional- de la autoridad llamada a resolver el particular.

(…).

Según se extrae del escrito contentivo de la demanda, esta fue formulada
con el propósito de que el juez constitucional declare que en el caso seguido
en contra de CARLOS ANDRÉS OCHOA VARGAS, han sido desbordados
los límites temporales de cautiverio, y, subsecuentemente, se conceda la
libertad de aquel; sin embargo, en atención a que el ámbito de aplicación de
este mecanismo se restringe a los casos referidos en el acápite precedente,
y su ejercicio es de carácter residual y subsidiario, resulta evidente la
improcedencia del amparo deprecado, tal como lo concluyó la Magistrada en
primera instancia.

Pertinente es señalar en este aparte que la jurisprudencia de esta
Corporación, frente a la materia, ha establecido, entre otras cosas, que:

‘Lo expedito del mecanismo constitucional no es razón para sustituir los
procedimientos ordinarios, mientras no sea demostrada su ineficacia frente
a la posible vulneración del derecho a la libertad, pues de otro modo lo
excepcional terminaría siendo lo usual y viceversa, lo cual no corresponde a
la inteligencia de la norma ni a la naturaleza del habeas corpus.

Además, (…) durante el trámite del proceso penal y hasta tanto no se
haya emitido declaración de responsabilidad penal en contra del
acusado, la única autoridad judicial facultada para afectar su
libertad personal u otros derechos fundamentales, es el Juez de Control
de Garantías, tal como lo establecen los artículos 306, 308 y 318 de la
Ley 906 de 2004.

En el presente caso, entonces, es evidente que el peticionario no

14

Expediente 20000-23-33-000-2026-00137-01
Actores: José Carlos Toncel García y otros
Acción de habeas corpus - Apelación fallo

acreditó el cumplimiento de los presupuestos sustanciales para que el
juez de hábeas corpus pueda adentrarse a resolver de fondo el asunto,
es decir que, ante la existencia del proceso penal que se encuentra en
trámite, hubiere utilizado el procedimiento judicial común -solicitud de
la libertad por vencimiento de términos ante el juez de control de
garantías- y formulado allí la petición.

(…).

Por manera que, al haber dejado el actor de hacer uso de la totalidad de las
vías ordinarias dispuestas para defensa del derecho fundamental a la libre
locomoción, no agotó los medios ordinarios que establecidos por el legislador
lo cual, se insiste, le impide al juez constitucional resolver su solicitud al no
estar dados los presupuestos procesales para adquirir la competencia, por lo
que una intervención, en el sentido pretendido, invadiría la del juez natural a
quien corresponde pronunciarse sobre los argumentos enunciados respecto
de la configuración de la causal liberatoria deprecada, esto es, decidir si los
términos establecidos en los artículos 317 -numeral 4º- y 338 del Código de
Procedimiento Penal se encuentran superados.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que el actor está recluido en
establecimiento carcelario en virtud de la medida de aseguramiento de
detención preventiva que le fue impuesta por autoridad judicial competente,
y que no ha tramitado ante la judicatura la solicitud de libertad o que,
habiéndolo hecho, no demostró la existencia de una vía de hecho judicial,
irrumpe como obvia consecuencia jurídica la improcedencia de la acción.” 3
(se resalta).

f) De las pruebas allegadas al proceso de la referencia se tiene que i) el Juzgado
Ciento Tres Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de
Valledupar (Cesar) por providencia dictada en audiencia del 26 de marzo de 2026
impuso en contra de los aquí accionantes medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva en establecimiento carcelario y, ii) la defensa de los actores
presentó recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue concedido en el efecto
devolutivo, tal como consta en el documento denominado PDF
“023Recepciónexpediente” (expediente digital primera instancia) y que contine el link
que remite a la audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento.

g) Ahora bien, en relación con el trámite de la referida impugnación se pone de
presente que, aunque inicialmente el Centro de Servicios de los Juzgados Penales de
Valledupar mediante escrito del 7 de mayo de 2026 4 informó que “no ha realizado
reparto alguno de dicho recurso a ningún Juzgado Penal del Circuito”, posteriormente,
en correo electrónico suscrito por Anaris Milena López Córdoba -escribiente de esa
dependencia- con copia al Juzgado Ciento Tres Penal Municipal con Funciones de

3
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 19 de abril de 2022, expediente
AHP1520-2022 no. 61380, MP Hugo Quintero Bernate.
4
Visible en índice 8 SAMAI de la primera instancia.

15

Expediente 20000-23-33-000-2026-00137-01
Actores: José Carlos Toncel García y otros
Acción de habeas corpus - Apelación fallo

Control de Garantías Ambulante de Valledupar (Cesar) 5 se indicó que el recurso de
apelación formulado en la audiencia del 26 de marzo de 2026 fue repartido el 8 de
mayo de 2026 al Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar, de igual manera,
se precisó que el número de radicación del expediente es el 204006001197-2026-
00076-00 secuencia 386.

h) La revisión del sistema de gestión de consulta de procesos de la Rama Judicial, a
partir del mencionado número de radicación, evidencia que, en efecto, el 8 de mayo
de 2026 se registró la actuación relacionada con el recurso de apelación y que este
fue asignado al Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar; esta circunstancia
fue confirmada mediante comunicación telefónica tanto por la funcionaria Anaris
Milena López Córdoba como por el secretario de ese despacho judicial 6, quien,
además, expuso que el expediente se encontraba en trámite para la adopción de la
correspondiente decisión en segunda instancia.

i) Es ese contexto se advierte que, contrario a lo sostenido por los actores, sí existe
trazabilidad del recurso de apelación interpuesto contra la decisión que les impuso
medida aseguramiento en establecimiento carcelario; igualmente, se encuentra
acreditado que dicho recursos fue concedido en el efecto devolutivo y que en la
actualidad es tramitado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar,
además, el expediente puede consultarse en la página web de la rama judicial con el
número de radicación 204006001197-2026-00076-00.

j) De otra parte, si los accionantes consideran que existió mora en el trámite de
asignación y resolución del recurso de apelación y que la misma configura una causal
inmediata de libertad, debieron formular la correspondiente solicitud de libertad ante
cualquiera de los jueces de control de garantías competentes.

k) Ciertamente, como se expuso en apartados anteriores, toda petición de libertad -en
el marco de las medidas de aseguramiento de detención preventiva- debe presentarse
ante el juez de control de garantías competente y agotarse los recursos procesales y

5
Visible en índice 14 SAMAI de la primera instancia.
6
El 12 de mayo de 2026, a las 8:45 am, el despacho se comunicó al número celular 304 388 94 59 y
la funcionaria Anaris Milena López, adscrita al Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales
de Valledupar, informó que el recurso había sido repartido al Juzgado Primero Penal del Circuito de
Valledupar el 8 de mayo de 2026; de igual forma, a las 8:50 am del mismo día, el despacho realizó
llamada telefónica al número celular 301 538 25 70 y el funcionario Dainner Oñate, secretario del
Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar, confirmó que el recurso fue asignado a ese
despacho judicial el 8 de mayo de 2026 y que se encontraba pendiente decisión en segunda instancia.

16

Expediente 20000-23-33-000-2026-00137-01
Actores: José Carlos Toncel García y otros
Acción de habeas corpus - Apelación fallo

dispuestos para ello en el Código de Procedimiento Penal.

l) En el presente asunto no hay ninguna prueba que indique los actores solicitaron su
libertad ante un juez de control de garantías; de manera que, esto conduce,
inequívocamente, a concluir que la petición de habeas corpus es improcedente puesto
que, como fue explicado anteriormente, en el marco de la regulación constitucional y
legal, la acción de habeas corpus es un instrumento especial y excepcional de
protección de la libertad individual de las personas pero, que no puede ser utilizado o
aplicado en forma indiscriminada y menos aun cuando el procesado cuenta con
instrumentos judiciales ordinarios idóneos y eficaces de protección y de defensa para
salvaguarda y eficacia del derecho constitucional fundamental a la libertad.

Sobre esto último, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de la Corte
Suprema de Justicia han precisado, puntualmente, que la acción de habeas corpus
no constituye un recurso ordinario adicional a los preestablecidos por el legislador en
la ley procesal penal, ni una instancia adicional del proceso, ni tampoco desplaza los
medios o instancias ordinarias para reclamar la garantía del derecho a la libertad
individual, por ello resulta improcedente el ejercicio del habeas corpus ante la
existencia y viabilidad de los mecanismos medios ordinarios de protección del derecho
a la libertad personal. En esa directriz resulta de especial ilustración lo expresado por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 7 de junio
de 2007:

“En este caso, el accionante alega que ha existido una prolongación ilícita
de la privación de la libertad, debido a que el Juzgado Doce de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá no le ha resuelto el recurso de
reposición interpuesto contra la providencia mediante la cual se le negó la
detención domiciliaria como padre cabeza de familia; sin embargo, debe
advertirse de una vez que tal pretensión no está llamada a prosperar, toda
vez que a partir del momento en que se impone la medida de aseguramiento,
todas las peticiones que tengan relación con la libertad del procesado
deben elevarse al interior del proceso penal, no a través del mecanismo
constitucional de Habeas corpus, pues esta acción no está llamada a
sustituir el trámite del proceso penal ordinario.

Al respecto ha sostenido la Corte Suprema de Justicia:

El núcleo del habeas corpus responde a la necesidad de proteger el
derecho a la libertad. Pero cuando la misma ha sido afectada por
definición de quien tiene la facultad para hacerlo y ante él se dan, por
el legislador diferentes medios de reacción que conjuren el desacierto,
nadie duda que el habeas corpus está por fuera de este ámbito y
pretender aplicarlo es invadir órbitas funcionales ajenas. Su inmediatez,
su perentoriedad, su efecto indiscriminado, al punto que no hay fuero o

17

Expediente 20000-23-33-000-2026-00137-01
Actores: José Carlos Toncel García y otros
Acción de habeas corpus - Apelación fallo

especialidad de competencia en el cual no incida, no impone ni auspicia el
que se le haga actuar en donde no es el radio de su intervención.

No es aceptable la existencia de dos medios judiciales alternativos
para controvertir las decisiones que afectan la libertad y, por ello,
resulta necesario armonizar los instrumentos constitucionales con los
procesales, previstos para la protección del derecho a la libertad. De
ahí que la Sala haya sostenido reiteradamente que el habeas corpus
constituye un mecanismo excepcional y extraprocesal, que no está
llamado a prosperar cuando se cuenta con los recursos legales
ordinarios al interior del proceso mismo.

(...). Resulta indiscutible que al interior del proceso penal se cuenta con la
posibilidad de solicitar la libertad condicional o la sustitución de la pena de
prisión por la prisión domiciliaria, tal como lo ha hecho LUIS FERNANDO
AYALA RODRÍGUEZ ante los jueces de ejecución de penas que vigilan el
cumplimiento de la pena, y si bien es cierto que no ha logrado sacar avante
su propósito, ese sólo hecho no lo faculta para acudir al habeas corpus.

La insistencia del accionante en citar jurisprudencia de la Corte
Constitucional para señalar que los subrogados penales constituyen
derechos del condenado, ello no implica que puedan exigirse a través de la
acción excepcional del habeas corpus, pues tal como lo señaló el a-quo,
dichas solicitudes deben elevarse al interior del proceso y en caso de existir
desacuerdo con la decisión, deben agotarse los recursos ordinarios
previstos para el efecto (…).” (destaca la Sala Unitaria).

m) Por consiguiente, como los señores José Carlos Toncel García, Juan David López
Rojas y Federman Asley López presentaron recurso de apelación contra la decisión
que les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, el juez
constitucional no puede pronunciarse sobre la supuesta privación ilegal mientras dicho
recurso se encuentre pendiente de resolución 7; asimismo, tampoco puede el juez
constitucional reemplazar al juez natural y decidir acerca de una eventual prolongación
ilegal de la libertad, cuando ni siquiera se ha elevado ante el juez de control de
garantías la respectiva solicitud de libertad; se insiste, no puede pretenderse
válidamente, a través del mecanismo excepcional de habeas corpus desplazarse o
sustituirse la competencia que sobre el particular tiene el juez natural, pues, el juez
constitucional no está llamado a invadir esferas que le corresponden al juez penal
competente para conocer y dilucidar el caso en estudio, motivo por el cual la petición
resulta improcedente.

7
Cuando existe una actuación judicial en trámite, la acción de habeas corpus no puede utilizarse para
i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones
de libertad, ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como
mecanismo legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieran el derecho a la libertad
personal, iii) desplazar al funcionario judicial competente y, iv) obtener una opinión diversa de la
autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de la persona. Al respecto se puede consultar,
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, expediente 26.503, sentencia de 27 de noviembre
de 2006.

18

Expediente 20000-23-33-000-2026-00137-01
Actores: José Carlos Toncel García y otros
Acción de habeas corpus - Apelación fallo

n) Las razones expuestas son diferentes a las dadas por el tribunal de primera
instancia, pues, no se comparte que los procesados deban realizar trámites
adicionales para establecer el juzgado que conoce los recursos de apelación, este
conocimiento debe ser garantizado por la administración de justicia; en todo caso, se
impone confirmar, por los argumentos precedentes, la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de habeas corpus.

3) El despacho ordenará que la presente providencia sea notificada de manera
personal a José Carlos Toncel García identificado con cédula de ciudadanía no.
1.003.124.123, Juan David López Rojas identificado con cédula de ciudadanía no.
1.065.596.970 y Federman Asley López identificado con cédula de ciudadanía no.
77.169.303, quienes se encuentran recluidos en la “Permanente Central de
Valledupar”; de igual manera, la decisión debe ser notificada al abogado Heivind
Palomino Gutiérrez en el correo electrónico abogadopalominogutierrez@hotmail.com

En mérito de lo expuesto, a las 8:30 am de hoy 13 de mayo de 2026, el magistrado
Fredy Ibarra Martínez del Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección B, en
Sala Unitaria de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°) Confírmase la providencia impugnada de 8 de mayo de 2026 proferida la Sala
Unitaria del Tribunal Administrativo de Cesar, Magistrado Ponente Manuel Fernando
Guerrero Bracho.

2°) A través de los funcionarios de la Secretaría General del Consejo de Estado,
notifíquese inmediatamente de manera personal por el medio más expedito y eficaz
esta providencia a los señores José Carlos Toncel García identificado con cédula de
ciudadanía no. 1.003.124.123, Juan David López Rojas identificado con cédula de
ciudadanía no. 1.065.596.970 y Federman Asley López identificado con cédula de
ciudadanía no. 77.169.303, quienes se encuentran recluidos en la “Permanente
Central de Valledupar”; para lo cual deberá entregársele copia integral de la decisión.

Una vez se efectué la notificación de esta providencia, se deberá allegar en forma
inmediata la constancia de notificación al correo institucional de este despacho judicial

19

Expediente 20000-23-33-000-2026-00137-01
Actores: José Carlos Toncel García y otros
Acción de habeas corpus - Apelación fallo

“notifibarra@consejodeestado.gov.co” o al correo electrónico de la secretaría general
“secgeneral@consejodeestado.gov.co”.

3°) A través de los funcionarios de la Secretaría General del Consejo de Estado,
notifíquese inmediatamente esta providencia al abogado Heivind Palomino
Gutiérrez en el correo electrónico abogadopalominogutierrez@hotmail.com

4°) Comuníquese esta decisión al Juzgado Ciento Tres Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías Ambulante de Valledupar (Cesar), al Centro de
Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Valledupar, a la “Permanente
Central” de Valledupar y a la Oficina Judicial de Valledupar (Cesar),

5°) Ejecutoriada esta decisión, devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo
de Cesar, previas las respectivas constancias de rigor en la Secretaría General del
Consejo de Estado.

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por el magistrado ponente
en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.