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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2026-00171-01

Fecha
27 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2026-00171-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 20001-23-33-000-2026-00171-01 (7891)
Accionante: Municipio de Chiriguaná (Cesar)
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar y Banco Agrario de
Colombia S. A.

Tema: tutela por vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia. Subtema 1: mora judicial.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por el municipio de Chiriguaná (Cesar) contra la
sentencia del 17 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

1. Síntesis del caso

El municipio de Chiriguaná (Cesar), a través de apoderado, presentó acción de
tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar debido a la mora judicial injustificada
en la que, a su juicio, incurrió dicha autoridad al no resolver la solicitud de
suspensión del proceso ejecutivo, levantamiento de las medidas cautelares y
devolución de los títulos de depósito judicial, presentada con ocasión de la admisión
del acuerdo de reestructuración de pasivos regulado por la Ley 550 de 1999.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

Radicado: 20001-23-33-000-2026-00171-01 (7891)
Accionante: Municipio de Chiriguaná (César)
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar y otro

2.El Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar adelanta el proceso ejecutivo
con radicado núm. 20-001-33-33-004-2015-00352-00 contra el municipio de
Chiriguaná, con el propósito de obtener el cumplimiento de las condenas impuestas
mediante sentencia del 26 de octubre de 2022, proferida dentro de un medio de
control de reparación directa.

3.En ese proceso, el juzgado decretó el embargo de recursos y cuentas bancarias
del municipio de Chiriguaná.

4.El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución núm. 961 del 6
de mayo de 2026, mediante la cual aceptó la promoción de un Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos para el municipio de Chiriguaná en los términos de la
Ley 550 de 1999.

5. La negociación del acuerdo de reestructuración inició el 7 de mayo de 2026 con
la publicación del aviso previsto en el artículo 11 de la Ley 550 de 1999.

6. El municipio de Chiriguaná informó al Juzgado Cuarto Administrativo de
Valledupar el inicio del trámite de reestructuración de pasivos mediante escrito
presentado el 7 de mayo de 2026 y solicitó la suspensión del proceso ejecutivo, el
levantamiento de las medidas cautelares y la devolución de los títulos de depósito
judicial; no obstante, las entidades bancarias mantuvieron el congelamiento y la
retención de los recursos del ente territorial.

7. Finalmente, el municipio interpuso acción de tutela contra el Juzgado Cuarto
Administrativo de Valledupar el 29 de mayo de 2026, porque dicha autoridad judicial
no resolvió la solicitud de suspensión del proceso ejecutivo. En el mismo escrito
solicitó una medida provisional.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:

PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a
la administración de justicia, sostenibilidad fiscal, legalidad en las actuaciones judiciales
y mínimo funcionamiento institucional del Municipio de Chiriguaná – Cesar.

SEGUNDA. Ordenar al Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar – Cesar, dentro del
proceso ejecutivo Rad. 20001333300420150035200, la suspensión inmediata del
trámite ejecutivo, en aplicación de los efectos jurídicos derivados de la Ley 550 de 1999
y la Resolución No. 0961 del 6 de mayo de 2026.
TERCERA. Ordenar el levantamiento inmediato de las medidas cautelares de embargo,
retención o congelamiento que recaigan sobre cuentas del Municipio de Chiriguaná –
Cesar, incluidas aquellas de destinación específica.

CUARTA. Como consecuencia del amparo constitucional, ordenar la restitución y/o
devolución de los recursos públicos ya afectados mediante títulos judiciales,
particularmente:

1 Samai, exp. 20001-23-33-000-2026-00171-00, índice 3, certificado 471D536D7A9C54E0
2CA4DE9EC28E0D75 B846AC04D9C1ED43 EB42207768D140AA.
2

Radicado: 20001-23-33-000-2026-00171-01 (7891)
Accionante: Municipio de Chiriguaná (César)
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar y otro

$170.048.851,30 cuenta Aportes a Seguridad Social No. 424223001526.
$768.700.000,00 título judicial No. 424030000897235 (PAE).
Y su reintegro al patrimonio del Municipio de Chiriguaná – Cesar.

QUINTA. Ordenar que los recursos restituidos sean consignados en la Cuenta Corriente
No. 803-80301-4 del Banco de Occidente a nombre del Municipio de Chiriguaná – Cesar.

SEXTA. Decretar como medida provisional urgente, la suspensión inmediata de
cualquier acto de ejecución, retención o traslado de recursos del Municipio de Chiriguaná
– Cesar, mientras se decide de fondo la presente acción.

9. Como fundamento de sus pretensiones, el municipio accionante manifestó que,
pese a haber informado al Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar el inicio del
trámite de reestructuración de pasivos previsto en la Ley 550 de 1999 y solicitar la
suspensión del proceso ejecutivo, el levantamiento de las medidas cautelares y la
devolución de los títulos de depósito judicial, esa autoridad judicial no resolvió
oportunamente dicha petición, circunstancia que, en su criterio, desconoció los
efectos jurídicos derivados del inicio del acuerdo de reestructuración de pasivos y
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.

2.3. Trámite procesal

10. El despacho ponente del Tribunal Administrativo del Cesar, mediante auto del 3

de junio de 20262, negó la medida provisional, admitió la solicitud de amparo, ordenó
notificar al Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar y al Banco Agrario de
Colombia S.A., y vinculó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en calidad de
tercero interesado.

2.4. Intervenciones

11. El Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar3 solicitó negar el amparo. Explicó

que el proceso ejecutivo con radicado 20-001-33-33-004-2015-00352-00 se ha
tramitado conforme a las reglas procesales y la solicitud presentada por el municipio
el 7 de mayo de 2026 fue incorporada oportunamente al expediente y recibió el
trámite correspondiente.

12. Asimismo, precisó que la secretaría corrió traslado de la solicitud a la parte
ejecutante, la cual presentó oposición. Agregó que el municipio requirió
posteriormente un pronunciamiento sobre esa petición y que el despacho resolvía
los asuntos conforme al sistema de turnos y al orden cronológico de ingreso. Por
ello, afirmó que no existía mora judicial atribuible a esa autoridad.

13. Manifestó que dar prioridad a la solicitud implicaría alterar el orden de respuesta

de los asuntos sometidos a su conocimiento y otorgar a la entidad accionante un
tratamiento preferente frente a otras solicitudes radicadas con anterioridad. En

2 Samai, exp. 20001-23-33-000-2026-00171-00, índice 5, certificado F21B7A97E6F1E873
D9D5F4B21ADF6693 928433947C4C0D83 A3F71B5702A7E453.
3 Samai, exp. 20001-23-33-000-2026-00171-00, índice 8, certificado 7D55ECC890155E98
9AE464D0C9B27B1A 8C3F008274DC2C26 3F7EA26D528D7E79.
3

Radicado: 20001-23-33-000-2026-00171-01 (7891)
Accionante: Municipio de Chiriguaná (César)
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar y otro

consecuencia, pidió negar o declarar improcedente el amparo.

14. Finalmente, el juzgado informó que, mediante auto del 16 de junio de 2026,

requirió al municipio de Chiriguaná para que aportara información adicional antes
de decidir la solicitud de suspensión del proceso ejecutivo, el levantamiento de las
medidas cautelares y la devolución de los títulos de depósito judicial4.

15. ElBanco Agrario de Colombia S.A.5, afirmó que no vulneró los derechos
fundamentales invocados por la entidad accionante, por ende, pidió negar las
pretensiones de la acción de tutela.

16. La entidad financiera explicó que su actuación se limitó al cumplimiento de las

órdenes impartidas por las autoridades competentes y que carecía de facultades
para suspender el proceso ejecutivo, levantar las medidas cautelares o disponer de
los depósitos judiciales. Por esa razón, alegó la falta de legitimación en la causa por
pasiva y solicitó su desvinculación del trámite constitucional.

17. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público6 indicó que carecía de legitimación

en la causa por pasiva, toda vez que las pretensiones de la acción de tutela estaban
dirigidas contra actuaciones adoptadas por las autoridades judiciales dentro del
proceso ejecutivo y no contra esa cartera ministerial.

18. Explicó que la Resolución núm. 961 del 6 de mayo de 2026 aceptó la promoción

del acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio de Chiriguaná (Cesar), el
cual se encontraba en etapa de negociación. Agregó que el artículo 58 de la Ley
550 de 1999 prevé la suspensión de los procesos ejecutivos y de los embargos
durante la negociación del acuerdo. Finalmente, pidió su desvinculación del trámite
constitucional.

19. El apoderado de la señora María Skandra Azar Paba 7 interpuso incidente de

nulidad contra el auto admisorio de la acción de tutela. Expresó que su
representada, en calidad de cesionaria del crédito y demandante dentro del proceso
ejecutivo, tenía interés legítimo en el trámite constitucional y debió ser vinculada
desde su inicio8.

20. De otra parte, el municipio tutelante informó al Tribunal, como hecho
sobreviniente, la expedición del auto del 16 de junio de 2026 proferido por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar9. Precisó que, aunque el juez
reconoció la aplicación del régimen especial de reestructuración de pasivos previsto

4 Samai, exp. 20001-23-33-000-2026-00171-00, índice 23, certificado 337B31C5BADA0664
B72905D8342F19FF EB4A88581F215775 E55BB732DE4C3D8E.
5 Samai, exp. 20001-23-33-000-2026-00171-00, índice 11, certificado D507F76DCAAAAADE
4F1A02DEEE736914 93838BE9D39A1 DEC 0B830ECBF9C532B3.
6
Samai, exp. 20001-23-33-000-2026-00171-00, índice 13, certificado 4D2504F30EF4CD01
1CE3C1C7420FFFBD 3EDFA0D75FF6DFEF DB66A9251724FF7C.
7 Samai, exp. 20001-23-33-000-2026-00171-00, índice 15, certificado 84F7A9A7F38BD53D
7CA40CC289D6F6F8 DE31B434028CB6BB 00E68473F15F6674.
8 El Tribunal Administrativo del Cesar mediante auto del 16 de junio de 2026 negó la solicitud de nulidad y

ordenó la vinculación de María Skandra Azar Paba al trámite constitucional. Ibidem, índice 17, certificado
CD53FB0A0A311AE5 21D064C96E2831D3 0D7B56854CE6FB6A D88284FED7F260D9.
9 Samai, exp. 20001-23-33-000-2026-00171-00, índice 22, certificado B41F0AC7E0CACE33
95B1686645BC85D9 001A11A6E721EBEA CB8DBC50065BAD46 337B31C5BADA0664 B72905D8342F19FF
EB4A88581F215775 E55BB732DE4C3D8E.
4

Radicado: 20001-23-33-000-2026-00171-01 (7891)
Accionante: Municipio de Chiriguaná (César)
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar y otro

en la Ley 550 de 1999, aplazó la decisión de fondo sobre la suspensión del proceso
ejecutivo, el levantamiento de los embargos y la devolución de los recursos, al
requerir información adicional.

2.5. Sentencia de primera instancia

21. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 17 de junio de
202610, declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que las pretensiones
formuladas por el municipio desbordaban el ámbito de competencia del juez
constitucional.

22.En ese sentido, explicó que no se configuró una omisión injustificada del Juzgado
Cuarto Administrativo de Valledupar, pues la solicitud presentada por el municipio
se encontraba en trámite y dicha autoridad judicial adelantaba las actuaciones
necesarias para adoptar una decisión de fondo.

23. Por último, desvinculó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Banco

Agrario de Colombia S.A., porque la presunta vulneración de los derechos
fundamentales no les era atribuible y, por tanto, carecían de legitimación en la causa
por pasiva.

2.6. Impugnación

24. La parte actora presentó impugnación11 contra la sentencia de primera instancia.

Argumentó que el Tribunal Administrativo del Cesar efectuó una valoración
restrictiva del caso al concluir que no existía mora judicial y declarar improcedente
la acción de tutela.

25. Además, afirmó haber acreditado oportunamente el inicio del trámite de
reestructuración de pasivos previsto en la Ley 550 de 1999 mediante la Resolución
núm. 961 del 6 de mayo de 2026. También aportó la prueba de la publicación del
aviso exigido por el artículo 11 de esa ley.

26. Manifestó que el inicio del trámite de reestructuración producía efectos
inmediatos sobre los procesos ejecutivos en curso. Por esa razón, el juzgado debía
resolver con prioridad la solicitud de suspensión del proceso ejecutivo, el
levantamiento de las medidas cautelares y la devolución de los títulos de depósito
judicial. Agregó que la tutela no pretendía sustituir al juez natural, sino obtener una
decisión oportuna para preservar los efectos previstos en la Ley 550 de 1999.

27. Finalmente, insistió en que la permanencia de las medidas cautelares afectaba

recursos públicos con destinación específica y comprometía la finalidad del acuerdo
de reestructuración de pasivos. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia
impugnada, conceder el amparo y ordenar al Juzgado Cuarto Administrativo de
Valledupar resolver de fondo la solicitud presentada dentro del proceso ejecutivo.

10 Samai, exp. 20001-23-33-000-2026-00171-00, índice 26, certificado F9BD3DDB2EE26C45
54B53C3BDFB892D8 5F985E060EF45BD7 CD58B4C4A6FA3CE2.
11 Samai, exp. 20001-23-33-000-2026-00171-00, índice 29, certificado 6B36B8498B951DDB
AA8B670D5B8F6F28 5223D8B89B1BF771 5F50D7970321C2A5.
5

Radicado: 20001-23-33-000-2026-00171-01 (7891)
Accionante: Municipio de Chiriguaná (César)
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar y otro

3. Consideraciones

3.1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el

artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 17 de junio
de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

3.2. Legitimación en la causa

29. La legitimación en la causa por activa del municipio de Chiriguaná está
acreditada, porque intervino como demandado dentro del proceso ejecutivo en el
que, a su juicio, el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar incurrió en mora
judicial al no resolver oportunamente la solicitud de suspensión del proceso
ejecutivo, levantamiento de las medidas cautelares y devolución de los títulos de
depósito judicial.

30. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Cuarto

Administrativo de Valledupar, por cuanto fue la autoridad judicial a la que se atribuye
la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la entidad
accionante.

31. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco Agrario de

Colombia S.A. solicitaron su desvinculación, al considerar que no estaban llamados
a responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la parte
accionante.

32. Al respecto, la Sala advierte que el Banco Agrario de Colombia S.A. fue vinculado

al trámite constitucional en calidad de accionado y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público fue vinculado como tercero interesado, debido a que las decisiones
que se adopten en esta acción constitucional podrían incidir en sus intereses. Por
los motivos expuestos, se negarán sus solicitudes.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

33. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda

persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez12.

34. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,

salvo que busque evitar un perjuicio irremediable13; y el segundo consiste en que
se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo

12 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
13 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.

6

Radicado: 20001-23-33-000-2026-00171-01 (7891)
Accionante: Municipio de Chiriguaná (César)
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar y otro

contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda
en entredicho […]»14.

3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

35. En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra satisfecho,

dado que la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para
discutir la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, ante la inactividad por parte de la autoridad
accionada.

36. Ahora bien, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la medida

en que la acción de tutela fue presentada el 29 de mayo de 2026, esto es, pocos
días después de que el municipio de Chiriguaná formulara la solicitud cuya falta de
resolución motivó el amparo15.

3.5. Problema jurídico

37. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Juzgado Cuarto Administrativo de
Valledupar vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la entidad territorial accionante, al no resolver
oportunamente la solicitud presentada el 7 de mayo de 2026 para suspender el
proceso ejecutivo, levantar las medidas cautelares y devolver los títulos de depósito
judicial, con fundamento en la Ley 550 de 1999?

38. Para el efecto, se estudiará: (i) la mora judicial; y (ii) el caso concreto.

3.6. La acción de tutela en casos de mora judicial

39. La Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso comprende el
derecho a obtener una decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de un
plazo razonable. Esta garantía guarda relación con el principio de celeridad que rige
la administración de justicia, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 270 de 1996,
modificado por el artículo 1 de la Ley 1285 de 2009. La mora judicial se configura
en los siguientes escenarios:

4.9. A partir de la lectura del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y el artículo 29 constitucional, puntualmente del enunciado que señala que
toda persona tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”
la Corte ha reconocido que la mora judicial se debe a dos motivos: (i) por un lado el
capricho, arbitrariedad o falta de diligencia de los funcionarios judiciales encargados
de adoptar las providencias, o (ii) por la sobrecarga de trabajo que afrontan los jueces
de la República, la que a la postre produce un represamiento de procesos que impide
que los mismos se fallen conforme a los códigos adjetivos. A partir de la anterior

14 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.
15 Corte Constitucional, sentencia T-032 de 2023.

«La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del
derecho es permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de
la tutela no es exigible de manera estricta».
7

Radicado: 20001-23-33-000-2026-00171-01 (7891)
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consideración, este Tribunal ha distinguido entre la mora judicial justificada (producida
por sobrecarga y congestión judicial) y la injustificada (causada por la arbitrariedad)16.

40. De acuerdo con lo anterior, la procedencia del amparo por mora judicial exige

que el interesado haya actuado con diligencia dentro del proceso y que la demora
sea injustificada e imputable a la autoridad judicial. En ese orden, la Corte
Constitucional indicó que no todo incumplimiento de los términos procesales vulnera
los derechos fundamentales, pues es necesario establecer si existe una razón válida
que explique la tardanza.

41. Por último, el alto tribunal expuso que la mora judicial que no es imputable a la

autoridad judicial accionada es aquella que está justificada en las siguientes
razones:

[C]uando “(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia
en el plazo previsto en la ley”17.

3.6.1. Alcance del régimen de reestructuración de pasivos frente a los
procesos ejecutivos

42. La Ley 550 de 1999 previó un régimen especial de reestructuración de pasivos

para las entidades territoriales, orientado a preservar su estabilidad financiera y
asegurar la prestación de los servicios a su cargo. El artículo 58, numeral 13, ibidem,
establece que, durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración
de pasivos de las entidades territoriales, no pueden iniciarse procesos de ejecución
ni embargos sobre sus activos y recursos. Además, dispone que los procesos o
embargos que se encuentren en curso se suspenden de pleno derecho.

43. En relación con los efectos de la Ley 550 de 1999, la Sección Segunda del

Consejo de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023, destacó
la necesidad de acreditar que la entidad se encontraba sometida al proceso de
reestructuración, que la acreencia correspondiente estaba comprendida en dicho
trámite y la fecha de inicio de la etapa de negociación18.

44. Por tanto, la autoridad judicial que conoce del proceso ejecutivo debe verificar la

configuración de los presupuestos previstos en la ley antes de adoptar las
decisiones correspondientes, de acuerdo con las circunstancias acreditadas en
cada caso.

16 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020, reiterada en sentencia T-183 de 2024.
17 Corte Constitucional, sentencia T-183 de 2024.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación de 2

de noviembre de 2023, rad. 08001-23-33-000-2012-00200-02 (2459-2014), SUJ-034-CE-S2-2023, párr. 110.
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Radicado: 20001-23-33-000-2026-00171-01 (7891)
Accionante: Municipio de Chiriguaná (César)
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar y otro

3.7. Caso concreto

45. En el asunto bajo estudio, el municipio accionante consideró vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, porque el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar no resolvió
oportunamente la solicitud presentada el 7 de mayo de 2026 para suspender el
proceso ejecutivo, levantar las medidas cautelares y devolver los títulos de depósito
judicial, con fundamento en la Ley 550 de 1999.

46. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia de primera
instancia, concluyó que no se configuró una mora judicial injustificada, por cuanto la
solicitud presentada por el municipio se encontraba en trámite y el juzgado
adelantaba las actuaciones necesarias para resolverla, conforme al orden de
ingreso de los asuntos y a la verificación de los presupuestos previstos en la Ley
550 de 1999.

47. Ahora bien, corresponde a la Sala examinar las actuaciones registradas en la

plataforma Samai dentro del expediente núm. 20-001-33-33-004-2015-00352-00, a
partir de la solicitud presentada por el municipio de Chiriguaná el 7 de mayo de
2026, de las cuales se advierte lo siguiente:

i) Índice 174, 07/05/2026. Se incorpora documento por parte de Hernando
Gongora Arias con solicitud de suspensión del proceso, con fundamento en la
Ley 550 de 1999, (Clasificada 1).

ii) Índice 176, 11/05/2026. Se notifica al apoderado de la parte ejecutante el
escrito de suspensión presentado por la parte ejecutada.

iii) Índice 177, 15/05/2026. Se incorpora solicitud del apoderado del
demandante quien se opuso a la petición de suspensión del proceso ejecutivo.

iv) Índice 178, 03/06/2026. Se incorpora documento por parte de Hernando
Gongora Arias mediante el cual requiere pronunciamiento de la solicitud de
suspensión del proceso ejecutivo presentada el 7 de mayo siguiente.

v) Índice 181, 16/06/2026. Auto de trámite. El juzgado solicita información,
previo a pronunciarse sobre la solicitud de suspensión del proceso ejecutivo
elevada por el apoderado de la entidad territorial.

vi) Índice 184, 19/06/2026. Se incorpora respuesta del municipio de Chiriguaná
respecto del requerimiento solicitado.

vii) Índice 185, 24/06/2026. Se incorpora informe de liquidación por parte de la
profesional universitario grado 12, contador liquidador.

viii) Índice 188, 08/07/2026. Se incorpora documento por parte del apoderado
del demandante donde se opone a la solicitud de suspensión del proceso
ejecutivo.

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Radicado: 20001-23-33-000-2026-00171-01 (7891)
Accionante: Municipio de Chiriguaná (César)
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar y otro

ix) Índice 189, 15/07/2026. Se profiere auto mediante el cual se suspende el
proceso ejecutivo, se levantan las medidas cautelares y se ordena la devolución
del título judicial al municipio de Chiriguaná.

48. La secuencia descrita permite concluir que, después de recibida la solicitud del 7

de mayo de 2026, el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar adelantó
sucesivamente distintas actuaciones encaminadas a resolverla. En particular, corrió
traslado de la petición a la parte ejecutante, recibió su oposición, atendió la solicitud
de pronunciamiento presentada por el municipio, requirió información adicional y
recibió los documentos necesarios para adoptar una decisión de fondo.

49. Además, de las actuaciones registradas en la plataforma Samai no se advierte

un periodo de inactividad prolongado e injustificado que permita atribuir la demora
a una falta de diligencia del juzgado. Por el contrario, entre la presentación de la
solicitud y la decisión de fondo se registraron actuaciones sucesivas relacionadas
con su trámite.

50. Finalmente, mediante auto del 15 de julio de 2026, el Juzgado Cuarto
Administrativo de Valledupar resolvió la solicitud presentada el 7 de mayo del mismo
año y ordenó la suspensión del proceso ejecutivo, el levantamiento de las medidas
cautelares y la devolución del título judicial al municipio de Chiriguaná. Esta
actuación evidencia que el despacho accionado culminó el trámite de la solicitud
con la adopción de una decisión de fondo.

51. En esas condiciones, aunque entre la presentación de la solicitud y su resolución

transcurrió un lapso que comprendió el trámite de la acción de tutela, no se acreditó
que la demora obedeciera a una actuación arbitraria, negligente o injustificada del
Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar. Por tanto, no se configura la mora
judicial alegada por el municipio de Chiriguaná.

4. Conclusión

52. El Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar no vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
invocados por la entidad accionante, porque no se acreditó una mora judicial
injustificada en la resolución de la solicitud presentada el 7 de mayo de 2026.

53. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia del 17 de junio de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró improcedente la
acción de tutela y, en su lugar, negará el amparo solicitado.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicado: 20001-23-33-000-2026-00171-01 (7891)
Accionante: Municipio de Chiriguaná (César)
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar y otro

Falla:

Primero: Modificar la sentencia del 17 de junio de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, por los motivos contenidos en esta providencia. En su
lugar, quedará así:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Banco Agrario de Colombia S. A., conforme
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por el municipio de
Chiriguaná contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar, por los
motivos indicados en las consideraciones de esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Ausente con permiso
Juan Enrique Bedoya Escobar

Jorge Édison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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