Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-39-000-2015-00357-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-39-000-2015-00357-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 20001-23-39-000-2015-00357-02
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 22 de mayo de 2026
Radicado: 20001-23-39-000-2015-00357-02 (64.079)
Demandantes: Sociedad MR de Inversiones S.A.S. y otra
Demandado: Agencia Nacional de Tierras - ANT (antes, Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER))
Referencia: medio de control de nulidad y el restablecimiento del
derecho
Temas: Nulidad y restablecimiento del derecho - acto que niega la solicitud de revocación
directa - acto no demandable - pérdida de fuerza ejecutoria de actos administrativos -
pérdida de fundamentos de derecho - pérdida de fundamentos de hecho - causales de
nulidad - clarificación de propiedad - recuperación de baldíos indebidamente ocupados
• motivación actos administrativos - no se desvirtúa la presunción de legalidad
Síntesis del caso: Las demandantes pretenden la nulidad del acto que negó una solicitud
de pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución que clarificó la situación jurídica de un
predio rural y del acto que negó la revocación directa de las actuaciones surtidas dentro
de un procedimiento de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, en relación
con el mismo predio rural. Producto de lo anterior, solicitan que se declare improcedente
el procedimiento de recuperación de baldíos indebidamente ocupados.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la Sentencia de 21 de marzo de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la
demanda1.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante - 1.2. Posición de la parte demandada -
1.3. Trámite relevante en primera instancia - 1.4. Sentencia recurrida - 1.5. Recurso de
apelación - 1.6. Trámite relevante en segunda instancia
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 5 de abril de 2013, las empresas Sociedad MR de Inversiones S.A.S. y
Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. (en adelante, las
demandantes) presentaron demanda2, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, contra algunos actos
administrativos proferidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(INCODER), cuyas funciones fueron asumidas por la Agencia de Nacional
1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Además,
según el artículo 13, numeral 2, del Acuerdo 80 de 2019 (Reglamento Interno), a la Sección Tercera del Consejo
de Estado se le asignaron los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos
mineros.
2 Folios 1 a 50 del Cuaderno 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 20001-23-39-000-2015-00357-02 (64.079)
Demandantes: Sociedad MR de Inversiones S.A.S. y otra
Demandada: Agencia Nacional de Tierras - ANT (antes,
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER))
Referencia: nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: modifica y confirma la Sentencia
de Tierras3 (en adelante, ANT), con el objeto de que se hicieran las siguientes
declaraciones y condenas4 (se trascribe):
“PRETENSIONES:
PRIMERA: Que se declare NULO el acto administrativo contenido en la
Resolución No. 1558 del 9 de agosto de 2012, proferida por el [INCODER],
"Mediante la cual se resuelve la petición de pérdida de fuerza ejecutoria
de la Resolución No. 01551 de 1994, mediante la cual se clarificó la
situación jurídica de los terrenos que conforman el predio rural
denominado HACIENDA BELLACRUZ, ubicado en jurisdicción de los
municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque, departamento del
Cesar".
SEGUNDA: Que se declare NULO el acto administrativo contenido en la
Resolución No. 436 del 18 de marzo de 2013, proferida por el [INCODER],
"Por la cual LA SUBGERENCIA DE TIERRAS RURALES resuelve una solicitud de
Revocatoria Directa dentro del procedimiento de recuperación de
baldíos indebidamente ocupados, adelantado en los predios
denominados 'POTOSÍ, CAÑO NEGRO, LOS BAJOS, SAN SIMÓN, VENECIA,
MARÍA ISIDRA Y SAN MIGUEL', ubicados en jurisdicción de los municipios de
la GLORIA, PELAYA Y TAMALAMEQUE del departamento del CESAR, e
integrantes del que en mayor extensión conforman el predio rural
HACIENDA BELLACRUZ, acto administrativo que decidió la EXCEPCIÓN DE
PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD propuesta por GRUPO AGROINDUSTRIAL
HACIENDA LA GLORIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA, en contra de la
Resolución No. 1551 de 1994, proferida por INCODER, que culminó el
procedimiento agrario de Clarificación de los predios rurales
denominados POTOSÍ, CAÑO NEGRO, LOS BAJOS, SAN SIMÓN, VENECIA,
MARÍA ISIDRA Y SAN MIGUEL, ubicados en jurisdicción de los municipios de
la GLORIA, PELAYA Y TAMALAMEQUE del departamento del CESAR, e
integrantes del que en mayor extensión conforman el predio rural
HACIENDA BELLACRUZ, no declarando el decaimiento o pérdida de
fuerza ejecutoria de la Resolución No. 1551 de 1994, por inactividad de la
administración, que no realizó ninguna actuación tendiente a ejecutarla,
dentro de los cinco (5) años a partir de su ejecutoria.
TERCERA: Que se DECLARE que el acto administrativo contenido en la
Resolución No. 01551 de 1994, fundamento del procedimiento de
"Recuperación de Baldíos Indebidamente Ocupados", adelantado por el
[INCODER], a través del cual se pretende recuperar los predios rurales
denominados Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María
Isidra y San Miguel, ubicados en la jurisdicción de los municipios de La
Gloria, Pelaya y Tamalameque, departamento del Cesar, NO ES
EJECUTABLE por que ha perdido ejecutoriedad o su fuerza ejecutoria o
fuerza obligatoria.
CUARTA: Como consecuencia de lo anterior, que se DECLARE la
improcedencia de las actuaciones adelantadas por el [INCODER], dentro
del trámite de "Recuperación de Baldíos Indebidamente Ocupados" a
través del cual se pretende recuperar los predios rurales denominados
Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San
Miguel, ubicados en la jurisdicción de los municipios de La Gloria, Pelaya
y Tamalameque, departamento del Cesar, a cuya ejecución del acto
administrativo, con fundamento en el cual se pretende recuperar los
predios rurales mencionados, esto es, la Resolución 01551 de 1994, se
opusieron las sociedades DEMANDANTES por haber perdido dicho acto
administrativo fuerza ejecutoria; y se ORDENE el archivo de las diligencias
administrativas.”5
3 En la audiencia de pruebas, celebrada el 23 de agosto de 2018 (Folios 714 a 719, Cuaderno 4) se decidió
“reconocer personería jurídica para actuar en este proceso a Oscar Yezid Ibañez Parra, como apoderado judicial
de la Agencia Nacional de Tierras, que sustituyó al INCORE, en los términos y para los efectos a que se contrae el
mandato presentado en esta diligencia.” Además, el inciso segundo del artículo 16 del Decreto 2365 de 2015,
modificado por el artículo 1 del Decreto 1850 de 2016, estableció a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) como
sucesora procesal del INCODER en estos asuntos y, por consiguiente, está legitimada en el proceso de la
referencia.
4 Mediante Auto de 1 de octubre de 2015 (Folios 252 a 253, Cuaderno 2), el Tribunal Administrativo del Cesar admitió
la demanda, de 5 de abril de 2013, y la reforma de esta, de 3 de octubre de 2013 (Folios 150 a 201, Cuaderno 1).
5 Mediante Auto de 19 de octubre de 2017 (Folios 456 a 461, Cuaderno 3), el Tribunal Administrativo del Cesar
aceptó el desistimiento de la pretensión quinta de la demanda, relativa al restablecimiento del derecho, el cual
fue radicado en julio de 2017 por la parte actora (Folios 410 a 416, Cuaderno 2).
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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00357-02 (64.079)
Demandantes: Sociedad MR de Inversiones S.A.S. y otra
Demandada: Agencia Nacional de Tierras - ANT (antes,
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER))
Referencia: nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: modifica y confirma la Sentencia
2. Las demandantes fundamentaron sus pretensiones, en síntesis, en las
siguientes afirmaciones y hechos:
3. 1) El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - INCORA, mediante
Resolución 1551 de 20 de abril de 1994, culminó el procedimiento de
clarificación de la propiedad de los predios que conformaban la Hacienda
Belalcazar, ubicada en los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque,
en el Departamento del Cesar. En el artículo 3 de su parte resolutiva se
declaró que los títulos aportados para algunos de los predios, que
conformaban la hacienda, eran insuficientes para acreditar dominio
privado frente al Estado y, en su artículo 5, indicó que no se ordenaría la
inscripción en los folios de matrícula Nos. 192-0002897 y 196-0001038, con
fundamento en la sentencia de 30 de julio de 1985 del Consejo de Estado6.
4. 2) Durante más de 17 años el INCORA “(…) no realizó actuación alguna
tendiente a ejecutar el acto administrativo por medio del cual efectuó la
clarificación de unos predios, como la inscripción de tal resolución a (sic) los
folios de matrícula inmobiliaria respectivos; tampoco inició actuación
jurisdiccional alguna tendiente a cancelar los títulos de propiedad sobre los
predios en cuestión, razón por la cual la propiedad de tales predios se
consolidó en cabeza del propietario inscrito (…)”.
5. 3) A través de Resolución 2294 de 5 de septiembre de 2011, el INCODER
inició procedimiento de recuperación de baldíos indebidamente
ocupados, con base en la Resolución 1551 de 1994. Dicho acto fue
confirmado mediante Resolución 3264 de 2 de diciembre de 2011, que
negó el recurso de reposición.
6. 4) Mediante escrito de 20 de abril de 2012, una de las demandantes
(Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.) solicitó la revocación directa
de todas las actuaciones adelantadas en el trámite de recuperación de
baldíos indebidamente ocupados, con fundamento en el decaimiento de
la Resolución 1551 de 1994, por su no ejecución luego de 5 años de haber
cobrado firmeza. El INCODER, mediante Resolución 436 de 18 de marzo de
2013, notificada el 16 de abril de 2013, no accedió a la solicitud.
7. 5) En paralelo, a través de escrito de 5 de junio de 2012, la otra
demandante (Sociedad MR de Inversiones S.A.S.) solicitó que se declarara
la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 1551 de 1994, al haber
desaparecido los fundamentos jurídicos en que se fundó, esto es, las Leyes
200 de 1936, 135 de 1961 y el Decreto 1265 de 1977, todas las cuales
6 Los artículos 3 y 5 de la Resolución 1551 de 1994 establecen: “ARTICULO TERCERO: Declarar que los títulos
aportados sobre los predios rurales denominados LOS BAJOS, CAÑO NEGRO, SAN SIMÓN, VENECIA, POTOSI, MARIA
ISIDRA y SAN MIGUEL, ubicados en jurisdicción de los municipios de LA GLORIA, PELAYA y TAMALAMEQUE,
departamento del CESAR, son insuficientes porque no acreditan dominio frente al Estado conforme a la Ley 200
de 1936 y se encuentran alinderados de la siguiente manera:
(…)
ARTÍCULO QUINTO: Con fundamento en la Sentencia de Sala Plena del Honorable Consejo de Estado de Julio 30
de 1985, no se ordenará la inscripción de la presente providencia en los folios de Matrícula Inmobiliaria Nos. 192-
0002897 y 196-0001038 correspondientes a las Seccionales de Chimichagua y Rio de Oro, pero se solicitará la
cancelación de la inscripción de la Resolución No. 03948 del 6 de agosto de 1990 que inició el procedimiento de
clarificación sobre el predio rural denomina HACIENDA BELLACRUZ, objeto de esta decisión (...)". Folio 81, CD,
Cuaderno 1.
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Demandantes: Sociedad MR de Inversiones S.A.S. y otra
Demandada: Agencia Nacional de Tierras - ANT (antes,
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER))
Referencia: nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: modifica y confirma la Sentencia
“desaparecieron” con la entrada en vigor de la Ley 160 de 1994. El
INCODER, a través de Resolución 1558 de 9 de agosto de 2012, notificada
el 12 de septiembre de 2012, no accedió a la solicitud.
8. Las demandantes propusieron 3 cargos de nulidad: 1) “[h]aber sido
expedidos en infracción directa de las normas en que debían fundarse”
porque se desconoció los artículos 66 del CCA y 91 del CPACA, pues la
Resolución 1551 de 1994 estaba incursa en 2 causales de pérdida de fuerza
ejecutoria, esto es, la desaparición de sus fundamentos de derecho, por la
entrada en vigor de la Ley 160 de 1994, y por no haberse realizado los actos
necesarios para su ejecución, luego de 5 años de que cobró firmeza. 2)
“Haber sido expedidos mediante errónea motivación”, porque se
desconoció los artículos 67 del CCA y 92 del CPACA y el artículo 29 de la
Constitución Política al “(…) pretender ejecutar un acto administrativo que
no goza de fuerza ejecutoria, tanto por cuanto (sic) desaparecieron los
fundamentos de derecho existentes en el momento en que se expidió,
como por haber trascurrido más de cinco (5) años desde que cobró fuerza
ejecutoria y la administración no realizó los actos necesarios para su
ejecución (…)”. Y, 3) “[h]aber sido expedidos con violación del derecho
fundamental al debido proceso y del principio de legalidad” porque se
pretendió adelantar un procedimiento de recuperación de baldíos
indebidamente ocupados “(…) con fundamento en la Ley 200 de 1936 y sus
decretos reglamentarios y ello implica la aplicación de normas derogadas
a situaciones jurídicas que no se consolidaron bajo la vigencia de normas
expulsadas del ordenamiento jurídico; así como la ejecución de un acto
administrativo que se tornó inejecutable por virtud del paso del tiempo.”
1.2. Posición de la parte demandada
9. El INCODER contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones. Indicó
que, entre la radicación de la demanda, el 5 de abril de 2013, y su admisión,
el 1 de octubre de 2015, “(…) ocurrieron una serie de situaciones que han
modificado de manera absoluta el escenario existente para la época en
que se presentó la demanda (…)”. Lo anterior porque si bien mediante la
Resolución 481 de 1 de abril de 2013 se declaró la indebida ocupación de
los predios “Potosí, Caño Negro, Los bajos, San Simón, Venecia, María Isidra
y San Miguel”, la cual fue confirmada mediante Resolución 3322 de 9 de
septiembre de 2013, se debía resaltar que, a través de la Resolución 334 de
19 de febrero de 2015 se declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de las
Resoluciones 3948 de 6 de agosto de 1990 y 1551 de 20 de abril de 1994, y
mediante la Resolución 5659 de 14 de octubre de 2015 se declaró la pérdida
de fuerza ejecutoria de las Resoluciones 2294 de 5 de septiembre de 2011,
3246 de 2 de diciembre de 2011, 481 de 1 de abril de 2013 y 3322 de 9 de
septiembre de 2013. Con lo anterior, el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho carecía de objeto pues “las resoluciones
[dentro de las que estaba la 1551 de 1994] (…) perdieron su vigencia y, en
consecuencia, (…) resulta irrelevante darle continuidad a la presente
demanda”. Además, resaltó que con Auto 179 de 26 de octubre de 2015 se
7 Folios 297 a 302 y 336 a 342, Cuaderno 2.
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ordenó “(…) adelantar las diligencias previas orientadas a determinar la
procedencia legal de iniciar el proceso de clarificación de la propiedad
sobre el citado predio La Gloria (…)”.
10. Propuso como excepciones: 1) la “carencia de objeto de la demanda”;
2) la improcedencia de la acción por prejudicialidad, pues se tramitaban,
en paralelo, los procesos de revisión, 2013-001600-1 y 2013-01690-1 (49.158),
ante el Consejo de Estado; 3) la ineptitud sustantiva de la demanda por
haberse provocado la revocación directa de los actos objeto del proceso;
y 4) la objeción de la cuantía porque “(…) no se alelg[ó] prueba sumaria
que demuestre la existencia de los perjuicios (…)”.
1.3. Trámite relevante en primera instancia
11. El 23 de junio de 2016 se llevó a cabo la audiencia inicial8, en la que se
resolvieron algunas de las excepciones propuestas. Se negó la
prejudicialidad porque “(…) no basta[ba] con la sola enunciación de los
procesos, sino que la parte solicitante deb[ía] demostrar la incidencia
definitiva y directa que la decisión que se tome en un litigio tenga sobre la
que se adopte en otro, de modo tal que sea condicionante total o
parcialmente del sentido del fallo que deba proferirse”. Se negó la
configuración de la excepción de inepta demanda, por haberse
provocado la revocación directa de los actos demandados, porque “(…) si
en efecto dichos actos acusados desaparecieron del mundo jurídico o no,
ello es objeto de discusión en el fondo del asunto, en donde se deberá
estudiar también cuáles pudieron ser los perjuicios que con dicho acto se
ocasionó (…)”. Negó la solicitud de acumulación de procesos y de remisión
al Consejo de Estado porque no se acreditó la configuración de los
requisitos previstos en los artículos 148 a 150 del CGP.
12. Mediante Auto de 16 de noviembre de 2016, el Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C9 confirmó
la no prosperidad de las excepciones de “improcedencia de la acción por
prejudicialidad” porque “(…) el presente medio de control (…) tiene una
finalidad de que se declare la nulidad de unos actos administrativos y se les
reestablezca los derechos que considera trasgredidos con los mismos,
mientras que con las acciones de revisión que se tramitan en esta
[c]orporación pretenden la revisión del trámite adelantado por el INCORA”;
y de “ineptitud sustantiva de la demanda” por la revocación directa de los
actos demandados, pues dicha excepción “(…) se configura,
exclusivamente, cuando falta alguno de los presupuestos [contenidos en el
artículo 162 del CPACA]”, circunstancia que no ocurrió en el presente caso.
1.4 Sentencia recurrida
13. El 21 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo del Cesar profirió
sentencia de primera instancia10, en la que decidió (se trascribe):
8 Acta de la Audiencia Inicial, de 23 de junio de 2016. Folios 358 a 370, Cuaderno 2.
9 Folios 376 a 385, Cuaderno 2.
10 Folios 830 a 856, Cuaderno del Consejo de Estado.
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“FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
consideraciones expuestas.
SEGUNDO: Sin costas.
TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.”
14. Con fundamento en lo decidido en la etapa de fijación del litigio, se
consideró que “(…) lo pretendido por la parte actora, en concreto, es que
a través del presente medio de control se declare la pérdida de fuerza
ejecutoria de la Resolución No. 01551 de 1994 y de contera se nulitulen (sic)
los actos administrativos demandados [Resoluciones 1558 de 9 de agosto
de 2012 y 436 de 18 de marzo de 2013], por los cuales se negó la pérdida
de fuerza ejecutoria de la citada resolución y la revocatoria directa del
procedimiento de recuperación de terrenos baldíos (…). Por ello, la Sala
abordará el estudio de ella como primera medida, por ser ello el punto
central de la presente contienda.”.
15. Luego de referir algunos precedentes de esta corporación, sobre el
decaimiento de los actos administrativos, concluyó que “(…) no puede ser
declarada en sede judicial, pues (…) no existe dentro de la legislación un
medio de control a través del cual se pueda demandar la pérdida de fuerza
ejecutoria de un acto administrativo y, en consecuencia, la pretensión de
la demanda tendiente a obtener tal declaratoria respecto de la Resolución
No. 01551 de 1994, no tiene vocación de prosperidad.” Sin embargo, resaltó
que ello no impediría juzgar su validez por los cargos de nulidad se
endilgaron respecto de las Resoluciones 1558 de 9 de agosto de 2012 y 436
de 18 de marzo de 2013, los cuales encontró no demostrados porque:
16. 1) No fueron “expedidos en infracción directa de las normas en que
debían fundarse” porque, según la parte considerativa de las resoluciones
demandadas, “(…) el hecho determinante para iniciar el proceso de
recuperación de terrenos baldíos indebidamente ocupados sobre los
predios denominados Los Bajos, Caño Negro, San Simón, Venecia, Potosi,
Maria Isidra y San Miguel (…) que hacen parte de la mayor extensión de
tierra denominada Bellacruz, hoy La Gloria, fue la consolidación que
alcanzó la situación jurídica creada por la Resolución No. 01551 de 1994,
antes de la derogatoria de la Ley 135 de 1961, con lo cual se fundamentó
el extinto INCORA para declarar que los títulos aportados sobre los predios
rurales antes mencionados, eran insuficientes para acreditar dominio frente
al Estado conforme a la Ley 200 de 1936, norma que se encontraba vigente
y aplicable al momento en que ocurrieron los hechos”.
17. Además, resaltó que si bien el INCODER expidió las Resoluciones 334 de
19 de febrero de 2015, a través de la que declaró la pérdida de fuerza
ejecutoria de la Resolución 1551 de 1994, y la 5659 de 14 de octubre de
2015, mediante la cual declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de todas las
decisiones adoptaras en el procedimiento de recuperación de baldíos en
el predio La Gloria, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-235 de 2016,
concluyó que la Resolución 1551 de 1994 no perdió fuerza ejecutoria,
producto de lo cual “(…) los actos administrativos demandados cobraron
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vida y regresaron al mundo jurídico, surtiendo plenos efectos, pero, en esta
ocasión, por mandato expreso de la Corte Constitucional, razón por la cual
es dable afirmar que este cargo de nulidad, referente a la violación directa
del artículo 66 del CCA – hoy 191 y 192 del CPACA, (…) no tiene vocación
de prosperidad, en la medida que el mismo fue estudiado en sede de
constitucionalidad y hallado impróspero (…) Se concluye que las citadas
resoluciones se encuentran vigentes por orden constitucional. (…) cualquier
pronunciamiento que al respecto realice otro juez se torna inane pues para
todos los efectos existe un pronunciamiento constitucional que se erige
como definitivo en dicho tema (…) aceptar lo contrario, implicaría, (…)
invadir, para el caso que nos ocupa, las órbitas propias de la Corte
Constitucional (…)”.
18. 2) No fueron “expedidos mediante errónea motivación” porque, según
las consideraciones de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-235 de
2016, la Resolución 1551 de 1994 no perdió su fuerza ejecutoria y, por tanto,
los actos demandados fueron adecuadamente motivados, lo cual “(…) ya
fue debatido y decidido en el cargo anterior, [por lo tanto] la Sala no hará
más consideraciones al respecto, señalando que, en consiguiente, su suerte
es la misma”.
19. 3) No fueron “expedidos con violación del derecho fundamental al
debido proceso y del principio de legalidad” porque, según las pruebas
obrantes, todos los actos administrativos que se han expedido en el
procedimiento de clarificación de la propiedad de los predios que
comprenden el terreno denominado La Gloria y el consecuente
procedimiento de recuperación de baldíos indebidamente ocupados han
sido debidamente notificados a los interesados, garantizándoles su derecho
de defensa y las oportunidades para aportar y pedir pruebas y, además,
para presentar los recursos previstos en la ley. Igualmente, las resoluciones
se profirieron con fundamento en las normas vigentes al momento de
expedición de estos (Ley 135 de 1961, Ley 200 de 1936 y Decreto 1265 de
1977).
1.5. Recurso de apelación
20. La parte actora presentó recurso de apelación11 en el que, luego de
hacer un extenso resumen del trámite procesal, 1) reiteró las razones por las
que, en su consideración, la Resolución 1551 de 1994 había perdido fuerza
ejecutoria y, por lo tanto, 2) ello demostraba la configuración de los cargos
alegados en la demanda. En relación con lo primero, alegó que las
resoluciones demandadas “(…) fueron expedidas con fundamento en el
acto administrativo que perdió su fuerza ejecutoria (la Resolución 1551 de
199), por las dos causales señaladas en la demanda, a saber: i) por
desaparecimiento de los fundamentos de derecho; y ii) por haber
trascurrido más de 5 años desde que quedó en firme, sin que la
administración hubiera realizado actos tendientes a ejecutarla. (…)”.
11 Folios 862 a 882, Cuaderno del Consejo de Estado.
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Decisión: modifica y confirma la Sentencia
21. En relación con lo segundo, alegó que la Resolución 1551 de 1994 “(…)
no alcanzó a consolidar ninguna situación jurídica, habida cuenta,
precisamente, [de] que hizo falta su registro en el folio de matrícula
inmobiliaria y en este interregno se derogó la ley con fundamento en la cual
se expidió el referido acto administrativo, sin que la situación jurídica (…) se
hubiere consolidado. (…) después de cerca de 20 años de expedido fue
cuando la entidad inició los actos para su ejecución, entre ellos, el registro
de la resolución en el folio de matrícula inmobiliaria, pero solo por orden de
la Corte Constitucional en la sentencia SU-235 de 2016”.
22. En línea con lo anterior, alegó que la referida sentencia de tutela “(…)
desconoció el contenido de la sentencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado que ordenó inaplicar el artículo 12 del Decreto 1265 de 1977, que
permitía a la autoridad administrativa cancelar asientos registrales de la
propiedad privada (…)” y que, no podía olvidarse que la Resolución 1551
de 1994 “(…) no hizo una declaración de baldíos en su parte resolutiva, pues
únicamente indicó que los títulos de dominio aportados resultaban
insuficientes para demostrar dominio privado y, de otra parte (…) sobre los
predios existían títulos de dominio privado que debían ser cancelados a
través de un proceso judicial, como ordenó el Consejo de Estado. Si en
gracia de discusión se aceptara que la Resolución 1551 de 1994 contenía
una declaración de baldíos, esta (…) tenía que consolidarse mediante la
cancelación de los títulos privados y el registro de esta cancelación en el
folio de matrícula inmobiliaria, pues el certificado de libertad y tradición de
los predios señalaban que (…) eran de propiedad privada y sobre ellos no
existía limitación de dominio”. Por último, alegó que la errada motivación y
la vulneración del debido proceso estaban demostradas por las razones
expuestas y que la sentencia fue incongruente pues se pronunció sobre los
actos de clarificación y de recuperación de baldíos, los cuales fueron
demandados en otros procesos, dejándose de pronunciar sobre la validez
de los que son objeto de este proceso.
1.6. Trámite relevante en segunda instancia
23. Mediante escrito radicado el 5 de marzo de 202612, la procuradora
delegada de intervención No. 6 primera ante el Consejo de Estado puso en
conocimiento del despacho sustanciador que el 4 de marzo de 2026 radicó,
ante la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior
de Cúcuta, una solicitud para que el presente proceso se acumulara, según
el artículo 95 de la Ley 1448 de 2011, con el identificado con radicado 68081-
31-21-001-2017-00172-03, que se tramita en dicho tribunal. Indicó que la
solicitud se planteó con el fin de garantizar decisiones integrales, coherentes
y libres de contradicciones sobre los derechos de las víctimas y “(…) por
cuanto en dicha acción judicial [la presente controversia] se cuestion[ó] los
actos administrativos contenidos en las Resolución 1558 de 9 de agosto de
2012 y 0436 de 18 de marzo de 2013 que resuelven peticiones relacionadas
con la Resolución No. 1551 de 1994 que culminó el procedimiento de
clarificación de la propiedad adelantado sobre predios rurales integrantes
12 Índice 62, SAMAI.
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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00357-02 (64.079)
Demandantes: Sociedad MR de Inversiones S.A.S. y otra
Demandada: Agencia Nacional de Tierras - ANT (antes,
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER))
Referencia: nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: modifica y confirma la Sentencia
de la Hacienda Bellacruz (hoy Hacienda La Gloria) y la solicitud de
revocatoria directa del procedimiento de recuperación de baldíos, lo que
evidencia una conexidad directa, necesaria y material entre el objeto del
proceso de revisión agraria y el trámite de restitución de tierras que
adelanta este Tribunal”.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Cuestión previa: la acumulación procesal solicitada ante el Tribunal
Superior de Cúcuta - 2.2. Presupuestos procesales y decisión que se adoptará - 2.3. Análisis
sustantivo - 2.4. Sobre la condena en costas
2.1. Cuestión previa: la acumulación procesal solicitada ante el Tribunal
Superior de Cúcuta
24. La Sala precisa que la solicitud de acumulación procesal, radicada ante
la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de
Cúcuta y comunicada a esta corporación, no impide la adopción de la
presenten decisión porque, primero, no encaja en ninguna de las causales
de interrupción o de suspensión procesal previstas en el CGP13 y, segundo,
esta providencia observa plenamente el contenido del precedente
unificado contenido en la sentencia SU-235 de 2016 de la Corte
Constitucional14, en el cual se basó la solicitud de acumulación procesal.
2.2. Presupuestos procesales y decisión que se adoptará
25. La Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de toda la controversia
toda vez que la Resolución 436 de 18 de marzo de 201315, que resolvió de
forma negativa la solicitud de revocación directa dentro del procedimiento
de recuperación de baldíos, es un acto administrativo no demandable, tal
como lo ha considerado esta corporación, de forma pacífica, pues no
constituye una nueva manifestación de voluntad, distinta del acto
administrativo cuya revocación se solicitó16.
13 Por expresa remisión del artículo 306 del CPACA, las causales de interrupción y suspensión procesal son las
contenidas en los artículos 159 y 161 del CGP.
14 Sentencia proferida producto de una acción de tutela en la que se solicitó la protección de los derechos a la
vida, igualdad, honra, paz, trabajo, seguridad social y vivienda digna de los miembros de la Asociación
Colombiana Horizonte “ASOCOL” de Piedecuesta, las cuales se habían asentado en predios pertenecientes a la
Hacienda Bellacruz desde 1986 y desde inicios de 1996 un grupo paramilitar, liderado por el dueño de la hacienda,
realizó varios actos de violencia que obligaron a las familias a desplazarse. En la decisión se tutelaron los derechos
fundamentales vulnerados, se ordenó continuar “con el proceso de recuperación de baldíos indebidamente
ocupados” y, para ello, se discutió, precisamente, la producción de efectos de la Resolución 1551 de 1994,
concluyéndose que “[l]os predios objeto de la solicitud de recuperación y de adjudicación fueron declarados
baldíos mediante la Resolución 1551 de 1994 por el extinto INCORA, la cual tiene efectos declarativos que se limitan
a constatar que los predios nunca han salido del patrimonio del Estado. Así mismo, en la medida en que no se
efectuó una tradición de la propiedad en los términos del artículo 756 del Código Civil, no era necesaria la
inscripción de la respectiva resolución en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para afirmar la propiedad
fiscal sobre los predios, y, en todo caso, el registro sólo tiene el efecto de darle publicidad al mencionado acto
administrativo. Más aun, la Resolución 1551 de 1994 es oponible a M.R. de Inversiones (…)”.
15 “Por la cual la Subgerencia de Tierras Rurales resuelve una solicitud de revocatoria directa dentro del
procedimiento de recuperación de baldíos indebidamente ocupados adelantado en los predios denominados
“Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel”, ubicados en jurisdicción de los
municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque del departamento del Cesar, e integrantes del que en mayor
extensión conforman el predio rural Hacienda Bellacruz”. Folios 201 a 212, Cuaderno 1.
16 “(…) el acto que decida la solicitud de revocación directa no tiene recursos, y el que la niegue no constituye
acto administrativo definitivo, ya que no hace parte de la vía gubernativa y no genera una situación jurídica nueva
o distinta a la del acto administrativo que se solicite revocar directamente, por lo cual no es susceptible de acción
contencioso administrativa. No así el acto que conceda la revocación directa, es decir, el acto revocatorio, que
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Demandantes: Sociedad MR de Inversiones S.A.S. y otra
Demandada: Agencia Nacional de Tierras - ANT (antes,
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER))
Referencia: nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: modifica y confirma la Sentencia
26. Por su parte, en relación con el otro acto administrativo demandado se
encuentran reunidos los presupuestos procesales para dictar sentencia.
Respecto de la oportunidad, se advierte que la demanda se instauró
oportunamente porque la Resolución 1558 de 9 de agosto de 201217 fue
notificada el 12 de septiembre de 2012 al apoderado de la demandante
Sociedad MR de Inversiones S.A.S.18. Por lo tanto, la demanda, radicada el
5 de abril de 201319, previa satisfacción del requisito de procedibilidad
mediante solicitud de conciliación extrajudicial, radicada el 29 de
noviembre de 2012 y resuelta el 26 de febrero de 201320, sin ánimo
conciliatorio entre las partes, fue presentada antes de que se cumpliera el
término de caducidad, incluido el término de suspensión por el trámite de
la conciliación.
27. La Sala precisa que, si bien la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos
administrativos opera de pleno derecho, cuando el interesado se opone su
ejecución, el acto que decide sobre esa solicitud sí es susceptible de control
judicial, según el artículo 92 del CPACA. En esta controversia, precisamente,
se pretende la nulidad del acto que negó la configuración de la pérdida
de fuerza ejecutoria (pretensión primera). En este contexto se precisa que,
contrario a lo concluido por el Tribunal, las pretensiones de declarar la
pérdida de fuerza ejecutoria (tercera y cuarta) son susceptibles de análisis,
pues se refieren al restablecimiento del derecho, derivado de la eventual
nulidad del acto que negó la configuración de la pérdida de fuerza
ejecutoria.
28. La Sala modificará la sentencia de primera instancia en el sentido de
declarar que la Resolución 436 de 18 de marzo de 2013 no es susceptible de
control judicial y, en relación Resolución 1558 de 9 de agosto de 2012,
confirmará la negativa de las pretensiones, pues las demandantes no
demostraron los cargos de nulidad que adujeron en su contra y, por lo tanto,
no desvirtuaron su presunción de legalidad.
2.3. Análisis sustantivo
29. Los reparos de los apelantes contra la sentencia de primera instancia se
centran en que el Tribunal desconoció que la Resolución 1551 de 1994 había
perdido su fuerza ejecutoria “(…) i) por desaparecimiento de los
fundamentos de derecho; y ii) por haber trascurrido más de 5 años desde
justamente por significar una nueva situación jurídica frente a la del acto revocado, pasa a ser un nuevo acto
administrativo (…).” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 23 de
octubre de 2014, Exp. 25000-23-41-000-2014-00674-01. Posición reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de tutela de 6 de mayo de 2024, Exp. 2.619;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 11 de octubre de 2023,
Exp. 76001-23-33-000-2017-01711-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Auto de 30 de mayo de 2024, Exp. 05001-2333-000-2023-01127-01; (…).” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Auto de 24 de noviembre de 2022, Exp. 25001-23-41-000-2022-01065-01; (…).”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 28 de agosto de 2025,
Exp. 25000-2341-000-2012-00158-01, entre otras.
17 “Mediante la cual se resuelve solicitud de pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 01551 de 1994,
mediante la cual se clarificó la situación jurídica de los terrenos que conforman el predio rural denominado
Hacienda Bellacruz, ubicado en jurisdicción de los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque, departamento
del Cesar.” Folios 51 a 61, Cuaderno 1.
18 Sello al reverso de Folio 62, Cuaderno 1.
19 Folio 1, Cuaderno 1.
20 Folios 63 y 63, Cuaderno 1.
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Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER))
Referencia: nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: modifica y confirma la Sentencia
que quedó en firme, sin que la administración hubiera realizado actos
tendientes a ejecutarla (…)”. De probarse lo anterior, la Resolución 1558 de
2012 se habría proferido incurriendo en los 3 cargos de nulidad propuestos,
esto es: haber sido expedidos en infracción directa de las normas en que
debían fundarse; mediante falsa motivación; y en violación del derecho
fundamental al debido proceso y del principio de legalidad.
30. El Tribunal, citando los párrafos 145 a 158 de la Sentencia SU-235 de 2016
de la Corte Constitucional, concluyó que la Resolución 1551 de 1994 no
había perdido fuerza ejecutoria y, por lo tanto, que el INCODER acertó al
no declarar su configuración. De este modo, en su consideración, la
decisión de, precisamente, negar la configuración de dicha institución
jurídica, estaba dotada de plena validez y estaba llamados a producir sus
efectos.
31. Al respecto, la Sala comparte las consideraciones del Tribunal, basadas
en la referida sentencia de tutela de la Corte Constitucional21, en el sentido
de que la Resolución 1551 de 1994 no perdió fuerza ejecutoria, pues sus
efectos ya se habían consolidado, sin que se requiriera que su parte
resolutiva incluyera una declaración de baldíos o de su registro en el folio
de matrícula inmobiliaria correspondiente, para que satisficiera su finalidad
y agotara sus efectos, según se pasa a explicar:
32. La Resolución 1551 de 20 de abril de1994, “por la cual se clarifica la
situación jurídica de los terrenos que conforman el predio rural denominado
Hacienda Bellacruz, ubicado en jurisdicción de los municipios de La Gloria,
Pelaya y Tamalameque, Departamento del Cesar”22 se fundó,
normativamente, en el Decreto 1265 de 1977, la Ley 200 de 1936 y la Ley 135
de 1961, como expresamente se indicó en su parte considerativa. Con base
en dicho soporte normativo, precisó que “(…) el procedimiento
administrativo de clarificación de la propiedad tiene como finalidad
establecer (…) si un determinado inmueble salió del patrimonio del Estado
por cualquiera de los medios señalados en la ley o si, por el contrario,
21 Sentencia que produjo efectos directos contra las aquí demandantes, al ordenar la cancelación de sus registros
de propiedad sobre los predios objeto de la Resolución 1551 de 1994La parte resolutiva de la sentencia indica:
“(…) CUARTO. - CONCEDER la protección del derecho fundamental al debido proceso administrativo, a la vida
en condiciones dignas y al trabajo y a la vivienda en condiciones dignas de los accionantes. En consecuencia,
conforme a lo establecido en el artículo 4º del Decreto 2363 de 2015 y demás normas aplicables, ORDENAR al
Director de la Agencia Nacional de Tierras dejar sin efecto las Resoluciones No. 334 del 19 de febrero de 2015 y
5659 del 14 de octubre de 2015 expedidas por el INCODER. Por consiguiente, ORDENAR al mencionado funcionario
público que continúe con el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, para que finalice
con la adjudicación de los baldíos identificados como indebidamente ocupados en la Resolución 481 de 2013.
(…)
QUINTO. - ORDENAR al Superintendente de Notariado y Registro que, por conducto de las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, cancele los
registros de la propiedad de M.R. de Inversiones y Cía Ltda., hoy M.R. de Inversiones S.A.S, sobre los predios objeto
de las Resoluciones No. 1551 de 1994 y 481 de 2013, así como el fideicomiso establecido a favor de Fiducafé, hoy
Fiduciaria Davivienda, y de todos los demás actos privados posteriores al 20 de abril de 1994. En consecuencia,
ORDENAR al mencionado funcionario público inscribir en el registro de las Resoluciones 3948 del 6 de agosto de
1990 y 1551 del 20 de abril de 1994, proferidas por el extinto INCORA, 2294 del 5 de septiembre de 2011, 3246 del 2
de diciembre de 2011 y 481 del 1º de abril de 2013, y 3322 del 9 de septiembre de 2013, proferidas por INCODER
en los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 192-2897 y 196-1038. El Superintendente informará a esta Corporación
sobre el cumplimiento de dicha orden.
SEXTO. - ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, UAEGRTD
que en conjunto con el Ministerio de Defensa, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la
presente providencia inicie todas las diligencias necesarias para la etapa administrativa de los procesos de
restitución de tierras de los campesinos que acrediten haber sido víctimas de desplazamiento de la antigua
Hacienda Bellacruz.” Corte Constitucional, Sentencia SU-235 de 2016.
22 Folios 530 a 546, Cuaderno 3.
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Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER))
Referencia: nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: modifica y confirma la Sentencia
conserva su condición de baldío. (…)”. A su turno, en virtud de las pruebas
obrantes, concluyó que los “títulos originarios” y las tradiciones de dominio
demostradas en 22 de los lotes que conformaban la Hacienda Bellacruz
“(…) era[n] suficientes para demostrar que (…) ha[bían] salido del
patrimonio del Estado y [eran] propiedad privada (…)”. Sin embargo,
respecto de los lotes objeto de esta controversia (Los Bajos, Caño Negro,
San Simón, Venecia, Potosí, María Isidra y San Miguel) concluyó que “(…) su
titularidad no es suficiente para acreditar dominio privado y, por lo tanto, se
consideran terrenos baldíos”. De la parte resolutiva, a propósito de la
controversia, se resaltan los artículos 3 a 6, según los cuales:
“(…)
ARTICULO TERCERO: Declarar que los títulos aportados sobre los predios rurales
denominados LOS BAJOS, CAÑO NEGRO, SAN SIMÓN, VENECIA, POTOSI,
MARIA ISIDRA y SAN MIGUEL, ubicados en jurisdicción de los municipios de LA
GLORIA, PELAYA y TAMALAMEQUE, departamento del CESAR, son insuficientes
porque no acreditan dominio frente al Estado conforme a la Ley 200 de 1936
y se encuentran alinderados de la siguiente manera:
(…)
ARTÍCULO CUARTO. - Notificar personalmente la presente Resolución al señor
Procurador Agrario y a los interesados, de conformidad con los Artículos 44 y
siguientes del Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO. - Con fundamento en la Sentencia de Sala Plena del
Honorable Consejo de Estado de julio 30 de 1985, no se ordenará la inscripción
de la presente providencia en los folios de Matrícula Inmobiliaria Nos. 192-
0002897 y 196-0001038 correspondientes a las Seccionales de Chimichagua y
Río de Oro, pero se solicitará la cancelación de la inscripción de la Resolución
N°. 03948 del 6 de agosto de 1990 que inició el procedimiento de clarificación
sobre el predio rural denominado HACIENDA BELLACRUZ, objeto de esta
decisión.
ARÍICULO SEXTO. - Contra la presente Resolución y por la vía gubernativa solo
procede el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a su
notificación. (…)”.
33. Para analizar las causas alegadas de pérdida de fuerza ejecutoria, que
soportarían la declaratoria de nulidad, la Sala considera necesario recordar
que, por un lado, la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos
por desaparición de sus fundamentos de hecho o derecho opera hacia el
futuro, es decir, respecto de efectos no consolidados al momento en que
las normas en que se funda el acto desaparecen, tal como lo ha
considerado esta corporación23 y la Corte Constitucional24. A su turno, la
pérdida de fuerza ejecutoria por la inejecución luego de cinco años de
23 “El decaimiento de los actos administrativos ocurre cuando pierden su fuerza ejecutoria. Esa pérdida de fuerza
ejecutoria puede darse como consecuencia de la desaparición de los fundamentos de hecho o de derecho del
acto administrativo (…) El decaimiento del acto supone que el acto no podrá surtir efectos hacia el futuro, desde
el momento en que desaparecen sus fundamentos de derecho (…)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 15 de agosto de 2018, Exp. 22.362. En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 24 de septiembre de
2021, Exp. 66.251; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia de 10 de marzo de 2011, Exp. 13.857A; entre otras.
24 Al analizar la constitucionalidad del artículo 66 del CCA, la Corte Constitucional consideró que: “El decaimiento
de un acto administrativo que se produce cuando las disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de
sustento, desaparece del escenario jurídico. Cuando se declara la inexequibilidad de una norma legal en que se
funda un acto administrativo se produce la extinción y fuerza ejecutoria del mismo, pues si bien es cierto que todos
los actos administrativos son obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo
contencioso administrativo, también lo es que la misma norma demandada establece que "salvo norma expresa
en contrario", en forma tal que bien puede prescribirse la pérdida de fuerza ejecutoria frente a la desaparición de
un presupuesto de hecho o de derecho indispensable para la vigencia del acto jurídico, que da lugar a que en
virtud de la declaratoria de nulidad del acto o de inexequibilidad del precepto en que este se funda, decretado
por providencia judicial, no pueda seguir surtiendo efectos hacia el futuro, en razón precisamente de haber
desaparecido el fundamento legal o el objeto del mismo.” Corte Constitucional, Sentencia C-069 de 1995.
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Referencia: nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: modifica y confirma la Sentencia
haber cobrado firmeza implica verificar, caso a caso, precisamente, los
actos que la administración debía realizar para ejecutarlos.
34. Para la Sala, según se desprende de las partes considerativa y resolutiva
de la Resolución 1551 de 1994, que conserva su presunción de legalidad,
desde el momento de su notificación a los interesados se produjeron los
efectos de clarificar la propiedad de los lotes que conformaban la
Hacienda Bellacruz, precisando aquellos que eran de propiedad privada y
aquellos que, como expresamente se consideró en la Resolución, “(…)
conserva[ban] su condición de baldío” y respecto de los que,
posteriormente, se inició el procedimiento administrativo de recuperación
de baldíos indebidamente ocupados, al que se oponen las demandantes.
La certeza de la publicidad de la Resolución, respecto de lo cual las
demandantes guardaron silencio, se comprueba porque, según la referida
sentencia SU-235 de 201625, la empresa M.R. de Inversiones estuvo
representada por un abogado, quien no interpuso recurso de reposición,
pero sí solicitó la revocación directa del acto e interpuso una demanda
contra ella ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
35. En este orden de ideas, y contrario a lo que afirma la parte recurrente,
la producción de efectos de la Resolución 1551 de 1994 no estaba
supeditada o condicionada a su inscripción en los folios de matrícula
inmobiliaria o a que la administración demandara el acto de inscripción de
propiedad privada, registrado en dichos folios de matrícula, para
cancelarla y declarar baldíos los predios, según la interpretación que le
dieron a la sentencia del Consejo de Estado de 30 de julio de 1985, citada
en el resuelve 5 de la resolución, pues, tal como lo precisó, de forma clara,
la Sentencia SU-235 de 2016, a propósito de la Resolución 1551 de 1994:
“149. (…) la inscripción en el registro de la resolución que declara un predio
como baldío tiene como único efecto darle publicidad al acto, pero no
constituye una nueva situación jurídica en favor del Estado. De la misma
manera, la falta de registro tampoco tiene un efecto constitutivo para los
particulares que se encuentren inscritos como propietarios. Como lo sostuvo
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en Sentencia del 28 de
agosto de 2000 (M.P. José Fernando Ramírez Gómez), en tales casos, el único
efecto que tiene el registro es permitir identificar a los opositores de la
declaración de baldíos de los bienes.
150. En segunda medida, el argumento no resulta razonable porque
desconoce el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
derecho procesal. El acto antepone la verdad formal del registro por encima
del análisis topográfico, agrológico y de títulos que se llevó a cabo entre 1990
y 1994, y que dio como resultado, después de un examen minucioso de las
cadenas de títulos inscritos de propiedad, que éstos eran insuficientes de
conformidad con lo establecido en la ley vigente en ese momento.
(…)
25 “157. (…) es necesario agregar que el procedimiento de clarificación sí contó con la publicidad necesaria. Tanto
es así, que la empresa M.R. de Inversiones nombró como apoderado al abogado Felipe Pérez Cabrera con tarjeta
profesional 6.986 del Ministerio de Justicia, tal como consta en la misma Resolución 1551 de 1994, para que
representara los intereses de la empresa en el trámite administrativo, quien interpuso recursos en contra de la
resolución de apertura, y aportó documentos para acreditar la propiedad privada. Más aun, el artículo 4º de la
Resolución 1551 de 1994 ordena la notificación personal al Procurador Agrario y a los interesados. Aun cuando la
empresa no interpuso el recurso de reposición, sí solicitó la revocatoria directa de la Resolución e interpuso una
demanda contra ella ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Finalmente, como se afirmó
previamente, conforme al Decreto 1265 de 1977 y a la Ley 160 de 1994, una vez inscrito el acto administrativo de
inicio del proceso de clarificación en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el resultado del proceso le es
oponible tanto al interesado como a los terceros adquirentes del bien.” Corte Constitucional, Sentencia SU-235 de
2016.
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Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER))
Referencia: nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: modifica y confirma la Sentencia
152. Finalmente, no sobra decir que la Sentencia con base en la cual no se
registró el carácter baldío de los predios es anterior a la Constitución Política
de 1991, y que además ordenó inaplicar por inconstitucional una regla jurídica
en un caso concreto en el cual el problema jurídico se relacionaba con la
posibilidad de que varias personas acumularan años de ocupación, es decir,
se trataba de un problema jurídico diferente. Adicionalmente, ni esa
sentencia, ni ninguna otra anuló el artículo 12 del Decreto 1265 de 1977. Por
estos dos motivos, es preciso afirmar que dicho artículo gozaba de presunción
de legalidad y constitucionalidad para el momento en que se expidió la
Resolución 1551 de 1994 y que, si se consideraba razonable inaplicarlo debía
ser por una clara incompatibilidad de la norma con una regla constitucional
nueva, pues el fundamento constitucional de la Sentencia de 1985 había
desaparecido. (…)”
36. La Sala comparte los anteriores argumentos, que ilustran la
consolidación de los efectos pretendidos por la Resolución 1551 de 1994,
pues los recurrentes, equívocamente, entienden que sin el registro el acto
administrativo no se produjeron sus efectos. No obstante, el procedimiento
de clarificación de la propiedad, cuya decisión fue notificada y, luego,
demandada, pretendía, como el mismo acto lo precisó, establecer “(…) si
un determinado inmueble salió del patrimonio del Estado por cualquiera de
los medios señalados en la ley o si, por el contrario, conserva su condición
de baldío”26. Por lo tanto, el resultado de dicho procedimiento implicó que
no se acreditó la propiedad privada respeto de los predios “Potosí, Caño
Negro, Los bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel”, integrantes
del que en mayor extensión conforman el predio rural Hacienda Bellacruz,
hoy La Gloria, y, en consecuencia, según la misma Resolución, “(…) se
consideran terrenos baldíos”. Habiendo consolidado sus efectos, distinto es
el procedimiento de recuperación de baldíos indebidamente ocupados,
que fue iniciado mediante la Resolución 2294 de 5 de septiembre de 2011,
confirmada a través de la Resolución 3264 de 2 de diciembre de 201127, las
cuales conforman las actuaciones respecto de las que el INCODER decidió
negativamente la solicitud de revocación directa, en la Resolución 436 de
18 de marzo de 2013, uno de los actos que se pretenden nulos, pero
respecto del que no procede control judicial, según se precisó atrás.
37. En relación con el contenido del artículo 5 de la Resolución 1551 de 1994,
que decidió, con base en una sentencia del Consejo de Estado de 30 de
julio de 1985, no ordenar la inscripción del acto administrativo en los folios
de matrícula inmobiliaria correspondientes (Nos. 192-0002897 y 196-0001038)
la Sala también considera que dicho registro no implicaba la constitución
de una situación jurídica nueva a favor del Estado, porque la clarificación
de la propiedad trajo consigo efectos favorables para los particulares, a
quienes se les reconocía su propiedad privada, pero en nada afectaba la
calidad de baldíos de los restantes predios, a favor del Estado. Igualmente,
como lo resaltó la Sentencia SU-235 de 2016, no resulta razonable alegar la
falta de registro como sinónimo de ausencia de producción de efectos,
pues ello supondría, contrario a la exigencia de la Constitución de 1991,
darles prevalencia a las formas sobre la sustancia, más cuando las
26 Artículo 3, literal d) de la Ley 135 de 1961, que preveía como función del INCORA: “d) Clarificar la situación de
las tierras desde el punto de vista de su propiedad, a objeto de identificar con la mayor exactitud posible las que
perecen al Estado (…)”. Función que ejercía según el procedimiento previsto en el Decreto 1265 de 1977.
27 Hecho 9 de la reforma de la demanda, Folios 150 a 201, Cuaderno 1.
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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00357-02 (64.079)
Demandantes: Sociedad MR de Inversiones S.A.S. y otra
Demandada: Agencia Nacional de Tierras - ANT (antes,
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER))
Referencia: nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: modifica y confirma la Sentencia
demandantes fueron notificadas, han ejercido su derecho de defensa y
activado varios dispositivos judiciales para proteger sus intereses. Entonces,
la falta de inscripción no impidió que el acto se ejecutara y produjera sus
efectos respecto de los particulares, a los que se les clarificó su propiedad,
dentro de los que se encuentran las demandantes. Además, si el
cuestionamiento gira en torno a terceros, distintos de los demandantes,
primero, esta acción judicial no es el escenario para resolver controversias
de sujetos que no son partes procesales y, segundo, se resalta que, según el
artículo 5 del Decreto 1265 de 197728, la inscripción del acto por el cual se
inicia el procedimiento de clarificación hace que el resultado de este le sea
oponible a terceros, tal como ocurrió en el presente caso.
38. En línea con lo anterior, dado que la Resolución 1551 de 1994 agotó
plenamente sus efectos, la Sala tampoco encuentra que hayan pasado 5
años desde su ejecutoria sin que la administración pública haya realizado
los actos correspondientes para ejecutarlos. Como se ha expuesto, según la
normativa aplicable, no se requería de actuaciones adicionales de la
administración para ejecutar los efectos de la clarificación de propiedad:
producto de dicha decisión los interesados (como lo son las demandantes)
tenían certeza de si los títulos aportados fueron suficientes para demostrar o
no la propiedad privada, en este último evento los predios se consideraban
baldíos. Así, la Resolución 1551 de 1994, que clarificó la propiedad de la
Hacienda Bellacruz, hoy La Gloria, era oponible a los interesados directos y
a los terceros y, por supuesto, constituye el fundamento para que el Estado,
cuando lo considere pertinente, adelante el procedimiento de
recuperación de baldíos indebidamente ocupados, con independencia
del tiempo que transcurra entre los procedimientos de clarificación y de
recuperación, pues se trata de bienes inalienables, imprescriptibles e
inembargables29.
39. Con base en las consideraciones expuestas, en el mismo sentido del
Tribunal de primera instancia y de la Corte Constitucional, la Sala considera
que las causales de pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 1551 de
1994 no se configuraron porque:
40. 1) No desaparecieron los fundamentos de derecho en que se fundó
pues, si bien para el momento de expedición de la Resolución 1558 de 9 de
agosto de 2012 los fundamentos de derecho de la Resolución 1551 de 1994
(Leyes 200 de 1936 y 135 de 1961) habían sido derogados, producto de la
entrada en vigor de la Ley 160 de 1994, lo cierto es que sus efectos, de
clarificación de la propiedad, ya se habían consolidado, siendo indiferente
dicha derogatoria. Obviar la precisión de que los efectos de la pérdida de
fuerza ejecutoria se producen hacía el futuro, y no afectan situaciones
consolidadas, tal como lo pretenden las recurrentes, supondría que, ante
cualquier modificación, subrogación, o derogatoria de los fundamentos de
28 “Artículo 5º Publicidad. Para efectos de publicidad la providencia que inicie el procedimiento de clarificación
de la propiedad será inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente. A partir de este
registro, las actuaciones administrativas que se adelanten producirán efecto frente a terceros”. Norma que es
coincidente con el régimen contenido en la Ley 160 de 1995, en su artículo 49.
29 Corte Constitucional, Sentencia SU-288 de 2022.
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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00357-02 (64.079)
Demandantes: Sociedad MR de Inversiones S.A.S. y otra
Demandada: Agencia Nacional de Tierras - ANT (antes,
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER))
Referencia: nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: modifica y confirma la Sentencia
derecho de los actos administrativos se produciría su pérdida de fuerza
ejecutoria, al margen de la existencia de situaciones consolidadas, en las
que los efectos ya se produjeron.
41. 2) La Resolución 1551 de 1994 se ejecutó, plenamente, dentro de los 5
años siguientes a que cobró firmeza pues, una vez fue publicitada a los
interesados y a los terceros, no se requerían de actuaciones adicionales
para producir y consolidar los efectos de clarificación de la propiedad,
tanto para los particulares a los que se les reconoció su propiedad privada,
como para el Estado, respecto del que algunos predios permanecían en su
dominio, al seguir considerándose baldíos.
42. Ahora bien, dado que el soporte de la apelación y de los 3 cargos de
nulidad, atribuidos a la Resolución 1558 de 9 de agosto de 2012 es la
supuesta pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 1551 de 1994, la Sala
considera que las razones atrás expuestas, que ilustran la no configuración
de dicha institución jurídica, son suficientes para desestimar todos los
cargos. Con todo, se debe resaltar que el Tribunal ya había precisado que
los actos administrativos demandados fueron claros y expresos al indicar
que la situación jurídica creada por dicho acto administrativo (clarificación
de la propiedad) estaba consolidada desde su publicidad y, con más
razón, para el momento en que se solicitó el reconocimiento de la pérdida
de fuerza ejecutoria30.
43. Con base en lo anterior, la Sala considera que el recurso de apelación
no está llamado a prosperar porque la Resolución 436 de 18 de marzo de
2013 no es susceptible de control judicial y la Resolución 1558 de 9 de agosto
de 2012 no fue proferida con infracción de las normas en que debía
fundarse, no adolece de falsa motivación, y no vulneró el debido proceso
de los demandantes, con lo cual, su presunción de legalidad no fue
desvirtuada.
2.4. Sobre la condena en costas
44. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365
numeral 1 del CGP, la Sala condenará en costas y agencias en derecho de
esta instancia a la parte demandante, pues fue vencida en el proceso y su
recurso de apelación se resolvió desfavorablemente. Ambas deberán ser
tasadas y liquidadas por el Tribunal de primera instancia, según lo dispuesto
en los artículos 365 y 366 del CGP.
30 La sentencia de primera instancia precisó, luego de citar apartados de las Resoluciones 1558 de 9 de agosto de
2012 y 436 de 18 de marzo de 2013, que “Se concluye que, según la motivación de las resoluciones cuestionadas,
el hecho determinante para iniciar el proceso de recuperación de terrenos baldíos indebidamente ocupados
sobre los predios denominados LOS BAJOS, CAÑO NEGRO, SAN SIMON, VENECIA, POTOSI, MARIA ISIDRA Y SAN
MIGUEL, ubicados en jurisdicción de los municipios de LA GLORIA, PELAYA Y TAMALAMEQUE, Departamento del
Cesar, y que hacen parte de la mayor extensión de tierra denominado BELLACRUZ hoy LA GLORIA, fue la
consolidación que alcanzó la situación jurídica creada por la Resolución No. 01551 de 1994, antes de la
derogatoria de la Ley 135 de 1961, con la cual se fundamentó el extinto INCORA para declarar que los títulos
aportados sobre los predios rurales antes mencionados, eran insuficientes para acreditar dominio frente al Estado
conforme a la Ley 200 de 1936, norma que se encontraba vigente y aplicable, al momento en que ocurrieron los
hechos.”
Lo anterior se corrobora, directamente, en los considerandos de las resoluciones cuya nulidad se pretende.
Resolución 1558 de 9 de agosto de 2012, Folios 547 a 552, Cuaderno 3 y Resolución 436 de 18 de marzo de 2013,
Folios 553 a 558, Cuaderno 3.
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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00357-02 (64.079)
Demandantes: Sociedad MR de Inversiones S.A.S. y otra
Demandada: Agencia Nacional de Tierras - ANT (antes,
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER))
Referencia: nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: modifica y confirma la Sentencia
3. DECISIÓN
45. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR que la Resolución 436 de 18 de marzo de 2013 no es
susceptible de control judicial, según las consideraciones expuestas.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva de la
Sentencia de 21 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
del Cesar, que negó las pretensiones, según las consideraciones expuestas,
el cual quedará así:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, en relación
con la Resolución 1558 de 9 de agosto de 2012, de conformidad
con las consideraciones expuestas.”
TERCERO: CONFIRMAR el resto de la parte resolutiva de la Sentencia de 21
de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.
CUARTO: CONDENAR, por concepto de costas y agencias en derecho de
esta instancia, a la parte demandante, a favor de la Agencia Nacional de
Tierras – ANT, según las consideraciones expuestas. De conformidad con el
artículo 366 del CGP, ambas serán liquidadas por el Tribunal.
QUINTO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE
el expediente al Tribunal de origen
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado Electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
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