RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2012-00158-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00158-01

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00158-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la sentencia de 1 de octubre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, DECLARAR probada la excepción de acto no susceptible de control judicial, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar a favor del Distrito Capital - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2012-00158-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

28 de agosto de 2025

1

Radicado: 25000 2341 000 2012 00158 01
Demandante: Jorge Enrique Cortés Rojas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 2341 000 2012 00158 01
Demandante: JORGE ENRIQUE CORTÉS ROJAS
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de 1 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negó las pretensiones de
la demanda contra la Superintendencia de Notariado y Registro.

I.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en
el artículo 138 del C.P.A.C.A., el señor Jorge Enrique Cortés Rojas, a través de
apoderado judicial, demandó a la Superintendencia de Notariado y Registro, con
el objeto de que se accediera a las siguientes:

1.1.1. Pretensiones

“[…] 1. Que se declare que es NULA la Resolución singularizada con el número
000001 de 13 de enero de 2.012 “Por la cual se decide una solicitud de Revocatoria
Directa”, expedida por la señora Registradora Principal de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro.

2. Que a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se cancele por parte de
la autoridad administrativa aquí demandada la suma de DOSCIENTOS
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($200.000.000.°°), por

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 25000 2341 000 2012 00158 01
Demandante: Jorge Enrique Cortés Rojas

concepto de honorarios profesionales de los abogados que debió sufragar en
defensa de sus derechos e intereses. […]”1

1.1.2. El acto acusado

En este proceso se pretende la nulidad de la Resolución número 000001
del 13 de enero de 2012 expedida por la Registradora Principal de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C. Zona Centro, la cual
dispone:

“En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el
Decreto-Ley 1250 de 1970, y de conformidad con lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, y considerando:

ANTECEDENTES

Según se publicita em la anotación N° 01 del folio de matricula inmobiliaria 50C-
1473539 de Agosto 09 de 1.963, se inscribió la Sentencia del 04 de Marzo de
1.963 proferida por el Juzgado 5° Civil del Circuito de Bogotá contentiva de
Adjudicación por Expropiación” a favor del Distrito Especial de Bogotá (Hoy
Distrito Capital)

Como anotación N° 2 de la predicha matrícula, se registró el 02 de enero de
2.007, la escritura N° 0210 del 03 de Noviembre de 2.006 autorizada en la
Notaria 73 de Bogotá contentiva del acto “declaraciones de construcción en suelo
propio” rendidas por la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ- INSTITUTO DISTRITAL
PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD -IDIPRON“

Mediante Resolución N° 000618 de Diciembre 20 de 2.002 proferida por ésta
Oficina de Registro, se decidió la actuación administrativa dentro del expediente
1438 ordenándose el cierre de la matrícula 50C-394152, a su vez, asignando al
predio “Finca la Providencia” la 50C-1561366 y ordenando en su artículo quinto,
notificar dicha resolución al señor JORGE ENRIQUE CORTÉS ROJAS.

El Doctor FERNANDO AUGUSTO TREBILCOCK BARVO, identificado con cédula de
ciudadanía No. […] y Tarjeta Profesional N° […] del Consejo Superior de la
Judicatura, quien obra como apoderado del señor JORGE ENRIQUE CORTÉS
ROJAS identificado con la C.C. […], a través de escrito radicado en esta Oficina
el 21 de Octubre de 2.011 bajo el número 50C2011ER29759 expresa:

“En mi condición de apoderado del señor JORGE ENRIQUE CORTÉS ROJAS, quien
es propietario del inmueble denominado LA PROVIDENCIA el cual se identifica
con el folio de matrícula inmobiliaria N° 50C-1561366 de esta ciudad de Bogotá
cuya dirección catastral es Calle 64 128 90, le solicito muy comedidamente a la

1
Cuaderno Principal, folios 9 y 10.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 25000 2341 000 2012 00158 01
Demandante: Jorge Enrique Cortés Rojas

señora Registradora, se sirva disponer la Revocatoria Directa del folio de
matrícula inmobiliaria N°. 50C-1473539, y en consecuencia se disponga su
CIERRE DEFINITIVO Y/O CANCELACIÓN DE REGISTRO por no existir cadena
registral fehaciente que permita dar cuenta del sustento legal que le dio origen
a dicho folio, conforme a las argumentaciones que se expondrán a continuación.”

CONSIDERACIONES

Para resolver la solicitud de revocatoria esta Oficina considera:

1. - Revocatoria Directa de los Actos Administrativos:

En relación con la revocatoria directa de los actos administrativos, el artículo 69
del Código Contencioso Administrativo, dispone:

“Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos
funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de
oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley;

2. Cuando no estén conforme con el interés público o social, o atenten
contra él;

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”

Según la norma trascrita, para que haya lugar a la aplicación de la figura de
revocatoria directa de un acto administrativo, se debe haber demostrado que
con el respectivo acto se incurrió en alguna de las causales allí establecidas.

En el presente caso, los argumentos del solicitante están dirigidos a señalar que
existe violación de normas de carácter Constitucional como las que rigen el
derecho a la propiedad y los derechos adquiridos; de orden procedimental
administrativo, como el Código Contencioso Administrativo, y de naturaleza
especial, como lo reglado por el Decreto-Ley 1250 de 1970 “-Estatuto del
Registro de Instrumentos Públicos-; en especial a estas últimas, por cuanto
considera haberse abierto la matricula inmobiliaria 50C-1473539 que identifica
el predio denominado “La Florida” de propiedad del Distrito Especial de Bogotá,
carente de antecedentes documentales y registrales que denotan la cadena
registral cuestionable, no fehaciente que no da cuenta de la adjudicación en
juicio de expropiación a favor del Distrito Especial de Bogotá pues tan solo obra
un acta de inscripción sin que se ahonde en detalles propios de la sentencia
judicial, con el agravante que del globo de terreno que constituyó la Hacienda la
Florida no se advierte cuales fueron los títulos de tradición de los inmuebles una
vez unificados de le dieron su origen, así como la falta de identificación y
descripción que validara su inscripción en el registro.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 25000 2341 000 2012 00158 01
Demandante: Jorge Enrique Cortés Rojas

Alude como causales de revocación, la primera y la tercera que enumera el
artículo 69 del Código Contencioso Administrativo.

De otra parte, continúa afirmando que el DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTÁ con
el predio de su propiedad denominado “HACIENDA LA FLORIDA” e identificado
con la matrícula inmobiliaria N° 50C-1473539 cuya apertura ahora solicita su
revocatoria, “TRASLAPA, SOBREPONE y SUPERPONE” al bien raíz de propiedad
de su mandante llamado “Finca la Providencia” singularizado con el folio de
matrícula 50C-1561366.

Según la solicitud del peticionario, la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá
Zona Centro, debió abstenerse de abrir la matrícula 50C-1473539 al presentarse
una “INEXACTITUD REGISTRAL” por cuanto “el registro está diciendo una cosa,
pero la realidad extrarregistral (tanto jurídica como física) está diciendo otra
cosa diferente”.

2. – Del consentimiento expreso y escrito del titular del derecho

Independientemente de las causales de revocatoria directa enunciadas como
soporte de su petición, es imprescindible que previamente se determine sobre
la existencia o no en el expediente, del requisito legal y formal “sine que non”
exigido por el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo sobre el
consentimiento expreso y escrito del titular del derecho, sin el cual obviamente,
resulta inocuo adelantar el estudio del caso concreto.

Al respecto se considera:

No se necesita realizar un mayor esfuerzo analítico ni un juicio de valor a la
norma en mención para establecer que efectivamente y como quiera que en el
expediente no obra consentimiento expreso ni escrito del titular del derecho real
de dominio -que lo es en este caso EL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTÁ (Hoy
Distrito Capital)- sobre el inmueble distinguido con la matricula inmobiliaria
50C1473539 de la que ahora se demanda la revocatoria de apertura, la
revocación solicitada no está llamada a prosperar.

En consecuencia, no se efectuará análisis de las causales o casos 1. y 3. del
artículo 69 del C.C.A. de revocación a que hace mención el solicitante su escrito
de revocatoria.

3. – De los acontecimientos fácticos al margen del Registro

Finalmente, como quiera que no es competencia funcional de las Oficinas de
Registro de Instrumentos Públicos del país, garantizar el uso y goce o posesión
pacífica de los bienes raíces, los acontecimientos fácticos de “TRASLAPAR,
SOBREPONER y SUPERPONER” a que hace alusión el peticionario de la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 25000 2341 000 2012 00158 01
Demandante: Jorge Enrique Cortés Rojas

revocatoria no son debatibles en el escenario del registro de la propiedad
inmobiliaria, y su solución corresponde plantearla ante otros entes de control y
garantías.

Por las anteriores consideraciones no se accederá a la revocación solicitada.

En consecuencia, éste Despacho Registral,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Negar la solicitud de Revocatoria Directa en cuanto
cerrar el folio de matrícula inmobiliaria 50C-1473539, presentada por el Doctor
FERNANDO AUGUSTO TREBILCOCK BARVO, identificado con cédula de
ciudadanía número […] y Tarjeta Profesional [...] del Consejo Superior de la
Judicatura, quien obra como apoderado del señor JORGE ENRIQUE CORTÉS
ROJAS identificado con la C.C. […] por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al Doctor FERNANDO
AUGUSTO TREBILCOCK BARVO, identificado con cédula de ciudadanía número
[…] y Tarjeta Profesional [...] del Consejo Superior de la Judicatura, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo. Indicándole que contra el presente acto administrativo no
procede recurso alguno en la vía gubernativa. […]” (Negritas texto original)

1.1.3. Fundamentos de hecho

La parte actora señaló que el Distrito de Capital pretende superponer
infundadamente el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-1473539 al folio
de matricula 50C-1561366 que es de su propiedad.

Relató los antecedentes registrales del inmueble de su propiedad denominado
“La Providencia” el cual tenía asignado el folio de matricula inmobiliaria número
50C-394152 abierto el 18 de septiembre de 1978.

Indicó que la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro inició una
actuación administrativa bajo expediente 1438 que concluyó con la Resolución
00618 de 20 de diciembre de 2002 a través de la cual se ordenó cerrar la
matrícula inmobiliaria 50C-394152 e inscribir sus anotaciones en un nuevo folio
de matricula asignado, el 50C-1561366, el cual se abrió el 26 de diciembre de
2002.

Resaltó que el folio de matricula inmobiliaria número 50C-1473539 del predio
Hacienda La Florida de propiedad del Distrito Capital se abrió el 13 de febrero de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 25000 2341 000 2012 00158 01
Demandante: Jorge Enrique Cortés Rojas

1998, pero no fue objeto de apertura con base en un folio matriz, además de
que su apertura fue posterior a la del folio de matrícula de su propiedad 50C-
394152 que se abrió el 18 de septiembre de 1978. Destacó que el folio 50C-
1473539 no cuenta con cadena registral, ya que no cuenta con los títulos que
supuestamente le dieron origen.

Manifestó que el 21 de octubre de 2011 solicitó a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Centro la revocatoria directa del folio
de matrícula inmobiliaria número 50C-1473539 y, por tanto, su cierre definitivo
y/o cancelación de registro por no existir cadena registral que permita dar
sustento al origen del citado folio, solicitud que fue negada mediante Resolución
001 de 13 de enero de 2012.

1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación.

En opinión de la parte actora el acto acusado infringe los artículos 6, 13, 29,
58, 83, 84, 90 y 121 de la Constitución Política; 35, 39 y 52 del Decreto Ley
1250 de 1970, con fundamento en los siguientes argumentos:

Manifiesta que es titular del derecho de dominio del predio denominado “La
Providencia”, cuya tradición registral inicia con la sentencia judicial de
pertenencia por prescripción extraordinaria del dominio proferida por el Juzgado
6° Civil del Circuito de Bogotá, el 7 de octubre de 1954 a favor del señor Isidro
Silva Varón, decisión que está ejecutoriada.

Afirma que adquirió su derecho real de dominio a título de compraventa
mediante escritura pública Nro. 1082 de 21 de febrero de 2001 de la Notaria 29
de Bogotá, siendo su actual y único propietario.

Asegura que si bien la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá –
Zona Centro inició una actuación administrativa que concluyó con la Resolución
nro. 000618 de 20 de diciembre de 2000, la misma es una corrección registral
que no puede equipararse a una cancelación registral, hasta el punto que al
nuevo folio se ordenó trasladar las anotaciones contenidas en el folio objeto de
la actuación administrativa correctiva y subsanar las inconsistencias que advirtió
la autoridad registral lo cual se erige como una convalidación administrativa con
efectos retroactivos.

Indica que no es jurídica ni legalmente viable que sobre el inmueble de su
propiedad se pretende sobreponer el folio de matrícula inmobiliaria cuya
titularidad dice ostentar el Distrito Capital de Bogotá, porque se trata de
inmuebles distintos, de modo que el inmueble de su propiedad se localiza en la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 25000 2341 000 2012 00158 01
Demandante: Jorge Enrique Cortés Rojas

ciudad de Bogotá, mientras que la Hacienda la Florida se ubica en la jurisdicción
de los municipios de Funza y Cota.

Asevera que el folio de matrícula inmobiliaria nro. 50C-1473539 correspondiente
a la Hacienda la Florida carece de una cadena registral fehaciente ya que i) no
se acredita un título de adquisición y ii) no se señalan antecedentes
documentales exhaustivos que den cuenta de la adjudicación en juicio de
expropiación a favor del Distrito.

Agrega que el acto administrativo que decide la solicitud de revocatoria erige
sendas causales de anulación i) falsa motivación, por indebida apreciación
fáctica, objetiva, legal y jurisprudencial; ii) desconocimiento del debido proceso,
por separarse del criterio jurisprudencial según el cual es posible la revocatoria
directa sin el consentimiento expreso del titular del derecho, cuando resulta
evidente que el acto ocurrió por medios ilegales, por lo que era conducente
realizar un análisis de las razones que amparaban el cierre definitivo y/o
cancelación del registro del folio de matrícula inmobiliaria nro. 50C-1473539 folio
correspondiente al inmueble singularizado como Hacienda la Florida de
propiedad del Distrito Capital, por cuando su existencia carece de antecedentes
documentales y registrales que per se denotan una cadena registral
cuestionable.

1.2. Contestación de la demanda.

La Superintendencia de Notariado y Registro y el Distrito Capital2
contestaron de manera extemporánea la demanda.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”,
mediante sentencia de 1 de octubre de 2013 negó las pretensiones de la
demanda.

Previo a resolver el fondo del asunto, el Tribunal señalo que no operó la
caducidad propuesta por la entidad demandada en los alegatos de conclusión.

Indicó, respecto del caso concreto, que el acto enjuiciado se originó en la
solicitud de revocatoria directa del folio de matrícula inmobiliaria número 50C-
1473539, en la cual lo que se persigue por el actor es la anulación o cancelación
del citado folio correspondiente a la Hacienda La Florida del Distrito Capital, por

2
Vinculado en calidad de tercero en el auto admisorio de la demanda de 1 de octubre de
2012.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 25000 2341 000 2012 00158 01
Demandante: Jorge Enrique Cortés Rojas

cuanto, en su concepto, el mismo carece de antecedentes registrales.

Señaló que el demandante invocó las causales 1 y 3 del artículo 69 del CCA para
obtener la revocatoria y cancelación del folio de matrícula; no obstante, no
demostró ni dentro de la actuación administrativa ni en el curso del proceso, que
el referido acto hubiese sido manifiestamente contrario a la Constitución Política
o a la ley, ni que con el mismo se hubiera causado un agravio injustificado a
alguna persona, por cuanto todo su análisis se centró en demostrar que los
antecedentes registrales del bien La Providencia se encontraban ajustados a
derecho y en cuestionar los del bien Hacienda La Florida de propiedad del Distrito
Capital.

Manifestó que, revisados los antecedentes administrativos del acto demandado,
se advierte que éste sí cuenta con antecedentes fácticos y jurídicos que lo
justifican y, por ende, no se encuentra acreditado que el mismo hubiera sido
obtenido por medio ilegales.

Aseguró que, a pesar de que existen algunas modificaciones en los folios de
matrícula inmobiliaria correspondientes al bien La Providencia de propiedad del
demandante, derivadas de la expedición de la Resolución número 00618 de
2002, no es este el escenario para que las mismas sean estudiadas.

Afirmó que para obtener la revocatoria directa del acto de registro se debía
contar con el consentimiento expreso y escrito del beneficiario del mismo, esto
es, del Distrito Capital, en los términos del artículo 73 del CCA, toda vez que no
se demostró que el mismo se hubiera obtenido a través de medios ilegales, así
como tampoco se acreditó que hubiera sido el resultado de la aplicación del
silencio administrativo positivo, tal como lo expresó acertadamente el acto
enjuiciado. Resaltó que como en este caso no se contó con la referida
autorización no había lugar a revocar directamente el acto de registro.

Refirió que los artículos 35, 39 y 52 del Decreto Ley 1250 de 1970 que fueron
invocados como normas vulneradas en la demanda, fueron derogados por el
artículo 104 de la Ley 1579 de 2012.

Precisó que las acusaciones elevadas por el demandante respecto de la apertura
y existencia del folio de matrícula inmobiliaria 50C-1473539 no hay lugar a hacer
pronunciamiento, toda vez que las mismas escapan al marco de la controversia
analizada en este asunto, esto es, la legalidad de la Resolución número 0001 de
13 de enero de 2012.

Respecto de la anterior sentencia se presentó un salvamento el voto en el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 25000 2341 000 2012 00158 01
Demandante: Jorge Enrique Cortés Rojas

sentido de indicar que lo que procedía era declarar de oficio la excepción de
ineptitud de la demanda, en razón a que el artículo 96 de la Ley 1437 de 2011
indica que la solicitud de revocación de un acto ni la decisión que sobre ella
recaiga reviven los términos legales para demandar el acto ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.

III.- RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante solicita que se revoque la sentencia apelada, con
fundamento en los siguientes argumentos:

Aduce que el Tribunal de instancia desconoció que la autoridad registral está
en la obligación y en el deber legal de cancelar los folios, registros y
anotaciones carentes de legalidad, tal como sucede con el folio de matrícula
número 50C-1473539, razón por la cual se solicitó en la revocatoria directa
para salvaguardar sus derechos adquiridos.

Señala que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado es posible
la solicitud de revocatoria directa sin el consentimiento expreso del titular
cuando resulta evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

Asegura que el a quo omitió pronunciarse sobre la inexactitud registral del
cuestionado título de dominio que recae en el Distrito de Bogotá frente al
inmueble la Florida, los cuales acreditan la prosperidad de la solicitud de
revocatoria directa de la Resolución 0001 de 2012 y del llamado a prosperar
la nulidad del acto enjuiciado por cuanto “el registro está diciendo una cosa,
pero la realidad extraregistral (tanto jurídica como física) está diciendo otra
cosa diferente.”

Alega que esta acreditada la irregularidad registral al intentar caprichosamente
sobreponer sobre el título que éste detenta, el título que dice ostentar el
Distrital Capital de Bogotá, lo que demuestra el quebrantamiento del derecho
constitucional a la propiedad privada, lo que no fue tenido en cuenta en el fallo
recurrido el cual afirma que lo que se pretende es revivir términos procesales
caducados, cuando la verdadera intención es demostrar una realidad registral
consistente en la inexistencia de títulos de adquisición del predio que
supuestamente fue adquirido en juicio de expropiación por parte del Distrito
de Bogotá, así como la falta de antecedente documental y registral que soporte
la apertura del folio de matrícula inmobiliaria nro. 50C-1473539.

Resalta que el fallador de primera instancia omitió valorar la totalidad de las
pruebas obrantes en el proceso que demuestran el daño antijurídico que la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 25000 2341 000 2012 00158 01
Demandante: Jorge Enrique Cortés Rojas

entidad demandada le ha ocasionado, además de no tener en cuenta el indicio
grave en contra de dicho extremo procesal por contestar de manera
extemporánea la demanda.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

4.1. La parte actora reiteró los argumentos del escrito de apelación.

4.2. El Distrito Capital – Departamento Administrativo de la Defensoría
del Espacio Público, presentó escrito de alegatos de conclusión en el que
solicita se confirme el fallo de primera instancia, al estimar que en la actuación
administrativa que culminó con el acto enjuiciado no se contó con el
consentimiento expreso y por escrito del Distrito Capital, el cual se requería
por ser titular del derecho real de dominio que se pretendía afectar con la
solicitud de revocatoria. Asegura que, contario a lo afirmado por la
demandante, el folio de matrícula inmobiliaria 50C-1473539 perteneciente al
inmueble de propiedad del Distrito Capital lo respalda todo un antecedente de
legalidad y registro. Aduce que si hay que reprochar un acto es el folio de
matrícula inmobiliaria 50C-1561366 del predio La Providencia, el cual no
contiene área alguna como cuerpo cierto por no ser posible establecer de
forma precisa los linderos del predio La Providencia a partir de la sentencia de
pertenencia y, por tanto, la escritura pública que aclara linderos sigue la
misma suerte en la medida en que traslapa con el predio del Distrito Capital.

4.3. La Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio Público
guardaron silencio en esta etapa procesal.

V.- CONSIDERACIONES

5.1. Análisis de la Sala

Correspondería a la Sala con fundamento en la sentencia recurrida y los
argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, determinar si respecto del acto acusado se configura alguna de
las causales de nulidad invocadas en la demanda. Sin embargo, previamente
se debe señalar que, aunque el Tribunal de instancia al analizar de fondo los
argumentos de la demanda consideró que era competente para conocer del
acto demandado que negó la solicitud de revocatoria directa, lo cierto es que
la Sala debe reconsiderar dicha decisión e indicar que el acto acusado no es

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 25000 2341 000 2012 00158 01
Demandante: Jorge Enrique Cortés Rojas

enjuiciable y, con fundamento en el artículo 1873 del CPACA, declarar probada
la excepción de acto no susceptible de control judicial, como pasa a explicarse.

En efecto, la parte actora presentó solicitud de revocatoria directa ante la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Centro con el
fin de que se revoque directamente el folio de matricula inmobiliaria Nro. 50C-
1473539 y, en consecuencia, se cierre de manera definitiva y/o cancele el
registro por no existir cadena registral que permita dar sustento legal a la
creación de dicha matricula inmobiliaria.

Mediante Resolución número 000001 del 13 de enero de 2012 expedida
por la Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Bogotá D.C. Zona Centro, se negó la solicitud de revocatoria directa
presentada por el demandante, acto respecto del cual la parte actora pretende
su nulidad mediante el presente medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

Ahora bien, sobre el control judicial de los actos por medio de los cuales se
resuelve una petición de revocatoria particular es preciso indicar que la
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que4: “[…] el acto que decida
la solicitud de revocación directa no tiene recursos, y el que la niegue no
constituye acto administrativo definitivo, ya que no hace parte de la vía
gubernativa y no genera una situación jurídica nueva o distinta a la del acto
administrativo que se solicite revocar directamente, por lo cual no es
susceptible de acción contencioso administrativa. No así el acto que conceda
la revocación directa, es decir, el acto revocatorio, que justamente por
significar una nueva situación jurídica frente a la del acto revocado, pasa a ser
un nuevo acto administrativo […].”5

3
«Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se
hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas
y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para
fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos
legales que se apliquen. || En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y
sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que
el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de
la no reformatio in pejus. || Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas
y modificar o reformar estas. || Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de
dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor.»
4
Consejo de Estado. Sección Primera. Auto del 23 de octubre de 2014, Rad. 25000-23-41-
000-2014-00674-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
5
Posición reiterada por la Sección Primera en Auto de 30 de mayo de 2024, exp. 05001-2333-
000-2023-01127-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; Auto de 24 de noviembre de 2022,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 25000 2341 000 2012 00158 01
Demandante: Jorge Enrique Cortés Rojas

En ese orden de ideas, el acto enjuiciado, Resolución número 000001 del 13
de enero de 2012, no corresponde a un acto administrativo de carácter
definitivo, en la medida que, de un lado, no pone fin a una actuación
administrativa; y de otro, no crea, extingue o modifica una situación jurídica
particular, puesto que decidió de manera negativa la solicitud de revocatoria
directa presentada por la parte actora en contra de la apertura del folio de
matrícula inmobiliaria Nro. 50C-1473539.

Adicionalmente, de la revisión del escrito de revocatoria directa ante la
administración, de la demanda, así como de la impugnación, se advierte que
lo que cuestiona o le causa un perjuicio a la parte actora es la decisión que se
adoptó mediante la Resolución 618 del 20 de diciembre de 2002, por medio
de la cual se ordenó cerrar la matrícula inmobiliaria 50C-394152 del predio “La
Providencia” de su propiedad, y se ordenó trasladar sus anotaciones a una
nueva matricula, esto es, al folio 50C-1561366, el cual se abrió el 26 de
diciembre de 2002, ya que, en su criterio, la matrícula 50C-1473539 que tiene
fecha de apertura posterior, el 13 de febrero de 1998 traslapa, sobrepone y
superpone al bien raíz de su propiedad denominado “La Providencia” el cual
actualmente tiene la matrícula 50C-1561366 pero que de no haberse
cancelado tendría la matrícula inicial 50C-394152 abierta el 18 de septiembre
de 1978.

En ese orden de ideas, lo que correspondía a la parte actora era demandar el
acto que le causó el perjuicio o que modificó su situación jurídica particular,
esto es, la Resolución 618 del 20 de diciembre de 2002; sin embargo, dicho
acto no fue enjuiciado dentro del presente proceso.

Así las cosas, teniendo en cuenta que de las pretensiones de la demanda, lo
que se observa es que se demandó la Resolución número 000001 del 13 de
enero de 2012, que negó una solicitud de revocatoria directa, acto que como
se explicó no es de aquellos pasibles de control judicial, al no poner fin a una
actuación administrativa, ni crear, modificar o extinguir una situación
particular al demandante, deberá revocarse el numeral primero del fallo
recurrido que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar declarar
probada la excepción de acto no susceptible de control judicial.

5.2. Costas

exp. 25001-23-41-000-2022-01065-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; y Auto de 10
de mayo de 2018, rad. 08-001-23-33-000-2015-00785-01, C.P. Oswaldo Giraldo López.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 25000 2341 000 2012 00158 01
Demandante: Jorge Enrique Cortés Rojas

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y el numeral
1 del artículo 365 del CGP, se advierte que la parte demandante resultó
vencida porque se le resolvió desfavorablemente su recurso de apelación; por
lo tanto, asumirá las costas procesales de la segunda instancia.

Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran por la
totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición, de acuerdo con el numeral 8 del
artículo 365 ibidem, “cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación”.

En este asunto, pese a que el recurso será resuelto de manera desfavorable a
quien lo propuso, comoquiera que no está acreditada la causación de gastos
procesales, la Sala no condenará en costas por dicho concepto. Por otra parte,
en cuanto a las agencias en derecho, revisado el expediente, se advierte que
la intervención del Distrito Capital - Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público6 se encuentra probada en esta instancia con la
radicación del memorial de alegatos de conclusión por parte de su apoderado.

Así las cosas, y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4° del artículo
366 del CGP7, se condenará en costas a la parte demandante, por concepto de
agencias en derecho a favor del Distrito Capital - Departamento Administrativo
de la Defensoría del Espacio Público, al pago de la suma equivalente a un
salario mínimo legal mensual vigente. Lo anterior en aplicación de lo previsto
en el capítulo III, artículo sexto, del Acuerdo núm. 1887 de 27 de agosto de
2003, sobre las tarifas de las agencias en derecho para los procesos
Contencioso Administrativos8.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
6
Cuaderno de segunda instancia, folios 68 a 72 y 74 a 78.
7
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el
auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…] || 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca
el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y
un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.”
8
“ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: […] III
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. […] 3.1.3. Segunda instancia. […] Con cuantía: Hasta el
cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 25000 2341 000 2012 00158 01
Demandante: Jorge Enrique Cortés Rojas

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la sentencia de 1 de octubre de
2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “B”, que negó las pretensiones de la demanda y, en su
lugar, DECLARAR probada la excepción de acto no susceptible de control
judicial, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar a favor del Distrito
Capital - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público por
concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA PABLO ANDRÉS CÓRDOBA
GARZÓN ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO
Consejero de Estado CIFUENTES
Consejero de Estado
Con aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.