RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-39-000-2016-00504-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-39-000-2016-00504-02

Fecha
11 de diciembre de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-39-000-2016-00504-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 9 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, de modo que quedará de la siguiente manera: “1°. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable al MUNICIPIO DE BECERRIL por los perjuicios ocasionados a los señores EDUARDO JOSÉ CAYÓN MÁRQUEZ y CLEMENTE AHIZA OÑATE SALINAS, con ocasión a la ocupación permanente y parcial del inmueble de su propiedad, esto es, el identificado con matrícula inmobiliaria No. 190- 91466, según lo expuesto en la parte considerativa de la providencia. 2°. CONDENAR en abstracto al MUNICIPIO DE BECERRIL a pagar los perjuicios correspondientes a la lesión a la propiedad sobre la porción del bien efectivamente ocupada. Para la liquidación, el demandante deberá promover el incidente de acuerdo con el artículo 193 del CPACA, según la parte motiva de esta sentencia. 3°. La presente decisión junto con el auto que decida el incidente de liquidación de perjuicios, debidamente ejecutoriados, deberán protocolizarse e inscribirse ante la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente para que sirva de título traslaticio de dominio, de manera que la porción de terreno que comprenda la indemnización final pase a ser propiedad del municipio demandado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191 del CPACA. 4°. Condenar en costas a la parte demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente decisión. Se fijan como agencias en derecho correspondientes a la primera instancia el valor equivalente al 5% de las pretensiones reconocidas en la presente decisión, porcentaje que será aplicado al valor que arroje el incidente de liquidación de perjuicios como monto a indemnizar. 5°. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en la forma establecida en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 6° En firme esta providencia, ARCHIVESE el expediente” 35 Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715) Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente Oñate Salinas Demandado: Municipio de Becerril y otros […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 20001-23-39-000-2016-00504-02

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

11 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril, Consorcio Becerril 2015 y Consorcio
Intervmega Becerril
Proceso: Medio de control de reparación directa

DEBER DE INTERPRETAR LA DEMANDA-Se interpreta la demanda en su integridad, con el límite de la causa
petendi. DAÑO-Primer elemento de la responsabilidad, cuya certeza debe acreditarse plenamente.
OCUPACIÓN PERMANENTE-Causa lesión al derecho real de propiedad de manera definitiva, y su
indemnización es compensatoria, correspondiendo al valor comercial del inmueble ocupado, lo que justifica que
la sentencia condenatoria sirva como título traslaticio de dominio del bien a favor de la entidad. PERJUICIOS
DERIVADOS DE LA OCUPACIÓN-Son pasibles de reconocimiento, siempre que no se excluyan con el del
reconocimiento del valor del bien, y se prueben. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑOS
OCASIONADOS EN DESARROLLO DE OBRAS O TRABAJOS PÚBLICOS-Imputación al Estado en virtud de
ser el dueño de la obra y quien se beneficia del trabajo. HECHO DEL TERCERO-El contratista del Estado que
causa daños con ocasión de los trabajos contratados no es un verdadero tercero respecto de la Administración.
FUNDAMENTO DEL DEBER DE REPARAR EN EVENTOS DE OCUPACIÓN DE INMUEBLES-La ocupación
sin título que la justifique es, esencialmente, una falla en el servicio. NEGACIONES INDEFINIDAS-Exentas de
prueba. CONDENA EN ABSTRACTO-Procede cuando se prueba el daño, no así su cuantía.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada en contra de la sentencia de 9 de febrero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se accedió a las pretensiones
de la demanda. La decisión fue la siguiente:

“PRIMERO: Declarar administrativa y patrimonialmente responsable al MUNICIPIO
DE BECERRIL por los perjuicios ocasionados a los señores EDUARDO JOSÉ
CAYÓN MÁRQUEZ y CLEMENTE AHIZA OÑATE SALINAS, con ocasión a la
ocupación permanente y parcial del inmueble de su propiedad, esto es, el identificado
con matrícula inmobiliaria No. 190-91466, según lo expuesto en la parte considerativa
de la providencia.

SEGUNDO: Condenar en abstracto al MUNICIPIO DE BECERRIL a pagar los
perjuicios correspondientes al daño material reclamado, en la modalidad de daño
emergente y lucro cesante, en los términos indicados en la parte motiva de esta
decisión. Para efectos de liquidar los perjuicios reconocidos, el demandante deberá
promover incidente de regulación de condena de acuerdo a lo normado en el artículo
193 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en los términos descritos en la parte motiva de esta sentencia, so pena de perder en

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

su totalidad los perjuicios causados con ocasión del daño antijurídico objeto de la litis.

TERCERO: La presente decisión, junto con el auto que decida el incidente de
regulación de condena debidamente ejecutoriados, deberán protocolizarse e
inscribirse ante la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
competente para que sirva de título traslaticio de dominio, de manera que la porción
de terreno que comprenda la indemnización final pase a ser propiedad del municipio
demandado, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 190 y 191 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO: Condenar en costas a la parte demandada, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa de la presente decisión.

Se fijan como agencias en derecho correspondientes a la primera instancia el valor
equivalente al 5% de las pretensiones reconocidas en la presente decisión,
porcentaje que será aplicado al valor que arroje el incidente de regulación de condena
en abstracto como monto a indemnizar.

QUINTO: La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en la forma
establecida en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

SEXTO: En firme esta providencia, ARCHIVESE el expediente”1.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La presente controversia gira en torno a la ocupación permanente de una porción
del inmueble de propiedad de los demandantes por causa de las obras de la
ampliación del Instituto Técnico Ángela María Torres Suárez contratada por el
municipio de Becerril.

II. ANTECEDENTES
La demanda

El 13 de octubre de 2016, por medio de apoderado judicial, los señores Eduardo
José Cayón Márquez y Clemente Oñate Salinas 2 presentaron demanda, en ejercicio
del medio de control de reparación directa, por la cual solicitaron la declaratoria de
responsabilidad del municipio de Becerril por la ocupación permanente del inmueble
de su propiedad. Junto con la subsiguiente reforma de la demanda, se pretendió 3:

“Que la entidad contratante ‘MUNICIPIO DE BECERRIL – CESAR’, se obligue para
con mi mandante a reconocer una indemnización de perjuicios por la ocupación
permanente del inmueble de su propiedad denominado La Esperanza; trescientos
cincuenta millones de pesos ($350.000.000) correspondientes al valor actual del lote

1
Índice SAMAI 57 radicado 20001233900120160050400 ante Tribunal Administrativo del Cesar.
2
Expediente digitalizado – Índice SAMAI 2 ante Consejo de Estado. Archivo:
ED_C01PRINCIPAL(.rar). 01Demanda.
3
Se advierte que la demanda únicamente planteó la primera pretensión, pero las demás fueron
añadidas en la reforma a la demanda, oportunidad en la que, además, se solicitó el decreto de otras
pruebas. Archivo: ED_C01PRINCIPAL(.rar). 07ReformaDemanda.

2

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

y doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000); estos valores
correspondientes al daño emergente y al lucro cesante respectivamente, toda vez
que en esa área de terreno se tenían proyectadas unas obras de construcción de 50
viviendas de interés social que generarían unas utilidades estimadas alrededor de
ese valor.

Que en todo caso se repare integralmente los perjuicios sufridos conforme lo indica
el artículo 16 de la ley 446 de 1.998, así como los cánones de la reciente
jurisprudencia contencioso administrativa.

Que el valor de las condenas aquí señaladas, sean actualizadas al ejecutoriarse la
sentencia con base en la variación porcentual del I.P.C. para efectos de compensar
la pérdida del valor adquisitivo de la moneda (art. 192 del CPACA.).

Que la sentencia de mérito favorable a las pretensiones de la demanda, se le dé
cumplimiento en los términos del artículo 192 del código de procedimiento
administrativo y de lo contencioso administrativo.

Que se condene al demandado al pago de las costas y agencias en derecho.”.

Como fundamento de las anteriores pretensiones, en los hechos de la demanda,
se expuso que, desde el 2010, los demandantes eran propietarios del bien inmueble
ubicado en el municipio de Becerril, Cesar, identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria 190-91466, con una extensión de 9.600 metros cuadrados, colindante
con un terreno del ente territorial en el que operaba el Instituto Técnico Ángela María
Torres Suárez.

Se narró que, el 22 de junio del 2015, el extremo activo tuvo conocimiento de que,
desde el mes de abril de ese año, en virtud del contrato de obra 032 del 2015, se
estaban ejecutando unas ampliaciones en el instituto que sobrepasaron los límites
de su propiedad privada, sin que se contara con las autorizaciones necesarias.

Según se alegó, para combatir la invasión, los demandantes acudieron directamente
a la alcaldía para manifestar su inconformidad, presentaron una querella policiva de
lanzamiento por ocupación de hecho, instauraron una acción de tutela y una acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, sin conseguir su propósito, por lo que la
obra en su predio continuó sin su autorización, y se construyó la ampliación de la
institución educativa pública, de modo que la ocupación se tornó permanente.

Bajo estas consideraciones, según se sostuvo, en tanto sería un despropósito
solicitar la demolición de la edificación, se pretendió el reconocimiento del valor del
predio objeto de la ocupación, así como la pérdida de la posibilidad de obtener las
utilidades derivadas del negocio jurídico que se había proyectado con la Caja de
Compensación Familiar del Cesar (Comfacesar) de la construcción de viviendas de
interés social, que se frustró por cuanto el tamaño del lote ya no era útil para ese

3

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

desarrollo.

Contestación de la demanda del municipio de Becerril

De manera oportuna y por medio de apoderado judicial 4, presentó la excepción
previa de (i) falta de legitimación en la causa, en cuanto adujo que el municipio no
había participado en la generación del daño. De fondo, alegó (ii) hecho de un
tercero, en cuya virtud puso de presente que quien ejecutó la obra con la cual se
ocupó el predio fue el consorcio Becerril 2015, y quien estaba a cargo era la
empresa interventora del contrato, mientras que no existía prueba que acreditara la
falla en el servicio, ni que el ente territorial hubiera tenido incidencia alguna en los
hechos.

Frente a la reforma de la demanda5 expuso que no se había agotado el requisito de
procedibilidad respecto de las nuevas pretensiones, y agregó la excepción de (iii)
ineptitud sustantiva de la demanda, pues la única pretensión de la demanda omitía
la solicitud de declaratoria de responsabilidad.

Se advierte que, en el marco de la audiencia inicial celebrada el 6 de febrero del
20186, el Despacho conductor del proceso ordenó la integración del contradictorio,
para lo cual vinculó al trámite al Consorcio Becerril 2015 y a la interventoría
consorcio Intervmega 7, quienes, a pesar de haber sido debidamente notificados del
auto admisorio de la demanda, no presentaron la respectiva contestación 8.

Sentencia de primera instancia

El 9 de febrero del 2023, el Tribunal Administrativo de Cesar profirió la sentencia 9
accediendo a las pretensiones formuladas. Como sustento de su decisión, en primer
lugar, se refirió a que la responsabilidad del Estado por ocupación de bienes se
justificaba por el respeto de la propiedad privada y, de otra parte, por la garantía en
favor de la Administración de que el interés particular cediera ante el general, por lo

4
Archivo: ED_C01PRINCIPAL(.rar). 16ContestacionMunicipioBecerril.
5
Archivo: ED_C01PRINCIPAL(.rar). 21ContestacionMunicipioBecerril.
6
Archivo: ED_C01PRINCIPAL(.rar). 30ActaAudienciaInicial.
7
Se resalta que, para ese momento, no se había identificado a quien había fungido como interventor
del contrato, correspondiéndole a la parte demandada lo atinente.
8
Según consta el informe secretarial del 22 de agosto del 2019 (archivo: 5ED_C02PRINCIPAL (.rar).
22InformeSecretarial.
9
Índice SAMAI 57 radicado 20001233900120160050400 ante Tribunal Administrativo del Cesar.

4

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

que se trataba de un régimen objetivo en el que la invasión de la propiedad privada
por parte del Estado, sin la autorización emanada de la ley, rompía las cargas e
implicaba la obligación de resarcir los perjuicios, tornando inocua la demostración
de la falla en el servicio.

Consideró que se había demostrado que los demandantes eran los propietarios del
predio rural identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 190-91466 en el
municipio de Becerril, así como que la entidad había celebrado el contrato de obra
032 de 2015 con el Consorcio Becerril 2015, del cual había fungido como interventor
el Consorcio Intervmega, y cuyos trabajos habían iniciado el 10 de abril del 2015.
También, que las obras del ente territorial invadieron la propiedad de los
demandantes y realizaron cerramientos, por lo que concluyó que lo habían ocupado
parcialmente.

Argumentó que era irrelevante la excepción de ausencia de falla, por tratarse de un
régimen objetivo, y que no era de recibo la del hecho de un tercero, porque la
celebración de un contrato no liberaba al Estado de la responsabilidad, a menos
que se hubiera probado que el contratista había desatendido las directrices del
negocio jurídico.

En cuanto a los perjuicios, determinó que consistían en el detrimento sufrido por los
demandantes por la pérdida del derecho de dominio sobre la porción ocupada, y no
sobre la totalidad del inmueble, razón por la cual debía reconocerse el valor
comercial de la franja en la época de la invasión, lo que, en atención a la ausencia
de cuantificación en el proceso, implicaba una condena en abstracto.

Agregó que el terreno que no había sido ocupado mantenía su valor y, aún cuando
existía prueba de que la frustración del negocio con Comfacesar había obedecido a
la falta de idoneidad del espacio, lo cierto era que ello no despojaba del todo el valor
económico del inmueble, aunado a que el contrato no se había consolidado, por lo
que, en realidad, se trataba de una mera expectativa. Sin embargo, dispuso que la
invasión parcial había desvalorizado el predio restante, por lo que también
correspondía condenar en abstracto.

Recurso de apelación

5

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

El municipio de Becerril en su recurso de impugnación10 expuso que, en su
momento, no se habían aportado las escrituras y especificaciones de los linderos
del “Colegio Julio César Turbay Ayala”, lo que evidenciaba el error del perito en el
estudio topográfico y lineamientos de los bienes colindantes, por lo que aportó las
correspondientes escrituras.

Reiteró las argumentaciones de defensa expuestas en sede de la primera instancia
respecto de la (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, (ii) inexistencia de
falla, y nexo causal con el daño y (iii) hecho de un tercero.

Trámite en la segunda instancia

Mediante proveído de 9 de marzo del 2023, el Tribunal Administrativo del Cesar
concedió el recurso presentado 11 y fue admitido por el Consejo de Estado en auto
del 28 de abril de la misma anualidad 12.

Como no se decretaron pruebas en esta instancia, no se dio traslado para alegar de
conclusión, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 13. Por su parte, el Ministerio
Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio 14.

III. CONSIDERACIONES

1. Como la demanda se presentó el 13 de octubre de 2016, el régimen aplicable es
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de
2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a
su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este Código,
en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso (CGP)
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

10
Índice SAMAI 62 radicado 20001233900120160050400 ante Tribunal Administrativo del Cesar.
11
Índice SAMAI 64 radicado 20001233900120160050400 ante Tribunal Administrativo del Cesar.
12
Índice SAMAI 4 ante Consejo de Estado.
13
Que entró a regir a partir de su publicación el 5 de enero de 2021.
14
Índice SAMAI 10 ante Consejo de Estado.

6

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

I. Presupuestos procesales

1. Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso administrativa, como guardián del orden jurídico,
conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones en los que estén involucradas entidades públicas, según
el artículo 104 del CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda
instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA,
modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de
apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos. Asimismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía,
pues el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por
el artículo 152.6 del CPACA, esto es, $344’727.00015.

2. Medio de control procedente – deber del juez de interpretar la demanda

3. La reparación directa —aquí incoada— es el medio de control idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño
invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o cualquier otra
causa imputable a una entidad pública o a un particular obrando siguiendo una
expresa instrucción de la misma.

4. Esta Sala resalta que las pretensiones de la demanda están encaminadas a que
se condene al municipio de Becerril a indemnizar por la ocupación permanente, sin
que —como lo puso de presente la demandada— se hubieren formulado
pretensiones declaratorias que fundamenten, a título consecuencial, la condena
solicitada.

Aun cuando la situación descrita podría comportar un defecto formal que
eventualmente se opondría al estudio de fondo del asunto, ante la ausencia de
correspondencia de las pretensiones invocadas con la naturaleza declarativa de la

15
Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2016 ($689.454) por 500. La pretensión
mayor (artículo157 CPACA) fue estimada en la suma de $350’000.000, por concepto del valor del
bien ocupado.

7

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

acción impetrada, conviene señalar al respecto que, tanto la jurisprudencia de esta
Corporación, como de la Corte Suprema de Justicia 16, ha definido que le
corresponde al juez interpretar la totalidad del escrito de demanda de manera
armónica para desentrañar la intención de la parte actora, con el fin de garantizar el
principio constitucional que impone la prevalencia de lo sustancial sobre lo
puramente procedimental. La causa petendi, que abarca tanto las pretensiones
como los hechos que le sirven de fundamento es, pues, el límite del juez en su labor
interpretativa17.

A ese respecto, esta Corporación ha sostenido que:

“(…) en aplicación del principio iura novit curia, corresponde al juez, frente a los
hechos alegados y probados por la parte demandante, definir la norma o el régimen
jurídico aplicable al caso, sin que ello comporte la modificación de la causa petendi,
es decir sin variar los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de
sus pretensiones. (…)

Así mismo, el Consejo de Estado ha considerado que la aplicación del principio iura
novit curia comporta la necesidad de realizar una interpretación armónica y
sistemática de todo el texto demandatorio con el propósito de desentrañar el querer
del libelista y la fuente de su reclamación, so pena de quebrantar el principio
constitucional que impone la prevalencia de lo sustancial sobre lo puramente (…).

En el contexto jurisprudencial planteado se impone concluir que por ningún motivo
puede dejarse de lado la responsabilidad que entraña el ejercicio de administrar
justicia, que entre muchos otros deberes y/o facultades determina al fallador la
necesidad de realizar una interpretación armónica y sistemática de todo el texto
demandatorio con el propósito de desentrañar el propósito real del libelista y la
fuente de su reclamación, so pena de desconocer el principio constitucional que
ordena la prevalencia de lo sustancial sobre la forma, todo aquello naturalmente sin
poner en riesgo el debido proceso”18.

La Corte Suprema de Justicia ha concordado con los anteriores razonamientos al
indicar que:

“(…) En la apreciación del libelo incoativo del proceso, tiene sentado esta
Corporación, la ‘torpe expresión de las ideas, per se, no puede ser motivo de
rechazo del derecho suplicado cuando éste alcanza a percibirse en su intención
y en la exposición que de los presupuestos fácticos hace el demandante en su
demanda’. Con mayor razón, según en otra ocasión lo señaló, cuando la ‘intención
del actor está muchas veces contenida no sólo en la parte petitoria, sino

16
Entre otras, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de enero de
2021. Exp: STC493-2021. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia de 18 de enero de 2012. Exp: 19959. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
18
Entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia de 12 de marzo de 2014. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Exp: 32796.

8

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

también en los fundamentos de hecho y de derecho’ (…)”19.
(Negrillas fuera del texto original).

Tal es el caso, incluso, bajo la égida del CPACA, en concordancia con el artículo
42.5 del CGP, que dispone que al juez le corresponde: “[a]doptar las medidas (…)
para (…) interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto.
Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de
congruencia” 20.

5. En el presente asunto, de la lectura integral de la demanda, y aunque no se
hubieran invocado explícitamente en las pretensiones, para esta Sala es evidente
que el actor procuraba que se condenara al municipio de Becerril como
consecuencia de un juicio de responsabilidad extracontractual, pues su recuento
fáctico se centra en la ocupación permanente de un inmueble propiedad de los
libelistas por una obra pública contratada por la demandada, de modo que este es
el medio de control procedente.

3. Demanda en tiempo

6. De acuerdo con el artículo 164.2.i del CPACA, el término para presentar la
demanda en ejercicio de este medio de control es de “dos (2) años, contados a partir
del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o
de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior (…)” (negrillas fuera del texto original).

Se advierte que el daño reclamado por el extremo activo consiste en la pérdida del
dominio sobre su bien, como consecuencia de la ocupación permanente por parte
de la obra pública construida en su predio, contratada por el municipio de Becerril.

De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, la caducidad en estos eventos
se computa desde cuando ocurrió la invasión que transgredió el derecho real del

19
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de enero de 2021. Exp:
STC493-2021. M. P. Luis Armando Tolosa Villabona, en cita de la Sentencia de 16 de febrero de
1995 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, Exp: 4460; y de la de 18 de
diciembre de 2012, Rad: 001769; de 21 de junio de 2016, Exp: 00043; de 23 de octubre de 2004
Rad: 7279; de 19 de septiembre de 2009 Exp: 00318; y de 17 de octubre de 2014 Rad: 5923, entre
otras.
20
Al efecto ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera. Sentencia del 13 de agosto del 2021. Exp: 60.078.

9

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

propietario o poseedor sobre el inmueble 21, que, según se ha dispuesto “implica un
daño de ejecución instantánea, que se produce en un único momento claramente
determinable en el tiempo” 22.

En el presente asunto, se acreditó que el 10 de abril del 2015 el municipio de
Becerril, el consorcio Becerril 2015, actuando como contratista, y el consorcio
Intervmega, como interventor, suscribieron el acta de inicio de obra correspondiente
al contrato 032 del 2015 23, cuyo objeto era la construcción del edificio 3 del Instituto
Técnico Ángela María Torres Suárez del municipio de Becerril, de acuerdo con las
especificaciones técnicas de la licitación pública LCP-003 del 2014, con un plazo de
ejecución de 8 meses24.

En el plenario reposa el derecho de petición del 22 de mayo del 2015 que Eduardo
Cayón presentó ante el alcalde municipal de Becerril en el que puso de presente la
realización de la obra sobrepasando los límites de su predio, lo que evidencia que,
en esa fecha, el demandante conocía de la construcción y de la invasión con
vocación de permanencia, por lo que es desde el día siguiente que debe
contabilizarse la caducidad. En este orden de ideas, el término corrió desde el 23
de mayo del 2015 hasta el 23 de mayo de 2017, de modo que la Sala advierte que
la demanda se presentó oportunamente el 13 de octubre de 2016 25.

4. Legitimación en la causa

7. Está probado que los demandantes son los dueños del predio que se alega
ocupado, identificado con la matrícula inmobiliaria 190-9146626, y, por tanto, están
legitimados en la causa.

8. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se recuerda que el libelo
reclama la ocupación por cuenta de la ampliación del Instituto Técnico Ángela María
Torres Suárez, obra contratada por el municipio de Becerril.

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de
octubre del 2024. Exp: 68581.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 9 de febrero
del 2011. Exp: 38271.
23
Archivo: ED_C01PRINCIPAL(.rar). 02PoderAnexos. P. 13.
24
Archivo: ED_C01PRINCIPAL(.rar). 16ContestaciónMunicipioBecerril. Págs. 11 a 32.
25
Habiéndose presentado previamente la conciliación como requisito de procedibilidad el 21 de julio
de 2016, y habiéndose declarado fallida el 22 de septiembre de 2016 (02PoderAnexos. P. 3 y 4).
26
Archivo: ED_C01PRINCIPAL(.rar). 02PoderAnexos. Págs. 11 y 12.

10

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

En materia de daños ocasionados por obras públicas, la responsabilidad de la
entidad estatal, como dueña y gestora de la obra, en aplicación del principio “ubi
emolumentum ibi onuos ese debet (donde está la utilidad debe estar la carga), que
prevé las consecuencias de la responsabilidad en cabeza de quien se beneficia de
la obra, (…) pues a ella corresponde la titularidad o dominio de la obra” 27, puede
resultar comprometida.

Al efecto, se acreditó que el terreno que se alega ocupado colinda al este con
“predios del Municipio [sic] de Becerril” 28, así como que la entidad demandada
celebró el contrato 032 de 2015 con el Consorcio Becerril 2015 con el objeto de
construir el edificio 3 del Instituto Técnico Ángela María Torres Suárez 29, cuyo
interventor fue el consorcio Intervmega 2015.

En este orden de ideas, el municipio de Becerril está legitimado en la causa por
haber contratado las obras de ampliación del Instituto María Ángela Torres Suárez,
con las que —según se alega— se ocupó el predio de los demandantes; el consorcio
Becerril 2015, por haber sido quien las ejecutó; y el consorcio Intervmega 2015 por
haber fungido como interventor del negocio jurídico.

II. Problema Jurídico

9. Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si los daños reclamados se
acreditaron y, en dado caso, si la ocupación permanente le resulta imputable el
municipio de Becerril.

III. Análisis de la Sala

3.1. El daño: primer elemento de la responsabilidad del Estado

10. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión las autoridades públicas. En desarrollo de este

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 1 de
junio de 2020. Exp: 49214.
28
Escritura Pública del predio. Lote 2. Archivo: ED_C01PRINCIPAL(.rar). 02PoderAnexos. P. 6.
29
Archivo: ED_C01PRINCIPAL(.rar). 16ContestacionMunicipioBecerril. P. 11.

11

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad patrimonial del
Estado, corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que, estando
debidamente demostrado, determina el posterior juicio de imputación para efectos
de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado. En ese
orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad patrimonial de
Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración de un daño, sin
cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de los demás
requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un juicio
de imputación que incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las voces
del artículo 90 C.P.

De esta manera entonces, el daño entendido como la afectación, vulneración o
lesión a un interés legítimo y lícito 30-31 es el primer elemento que debe quedar
certera y suficientemente probado —en tanto no es posible presumirlo—, sin cuya
existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido la
doctrina nacional expone:

“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión
de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha
de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las
partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le
pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la
autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil”32.

El daño —para que sea indemnizable— debe ser cierto 33, es decir, que su existencia

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 2 de junio de 2023. Exp: 61.340.
31
Por su parte, el doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como “(…) toda afrenta a los
intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos
individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración
de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación
si los otros requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar- se
encuentran reunidos”. En: Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle
de l’État en droit colombien et en droit français, tesis doctoral, Universidad de París 2 Panthéon-
Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el artículo: Las formas de
reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones
contra el estado, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia,
n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva La responsabilidad extracontractual del Estado.
XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015,
p. 35. Esta definición de daño fue adoptada, además, por la Corte Constitucional en sentencia SU-
080 de 2020.
32
Hinestrosa, F. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Juan
Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. P. 36.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 4 de
diciembre de 2006. Exp: 13.186: “(…) el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio
eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual
o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente,

12

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe ser personal,
es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación 34. Y también debe
ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar claramente sus
características.

Además, el daño debe ser probado, teniendo en cuenta que es el actor quien tiene
la carga de demostrarlo. De esta manera, tratándose de la prueba del daño, el
artículo 167 del Código General del Proceso, prescribe: “incumbe a las partes probar
el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”, de ahí que no es suficiente que “en la demanda se hagan afirmaciones
sobre la existencia del daño, porque el demandante no puede limitarse, si quiere
sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo probatorio” 35.

11. Se recuerda que en el presente asunto se reclama el daño consistente en la
afectación de la propiedad de los demandantes con ocasión de la ocupación de su
predio por parte del municipio, del cual se deriva, por un lado, el pedimento del valor
actual del lote invadido de forma definitiva, valorada por el extremo activo en
$350’000.000; y, por el otro, la frustración del proyecto para la construcción de 50
viviendas de interés social con el Fondo de Adaptación y la Caja de Compensación
Familiar del Cesar (COMFACESAR), en razón de la reducción de su área original.

3.1.1. Por la pérdida del área ocupada

12. Como lo ha determinado esta Corporación, la ocupación permanente es aquella
que:

“(…) tenga la virtud suficiente para limitar las atribuciones del titular del
derecho de dominio sobre el bien inmueble, y que además tenga vocación de
permanencia en el tiempo aun cuando no se busque la realización de una obra por

debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por
la actividad dañina realizada por la autoridad pública”. Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de abril de 2000, Exp:
11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis de la antijuridicidad
del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el perjuicio moral
reclamado porque no se probó su existencia.”
34
Henao, J.C. El Daño. Universidad Externado de Colombia, Primera Edición, julio 1998. P. 88 y
104.
35
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2021, Rad. 50802
[fundamento jurídico 4.3].

13

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

parte de la administración (…).”36.
(Negrillas fuera del texto original).

Se desprende que el propietario del bien ocupado permanentemente sufre, entre
otros, la lesión a su derecho real de manera definitiva, al punto que la reparación es
compensatoria y consiste en el valor del bien 37, cuestión que apareja que la entidad
pública, con la condena, ostente el derecho de convertirse en propietario 38. A este
respecto, la Corte Constitucional conceptuó:

“(…) las autoridades públicas tienen el deber constitucional de respetar el derecho
de propiedad privada sobre toda clase de bienes y, por consiguiente, cuando
requieran bienes inmuebles para cumplir los fines del Estado consagrados en el Art.
2º de la Constitución deben obrar con sujeción al principio de legalidad y
garantizando el derecho al debido proceso contemplado en el Art. 29 ibídem, o sea,
deben adquirir el derecho de propiedad sobre ellos en virtud de enajenación
voluntaria o de expropiación si aquella no es posible, en las condiciones
contempladas en la ley, y no pueden obtenerlos mediante su ocupación por la
vía de los hechos.

No obstante, cuando el Estado ha ocupado de hecho los inmuebles, con fundamento
en lo dispuesto en el Art. 90 de la Constitución debe responder patrimonialmente e
indemnizar en forma plena y completa al titular del derecho de propiedad privada,
por el daño antijurídico causado, es decir, por el daño que no tenía el deber de
soportar.

Por tanto, en cuanto el Art. 86 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el Art. 31 de la Ley 446 de 1998, y el Art. 136 del mismo código, modificado por
el Art. 44 de dicha ley, contemplan la vía para obtener la reparación de los perjuicios
causados con la ocupación permanente de los inmuebles, tales disposiciones no
son contrarias al Art. 58 de la Constitución, ya que protegen el derecho de
propiedad privada, en vez de vulnerarlo, al asegurar a su titular el
reconocimiento y pago de la indemnización correspondiente.

Debe observarse que dichas normas no autorizan al Estado para que ocupe de
hecho los inmuebles, pretermitiendo los procedimientos legales para la adquisición
del derecho de propiedad privada, sino que buscan remediar por el cauce jurídico la
situación irregular generada con dicho proceder de las autoridades públicas.

Así mismo, si en tales circunstancias la entidad pública es condenada a pagar
la indemnización, es razonable que se ajuste a Derecho, así sea a posteriori, la
adquisición del vulnerado derecho de propiedad privada por parte de aquella,
pues como efecto del pago ulterior y cierto de la condena por parte del Estado
no existe jurídicamente ninguna justificación para que el titular de dicho
derecho continúe siéndolo. Si así fuera, se configuraría un enriquecimiento sin

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 7 de
mayo de 2008. Exp: 16922. Haciendo referencia a: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Auto del 9 de abril del 2008. Exp: 3756. Esta definición también se
consignó en el auto del 9 de febrero del 2011, exp: 38271.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 3 de
abril de 1997. Exp: 9718. Criterio reiterado en sentencias del 10 de mayo del 2001, exp: 11783; y del
10 de agosto de 2005, exp: 15338. Conclusión que emanaba, en su momento, del artículo 220 del
CCA y, actualmente, del artículo 190 del CPACA.
38
Sujeto a la tradición como modo de adquirir el dominio, de acuerdo con los artículos 740 y
siguientes del Código Civil.

14

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

causa de este último a costa del Estado, pues aunque en virtud de la ocupación
aquella adquirió la posesión del inmueble, la misma no tendría el poder jurídico de
disposición del bien, a pesar de haberle sido impuesta la obligación de reparar todo
el derecho.”39.
(Negrillas fuera del texto original).

La configuración de este daño y su respectiva compensación, como resulta lógico,
excluye la posibilidad de reconocer concomitantemente la pérdida de rentabilidad
del inmueble ocupado, sin perjuicio de que puede acreditarse la causación de otros
daños 40, como se ha determinado:

“En el evento de la ocupación de inmuebles por trabajos públicos, si se solicita el
pago del daño emergente al momento de producirse la ocupación debidamente
indexado, la indemnización es compensatoria y comporta legalmente la
transferencia de la propiedad ocupada a la entidad condenada, luego el único
lucro cesante susceptible de reconocerse será la rentabilidad del dinero. No es
posible entonces solicitar al mismo tiempo que la compensación
indemnizatoria (daño emergente) y su rentabilidad (lucro cesante), el pago de
lo que el terreno hubiere dejado de producir.”41.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).

Así, la ocupación permanente implica que la Administración, de facto, asume el bien
—o la porción del mismo— como suyo, y excluye definitiva e ilegítimamente a quien
detenta la propiedad, de manera que el daño que éste sufre es la pérdida misma
del inmueble, o de su fracción, con lo cual la indemnización equivale a su valor.

Se destaca de lo anterior que la ocupación permanente entraña el daño a la
propiedad del demandante.

13. En el presente asunto, el dictamen pericial 42 elaborado por Helcías Rodolfo
Castilla43, con base en los linderos y cabida referenciados en la escritura pública de
compraventa 1090 del 7 de julio de 2010, aportada con la demanda, en cotejo con

39
Corte Constitucional. Sentencia C-864 del 2004.
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 10 de
mayo del 2001. Exp: 11783. Se resolvió un caso en el que el predio fue invadido durante un período
antes de que la entidad lo expropiara, lo que redundó en que, con el trámite administrativo, al
propietario le fue reconocido el valor del bien, pero no los perjuicios derivados de la ocupación
durante el lapso previo.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 3 de
abril de 1997. Exp: 9718. Criterio reiterado en sentencias del 10 de mayo del 2001, exp: 11783; y del
10 de agosto de 2005, exp: 15338. Conclusión que emanaba, en su momento, del artículo 220 del
CCA y, actualmente, del artículo 190 del CPACA.
42
El demandante solicitó que se practicara una inspección judicial, y el Despacho de primera
instancia, en el curso de la audiencia inicial resolvió no decretarla y, en su lugar, decretó un dictamen
pericial, para lo cual otorgó un plazo de 30 días al interesado para aportarlo (acta de audiencia inicial
del 3 de mayo del 2022, 6ED_C03PRINCIPAL, 21ActaAudienciaInicial). En este contexto, el
demandante aportó el dictamen en cuestión.
43
Archivo: 6ED_C03PRINCIPAL(.rar). 29DictamenPericialGilbertoIbarra.

15

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

la información contenida en la ficha catastral del predio consultada en el IGAC, ubicó
el terreno de los demandantes de la siguiente manera:

Adicionalmente, señaló que el terreno del inmueble del municipio —rotulado con el
número 0140— era colindante al de los demandantes —con el número 0255— 44:

Debe hacerse la precisión de que, si bien en el dictamen refiere que en el predio del
municipio se encuentra el “Instituto Técnico Julio César Turbay Ayala”, lo cierto es
que la Sala evidencia que en realidad allí se ubica el Instituto Técnico María Ángela
Torres Suárez. En efecto, la siguiente es la imagen satelital del predio de los
demandantes, distinguida con el recuadro amarillo, tomada el 29 de diciembre de
2020, incluida en el dictamen pericial 45-46:

44
Con fundamento en la información catastral. Págs. 5 y 6.
45
P. 9.
46
Sobre el valor probatorio de las fotografías ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de mayo de 2016. Exp: 36.357. Las imágenes
satelitales incluidas en dictámenes periciales han sido valoradas por esta Corporación en
oportunidades anteriores siempre que se reúnan las exigencias respecto de su autenticidad, de
acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 23 de octubre del 2020. Exp: 60.543.

16

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

Que coincide, exactamente, con la capturada por el aplicativo Google Earth el 9 de
agosto del 2022 47, y que da cuenta de que el predio vecino es el Instituto María
Ángela Torres Suárez, y no el Julio César Turbay Ayala:

De la imagen satelital incluida en el peritaje, así como de la declaración del técnico
quien afirmó haber visitado los predios, se desprende con claridad que el inmueble
de los demandantes fue, en efecto, parcialmente ocupado por la edificación del
instituto municipal Ángela María Torres Suárez, que estaba, además, protegida con
un muro de cerramiento al interior del terreno 48.

Se resalta que el perito fue incisivo, tanto en su dictamen 49 como en su
declaración 50, en que las obras no invadieron la totalidad del predio, sino apenas
una parte de cuya extensión no podía dar cuenta, en atención a que, para tal

47
Consultada a través de Google Earth el 16 de octubre del 2024 a las 9:00 am:
https://earth.google.com/web/search/becerril/@9.70367949,-
73.28482626,107.93825908a,576.56373662d,35y,0h,0t,0r/data=Cj4iJgokCTjnyFDwpzNAETbnyFD
wpzPAGQErzNR9NklAIf8qzNR9NknAKhAIARIKMjAyMi0wOC0wORgBQgIIAToDCgEwSg0I______
______ARAA. Se destaca que, en esta oportunidad, se hizo uso de la herramienta tecnológica
únicamente para corroborar que en el terreno colindante con el del demandante estaba situado el
Instituto Educativo Ángela María Torres Suárez, y no aquel referenciado en el dictamen, para evitar
un exceso ritual manifiesto al despojar de valor probatorio el dictamen pericial por el error respecto
de la identificación nominal de la institución. En este orden de ideas, esta revisión no suplió la carga
de la prueba que le asiste al demandante, en cuanto éste, en efecto, acreditó que el predio de su
propiedad había sido ocupado con la construcción vecina, a partir de los linderos y cabida señalados
en la escritura pública.
48
Archivo: 6ED_C03PRINCIPAL(.rar). 29DictamenPericialGilbertoIbarra. P. 9.
49
Como lo expresa textualmente y lo grafica encima de la fotografía satelital. Ibid.
50
Índice SAMAI 28. Grabación audiencia de pruebas del 15 de junio de 2022. Minuto 13:30 a 13:48
aproximadamente.

17

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

propósito resultaba necesario acompañar la prueba de un levantamiento
topográfico, el cual no se practicó.

14. En este orden de ideas, esta Sala advierte que el daño está probado,
únicamente sobre la porción efectivamente ocupada, pues fue sobre ésta que se
excluyó a los demandantes de su derecho real de propiedad, y no respecto del
terreno restante, sobre el cual los propietarios siguen gozando plenamente de los
atributos derivados de su dominio. Como no se acreditó el área sobre la cual recayó
la invasión por cuenta de la construcción, se harán las precisiones correspondientes
en el acápite de perjuicios, en caso de proceder su reconocimiento.

3.1.2. Por la frustración del aprovechamiento económico del área no
ocupada del predio

15. Como se señaló anteriormente, la ocupación permanente puede ocasionar otros
perjuicios distintos al de la exclusión permanente de la propiedad, cuya certeza, en
cualquier caso, debe quedar plenamente acreditada.

16. El pedimento se basa en que, producto de la ocupación, los demandantes no
pudieron ejecutar la construcción de 50 viviendas de interés social que habían
proyectado con COMFACESAR, y del cual iban a obtener una utilidad de
$300’000.000, porque el terreno restante ya no satisfacía las características
necesarias.

Al efecto, se aportó un certificado de la Caja de Compensación Familiar del Cesar,
que reza:

“EDUARDO JOSÉ CAYÓN MÁRQUEZ Representante Legal de C&M
CONSTRUCCIONES como contratista habitual del Fondo de Adaptación y el
Operador Zonal COMFACESAR, en la construcción de viviendas de interés social
(…).

En ese sentido, certificamos que el contratista gestionó en el año 2015 un proyecto
de viviendas de interés social en el Municipio [sic] de Becerril, en un lote identificado
con el número de matrícula inmobiliaria 190-91466, con una extensión de 9.600 M2,
en cuyo terreno se tenía proyectada la construcción de alrededor 50 casas. Sin
embargo, las negociaciones no prosperaron y el proyecto no fue radicado y por
consiguiente tampoco aprobado al percatarnos que el lote descrito no cumplía con
los requisitos exigidos por nuestra entidad, toda vez que pudimos advertir la
existencia de una invasión u ocupación del mismo, lo que afectaba directamente la

18

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

ejecución de un futuro contrato”51.

De lo anterior se desprende que los demandantes estaban en tratativas con
COMFACESAR para la celebración del negocio jurídico narrado, que se frustró
porque el lote ya no cumplía con las condiciones necesarias para el proyecto, debido
a la ocupación parcial.

Sin embargo —como bien lo sostuvo el a quo—, “las negociaciones no
prosperaron”, por lo que se advierte que el contrato nunca se celebró, ni tampoco
se acreditó que los demandantes gozaran de un derecho de celebrarlo, por ejemplo,
a partir de un contrato preparatorio52, o si quiera que el proyecto fuera viable 53, de
modo que la utilidad que los demandantes esperaban percibir de su ejecución era
una mera expectativa y, en consecuencia, este es un daño eventual, y no cierto.

17. Ahora, la primera instancia condenó en abstracto con fundamento en que:

“es posible que la forma en que el terreno fue ocupado y cercado haga inutilizable o
inaprovechable comercialmente otra parte del inmueble que no ha sido ocupada.
Esta desvalorización del inmueble también debe correr por cuenta de la
Administración y hacer parte de la indemnización a cargo de los demandantes.”54.

Esta Sala no comparte esta apreciación, en primer lugar, porque ese no fue el daño
cuyo resarcimiento se pretendió, lo que entraña una decisión extra petita, y,
adicionalmente, tampoco se probó.

Al efecto, debe resaltarse que la pretensión referente a la reparación integral de los
perjuicios sufridos 55 no puede entenderse como una solicitud indeterminada y
omnicomprensiva del libelista que faculte al juzgador a indagar todos y cada uno de
los posibles efectos derivados del evento dañoso, pues tal interpretación contraría
el espíritu de la justica rogada que caracteriza a los procesos cuyo conocimiento le
corresponde a esta jurisdicción 56.

51
Archivo: ED_C01PRINCIPAL(.rar). 02PoderAnexos. P. 14.
52
Como lo es la promesa, artículo 1611 del Código Civil.
53
Por ejemplo, con planos, licencias u otros actos que demostraran que, en efecto, el proyecto se
iba a ejecutar en ese terreno.
54
P. 19 de la sentencia.
55
Pretensión de la reforma a la demanda: “Que en todo caso se repare integralmente los perjuicios
sufridos conforme lo indica el artículo 16 de la ley 446 de 1.998, así como los cánones de la reciente
jurisprudencia contencioso administrativa.”
56
“La jurisdicción de lo contencioso administrativo funciona bajo el principio de justicia rogada. Ello
significa que, por regla general, el operador jurídico no puede actuar de manera oficiosa, sino que

19

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

Véase que la condena en abstracto prevista en el artículo 193 del CPACA 57
únicamente procede cuando, habiéndose probado todos los elementos necesarios
para la prosperidad de las pretensiones —en este caso, de responsabilidad del
Estado—, incluyendo la causación del daño, se ausenta la demostración de su
cuantía.

En este sentido, esta figura no funge como una oportunidad procesal adicional para
que la parte —que omitió su carga de probar dentro del proceso— subsane su
deficiencia, y demuestre la certeza del daño, como elemento fundamental para
estructurar el juicio de responsabilidad.

Se resalta que, en el caso de marras, además de que no hizo parte de la causa
petendi, los demandantes no aportaron ningún elemento del cual pueda
desprenderse que la porción de terreno no ocupado sufrió una desvalorización, o
que la invasión redundó en la inutilización o desaprovechamiento comercial del
predio restante, con lo que se impone concluir que la certeza de este daño no se
probó.

Únicamente se aportó la certificación transcrita de COMFACESAR que refiere que
ese negocio jurídico en particular no se celebró, sin que de ello emane que el predio
se desvalorizó, o perdió su utilidad comercial.

18. Y si bien este asunto no fue objeto de impugnación por parte del municipio, lo
cierto es que —como ya se expuso— el análisis de la responsabilidad del Estado
se funda en el daño, como su primer elemento, de manera que la ausencia de su
acreditación comporta la futilidad del análisis subsiguiente. En otras palabras, sin la

su actividad se desarrolla respecto de los cargos que los ciudadanos plantean en ejercicio de las
acciones constitucionales y legales que han sido previstas por el Legislador. En otras palabras, le
compete al administrado iniciar, impulsar y tramitar las actuaciones judiciales que le permitan
defender sus pretensiones. De ahí que, este principio tenga dos implicaciones significativas. La
primera, la imposibilidad de iniciar de oficio un trámite judicial, pues se entiende que la persona
interesada en reclamarle a la Administración la ocurrencia de un daño antijurídico, tiene la carga
procesal de presentar la demanda, exponiendo con suficiencia las razones que le sirven de
fundamento a sus pretensiones. Por consiguiente, el A quo no puede, al momento de tramitar y
decidir de fondo el asunto, rebasar el marco de la relación jurídico procesal trabada por las partes.”
Corte Constitucional. Sentencia SU-061 de 2018.
57
“Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en
auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se harán en forma
genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los
términos previstos en este Código y en el Código de Procedimiento Civil.”

20

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

demostración del daño se descarta la estructuración del deber de reparar.

19. Por lo expuesto, esta Sala modificará la decisión respecto de la condena en
abstracto por el daño consistente en la hipotética desvalorización del predio que no
fue objeto de ocupación.

En lo sucesivo, los demás elementos en que se edifica la responsabilidad se
examinarán en relación con el daño que efectivamente fue acreditado, materializado
en la pérdida de la porción del inmueble ocupado.

3.2. La imputación del daño

20. La imputación es “la atribución jurídica de un daño a una o a varias personas
que en principio tienen la obligación de responder” 58. De acuerdo con la doctrina,
este elemento “se estructura luego de haberse descubierto el nexo” 59, pues, ab
initio, la persona que ha causado materialmente el hecho generador del daño es a
quien le resulta imputable 60, salvo que se acredite que, por razones jurídicas, no le
corresponde la obligación resarcitoria. Así, esta Sección se ha ocupado de la
distinción entre imputación y causalidad de la siguiente manera:

“[l]a causalidad –y sus diferentes teorías naturalísticas– puede ser empleada para
determinar probablemente cuál es el origen de un hecho o resultado en el mundo
exterior, esto es, en el campo de las leyes propias de la naturaleza o del ser. A
contrario sensu [sic], la imputación surge de la atribución de un resultado en
cabeza de un determinado sujeto; parte del hecho de la sanción originada en el
incumplimiento normativo a un precepto de conducta, es decir, del deber ser”61.
(Negrillas fuera del texto original).

En este sentido, se ha reconocido que el juicio de responsabilidad exige que se
evacúe un análisis causal naturalístico y un juicio valorativo respecto de la atribución
normativa:

“(…) resulta menester llevar a cabo tanto un análisis fáctico del proceso causal que,

58
Juan Carlos Henao. Responsabilidad del Estado colombiano por Daños al medio ambiente. En:
Responsabilidad por daños al medio ambiente. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000.
P. 160.
59
Héctor Patiño. Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué y cómo
impiden la declaratoria de la responsabilidad? Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de
Estado. Revista de derecho Privado. 20 (jun. 2011), 371–398. Universidad Externado de Colombia.
P. 375.
60
Ibidem.
61
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 26 de
marzo de 2009. Exp: 17994.

21

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

desde el punto de vista ontológico o meramente naturalístico, hubiere
conducido a la producción del daño, como un juicio valorativo en relación con la
posibilidad de imputar o de atribuir jurídicamente la responsabilidad de resarcir
el perjuicio causado a la entidad demandada; dicho en otros términos, la decisión
judicial que haya de adoptarse en torno a la responsabilidad extracontractual del
Estado en un caso concreto debe venir precedida de un examen empírico del
proceso causal que condujo a la producción del daño, de un lado y, de otro, de un
juicio, a la luz de los diversos títulos jurídicos de imputación aplicables, en torno a la
imputabilidad jurídica de dicho daño a la entidad demandada.

En consecuencia, no debe desdeñarse la importancia de precisar con mayor rigor,
en el plano jurídico del Derecho de Daños, el concepto filosófico de causa, toda vez
que en esta parte del universo del Derecho dicha noción ‘no se trata para nada de
causa y efecto, en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una
determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico
suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas, o sea de la relación
de fundamento a consecuencia’. De hecho, uno de los tantos notables aportes de
Hans Kelsen a la ciencia jurídica consistió en explicitar la distinción, no sólo
terminológica sino —especialmente— conceptual entre la causalidad —entendida
como conexión entre diversos elementos dentro del sistema de la naturaleza— y la
imputación —referida al enlace formal que existe entre antecedente y
consecuente y se expresa a través de reglas jurídicas—.”62.
(Negrillas fuera del texto original)

En esta línea, para establecer la imputación, debe determinarse, primero, la causa
material del daño 63 que, según lo ha dispuesto esta Corporación, no se presume en
ningún régimen de la responsabilidad:

“El accionante también tiene que demostrar en juicio la causalidad adecuada entre
el daño padecido y la conducta de riesgo imputada al Estado mediante prueba
directa o indirecta, porque la ley no ha señalado en materia de relación causal
ni presunciones legales respecto de las cuales, probado un hecho (s) el
legislador infiera su causalidad adecuada, ni tampoco los conocimientos del juez
sobre la realidad social lo autorizan para deducir con certeza el nexo de causalidad
eficiente y determinante. La prueba del nexo puede ser: a) directa, mediante los
medios probatorios que lo representan por si [sic] mismo y/o b) indirecta, mediante
indicios; este medio de convicción lógico indirecto, requiere de la demostración de
unos hechos indicadores que apunten con fuerza el hecho indicado”64.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).

Se destaca que la tesis actualmente aceptada por esta Corporación 65 es la de la

62
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 11 de
febrero de 2009. Exp: 17145.
63
La causalidad material es, también, un elemento autónomo e indispensable en la estructuración
de la responsabilidad que no admite presunciones y que, como se ha dicho, se presupone al del
análisis de la imputación. Héctor Patiño. Supra. P. 372.
64
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de
mayo de 2002. Exp: 13477.
65
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 21 de
febrero de 2002. Exp: 12789. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia: “(…) la causalidad adecuada
que ha sido adoptada por nuestra jurisprudencia como explicación para la atribución de un daño a la
conducta de un agente, debe ser entendida en términos de ‘causa jurídica’ o imputación, y no
simplemente como un nexo de causalidad natural”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil. Sentencia del 30 de septiembre de 2016. Rad: SC13925.

22

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

causalidad adecuada, de acuerdo con la cual, según la doctrina, se admite que:

“(…) el curso causal se compone de condiciones que, a diferencia de la tesis
anterior, no son todas equivalentes. En efecto, desde la órbita de la equivalencia de
las condiciones, una conducta es o no condición del daño, nunca la interrogante se
plantea en una mayor o menor incidencia causal. Para la causalidad adecuada,
una conducta podrá ser entendida como la causa del daño en la medida que
así permita ser calificada luego de verificarse un juicio retrospectivo o ex ante
de previsibilidad, probabilidad, o de experiencia de vida, que denominaremos
juicio de adecuación y que es conocido comúnmente como de prognosis
póstuma. En otros términos, la inteligencia de la teoría se concentra en que habrá
condiciones que más o menos probablemente habrán estado en posición de generar
el daño”66.
(Negrillas fuera del texto original).

Al respecto, esta Sección ha dictaminado que:

“Tal concepción [de equivalencia de condiciones] debe entonces complementarse
en el sentido de considerar como causas jurídicas del daño, sólo aquéllas que
normalmente contribuyen a su producción, desechando las que simplemente
pueden considerarse como condiciones. Tal como lo proponen los partidarios de la
teoría de la causalidad adecuada, expuesta por el alemán Von Kries, ‘sólo son
jurídicamente causas del daño, aquellos elementos que debían objetiva y
normalmente producirlo’.”67.
(Negrillas fuera del texto original).

21. Por su parte, la comprobación de una causa extraña —fuerza mayor, hecho del
tercero o hecho de la víctima 68— infirma la imputabilidad, por cuanto desestructura
el nexo de causalidad planteado, o acredita que, si bien causó materialmente el
daño, lo hizo por cuenta de un hecho externo, imprevisto e irresistible 69.

En lo que atañe el hecho del tercero, esta Corporación ha señalado que “se
configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es
completamente ajena al servicio y que este último no se encuentra vinculado en

66
Cristián Aedo Barrena y Renzo Munita Marambio. Algunos problemas que plantean las teorías de
la equivalencia de las condiciones y de la causalidad adecuada en la responsabilidad civil. Latin
American Legal Studies, Vol. 11 N. 1, pp. 297-352, 2023.
67
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 11 de
septiembre de 1997. Exp: 11764.
68
El caso fortuito no es considerado por esta Corporación como una causa extraña, en cuanto la
causa del daño no es exterior a la actividad o servicio: “Se ha dicho que la fuerza mayor es causa
extraña y externa al hecho del demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible,
que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario,
proviene de la estructura de la actividad de aquél, y puede ser desconocido, permanecer oculto, y
en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para
suprimir la imputabilidad del daño. (…).” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 19 de julio de 2000. Exp: 11842.
69
Héctor Patiño. Supra. Págs. 376 y 377.

23

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

manera alguna con la actuación de aquél” 70 o, lo que es lo mismo, que el tercero no
es una de las personas por las cuales, por virtud de la ley, el demandado debe
responder 71.

22. Se recuerda que la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar concluyó que
la ocupación le resultaba imputable al municipio, por cuanto fue quien contrató las
obras de ampliación del Instituto Técnico Ángela María Torres Suárez que
sobrepasaron los linderos del inmueble de los demandantes. Lo anterior, en
consideración a que la responsabilidad estatal por ocupación permanente ha sido
entendida por esta Corporación como de corte objetiva, por lo que basta probar los
derechos sobre el predio, y la ocupación por parte de la Administración.

Por su parte, la entidad, en la impugnación, insiste en que no se probó que hubiera
incurrido en una falla en el servicio producto de la cual hubiera resultado el daño,
pues la ocupación provino del consorcio Becerril, quien fue el encargado de ejecutar
la obra, y del interventor, a cuyo cargo estaba su vigilancia, terceros que nada tenían
que ver con la Administración.

23. Sobre la imputación que le corresponde al Estado por los daños causados con
ocasión de trabajos u obras públicas, esta Corporación ha trazado un derrotero, que
se pasará a exponer.

3.2.1. La imputación al Estado de los daños causados por trabajos u obras
públicas

24. De antaño, esta Corporación ha considerado que el Estado responde por los
daños causados por su contratista en la ejecución de las obras o trabajos públicos 72,
en virtud de que:

“Cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es como
si la ejecutara directamente. Es ella la dueña de la obra; su pago afecta siempre
el patrimonio estatal y su realización obedece siempre a razones de servicio y de
interés general. El hecho de que no la ejecute con personal vinculado a su servicio
obedece, la más de las veces, a insuficiencia o incapacidad técnica de su propio
personal o a falta de equipo adecuado. Por tal razón la administración, sin que por

70
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 26 de
marzo de 2008. Exp: 16530.
71
Matilde Zavala de González. Actuaciones por daños. Editorial Hammurabi, Buenos Aires. P. 172.
72
Entre otras, en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 28 de mayo de 1998. Exp: 10624 y sentencia del 28 de agosto de 1997, exp: 13028.

24

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

eso pierda la actividad el carácter de público, debe acudir a la colaboración de los
particulares para el cumplimiento de ciertos cometidos de servicio. La colaboración
en el caso de obra pública no vuelve privada esa actividad, como no le quita
el carácter de público al trabajo así ejecutado. Esa colaboración por participación
cuando es voluntaria, caso del cocontratante de la administración cuya actividad
tienda a la prestación o ejecución de un servicio público, hace a este particular
partícipe ocasional de la función pública no en calidad de agente o funcionario sino
como un órgano más de la gestión estatal.”73.
(Negrillas fuera del texto original).

Se trata de un evento de responsabilidad directa de la Administración, en el que se
asume que el contratista que produjo el daño integra —como un órgano— la
estructura del ente estatal 74, de modo que las cláusulas de indemnidad que el
Estado pacte con su colaborador no resultan oponibles a los terceros damnificados,
quienes, en consecuencia, podrán demandar al Estado, al contratista, o a los dos 75.

Esta posición ha sido reiterada recientemente por esta Sección con fundamento en
el principio ubi emolumentum ibi onus esse debet (donde está la utilidad debe estar
la carga), así:

“[A]l respecto resulta ilustrativo señalar que la ley y la jurisprudencia han sido claras
en señalar que es procedente imputar al Estado el daño padecido por los
ejecutores de la obra o por terceros ajenos a ella, en consideración a su
condición de dueña de la misma. Así lo explicó la Sala, con fundamento en que
‘el régimen de responsabilidad que se aplica frente a los daños derivados de la
ejecución de una obra pública, debe definirse con fundamento en el principio ubi
emolumentum ibi onus esse debet (donde está la utilidad debe estar la carga) que
hace responsable de los perjuicios a quien crea la situación de peligro, toda vez
que cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es
como si la ejecutara directamente.’ Se advierte además que la entidad puede
obtener de su contratista o asegurador el reembolso de lo pagado por concepto de
la indemnización a terceros, en consideración a que el primero asume esa obligación
al contratar con el Estado, como también la de garantizar las indemnizaciones por
daños causados al personal utilizado para la ejecución del contrato o a los terceros,
conforme lo prevé la ley 80 de 1993, arts. 25 numeral 19 y 60 de la Ley 80 de 1993)
[sic], en el entendido de que ‘dicha circunstancia, por sí sola no exime de
responsabilidad a la entidad propietaria de la obra pública, sin perjuicio de que pueda
obtener el reembolso de las sumas pagadas del contratista o de la compañía de
seguros (…)’.”76.

73
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 9 de
octubre de 1985. Exp: 4556. Reiterado, entre otras, en la sentencia del 25 de junio de 1997, exp:
10504.
74
“Por tal motivo la conducta o actuación de dicha persona es la conducta o actuación del Estado
mismo. De allí que sostenga la doctrina que sería un contrasentido hablar de responsabilidad
indirecta, pues los servidores públicos no son terceros respecto del Estado, sino partes del mismo,
ejecutores de la actividad estatal, la que no se concibe sino a través de las acciones u omisiones de
las personas vinculadas a su servicio.” Supra, exp: 4556.
75
Ibidem.
76
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 14 de
octubre del 2021. Exp: 53448. En cita de sentencias del 3 de mayo de 2007, exp. 19420; del 11 de
mayo de 2017, proceso No. 25000-23-26-000-2003-01208-01(39901); y del 26 de febrero de 2015,
proceso No. 44001-23-31-000-2001-00706-01(25640).

25

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

(Negrillas fuera del texto original).

25. Ahora, para desprender la atribución jurídica al Estado, es preciso que se
demuestre que el daño —causado materialmente por el contratista estatal— se
produjo en desarrollo de las actividades contratadas:

“En materia de responsabilidad extracontractual la Corporación ha señalado que la
administración en los casos relacionados con daños causados a terceros en la
ejecución de obras públicas mediante el concurso de contratistas, la respectiva
entidad estatal se obliga a resarcir al damnificado si prueba éste que los perjuicios
se han derivado en desarrollo de tales trabajos, y si además, la demanda ha sido
dirigida contra dicha entidad o contra ambos, demostrando claro está que el servicio
funcionó mal, no fue prestado o se prestó irregularmente o por lo menos que
acredite que aquel emergió con ocasión de la prestación del servicio. (Nexo
causal).”77.
(Negrillas fuera del texto original).

Véase que, de acuerdo con este criterio, siempre que el daño se produzca en el
marco del servicio, el contratista que lo causó no es un tercero ajeno a la
Administración y, por tanto, la entidad mantiene la obligación resarcitoria respecto
del afectado.

Para efectos de establecer el nexo con el servicio, el juez puede servirse de criterios
orientadores como si el evento dañoso ocurrió en el ámbito espacial o temporal del
contrato, en el lugar y con los elementos dispuestos para su ejecución, y con el fin
de cumplir las obligaciones contractuales 78.

3.3. El fundamento del deber de reparar daños en eventos de ocupación
permanente de inmuebles

26. Se recalca que el daño aquí reclamado —y probado— consiste en la ocupación
permanente del inmueble con las obras contratadas por el municipio de Becerril, por
lo que se abordará el asunto atinente al fundamento de la responsabilidad.

27. Esta Sección79 ha sostenido reiteradamente que la responsabilidad del Estado
por la ocupación de inmuebles es objetiva, en cuanto implica el rompimiento de la

77
Supra, exp: 13028
78
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 15 de
julio de 2020. Exp: 47956.
79
Entre otras, en sentencia de esta Sección del 12 de noviembre de 1998, exp: 13531; sentencia del
25 de abril del 2012, exp: 21687; del 25 de mayo del 2011, exp: 20025; del 28 de enero del 2015,
exp: 34170; y del 4 de junio del 2021, exp: 39596.

26

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

igualdad de las cargas públicas, de modo que únicamente debe demostrarse que la
Administración invadió el predio ajeno, sin que resulte relevante la falla del servicio.
En palabras de la jurisprudencia:

“Tratándose de supuestos como el que mediante esta providencia se resuelve, la
Sala ha sostenido que el régimen aplicable corresponde a la especie de la
responsabilidad objetiva80 y que hay lugar a declararla una vez demostrado que
una parte o la totalidad de un bien inmueble de propiedad del demandante fue
ocupado permanentemente por la Administración o por particulares que actúan
autorizados por ella81

La imposición de la obligación resarcitoria a cargo del Estado en este tipo de casos
se justifica por la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas
en que la ocupación se traduce, pues no existe para el particular afectado el deber
jurídico de soportar, sin compensación alguna, el detrimento que a su patrimonio
⎯material o inmaterial⎯ se ocasiona a causa de la realización de unas obras o
trabajos públicos que bien pueden reportar beneficio para la colectividad entera,
pero lesionan desproporcionadamente los derechos de un coasociado. La
concreción y prevalencia del interés general ⎯artículo 1º de la Constitución
Política⎯, si bien respalda y orienta teleológicamente la actividad administrativa, no
justifica el desproporcionado sacrificio de la esfera de derechos e intereses del
individuo, cuya salvaguarda también constituye fin esencial del Estado a tenor de lo
normado por el artículo 2º de la Carta.”82.
(Negrillas fuera del texto original).

28. Con todo, sin desconocer el criterio imperante frente a ese tópico, no puede
soslayarse el hecho de que la ocupación permanente, con la que, sin duda, se causa
el daño consistente en la afectación o limitación a la propiedad del demandante que,
por supuesto, no tiene el deber de soportar, no constituye, por esa razón, un evento
de responsabilidad sin falta, en la medida en la que la ocupación carente de título
jurídico que la legitime o justifique configura por sí misma, una falla en el servicio,
como se pasará a exponer.

En primer lugar, cabe señalarse que, según ha sido explicado por esta Sección 83 y
por la Corte Constitucional 84, la antijuridicidad recae en el daño que el particular no
tiene el deber de soportar, asunto que corresponde al análisis de fundamento y que,
a su turno, se subsume en todos los regímenes de responsabilidad existentes, sin

80
Cita original del texto: “En este sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 2005, Radicación número 13.643, Consejero Ponente:
Germán Rodríguez Villamizar, Actor: Pablo Daniel Portilla Maya.”
81
Cita original del texto: “Criterio que fue reiterado por la Sala en sentencia proferida el 4 de diciembre
de 2006, expediente 15.351. Actor: Ilmo Giraldo Chávez.”
82
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 10 de
junio del 2009. Exp: 15817.
83
Entre otras, en sentencias del 28 de mayo de 1992, exp: 6771; y del 2 de marzo de 1993, exp:
7429. Con fundamento en la doctrina del profesor Eduardo García de Enterría.
84
Sentencia C-333 de 1996.

27

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

que sea exclusivo del régimen objetivo. De modo que el daño ocasionado por la
ocupación permanente de un inmueble desprovista de título que la justifique,
deviene en antijurídico, independientemente del fundamento o régimen de
responsabilidad aplicable al caso concreto.

En segundo lugar, se destaca que la ocupación permanente de inmuebles configura
una falla del servicio, al punto que la misma jurisprudencia que ha defendido la
objetividad de este régimen, ha sostenido que la ocupación permanente o temporal
de facto corresponde a:

“(…) cuando el Estado no actúa conforme al ordenamiento, sino que ocupa los
bienes de los particulares sin un título jurídico válido para hacerlo, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado
tendrá que ser conminado a responder patrimonialmente por los daños.”85.
(Negrillas fuera del texto original).

Quiere decir lo anterior que el Estado puede —legítimamente— gravar la propiedad
privada86 o adquirirla mediante enajenación voluntaria o, incluso, expropiarla, con el
fin de satisfacer necesidades públicas que, por principio, prevalecen sobre las
particulares, para lo cual, de manera imperativa, debe surtir el procedimiento
previsto en la ley, que entraña, por virtud del artículo 58 Constitucional 87, el
reconocimiento económico a favor del propietario perjudicado.

De acuerdo con esta Corporación, el proceso de expropiación previsto en la Ley
388 de 1997 consta de tres fases:

“-La primera radica en la afectación de un inmueble, adoptada por vía administrativa
por causa de una obra pública. Dicha medida debe inscribirse en el folio de matrícula
inmobiliaria del bien y tiene un límite temporal, en el cual podrá acordarse con el
propietario el reconocimiento y forma de pago de los perjuicios causados durante el
tiempo de la afectación y/o iniciar el proceso de negociación para la posterior
adquisición del bien a partir de una presentación formal de oferta.

-Seguidamente se presenta una etapa de negociación entre la entidad competente

85
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 4 de
junio de 2021. Exp: 39596
86
Son distintas las normas que regulan la imposición de servidumbre, según el fin que justifique el
gravamen. En cualquier caso, se resalta que se trata de procedimientos administrativos que culminan
con la constitución de la limitación en acto administrativo. A modo de ejemplo, ver: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 23 de septiembre del
2024. Exp: 66400.
87
“Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber
expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los
intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa -
administrativa, incluso respecto del precio.”

28

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

y el propietario del bien, que se surte con la finalidad de llegar a un acuerdo de
voluntades en relación con la transferencia de dominio y el precio que por ello
debe reconocerse, cuyo valor debe atender, entre otros criterios, a la destinación
económica del bien. Esta etapa inicia con la formulación de la oferta de compra por
la entidad, la cual debe inscribirse en el folio de matrícula inmobiliaria y comunicarse
a su dueño para que manifieste su consentimiento o su rechazo dentro del término
legal.

-Finalmente, si el proceso de negociación directa o enajenación voluntaria
fracasa, bien por no existir consenso respecto de la oferta, bien por no celebrarse
el contrato de compraventa dentro de los términos previstos o porque el propietario
hubiere incumplido la obligación de transferirle a la entidad adquirente el derecho de
dominio en los términos pactados, se seguirá el procedimiento de expropiación
judicial, por regla general, o administrativa, en los casos de declaratoria de
urgencia. En ambos escenarios se discutirá y fijará el precio indemnizatorio
correspondiente al daño emergente y al lucro cesante.”88.
(Negrillas fuera del texto original).

El ordenamiento jurídico reconoce que, por motivos de utilidad pública o interés
social, la Administración puede imponer su poder de imperio y, mediante acto
administrativo o mediando un procedimiento judicial, gravar la propiedad privada o
adquirir su propiedad, con lo que, de suyo, se reconoce que el interés particular
debe ceder ante la necesidad pública, para lo cual debe surtir los trámites
dispuestos por la Constitución y la ley. Sobre este asunto, la Corte Constitucional
admitió que:

“(…) las autoridades públicas tienen el deber constitucional de respetar el
derecho de propiedad privada sobre toda clase de bienes y, por consiguiente,
cuando requieran bienes inmuebles para cumplir los fines del Estado
consagrados en el Art. 2º de la Constitución deben obrar con sujeción al principio de
legalidad y garantizando el derecho al debido proceso contemplado en el Art. 29
ibídem, o sea, deben adquirir el derecho de propiedad sobre ellos en virtud de
enajenación voluntaria o de expropiación si aquella no es posible, en las
condiciones contempladas en la ley, y no pueden obtenerlos mediante su
ocupación por la vía de los hechos.

No obstante, cuando el Estado ha ocupado de hecho los inmuebles, con fundamento
en lo dispuesto en el Art. 90 de la Constitución debe responder patrimonialmente e
indemnizar en forma plena y completa al titular del derecho de propiedad privada,
por el daño antijurídico causado, es decir, por el daño que no tenía el deber de
soportar.

Por tanto, en cuanto el Art. 86 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el Art. 31 de la Ley 446 de 1998, y el Art. 136 del mismo código, modificado por
el Art. 44 de dicha ley, contemplan la vía para obtener la reparación de los perjuicios
causados con la ocupación permanente de los inmuebles, tales disposiciones no
son contrarias al Art. 58 de la Constitución, ya que protegen el derecho de propiedad

88
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 5 de
abril de 2017. Exp: 50887. Sobre el trámite también se han pronunciado la Sección Quinta en
sentencia del 24 de mayo del 2018, exp: 25000-23-24-000-2010-00133-01, y del 18 de julio del 2019,
exp: 3959605001-23-31-000-2004-04088-01; y la Sección Primera en sentencia del 21 de enero del
2016, exp: 05001-23-31-000- 2002-04925-01; así como la Corte Constitucional, sentencia C-1074
de 2002.

29

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

privada, en vez de vulnerarlo, al asegurar a su titular el reconocimiento y pago de la
indemnización correspondiente.

Debe observarse que dichas normas no autorizan al Estado para que ocupe
de hecho los inmuebles, pretermitiendo los procedimientos legales para la
adquisición del derecho de propiedad privada, sino que buscan remediar por
el cauce jurídico la situación irregular generada con dicho proceder de las
autoridades públicas. (…)”89.
(Negrillas fuera del texto original).

En oposición, cuando el Estado ocupa un predio sin haber agotado el procedimiento
que la ley prevé para esos eventos, incurre —por esa misma razón— en una
irregularidad, en cuanto dicha omisión comporta el desconocimiento del contenido
obligacional a su cargo 90.

Por lo expuesto, se concluye que la ocupación permanente o temporal de inmuebles
de facto por parte de la Administración constituye, de suyo, una falla en el servicio
y, por esa virtud, la responsabilidad debe analizarse a la luz de ese fundamento.

29. Deviene imperante resaltar, en este punto, que esta precisión no es de menor
envergadura, ni un asunto meramente formal, pues, de acuerdo con la
jurisprudencia, la falla del servicio es:

“(…) el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la
obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al juez administrativo le compete
• por principio - una labor de control de la acción administrativa del Estado y si
la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación
administrativa a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo
para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual.”91.
(Negrillas fuera del texto original).

En este sentido, el reconocimiento expreso de que la Administración ha incurrido en
falla repercute en la adopción de políticas de prevención y mejora, que incentivan la
reducción paulatina de los hechos dañosos, además de que habilita a la entidad
condenada a ejercer la acción de repetición en contra de su agente que, con su
culpa o dolo, causó el daño 92.

89
Corte Constitucional. Sentencia C-864 del 2004.
90
Definición de falla en el servicio. Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 8 de marzo del 2007. Exp: 27434.
91
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de
julio de 1993. Exp: 8163. Reiterado, entre otras, en sentencias del 13 de julio de 1993, exp. 8163; y
del 16 de julio de 2008, exp. 16423.
92
Sin perjuicio de que la jurisprudencia haya admitido que las entidades repitan en contra de su s
agentes cuando han sido condenadas bajo un régimen de responsabilidad objetiva, siempre que, en
ese proceso, demuestren la culpa o dolo del repetido.

30

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

30. Ahora, se resalta que la carga probatoria definida por esta Corporación para la
prosperidad de las pretensiones de responsabilidad del Estado por ocupación
permanente o temporal se mantiene incólume, debiendo el demandante acreditar
los derechos ejercidos sobre el predio ocupado, y la ocupación de ese inmueble por
parte de la Administración.

Lo que ocurre es que, la prueba de la ocupación entraña la de la falla, pues, como
se ha señalado, la intrusión es, en sí, un incumplimiento del contenido obligacional.

Se advierte, entonces, que con esta precisión no se configura un régimen de
presunción de falla, pues la carga de la prueba de todos los elementos —incluida la
de la ocupación por parte de la Administración— recae exclusivamente sobre el
demandante.

31. Por lo expuesto, esta Sala aclara que la responsabilidad derivada de los daños
ocasionados por la ocupación permanente o temporal se fundamenta, en esencia,
en la falla del servicio, que se erige porque la Administración toma un predio para
sí, sin surtir el trámite administrativo o judicial exigido y permitido por el
ordenamiento jurídico para adquirir el dominio o gravar los inmuebles de los
particulares.

3.4. Caso concreto

3.4.1. Sobre la imputación del daño al municipio de Becerril

32. En el análisis del daño, se verificó que el edificio correspondiente a la ampliación
del Instituto Técnico María Ángela Torres Suárez sobrepasó los linderos propios y
se construyó parcialmente en el terreno de los demandantes. Al plenario se aportó
el contrato 032 del 2015, suscrito entre el municipio de Becerril y el consorcio
Becerril 2015, con el objeto de construir el edificio 3 del Instituto Técnico Ángela
María Torres Suárez 93. Así, en el presente asunto, no cabe duda de que la
ocupación fue producida en desarrollo de las obras contratadas.

Se desprende de lo anterior que la obra con la que se ocupó el predio ajeno fue

93
Archivo: ED_C01PRINCIPAL(.rar). 16ContestacionMunicipioBecerril. P. 11.

31

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

contratada por el ente territorial demandado, lo que, en virtud del ya expuesto
principio ubi emolumentum ibi onus esse debet, según el cual “cuando la
administración contrata la ejecución de una obra pública es como si la ejecutara
directamente”, redunda en que el daño le resulte imputable.

33. Habiendo concluido que la obra era del Estado, le correspondía a éste evacuar
el procedimiento legal con el fin de adquirir la franja que se necesitaría para la
construcción del inmueble, a pesar de lo cual se omitió y se ocupó de facto.

Conforme lo expuesto, el municipio de Becerril ocupó parcialmente el predio ajeno
con la construcción del edificio del Instituto Técnico María Ángela Torres Suárez,
sin haber surtido el trámite legal para adquirir la propiedad de la porción invadida,
por lo que el daño se causó por falla en el servicio.

En este sentido, la excepción de hecho del tercero propuesta por la entidad no tiene
efecto liberatorio , en cuanto el contratista, según lo explicado, en estos casos, no
es realmente un tercero respecto de la Administración.

3.4.2. Sobre la imputación del daño al consorcio Becerril 2015 y consorcio
Intervmega Becerril

34. Esta Sala no desconoce que el Consorcio Becerril 2015 y Consorcio Intervmega
Becerril, en calidad de contratista de obra e interventor, respectivamente, fueron
vinculados a este proceso en el trámite de la primera instancia 94.

No obstante, el daño demostrado —consistente en la ocupación permanente— es
exclusivamente imputable a la entidad territorial, en virtud de que es el propietario
del instituto edificado en el terreno de los demandantes, y la indemnización equivale
al valor comercial de la franja ocupada, lo que, a su vez, comporta el título traslaticio
de dominio a su favor.

Asimismo, el municipio no demostró que sus contratistas hubieran actuado por fuera
de los términos del negocio jurídico celebrado, o en desconocimiento de sus
órdenes, por lo cual no se configura el hecho del tercero con los respectivos efectos

94
Audiencia inicial del 6 de febrero de 2018. Archivo: ED_C01PRINCIPAL(.rar).
30ActaAudienciaInicial. A pesar de lo cual no contestaron la demanda, según consta el informe
secretarial del 22 de agosto del 2019. Archivo: 5ED_C02PRINCIPAL (.rar). 22InformeSecretarial.

32

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

liberatorios de la responsabilidad.

IV. Conclusión

35. De acuerdo con los problemas jurídicos esbozados, esta Sala concluye que se
acreditó la ocupación permanente de una porción del inmueble de los demandantes,
con lo cual se causó el daño consistente en la exclusión definitiva de la propiedad
de los demandantes sobre la franja ocupada, que resulta imputable al municipio de
Becerril a título de falla en el servicio, en consideración a que fue quien contrató la
obra con la que se afectó el dominio sobre el predio y es el propietario del instituto
construido, sin surtir el procedimiento exigido por la ley para adquirir el bien
legítimamente.

Ahora, no se probó el daño correspondiente a la desvalorización de la porción del
predio que no fue objeto de ocupación, reconocido por la primera instancia, por lo
que corresponde modificar la decisión del a quo en el sentido de declarar la
responsabilidad extracontractual del demandado y condenarlo al pago del daño
efectivamente probado, que no es otro distinto al del valor comercial de la parte
ocupada.

V. Perjuicios

36. Bajo el contexto de que la ocupación fue acreditada y, con ella, el daño a la
propiedad causado a los demandantes, pero no así su cuantía, en cuanto no se
estableció la extensión precisa de tierra ocupada, corresponde condenar en
abstracto en los términos del artículo 193 del CPACA 95, de manera que le incumbe
al demandante promover el trámite incidental con la liquidación motivada y
especificada de su cuantía, que deberá atender los parámetros que a continuación
se enlistan:

95
“Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en
auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se harán en forma
genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los
términos previstos en este Código y en el Código de Procedimiento Civil. // Cuando la condena se
haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito
que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la ejecutoria de la sentencia o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento
al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de
plano la liquidación extemporánea.”

33

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

(i) El incidente deberá promoverse ante el Tribunal de primera instancia en
la forma y términos previstos por el artículo 193 del CPACA – modificado
por el artículo 87 de la Ley 2080 de 2021.
(ii) Para hallar la cuantificación del daño emergente aquí reconocido, se
deberá tener en cuenta el área del terreno ocupado por el municipio de
Becerril y su valor en la fecha de la ocupación.
(iii) El valor que se calcule será objeto de actualización desde que los
demandantes verificaron la ocupación, es decir, desde el 22 de mayo del
2015.
(iv) El cumplimiento de la condena que aquí se profiere se sujetará a lo
dispuesto en los artículos 191, 192 y 195 del CPACA.

VI. Costas

37. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, en la sentencia
se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por
el CGP, que, a su turno, en el numeral 1 de su artículo 365, establece que “se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto”, que, de acuerdo con el numeral 8, sólo se
reconocerán “cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación”.

De acuerdo con el artículo 361 ibidem, las costas “(…) están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las
agencias en derecho (…)”, estas últimas, vale aclarar, las determina el juez de cada
instancia por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la
Judicatura, que, para este asunto, se rigen por el Acuerdo 10554 de 2016 96.

Como en el presente asunto se modificará la sentencia del Tribunal Administrativo
del Cesar en lo que atañe a la condena en abstracto, sin que ello implique que se
ha accedido a alguno de los cargos de la impugnación, en los términos de la ley
correspondería condenar en costas en la segunda instancia a la parte que formuló
el recurso de apelación que, en este caso, es el extremo pasivo; no obstante, se

96
La demanda se presentó el 30 de mayo de 2018. El Acuerdo 10554 fue expedido y publicado el 5
de agosto de 2016 y entró a regir para los procesos judiciales iniciados a partir de su publicación.

34

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

resalta que no se comprobó la causación de expensas ni de agencias, en cuanto la
parte demandante no realizó ninguna actuación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia
del 9 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, de modo
que quedará de la siguiente manera:

“1°. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable al
MUNICIPIO DE BECERRIL por los perjuicios ocasionados a los señores
EDUARDO JOSÉ CAYÓN MÁRQUEZ y CLEMENTE AHIZA OÑATE
SALINAS, con ocasión a la ocupación permanente y parcial del inmueble de
su propiedad, esto es, el identificado con matrícula inmobiliaria No. 190-
91466, según lo expuesto en la parte considerativa de la providencia.

2°. CONDENAR en abstracto al MUNICIPIO DE BECERRIL a pagar los
perjuicios correspondientes a la lesión a la propiedad sobre la porción del
bien efectivamente ocupada. Para la liquidación, el demandante deberá
promover el incidente de acuerdo con el artículo 193 del CPACA, según la
parte motiva de esta sentencia.

3°. La presente decisión junto con el auto que decida el incidente de
liquidación de perjuicios, debidamente ejecutoriados, deberán protocolizarse
e inscribirse ante la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
competente para que sirva de título traslaticio de dominio, de manera que la
porción de terreno que comprenda la indemnización final pase a ser
propiedad del municipio demandado, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 191 del CPACA.

4°. Condenar en costas a la parte demandada, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa de la presente decisión.

Se fijan como agencias en derecho correspondientes a la primera instancia
el valor equivalente al 5% de las pretensiones reconocidas en la presente
decisión, porcentaje que será aplicado al valor que arroje el incidente de
liquidación de perjuicios como monto a indemnizar.

5°. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en la forma
establecida en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

6° En firme esta providencia, ARCHIVESE el expediente”

35

Radicación: 20001-23-39-000-2016-00504-02 (69.715)
Demandante: Eduardo José Cayón Márquez y Clemente
Oñate Salinas
Demandado: Municipio de Becerril y otros
Asunto: Reparación Directa

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia al recurrente.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 97
WILLIAM BARRERA MUÑOZ NICOLÁS YEPES CORRALES

97
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en
el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF

36

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.