Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00133-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Expropiación: régimen jurídico
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00133-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2010-00133-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
24 de mayo de 2018
EXPROPIACIÓN – Régimen jurídico / EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA - Requisitos. Etapas: Oferta, negociación y proceso expropiatorio propiamente dicho / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 21 de enero de 2016, Radicación 05001-23-31-000-2002-04925-01, C.P. Maria Claudia Rojas Lasso
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA – Justificación
[L]os actos cuya nulidad se pretende de manera clara y precisa dieron cuenta de las razones constitucionales y legales que justificaban la expropiación administrativa, haciendo referencia a las disposiciones normativas pertinentes, contrario a lo que indican los peticionarios, motivo por el cual acertadamente el A quo desvirtuó el reproche consistente en la falta de justificación, conclusión que comparte la Sala y que en el recurso de apelación en manera alguna fue desvirtuada.
DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA – No vulneración
[N]o se evidencia desconocimiento del derecho al debido proceso, el cual no comprende que las peticiones o actuaciones que efectuaron los peticionarios debían ser atendidas favorablemente por la administración, en especial, cuando ésta en los actos acusados expuso las razones pertinentes para llevar a cabo la expropiación y establecer el monto de las indemnizaciones, razones que por cierto, no fueron cuestionadas de manera clara, concreta y precisa por los peticionarios.
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA – Indemnización / CARGA DE LA PRUEBA - Le corresponde a quien quiera desvirtuar el avalúo
[L]os accionantes se limitaron a indicar que según los conceptos técnicos que aportaron al trámite administrativo, el valor de los bienes es superior al establecido por el IDU, pero se insiste, no cumplieron con la carga mínima que les corresponde de destacar cuáles fueron los errores cometidos, en qué se equivocó la Lonja Inmobiliaria de Bogotá, y por ende, no se ofrecieron con suficiencia razones de hecho y derecho para desvirtuar la determinación del justo precio, para lo cual no basta como al parecer pretenden, hacer referencia a conceptos con sentido disímil a los tenidos en cuenta por el Distrito, sino controvertir éstos, exponer las razones pertinentes para revelar los errores de los actos acusados, los motivos por los cuales deben ser anulados, en suma, cumplir con una carga probatoria y argumentativa mínima que contrarreste la presunción de legalidad de las decisiones de la administración, que no se satisfacen dando cuenta de la existencia de diferentes criterios frente a un asunto, sin ni siquiera ilustrar qué concluyeron los mismos y el razonamiento desarrollado para tal efecto. En tal sentido por ejemplo, se evidencia que la única afirmación más o menos específica que se realizó en el libelo introductorio y en el escrito de apelación, consistió que frente a un mismo bien se haya determinado que el valor del metro cuadrado difiere si está ubicado sobre la carrera 10ª o sobre la 5ª, pues se trata de un mismo lote y propietarios, sin que se indicara a cuál de los inmuebles expropiados corresponde tal reproche, o si éste incluye los dos. Asimismo, tampoco se señaló en qué avalúo o informe técnico se llegó a esa supuesta conclusión, o de qué afirmaciones u operaciones puede inferirse la misma, lo que claramente revela el incumplimiento de la carga mínima en cabeza de quienes pretenden la nulidad de las decisiones de la administración.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 4 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 58 / LEY 388 DE 1997 – ARTICULO 58 / LEY 388 DE 1997 – ARTICULO 63
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA – DESCONGESTIÓN
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-24-000-2010-00133-01
Actor: JUAN CARLOS SOLANO PEÑA Y OTROS
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda Instancia.
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia dictada el 13 de agosto de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
Los señores Juan Carlos, José Geiner, Mary Langyngh, Nubia y Alba Lucía Solano Peña, mediante apoderado judicial, el 23 de noviembre de 2009 presentaron demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, en contra del Instituto de Desarrollo Urbano (en adelante IDU), con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
1.1. Pretensiones
PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución N° 1040 del 16 de abril de 2009, mediante la cual el IDU dispuso la expropiación del bien ubicado en la Calle 5 N° 10 – 46 de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución N° 1379 del 28 de abril de 2009, a través de la cual el IDU dispuso la expropiación del bien ubicado en la Calle 5 N° 10 – 42 de la ciudad de Bogotá.
TERCERA: Que se declare la nulidad de la Resolución N° 1697 del 28 de mayo de 2009, mediante la cual el IDU resolvió los recursos presentados contra los actos administrativos arriba señalados.
CUARTA: Que se condene al IDU al reconocimiento y pago de la suma de $200.000.000 en favor de los demandantes, “por la expropiación de que han sido objeto en (sic) los bienes de su propiedad, que es la cuantía que se debe pagar como faltante y no el valor estimado en las resoluciones”.
QUINTA: Condenar a la entidad demandada, “a que sobre las sumas en que resulte condenada a pagar a los mandantes, se les reconozca y pague las sumas necesarias para hacer los ajuste de valor, conforme al índice de precios al consumidor o al por mayor, tal como lo autoriza el artículo 178 del C.C.A.”
SEXTA: Condenar al IDU a que dé cumplimiento al fallo en su contra en el término de 30 días conforme al artículo 176 del C.C.A.
SÉPTIMA: Condenar a la entidad demandada, en el evento que no cumpla las órdenes en su contra en el plazo antes señalado, a pagar intereses moratorios de acuerdo al artículo 177 del C.C.A. y la sentencia C-188 del 29 de marzo de 1999 de la Corte Constitucional.
OCTAVA: Condenar en costas del proceso al IDU.
2. Hechos
Los demandantes expusieron los siguientes:
2.1. Señalaron que mediante escritura pública N° 3490 del 24 de junio de 1993, adquirieron los inmuebles ubicados en la Calle 5 N° 10 – 46 de la ciudad de Bogotá (matrícula inmobiliaria N° 50C-129934) y en la Calle 5 N° 10 – 42 de la misma ciudad (matrícula inmobiliaria N° 50C-400477).
2.2. Indicaron que el inmueble de la Calle 5 N° 10 – 46 fue expropiado por el IDU mediante la Resolución N° 1040 del 16 de abril de 2009, estableciendo un precio de indemnización de $323.403.438 que incluye daño emergente y lucro cesante.
2.3. Afirmaron que el bien ubicado en la Calle 5 N° 10 – 42 fue objeto de expropiación a través de la Resolución N° 1379 del 28 de abril de 2009, que determinó una indemnización de $272.360.793 que incluye daño emergente y lucro cesante.
2.4. Narraron que contra los anteriores actos administrativos presentaron los recursos correspondientes, que fueron resueltos por el IDU en sentido desfavorable en la Resolución N° 1697 del 28 de mayo de 2009.
3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
Alegaron que las resoluciones cuya nulidad se pretende son contrarias a los artículos 29, 53, 58, 90 y 209 de la Constitución Política y 63 de la Ley 388 de 1997 por las siguientes razones:
Destacaron que son personas “honorables e intachables en su actuar”, que han cumplido con todas las obligaciones relacionadas con los inmuebles que eran de su propiedad, motivo por el cual el IDU no debió adoptar una decisión “ligera” y contraria al debido proceso.
Argumentaron que no se presentó alguna de las causales taxativamente previstas en la Constitución Política y la ley para efectuar la expropiación por vía administrativa, y además que los actos acusados “no tuvieron en cuenta las sendas recomendaciones y muchos menos las exposiciones en cada caso de los documentos aportados como derechos de petición o recursos instaurados, por lo que siendo así, se hacen merecedores a que se le reintegre la suma pedida”.
Sostuvieron que el proceso de expropiación se llevó a cabo “sin tener en cuenta el valor del metro cuadrado de terreno en el sector y las construcciones”, en desconocimiento de la Ley 388 de 1997.
Reprocharon que frente a un mismo bien se haya determinado que el valor del metro cuadrado difiere si está ubicado sobre la carrera 10 ª o sobre la 5ª, pues se trata de un mismo lote y propietarios.
En ese orden de ideas indicaron que la motivación de los actos acusados “no ha sido adecuada a los fines de la norma y al espíritu que le quiso dar el legislador, y mucho menos ha sido proporcional a los hechos que supuestamente han servido de causa para tomar semejantes decisiones”.
Finalmente, expresaron que al momento de dictarse los actos cuya nulidad se pretende, “se encontraban cancelando los gravámenes de acuerdo a los avalúos designados por el mismo distrito, situación esta que ameritaba que se declare la nulidad” y se les cancele la suma de dinero que realmente deben recibir por los inmuebles.
4. Actuaciones procesales relevantes
4.1. Auto admisorio de la demanda
Mediante auto del 8 de julio de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, admitió la demanda y dispuso su notificación al IDU y al agente del Ministerio Público.
4.2. Contestación de la demanda
El IDU se opuso a las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:
Sostuvo que no es cierto que los recursos y peticiones que efectuó la parte actora dentro del trámite administrativo no se hayan tenido en cuenta, como tampoco el desconocimiento de los derechos al debido proceso y propiedad, respecto de los cuales afirmó no se indicó con precisión en qué consistió la vulneración.
Manifestó que no es cierto que la expropiación administrativa se realizó sin justificar las causales legalmente previstas, en tanto las condiciones de urgencia en el marco de la Ley 388 de 1997, que dieron lugar a la misma, fueron claramente expuestas en el Decreto 317 del 19 de julio de 2007 del Alcalde Mayor de Bogotá, que dio cuenta de la necesidad de ejecutar varios proyectos viales y de espacio público, relacionados con el Sistema de Transporte Masivo.
Respecto al presunto incumplimiento de los parámetros legalmente establecidos para determinar el valor de los inmuebles, subrayó que la parte demandante no precisó las razones o pruebas por las que estima que la indemnización es injusta, y por el contrario se advierte que los avalúos correspondientes atendieron las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.
En tal sentido indicó que aunque los avalúos privados y observaciones presentadas por los propietarios no obligan al IDU, los mismos fueron trasladados a la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., que teniendo en cuenta aquéllos y otras pruebas practicadas, respecto del bien ubicado en la Calle 5 N° 10 – 42, incrementó el valor del avalúo de $140.673.000 a $240.359.200, y además tasó el daño emergente en $779.129 y el lucro cesante en $31.522.464.
En cuanto al inmueble de la Calle 5 N° 10 – 46, destacó que no es cierto que se encuentre englobado al anterior, “sino que se trata de uno independiente al que tiene frente sobre (sic) la Avenida Carrera 10, (es decir el esquinero identificado con registro topográfico 36626); el cual tiene un mayor valor por metro cuadrado y adicionalmente carácter comercial”.
Con fundamento en lo expuesto y después de destacar los elementos que se tuvieron en cuenta para precisar el valor de las indemnizaciones, propuso como excepciones la “legalidad de la actuación de la administración”, pues los actos demandados se ajustan al ordenamiento jurídico, y la existencia de “inepta demanda, por falta de concreción sobre las disposiciones violadas y la forma como las mismas fueron vulneradas, lo que hace imposible asumir la defensa de la Entidad”.
4.3. Providencias relevantes dictadas con posterioridad a la admisión de la demanda.
4.3.1. Por medio de auto del 21 de octubre de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, resolvió tener como pruebas los documentos aportados con la demanda y su contestación. Negó por impertinentes los testimonios de los señores Juan Carlos, José Geiner, Mary Langyngh y Nubia Solano Peña, “toda vez que estas personas son parte en el proceso, en su calidad de demandantes, y el testimonio se predica de terceros”. Y finalmente dispuso en virtud de la solicitud de la parte actora, oficiar al Director del IDU para que informara sobre los hechos debatidos en el proceso, especialmente, qué criterios se tuvieron en cuenta, fuera de la Ley 388 de 1997, para decretar la expropiación administrativa, “y sobre los motivos de buen servicio que lo llevaron a tomar la decisión en este caso”.
4.3.2. Mediante auto del 31 de marzo de 2011 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto pertinente, empero guardaron silencio.
4.3.3. En virtud del Acuerdo N° PSAA11-9042 del 16 de diciembre de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura, el presente asunto fue remitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en Descongestión.
4.4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en Descongestión, mediante sentencia del 13 de agosto de 2012, negó (i) las excepciones invocadas por el IDU y (ii) las pretensiones de la demanda, por las razones que a continuación se sintetizan:
En primer término precisó que la excepción denominada legalidad de la actuación de la administración, está relacionada con el fondo de la controversia planteada, “por cuanto lleva implícito un análisis del procedimiento desplegado por la entidad demandada dentro del proceso de expropiación administrativa llevado a cabo en el inmueble objeto de la controversia”.
En cuanto a la excepción de inepta demanda indicó que no está llamada a prosperar, por cuanto la parte demandante precisó las normas que estimó desconocidas y que su inconformidad se centra “en la actuación administrativa de expropiación desarrollada por el IDU, así como en los parámetros de indemnización realizados”, lo que permite delimitar el estudio de legalidad propuesto.
Luego de realizar algunas consideraciones generales sobre la expropiación administrativa y transcribir los artículos 63 a 70 de la Ley 388 de 1997, destacó que aquélla sólo tiene lugar cuando existan las condiciones de urgencia previstas taxativamente por el ordenamiento jurídico y se presenten los motivos de utilidad pública e interés social “específicos que autorizan este tipo de expropiación, previo agotamiento de varias etapas a fin de que se pueda cumplir su cometido”.
Para ilustrar el cumplimiento de los anteriores requisitos así como la garantía del debido proceso de los demandantes, hizo un recuento de las actuaciones administrativas que se surtieron para proferir los actos acusados, destacando que mediante Acuerdo 15 de 1999 se facultó al Alcalde Mayor de Bogotá para que declarara las condiciones de urgencia de que trata el artículo 64 de la Ley 388 de 1997, con el fin de utilizar el mecanismo de expropiación administrativa, declaratoria que frente al caso en concreto se efectúo mediante el Decreto 317 del 19 de julio de 2007, que dio cuenta de la necesidad de ejecutar varios proyectos viales y de espacio público, relacionados con el Sistema de Transporte Masivo.
Subrayó que a los demandantes se les notificaron las ofertas de compra y su fundamento técnico y legal, así como los actos administrativos de expropiación (al no lograrse la enajenación voluntaria de los inmuebles), y en todo tiempo se les brindó la oportunidad de realizar las consideraciones que estimaran pertinentes e interponer los recursos procedentes.
Frente a los avalúos del 8 de febrero 2008 y 22 de agosto de 2008, de la firma Romero Cortés & Cía LTDA, que aportaron los demandantes en el proceso administrativo, trajo a colación algunas consideraciones del concepto N° 806 del 22 de abril de 1996 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, C.P. Luis Camilo Osorio Isaza, a fin de destacar que las lonjas inmobiliarias son las instituciones idóneas para realizar la evaluación técnica de un inmueble determinado, sin que ello implique que su actividad no pueda ser objeto de revisión.
A renglón seguido describió el proceso que se surtió para la entrega de los predios y el pago de la indemnización reconocida.
Lo expuesto para concluir que la actuación administrativa adelantada por el IDU cumplió en debida forma y con garantía de los derechos al debido proceso y propiedad, con todas las etapas previstas en la Ley 388 de 1997, esto es, (i) oferta de compra, (ii) negociación y proceso expropiatorio propiamente dicho, el cual tuvo como causa de utilidad pública e interés social, la implementación del sistema integrado de transporte en la ciudad de Bogotá, razón por la cual no hay lugar a declarar la nulidad de los actos acusados.
4.5. Recurso de apelación
Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación, para lo cual transcribió el relato de los hechos y los argumentos expuestos en el libelo introductorio, agregando únicamente lo siguiente:
Que al presente proceso se allegaron conceptos técnicos para que se tuviera en cuenta el verdadero valor de los inmuebles objeto de expropiación. A renglón seguido aseveró:
“De hecho, no se allegó al plenario los acuerdos distritales, donde se contempla la expropiación y porque (sic) motivo, y si observamos con detenimiento, cuando se declara una expropiación por utilidad pública, debe haber o agotar unos requisitos específicos que en el caso concreto no se realizó o al menos no aparece determinado en el proceso, y seguramente que tampoco se hizo una gestión de suelo haciendo por las autoridades a quien les corresponde determinar estos pormenores, que brillan por su ausencia, si se observa es mucha la diferencia entre lo pagado y lo que realmente se debería pagar por la expropiación sufrida por mis mandantes, por lo que al calificar las pruebas que dieron origen a la demanda, se podrá determinar que se debe acceder a las pretensiones”.
4.6. Trámite de segunda instancia
Luego de haber sido concedida la apelación por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en Descongestión, mediante auto del 3 de diciembre de 2012, la misma fue admitida a través de auto del 1° de noviembre de 2013 de la Sección Primera del Consejo de Estado.
Posteriormente, el Consejero Ponente el 28 de enero de 2014 le corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión.
De dicha oportunidad sólo hizo uso el IDU reiterando los argumentos expuestos en el presente trámite.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
De conformidad con el artículo 129 del C.C.A y con el numeral 1º del Acuerdo número 357 del 5 de diciembre de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo en los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los Despachos de la Sección Primera, dentro de los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del citado acuerdo, el Despacho del doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, remitió el proceso de la referencia.
2. Cuestión previa
Antes de resolver el recurso de apelación interpuesto se evidencia, que el IDU en su calidad de entidad demandada, confirió poder especial al abogado Julio César Torrente Quintero para que la representara en el presente proceso, motivo por el cual se reconocerá personería jurídica a dicho profesional del derecho en los términos del poder visible a folio 65 del cuaderno 2 del expediente.
3. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la impugnación, se revoca, modifica o confirma la providencia del 13 de agosto de 2012 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en Descongestión, para lo cual se deberán resolver los siguientes problemas jurídicos:
3.1. ¿Las expropiaciones administrativas controvertidas están justificadas en las causales constitucional y legalmente establecidas para tal efecto?
3.2. ¿Se desconoció el derecho al debido proceso de los demandantes en el trámite llevado a cabo para la expropiación?
3.3. ¿La presunción de la legalidad de las indemnizaciones reconocidas fue desvirtuada por los demandantes?
4. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver los referidos interrogantes, la Sala estima pertinente traer a colación algunas consideraciones de la sentencia dictada el 21 de enero de 2016 por la Sección Primera del Consejo de Estado, M.P. Maria Claudia Rojas Lasso, dentro del proceso N° 05001-23-31-000-2002-04925-01, en tanto de manera sucinta describe las principales etapas de la expropiación por vía administrativa, a saber, (i) oferta de compra, ii) negociación y iii) proceso expropiatorio propiamente dicho.
4.1. De las etapas del proceso de expropiación
Frente a las etapas del proceso de expropiación el fallo antes señalado precisó:
“1.2. Trámite que debe adelantarse para hacer una expropiación administrativa
La expropiación administrativa se da sólo en los casos específicos que determina el legislador y siempre que se cumplan dos requisitos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley 388 de 1997: i) que se presenten motivos de utilidad pública o interés social específicos que autorizan este tipo de expropiación o ii) que existan las condiciones de urgencia taxativamente mencionadas en la ley.
Así las cosas, debe destacarse que el procedimiento de expropiación administrativa debe agotar varias etapas a fin de que pueda cumplir con su cometido: i) la oferta de compra, ii) la negociación y iii) el proceso expropiatorio propiamente dicho.
Respecto de la etapa de oferta de compra debe indicarse que inicia con la expedición de un acto administrativo que contiene la información de la oferta de compra que se hace al propietario del bien que se pretende expropiar. Según lo disponen los artículos 66 y 67 de la Ley 388 de 1997, en ella se expide un acto administrativo de expropiación que informa al propietario del bien al que prende hacerse la administración, la posibilidad de negociar directamente la compra de éste, por el precio consignado en el acto, así como las condiciones de pago del precio.
Una vez agotada la primera etapa comienza la subsiguiente, consistente en la negociación. En ella, según lo dispone la Ley 388 de 1997 se busca, entre otras cosas, modificar el precio base que la administración fijó en la oferta y terminar el proceso anticipadamente por la enajenación voluntaria del bien. Esta etapa dura máximo 30 días, contados a partir de la ejecutoria del acto que determina que la expropiación se hará por vía administrativa.
En palabras de la Corte Constitucional (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) debe destacarse lo siguiente de ésta etapa: “En el caso de la expropiación por vía administrativa, vencido el plazo para la negociación directa sin que se haya perfeccionado el contrato de promesa de compraventa, la autoridad competente, mediante acto administrativo motivado, decide unilateralmente la expropiación, el precio del bien y las condiciones de pago.”
Así las cosas, se tiene que una vez la administración expide la resolución de expropiación, finiquita la etapa de negociación para dar lugar al proceso expropiatorio propiamente dicho.
Por último, la tercera etapa inicia con la expedición de un nuevo acto administrativo por parte de la administración – que identifica, entre otras cosas, el bien expropiado, el valor del precio indemnizatorio y la forma de pago – el cual tiene como principal efecto que el derecho de propiedad sobre el bien se traslade a la entidad que decreta la expropiación, una vez se registre en la oficina de registro de instrumentos públicos. Si la entidad no realiza el pago de la indemnización o no acredita su depósito dentro de los términos del artículo 70 de la Ley 388 de 1997, la decisión de expropiación no producirá efecto alguno y la entidad deberá surtir nuevamente el proceso expropiatorio.
Según lo dispone el artículo 71 de la Ley 338 de 1997, en caso de que el acto expropiatorio sea aquel que se expide para adelantar la expropiación por vía administrativa, se podrá incoar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión, ante el Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre el inmueble expropiado, en primera instancia”. (Destacado fuera de texto)
4.2. Resolución del primer problema jurídico planteado – La justificación de la expropiación
Reprochan los accionantes la ausencia de razones constitucionales y legales para que se expropiaran por vía administrativa los inmuebles que eran de su propiedad.
Sobre el particular vale la pena recordar que el artículo 58 constitucional señala que en los casos que determine el legislador la expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio, y que en desarrollo de tal mandato se dictó la Ley 388 de 1997, que en su artículo 63 indicó que “se considera que existen motivos de utilidad pública o de interés social para expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad y los demás derechos reales sobre terrenos e inmuebles, cuando, conforme a las reglas señaladas por la presente Ley, la respectiva autoridad administrativa competente considere que existen especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando la finalidad corresponda a las señaladas en las letras a), b), c), d), e), h),j), k), 1) y m) del artículo 58 de la presente Ley”.
A su vez el artículo 58 de la Ley 388 de 1997 en los literales antes señalados prescribe:
“ARTICULO 58. MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA. El artículo 10 de la Ley 9ª de 1989, quedará así:
"Para efectos de decretar su expropiación y además de los motivos determinados en otras leyes vigentes se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines:
a) Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los sectores de la salud, educación, recreación, centrales de abasto y seguridad ciudadana;
b) Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo los de legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la Ley 9ª de 1989, la rehabilitación de inquilinatos y la reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo;
c) Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos;
d) Ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de servicios públicos domiciliarios;
e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo;
(…)
h) Preservación del patrimonio cultural y natural de interés nacional, regional y local, incluidos el paisajístico, ambiental, histórico y arquitectónico;
(..)
j) Constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y los recursos hídricos;
k) Ejecución de proyectos de urbanización y de construcción prioritarios en los términos previstos en los planes de ordenamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley;
l) Ejecución de proyectos de urbanización, redesarrollo y renovación urbana a través de la modalidad de unidades de actuación, mediante los instrumentos de reajuste de tierras, integración inmobiliaria, cooperación o los demás sistemas previstos en esta ley;
m) El traslado de poblaciones por riesgos físicos inminentes." (Destacado fuera de texto)
Al analizar los actos acusados, en especial las Resoluciones N° 1040 del 16 de abril de 2009 y N° 1379 del 28 de los mismos mes y año, se advierte que en los siguientes términos y en consonancia con las normas antes señaladas, se expuso la justificación legal y constitucional de la expropiación administrativa:
“Que el artículo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo N° 1 de 1999 al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala: “Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.” Y más adelante agrega: “por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa…”.
Que el capítulo VIII de la Ley 388 de 1997 regula el procedimiento de la expropiación por vía administrativa en el artículo 58 de la Constitución Política.
Que según el artículo 63 de la Ley 388 de 1997, se considera que existe motivos de utilidad pública o de interés social para expropiar por vía administrativa el derecho propiedad y los demás derechos reales sobre terrenos inmuebles, cuando, conforme a las reglas establecidas en dicha ley, la respectiva autoridad administrativa competente considere que existen especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando la finalidad corresponda, entre otras, a la ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo.
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 64 de la Ley 338 de 1997, el Concejo Distrital de Bogotá D.C., mediante Acuerdo 15 de 1999, facultó al Alcalde Mayor para declarar las condiciones de urgencia, que autorizan la Expropiación Administrativa.
Que mediante el Decreto N° 317 del 19 de julio de 2007, el Alcalde Mayor declaró las condiciones de urgencia por razones de utilidad pública e interés social, para la adquisición de los inmuebles requeridos en la ejecución de los proyectos viales y de espacio público, entre los cuales se cuenta las obras:
• Troncal de Transmilenio Carrera Décima (10), que se extiende desde la Calle 28, en dirección norte sur hasta la calle 31 sur y por la calle 31 sur y desde este punto hacia el oriente hasta la carrera quinta (5ª), sitio donde se construirá el portal del Transmilenio. Además, la obra comprenderá el tramo comprendido entre la calle 28 con carrera Décima (10) y la Calle 34 con carrera Séptima (7ª), permitiendo de esta forma la interconexión de los ejes troncales de las Carreras (10ª) y Séptima (7ª) del sistema de Transporte Masivo de Transporte de Pasajeros “Transmilenio”.
Que declaradas las condiciones de urgencia y con base en lo previsto en el artículo 59 de la ley 388 de 1997, artículo 455 del Decreto Distrital 190 de junio 22 de 2004, y artículo 2° del Decreto 317 del 19 de julio de 2007, permiten al INSTITUO DE DESARROLLO URBANO, como Establecimiento Público del orden Distrital, creado por el Acuerdo 19 de 1.972 del Concejo de Bogotá, encargado de ejecutar las obras viales y de espacio público para el desarrollo urbano de la capital, recibió la competencia para decretar la expropiación de inmuebles con miras al cumplimiento de los fines previstos por el artículo 63 de la Ley 388 de 1997.
Que mediante Decreto Distrital N° 513 del 20 de diciembre de 2006, el Alcalde Mayor anunció, la puesta en marcha de los Proyectos Urbanísticos Integrales Avenida Jorge Eliécer Gaitán – Calle 26 y Carrera 10ª, dentro de los cuales se encuentra:” (seguidamente se realiza una descripción de los bienes que eran de propiedad de los demandantes) (destacado fuera de texto).
Como puede apreciarse, los actos cuya nulidad se pretende de manera clara y precisa dieron cuenta de las razones constitucionales y legales que justificaban la expropiación administrativa, haciendo referencia a las disposiciones normativas pertinentes, contrario a lo que indican los peticionarios, motivo por el cual acertadamente el A quo desvirtuó el reproche consistente en la falta de justificación, conclusión que comparte la Sala y que en el recurso de apelación en manera alguna fue desvirtuada.
4.3. Resolución del segundo problema jurídico – De la garantía al debido proceso en el trámite expropiatorio
Alegaron los accionantes que el trámite de expropiación se vulneró su derecho al debido proceso, empero, como acertadamente lo destacó el IDU desde su primera intervención, se observa que aquéllos no precisaron las circunstancia de tiempo, modo y lugar en las que dicho derecho fundamental fue presuntamente desconocido, pues simplemente realizaron afirmaciones generales sobre el particular, como la contenida en la alzada, consistente en que debieron agotarse “unos requisitos específicos que en el caso concreto no se realizó o al menos no aparece determinado en el proceso”.
Frente a tal reproche, al revisar los antecedentes de los actos acusados se evidencia que se surtieron las tres etapas de la expropiación por vía administrativa, brevemente descritas en el numeral 4.1 de la parte considerativa de esta providencia, garantizando en todo tiempo el derecho a la defensa de los demandantes, como puede apreciarse a partir de las siguientes decisiones y actuaciones:
A. Frente al inmueble ubicado en la Calle 5 N° 10 – 46 de la ciudad de Bogotá.
(i) Mediante la Resolución 1915 del 12 de junio de 2008, el IDU determinó la adquisición de dicho inmueble y formuló la oferta de compra dirigida a los demandantes, por la suma de $307.734.000.
(ii) La anterior decisión fue notificada a algunos de éstos de manera personal el 5 de agosto de 2008 y a otros por edicto que permaneció fijado del 25 de agosto de 2008 al 5 de septiembre del mismo año.
(iii) Como no se llegó a un acuerdo de enajenación voluntaria (etapa de negociación) en el término de 30 días hábiles (art. 68 de la Ley 338 de 1997), el IDU dictó la Resolución N° 1040 del 16 de abril de 2009, mediante la cual dispuso la expropiación del bien, aunque incrementando el precio de la indemnización a la suma de $323.403.438, que corresponde a $312.054.000 por concepto de avalúo comercial, $599.898 por daño emergente y $10.749.540 por lucro cesante.
(iv) Contra la anterior decisión los peticionarios presentaron recurso de reposición y en subsidio apelación, el primero de los cuales fue resuelto por el IDU a través de la Resolución N° 1697 del 28 de mayo de 2009, en el sentido de confirmar la Resolución N° 1040 del 16 de abril de 2009.
En cuanto a la apelación, en la Resolución N° 1697 del 28 de mayo de 2009, se aclaró que de conformidad con el artículo 69 de la Ley 388 de 1997, contra el acto que decide la expropiación sólo procede reposición.
B. Frente al inmueble ubicado en la Calle 5 N° 10 – 42 de la ciudad de Bogotá.
(i) Mediante la Resolución 6509 del 19 de diciembre de 2007, el IDU determinó la adquisición de dicho inmueble y formuló la oferta de compra dirigida a los demandantes, por la suma de $140.673.600.
(ii) La anterior decisión fue notificada a algunos de éstos de manera personal el 5 de agosto de 2008 y a otros por edicto que permaneció fijado del 27 de agosto de 2008 al 9 de septiembre del mismo año.
(iii) El acto administrativo arriba señalado fue modificado a través de la Resolución N° 5371 del 22 de diciembre de 2008, en el sentido de precisar que el precio indemnizatorio asciende a $272.660.793, los cuales incluyen $240.359.200 por concepto de avalúo comercial, $779.129 por daño emergente y $31.522.464 por lucro cesante.
De la lectura de las Resoluciones N° 5371 del 22 de diciembre de 2008 y 1379 del 28 de abril de 2009 (mediante la cual se efectúo la expropiación), se destaca que en parte el cambio del valor de la oferta de compra obedeció a que se corrió traslado a la Lonja Inmobiliaria de Bogotá de las observaciones realizadas por los propietarios, lo que permitió que se revisara el valor de la indemnización, incrementando significativamente el mismo.
(iv) Como no se llegó a un acuerdo de enajenación voluntaria (etapa de negociación) en el término de 30 días hábiles (art. 68 de la Ley 338 de 1997), el IDU dictó la Resolución N° 1379 del 28 de abril de 2009, mediante la cual dispuso la expropiación del bien, fijando como precio de indemnización la suma de $272.360.793.
(v) La anterior decisión fue confirmada a través de la Resolución N° 1697 del 28 de mayo de 2009.
Se advierte que si bien este acto administrativo se produjo con ocasión del recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto contra la Resolución N° 1040 del 16 de abril de 2009 (la relativa al inmueble de la Calle 5 N° 10 – 46), el IDU estimó necesario confirmar también la Resolución N° 1379 del 28 de abril de 2009 (la atinente al bien de la Calle 5 N° 10 – 42), debido a que los demandantes al ejercer tales medios de impugnación realizaron algunos reproches sobre el avalúo del inmueble de la Calle 5 N° 10 – 42.
En ese orden, no se evidencia desconocimiento del derecho al debido proceso, el cual no comprende que las peticiones o actuaciones que efectuaron los peticionarios debían ser atendidas favorablemente por la administración, en especial, cuando ésta en los actos acusados expuso las razones pertinentes para llevar a cabo la expropiación y establecer el monto de las indemnizaciones, razones que por cierto, no fueron cuestionadas de manera clara, concreta y precisa por los peticionarios.
4.4. Resolución del tercer problema jurídico – De las indemnizaciones reconocidas
De otra parte, debe la Sala establecer si los demandantes desvirtuaron la presunción de la legalidad de las indemnizaciones reconocidas por concepto de expropiación.
Sobre el particular se tiene que los peticionarios durante el presente trámite de manera general afirmaron que las indemnizaciones otorgadas no corresponden a la realidad de los bienes expropiados, sin precisar cuáles fueron los presuntos errores en que incurrieron los avalúos e informes técnicos que tuvieron en cuenta los actos acusados para establecer el valor comercial de los inmuebles, el daño emergente y el lucro cesante causados.
En efecto, los accionantes se limitaron a indicar que según los conceptos técnicos que aportaron al trámite administrativo, el valor de los bienes es superior al establecido por el IDU, pero se insiste, no cumplieron con la carga mínima que les corresponde de destacar cuáles fueron los errores cometidos, en qué se equivocó la Lonja Inmobiliaria de Bogotá, y por ende, no se ofrecieron con suficiencia razones de hecho y derecho para desvirtuar la determinación del justo precio, para lo cual no basta como al parecer pretenden, hacer referencia a conceptos con sentido disímil a los tenidos en cuenta por el Distrito, sino controvertir éstos, exponer las razones pertinentes para revelar los errores de los actos acusados, los motivos por los cuales deben ser anulados, en suma, cumplir con una carga probatoria y argumentativa mínima que contrarreste la presunción de legalidad de las decisiones de la administración, que no se satisfacen dando cuenta de la existencia de diferentes criterios frente a un asunto, sin ni siquiera ilustrar qué concluyeron los mismos y el razonamiento desarrollado para tal efecto.
En tal sentido por ejemplo, se evidencia que la única afirmación más o menos específica que se realizó en el libelo introductorio y en el escrito de apelación, consistió que frente a un mismo bien se haya determinado que el valor del metro cuadrado difiere si está ubicado sobre la carrera 10 ª o sobre la 5ª, pues se trata de un mismo lote y propietarios, sin que se indicara a cuál de los inmuebles expropiados corresponde tal reproche, o si éste incluye los dos. Asimismo, tampoco se señaló en qué avalúo o informe técnico se llegó a esa supuesta conclusión, o de qué afirmaciones u operaciones puede inferirse la misma, lo que claramente revela el incumplimiento de la carga mínima en cabeza de quienes pretenden la nulidad de las decisiones de la administración.
Por el contrario se observa, que la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., al interior del trámite administrativo, mediante oficios como el N° 158601 del 14 de octubre de 2008 y el N° 047302 del 19 de mayo de 2009, precisaron respecto de los inmuebles con placas 10-42 y 10-46, respectivamente, las razones por la cuales el avalúo se debe efectuar de manera independiente respecto de cada bien jurídicamente considerado, que no es lo mismo el valor por metro cuadrado de un terreno esquinero a uno medianero según la investigación de mercado comparativo, que no puede valorarse de la misma forma las zonas de los predios destinadas a la actividad comercial respecto de las interiores, entre otros razonamientos, que revelan las valoraciones efectuadas, que se insiste, no fueron controvertidas de manera clara, concreta y precisa por los demandantes.
Por las razones expuestas, como acertadamente lo consideró el A quo, no fue desvirtuada la presunción de legalidad de los actos acusados en cuanto a las indemnizaciones reconocidas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – Descongestión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 13 de agosto de 2012 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en Descongestión, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. RECONOCER personería jurídica al abogado Julio César Torrente Quintero, como representante judicial de la entidad demandada, en los términos del poder visible a folio 65 del cuaderno 2 del expediente.
TERCERO. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Folio 160 reverso, cuaderno N° 1.
Folios 151-160, 177-186 del cuaderno N° 1.
Folios 198-199 del cuaderno número 1.
Folios 206-217 del cuaderno número 1.
Folios 237-239 del cuaderno N° 1.
Folios 262-263, cuaderno N° 1.
Folios 264-265 cuaderno N° 1.
Folios 266-313 del cuaderno número 1
Folios 315-322 del cuaderno N° 1.
Folio 324, cuaderno N° 1.
Folio 4, cuaderno N° 2.
Folio 7, cuaderno N° 2.
Folios 8-15 y 16 del cuaderno N° 2.
Según lo expone la Corte Constitucional en sentencia C 1074 de 2002, ello se infiere “entre otras , de la utilización de la expresión “precio base de la negociación (artículo 13, Ley 9ª de 1989); de la existencia de un plazo para negociar (artículo 61, inciso 6°, Ley 388 de 1997); y del hecho que la etapa de negociación pueda terminar antes de ese plazo, porque el particular rechace cualquier intento de acuerdo (artículo 20, Ley 9ª de 1989).”.
Sentencia C 1074 de 2002, Exp.: D-4062, Demandante: Omar Edgar Borja Soto, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
“Articulo 71. Proceso Contencioso Administrativo. Contra la decisión de expropiación por vía administrativa procede acción especial contencioso-administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión. El proceso a que da lugar dicha acción se someterá a las siguientes reglas particulares:
1. El órgano competente será el Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre el inmueble expropiado, en primera instancia, cualquiera que sea la cuantía. (…)”
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 21 de enero de 2016, M.P. Maria Claudia Rojas Lasso, Rad. 05001-23-31-000-2002-04925-01. Por su extensión, de la transcripción realizada se suprimieron algunos pies de página que contiene la misma.
Folios 37-42, 216-220 del cuaderno de antecedentes administrativos.
Folios 362-371 del cuaderno de antecedentes administrativos.
Folio 372 del cuaderno de antecedentes administrativos.
Folio 381 del cuaderno de antecedentes administrativos.
Folios 216-220 del cuaderno de antecedentes administrativos.
Folios 253-255 del cuaderno de antecedentes administrativos.
Folios 88-96 del cuaderno antes señalado.
Folios 111-120 del cuaderno de antecedentes administrativos.
Folio 121 del cuaderno de antecedentes administrativos.
Folio 133 del cuaderno de antecedentes administrativos.
Folios 149-151 del anexo N° 1 a la contestación de la demanda.
Folios 37-42 del cuaderno de antecedentes administrativos. La disminución respecto de la oferta de compra obedeció a una reducción del valor por daño emergente a $479.129.
Folios 88-96 del cuaderno antes señalado.
Folios 124-125 del cuaderno de antecedentes administrativos
Folios 248-249 del cuaderno antes señalado.
Radicación Número: 25000-23-24-000-2010-00133-01
Actor: Juan Carlos Solano Peña
Accionado: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Asunto: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda Instancia
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