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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-31-000-2011-00219-01

Del estado: existencia de un daño antijurídico, imputable a la acción u omisión de la

Fecha
18 de marzo de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-31-000-2011-00219-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 23001-23-31-000-2011-00219-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

18 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00219-01

Actor: CESAR GABRIEL GÓMEZ CANTERO Y OTROS

Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD
DEL ESTADO- Existencia de un daño antijurídico, imputable a la acción u omisión de la
autoridad pública. Para la prosperidad de las pretensiones, se requiere acreditar el nexo
causal entre el daño y el hecho de la administración.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de 30 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Arauca, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El gobernador de Córdoba presentó denuncia penal contra el accionante, en su
condición de Juez Primero Civil del Circuito de Cereté, por la supuesta imposición
ilegal de una medida cautelar de embargo de dinero público. La Fiscalía General
de la Nación adelantó investigación penal por los delitos de prevaricato por acción,
peculado culposo y abuso de autoridad, la cual culminó con resolución de
preclusión. Se solicita la reparación de los perjuicios morales, materiales y de daño
a la vida de relación sufridos a raíz de las actuaciones adelantadas por las
entidades demandadas.

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00219-01(65580)
Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 22 de marzo de 2011 (fls. 1-12 c. n.° 1), los señores César Gabriel Gómez
Cantero, María Candelaria Montes Flórez, quienes actúan en su nombre y en
representación de sus hijos Gabriel Alberto Gómez Montes y Katy Lucía Gómez
Montes; y Tamy Sofía Gómez Montes, mediante apoderado judicial (fl. 13 c. n.° 1),
interpusieron acción de reparación directa en contra del Departamento de Córdoba
y la Nación-Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se accediera a las
siguientes pretensiones:

3.1. Declárese que el Estado con cargo a la Fiscalía General de la Nación y el
Departamento de Córdoba es responsable administrativamente y
extracontractualmente por el daño antijurídico causado a los demandantes:
César Gabriel Gómez Cantero, María Candelaria Montes Flórez, quienes
actúan en su propio nombre y en representación de sus menores hijos Gabriel
Alberto Gómez Montes y Katy Lucía Gómez Montes y Tamy Sofía Gómez
Montes, por los daños y perjuicios causados debido a los hechos y omisiones
realizados por el departamento de Córdoba y la Fiscalía General de la Nación,
contra Cesar Gabriel Gómez Cantero en su condición de juez primero civil del
circuito de Cereté, como consecuencia de la falla en el servicio por la acción del
departamento de Córdoba y el Estado con cargo a la Fiscalía General de la
Nación, por haber denunciado ante todos los medios de comunicación hablada
y escrita, y ante la Fiscalía General de la Nación, las funciones realizadas por
el dr. César Gómez Cantero en su condición de juez primero civil del circuito.

3.2 Condénese al Estado con cargo a la Fiscalía General de la Nación y al
Departamento de Córdoba a pagar a los demandantes Cesar Gabriel Gómez
Cantero, María Candelaria Montes Flórez, quienes actúan en su propio nombre
y en representación de sus menores hijos Gabriel Alberto Gómez Montes y Katy
Lucía Gómez Montes y Tamy Sofía Gómez Montes, por concepto de perjuicios
morales subjetivos, los salarios mínimos legales mensuales que a continuación
se indican (por el valor vigente a la fecha de ejecutoria de la providencia que
ponga fin al proceso), junto con los intereses comerciales que se causen
durante los seis meses siguientes a dicha ejecutoria y los moratorios que se
originen después de este término:

Demandante Relación Cantidad Valor actual
César Gabriel Víctima 1000 s.m.l.m. 515.000.000.00
Gómez Montero
María Candelaria Esposa de la 1000 s.m.l.m. 515.000.000.00
Montes Flórez víctima
Gabriel Alberto Hijo de la víctima 1000 s.m.l.m. 515.000.000.00
Gómez Montes
Katy Lucía Gómez Hija de la víctima 1000 s.m.l.m. 515.000.000.00
Montes
Tamy Sofía Gómez Hija de la víctima 1000 s.m.l.m. 515.000.000.00
Montes
Totales 5000 s.m.l.m. 2.575.000.000.00

2

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00219-01(65580)
Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

3.3. Condénese al (sic) a pagar al demandante: Cesar Gabriel Gómez Cantero,
por concepto de perjuicios materiales de daño emergente, las sumas de dinero
que se han gastado por la defensa penal que tuvo que asumir a través de un
abogado, por causa de falla en el servicio del El Estado con cargo a la Fiscalía
General de la Nación y el Departamento de Córdoba, por concepto de perjuicios
materiales: de daño emergente: $10.000.000.00, las sumas de dinero que
cubran los gastos efectuados con motivo de la defensa penal por intermedio de
un apoderado que asumió su defensa en el trámite de la investigación ante la
Fiscalía General de la Nación, ajustadas con base en los índices de precios al
consumidor que corresponda al momento de dictar sentencia, junto con los
intereses comerciales que se causen durante los seis meses siguientes de la
ejecutoria y los moratorios que se originen después del término, sumas que hoy
se estiman así:

• honorarios cancelados al defensor Guillermo Álvarez Machacon
$10.000.000.00

Condénese al Estado con cargo a la Fiscalía General de la Nación y al
Departamento de Córdoba a pagar a los demandantes Cesar Gabriel Gómez
Cantero, María Candelaria Montes Flórez, quienes actúan en su propio nombre
y en representación de sus menores hijos Gabriel Alberto Gómez Montes y Katy
Lucía Gómez Montes y Tamy Sofía Gómez Montes, por concepto de daño a la
vida de relación, los salarios mínimos legales mensuales que a continuación se
indican (por el valor vigente a la fecha de ejecutoria de la providencia que ponga
fin al proceso), junto con los intereses comerciales que se causen durante los
seis meses siguientes a dicha ejecutoria y los moratorios que se originen
después de este término.

Demandante Relación Cantidad Valor actual
César Gabriel Víctima 1000 s.m.l.m. 515.000.000.00
Gómez Montero
María Candelaria Esposa de la 1000 s.m.l.m. 515.000.000.00
Montes Flórez víctima
Gabriel Alberto Hijo de la víctima 1000 s.m.l.m. 515.000.000.00
Gómez Montes
Katy Lucía Gómez Hija de la víctima 1000 s.m.l.m. 515.000.000.00
Montes
Tamy Sofía Gómez Hija de la víctima 1000 s.m.l.m. 515.000.000.00
Montes
Totales 5000 s.m.l.m. 2.575.000.000.00

3.4. Condénese a la Nación Colombiana con cargo a la Fiscalía General de la
Nación y al Departamento de Córdoba a pagar a los demandantes las costas
judiciales a que haya lugar y agencias en derecho.

Como fundamentos fácticos se narró, en síntesis, lo siguiente:

El 19 de diciembre de 2005, el gobernador de Córdoba para la época, Libardo José
López Cabrales, presentó denuncia penal contra el Juez Primero Civil del Circuito

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Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00219-01(65580)
Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

de Cereté, César Gabriel Gómez Cantero, por el delito de prevaricato por acción.
El fundamento de la denuncia radicó en las órdenes de embargo de dineros
depositados en cuentas bancarias a nombre del Departamento de Córdoba,
provenientes del Sistema General de Participaciones-Sector Educación-, proferidas
por ese juez, en ciertos procesos ejecutivos laborales de docentes y administrativos
contratados antes del año 2002, “a los cuales no se les pagó”.

El 11 de enero de 2006, la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Fiscalía
Delegada ante el Tribunal Superior, Fiscalía Segunda Delegada abrió investigación
contra el demandante. El 22 de febrero de 2006, el investigado rindió versión libre,
en la que explicó que los dineros embargados corresponden a transferencias que
hace la Nación a favor de los municipios no certificados (menos de 100.000
habitantes), para atender el pago de docentes y personal administrativo.

En auto de 13 de septiembre de 2006 se abrió instrucción formal en contra del
demandante por los delitos de prevaricato y peculado culposo. El 18 de agosto de
2006, un apoderado del departamento de Córdoba radicó nueva denuncia penal
contra el accionante, por los mismos hechos. En providencia de 26 de noviembre
de 2008 se ordenó precluir la investigación, porque se consideró que las decisiones
judiciales se ajustaban a los preceptos legales y a la línea jurisprudencial trazada
sobre el tema, lo que constituyó una presunción de legalidad en las actuaciones
investigadas.

Los accionantes fueron objeto de “vejámenes por parte del representante legal del
Departamento de Córdoba, en donde fue tratado públicamente como corrupto”.

“De todos estos desprestigios fue objeto el dr. César Gabriel Gómez Cantero, que
afectaron emocionalmente a su esposa María Candelaria Montes Flórez, y a sus
hijos Gabriel Alberto Gómez Montes y Katy Lucía Gómez Montes y Tamy Sofía
Gómez Montes (…) que muchas veces fueron objetos de burlas y comentarios mal
intencionados, por parte de la comunidad, causándole graves perjuicios morales y
que además afectó sus relaciones interpersonales con su esposa e hijos de manera
grave, lo que se ha denominado por la jurisprudencia daño a la vida de relación.
(…)”.

La investigación penal ante la Fiscalía General de la Nación y las consecuencias
que trajeron las imputaciones ante los medios de comunicación hablada y escrita
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Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00219-01(65580)
Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

que le hizo el Departamento de Córdoba al dr. César Gómez Cantero, en su
condición de Juez Primero Civil del Circuito de Cereté, también ha causado a este
perjuicios materiales: daño emergente, por la suma de dinero que tuvo que cancelar
a su defensor dr. Guillermo Álvarez Machacón, por la defensa que tuvo que asumir
en el proceso penal por el delito de prevaricato por acción que adelantó la Fiscalía
General de la Nación, por la suma de $10.000.000.00”.

2. Trámite en primera instancia

2.1. Mediante auto de 15 de abril de 2011, el Tribunal Administrativo de Córdoba
inadmitió la demanda y concedió el término de cinco (5) días para que se cumpliera
con el requisito de presentación personal de la demanda. Cumplido el
requerimiento, en proveído de 16 de mayo de 2011 se admitió la demanda (fls. 58
y 63 c. n.º 1). Las notificaciones se efectuaron en debida forma (fls. 68-69 c. n.° 1).

2.2. La Fiscalía General de la Nación y el Departamento de Córdoba contestaron la
demanda, de manera oportuna, así:

La Fiscalía General de la Nación solicitó negar las pretensiones de la demanda.
Consideró que no se puede atribuir responsabilidad por la investigación que
adelantó en contra del señor César Gabriel Gómez Cantero, porque no existe nexo
causal entre la aparente falla del servicio y los perjuicios que se reclaman. Refirió
que actuó en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, a los cuales
hizo referencia; también dedicó parte de la defensa a exponer el título de imputación
de falla del servicio.

Propuso la excepción de hecho de un tercero, bajo el argumento de que los
perjuicios que se reclaman en la demanda tienen como fundamento las
acusaciones y denuncias presentadas por el departamento de Córdoba (fls. 71-79
c. n.º 1).

El Departamento de Córdoba se opuso a las pretensiones de la demanda. Adujo
que el dinero embargado le pertenecía al departamento, el cual había asumido la
responsabilidad de la educación en los municipios no certificados, a partir del año
2002, conforme a la Ley 715 de 2001; sin embargo, no actuaba en calidad de
administrador. Aseguró que el demandante no fue objeto de vejámenes ni fue
tratado como “corrupto” por ese ente territorial, ni se hizo “incurrir en desprestigio
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Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00219-01(65580)
Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

al juez”. Mencionó que todos los ciudadanos están en el deber de denunciar los
delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los que tuvieren conocimiento,
pero la denuncia no supone la responsabilidad del autor. En el caso analizado,
adujo que los fundamentos que motivaron la denuncia correspondían a las
consideraciones legales sobre la inembargabilidad de unos recursos, efectuada en
un pronunciamiento judicial que, con posterioridad a la denuncia, fue revocado por
la Corte Suprema de Justicia; además, no existió temeridad ni mala fe.

Propuso las excepciones de: i) caducidad de la acción, por cuanto la denuncia y las
publicaciones en medios de comunicación se presentaron en los años 2005 y 2006,
y la preclusión de la investigación penal se ordenó el 26 de noviembre de 2008,
mientras que la demanda se radicó en el año 2011; ii) “causal eximente de
responsabilidad por cumplimiento de un deber legal”, por cuanto el gobernador de
Córdoba actuó de manera prudente y diligente, bajo su convencimiento de que la
medida de embargo contrariaba el régimen legal vigente; iii) falta de legitimación
en la causa por pasiva, por cuanto los posibles daños se desprenden de la
actuación de la Fiscalía General de la Nación; iv) inexistencia del demandado por
cuanto se atribuyó responsabilidad al Estado; v) inexistencia del daño, porque no
se invoca un error judicial y la denuncia presentada por el gobernador de Córdoba
no produjo una afectación emocional al demandante (fls. 85-99 c. n.º 1).

2.3. En proveído de 22 de noviembre de 2011 se abrió el proceso a pruebas (fls.
106-107 c. n.º 1). El 10 de mayo y el 7 de junio de 2017 se llevaron a cabo
diligencias de recepción de testimonios (fls. 193-194, 203-204, 216-217 c. n.º 1).

2.4. Mediante providencia de 14 de julio de 2017 se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión (fl. 229 c. n.º 1).

La parte actora explicó las razones por las cuales fueron legales las medidas de
embargo impuestas por el accionante en los procesos ejecutivos y agregó que “la
inobservancia de la ley no es excusa para hacer que el aparato jurisdiccional
adelante acciones de persecución, investigación, juzgamiento y acusación contra
una persona que a simple vista y de conformidad con la normatividad vigente
profirió una decisión, amén, de entenderse que quien presente una denuncia se
encuentra obligado a demostrar lo que en ella atribuye, caso contrario, se
constituiría en una acción maliciosa y temeraria”.

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Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00219-01(65580)
Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

Adujo que la Fiscalía General de la Nación fue negligente al abrir investigación
formal, sin verificar las pruebas que ameritaran ese actuar ni atender el concepto
del agente del Ministerio Público, pese a que posteriormente, con base en las
mismas pruebas, decretó la preclusión de la investigación; así mismo, afirmó que
dos días antes de la apertura de la investigación formal aportó el memorial de
impugnación del fallo de tutela que había amparado los derechos del departamento
de Córdoba frente al decreto de las medidas cautelares sobre recursos del Sistema
General de Participaciones, en el que se explicaba la legalidad de las decisiones
judiciales, además, se contaba con la versión libre del investigado; por lo que
considera que “no es aceptable bajo ningún punto de vista que sostenga la agonía
de mi poderdante y de su familia más de dos años por la negligencia de un fiscal
que conllevó al error judicial de abrir investigación formal”.

Agregó que la negligencia del ente acusador llevó a “un mal servicio administrativo”
y concluyó que hubo “un error jurisdiccional por cuanto hubo una providencia que
quedó en firme pero que no era ajustada ni a la ley procesal ni a la realidad procesal
que fue cometido por una autoridad jurisdiccional y como consecuencia de lo
anterior se le causa un daño a mis poderdantes que deberá ser reparado”.

En su criterio, la denuncia temeraria por parte de la gobernación de Córdoba, el
despliegue periodístico y la negligencia de la Fiscalía General de la Nación
generaron, en los demandantes, problemas de “depresión, de salud, sometidos al
escarnio público”, y un daño material por tener que contratar un abogado. Aclaró
que “no se está discutiendo que los servidores puedan ser objeto de denuncias por
su actuar, lo que se está discutiendo es el actuar negligente y temerario”, y precisó
que los testigos Jacobo Domingo Gómez Cantero y Guillermo Álvarez, los cuales
fueron tachados de sospechosos, no tienen interés en el proceso, por ende, sus
declaraciones son conducentes.

Por último, solicitó que “se liquiden los daños morales, daño material (daño
emergente), daño inmaterial por afectación relevante a bienes constitucionalmente
amparados estipulados jurisprudencialmente” (fls. 235-241 c. n.º 1).

La Fiscalía General de la Nación señaló que no se presenta ninguno de los
supuestos que dan a lugar a la responsabilidad del Estado por la actividad judicial
-error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia o
privación injusta de la libertad-, ni se configuró un daño antijurídico, porque no se
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Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

dictó medida de aseguramiento y todos los ciudadanos están en el deber jurídico
de soportar la carga de ser investigados (fls. 230-234 c. n.º 1).

El Departamento de Córdoba insistió en que no hay lugar a la prosperidad de las
pretensiones, porque la denuncia penal contra el accionante se realizó formalmente
ante la entidad competente; además, se respetaron todos los derechos
consagrados en el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos,
por lo que se garantizó el debido proceso, y la simple radicación de la denuncia no
configuró ningún daño, el cual tampoco quedó probado con los testimonios rendidos
en el proceso. Agregó que el ente territorial no es responsable de los titulares
emitidos en medios de comunicación (fls. 247-249 c. n.º 1).

El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Arauca 1 profirió sentencia el 13 de septiembre de
2019, en la que negó las pretensiones de la demanda, por cuanto no encontró
configurado el daño alegado en la demanda. Luego de analizar los recortes de
prensa allegados al plenario, razonó de la siguiente manera:

La Sala encuentra así que no se trata de contenido noticioso excesivo del que
pueda desprenderse un compromiso tangible (afectación) del núcleo esencial
de los derechos a la honra y buen nombre de César Gabriel Gómez Cantero,
sino de la divulgación de una información -que no tiene el carácter de reservada,
por el contrario, es pública- concerniente a los procesos que contra él se
seguían y los fundamentos jurídicos de la entidad denunciante. De ahí que la
única carga pública que soportó el demandante fue haber sido sujeto de un
proceso penal y otro disciplinario, sin detrimento a su libertad personal o
ejercicio profesional, cuyo contenido no se probó que fuera desproporcional, ni
que le generara menoscabo a su prestigio, más allá de las incomodidades
propias de estar inmerso en ese tipo de procesos, circunstancia que no se torna
en descomunal, más aún cuando se ejerce función pública.

Finalmente, se abstuvo de condenar en costas, porque no se demostró una actitud
dilatoria o de mala fe de las partes (fls. 3-12 c. ppal.).

1
En cumplimiento de lo dispuesto en los Acuerdos PSAA18-11134 de 31 de octubre de 2018 y
PCSJA19-11279 de 17 de mayo de 2019, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura.
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Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

4. El recurso de apelación

4.1. Inconforme con lo resuelto, la parte actora interpuso, de forma oportuna,
recurso de apelación (fls. 17-19 c. ppal.).

Manifestó que se desconocieron los argumentos fácticos y jurídicos, así como las
pruebas que establecen la mala fe en la actuación de la gobernación de Córdoba,
“por la denuncia temeraria y la negligencia de la Fiscalía dentro del proceso penal,
lo que conllevó indiscutiblemente a unos perjuicios establecidos dentro de la
presentación de la demanda”.

Afirmó que aparece demostrado que: i) la denuncia fue temeraria y de mala fe;
además, no se denunció a “los magistrados que tomaron la decisión, vislumbrando
así una denuncia temeraria y personal en contra del doctor César”; ii) el proceso
penal se llevó de manera negligente, por cuanto se precluyó la investigación con
las mismas pruebas que existían al momento de la apertura formal y no se tuvo en
cuenta la solicitud de la Procuraduría; iii) la prueba testimonial confirma el perjuicio
moral y los gastos en que incurrió la parte actora, a causa del proceso penal y “el
show mediático que formó la gobernación de Córdoba en torno a dicho proceso”.

Indicó que en el escrito de alegatos de conclusión se mencionó que la gobernación
de Córdoba no puede eximirse de responsabilidad por el desconocimiento de la ley,
ni la Fiscalía podía abrir investigación formal sin pruebas suficientes.

Finalmente, aseguró que “resulta extraño el por qué la Gobernación de Córdoba no
denunció también al tribunal de Córdoba solo al juez de primera instancia, si la
decisión fue la misma, basadas en los mismos argumentos, en las mismas pruebas,
no es concebible el por qué no hubo denuncia para el tribunal, a eso tienen que
verificar y entrar en estudio que efectivamente hubo por parte de la Gobernación la
denuncia temeraria y la mala fe”.

4.2. En proveído de 6 de diciembre de 2019, se concedió el recurso de apelación
presentado por la parte actora (fl. 21 c. ppal.).

5. El trámite en segunda instancia

5.1. Por auto de 7 de febrero de 2020, esta Corporación admitió el recurso de
apelación (fls. 26 c. ppal.) y, mediante proveído de 6 de marzo de 2020 se corrió
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Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00219-01(65580)
Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para emitir
concepto (fl. 28 c. ppal.).

La Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos de defensa que expuso
a lo largo del proceso y reiteró que no se configuró un daño antijurídico (fls. 32-38
c. ppal.).

La parte actora, el Departamento de Córdoba y el Ministerio Público guardaron
silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia, proferida el 30 de septiembre de 2019, por el
Tribunal Administrativo de Arauca. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 129 2 del Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-, en
consonancia con la distribución de procesos al interior del Consejo de Estado,
dispuesta en el artículo 133 del Acuerdo 80 de 2019.

2. Ejercicio oportuno de la acción

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44
de la Ley 446 de 1998, establece que la acción de reparación directa deberá
instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al
acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación
permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos4.

2
Artículo 129. “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión”.
3
Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. “Para efectos de repartimiento, los
asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Tercera
(…)
5. Los procesos de reparación directa por hechos, omisiones u operaciones administrativas a que
se refieren el artículo 86 del C.C.A. y el inciso 3° del artículo 35 de la Ley 30 de 1988”.
4
Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley
1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
10

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00219-01(65580)
Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

En el presente asunto, la imputación no aparece con claridad en el escrito de la
demanda. Sin embargo, la Sala entiende que las fallas que se le endilgan a las
entidades demandadas corresponden, de una parte, a la instauración de una
denuncia penal contra el juez César Gabriel Gómez Cantero, por parte del
gobernador de Córdoba, y a las manifestaciones que dicho representante
gubernamental hizo públicamente en medios de comunicación, y de otro lado, a la
apertura de investigación formal por parte de la Fiscalía General de la Nación, la
cual terminó con resolución de preclusión.

Si bien es dable decantar el hecho dañoso en situaciones disímiles respecto de
cada una de las entidades demandadas, los daños aducidos se ligaron al resultado
del proceso penal, que fue favorable al señor César Gabriel Gómez Cantero, con
lo cual se desvirtuaron la denuncia y las acusaciones formuladas por el gobernador
de Córdoba. Por tal razón, el término de caducidad, frente a las dos entidades
demandadas, se computará a partir de la providencia de 26 de noviembre de 2008,
a través de la cual la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación. Dicha
decisión quedó ejecutoriada el 26 de diciembre de 2008, según la constancia que
obra a folio 46 del cuaderno no. 1, de modo que el plazo para demandar en ejercicio
de la acción de reparación directa corrió entre el 27 de diciembre de 2008 y el 27
de diciembre de 2010.

El 16 de diciembre de 2010 se radicó solicitud de conciliación prejudicial ante la
Procuraduría General de la Nación (fls. 24-32 c. n.º 1), con lo cual se suspendió el
término de caducidad por el tiempo que faltaba para que expirara: doce (12) días.
El 10 de marzo de 2011 se expidió constancia sobre el fracaso de la etapa
conciliatoria y, a partir de esa fecha, se reanudó el término de caducidad, que se
extendió hasta el 22 de marzo siguiente, día en el que se radicó la demanda, de
manera oportuna.

3. Legitimación en la causa

El señor César Gabriel Gómez Cantero se encuentra legitimado en la causa por
activa, por cuanto contra él se siguió la investigación penal acusada de ocasionar
el daño. Se encuentran, igualmente, legitimados los demandantes María

Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas,
así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
11

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00219-01(65580)
Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

Candelaria Montes Flórez, Gabriel Alberto Gómez Montes, Katy Lucía Gómez
Montes y Tamy Sofía Gómez Montes, quienes acreditaron su vínculo marital y
parentesco con el señor Gómez Cantero (fls. 53-56 c. n.º 1).

La Nación-Fiscalía General de la Nación y el Departamento de Córdoba se
encuentran legitimados en la causa por pasiva, en atención a las imputaciones que
se elevaron en la demanda contra dichas entidades.

4. Caso concreto

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, en atención a las razones que
pasan a exponerse:

El fallo de primera instancia sostuvo que las notas periodísticas aportadas al
proceso no daban cuenta de una afectación en los derechos a la honra y buen
nombre del demandante, o un menoscabo en su prestigio.

Pese a lo anterior, el recurso de apelación se limitó a indicar que no se tuvieron en
cuenta “todos los argumentos, fácticos y jurídicos, y las pruebas” que demuestran
la actuación temeraria y de mala fe de la gobernación de Córdoba, así como la
negligencia de la Fiscalía General de la Nación. En cuanto al daño se señaló,
únicamente, que los testimonios recaudados acreditaban el perjuicio moral y los
gastos en los que incurrió la familia accionante “a causa del proceso penal” y el
“show mediático que formó la gobernación”.

Para dilucidar el asunto que es materia de controversia, corresponde determinar
cuál es el daño que se pide reparar para, luego, establecer si se halla probado.

En el acápite de pretensiones de la demanda se solicitó declarar patrimonialmente
responsables a las entidades demandadas, por “los daños y perjuicios causados
debido a los hechos y omisiones” (…) como consecuencia de la falla del servicio
por la acción del Departamento de Córdoba y el Estado con cargo a la Fiscalía
General de la Nación, por haber denunciado ante todos los medios de
comunicación hablada y escrita, y ante la Fiscalía General de la Nación, las
funciones realizadas por el dr. Cesar Gómez Cantero, en su condición de juez
primero civil del circuito”:

12

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00219-01(65580)
Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

Más adelante, en el relato fáctico se anotó que los demandantes fueron objeto de
“vejámenes por parte del representante legal del Departamento de Córdoba, en
donde fue tratado públicamente como corrupto”, según las notas periodísticas de
algunos periódicos, y “de todos estos desprestigios fue objeto el dr. César Gabriel
Gómez Cantero que afectaron emocionalmente a su esposa María Candelaria
Montes Flórez y a sus hijos Gabriel Alberto Gómez Montes y Katy Lucía Gómez
Montes y Tamy Sofía Gómez Montes en nombre propio en su condición de hija de
la víctima, que muchas veces fueron objeto de burlas y comentarios mal
intencionados por parte de la comunidad, causándoles graves perjuicios morales y
que además afectó sus relaciones interpersonales con su esposa e hijos de manera
grave, lo que se ha denominado por la jurisprudencia daño a la vida de relación”.

Se adujo, también, que “la investigación penal ante la Fiscalía General de la Nación
y las consecuencias que trajo las imputaciones ante los medios de comunicación
hablada y escrito (…) ha causado a éste perjuicios materiales: daño emergente, por
la suma de dinero que tuvo que cancelar a su defensor (…) por la defensa que tuvo
que asumir en el proceso penal (…) por la suma de $10’000.000”.

En el acápite denominado “Consideraciones en derecho-concepto de la violación”
se mencionó que “la actitud irresponsable de la administración (entidades
relacionadas al inicio de esta demanda), así como la presunta omisión que se
endilga a la Fiscalía General de la Nación, ha producido no solo daños morales sino
además el daño a la vida de relación”. No se precisó en qué consistió la omisión
del ente acusador.

De acuerdo con la lectura global de la demanda, se tiene que el daño se hizo
consistir en los perjuicios morales, materiales en la modalidad de daño emergente,
y de daño a la vida de relación, ocasionados a partir de la denuncia penal y las
manifestaciones realizadas por el Departamento de Córdoba contra el demandante
César Gabriel Gómez Cantero, y por la investigación penal que adelantó la Fiscalía
General de la Nación.

La Sala advierte, de inicio, que la atribución de responsabilidad elevada contra la
Fiscalía General de la Nación no guarda relación con los perjuicios que se alegan
en la demanda, toda vez que la única acción que se le reprochó consiste en haber
dado trámite a una investigación penal en contra del accionante Gómez Cantero.
Tal actuación, sin embargo, obedeció al desarrollo de las funciones propias de
13

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00219-01(65580)
Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

dicha entidad -de las que además no podía eximirse-, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 250 5 de la Constitución Política, por cuanto mediaba denuncia
presentada por el gobernador de Córdoba que alertaba sobre la posible comisión
del delito de prevaricato por acción. La actuación del ente acusador no se
corresponde con un proceder caprichoso o infundado y, en todo caso, la
investigación de un delito es una carga que todas las personas deben soportar por
igual; luego no puede ser considerada causa eficiente de un daño, como aquel que
se invocó en el libelo introductorio.

En el escrito de alegatos de conclusión de primera instancia, la parte actora aclaró
que “no se está discutiendo que los servidores puedan ser objeto de denuncias por
su actuar, lo que se está discutiendo es el actuar negligente y temerario”; agregó,
además, que el ente acusador incurrió en “error jurisdiccional por cuanto hubo una
providencia que quedó en firme pero que no era ajustada ni a la ley procesal ni a la
realidad procesal. En el recurso de apelación que es materia de estudio se adujo,
a su vez, que el proceso penal se llevó de manera negligente, por cuanto se
precluyó la investigación con las mismas pruebas que existían al momento de la
apertura formal y no se tuvo en cuenta la solicitud de la Procuraduría.

La supuesta negligencia que se le atribuye a la Fiscalía General de la Nación y el
error jurisdiccional que se le acusa de haber cometido no hicieron parte de los
argumentos por los cuales se responsabilizó a esa entidad, en la demanda; luego
resultan extemporáneos y no serán objeto de análisis en esta providencia6.

Como se precisó anteriormente, la investigación penal estuvo motivada por la
denuncia presentada por el gobernador de Córdoba, con base en la duda que

5
Artículo 250. “La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción
penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que
lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y
cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del
mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal,
salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado
dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad
por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos
cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.
(…)”.
6
La atribución de responsabilidad elevada en la demanda contra la Fiscalía General de la Nación
tuvo por fundamento, únicamente, la apertura y trámite de la investigación; por consiguiente, la
fijación del litigio estuvo determinada por dicha imputación y por los hechos controvertidos por las
entidades demandadas, en los que no se incluyó la actuación negligente y temeraria del ente
acusador o la existencia de un error jurisdiccional.
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Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00219-01(65580)
Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

existía sobre la legalidad de ciertas decisiones judiciales7, y durante su trámite no
se limitó ningún derecho fundamental del investigado8, por lo que no se evidencia
la configuración de un daño relacionado con la conducta desplegada por la Fiscalía
General de la Nación.

Ahora bien, en cuanto al daño derivado de la actuación que se reprocha al
Departamento de Córdoba, una vez analizado el material probatorio aportado al
proceso, aparece probado lo siguiente:

En diligencia de testimonio llevada a cabo el 10 de mayo de 2017, la señora Melva
del Rosario Moreno Galeano -quien manifestó haber ocupado el cargo de citadora
en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté al momento de los hechos-
aseguró que debido a la denuncia penal interpuesta por el gobernador de Córdoba
de la época, el demandante César Gabriel Gómez Cantero “enfermó, se le alteró la
presión arterial y tuvo problemas de sangrado nasal a raíz de la alteración, estrés,
bajó su estado de ánimo, andaba muy preocupado por el acoso de los medios de
comunicación y por las mismas personas que hablaban mucho (…) él llegaba
preocupado y hacía comentarios a sus subalternos que sus hijos tenían problemas
con los compañeros de estudio porque los compañeros se burlaban de ellos por la
situación que estaba viviendo el papá en su momento, les hacían matoneo. Con los
amigos no salía, no compartía, se volvió una persona metida en su despacho y su
problema, no hacía vida social, muy acongojado por el problema, cambió en su
forma de ser y en su estado de ánimo. (…) tengo conocimiento (…) porque tengo
una relación de amistad con el demandante, de que él quedó afectado de la presión
arterial y lo declararon hipertenso (…) y aún se le presenta sangrado nasal una
enfermedad que él no la padecía antes”. Agregó que el demandante fue objeto de
acoso por parte del gremio docente y que grupos se aglomeraban en su lugar de
trabajo, “lo insultaban y le decían de todo” (fls. 193-194 c. n.º 1).

En la misma diligencia, el testigo Jacobo Domingo Gómez aseguró ser hermano del
señor César Gabriel Gómez Cantero y manifestó que la investigación penal seguida

7
La posibilidad de embargar recursos del Sistema General de Participaciones, desde la época de
los hechos, ha generado posturas contradictorias en razón a la disposición legal contenida en el
artículo 63 de la Constitución Política sobre la inembargabilidad de recursos del Estado, tanto así
que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, en sede de tutela, accedió a las súplicas
del gobernador de Córdoba y dejó sin efecto providencias de embargo proferidas por el demandante;
sin embargo, la Corte Suprema de Justicia revocó tal determinación.
8
En el curso de la investigación penal no se profirió medida de aseguramiento de detención
preventiva, ni ninguna otra medida que hubiera afectado el disfrute de los derechos del investigado.
15

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00219-01(65580)
Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
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Referencia: Acción de Reparación Directa

en contra de su familiar le causó “un grave perjuicio laboral, familiar, social pues
esto transcendió a los medios de comunicación (…) eso le produjo depresión,
estrés, insomnio, todo eso lo llevó a ser hipertenso, le produjo sangrado nasal,
pérdida de peso (…) él dejó de asistir a reuniones sociales porque todo el mundo
le preguntaba si lo iban a botar de la Rama Judicial por esos hechos, sus hijos le
preguntaban al papá que sí qué pasaba porque no entendían bien la situación;
como eso le produjo depresión, en la casa siempre era apartado siempre era en su
cuarto no salía de ahí. (…) Ellos (los hijos del señor Gómez Cantero) fueron objeto
de matoneo, bullying. (…) Esos perjuicios persisten pues eso le resta credibilidad
en su gestión como dispensador de justicia y su salud le produjo sangrado nasal
que no se lo han podido quitar e hipertensión. (…) él jugaba fútbol y se retiró del
Club Jaraguay por la comidilla de la gente”9.

El 7 de junio de 2017 se recaudó el testimonio del señor Guillermo León Álvarez
Machacón, quien manifestó ser abogado penalista y haber fungido como defensor
del demandante César Gabriel Gómez Cantero en las investigaciones penal y
disciplinaria que se siguieron en su contra. Afirmó que para la defensa del proceso
penal iniciado por la denuncia que presentó el gobernador de Córdoba, se fijaron
honorarios en la suma de $10’000.000, que el defendido canceló en efectivo. Adujo
que presentó los escritos pertinentes y logró que se precluyera la investigación; sin
embargo, el caso fue muy sonado y tuvo bastante despliegue periodístico, “todo lo
cual tuvo muchas repercusiones en la salud del doctor César Gabriel Gómez
Cantero quien mantenía muy preocupado y deprimido. (…) Puedo decir incluso que
abandonó gran parte de su recreación pues él gustaba jugar fútbol y ya ni siquiera
esa actividad le interesaba, también puedo decir que existió mucha presión sobre
él, hubo protesta por parte de Ademacol ante la Gobernación de Córdoba exigiendo
el pago de las primas del año 2005 ya que estos creían que se encontraban
embargadas. El doctor César Gabriel Gómez Cantero a raíz del turbión psicológico
que genera un proceso penal se mantenía acongojado, triste, meditabundo y no
encontraba la concentración. (…) El doctor César Gómez con su esposa tienen tres
hijos (…) estos niños resultaron muy afectados ya que en el plantel educativo donde

9
El testigo aportó una historia clínica en la que consta el sangrado nasal del señor César Gabriel
Gómez Cantero. La apoderada de la Fiscalía General de la Nación solicitó no incorporar los
documentos al expediente, por cuanto no era la oportunidad probatoria para ello. El magistrado
ponente consideró que “teniendo en cuenta que se trata de un documento relacionado con la salud
del demandante y que el declarante es su hermano considera que no existe restricción para que ese
documento pueda ser aportado en esta etapa procesal, pues hace referencia a un hecho
íntimamente ligado al objeto de la declaración, siendo así se procederá de conformidad con el citado
artículo (228 CPC) y se incorpora el documento aportado por testigo cuya valoración se hará al
momento de dictar sentencia”.
16

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00219-01(65580)
Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
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Referencia: Acción de Reparación Directa

ellos estudiaban se daban con ellos lo que hoy se conoce como matoneo, ya que
les sacaban en cara los hechos que le atribuían a su progenitor y eso preocupa
mucho a la señora madre de los niños, por lo tanto su núcleo familiar con esa
investigación penal que si no estoy mal causa estragos en la salud del doctor César
Gómez Cantero porque le generó problemas de hipertensión (…) ya no sacaba a
la mujer y a los niños a sitios de recreación afectando así lo que se conoce a su
vida de relación” (fls. 216-217 c .º 1).

El ordenamiento jurídico trata como sospechosas para declarar las personas que,
en criterio del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o
imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en
relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras
causas 10 . Al respecto, el Consejo de Estado ha establecido que no pueden
descartarse de plano las versiones de los testigos sospechosos, sino que deben
valorarse de manera más rigurosa, de cara a las demás pruebas obrantes en el
expediente y a las circunstancias de cada caso, todo ello basado en la sana crítica.

Si bien las personas que rindieron testimonio en el proceso tienen o tuvieron
vínculos de amistad, familiares y contractuales con la víctima, lo que las convierte
en sospechosas, en criterio de la Sala ese solo hecho no impide valorar sus
declaraciones, pues lo cierto es que éstas se muestran coincidentes, responsivas
y exactas; aunado a ello, no se advierte algún interés o provecho -directo o
indirecto- de dichos testigos en las resultas del proceso o alguna razón para
tergiversar los hechos por los cuales se les llamó a testificar; adicionalmente, dada
su cercanía con el accionante, es razonable que hubieran conocido la afectación
emocional que se adujo en la demanda.

De la prueba testimonial referida se desprende que el señor César Gabriel Gómez
Cantero demostró sentimientos de preocupación y congoja por la investigación
penal que se abrió en su contra y por el despliegue periodístico que se dio al caso,
además, por cuanto fue objeto de acoso por parte del gremio de docentes. Los
testigos manifestaron que el demandante sufrió problemas de salud, por un

10
Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970)
Artículo 217. Testigos sospechosos. “Son sospechosas para declarar las personas que en concepto
del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de
parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados,
antecedentes personales u otras causas”.
Artículo 218. Tachas. (…)
“El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso”.
17

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00219-01(65580)
Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

sangrado nasal, estrés, depresión e hipertensión. El declarante Guillermo León
Álvarez Machacón afirmó que el señor Gómez Cantero contrató sus servicios
profesionales para ejercer la debida defensa en el litigio penal, cuyos honorarios se
pactaron en la suma de $10’000.000. Los testigos refirieron, también, que los hijos
del señor César Gabriel Gómez Cantero fueron objeto de matoneo en el colegio, a
raíz de la divulgación que se dio al caso, situación que preocupó a la madre de los
niños, según la versión del señor Guillermo León Álvarez Machacón.

De las manifestaciones realizadas por los declarantes se tiene que, las referidas a
complicaciones de salud, como estrés, depresión, sangrado nasal e hipertensión
no cuentan con respaldo probatorio médico que permita establecer si efectivamente
se presentaron y una conexión con las actuaciones que se le atribuyen al
Departamento de Córdoba. El testigo Jacobo Domingo Gómez Cantero aportó a su
declaración una copia de la historia clínica del señor César Gabriel Gómez Cantero,
de 10 de septiembre de 2015, en la que se anotó el cuadro de “rinositis” alérgica y
obstrucción nasal con sangrado por fosa nasal izquierda; sin embargo, no se hizo
ninguna alusión a la causa de ese padecimiento. Se indicó que el paciente tenía
antecedentes de septoplastia, hacía 30 años, rinoetmoiditis, hacía 10 años, y había
sido tratado por hemorragia nasal, aspectos por completo ajenos al asunto que es
materia de estudio en este proceso. Tampoco obra indicio que acredite el acoso
padecido por los hijos del señor Gómez Cantero o de algún perjuicio sufrido por la
demandante María Candelaria Montes Flórez.

Las declaraciones rendidas en el proceso dan cuenta de que el accionante César
Gabriel Gómez Cantero sufrió una afectación en su ánimo, tranquilidad y condición
emocional, a raíz de la investigación penal de que fue objeto y las manifestaciones
del Departamento de Córdoba, aunado al despliegue periodístico que se dio al
caso, lo cual resulta suficiente para tener por probado el daño moral al que hace
referencia la demanda.

Aunque se acreditó el perjuicio aludido, éste no se considera antijurídico frente al
inicio y trámite de la investigación penal, por cuanto constituía una carga que el
accionante debía soportar, según se explicó líneas atrás. El mismo razonamiento
aplica para el daño material por los honorarios que el demandante sufragó para su
defensa en el litigio penal, siendo relevante agregar que aun cuando el investigado
podía ejercer su propia defensa, teniendo en cuenta su formación en leyes y su

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Referencia: Acción de Reparación Directa

experiencia como juez, resolvió contratar voluntariamente los servicios de otro
profesional del derecho para que lo asistiera en dicha causa.

La “denuncia temeraria” a la que hizo referencia la demanda tampoco se muestra
como fuente generadora del daño padecido por el accionante, toda vez que
respondió al ejercicio de un derecho-deber 11 , respecto a un hecho que el
gobernador de Córdoba, en su momento, consideró delictivo con base en una regla
legal, y cuya finalidad no fue otra que lograr la protección del erario. El ejercicio de
tal prerrogativa, con la que cuenta cualquier ciudadano, no fue catalogada como
temeraria por el ente acusador, porque contaba con los requisitos mínimos,
suficientes para iniciar una investigación. El hecho de que se hubiera proferido
resolución de preclusión no implica, per se, que los actos previos fueron erróneos
o infundados12.

La parte actora adujo la existencia de un vínculo entre el perjuicio moral padecido
por el accionante y las acusaciones y publicaciones en su contra. Se tiene, al
respecto, que más allá de la prueba testimonial, los únicos documentos aportados
para acreditar la supuesta afectación corresponden a cuatro recortes de prensa, en
los que se publicaron las siguientes noticias:

• Periódico El Meridiano de Córdoba, de 14 de julio de 2006. La columna se tituló
“Gobernación denuncia a juez”. Se anotó que en la asamblea realizada el día
anterior, la diputada María Eugenia Aparicio Soto informó que la gobernación de
Córdoba había denunciado penal y disciplinariamente a César Gabriel Gómez
Cantero, Juez Primero Civil del Circuito de Cereté, “por haberse excedido en el
límite de sus facultades y proceder sin ningún fundamento jurídico a ordenar una
medida cautelar sobre la totalidad de los recursos de Sistema General de
Participaciones del Departamento”, y aseguró que el juez había incurrido en vía de
hecho desde el 21 de octubre de 2005 “porque se desvió del procedimiento que
debió seguir para hacer las medidas cautelares que le fueron solicitadas, violando

11
Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal). Artículo 27. Deber de denunciar. “Toda
persona debe denunciar a la autoridad las conductas punibles de cuya comisión tenga conocimiento
y que deban investigarse de oficio.
El servidor público que por cualquier medio conozca de la comisión de una conducta punible que
deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en
caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente”.
La investigación penal seguida con el accionante se rigió por el antiguo Código de Procedimiento
Penal, consagrado en la Ley 600 de 2000.
12
En este punto, se considera preciso recordar que en este proceso no se está estudiando la
legalidad de las decisiones proferidas al interior del proceso penal.
19

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00219-01(65580)
Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
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Referencia: Acción de Reparación Directa

el derecho fundamental al debido proceso”. Se mencionó, también, que la decisión
fue apoyada por los diputados, quienes solicitaron la intervención del contralor
departamental y exigieron que el juez fuera separado de su cargo mientras se
adelantaba la investigación y que si se hallaba culpable debía ser suspendido
definitivamente del cargo, además, se debía suspender la tarjeta profesional por
parte de la entidad competente (fl. 49 c. n.º 1).

• Periódico El Meridiano de Córdoba, de 27 de septiembre de 2006. La columna se
tituló “La justicia en entredicho”. Se señaló que las denuncias realizadas por el
gobernador de Córdoba “destaparon una olla podrida en la que estarían
involucrados algunos miembros de la justicia (jueces), abogados y mandatarios de
varios municipios, quienes al parecer se habrían aliado para realizar embargos,
producto de contrataciones irregulares, principalmente de maestros”. Se agregó
que el gobernador no dio nombres, pero “se conoció” que los jueces primero y
segunda civil del circuito de Cereté estaban siendo investigados disciplinariamente.
Se precisó que las investigaciones se adelantaron por los embargos ordenados
sobre recursos del sector educativo en los municipios de Cereté y San Carlos, los
cuales provienen del Sistema General de Participaciones del Departamento. La
noticia aseguró que el gobernador había manifestado la imposibilidad de seguir
pagando esas deudas, porque eran de los municipios, y superaban los 30 mil
millones de pesos. Un aparte de la columna se subtituló “habló el juez”; en ella se
anotó que el juez César Gómez Cantero había confirmado que sí existía denuncia
penal y disciplinaria en su contra, y afirmó que en acción de tutela, el Tribunal
Administrativo favoreció a los tutelantes, por lo que reprochó: “entonces por qué me
denuncian a mí y no a los magistrados del Tribunal” (fl. 50 c. n.º 1).

• Periódico El Meridiano de Córdoba, sin fecha visible. La columna se tituló “Se
extiende investigación”. Se mencionó que el contralor departamental había dicho
que “las investigaciones del carrusel de abogados que están embargando los
dineros provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP) de la
Gobernación de Córdoba se extendieron a los municipios de San Pelayo, San
Carlos y Ciénaga de Oro. Explicó el funcionario que ‘hemos detectado que los
municipios que más han impactado en cuanto a embargos a las finanzas del SGP
pertenecen al circuito de Cereté y los jueces que allí laboran son los que han emitido
las órdenes de embargo de estos recursos’”. Se adujo que el contralor manifestó
su preocupación por la situación y anunció que en el mes de diciembre se vería la
gravedad del asunto, cuando no hubiera dinero para pagar las primas y cesantías
20

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00219-01(65580)
Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
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de los docentes; agregó que los abogados decidieron demandar al departamento
cuando vieron que las finanzas de los municipios no alcanzaban. En la misma
columna se anotó que la gobernación departamental había denunciado disciplinaria
y penalmente al juez primero civil del circuito de Cereté, César Javier Gómez
Cantero por las razones expuestas en la columna del 14 de julio de 2006.

• Periódico El Universal, de 23 de octubre de 2006. La columna se tituló “Pelea para
frenar embargos”. Se registró que la asesora jurídica de la gobernación adujo que
se estaban adelantando todos los trámites para frenar los embargos y que dichas
medidas superaban los mil millones de pesos, lo que suponía un riesgo para el
pago de primas y salarios de los últimos meses de los maestros departamentales.
Se mencionó que “los actos embargados fueron suscritos en administraciones
anteriores y generalmente se trata de profesores y personal administrativo
contratados en un tiempo determinado sin que se le hubieran pagado las
prestaciones”. También se comunicó que el gobernador de Córdoba había
solicitado la intervención de la Contraloría y la Procuraduría; así mismo, que se
había solicitado audiencia con el juez que más embargos había ordenado, pero no
se había logrado pronunciamiento alguno; también que “en segunda instancia se
presentó una acción de tutela ante la sala civil del Tribunal Superior de Montería
pero el mismo juez de Cereté impugnó la acción de tutela y la Corte Suprema de
Justicia, sala laboral, el pasado 25 de abril revocó la decisión, aduciendo que no
cabe acción de tutela contra sentencias. Una vez agotado ese recurso, la
administración departamental denunció disciplinariamente ante el Consejo
Seccional de la Judicatura al Juez Primero de Cereté. La denuncia está abierta y
se investiga por prevaricato”. Se refirió que la gobernación entró al proceso en
calidad de tercero porque recibe los recursos de la Nación para pagar la nómina de
educación en las localidades no descentralizadas, y que dicho ente territorial radicó
su oposición a los embargos. Por lo demás, se hizo referencia a la solicitud del
Departamento de Córdoba para que la Procuraduría realizara vigilancia
administrativa especial, y a la visita de una representante del Ministerio de
Educación para analizar el caso, de acuerdo con la cual "se supo que el Ministerio
va a coadyuvar en el proceso porque de no frenarse a tiempo, según los jurídicos
de la administración, la cuantía de los embargos se volvería incalculable” (fl. 52 c.
n.º 1).

21

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Referencia: Acción de Reparación Directa

La Sala, al analizar las noticias periodísticas 13, no advierte manifestaciones del
Departamento de Córdoba capaces de ocasionar el daño padecido por el
accionante.

Ciertamente, las publicaciones hicieron referencia a la información proporcionada
por terceros, relacionada con la existencia de las investigaciones penal y
disciplinaria que se iniciaron por solicitud del Departamento de Córdoba, contra el
juez César Gabriel Gómez Cantero, por haber decretado medidas cautelares,
supuestamente sin fundamento jurídico, en un exceso de autoridad. La nota del 14
de julio de 2006 se limitó a reproducir el dicho de una diputada y de los demás
miembros de la Asamblea Departamental; por su parte, la columna sin fecha hizo
alusión al pronunciamiento realizado por el Contralor Departamental sobre su
opinión frente a los embargos ordenados por el demandante; y la publicación de 23
de octubre de 2006 se refirió a los datos que proporcionó la asesora jurídica de la
gobernación de Córdoba, en relación con la cuantía de los embargos, la incidencia
en el pago de las prestaciones de los docentes, la existencia de la denuncia penal
y de las decisiones proferidas al interior de una acción de tutela, así como a las
solicitudes de intervención elevadas por el gobernador de Córdoba ante la
Procuraduría, y la posible coadyuvancia del Ministerio de Educación.

La noticia de 27 de septiembre de 2006, publicada por el periódico El Meridiano de
Córdoba, empleó términos que pudieron tergiversar la realidad de los hechos, en
detrimento del demandante, al afirmar que “se destapó una olla podrida”, o que

13
En sentencia de 14 de julio de 2015, proferida en el proceso de pérdida de investidura radicado
con el número 11001-03-15-000-2014-00105-00, la Sala Plena del Consejo de Estado señaló, sobre
el alcance o valor probatorio de las noticias, opiniones, reportajes, columnas aparecidas en los
diversos medios de comunicación, que estos además de servir de indicador para el juez sobre la
ocurrencia de hechos, constatados con otros medios probatorios, también serán valorados como
prueba “i) cuando en dichos medios se reproducen hechos públicos y/o notorios y ii) cuando en ellos
se reproducen declaraciones y/o manifestaciones de servidores públicos, Vgr. Congresistas,
Presidente de la República, Ministros, Alcaldes, Gobernadores, etc., Estas excepciones son las
mismas que introdujo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia y que en
razón de su relevancia e importancia, serán acogidas por la Sala Plena de lo Contencioso a partir
de esta decisión. En efecto, según el criterio de ese órgano de justicia, cuando en dichos medios se
recojan hechos públicos o notorios, declaraciones o manifestaciones públicas de funcionarios del
Estado, estos deben ser valorados, razón por la que su inserción en el respectivo medio de
comunicación es una prueba del hecho y no simplemente de su registro. (…) El aporte de medios
de prueba en donde el hecho notorio y/o público fue registrado, le permitirá al juez contar con
mayores elementos de convicción, sin que ello implique que el hecho requería de prueba, pues, se
repite, su apreciación o cognición por una generalidad, hace innecesaria su prueba. En el caso de
las declaraciones o manifestaciones de los servidores públicos divulgadas, reproducidas y/o
transmitidas en los diferentes medios de comunicación, en razón de la investidura y de su posición
en la sociedad, tendrán que ser desvirtuadas. En otros términos, estos serán valorados conforme a
las reglas previstas para las pruebas documentales. Por tanto, esas declaraciones o
manifestaciones públicas, recogidas o registradas en diversos medios de comunicación darán fe de
su contenido, sin perjuicio de su contradicción por parte de quien en su contra se aducen”.
22

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00219-01(65580)
Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

existió “una alianza para realizar embargos”. Tales afirmaciones; sin embargo,
fueron realizadas por el redactor de la columna, no por el Departamento de
Córdoba; luego, no pueden ser atribuidas a este último. Al margen de lo anterior,
conviene indicar que el accionante cuenta con el derecho de rectificación de
información frente al medio de comunicación en cuestión14, con el fin de lograr la
aclaración de la noticia publicada, en términos de veracidad e imparcialidad.

De acuerdo con lo expuesto, si bien se acreditó que el señor César Gabriel Gómez
Cantero padeció un perjuicio moral, dicha afectación no se considera antijurídica
frente a la actuación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, y no guarda
relación de conexidad con la imputación que se elevó contra el Departamento de
Córdoba, lo que impone confirmar la providencia apelada, que negó las
pretensiones de la demanda.

5. Condena en costas

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, que
subrogó el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, hay lugar a condenar
en costas a la parte vencida, sólo en la medida en que su conducta sea temeraria
porque no le asiste al demandar u oponerse “un fundamento razonable, o hay de su
parte una injustificada falta de colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o
acude a la interposición de recursos con un interés meramente dilatorio”15.

En el caso concreto, la Sala no advierte un comportamiento temerario de ninguna
de las partes en sus actuaciones procesales, por lo que se abstendrá de condenar
en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

14
Constitución Política. Artículo 20. “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir
su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar
medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura”.
Sobre el derecho a la rectificación, consultar, por ejemplo, sentencia T-312 de 22 de mayo de 2015,
proferida por la Corte Constitucional.
15
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 1999, expediente 10.775,
M.P. Ricardo Hoyos Duque.
23

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00219-01(65580)
Actor: César Gabriel Gómez Cantero y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de septiembre de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo de Arauca, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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