RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-31-000-2008-00835-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2008-00835-01

Fecha
12 de julio de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2008-00835-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 24 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente link: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. aspx .

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2008-00835-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

12 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., doce (12) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín1
Acción: Controversias contractuales

Temas: ACTO DE ADJUDICACIÓN - ACCIÓN PROCEDENTE. Si se busca el
restablecimiento de un derecho, procede la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho o, si ello no es posible, la acción de controversias contractuales en los
términos del artículo 87 del C.C.A., dentro del término de 30 días siguientes a la
notificación, publicación o ejecución del acto administrativo. REQUISITOS
SUBSANABLES - Art. 25, numeral 15 de la Ley 80 de 1993: Se admite la aportación
de documentos referentes a la futura contratación que no sean necesarios para la
comparación de las propuestas. / APOSTILLE - Se requiere para los documentos
públicos extranjeros provenientes de país suscriptor de la "Convención sobre la
abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros suscrita
en la Haya el 5 de octubre de 1961” / ACTUACIÓN NOTARIAL - DOCUMENTO
PÚBLICO. Para efectos de la aplicación de la Convención de La Haya de 1961, los
documentos notariales son documentos públicos que deben ser apostillados.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 24 de mayo de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

La sociedad Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia S.A. EUCOL S.A.,
presentó demanda en ejercicio de la acción de controversias contractuales, a través
de la cual pidió que se declare la nulidad de la Resolución No. 076 del 17 de mayo
de 2006, proferida por el municipio de Medellín, por medio de la cual adjudicó a la
Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A. la Licitación Pública
Internacional No. LP 048 de 2006 y en consecuencia, que se declare la nulidad
absoluta del Contrato de Concesión No. 4600000102 del 23 de junio de 2006,
celebrado entre el municipio de Medellín y la sociedad CAS Mobiliario S.A., y que

1
Hoy Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación en virtud del Acto Legislativo 01 de 2021.

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

se condene a la entidad demandada a indemnizar los perjuicios causados por haber
sido privada de la adjudicación a la que tenía derecho.

ANTECEDENTES
Demanda

1. El 17 de junio de 2008, la sociedad Equipamientos Urbanos Nacionales de
Colombia S.A. EUCOL S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de
controversias contractuales en contra del municipio de Medellín, cuyas
pretensiones fueron (f. 96, c. 1):

1. Que se declare la NULIDAD ABSOLUTA, como actos inseparables, tanto del
Contrato No. 4600000102 del 23 de Junio de 2006 celebrado entre la Alcaldía
de Medellín-Secretaría de Obras Públicas y la Promesa de Asociación Futura
CAS MOBILIARIO S.A. (…)”, así como de la Resolución No. 076 del 17 de mayo
de 2006 a través de la cual la citada entidad pública adjudicó la Licitación
Pública No. LP 048 de 2006.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se CONDENE a la
demandada a INDEMNIZAR a mi poderdante los Perjuicios Materiales que ha
sufrido en su doble dimensión de DAÑO EMERGENTE y LUCRO CESANTE y
por los Perjuicios Morales ocasionados por la injusta decisión de la Secretaría
de Obras Públicas de Medellín de adjudicarle la Licitación a una promesa de
asociación futura que tiene serias omisiones, irregularidades y falencias en los
documentos aportados por sus asociados (…).

La INDEMNIZACIÓN solicitada se deberá reconocer y pagar teniendo en cuenta
la utilidad legítima dejada de percibir por mi poderdante, que se estima en una
suma superior a los (…) ($8.123.293.587) (…), cifra que se deberá indexar (…).

Además, que se condene a la Demandada al pago de los intereses comerciales
y de mora que se ocasionen (…).

2. En los hechos, la parte actora dio cuenta de la apertura y tramitación, por parte
del Municipio de Medellín, de la Licitación No. LP-48 de 2006, cuyo objeto fue “el
suministro, instalación, montaje, mantenimiento, reposición y explotación del
mobiliario urbano de la ciudad de Medellín por el sistema de concesión”, con el fin
de dotar a la ciudad de mobiliario urbano -paraderos, cestas de basura, bancas de
parque, entre otros-, que se pagarían dando en concesión unos determinados
espacios publicitarios junto a los paraderos de buses, denominados MUPI.

3. A la licitación se presentaron tres proponentes: i) Promesa de Asociación Futura
CAS Mobiliario S.A. (compuesta por Conconcreto S.A., Publicidad Sarmiento S.A.,
Ad Visión Ltda., Impac S.A. y Espacios Inmobiliarios S.A.); ii) Unión Temporal Vallas
y Avisos S.A.-Marketmedios S.A.-Radio Cadena Nacional S.A., y iii) EUCOL S.A. –
Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia S.A.

2

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

4. En el proceso de evaluación y calificación de las ofertas, la demandante hizo
observaciones y pidió el rechazo de la oferta de la Promesa de Asociación Futura
CAS Mobiliario S.A., por las siguientes razones.

• Una de las firmas asociadas (Publicidad Sarmiento S.A.) no presentó el
documento que acreditaba su existencia legal ni su objeto social con los
documentos idóneos y conducentes para ello, ni cumplían con esas
exigencias los documentos con los que se pretendió demostrar su
representación legal, por lo cual el poder otorgado era ilegal;
• La carta de presentación de la propuesta no fue suscrita debidamente, ya
que no se informó sobre las sanciones impuestas a la sociedad Publicidad
Sarmiento S.A.;
• No presentó la minuta de constitución de promesa de asociación futura
debidamente diligenciada, según el pliego de condiciones; y
• Los precios ofrecidos eran artificialmente bajos.

5. La entidad pidió a la promesa de asociación -por considerar que era subsanable-
el documento que acreditara el término de duración de la sociedad Publicidad
Sarmiento S.A., para lo cual fueron aportados los estatutos de dicha sociedad.

6. En la audiencia de adjudicación, la demandante reiteró sus observaciones sobre
la sociedad Publicidad Sarmiento S.A., que no habían sido atendidas: no demostró
su existencia y representación legal y, por lo tanto, el poder otorgado a los
apoderados especiales en Colombia no era válido; no se probó que su vigencia era
igual al término del contrato y un año más; no aportó la autorización de su junta
directiva al representante legal para comprometer a la sociedad en la promesa de
asociación futura; los estados financieros presentados en el país no fueron
legalizados en Argentina, y se observaba la falsedad de la información financiera
presentada con la oferta, afirmando que EUCOL, para comprobar la falta de
legalización, aportó un documento expedido por la Directora de Personas Jurídicas
del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Mendoza en donde se certifica que
“la entidad ha presentado el último balance cerrado al 31/10/2003, ADEUDA la
presentación de los balances correspondientes a los ejercicios económicos
cerrados al 31/10/2004 y 31/10/2005”. Y agregó que el inciso 2 del artículo 67 de
la Ley 19.220 de la República de Argentina exige que las sociedades por acciones
deben presentar ante la autoridad de contralor (Dirección de Personas Jurídicas,
en la Provincia de Mendoza) su balance consolidado para que conste en el registro
público de comerciantes, y que el hecho de no haber presentado el balance del año
2004 violaba gravemente la citada norma, “(...) y por lo tanto se debe concluir que
los Estados Financieros presentados en Colombia con corte a Octubre 31 de 2004
no han sido legalizados en Argentina y constituyen un documento privado sin

3

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

ningún valor probatorio ni validez para cumplir con lo exigido en el Pliego de
Condiciones”, que establecía que este documento no era subsanable.

7. A pesar de las anteriores falencias, que daban lugar al rechazo de la oferta de la
Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A., la entidad demandada le
adjudicó el contrato mediante la Resolución No. 076 del 17 de mayo de 2006 y
procedió a celebrar el negocio jurídico con ella, con lo cual se violó el deber de
selección objetiva y los principios de la contratación de transparencia, economía y
responsabilidad, pues se transgredieron las normas del pliego de condiciones.

8. El demandante adujo que tenía interés jurídico y directo en los resultados de este
proceso, por cuanto fue el proponente a quien se le debió adjudicar la licitación, ya
que cumplió a cabalidad todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y
fue quien ocupó el segundo lugar de elegibilidad, por lo que fue perjudicado con la
decisión de adjudicación a una promesa de asociación futura que fue constituida
en forma ilegal.

Trámite de primera instancia

9. La demanda fue admitida mediante auto del 11 de julio de 2008, en el que se
ordenó su notificación a la parte demandada y al ministerio público (f. 126, c. 1).

10. El municipio de Medellín contestó la demanda y se opuso a las pretensiones.
Aceptó algunos hechos, negó otros y se atuvo a lo que resultara probado respecto
de los demás (fl. 136, c. 1).

11. Adujo que la adjudicación no se hizo con abuso o desviación de poder y que no
se violaron las disposiciones del pliego de condiciones enunciadas en la demanda,
por lo que el demandante no tiene derecho a la indemnización que reclama, la cual,
además, no discriminó los valores correspondientes al daño emergente, el lucro
cesante y el perjuicio moral reclamados.

12. Propuso como excepciones i) falta de causa para pedir, porque los motivos de
ilegalidad aducidos por el demandante no se configuraron; ii) inexistencia de causal
de nulidad que afecte la validez del contrato 4600000102 de 2006, ya que no se
configuró ninguna de las consagradas en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993 y el
demandante no señaló la norma violada y el motivo de la violación sino que se
dedicó, con base en sus intereses, a estructurar su propia interpretación sobre el
motivo de la violación; iii) ineptitud sustantiva de la demanda por falta de integración
del consorcio necesario, pues la firma CAS MOBILIARIO S.A. no fue llamada por
el demandante; iv) cumplimiento de la ley contractual, pues en la licitación pública

4

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

internacional y su adjudicación se observaron todas las disposiciones del pliego de
condiciones y de los artículos 25 numeral 15 y 30 de la Ley 80 de 1993, y demás
normatividad vigente, y al ser expedida conforme a derecho la resolución de
adjudicación, no se produjeron los perjuicios por los que reclama el demandante; y
v) inexistencia de perjuicios morales y materiales, toda vez que, al ser legal la
adjudicación y por ende el contrato celebrado con fundamento en ella, no es
jurídicamente posible que se reclame la indemnización de tales perjuicios, que en
realidad no se produjeron.

13. Mediante proveído del 23 de septiembre de 2013, se corrió traslado a las partes
y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto,
respectivamente (f. 609, c. 1).

14. La parte actora adujo la falta de legitimación por pasiva de la demandada,
porque no se aportaron los documentos que acreditaran que quienes fungían como
alcaldes de Medellín, que delegaron funciones de representación judicial en la
secretaria general y efectuaron el nombramiento de ésta -que fue quien otorgó
poder al abogado que contestó la demanda-, eran realmente los mandatarios
locales, pues no se allegó el acta de elección y posesión de Sergio Fajardo
Valderrama y Alonso Salazar Jaramillo, por lo que el apoderado de dicha entidad
territorial no acreditó su personería para actuar. A continuación, se refirió a las
excepciones propuestas en la contestación de la demanda que, a su juicio,
realmente no lo fueron, salvo una de ellas -ineptitud sustantiva de la demanda- que
no se configuró, ya que el llamamiento del adjudicatario como litisconsorte
necesario debía efectuarlo el juez; así mismo, reiteró todos los argumentos de la
demanda, en torno a la ilegalidad del acto de adjudicación de la licitación, por haber
recaído en una propuesta que no cumplía con los requisitos del pliego, por las
falencias que presentaba en su información uno de los miembros de la promesa de
sociedad futura, sin que la entidad demandada hubiera dado respuesta satisfactoria
a todas estas objeciones del demandante. Finalmente, se refirió a las pruebas
practicadas en el proceso y que, a su juicio, no desvirtuaron los graves defectos de
la propuesta favorecida y, por lo tanto, la existencia de la ilegalidad del acto de
adjudicación predicada en la demanda (f. 610, c. 1).

15. En auto del 29 de abril de 2015, el a-quo ordenó integrar el litisconsorcio
necesario por pasiva mediante la citación de la sociedad CAS Mobiliario S.A., quien
debidamente notificada, contestó la demanda, aceptó algunos hechos y negó otros,
se opuso a las pretensiones y alegó las excepciones de i) ausencia de causa para
pedir, por cuanto los fundamentos de la demanda carecen de sustento jurídico y no
se probaron sus afirmaciones; y ii) legalidad del contrato e inexistencia de causal
de nulidad, pues en las etapas precontractual y contractual la sociedad cumplió con

5

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

los requerimientos hechos por la entidad contratante. Así mismo, en la oportunidad
que le fue otorgada para ello, presentó alegatos de conclusión, en los que reiteró
su oposición a las pretensiones, por no estar probados los hechos en que se
fundaron (f. 633, 683, 710 y 711, c. 1).

La sentencia de primera instancia

16. El 24 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de Antioquia dictó sentencia
en la que se negaron las pretensiones de la demanda y no se condenó en costas.
(f. 729 a 756, c. ppl.). Consideró, en primer lugar, que al haberse adjudicado la
licitación el 17 de mayo de 2006, el término de 30 días hábiles para la impugnación
del acto administrativo iba hasta el 1º de julio de 2006; que el contrato fue celebrado
el 23 de junio de ese año, razón por la cual ya no procedía la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho sino la de controversias contractuales que fue incoada
por la parte actora, pero que, al haber presentado la demanda por fuera de esos 30
días hábiles -lo fue el 17 de junio de 2008-, la demandante no se hallaba legitimada
para impetrar el restablecimiento del derecho subjetivo, sino tan sólo para
cuestionar la legalidad del negocio jurídico, para lo cual la demanda fue presentada
en forma oportuna.

17. Por otra parte, consideró que el defecto aducido por la demandante sobre la
falta de legitimación en la causa por pasiva por la ausencia de acreditación de la
calidad del alcalde, sostuvo que en realidad era un asunto relacionado con la
representación judicial de la demandada y que, mediante auto, se le reconoció
personería al abogado del municipio y la parte actora no impugnó esta decisión,
con lo cual quedó saneada la supuesta irregularidad.

18. En relación con las pretensiones, con fundamento en las pruebas obrantes en
el plenario consideró que la sociedad Publicidad Sarmiento S.A., miembro de la
Promesa de Asociación Futura CAS MOBILIARIO S.A., no incurrió en las
irregularidades aducidas en la demanda y que conducían al rechazo de la oferta,
por cuanto los documentos extranjeros aportados para la acreditación de la
existencia y representación de la sociedad argentina resultaban suficientes a la luz
de las normas aplicables, sobre lo cual el demandante no probó la existencia de
leyes extranjeras que exigieran requisitos diferentes a los que reunía la
documentación aportada por Publicidad Sarmiento S.A.

19. Señaló que también era suficiente la prueba de su duración mediante el aporte
los sus respectivos estatutos, debidamente autenticados, legalizados y
apostillados, según los cuales el término de duración de la sociedad era de 90 años
contados desde su constitución, el 17 de julio de 1970, es decir, que sería hasta el

6

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

año 2060, estatutos que fueron aportados en la licitación por requerimiento de la
entidad demandada por cuanto se trataba de un requisito formal relativo al
participante y subsanable, cuya ausencia, por lo tanto, no conducía al rechazo de
la oferta, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 15 del artículo 25, el
numeral 7 del artículo 30 y el “numeral 15 del artículo 24” (sic) de la Ley 80 de 1993.

20. Además, según tales estatutos, el representante legal no requería autorización
para comprometer a la sociedad en la promesa de Asociación Futura, por lo que el
reproche de la demandante en este aspecto carecía de asidero.

21. Así mismo, estimó que el requisito que echó de menos el demandante, en
cuanto al poder que debía tener una sociedad extranjera para actuar en la licitación
y que Publicidad Sarmiento S.A. no aportó, se predicaba del proponente que
presentaba la oferta que, en este caso, lo era la Promesa de Asociación Futura
CAS MOBILIARIO S.A. y no de cada uno de sus asociados.

22. En cuanto al cuestionamiento de aspectos económicos de la sociedad
argentina, consideró el a quo que en el pliego de condiciones no se exigió la
legalización de los estados financieros y era infundada la grave afirmación del
demandante de que la información financiera aportada por la citada sociedad era
falsa pues nada se probó al respecto, y que tampoco se acreditaron las supuestas
sanciones que versaban sobre la asociada ni que las cifras contenidas en los
estados financieros fueron infladas intencionalmente. Sobre el punto, dijo el
Tribunal:

Finalmente, la parte actora cuestionó aspectos económicos de la precitada
sociedad, así: “Con el propósito de corroborar que los documentos e
informaciones Financieras del asociado Publicidad Sarmiento S.A. fueran los
correctos, los Abogados de mi representada viajaron hasta Argentina en donde
obtuvieron valiosa información que solamente pudo ser puesta en consideración
del Secretario de Obras Públicas de Medellín el día de la Audiencia de
Adjudicación (17 de mayo de 2006) en razón a que fueron obtenidas los días
10 y 11 del mismo mes. // En dicha audiencia, el Apoderado de EUCOL hizo
graves DENUNCIAS sobre los documentos presentados por la firma antes
citada y por las cifras en ellos consignadas, que se resumen así: // 2.1. EL
BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2004 NO PUEDE SERVIR DE
PRUEBA: … // 2.2. LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS FUERON INFLADOS (sic) INTENCIONALMENTE…”.

En concordancia con el primer ítem, en los hechos del libelo se lee: “c) Los
Estados Financieros presentados en el país no fueron legalizados en Argentina
y se observa la falsedad de la información financiera presentada con la
propuesta. Para comprobar lo anterior, EUCOL aportó una certificación
expedida por la Directora de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno de
la Provincia de Mendoza en donde se certifica que “la entidad ha presentado
el último balance cerrado al 31/10/2003, ADEUDA la presentación de los
balances correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al
31/10/2004 y 31/10/2005;”.

7

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

Obsérvese que, se trata de un aspecto no dilucidado durante las etapas del
proceso concursal, ya que solo fue puesto en conocimiento de la Administración
en la Audiencia de Adjudicación, por lo que, ésta no tuvo la oportunidad de
conocerlo y pronunciarse sobre el mismo al evaluar la oferta de la Promesa de
Asociación Futura; aunado, tal como fue señalado por el litisconsorte necesario
en sus intervenciones procesales, en el pliego de condiciones que rigió la
Licitación Pública Internacional, no se exigió la legalización de los estados
financieros, por lo cual, carece de asidero lo cuestionado por la parte libelista
en tal sentido; asimismo, resulta infundada su grave afirmación de que la
información financiera de la citada sociedad es falsa, porque nada se probó al
respecto en estas diligencias, razonamiento que se extiende frente a las
supuestas sanciones que versaban sobre la asociada.

Tampoco se demostró que “LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS FUERON INFLADOS INTENCIONALMENTE”, toda vez que,
pese a que en la demanda se solicitó la práctica de una prueba pericial para:
“establecer si las cifras consignadas en el Balance 2004 presentado por la firma
citada fueron INFLADAS, comparándolas con las que contiene el documento
“PUBLICIDAD SARMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA E - Código de Consulta: EB
26013157 - DATOS DE EMPRESA” (fl. 122), ello no se logró. En lo atinente, se
indicó en el escrito de la aclaración de la experticia rendida en el proceso, lo
siguiente: (...).

En conclusión, la parte actora no cumplió con la carga de la prueba de
desvirtuar la legalidad del acto precontractual impugnado en el sub lite (...).

23. Por lo anterior, concluyó que la demandante no cumplió con la carga de la
prueba que le incumbía para desvirtuar la legalidad de la Resolución de
adjudicación No. 076 del 17 de mayo de 2006 y, por ende, del contrato celebrado
con fundamento en la misma.

Recurso de apelación

24. La parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de
primera instancia y solicitó revocarla para que, en su lugar, se accediera a todas
las pretensiones de la demanda (fl. 759, c. ppal.). Como fundamento de esta petición,
sostuvo que el tribunal basó su decisión en normas que no eran aplicables por ser
posteriores a la celebración del contrato de concesión cuestionado -Leyes 1150 de
2007 y 1508 de 2012- y en jurisprudencia también posterior sobre i) la caducidad
de la acción en la impugnación del acto de adjudicación, ii) la subsanabilidad de las
propuestas y iii) los requisitos que efectivamente dan lugar a la asignación de
puntaje, por lo que debía resolverse con prescindencia de tales normas y
sentencias.

25. Así, consideró que la Ley 80 de 1993 en su artículo 3º -antes de la Ley 1150 de
2007, por cuanto esta no era aplicable al presente caso- establecía que el Estado
debía garantizar la protección de las utilidades a los particulares que celebraran y
ejecutaran contratos con las entidades estatales; que la acción de controversias
contractuales que se ejerció, contenida en el artículo 87 del C.C.A., con la

8

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

modificación introducida por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, estableció que
una vez celebrado el contrato, la ilegalidad de los actos previos solamente podía
invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato y que ello se hizo
oportunamente, a la luz de lo establecido en el artículo 136 del C.C.A., y que, con
fundamento en estas disposiciones, la parte actora ejerció la acción contractual
para pedir la declaratoria de nulidad del contrato y de las diligencias preparatorias,
en aras de obtener la indemnización de los perjuicios que la entidad demandada le
ocasionó.

26. A continuación, refirió algunos puntos de las causales de nulidad presentadas
por la demandante, que la demandada omitió contestar:

• En el documento con el cual se pretendió demostrar la existencia y representación
legal de Publicidad Sarmiento S.A., no se informó sobre las siguientes exigencias
del pliego de condiciones (numeral 4.5): i) los términos y alcance de la
representación de la sociedad, y ii) si era legalmente capaz para comprometerse,
presentar propuestas y celebrar contratos.

• Observaciones sobre la carta de presentación del proponente y de las sanciones
al asociado Publicidad Sarmiento S.A.

• Respecto de la representación de dicha firma, agregó que faltaba la información
sobre la facultad para constituir válidamente su apoderado, además de las
atribuciones de que estaba investido, sus limitaciones y la facultad expresa para
otorgar válidamente poderes para que la empresa pudiera ser representada
legalmente.

• En cuanto al Registro Público de Sociedades Anónimas o el Registro Público de
Comercio, que aseveró la demandante que era el único documento idóneo para
demostrar su existencia, representación legal y la duración de la firma.

27. Y afirmó que el a quo, en vez de reconocer las omisiones de la entidad
demandada en dar respuesta a las anteriores observaciones, se dedicó en la
sentencia a redactar argumentos en contra de lo demostrado por la actora, como si
estuviera contestando la demanda.

28. En seguida, la apelante, reiterando los argumentos que había expuesto en su
demanda, se refirió a diversas disposiciones del pliego de condiciones, como la que
exigía que las formas asociativas debían adjuntar a la propuesta los documentos
establecidos en el pliego de condiciones (num. 2.5), el plazo límite para subsanar
(num. 4.11) y la admisión o rechazo de las propuestas (num. 5.9).

9

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

29. Luego, sostuvo que no era cierto lo afirmado por el a quo, en el sentido de que
los documentos aportados por la sociedad Publicidad Sarmiento S.A. en su
propuesta cumplían con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y
en la legislación colombiana, pues para que un documento público otorgado en el
extranjero sea válido y legal en Colombia debe cumplir ciertos requisitos (que el
certificado hubiese sido debidamente autenticado por el cónsul de Colombia en
Argentina, que la firma del cónsul fuera abonada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, que el cónsul hiciera constar que existe la sociedad y que
ejerce su objeto conforme a las leyes de Argentina y que el certificado haya sido
legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores) y que, en el presente caso,
no fueron reunidos tales requisitos por los siguientes documentos, aportados por la
mencionada sociedad: i) el certificado expedido el 21 de marzo de 2006 por la
Directora de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno, Provincia de Mendoza,
de la República de Argentina; ii) el “Protocolo de Testimonio” y/o la Escritura de
Testimonio de Protocolo del 13 de marzo de 2006 proferido por la Notaría Ciento
Treinta y Ocho de Capital y iii) los Estatutos de la sociedad Publicidad Sarmiento
S.A. aportados a la propuesta.

30. Reiteró que la existencia y representación legal de la referida sociedad no fue
demostrada, pues el documento aportado sólo probó su inscripción, más no la
totalidad de calidades y cualidades de la sociedad, no certifica su objeto social, su
representación, las facultades del representante legal, su duración o limitaciones
para obligarse y que el único documento idóneo y válido en la Provincia de Mendoza
(Argentina) para probarlos era el Registro Público de Sociedades Anónimas
expedido por la Directora de Personas Jurídicas de Ministerio de Gobierno de
Gobierno, Provincia de Mendoza -que es distinto a un simple certificado- o el
Registro Público de Comercio. Y que la norma argentina a la que aludió el a quo,
que permitía cualquier medio de prueba, se refería a la sociedad no constituida
regularmente, por lo que no era aplicable al presente caso.

31. Además de lo anterior, el certificado aportado, proveniente de la referida
funcionaria argentina -que el a quo consideró prueba suficiente para la
demostración de la existencia de la sociedad-, no cumplió con lo exigido en el
Capítulo 2) del pliego, pues en el mismo no consta el objeto de la sociedad, si ésta
se encontraba vigente para 2006, si era legalmente capaz para comprometerse,
presentar propuestas y celebrar contratos, no se indicó el nombre de la persona
que llevaba la representación legal de la persona jurídica extranjera, no se
mencionaron los términos y el alcance de dicha representación ni se demostró su
duración o vigencia.

10

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

32. En cuanto a la representación, la apelante adujo que en el ordinal 6 de numeral
4.5 del pliego exigía que se acreditara con el documento en que se confería y en el
que debían constar los términos y alcance de dicha representación. Además, el
numeral 2.3 determinaba que las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en
Colombia debían acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente
facultado para presentar la propuesta, celebrar el contrato y representarla judicial y
extrajudicialmente. Añadió que la sociedad Publicidad Sarmiento S.A. no presentó
certificación de la autoridad legal correspondiente y pretendió acreditar esta
información aportando un “Protocolo de Testimonio” a través del cual el señor
Eduardo Raúl Terranova otorga un poder especial ante la Notaría 138 de la
Provincia de Mendoza (Argentina) a los señores Marcos Guillermo Victoria y Emilio
Saurina “para que formalicen contratos de constitución de sociedades y/o uniones
transitorias de empresa cuyo objeto entre otros será la realización de actividades
de suministro, instalación, montaje, mantenimiento, reposición y explotación del
mobiliario urbano de la Ciudad de Medellín, Colombia”, y que no existía en la
propuesta ningún documento idóneo que certificara que el señor Terranova era
realmente el representante legal de esa sociedad ni se conocen sus atribuciones y
capacidad legal para comprometerla ni se puede acreditar la validez de la
representación por parte de las personas mencionadas para la finalidad allí
descrita.

33. Afirmó que el referido “Testimonio de Protocolo” -al que el a quo consideró que
se le debía dar todo el valor probatorio- no reemplazaba a los documentos
legalmente necesarios para la acreditación de la existencia y representación de la
sociedad argentina -según los artículos 4, 5, 7 y 8 de la Ley 19.550-; además, no
se aportaron los documentos que el notario dijo haber tenido a la vista y en él no
consta el domicilio de los apoderados en Colombia, que eran “calidades y/o
condiciones de participación” cuyo incumplimiento llevaba al rechazo de la
propuesta.

34. Así mismo, rechazó lo manifestado por el a quo, quien consideró que no era
exigible la acreditación de un apoderado domiciliado en Colombia respecto de
Publicidad Sarmiento S.A., pues ese requisito se predicaba del proponente, que lo
era la Promesa de Asociación Futura CAS MOBILIARIO S.A., ya que el numeral
2.3 del pliego establece ese deber para las personas jurídicas extranjeras sin
sucursal en Colombia y el ordinal 6 del numeral 4.5 dispuso que todos los miembros
de los consorcios, uniones temporales o formas asociativas debían adjuntar los
mismos documentos que acreditaran la existencia y representación que se exigían
en los pliegos para las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,
según correspondiera.

11

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

35. Por otra parte, insistió en que la duración de la firma Publicidad Sarmiento S.A.
tampoco fue comprobada, siendo que era un requisito legal -inc. 2º del art. 6 de la
Ley 80 de 1993- y del pliego de condiciones que las personas jurídicas nacionales
o extranjeras acreditaran que su duración se extendía por lo menos por el plazo del
contrato y un año más.

36. Ante esa deficiencia, la entidad le pidió al proponente que allegara el documento
que acreditara esa duración, es decir, que le permitió aportar una información que
no existía en la oferta -los estatutos de la sociedad-, lo que conllevaba a que la
mejorara, actuación que no correspondía a lo que podía ser objeto de subsanación.
Por ello, estima que se equivocó gravemente el Tribunal al darle esta connotación
y establecer que no se trataba de un requisito de la oferta, que fuera esencial para
efectuar la respectiva comparación entre las presentadas, pues en el numeral 5.9
del pliego de condiciones, entre las causales de rechazo, se estableció el
incumplimiento de cualquiera de las calidades y/o condiciones de participación
indicadas en el capítulo 2 del pliego, y precisamente en éste, numeral 2.3, se
encuentra el requisito, para ser presentado con la oferta, de la duración de la
sociedad, el cual no fue cumplido en aquella de la que hacía parte la sociedad
extranjera tantas veces mencionada, a pesar de que era un requisito necesario para
la comparación de las propuestas, por cuanto hacía referencia a su capacidad para
contratar.

37. Además de lo anterior, consideró que aún si se aceptara que la duración de la
sociedad es un requisito subsanable, lo cierto es que tendría que haberse probado
con el documento idóneo, que no lo eran los estatutos de la sociedad sino la
certificación expedida por la autoridad competente en donde conste ese hecho, por
haber sido registrado con anterioridad.

38. Por otra parte, reiteró la apelante que el Balance General del año 2004,
presentado por Publicidad Sarmiento S.A., no podía servir de prueba y que la
entidad, contrariando el mismo pliego de condiciones, aceptó los estados
financieros que presentó a 31 de octubre de 2004, cuando el requisito era que
fueran a 31 de diciembre de ese año -anotando que el pliego establecía que la
omisión de estos documentos no era subsanable- y a pesar de que, desde el año
2003, esa sociedad no presentaba estados financieros en su lugar de domicilio,
como pudieron constatar abogados de la demandante que viajaron a Argentina y
obtuvieron valiosa información2 que sólo pudo ser puesta en consideración del

2
Certificación expedida el 10 de mayo de 2006 por la Directora de Personas Jurídicas del Ministerio
de Gobierno de la Provincia de Mendoza, es decir, 7 días antes de la adjudicación del contrato, en
la que se expuso, según el recurso de apelación: “De conformidad con lo solicitado en oficio librado
… me dirijo a Uds. para informarles que en esta Dirección de Personas Jurídicas se encuentra
inscrita la firma “PUBLICIDAD SARMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA” … la entidad ha presentado el

12

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

Secretario de Obras Públicas de Medellín el día de la audiencia de adjudicación,
circunstancia a la que el a quo restó importancia afirmando que la entidad no pudo
conocer esa información al momento de evaluar las ofertas.

39. Y sostuvo que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, el Balance General
solicitado, tratándose de sociedades extranjeras y según el pliego de condiciones
(pg. 26), sí debía estar debidamente legalizado de conformidad con la cartilla
expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre lo cual afirmó:

Y prosigue el Tribunal argumentando a favor de la Demandada, cuando
considera que “en el pliego de condiciones que rigió la Licitación Pública
Internacional no se exigió la legalización de los estados financieros” lo
cual no es cierto por cuanto el Pliego de Condiciones exigió:

“4.9.1. BALANCE GENERAL”

“El proponente deberá presentar el balance general debidamente clasficado
que contenga las variables y rubros solicitados en el FORMULARIO 4.1, a
diciembre 31 de 2004, en moneda legal colombiana por ser esta la unidad
contable por expresa disposición legal, debidamente firmado por el
representante legal y el contador público. Se deberá adjuntar fotocopia legible
de la tarjeta profesional expedida por la Junta Central de Contadores de
Colombia”.

Y en la página 26 de los Pliegos de Condiciones, se lee:

“El proponente extranjero, persona natural o persona jurídica, deberá
diligenciar el FORMULARIO 4.1 el cual deberá ser firmado por el
representante legal o apoderado debidamente autorizado y por su revisor fiscal
o su equivalente, documento que deberá ser debidamente legalizado de
conformidad con la cartilla expedida por el Ministerio de Relaciones
Exteriores.”

Lo anterior desvirtúa totalmente la afirmación del a-quo, ya que SÍ era
indispensable que los Estados Financieros o el Balance General deba estar
debidamente legalizados.

De acuerdo con lo anterior, se debe concluir que el Balance General presentado
en Colombia por la firma Publicidad Sarmiento S.A., no cumple las exigencias
del Pliego de Condiciones por cuanto:

● Era una obligación que debían cumplir “de cada uno de sus integrantes”
● Tiene corte a octubre 31 de 2004 cuando el Pliego exige que sean a 31 de
diciembre de 2004;
● Debían presentarse en pesos colombianos;
● No fueron legalizados en Argentina de conformidad con la cartilla expedida
por el Ministerio de Relaciones Exteriores;
● Constituye un documento privado sin ningún valor probatorio ni validez para
cumplir con lo exigido en el Pliego de Condiciones; y
● Son documentos que no podían ser subsanables, como lo dice el Pliego: “La
omisión de estos documentos NO será subsanable”.

Nótese pues nuevamente, como la entidad contratante pisoteó la normatividad
legal vigente para la época en materia de contratación al pasar por alto las
graves acusaciones presentadas, demostradas y probadas por mi representada
en la audiencia de adjudicación del proceso licitatorio en cuestión, pues es muy

último balance cerrado el 31/10/2003, ADEUDA la presentación de los balances correspondientes a
los ejercicios económicos cerrados el 31/10/2004 y 31/10/2005; …”.

13

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

claro lo establecido en el numeral 10 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 que
reza: (...)

40. A juicio de la recurrente, era un deber de la entidad demandada suspender la
audiencia de adjudicación para revisar, considerar y valorar las observaciones que
en ella se hicieron respecto de la oferta presentada por Publicidad Sarmiento S.A.
y, al no haber sucedido y haberse escogido la propuesta de la que hacía parte dicha
sociedad, está plenamente probada la vulneración de los principios de
transparencia, igualdad y selección objetiva que rigen las actuaciones en materia
de contratación estatal. En consecuencia, reiteró su solicitud de que sea revocada
la sentencia de primera instancia y se declare la nulidad tanto del acto de
adjudicación como del contrato celebrado y que se le indemnicen los perjuicios
sufridos, por valor de $8.000’000.000, por concepto de perjuicios morales y
materiales.

Trámite en segunda instancia

41. Después de admitido el recurso mediante el auto del 8 de septiembre de 2017,
se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
lo de su cargo, oportunidad en la cual únicamente intervino en forma oportuna3 la
demandante, en escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos a lo largo del
proceso sobre la ilegalidad del acto de adjudicación, por haber recaído en una oferta
en la que uno de los asociados no cumplía con los requisitos del pliego de
condiciones y, por lo tanto, ha debido ser rechazada (fls. 791, 793 y 794, c. ppal.).

CONSIDERACIONES

Jurisdicción y Competencia

42. En virtud de lo dispuesto en el artículo 82 -modificado por el art. 1º de la Ley
1107 de 2006- del Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 19844-, le
corresponde al Consejo de Estado conocer del presente asunto, toda vez que las
pretensiones de la demanda versan sobre la pretendida nulidad absoluta del
contrato estatal de concesión No. 4600000102 del 23 de junio de 2006 celebrado
por el municipio de Medellín y la validez del acto administrativo de adjudicación de

3
El Ministerio Público presentó concepto el 23 de noviembre de 2017, es decir en forma
extemporánea, pues el término concedido a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos
corrió entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre de 2017 (f. 813 y 815, c. ppl.).
4
La Ley 1437 de 2011, “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”(CPACA), en su art. 308 dispone: “Este Código sólo se aplicará a los procedimientos
y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. // Los procedimientos y las actuaciones
administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán
rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”, razón por la cual el CPACA
no es aplicable al proceso de la referencia, toda vez que la demanda fue presentada el 22 de marzo
de 2011, cuando aún no había entrado a regir.

14

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

dicho contrato, Resolución No. 076 del 17 de mayo de 2006 expedida por la misma
entidad.

43. Así mismo, la Sala tiene competencia para conocer en segunda instancia del
presente proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 129 -modificado por
el artículo 37 de la Ley 446 de 1998- del C.C.A., norma vigente al momento de
presentación de la demanda, según la cual el Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, es competente para conocer, en segunda instancia, de
las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en
primera instancia5.

La legitimación en la causa

44. La sociedad Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia S.A. – EUCOL
S.A., está legitimada en la causa por activa, toda vez que fungió como proponente
vencido en la Licitación Pública Internacional No. LP 048 de 2006 tramitada por el
municipio de Medellín y que dio lugar a la adjudicación y celebración del contrato
de concesión demandado en el sub-lite.

45. El municipio de Medellín se encuentra legitimado por pasiva, toda vez que fue
la entidad que expidió la Resolución de adjudicación No. 076 del 17 de mayo de
2006 dentro de la Licitación Pública Internacional No. LP 048 de 2006 a la oferta
presentada por la Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A., y celebró
posteriormente el Contrato de Concesión No. 4600000102 del 23 de junio de 2006.

Oportunidad de la demanda

46. La demanda fue presentada el 17 de junio de 2008, en ejercicio de la acción de
controversias contractuales, cuyas pretensiones principales apuntan a la
declaratoria de nulidad absoluta del Contrato de Concesión No. 4600000102 del 23
de junio de 2006 y de la Resolución de adjudicación No. 076 del 17 de mayo de
2006, así como al restablecimiento del derecho de la parte demandante.

47. Al respecto, se advierte que la mencionada pretensión de nulidad absoluta del
contrato, con fundamento en la ilegalidad del acto de adjudicación, fue presentada

5
De acuerdo con el artículo 132 –modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998- numeral 5º
del C.C.A., “Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
procesos: (…) 5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes y
de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su
finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”. En el presente caso, las pretensiones de la
demanda ascendieron a $8.000’000.000, mientras que, para el año de presentación de la demanda
-2008-, 500 SMLMV equivalían a $ 230.750.000, producto de multiplicar el salario mínimo legal de
ese año: $ 461.500 (Decreto 4965 del 27 de diciembre de 2007) por 500.

15

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

en forma oportuna, en virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 87
del C.C.A. -subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998-, conforme al cual:

Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la
actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y
de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta
(30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La
interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la
celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de
los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad
absoluta del contrato.

48. En el presente caso, se observa que la adjudicación de la licitación pública se
produjo en audiencia pública del 17 de mayo de 2006 (f. 205, c. 1) a la que asistió la
sociedad demandante EUCOL S.A., por lo que, a partir del día siguiente, empezaron
a correr los 30 días con los que contaban los proponentes inconformes para
presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
referida decisión. El contrato adjudicado se celebró el 23 de junio de 2006 (f. 169, c.
1), lo que significa que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 87 del C.C.A., la legalidad de dicha decisión solamente podía invocarse
como fundamento de nulidad absoluta del contrato.

49. Dicha pretensión de nulidad absoluta del contrato, conforme a lo dispuesto en
el inciso primero del artículo 87 del C.C.A., sólo es pasible de ser elevada mediante
la acción de controversias contractuales y, de acuerdo con lo dispuesto por el literal
e) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., tiene un término de caducidad de dos
años contados a partir de su perfeccionamiento; es decir que, en el presente caso,
dado que el contrato impugnado se suscribió el 23 de junio de 2006, a partir del día
siguiente empezó a correr el plazo para presentar la demanda y, por lo tanto,
culminaba el 24 de junio de 2008, lo que significa que, al haberlo sido el 17 de junio
de este último año, la misma fue oportuna en cuanto a las pretensiones anulatorias
del contrato demandado, fundadas en la ilegalidad del acto de adjudicación.

50. No sucede lo mismo en relación con las pretensiones de restablecimiento del
derecho, puesto que tal y como lo advirtió el a quo, si bien la acción de controversias
contractuales fue incoada oportunamente, de acuerdo con lo dispuesto por el literal
e) del numeral 10 del del artículo 136 del C.C.A.6, lo cierto es que la presentación
de la demanda se produjo por fuera de los 30 días hábiles dispuestos por el
legislador para la impugnación de los actos precontractuales, entre ellos el acto de
adjudicación, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, razón

6
“Artículo 136. Caducidad de las acciones. // 10. (…) // e) La nulidad absoluta del contrato podrá ser
alegada por las partes contratantes, por el Ministerio Público o cualquier persona interesada, dentro
de los dos (2) años siguientes a su perfeccionamiento. Si em término de vigencia del contrato fuere
superior a dos (2) años, el término de caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso
exceda de cinco (5) años, contados a partir de su perfeccionamiento”.

16

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

por la cual sólo procede estudiar la validez del contrato de concesión celebrado por
la entidad demandada, con fundamento en la legalidad o ilegalidad del acto de
adjudicación; pero de llegar a la conclusión de que son nulos tanto el acto como el
contrato, no habría lugar a estudiar la indemnización de perjuicios pedida por la
parte actora, puesto que, respecto de esta pretensión, habría que predicar su
extemporaneidad.

51. En efecto, tal y como lo estableció la jurisprudencia, en virtud del cambio
introducido por la Ley 446 de 1998, una vez celebrado el contrato adjudicado ya no
sería posible su demanda independiente a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho sino únicamente mediante la interposición de la acción
de controversias contractuales7:

Ahora bien, como en este caso el acto administrativo de adjudicación fue
comunicado al oferente con posterioridad a la fecha de celebración del
correspondiente contrato estatal, sin perjuicio de las críticas que tal conducta
pueda merecer, se impone la solución legal prevista en la norma transcrita, esto
es, que debe demandarse la nulidad absoluta del contrato, para lo cual no solo
están legitimados quienes lo suscribieron, sino también, el Ministerio Público y
cualquier tercero que acredite un interés directo8, pues así lo consagra en el
inciso tercero de la citada disposición y el literal e), numeral 1º, del artículo 136
del C.C.A.

Acudiendo a ésta última disposición, también se establece, que la acción
procedente para demandar la nulidad absoluta del contrato es la que
corresponde al proceso ordinario contractual, regulada en el inciso primero del
artículo 87 del C.C.A, a través de la cual los demandantes pueden pretender,
además de la declaratoria de dicha nulidad, “que se hagan las declaraciones,
condenas y restituciones consecuenciales”.

El término de caducidad de la acción contractual, cuando se pretende obtener
la declaratoria absoluta del contrato, es de dos años, contados a partir del día
siguiente a su perfeccionamiento (artículo 136, numeral 1º, literal e), del C.C.A.).

Así las cosas, si la Unión Temporal pretende obtener la indemnización de los
perjuicios causados en virtud de la adjudicación del contrato, para el cual licitó,
a otro oferente, no puede desconocer la naturaleza jurídica de dicho acto, pues,
se reitera, el acto de adjudicación es un acto previo a la celebración del contrato
y por lo tanto, su impugnación se rige por el artículo 87 del C.C.A.

Luego, como no puede acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista de forma específica en dicha norma, puesto que cuando tuvo
conocimiento de la resolución de adjudicación, el contrato ya había sido
celebrado, deberá intentar la acción contractual descrita y reclamar allí la
indemnización de perjuicios a la que dice tener derecho, puesto que dicho
mecanismo procesal permite formular esta clase de pretensiones, según se
desprende del artículo 87 del C.C.A.

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 7 de febrero
de 2002, expediente 21615, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.
8
[1] “Se entiende que tal interés debe ser distinto de aquel que en principio tiene toda persona de
salvaguardar el orden jurídico; se sigue entonces que quien demanda debe verse afectado o
perjudicado con la suscripción del contrato que se pretende anular; por ende dicha situación no se
presume, sino que quien la alegue debe acreditarla, por lo menos sumariamente, al momento de
presentar la demanda. Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 13 de diciembre de 2001.
Expediente No. 20.737”.

17

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

Las consideraciones precedentes, impiden acoger los argumentos mediante los
cuales el apoderado de la parte actora se opone a la decisión del a quo, puesto
que, la normatividad vigente al momento en que se produjo el acto
administrativo que se pretende impugnar, es absolutamente clara al establecer
los mecanismos procesales con los cuales se cuenta para atacar la legalidad
de los actos administrativos previos a la celebración del contrato, así como para
procurar las reparaciones correspondientes.

En efecto, si bien el parágrafo primero del artículo 77 de la Ley 80 de 1993,
establece que el acto de adjudicación podrá impugnarse mediante el ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es también cierto que
condiciona su ejercicio a lo dispuesto sobre el particular en el Código
Contencioso Administrativo, estatuto en el cual, como ha quedado establecido,
se regula de forma específica lo concerniente a la solución judicial de las
controversias que se susciten frente a los actos administrativos proferidos antes
de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual,
regulación que indiscutiblemente se aplica al acto de adjudicación, pues éste
comporta dicha naturaleza.

De otra parte, como bien se infiere del contenido del artículo 87 del C.C.A, inciso
primero, es perfectamente posible formular, en el proceso ordinario contractual,
pretensiones tendientes a obtener la indemnización de perjuicios, si se estima
que a ella se tiene derecho, luego, no es cierto que esta sea excluyente de la
de nulidad absoluta del contrato. (Las subrayas no son del texto original)9.

52. Y si bien en ejercicio de la acción de controversias contractuales, era posible
elevar pretensiones indemnizatorias a título de restablecimiento del derecho cuando
se demandaba la nulidad absoluta del contrato con fundamento en la ilegalidad del
acto de adjudicación, ello resultaba factible únicamente en tanto la demanda se
hubiera presentado dentro de los 30 días otorgados por el legislador para la
impugnación de los actos precontractuales, pues en tal caso lo que opera es una
acumulación de pretensiones, en los términos autorizados por el artículo 7o de la
Ley 446 de 199810, que resulta procedente siempre que no hubiere operado la
caducidad para ninguna de ellas11.

9
Observa la Sala que, en esta providencia, se resolvió el recurso de apelación interpuesto por
la parte actora en contra del auto que rechazó la demanda por encontrar configurada la caducidad
de la acción incoada, que fue la de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto de
adjudicación de una licitación. El apelante adujo que, en estos casos, la norma aplicable no lo era el
inciso segundo del artículo 87 del C.C.A., sino el parágrafo 1º del artículo 77 de la Ley 80 de 1993,
que específicamente establecía la procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el acto de adjudicación según las reglas del C.C.A., por lo que, el término de
caducidad de la acción era de 4 meses contados a partir de la publicación, notificación, comunicación
o ejecución del acto, según el caso. De modo que, lo que estableció el Consejo de Estado en el auto
citado y en el que confirmó la decisión del a -quo, fue que sí resultaba aplicable el inciso segundo
del artículo 87 del C.C.A.: “(…) por tratarse de un acto previo a la celebración del contrato, o
separable de éste, es impugnable a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 87 del C.C.A., modificado por el artículo
32 de la ley 446 de 1998, norma vigente al momento en que se produjo el acto administrativo
demandado”, pero al encontrar que el contrato se celebró antes de que fuera comunicado al oferente
el acto de adjudicación, “(…) se impone la solución legal prevista en la norma transcrita, esto es, que
debe demandase la nulidad absoluta del contrato, para lo cual no solo están legitimados quienes lo
suscribieron, sino también, el Ministerio Público y cualquier tercero que acredite un interés directo”;
pero, como en el caso concreto se ejerció la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por
fuera de los 30 días a los que refiere la norma, era evidente la extemporaneidad de la demanda.
10
“Art. 7o. En todos los procesos Contencioso Administrativos procederá la acumulación de
pretensiones en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil, así como la acumulación
de procesos a instancia de cualquiera de las partes o de oficio, en los casos establecidos en el mismo
Código”.
11
“En consecuencia, al amparo de la acumulación de pretensiones -cuya finalidad es disminuir el
número de litigios, respaldando la economía procesal y evitando que se profieran fallos
contradictorios- no es posible revivir la oportunidad para ejercer el derecho de acción, cuya

18

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

53. En consecuencia, si la demandante pretendía obtener el restablecimiento del
derecho desconocido o conculcado por el acto administrativo de adjudicación, ha
debido presentar la demanda dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de
la decisión, independientemente de que se hubiera celebrado o no el respectivo
contrato, puesto que la acción que, en principio, procedía para la impugnación del
acto precontractual, era la de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de ese
término de caducidad.

54. Ahora bien, lo que la norma dispuso, frente a la celebración del contrato antes
de que transcurrieran esos 30 días, fue que, en tal caso, ya no se podía demandar
directamente el acto en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, sino que su ilegalidad sólo podría plantearse como causal de nulidad
absoluta del contrato, la que sólo puede pedirse a través de la acción contractual.

55. No obstante, esto no puede interpretarse como si el legislador hubiera dejado
en manos de los proponentes la posibilidad de escoger la acción a incoar para
reclamar los supuestos perjuicios sufridos por la no adjudicación del contrato, lo que
llevaría a la posibilidad, así mismo, de que aún si éste se celebrara una vez vencidos
los 30 días de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
todavía pudieran aquellos proponentes demandar en acción contractual y pedir
dicha indemnización, conclusión que riñe con la perentoriedad de los términos de
caducidad de las acciones.

56. En el presente caso, se advierte que el acto de adjudicación fue proferido en
audiencia pública el 17 de mayo de 2006 y el contrato adjudicado se celebró pasado
más de un mes, el 23 de junio de 2006, mientras que la demanda fue presentada
por EUCOL S.A. el 17 de junio de 2008, lo que evidencia, a juicio de la Sala, la
extemporaneidad de su reclamación económica.

Problema jurídico a resolver

57. Teniendo en cuenta el objeto del recurso de apelación presentado por la parte
demandante y los hechos probados en el proceso, corresponde a la Sala establecer
i) si el fundamento jurídico que fue decisivo del fallo de primera instancia -normas y
jurisprudencia- no resultaba aplicable al caso por ser posterior a los hechos; ii) si
era procedente la acreditación de los requisitos del pliego con los documentos

procedencia se encuentra limitada por la caducidad. La finalidad consiste en proteger la seguridad
jurídica y evitar que las relaciones jurídicas permanezcan en indefinición, buscando la estabilidad del
sistema jurídico. De esta manera, la caducidad, como regla de orden público, no puede ser
excepcionada bajo el supuesto de la acumulación de pretensiones, sin importar la cercanía o
conexidad que exista entre dos litigios” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 3 de junio de 2015, rad. 05001 23 31 000 1995 00613
01(31211), C.P. (E) Olga Mélida Valle de De La Hoz.

19

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

aportados por el proponente Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A., a
solicitud de la entidad y iii) si se acreditaron, efectivamente, los requisitos del pliego
de condiciones cuya prueba echó de menos la apelante.

58. En caso de que se concluya afirmativamente sobre la nulidad del acto de
adjudicación y del contrato demandados, no será objeto de estudio la indemnización
de perjuicios pedida en la demanda, dado que, como ya se explicó, esta pretensión
fue extemporánea.

59. Por otra parte, advierte la Sala que la apelante incluyó en su recurso un
argumento de ilegalidad del acto administrativo de adjudicación demandado, que no
planteó en su demanda y que, por lo tanto, no puede ser analizado por el ad-quem.

60. En efecto, se observa que, tal y como se dio cuenta de ello en los antecedentes,
la parte actora adujo en la demanda que los balances de la sociedad Publicidad
Sarmiento S.A. presentados con su oferta por el proponente Promesa de Asociación
Futura CAS Mobiliario S.A., no fueron legalizados en Argentina como correspondía,
pero en la sustentación de este cargo, se refirió a la necesidad de que los balances
aportados estuvieran debidamente inscritos en la Dirección de Personas Jurídicas
del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Mendoza, pues de lo contrario serían
documentos privados sin ningún valor probatorio ni validez para cumplir con el
pliego de condiciones, requisito que no cumplían los aportados en la licitación por
dicho proponente.

61. Sin embargo, en el recurso de apelación, como también se vio, el recurrente
adujo que esa deficiencia advertida respecto de los balances presentados obedecía,
entre otras cosas, a que “No fueron legalizados en Argentina de conformidad con la
cartilla expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores”, argumento que en parte
alguna de la demanda se propuso ni en la sentencia de primera instancia se abordó.

62. El recurso de apelación está dirigido a controvertir los argumentos del juez de
primera instancia que sirvieron de fundamento a su decisión, mediante la
exposición, por parte del apelante, de las razones por las cuales no está de acuerdo
con tales planteamientos del a quo y considera, por lo tanto, que fue equivocada la
forma en que resolvió la controversia. Por ello, resulta improcedente plantear en el
recurso nuevos cargos y hechos que no fueron aducidos en el libelo introductorio,
no se discutieron en el proceso ni la parte demandada tuvo la oportunidad de
controvertirlos, de modo que tenerlos en cuenta en esta instancia, se traduciría en
una vulneración del debido proceso, en cuanto ello comporta una variación de la
causa petendi que impone al juez de la segunda instancia confirmar la decisión

20

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

recurrida, so pena de la vulneración de la regla de la congruencia consagrada en el
artículo 305 del Código de Procedimiento Civil12.

63. En consecuencia, dado que el referido cargo no hizo parte de los argumentos
de ilegalidad del acto administrativo impugnado que se plantearon en la demanda,
resulta extemporáneo y no será objeto de análisis en la presente providencia.

I- Fundamento jurídico del fallo de primera instancia

1.1. Las Leyes 1150 de 2007 y 1508 de 2012:

64. El apelante aseguró que la sentencia de primera instancia se fundó en las Leyes
1150 de 2007 y 1508 de 2012, posteriores a la adjudicación y celebración del
contrato objeto de la presente controversia y, por lo tanto, inaplicables para su
resolución. Así mismo, que el Tribunal se refirió a jurisprudencia relacionada con la
aplicación de las normas sobre caducidad de la acción en los eventos de
impugnación del acto de adjudicación de los contratos sujetos al Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), que no correspondía a la
que regía para la época de los hechos.

65. Al respecto, observa la Sala que la decisión contenida en la sentencia de primera
instancia no se fundó en las disposiciones de la referida ley, puesto que la única
alusión que se hizo a la misma fue al citar, para tener en cuenta en su decisión, el
artículo 22 de la Ley 80 de 1993, el cual disponía que las personas jurídicas sin
domicilio en Colombia debían acreditar su existencia y representación legal
conforme a las normas de su país, debidamente legalizados, para aclarar enseguida
que dicha norma fue derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. Así mismo,
se advierte que la decisión de primera instancia se fundó en lo dispuesto por el
numeral 15 del artículo 25 y el numeral 7 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, sobre
la posibilidad de subsanar las propuestas.

66. La misma situación se advierte en relación con la Ley 1508 del 10 de enero de
2012 –“Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público
Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras
disposiciones”, la cual fue mencionada en la sentencia de primera instancia en sus
páginas 30 y 51 (f. 743 vto. y f. 754, c. ppl.) únicamente para aclarar que el parágrafo
segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 había sido derogado expresamente

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A: Auto
del 14 de octubre de 2015, exp. 48502, C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 24 de septiembre
de 2020, exp. 44707, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 19 de junio de 2020, exp.
49572, C.P. María Adriana Marín y sentencia del 18 de marzo de 2024, rad.
23001233100020110021901 (65580) C.P. María Adriana Marín.

21

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

por el artículo 39 de la Ley 1508 de 201213, norma aquella que “(…) permitía a las
personas interesadas en celebrar un contrato de concesión presentar diversas
posibilidades de asociación con otra u otras personas naturales o jurídicas, cuyo
concurso consideran indispensable para la cabal ejecución del contrato en sus
diferentes aspectos, pero ‘Una vez expedida la resolución de adjudicación y
constituida en legal forma la sociedad de que se trate, el contrato de concesión se
celebrará con su representante legal’”, disposición que el a quo tuvo en cuenta en
su decisión, es decir, que la sentencia del Tribunal no se fundó en leyes posteriores,
sino en las disposiciones de la Ley 80 de 1993, vigente para la época de los hechos.

1.2. La jurisprudencia aplicada por el a quo

67. Dijo el apelante que el Tribunal aplicó las siguientes sentencias del Consejo de
Estado, proferidas con posterioridad a los hechos objeto del presente proceso (f.
760, c. ppl.):

1.2.1. Sentencias del 13 de noviembre de 2013, del 29 de enero de 2014, del 24
de octubre y del 9 de noviembre de 2016 y del 22 de febrero de 2017 (pie de
página 25) al tratar el tema “Caducidad de la acción respecto del acto
administrativo de adjudicación del contrato estatal”.

68. Al respecto, advierte la Sala que resulta inane este argumento de la apelación,
toda vez que la denegatoria de las pretensiones no se derivó de la aplicación de la
jurisprudencia citada por el recurrente, sino que obedeció a la circunstancia de que
el a quo no encontró probada la ilegalidad del acto de adjudicación que se adujo en
la demanda ni, por ende, del contrato cuya nulidad absoluta se pidió que fuera
declarada, razón por la cual ni siquiera hubo oportunidad de establecer, en el caso
concreto, la improcedencia de la reclamación económica del demandante. Es decir
que lo sucedido en el fallo de primera instancia, no fue que el tribunal hubiera
encontrado que el acto de adjudicación y, por lo tanto, el contrato, fueron ilegales y
los hubiera anulado, procediendo a negar las pretensiones indemnizatorias con
fundamento en la jurisprudencia que citó en su decisión.

69. En consecuencia, este argumento se torna insuficiente para desvirtuar lo
decidido en la sentencia de primera instancia.

13
Dicha norma dispuso: “ARTÍCULO 39. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente ley deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias, en particular el parágrafo 2o del artículo 32 de la Ley
80 de 1993 y el artículo 28 de la Ley 1150 de 2007”.

22

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

1.2.2. Sentencias del 26 de febrero de 2014 (pág. 44) y del 12 de noviembre de
2014 (pie de página 29), del 26 de febrero de 2014, 29 de julio de 2015 y 20 de
febrero de 2017, (pie de página No. 36, 38 y 40), que tratan sobre la
“Subsanabilidad de las propuestas” y sentencia del 4 de junio de 2008 (pie de
página 35) respecto de los “requisitos que efectivamente dan lugar a la
asignación de puntaje”.

70. El cargo contra la sentencia de primera instancia se funda en que el tribunal,
con base en sentencias posteriores a los hechos, aceptó como ajustada a derecho
la actuación de la entidad demandada, consistente en haber permitido al
proponente Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A., so pretexto de
subsanarla, que mejorara su propuesta presentando documentos tendientes a
acreditar el término de duración de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A., que
hacía parte de la promesa de asociación futura.

71. La apelante aseguró que se trataba de un requisito insubsanable, a la luz de lo
dispuesto por el inciso segundo del artículo 6 de la Ley 80 de 1993, que se refiere
a la capacidad para contratar y que establece que “Las personas jurídicas
nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del
plazo del contrato y un año más”, exigencia que fue recogida por el pliego de
condiciones (num. 2.3), por lo que se debía entender que era un requisito de
carácter legal y de participación por estar consignado en el Capítulo 2 del pliego,
cuyo cumplimiento era obligatorio en la propuesta y la entidad no podía abstenerse
de exigirlo. No obstante, le solicitó a la sociedad el documento que acreditara la
información pertinente, no que subsanara, adicionara o aclarara el que hubiera sido
presentado, es decir que no se trató de subsanar la oferta sino de aportar una
información -los estatutos de la sociedad- que no existía dentro de la propuesta, lo
que conllevaba a mejorarla.

72. Frente a lo anterior, el a quo reconoció que los estatutos no habían sido
aportados con la oferta, pero sostuvo que, en virtud del requerimiento efectuado
por la entidad, los mismos fueron allegados, lo que resultaba procedente de
conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 y el artículo 30.7 de
la Ley 80 de 1993, así como el parágrafo del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 y
jurisprudencia posterior fundada en esta última norma. Lo anterior, a juicio de la
apelante, fue equivocado a la luz de lo dispuesto en el pliego de condiciones, pues
en su numeral 5.9 estableció como causal de rechazo de la oferta el incumplimiento
de cualquiera de las calidades y/o condiciones de participación indicadas en el
capítulo 2 del pliego y por cuanto la mencionada jurisprudencia fue posterior.

23

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

73. Al respecto observa la Sala que, aún cuando se referenció en la sentencia de
primera instancia la Ley 1150 de 2007 -aunque no debió hacerlo-, ello no vicia el
fallo, dado que la regla a la que aludió la norma citada, es igual a la contenida en la
Ley 80 de 1993, en cuanto a aquellos aspectos que son subsanables. En
consecuencia, la conclusión a la que arribó, en el sentido de considerar
debidamente subsanado el requisito de la duración de la sociedad fue correcta,
como se explica a continuación.

II- Acreditación de los requisitos del pliego con los documentos aportados
por el proponente Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A., a
solicitud de la entidad.

74. En el plenario obra el pliego de condiciones que rigió la Licitación Pública
Internacional LP-48 de 2006, cuyo objeto era el suministro, instalación, montaje,
mantenimiento, reposición y explotación del mobiliario urbano de la ciudad de
Medellín por el sistema de concesión (f. 277, c. 1).

75. En su numeral 5.9, “Admisión o rechazo de las propuestas”, estableció:

Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y
se ajuste al Pliego de Condiciones. Se considera ajustada al Pliego de
Condiciones, la propuesta que cumpla todos y cada uno de los requisitos
establecidos en los mismos.

Causales de rechazo de la propuesta: serán causales de rechazo de las ofertas
las siguientes:

a) Inhabilidad e incompatibilidad ara contratar (…).
b) Incumplimiento de cualquiera de las calidades y/o condiciones de
participación indicadas en el capítulo 2 del Pliego de Condiciones.
c) Adquirir el Pliego de Condiciones en forma o lugar diferente al
establecido.
d) Las propuestas basadas en un Pliego de Condiciones diferente al
oficial (…).
e) Cuando se presente más de una propuesta por un mismo
PROPONENTE (…).
f) La omisión del balance general y de la información financiera solicitada.
g) Incumplir con los parámetros financieros establecidos en los Pliegos
de Condiciones.
h) Acreditar un patrimonio inferior a Siete mil Setecientos millones de
pesos (…).
i) No subsanar o aclarar la información requerida en el tiempo establecido
en el pliego.
j) Ofrecer una contraprestación mínima garantizada inferior a SETECIENTOS
MILLONES (…).
k) Ofrecer un número de elementos inferior a los requeridos en el pliego
(…).
l) De conformidad con el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993,
“la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura
contratación o al proponente, NECESARIOS PARA LA COMPARACIÓN DE
PROPUESTAS, servirá de título suficiente para el rechazo de los
ofrecimientos hechos”.
m) Los demás casos expresamente establecidos en el Pliego de
Condiciones. (La Sala resalta).

24

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

76. Por su parte, el Capítulo 2 del Pliego de Condiciones, que establece los
requisitos de participación en la licitación, estableció, entre otros:

2.3. Las personas jurídicas nacionales o extranjeras deberán acreditar que su
duración se extiende por lo menos por el plazo del Contrato y un (1) año más.

77. Según consta en la Resolución de Adjudicación No. 076 del 17 de mayo de
2006 (f. 205, c. 1), mediante oficio No. 200600111302 del 3 de mayo de 2006, se le
solicitó a la Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A., que aportara el
documento que acreditara la información atinente al término de duración de la
sociedad Publicidad Sarmiento S.A. “por tratarse de un requisito subsanable a la
luz del artículo 25 de la Ley 80 de 1993” 14, a lo cual dicho proponente, mediante
comunicación con radicado 200600116210 del 8 de mayo de 2006, “(…) aportó los
estatutos de la referida sociedad, debidamente autenticados, legalizados y
apostillados, según los cuales, el término de duración de esta sociedad es de
noventa (90) años contados a partir del 17 de julio de 1970, fecha de su
constitución, es decir, hasta el año 2060”.

78. Al respecto, en el plenario obra la copia auténtica de la Escritura No. 14 del 12
de marzo de 2002, de la Notaria Titular del Registro Notarial No. 138 de Capital,
mediante la cual, entre otras cosas, se protocolizaron los estatutos de la sociedad
Publicidad Sarmiento S.A., por la notaria Anahi Carrascosa de Granata (f. 426 a 454,
Anexo Tomo 4).

79. En dichos estatutos -artículo 3-, consta que la duración de la sociedad
Publicidad Sarmiento S.A. será de 90 años a contar desde el 17 de julio de 1970,
fecha en la cual aquellos fueron aprobados por el Poder Ejecutivo de la Provincia
de Mendoza, por Decreto No. 2752170 (f. 438, vto., Anexo Tomo 4).

80. Enseguida, obra el documento de “Legalización” del Colegio Notarial de la
Provincia de Mendoza, del 9 de marzo de 2006, en el que se “legaliza” la firma y
sello de notario de la señora Carrascosa obrante en el documento anexo,
presentado bajo el número 990092 -correspondiente a la mencionada escritura-,
por concordar con las registradas en el Consejo (f. 455, Anexo Tomo 4).

14
En dicho oficio, suscrito por el secretario de Obras Públicas de la Alcaldía de Medellín y dirigido
al representante legal de la Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A., se consignó:
“Considerando las Observaciones presentadas por el proponente EUCOL S.A. y facultados por el
artículo 30 de la ley 80 de 1993 y el Pliego de Condiciones de la presente Licitación, cordialmente
nos permitimos solicitarle aportar los siguientes documentos: // 1. Documento mediante el cual se
acredite la duración de la empresa PUBLICIDAD SARMIENTO S.A. // 2. Documentos que aclaren e
ilustren sobre sanciones impuestas a PUBLICIDAD SARMIENTO S.A., así como a sus filiales o
subordinadas. // Los documentos anteriores deben allegarse dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes al recibo de la presente comunicación. En caso contrario, el Municipio de Medellín podrá
rechazar y eliminar su propuesta (Numeral 4.11)” (f. 153, c. anexo Tomo III).

25

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

81. En el respaldo del anterior documento, está impreso un sello de “APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)” de la Unidad de Coordinación de
Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto de Argentina.

82. El apelante cuestionó la validez de estos documentos, sosteniendo que los
mismos no fueron autenticados en la forma dispuesta por el Código de
Procedimiento Civil (C.P.C.) para los documentos extranjeros.

83. Al respecto, se observa que en el Anexo 6 del pliego de condiciones,
“INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA PROPONENTES EXTRANJEROS”, consta
(f. 380, c. 1):

1.1. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

(…) Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados
o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en
especial en los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo
480 del Código de Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997
proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

CONSULARIZACIÓN

(…)

APOSTILLE
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior,
de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite
de consularización señalado en este numeral, siempre que provengan de uno
de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de
1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos
extranjeros, aprobada por la citada Ley 455 de 1998. En este caso sólo será
exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se
avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen
(…).

84. Mediante la Ley 455 de 199815, se aprobó la "Convención sobre la abolición del
requisito de legalización para documentos públicos extranjeros", suscrita en La
Haya, el 5 de octubre de 1961.

85. En el artículo 1º de dicha Convención, se establece que:

(…) se aplicará a documentos públicos que han sido ejecutados en el territorio
de un Estado contratante y que deben ser exhibidos en el territorio de otro
Estado contratante.

Los siguientes son considerados como documentos públicos a efectos (…)

15
La cual fue promulgada mediante Decreto 106 de 2001, publicado en el Diario Oficial No. 44.304
del 25 de enero de 2001. El tratado y la ley fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional
en sentencia C-164 de 1999.

26

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

a) Documentos que emanan de una autoridad o un funcionario relacionado con
las cortes o tribunales de un Estado, incluyendo los que emanen de un fiscal,
un secretario de un tribunal o un portero de estrados;
b) Documentos administrativos;
c) Actos notariales;
d) Certificados oficiales colocados en documentos firmados por personas a
título personal, tales como certificados oficiales que consignan el registro de un
documento o que existía en una fecha determinada y autenticaciones oficiales
y notariales de firmas.

86. Y el artículo 2º dispone:

ARTICULO 2o. Cada estado contratante16 eximirá de legalización los
documentos a los que se aplica la presente Convención y que han de ser
presentados en su territorio. A efectos de la presente Convención, la
legalización significa únicamente el trámite mediante el cual los agentes
diplomáticos o consulares del país en donde el documento ha de ser presentado
certifican la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma
el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare.

87. En relación con la aplicación de esta normatividad, ha dicho la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo de Estado17:

El Código de Procedimiento Civil contiene normas en las cuales reconoce
validez a los documentos públicos otorgados en el extranjero por funcionario
extranjero o con su intervención, en tanto que se cumpla con el procedimiento
de autenticación por parte del cónsul o agente diplomático nacional, cuya firma
habrá de abonarse por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia;
también indica los requisitos para apreciar como prueba documentos que hayan
sido expedidos en idioma diferente al castellano.

(…) En tal sentido, cuando quiera que el documento público extranjero provenga
de un país en el cual esté vigente la convención referida18, bastará con que la
entidad competente de ese país lo apostille para que se presente válidamente
en Colombia ante la entidad que lo requiere.

88. Por su parte, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha manifestado19:

Al respecto, cabe señalar que de conformidad con lo previsto en Convención
sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos
Extranjeros, instrumento de derecho público ratificado por Colombia mediante
la Ley 455 de 1998, los documentos oficiales -entre los que se encuentran
aquellos de carácter notarial- proferidos en un estado contratante y que se
pretendan hacer valer en otro, no tendrán que ser legalizados, pues para su
valoración bastará con que sean debidamente apostillados por la entidad
competente del Estado del cual emanan.

16
De acuerdo con listado existente en la Cancillería de Colombia, Argentina es uno de los países
apostillantes, es decir que suscribió el tratado. Consultado en:
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2019/paises-apostilla.pdf el 24 de junio de
2024.
17
Concepto del 10 de agosto de 2015, rad.: 11001-03-06-000-2015-00118-00(2260), C.P.: Álvaro
Namén Vargas.
18
Se refiere a la "Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos
públicos extranjeros suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961”, comúnmente denominada
“apostilla”, la cual fue incorporada al derecho interno en virtud de lo dispuesto en la Ley 455 de 1998.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 13 de noviembre de 2014, rad. 25000-23-26-000-2002-02352-01(32420), C.P. Danilo
Rojas Betancourth.

27

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

89. De acuerdo con lo anterior, al constatar que los documentos aportados a
solicitud de la entidad se encontraban debidamente apostillados en la forma
autorizada por el tratado, la ley y el pliego de condiciones, es claro que el
proponente Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A. cumplió con el
requerimiento efectuado por la entidad, al aportar el instrumento que acreditaba el
cumplimiento del requisito exigido en el pliego, consistente en tener, todos y cada
uno de los miembros de esa forma asociativa, en caso de ser sociedades, un
término mínimo de duración igual al plazo de ejecución del contrato y un año más;
esto, si se tiene en cuenta que el plazo del contrato de concesión objeto de la
licitación tramitada y adjudicada en el año 2006, según el pliego de condiciones,
sería de 12 años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación
del contrato, la cual se produciría a su vez, dentro de los 10 días calendario
siguientes a la celebración del negocio jurídico.

90. Y en este punto, la Sala considera necesario hacer una distinción que es
obviada por el apelante, consistente en que, una cosa es el requisito exigido en el
pliego de condiciones, considerado en sí mismo, y otra cosa es la prueba o
acreditación de que tal requisito efectivamente es cumplido por los proponentes.

91. En el presente caso, el requisito era tener una duración de al menos el término
de ejecución del contrato a adjudicar y un año más, el cual, al momento del cierre
de la licitación, sí era cumplido por la sociedad Publicidad Sarmiento S.A., aunque
con la oferta no se aportó el documento que lo acreditara.

92. Así, se observa que, lo que daría lugar al rechazo de la oferta, de acuerdo con
lo establecido en el literal b) del numeral 5.9 del pliego de condiciones, sería que la
sociedad no tuviera la duración mínima exigida en el pliego de condiciones; y no,
que se hubiera omitido la prueba de dicho requisito -que fue lo sucedido en el caso
sub examine, puesto que, si bien la sociedad Publicidad Sarmiento S.A. contaba,
al momento de presentación de la oferta, con una duración superior a la exigida en
el pliego de condiciones, el proponente Promesa de Asociación Futura CAS
Mobiliario S.A. del que aquella hacía parte, no aportó con su oferta el documento
que así lo acreditara, aunque más adelante se subsanó esta omisión-, dado que,
como lo ha manifestado la jurisprudencia, “(…) para rechazar o descalificar una
propuesta la entidad pública debe sujetarse a determinadas reglas consistentes en
que las causales que dan lugar a ello se encuentren previamente establecidas en
la ley o deriven del incumplimiento de requisitos de la propuesta o de la omisión de
documentos referentes a la futura contratación que sean necesarios para la
comparación de las propuestas, de conformidad con lo establecido en el numeral
15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, puesto que la causa excluyente debe ser
razonable, esencial y proporcionada, toda vez que no tendría justificación excluir

28

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

una propuesta por una deficiencia que no tenga incidencia alguna en la
contratación”20.

93. En tales condiciones, teniendo en cuenta lo dispuesto por el segundo inciso del
numeral 15 del artículo 25 y los numerales 7º y 8º del artículo 30 de la Ley 80 de
1993 y en consideración a lo consignado en el mismo pliego de condiciones, era
perfectamente posible para la entidad, la solicitud que le hizo al proponente de
aportar la prueba del cumplimiento de la referida exigencia del pliego.

94. Las mencionadas normas establecen, expresamente, que “[l]a ausencia de
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al
proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos” -numeral 15 del artículo 25-
; que en los pliegos de condiciones la entidad señalará el plazo razonable para,
entre otras cosas, solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que
se estimen indispensables -numeral 7º del artículo 30- y que los oferentes pueden
presentar las observaciones que consideren pertinentes durante el traslado de la
evaluación de las ofertas, sin que en ejercicio de esta facultad puedan completar,
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas, normas sobre la cuales, como lo
sostuvo la Sala de Consulta y Servicio Civil de la Corporación, “[e]n la práctica
administrativa se asumía que el oferente podía válidamente allegar los documentos
que estimare necesarios para que su oferta fuera bien evaluada, siempre que no la
adicionara, completara, modificara o mejorara, según las voces del citado numeral
8°”21.

95. Y lo cierto es que lo aportado a solicitud de la entidad, fue exactamente eso: un
documento referente a uno de los miembros de la promesa de asociación futura
que había presentado la oferta, que no era necesario para su comparación, en
cuanto nada tenía que ver con los aspectos técnicos o económicos de lo ofrecido
ni era objeto de puntaje, de acuerdo con las disposiciones del pliego de
condiciones22. Y si bien el rechazo de la oferta procedía por el incumplimiento del
requisito en sí mismo, no lo era por el defecto de su prueba, dado que éste sí
resultaba subsanable, según lo dispuesto en la ley, y así aconteció, mediante la

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de
junio de 2008, Expediente 17783, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.
21
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1992 del 20 de mayo de 2010,
C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
22
En el numeral 5.6.3 del pliego, FACTORES DE EVALUACIÓN, se dispuso que el adjudicatario de
la licitación sería el proponente elegible que, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el
pliego, obtuviera el mayor puntaje de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación (f. 310, c. 1):
Valor de la propuesta económica 500 puntos; Elementos adicionales 150 puntos; Costo elementos
adicionales 100 puntos; Experiencia específica del proponente 200 puntos; Publicidad institucional
adicional 50 puntos, para un puntaje total de 1000 puntos.

29

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

aportación del documento que acreditaba la duración de una de las sociedades que
hacían parte de la promesa de asociación futura que presentó la oferta.

96. Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha dicho23:

Ahora bien, la Ley 80 de 1993 –vigente para la época de los hechos- también
permite que se pidan aclaraciones y explicaciones a los proponentes, cuando
la entidad lo estime indispensable, actuación que podrá llevarse a cabo durante
la etapa de evaluación de las ofertas24, autorización que debe entenderse en el
sentido de permitir que los proponentes, a solicitud de la entidad, presenten
explicaciones y aclaraciones sobre puntos de sus ofertas que, si bien son
indispensables para el cumplimiento cabal de los requisitos exigidos en el pliego
de condiciones, no sean necesarios para la comparación objetiva de las
ofertas25, es decir, no hagan parte de los factores de calificación, que serán
objeto del otorgamiento de puntaje, necesario para establecer qué proponente
obtiene el primer lugar en el orden de elegibilidad, por haber obtenido el más
alto.

Con lo anterior, lo que el legislador dispuso fue que, frente a omisiones formales,
adjetivas, que en nada inciden para la comparación objetiva de las ofertas, las
mismas, a petición de la entidad, puedan ser subsanadas.26

Dicho en otras palabras, podrán pedirse aclaraciones y explicaciones en
relación con requisitos que atañen a la persona misma del contratista, su
capacidad jurídica, su organización, etc., pero no respecto de aquellos
requisitos que, además, serán calificados con puntaje, ya que ello atenta
directamente contra la objetividad con la que deben ser evaluadas las ofertas,
y se traduce en la posibilidad de corregirlas y mejorarlas, en desmedro de los
oferentes que sí cumplieron a cabalidad con los requisitos calificables.

Es decir que, so pretexto de aclarar o explicar algún aspecto de la oferta, no se
puede permitir que la misma se modifique, adicione o mejore, pues se trata de
aclarar dudas en su presentación, y no de cambiar o corregir ciertos aspectos
de la propuesta y mucho menos, los factores de calificación; pues la

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 25 de octubre de 2019, rad. 25000-23-26-000-2007-00677-01 (39945), C.P. María
Adriana Marín.
24
[29] “El numeral 7º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, dispone: “De acuerdo con la naturaleza,
objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones o términos de referencia, se señalará el
plazo razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y
jurídicos necesarios para la evaluación de la propuestas y para solicitar a los proponentes las
aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables”.
25
[30] “Al respecto, se observa que el inciso 2 del numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993,
vigente para la época de los hechos –fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150/07-, disponía
que “La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al
proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el
rechazo de los ofrecimientos hechos” (Se subraya)”.
26
[31] “Refiriéndose a la Ley 80 de 1993, sostuvo la jurisprudencia: “(…) la nueva normativa incorporó
un valor diferente, incluso bajo la forma de principio del derecho contractual, que debía invertir o
reversar la lógica que regía los procesos de contratación. En virtud de ese nuevo pensamiento rector
de los procedimientos administrativos, en adelante las ofertas no podrían desestimarse por
irregularidades, insuficiencias o incumplimientos frívolos y triviales, en relación con las exigencias
que hiciera el ordenamiento jurídico y sobre todo el pliego de condiciones para cada proceso de
contratación. (…) Al amparo de esta disposición, la principal de las normas que se refieren al tema,
las entidades públicas ya no podían rechazar ofertas por aspectos puramente formales, en palabras
de la Ley: por requisitos “no necesarios para la comparación de propuestas”. La nueva filosofía del
derecho constitucional, recibida ahora como filosofía del derecho contractual, dispuso con total
claridad que las ofertas incompletas -por falta de requisitos o documentos- no se rechazarán
automáticamente por cualquier tipo de deficiencia; es necesario que la entidad estatal pondere la
decisión alrededor de un concepto jurídico indeterminado, que la conducirá a la decisión correcta: le
corresponde valorar si lo que falta es “necesario para la comparación de propuestas”, si concluye
que es indispensable debe rechazarla, pero si no lo es debe concederle al proponente la oportunidad
de subsanarla, para luego admitirla y evaluarla”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de febrero de 2014, expediente
25.804, C.P. Enrique Gil Botero”.

30

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

determinación de los criterios de evaluación y la ponderación de los factores de
calificación establecidos en los pliegos de condiciones, constituyen un aspecto
rígido e inmodificable de la licitación pública, que no puede alterarse o
modificarse con posterioridad a su apertura, y mucho menos después de
vencido el plazo para presentar ofertas, puesto que esto afectaría la
transparencia e igualdad de los licitantes27.

97. Por otra parte, debe recordarse que el pliego de condiciones ha sido
considerado la ley del proceso de selección y del futuro contrato28, por lo que sus
disposiciones obligan tanto a los proponentes como a la misma entidad que, en
virtud de la libertad de configuración que le asiste para ello, dentro de los límites
impuestos por la ley, los confeccionó como consideró más conveniente para ese
proceso de selección. En consecuencia, una vez cerrada la licitación, la
Administración no puede apartarse de las reglas que ella misma consignó en el
pliego para la evaluación –estudio y calificación- de las ofertas “…o inventarse
reglas, maneras o fórmulas de calificar que atiendan supuestos no contemplados
inicialmente (…) para imponerlas en la etapa de evaluación a los participantes
(…)29”. En el presente caso, el pliego que rigió la licitación cuya adjudicación se
cuestiona, dispuso lo siguiente (f. 298, 303 y 316, c. 1):

98. En el Capítulo 4 “CONDICIONES GENERALES Y DOCUMENTOS DE LA
PROPUESTA”, parte final de su numeral 4.5 “DOCUMENTOS DE LA
PROPUESTA”:

“De conformidad con el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, ‘la
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura
contratación o al proponente, NECESARIOS PARA LA COMPARACIÓN DE
PROPUESTAS, servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos”.

99. En el numeral 4.11:

PLAZO LÍMITE PARA SUBSANAR. De conformidad con lo dispuesto en la Ley
80 de 1993 Artículo 25, Numeral 15, inciso segundo, la omisión de los
documentos necesarios para la comparación de una oferta con las demás
impedirá tenerla en cuenta para la evaluación y posterior adjudicación del
contrato.

Los demás documentos solicitados en la propuesta y a los que no se hizo
referencia de manera específica si generan o no el rechazo de la misma, serán
subsanables de conformidad con los Pliegos de Condiciones, así como las
demás aclaraciones que sea necesario solicitar al Proponente, y serán
solicitados por el MUNICIPIO DE MEDELLÍN para que el proponente los allegue

27
[32] “Escobar Gil, Rodrigo; “Teoría General de los Contratos de la Administración Pública”, Legis
Editores S.A., 1ª ed., 1999, p. 80”.
28
Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencias del 29 de enero de 2004, expediente 10779 y del 30 de noviembre de 2006, Expediente
18059, C.P. Alier E. Hernández Enríquez; sentencia del 31 de octubre de 2007, expediente 15475,
C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2022, expediente
67733, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de
abril de 2006, expediente 16.041, C.P.: Ruth Stella Correa.

31

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

en un término perentorio no superior a TRES (3) días hábiles, contados a partir
de la fecha de recibo de la solicitud.

Si los documentos a los que se hace referencia no son subsanados o aclarados
dentro del término aquí estipulado, se rechazará la propuesta.

100. Y en el numeral 5.9, “ADMISIÓN O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS”:

Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y
se ajuste al Pliego de Condiciones. Se considera ajustada al Pliego de
Condiciones, la propuesta que cumpla todos y cada uno de los requisitos
establecidos en los mismos.

Causales de rechazo de la propuesta: serán causales de rechazo de las ofertas
las siguientes:

a) Inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la
Constitución Política o en la ley 80 de 1993, y demás normatividad legal.
b) Incumplimiento de cualquiera de las calidades y/o condiciones de
participación indicadas en el capítulo 2 del Pliego de Condiciones.
c) Adquirir el Pliego de Condiciones en forma o lugar diferente al
establecido.
d) Las propuestas basadas en un Pliego de Condiciones diferente al
oficial, el cual reposará en la Secretaría de Obras Públicas.
e) Cuando se presente más de una propuesta por un mismo
PROPONENTE se rechazarán ambas propuestas.
f) La omisión del balance general y de la información financiera solicitada.
g) Incumplir con los parámetros financieros establecidos en los Pliegos
de Condiciones.
h) Acreditar un patrimonio inferior a Siete Mil Setecientos millones de
pesos ($7.700’000.000)
i) No subsanar o aclarar la información requerida en el tiempo establecido en el
pliego
j) Ofrecer una contraprestación mínima garantizada inferior a SETECIENTOS
MILLONES ($700’000.000) de pesos anuales, a precios constantes de enero 1
de 2006.
k) Ofrecer un número de elementos inferior a los requeridos en el pliego,
según tipo.
l) De conformidad con el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, “la
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura
contratación o al proponente, NECESARIOS PARA LA COMPARACIÓN DE
PROPUESTAS, servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos”.

101. De acuerdo con lo anterior, la decisión contaba con suficiente respaldo legal,
es decir, que, por este aspecto, no hay lugar a revocar el fallo de primera instancia.

III- La acreditación de los requisitos del pliego con los documentos aportados
por el proponente Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A.

102. Como se advirtió al establecer el contenido del recurso de apelación, en este
se afirmó que los documentos aportados por el proponente, relacionados con la
sociedad Publicidad Sarmiento S.A., no cumplían con los requisitos exigidos por la
legislación colombiana para ser valorados, pues para que un documento público
otorgado en el extranjero sea válido y legal en Colombia, se requiere “a) Que el
Certificado hubiese sido debidamente autenticado por el Cónsul de Colombia en

32

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

Argentina; b) Que la firma del Cónsul fuera abonada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia; c) Que el Cónsul hiciera constatar (sic) que existe la
sociedad y que ejerce su objeto conforme a las leyes de Argentina y d) Que el
Certificado haya sido legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

103. Frente a esta afirmación, basta con reiterar que los documentos aportados en
el proceso licitatorio por la promesa de asociación -provenientes de un país
signatario de la Convención-, tal y como lo reconoció el a quo, fueron debidamente
apostillados de acuerdo con lo establecido en la "Convención sobre la abolición del
requisito de legalización para documentos públicos extranjeros", suscrita en La
Haya el 5 de octubre de 1961 y que fue aprobada en Colombia mediante la Ley 455
de 1998.

104. Y la jurisprudencia de la Sección, en relación con el punto, ha establecido:

En relación con los documentos expedidos en el exterior, el artículo 480 del
Código de Comercio30 exige como presupuesto necesario para que cuenten con
eficacia probatoria en Colombia, que se autentiquen ante el funcionario
competente, así como la firma de dicho funcionario por el Cónsul.

En esa misma dirección y en armonía con lo previsto en la norma legal
transcrita, el inciso final del numeral 4 del artículo 22 de la Ley 80 de 199331 -
que regula la figura del registro de personas extranjeras - dispone que “los
documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la
forma prevista en las normas vigentes sobre la materia”.

Así las cosas, resulta evidente que quien pretenda hacer valer en Colombia un
documento otorgado en el exterior debe satisfacer las exigencias previstas en
la disposición aludida, presupuestos que no constituyen un mero formalismo,
sino que configuran el procedimiento que el Legislador ha consagrado para que
una pieza documental que no ha sido otorgada en Colombia tenga valor
probatorio en el país. Lo anterior debe complementarse con lo previsto por la
Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos
públicos extranjeros, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1967 e incorporada
al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 455 de 1998, en cuanto
en dicho instrumento internacional se prevé la posibilidad de sustituir el
procedimiento de legalización por el de apostille del documento32.

105. Por lo anterior, debe entenderse que tales documentos sí fueron aportados en
debida forma y podían ser valorados por la entidad licitante en aras de establecer
si la sociedad Publicidad Sarmiento S.A. cumplía con los requisitos del pliego de
condiciones. En consecuencia, este argumento de la apelación resulta insuficiente
para infirmar la sentencia de primera instancia.

30
[41] “Artículo 480. Los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios
competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el
cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de los establecidos en
convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.
Al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la
sociedad y ejerce su objeto conforme a las reglas del respectivo país”.
31
[42] “Artículo sustituido por el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007”.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 10 de julio de 2013, rad. 25000-23-26-000-1998-01305-01(23837), C.P. Hernán
Andrade Rincón.

33

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

106. Ahora bien, en relación con los requisitos echados de menos por el recurrente,
se observa lo siguiente:

107. Para acreditar la existencia y representación legal de la sociedad Publicidad
Sarmiento S.A., se aportó con la propuesta de la promesa de asociación una
certificación legalizada, del 21 de marzo de 2006, suscrita por la señora María Elena
Sottano, Directora de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno de Mendoza-
Argentina, en la que consta que dicha sociedad se encuentra inscrita en el Registro
Público de Sociedades Anónimas desde 1970, en los siguientes términos (f. 55,
Anexo Tomo I33):

CERTIFICO que la sociedad “PUBLICIDAD SARMIENTO SOCIEDAD
ANÓNIMA”, se encuentra inscripta bajo el legajo no 846 fs. 287 tomo 49 A y bajo
el no 2149 fs. 149 tomo 8 A Registros Públicos de Sociedades Anónimas en
fecha 29 de diciembre de 1970. El presente se expide a solicitud de la
interesada, para ser presentado ante las autoridades que lo requieran, en
Mendoza a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil seis34.

108. Si bien la apelante adujo que la anterior certificación no era el documento
idóneo para acreditar la existencia de la sociedad, no aportó prueba de que ello
fuera así35, pues se limitó a afirmar que el único documento oficial, idóneo y eficaz
para demostrarla, era el Registro Público de Sociedades Anónimas y de
Comerciantes o el Registro Público de Comercio, quedando este hecho sólo
restringido a su propia afirmación, frente a la existencia de un documento público
expedido por la directora de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno de
Mendoza en el que se certifica que, efectivamente, la sociedad Publicidad
Sarmiento S.A., se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de
Sociedades Anónimas.

109. Por otra parte, obra copia auténtica del Acta de Asamblea Ordinaria No. 49 de
Publicidad Sarmiento S.A. del 20 de octubre de 2005 en la que, entre otras cosas,
se designó al señor Eduardo Raúl Terranova como presidente del Directorio y
al señor Orlando Terranova como vicepresidente, documento que igualmente fue
autenticado por la notaria Anahi Carrascosa de Granata, titular del Registro Notarial

33
Los Anexos Tomo I, II, III, IV y V, fueron aportados por la entidad demandada, quien dio cuenta de
que “son fiel copia tomados del original del Contrato 4600000102 de 2006 (…) suscrito con CAS
MOBILIARIO S.A., el cual reposa en el Archivo de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de
Medellín” (f. 1, Anexo Tomo I).
34
El documento fue presentado en original, según consta en el sello de autenticación de la entidad
demandada impuesto en la copia que obra en el expediente.
35
No aportó, por ejemplo, las leyes que en Argentina así lo disponían, con el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 188 del C.P.C., que establece: “Normas jurídicas de alcance no nacional y
leyes extranjeras. El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes
extranjeras, se aducirá al proceso en copia auténtica de oficio o a solicitud de parte. // La copia total
o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad competente del respectivo país,
autenticada en la forma prevista en el artículo 259. También podrá ser expedida por el Cónsul de
ese país en Colombia, cuya firma autenticará el Ministerio de Relaciones Exteriores (...)”.

34

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

No. 138 de Capital, Mendoza, el 14 de noviembre de 2005, según documento de
legalización expedido por el Colegio Notarial de la Provincia de Mendoza al día
siguiente, a cuyo reverso consta el “APOSTILLE (Convention de la Haye du 5
octobre 1961)” del 14 de marzo de 2006 (f. 128, 129 y 130, Anexo Tomo I).

110. Como ya se anotó, en el plenario obra copia debidamente apostillada de los
estatutos de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A. (f. 438 a 454, Anexo Tomo IV), en
los cuales consta que se halla inscrita “en el Registro Público de Sociedades
Anónimas al No. 846, fo 287, 1o 49-A y en el Registro Público de Comerciantes al
No 2.149, fo 149, To 8- A, con fecha 29 de diciembre de 1970”, que su domicilio legal
es en la jurisdicción del Departamento de Capital, Provincia de Mendoza, y que su
duración será de 90 años a partir del 17 de julio de 1970, “fecha en la que fueron
aprobados los Estatutos por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, por
Decreto No. 2752170”.

111. Así mismo, se dispuso en los estatutos que la sociedad tendría por objeto,
entre otros asuntos, “(…) realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros las siguientes actividades: a) Publicidad en vía pública en todas sus
posibilidades y modalidades por medio de letreros, afiches y carteleras públicas o
privadas , letreros, anuncios o cualquier otro tipo de elementos aptos para uso en
publicidad exterior. b) Publicidad por medio de la prensa, radio, televisión aérea (…).
c) Promover y producir campañas integrales de publicidad en todos los medios
publicitarios creados o a crearse. (…) g) Comprar, vender, permutar y efectuar toda
actividad lícita referida a concesiones, derechos, licencias, permisos y mercaderías
o bienes vinculados a la actividad publicitaria (…) l) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, sean a través de contrataciones directas o de
licitaciones. (…)”36. Y en el artículo 5º, sobre la capacidad legal, estableció:

Artículo 5: a los efectos de realizar el objeto social, la Sociedad podrá efectuar
dentro y fuera del país, como persona jurídica, toda clase de operaciones
comerciales, industriales y financieras, que tiendan a desarrollar y cumplir su
finalidad social y se relacionen directa o indirectamente con la misma, como ser
(sic): a) Celebrar contratos relacionados con el objeto social, inclusive de
concesiones públicas o privadas por cualquier lapso (…) k) Celebrar contratos
de construcción de obras (…). La enumeración precedente es enunciativa y no
limitativa, pudiendo la sociedad celebrar por intermedio de sus representantes
legales, todos los actos o contratos que directa o indirectamente tiendan a
favorecer su desarrollo y se relacionen con los fines sociales.

36
Se advierte que, dentro de los requisitos de participación en la licitación establecidos en el Capítulo
2 del pliego de condiciones, se hallaba el correspondiente al objeto social del proponente: “Para el
caso de las personas jurídicas, dentro del objeto social del proponente deberán contemplarse
actividades propias y relacionadas con el objeto de la presente Licitación tales como el suministro,
instalación y mantenimiento de mobiliario urbano, así como la ejecución y desarrollo de actividades
de publicidad y de comercialización de la misma” (f. 288, c. 1).

35

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

112. También se estableció en los estatutos que el quórum para tomar resoluciones
válidas sería de la mayoría absoluta de los directores titulares; que el representante
legal de la sociedad sería el presidente del Directorio -Artículo 28-, quien tiene
entre sus funciones la de delegar facultades y otorgar poderes especiales o
generales, en cualquiera de sus miembros o a terceros con consentimiento del
directorio, y que sólo sería preciso el voto favorable del Director Marco Viola o quien
se designara en su reemplazo para ejercer las actividades allí enlistadas -Artículo
23-, dentro de las cuales se hallaba “11. (…) el desarrollo de cualquier joint –
venture, que involucre, en cualquiera de los casos mencionados, una inversión total
(…) de más de US$ 1.000.000, a través de un negocio jurídico, o en una serie de
negocios. 12. El desarrollo por parte de la Sociedad de cualquier nueva línea de
negocios (exceptuando los negocios relacionados con la publicidad en la vía pública
en América Latina incluyendo, sin limitación, publicidad en mobiliario urbano,
carteles y carteleras, pantallas iluminadas, y refugios de pasajeros), o la
contratación de negocios en cualquier área geográfica fuera de América Latina (…).
El presidente o quien lo reemplace, tendrá voto y éste será doble en caso de
empate”.

113. De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que está suficientemente probado
en el plenario que, en la licitación pública, el proponente favorecido con la
adjudicación acreditó suficientemente lo relativo a la existencia y representación de
uno de sus asociados, Publicidad Sarmiento S.A., así como lo concerniente a los
términos y el alcance de dicha representación y la capacidad de la sociedad para
obligarse.

114. En relación con la designación de apoderado, la apelante echó en falta,
respecto de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A., la prueba de lo exigido en el
numeral 2.3, en consonancia con lo establecido en el ordinal 6º del numeral 4.5 del
pliego de condiciones, que establecían lo siguiente (f. 289 y 295, c. 1):

2.3. PERSONAS JURÍDICAS

(…) Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán
acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para
presentar la propuesta, para la celebración del Contrato y para representarla
judicial y extrajudicialmente (…).

4.5. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

(…) 6. (…) Los miembros de los consorcios, uniones temporales y formas
asociativas deberán adjuntar los mismos documentos que acrediten la
existencia y representación que se exigen en estos pliegos para las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, según corresponda.

36

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

115. Según se afirmó en el recurso de alzada, el apoderado de cada uno de los
asociados debe estar plenamente facultado y capacitado para presentar la
propuesta y para celebrar el contrato respectivo, si es el escogido, y para
representar judicial y extrajudicialmente al proponente o asociado en caso de que
se requiera. Por ello, la impugnante considera equivocada la afirmación del a quo,
en el sentido de que no se requiere el apoderado de cada uno de los asociados sino
de quien presenta la oferta, en este caso, de la Promesa de Asociación Futura CAS
Mobiliario S.A., y el contrato se celebra con el representante legal de la sociedad
que se conforma una vez adjudicado el contrato, pues esta afirmación la sustentó
el tribunal en lo dicho en el parágrafo 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, norma
que se refiere únicamente a los contratos de concesión para la construcción de una
obra pública.

116. Al respecto observa la Sala que ciertamente el señalado parágrafo se refiere
al trámite que se debe seguir cuando “las personas interesadas en celebrar
contratos de concesión para la construcción de una obra pública” presenten una
oferta en tal sentido a la respectiva entidad, y su último inciso dispone que “Cuando
se proponga constituir sociedades para los fines indicados en este parágrafo, el
documento de intención consistirá en una promesa de contrato de sociedad cuyo
perfeccionamiento se sujetará a la condición de que el contrato se adjudique. Una
vez expedida la resolución de adjudicación y constituida en legal forma la sociedad
de que se trate, el contrato de concesión se celebrará con su representante legal”.

117. Sin embargo, no se puede afirmar, como lo hace el apelante, que esta sea una
cuestión -la celebración del contrato con el representante legal- que resulte
exclusiva de esta clase de negocios jurídicos, es decir, de los contratos de
concesión para la construcción de una obra pública, puesto que se trata de una
regla general de contratación que se puede predicar de todos los negocios jurídicos
celebrados por las entidades estatales, en cuanto ellas sólo pueden celebrar
contratos con las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones
vigentes -que, si son personas jurídicas, sólo pueden actuar a través de sus
representantes legales-, así como los consorcios y uniones temporales -quienes
también deben designar un representante para estos efectos-, en los términos de
los artículos 6 y 7 de la Ley 80 de 199337.

37
Estas normas, antes de la modificación introducida por la Ley 2160 de 2021, disponían:
“ARTÍCULO 6. Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas
legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las
entidades estatales, los consorcios y uniones temporales (…).
Artículo 7º.- De los Consorcios y Uniones Temporales. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
1. Consorcio: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para
la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada
una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones,
hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos
los miembros que lo conforman.

37

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

118. En consecuencia, si una oferta es presentada por una promesa de sociedad
futura, es apenas lógico entender que, una vez producida la adjudicación, el contrato
resultante sólo podrá ser celebrado con el representante legal de la sociedad
debidamente constituida, por cuanto sólo de ella se podrá predicar la necesaria
capacidad legal para comprometerse.

119. Además de lo anterior, se observa que en el plenario obra el Acta de Directorio
No. 379 de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A. del 28 de febrero de 2006, en la
que se dispuso la participación de la sociedad en el llamado a Licitación Pública
Internacional LP-48 convocada por el municipio de Medellín, Colombia, para el
suministro, instalación, montaje, mantenimiento, reposición y explotación del
mobiliario urbano de la ciudad de Medellín por el sistema de concesión y otorgar
poder especial a favor de los señores Marcos Guillermo Victoria, Emilio Saurina y
Carlos M. Malaret, para que, “(…) actuando en nombre y representación de la
sociedad, en forma conjunta, alternada o indistinta, uno en defecto de otro,
formalicen contratos de constitución de sociedad y/o uniones transitorias de
empresas”, cuyo objeto, entre otros, sería el ya mencionado sobre mobiliario urbano
en la ciudad de Medellín, para lo cual quedaban facultados para participar de
reuniones y acuerdos de accionistas, convenir las condiciones de participación,
celebrar, formalizar y firmar o los correspondientes contratos sociales, convenios de
unión, las declaraciones juradas y escrituras públicas, nombrar autoridades, realizar
gestiones judiciales o administrativas, etc., todo lo que fuere menester a los fines
indicados en interés del mandante (f. 124, Anexo Tomo I).

120. El anterior documento aparece autenticado en la Notaría Titular Regional No.
138 de Mendoza el 20 de marzo de 2006 y, a continuación, figura la certificación de
la notaria, sobre tal autenticación de documento que es reproducción fiel tomada
del Libro de Actas del Directorio No. 4 de Publicidad Sarmiento S.A., que en original
tuvo a la vista. Aparece, así mismo, la legalización de la firma y sello de la notaria
Anahi Carrascosa de Granata en el documento anexo, por parte del Colegio Notarial
de la Provincia de Mendoza (f. 125 y 126, Anexo Tomo I).

2. Unión Temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta
para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el
cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la
participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.
Parágrafo 1º.- Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal
y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su
ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal
contratante.
Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los
efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las
relaciones entre ellos y su responsabilidad (…)”. (La Sala subraya).

38

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

121. También se encuentra el “Testimonio de Protocolo” del 13 de marzo de 2006
de la notaria Anahi Carrascosa de Granata, titular del Registro Notarial No. 138 de
Capital, en el que consta la Escritura No. 13, correspondiente al poder especial
otorgado por el señor Eduardo Raúl Terranova, en su carácter de presidente de la
sociedad Publicidad Sarmiento S.A., a Marcos Guillermo Victoria y Emilio Saurina,
en los términos definidos en el Acta de Directorio No. 379 ya relacionada. En la
escritura se registró así mismo, que el señor Terranova “(…) firma en nombre y
representación de Publicidad Sarmiento S.A., en su carácter de presidente, con
facultades suficientes a mérito de los siguientes instrumentos que tengo a la vista
para este acto, a saber: 1) Estatutos Sociales de la entidad protocolizados con fecha
16 de octubre de 1970, celebrados ante la Notaria N. Quevedo a fojas 391 de su
Registro número 60 de Capital, Mendoza, inscriptos en el Registro de Sociedades
Anónimas y de Comerciantes al No. 846 fojas 287 Tomo 49 A y No. 2149 fojas 149
Tomo 8 A, respectivamente el 29 de diciembre de 1970. (…) 5) Acta de Directorio
número 379 de fojas 73 por la que se resuelve el presente otorgamiento. La entidad
PUBLICIDAD SARMIENTO S.A. tiene su domicilio social en Coronel Rodríguez
1260 de Ciudad, Mendoza (…)” (f. 56, Anexo Tomo I).

122. En virtud de lo anterior, considera la Sala que el a quo acertó al tener por
probado el requisito del pliego de condiciones sobre la acreditación de la
representación y otorgamiento de poder de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A.,
al considerar la finalidad que tiene el servicio de notariado38, que implica el ejercicio
de la fe pública o notarial, la cual otorga plena autenticidad a las declaraciones
emitidas ante el notario y a lo expresado por éste, respecto de los hechos percibidos
en el ejercicio de sus funciones, en los casos y con los requisitos que la ley establece
y, en el presente caso, la notaria 138 de Capital, Mendoza, dio fe de haber tenido a
la vista los documentos que así lo demostraban.

123. En consecuencia, no son de recibo las alegaciones de la recurrente, en el
sentido de que el único documento que servía para acreditar la existencia,
representación y demás información de la sociedad extranjera era el certificado de
existencia y representación expedido por el organismo competente, como se exige
aquí en Colombia respecto del proveniente de la Cámara de Comercio de la ciudad
en la que se halle inscrita, puesto que no probó, como le correspondía39, que en

38
“Concepto. El notario o escribano público es entonces el funcionario público investido por la ley
para dar fe de los negocios jurídicos que ante él se celebren (...)”. Enciclopedia Jurídica Omeba, T.
X, pg. 585. “¿Qué es el Notariado? El Notariado es un servicio público que implica el ejercicio de la
fe notarial. La fe pública o notarial otorga plena autenticidad a las declaraciones emitidas ante el
notario y a lo expresado por éste respecto de los hechos percibidos en el ejercicio de sus funciones,
en el caso y con los requisitos que la ley establece” https://www.supernotariado.gov.co/delegada-de-
notariado/aspectos-generales-notariado
39
ARTÍCULO 188. NORMAS JURÍDICAS DE ALCANCE NO NACIONAL Y LEYES
EXTRANJERAS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012.
Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del

39

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

Argentina, como en Colombia, existe una norma que expresamente indica la forma
de acreditar la existencia y representación de las sociedades40 y que ella
corresponde a la que afirma la apelante.

El Balance General de 2004

124. Como ya se dijo, la recurrente también manifestó su inconformidad con lo
decidido por el a quo respecto de los cargos relativos a las irregularidades de los
estados financieros de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A., presentados en la
licitación sin la debida legalización y sin el lleno de los requerimientos del pliego de
condiciones.

125. Al respecto, se observa que en el Capítulo 4 del pliego de condiciones, dentro
de los documentos de la propuesta, se exigió (f. 298, c. 1):

(…) 13. FORMULARIO 4: RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS, con corte
al 31 de diciembre de 2004. Si la sociedad fue constituida con posterioridad a
esta fecha, los datos deberán tomarse de los estados financieros
correspondientes al mes inmediatamente anterior a la fecha de presentación de
la oferta (Formulario 4.1). El formulario deberá estar suscrito por el
representante legal de la sociedad y por un Contador Público, y además, por el
Revisor Fiscal si la sociedad estuviere obligada a tenerlo por disposición legal,
anexando copia de la tarjeta que acredite la profesión de Contador.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes
deberá diligenciar este formulario (Formulario 4.1) y adicionalmente deberán
diligenciar el formulario 4.2. La información financiera deberá ser presentada en
moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad contable por expresa
disposición legal.

126. En el numeral 4.9 del pliego, correspondiente al resumen de los estados
financieros (f. 300, c. 1), se dispuso la presentación, por parte del proponente, del
Balance General que contuviera las variables y rubros solicitados en el Formulario
4.1, a diciembre 31 de 2004, en moneda legal colombiana y firmado por el
representante legal y el contador público, con fotocopia de su tarjeta profesional

artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 92 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo
texto es el siguiente:> El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes
extranjeras, se aducirá al proceso en copia auténtica de oficio o a solicitud de parte. // La copia total
o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad competente del respectivo país,
autenticada en la forma prevista en artículo 259. También podrá ser expedida por el Cónsul de ese
país en Colombia, cuya firma autenticará el Ministerio de Relaciones Exteriores. // Cuando se trate
de ley extranjera no escrita, ésta podrá probarse con el testimonio de dos o más abogados del país
de origen”.
40
Como lo es el artículo 117 del Código de Comercio, que prescribe: “DE LA EXISTENCIA,
CLÁUSULAS DEL CONTRATO Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD. La existencia de la
sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con certificación de la cámara de comercio del
domicilio principal, en la que constará el número, fecha y notaría de la escritura de constitución y de
las reformas del contrato, si las hubiere; el certificado expresará, además, la fecha y el número de la
providencia por la cual se le concedió permiso de funcionamiento y, en todo caso, la constancia de
que la sociedad no se halla disuelta. // Para probar la representación de una sociedad bastará la
certificación de la cámara respectiva, con indicación del nombre de los representantes, de las
facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a dichas
facultades, en su caso”.

40

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia; y si fueran consorcios,
uniones temporales o formas asociativas, debía aportarse el balance de cada uno
de los integrantes. Si el proponente estaba obligado a tener revisor fiscal, se tendría
que aportar la información acompañada con las notas de los estados financieros
suscritos por él y debía firmar el formulario.

127. En el Formulario 4.1 -que debía diligenciar cada uno de los miembros de las
formas asociativas proponentes- se debía incluir el valor del patrimonio, el pasivo
total, el activo total, el índice de endeudamiento, el pasivo corriente, el activo
corriente y el índice de liquidez, con cifras al 31 de diciembre de 2004. Y los
suscribientes (representante legal, contador y revisor fiscal), certificarían y
garantizarían i) que la información consignada había sido tomada de los estados
financieros de la respectiva sociedad, preparados conforme a las normas y
principios generales de contabilidad; ii) la razonabilidad de la información
incorporada en dichos estados financieros; iii) que la sociedad no se encontraba
adelantando procesos concordatarios ni de intervención económica ni había cesado
en sus pagos a terceros ni existían procedimientos judiciales o administrativos en
su contra que buscaran dicha declaración; iv) debían declarar las contingencias que
podrían afectar los derechos ciertos revelados en los activos, así como las
contingencias por pasivos probables no revelados que afectaran la situación futura
de la sociedad; v) debían declarar las situaciones que pudieran implicar posibles
cambios materiales que afectaran de manera adversa el valor del patrimonio neto
incorporado al formato o declarar expresamente que no existían (f. 370, c. 1).

128. También se hizo referencia en el pliego de condiciones a los INDICADORES
FINANCIEROS DEL PROPONENTE, disponiendo -numeral 4.9.2- que “Se tomará
en cuenta el patrimonio neto de las personas naturales o jurídicas, que participen
en consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de asociación, siempre que
dichas personas tengan una participación en la asociación no inferior al veinte por
ciento (20%)41. En estos casos se sumarán los patrimonios de los integrantes de la
asociación en consorcio, unión temporal o forma asociativa que cumplan con los
requisitos estipulados”.

129. En caso de que el proponente no alcanzara el patrimonio mínimo allí
determinado y no cumpliera con los indicadores financieros establecidos, se
rechazaría la propuesta. La capacidad, en los términos de ese numeral, se
acreditaría mediante el diligenciamiento del Formulario 4, en el que se consignaría
el patrimonio neto total acreditado por el proponente.

41
Se advierte que, de conformidad con el documento de constitución de la Promesa de Asociación
Futura CAS Mobiliario S.A., la participación de Publicidad Sarmiento S.A. en dicha asociación fue
del veinte por ciento (20%) (f. 77, Anexo Tomo I).

41

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

130. Se dispuso que el proponente y cada uno de los integrantes del consorcio,
unión temporal o forma asociativa tenían la obligación de diligenciar el Formulario
4.

131. El Formulario 4.1 sería diligenciado por el proponente extranjero, persona
natural o persona jurídica, y debían firmarlo el representante legal o apoderado
debidamente autorizado y su revisor fiscal o su equivalente, documento que tenía
que ser debidamente legalizado de conformidad con la cartilla expedida por el
Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, la conversión de moneda de la
información contenida en el Formulario sería avalada por contador público, con
aportación de fotocopia de la correspondiente tarjeta profesional expedida por la
Junta Central de Contadores de Colombia42.

132. El Formulario 4.243 debía ser diligenciado por el proponente, consorcio, unión
temporal o forma asociativa, y firmada por su representante.

133. A cada uno de los miembros extranjeros del consorcio, unión temporal o forma
asociativa, le correspondía diligenciar el Formulario 4.1, el cual sería firmado por el
representante legal o apoderado debidamente autorizado de cada uno de los
miembros y por su revisor fiscal o equivalente; documento que tenía que ser
legalizado en la forma prevista en el artículo 259 del C.P.C. y demás normas
concordantes y complementarias, remitiendo al Anexo 6, sobre información de
interés para los proponentes extranjeros. Además, la conversión de moneda de la
información contenida en el Formulario debía ser avalada por contador público, con
fotocopia de su tarjeta profesional expedida por la Junta Central de Contadores de
Colombia. A continuación, se especificó:

La omisión de estos documentos NO será subsanable.

NOTA: No obstante la información requerida anteriormente, el MUNICIPIO DE
MEDELLÍN se reserva el derecho de solicitar información adicional si lo
considera conveniente, con la finalidad de verificar la información suministrada
con la propuesta.

134. En el numeral 5.9, causales de rechazo de las propuestas, el literal f) dispuso
que lo sería “La omisión del balance general y de la información financiera
solicitada” (f. 317, c. 1).

42
En el expediente aparece el Formulario 4.1 diligenciado por Publicidad Sarmiento S.A., suscrito
tanto por el apoderado de la sociedad, Emilio Saurina, el contador y el revisor fiscal de la misma,
como por el representante legal de la promesa de asociación futura (f. 287, Anexo Tomo II).
43
El formulario 4.2 corresponde al Resumen de los Estados Financieros, Capacidad Económica de
los Integrantes del Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa y en él debía darse cuenta del
patrimonio, el índice de endeudamiento y el índice de liquidez (f. 372, c. 1).

42

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

135. Obra en el plenario copia de la Adenda No. 7 al pliego de condiciones, en la
cual, entre otros aspectos, se consignó lo siguiente (f. 281, Anexo Tomo III):

Por medio de la cual se modifica, aclara o adiciona el Pliego de Condiciones,
las Adendas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y sus Anexos.

(…)

En el numeral 4.9 FORMULARIO 4: RESUMEN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS, Numeral 4.9.1, se adiciona el siguiente párrafo:

“Para las empresas extranjeras, la fecha de corte del balance general debe
corresponder al último día del año fiscal del 2004 en su país de origen,
equivalente al 31 de diciembre del año 2004, último día del año fiscal en la
República de Colombia44”.

Se aclara, además, que en los apartes del Pliego de Condiciones, adendas y
anexos que hagan referencia a la fecha de corte del balance general, se
entiende que para las empresas extranjeras corresponde a la fecha equivalente
del último día del año fiscal 2004 en su país de origen.

136. En la propuesta de la Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A.,
aparece el Formulario 4 con la información sobre patrimonio, índice de
endeudamiento e índice de liquidez de todos sus miembros y suscrito por el
representante de la promesa de asociación, en el que un asterisco indica que las
cifras allí reflejadas corresponden al cierre del 31 de diciembre de 2004 o
equivalente del país de origen (f. 718, Anexo Tomo II).

137. Obra el Formulario 4.1 Resumen de los Estados Financieros correspondiente
a la sociedad Publicidad Sarmiento S.A., suscrito por el apoderado Emilio Saurina,
el contador y el revisor fiscal y lo acompaña certificación del Contador Público
Baudilio García, quien avala la conversión de moneda de pesos argentinos a pesos
colombianos contenida en este formulario y aporta copia de su tarjeta profesional (f.
569 a 573, Anexo Tomo II).

138. Respecto de la fecha de los balances, la demandante en el recurso de
apelación insistió en que el Balance General del año 2004 presentado no puede
servir de prueba, ya que la entidad, para favorecer los intereses del proponente
Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A., aceptó como válidos los
Estados Financieros de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A. a 31 de octubre de
2004 y no a 31 de diciembre de 2004, como aparece el requisito en el numeral 4.9.1
del pliego de condiciones.

44
Esta aclaración obedeció a la petición que elevó uno de los proponentes durante la licitación: “De
acuerdo con el pliego de condiciones de la licitación pública internacional LP-48 de 2006, en el
numeral 4.9.1 Balance General, los proponentes deberán presentar el balance general a 31 de
diciembre de 2004. // Debido a que ésta es una licitación pública internacional y hay países donde el
cierre fiscal no es a 31 de diciembre, sino en otras fechas diferentes a la colombiana, solicitamos
sean aceptados los balances y estados financieros con la fecha de corte equivalente en el país de
origen de los documentos” (f. 306, Anexo Tomo III).

43

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

139. Sobre este punto, basta con reiterar que, mediante Adenda No. 7 del Pliego de
Condiciones, se estableció que, en el caso de las sociedades extranjeras, se tendrá
en cuenta la fecha equivalente del último día del año fiscal 2004 en su país de
origen. Por lo tanto, le correspondía a la parte actora acreditar en el plenario que en
Argentina el año fiscal terminaba el 31 de diciembre, como en Colombia, y no el 31
de octubre de cada año, como figura en los estados financieros de la sociedad
Publicidad Sarmiento S.A., prueba que se echa de menos.

140. En cuanto al argumento de que, según pudo comprobar la demandante, los
estados financieros de dicha sociedad no habían sido legalizados en Argentina, por
cuanto ella no había presentado los correspondientes a los años 2004 y 2005 en la
Gobernación de Mendoza, Argentina45, considera la Sala que el requisito de esa
inscripción en su lugar de origen no hizo parte de las exigencias incluidas en el
pliego de condiciones, razón por la cual no puede aducirse el incumplimiento de sus
disposiciones con fundamento en esta irregularidad, independientemente de las
consecuencias que ello pudiera representar para la sociedad en su propio domicilio.

Legalización de los estados financieros

141. En el expediente obra la documentación financiera de la sociedad Publicidad
Sarmiento S.A., desde el año 2001 hasta el año 2005 (Anexo Tomo I), en las
siguientes condiciones:

• 51 hojas fotocopiadas que son reproducción de los Estados Contables Auditados
e Informe de la Comisión Fiscalizadora de Publicidad Sarmiento S.A., 31 de octubre
de 2001, las cuales fueron autenticadas por la Notaría 138 de Mendoza el 17 de
marzo de 2006, actuación notarial de la que obra la legalización de la firma y sello
de la notaria 138 Anahi Carrascosa de Granata, llevada a cabo por el Colegio
Notarial de la Provincia de Mendoza expedida en la misma fecha (f. 449 y 450).

• 54 hojas fotocopiadas que son reproducción de los Estados Contables Auditados
e Informe de la Comisión Fiscalizadora de Publicidad Sarmiento S.A., a 31 de
octubre de 2002 y 2001, las cuales fueron autenticadas por la Notaría 138 de
Mendoza el 17 de marzo de 2006, actuación notarial de la que obra la legalización

45
La demandante aportó documento suscrito por la directora de Personas Jurídicas del Ministerio
de Gobierno de la Provincia de Mendoza fechado el 10 de mayo de 2006 (sin nota de apostille) en
el que esta funcionaria informa que Publicidad Sarmiento Sociedad Anónima se encuentra inscrita
en esa Dirección bajo Decreto Provincial No. 2752 del 17 de julio de 1970 e inscrita bajo el No. 846
fs. 287, tomo 49 A bajo el No. 2149 fs. 149 tomo 8 A de Registros Públicos de Sociedades Anónimas,
con domicilio en la Ciudad de Mendoza, que la sociedad se encuentra vigente y ha presentado el
último balance cerrado al 31/10/2003, por lo que adeuda la presentación de los balances
correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31/10/2004 y 31/10/2005 (f. 74, c. 1).

44

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

de la firma y sello de la notaria 138 Anahi Carrascosa de Granata, llevada a cabo
por el Colegio Notarial de la Provincia de Mendoza y expedida en la misma fecha (f.
394 y 395).

• 48 hojas fotocopiadas que son copia fiel de los siguientes instrumentos de la
sociedad Publicidad Sarmiento S.A.: Memoria, Informe del Auditor, Estados
Contables a 31 de octubre de 2003 iniciados el 01 de noviembre de 2002,
correspondientes al ejercicio económico número 34, Notas y Anexos, Estados
Contables Consolidados al 31 de octubre de 2003 comparativo con el Ejercicio
anterior, Notas a los Estados Contables Consolidados e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, las cuales fueron autenticadas por la Notaría 138 de Mendoza el 7 de
septiembre de 2004, actuación notarial de la que obra la legalización de la firma y
sello de la notaria 138 Anahi Carrascosa de Granata, llevada a cabo por el Colegio
Notarial de la Provincia de Mendoza y expedida el 9 de septiembre del mismo año
(f. 335 y 336).

• 41 hojas fotocopiadas que corresponden a Estados Contables e Informes de
Auditoría al 31 de octubre de 2005 de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A., las
cuales fueron autenticadas por la Notaría 138 de Mendoza el 20 de marzo de 2006,
actuación notarial de la que obra la legalización de la firma y sello de la notaria 138
Anahi Carrascosa de Granata, llevada a cabo por el Colegio Notarial de la Provincia
de Mendoza y expedida el mismo día (f. 283 y 284).

• Con la propuesta de la Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A.,
también se aportaron 43 hojas fotocopiadas de los siguientes instrumentos de la
sociedad Publicidad Sarmiento S.A.: Memoria, Informe del Auditor, Estados
Contables al 31 de octubre de 2004 iniciados el 01 de noviembre de 2003,
correspondientes al Ejercicio Económico número 35, comparativos con el ejercicio
anterior, Notas y Anexos, Estados Contables Consolidados al 31 de octubre de
2004, comparativo con el ejercicio anterior, Notas a los Estados Contables
Consolidados e Informe de la Comisión Fiscalizadora, fotocopias que fueron
autenticadas por la Notaría 138 de Mendoza el 18 de abril de 2005, mediante
actuación notarial de la que obra la legalización de la firma y sello de la notaria 138
Anahi Carrascosa de Granata, llevada a cabo por el Colegio Notarial de la Provincia
de Mendoza y expedida el mismo día (f. 295 y 296, Anexo Tomo II).

142. En relación con la legalización de dichos estados financieros, como ya se dijo,
la parte actora en su demanda sostuvo que los aportados por la Promesa de
Asociación Futura CAS Mobiliario S.A. no cumplían con este requisito, por cuanto
según pudo corroborar, mediante certificación obtenida de la respectiva autoridad
argentina, los balances de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A. correspondientes

45

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

a los años 2004 y 2005 no habían sido debidamente registrados en la Dirección de
de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Mendoza.

143. No obstante, en parte alguna del pliego se encontró la referida exigencia,
puesto que sólo se requirió la presentación, por parte del proponente -y de cada uno
de sus miembros, en caso de las formas asociativas-, del Balance General que
contuviera las variables y rubros solicitados en el Formulario 4.1: el valor del
patrimonio, el pasivo total, el activo total, el índice de endeudamiento, el pasivo
corriente, el activo corriente y el índice de liquidez, a diciembre 31 de 2004 -salvo
que en el país de origen la fecha de corte fuera una distinta-, en moneda legal
colombiana y firmado por el representante legal y el contador público, con fotocopia
de su tarjeta profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia;
así mismo, que si el proponente estaba obligado a tener revisor fiscal, se tendría
que aportar la información acompañada con las notas de los estados financieros
suscritos por él y debía firmar el formulario.

144. Requisitos estos que, como se pudo constatar, reunían los estados financieros
de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A., presentados con su oferta por el
proponente Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A., razón por la cual
no es procedente el reproche efectuado por la parte actora en el sentido de que, por
esta deficiencia de la propuesta favorecida, la misma debió ser rechazada y, en
consecuencia, la adjudicación contenida en el acto administrativo demandado fue
ilegal.

145. En las anteriores condiciones, considera la Sala que los argumentos del
recurso de apelación resultaron insuficientes para modificar lo decidido por el a-quo
puesto que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a la
Resolución No. 076 del 17 de mayo de 2006 expedida por el municipio de Medellín,
a través de la cual se adjudicó la Licitación Pública Internacional No. LP 048 de 2006
a la Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A., razón por la cual resulta
procedente la confirmación de la sentencia de primera instancia.

Condena en costas

146. En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

46

Radicación número: 050012331000200800835 01 (59826)
Actor: EUCOL S.A.
Demandado: Municipio de Medellín

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 24 de mayo de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente
link: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
aspx .
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Ausente con excusa
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

47

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.