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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2005-02117-02

Fecha
30 de mayo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2005-02117-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 10 de mayo de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y 46 Radicación 250002326000-200502117-02 (59917) Demandante: Red Salud S.A. y otros Demandado: FOMAG, Fiduprevisora y otros Referencia: Acción de controversias contractuales autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/validador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2005-02117-02

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

30 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 250002326000-200502117-02 (59917)

Demandante: RED SALUD PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN S.A. Y OTROS

Demandado: FOMAG, FIDUPREVISORA Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Temas: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – Nulidad y restablecimiento del derecho
contra actos precontractuales – Configuración impide examinar pretensiones
indemnizatorias / REQUISITOS FINANCIEROS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
• Obligatoriedad – carácter insubsanable – interpretación de los términos de
referencia - su incumplimiento era causal expresa de rechazo / IDONEIDAD DEL
PROPONENTE DESFAVORECIDO – No demostrada en el proceso / FALTA DE
IDONEIDAD DE OFERENTES DECLARADOS ELEGIBLES – No demostrada en el
proceso.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia dictada el 10 de mayo de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, y en la cual se denegaron las pretensiones de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO

Fiduprevisora-FOMAG, previa instrucción del Consejo Directivo de ese Fondo -
impartida mediante Acuerdo N° 02 de 2004- adelantó la Invitación Pública N° 143
de 2005, con el propósito de contratar la prestación de servicios médico –
asistenciales a los docentes, pensionados y beneficiarios del magisterio, en varias
regiones del territorio nacional. En el proceso de selección, la entidad rechazó la
oferta de la unión temporal Red Salud y tuvo por elegibles las propuestas de otros
postulantes.

La unión temporal Red Salud demandó la nulidad de los actos en los que fue
rechazada su oferta y se calificaron favorablemente las de otros proponentes; sus
pretensiones fueron denegadas íntegramente por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, razón por la cual interpuso el recurso de apelación que en esta
providencia será resuelto por la Sala.

Radicación 250002326000-200502117-02 (59917)
Demandante: Red Salud S.A. y otros
Demandado: FOMAG, Fiduprevisora y otros
Referencia: Acción de controversias contractuales

II. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 13 de septiembre de 2005, las sociedades Medcom Ltda. y Red Salud Promoción
y Prevención S.A., en su condición de integrantes de la unión temporal Red Salud
y obrando a través de apoderado judicial, instauraron demanda contra la sociedad
fiduciaria Fiduprevisora S.A. como administradora y vocera del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante, FOMAG, el Fondo o
Fiduprevisora-FOMAG).

En ese escrito inicial se formuló, en primer término, la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho; no obstante, el 23 de noviembre de 2005 se reformó
la demanda para incoar la acción de controversias contractuales, en lugar de la de
nulidad y restablecimiento del derecho; así, manifestó el apoderado demandante
que, en esa fecha, “según el actor se ha enterado”, ya se habían suscrito los
contratos resultantes del proceso de selección materia de controversia, por lo que
se modificaba la acción instaurada. Por esa vía, la parte actora integró en la
demanda reformada las siguientes pretensiones (fls. 50-53, c-1):

Primera: Que se declare la nulidad absoluta de los contratos suscritos con los
adjudicatarios FERSALUD UT y Mejor Salud UT, fundada en la ilicitud de los
actos previos.
También se solicita la nulidad de la decisión contenida en el Acta de Audiencia
Pública celebrada el día 17 de junio de 2005 y del Acuerdo N° 12 de junio 3 de
2005 [expedido por el] Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y del acto de adjudicación correspondiente (...),
mediante los cuales y en su conjunto se decidió acerca de la elegibilidad y la
adjudicación de la invitación pública N° 143, así como de todas las
determinaciones que tienen relación con la elegibilidad planteada.

Segunda: Que se declare que la oferta presentada por la Unión Temporal Red
Salud tenía derecho a la elegibilidad dentro de la Invitación Pública N° 143.

Tercera: Que se declare que la oferta presentada por la Unión Temporal Red
Salud era la única que, en aplicación de los Términos de Referencia dispuestos
para la Invitación Pública N° 143, resultaba ser elegible.

Cuarta: Que se declare que, al ser la única propuesta elegible, tenía derecho a
la adjudicación del contrato correspondiente.

Quinta: Como consecuencia de lo anterior, se condene al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio a pagar a la Unión Temporal Red Salud
S.A. y a sus integrantes, la utilidad que el contrato hubiere producido.

Sexta: Que la suma correspondiente a la utilidad se actualice, y se generen los
intereses moratorios correspondientes según el régimen jurídico aplicable, y se
condene al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a su pago
a la Unión Temporal Red Salud S.A. y a sus integrantes (...).

Subsidiarias:
Primeras:

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Radicación 250002326000-200502117-02 (59917)
Demandante: Red Salud S.A. y otros
Demandado: FOMAG, Fiduprevisora y otros
Referencia: Acción de controversias contractuales

De la Primera: Que se declare la nulidad absoluta de los contratos suscritos con
los adjudicatarios FERSALUD UT y MEJORSALUD UT, fundada en la ilicitud de
los actos previos.

También se solicita la nulidad de la decisión contenida en el Acta de Audiencia
Pública celebrada el día 17 de junio de 2005 y del Acuerdo N° 12 de junio 3 de
2005 (...) y del acto de adjudicación correspondiente (...), en los apartes [en]
que declaró no elegible [la] propuesta presentada por la Unión Temporal Red
Salud S.A., así como de todas las determinaciones que tienen relación con la
elegibilidad planteada.

De la Segunda, Tercera y Cuarta: Que se declare que la propuesta de la Unión
Temporal Red Salud era elegible, y por lo tanto, tenía el derecho de conformar
el grupo de oferentes que los usuarios del servicio debían escoger para la
adjudicación y celebración del contrato.

De la Quinta: Que al entrar en el grupo de elegibles, hubiera sido la escogida
por los usuarios, y en consecuencia, que se condene al pago de las utilidades
que el contrato hubiera dejado al demandante.

Subsidiarias
Segundas:

De la Primera: Que se declare la nulidad absoluta de los contratos suscritos con
los adjudicatarios FERSALUD UT y MEJORSALUD UT, fundada en la ilicitud de
los actos previos.

También se solicita la nulidad de la decisión contenida en el Acta de Audiencia
Pública celebrada el día 17 de junio de 2005, del Acuerdo N° 12 de junio 3 de
2005 (...) y del acto de adjudicación correspondiente (...), en los apartes [en]
que declaró no elegible a la Unión Temporal Red Salud S.A. y elegibles a otros
participantes de la Invitación Pública que, conforme a lo probado en el proceso,
tenían que haber sido declarados No Elegibles, así como de todas las
determinaciones que tienen relación con la elegibilidad planteada.

De la Segunda, Tercera y Cuarta: Que se declare que la Unión Temporal Red
Salud S.A. era uno de los elegibles y, por lo tanto, conformaría el grupo de
elegibles, según lo probado en este proceso, respecto de quienes los usuarios
del servicio debían escoger para la adjudicación y celebración del contrato.

De la Quinta: Al ser la Unión Temporal Red Salud S.A. uno de los elegibles,
tenía el derecho a compartir la utilidad que el negocio hubiere presentado en la
proporción que se pruebe en el proceso, y en consecuencia, que se condene a
su pago.

-. Finalmente, solicitó que, “en caso de no ser cierto que se hubieran celebrado” los
respectivos contratos, se declarara la nulidad del Acta de Audiencia Pública del 17
de junio de 2005, del Acuerdo N° 12 del 3 de junio del mismo año y del respectivo
acto de adjudicación, expedidos en el marco de la indicada Invitación Pública N°
143.

-. En la fundamentación fáctica del libelo se narró, en síntesis, lo siguiente:

Antes del proceso de selección referido en las pretensiones, las sociedades
demandantes venían prestando servicios de salud a los afiliados al FOMAG, lo cual
evidenciaba que no eran desconocidas en el medio, como tampoco sus estados
financieros, que fueron presentados por esas empresas en las invitaciones públicas

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Radicación 250002326000-200502117-02 (59917)
Demandante: Red Salud S.A. y otros
Demandado: FOMAG, Fiduprevisora y otros
Referencia: Acción de controversias contractuales

que culminaron con los contratos 112208 y 112218 de 2004, de los que fueron
adjudicatarias. En tales procesos de selección no se presentaron dictámenes de los
estados financieros, por no ser ello obligación legal.

Fiduprevisora S.A., como administradora del FOMAG, abrió y adelantó la invitación
pública N° 143 de 2005, con el objeto de contratar la prestación de servicios médico-
asistenciales a docentes y pensionados afiliados al Fondo, así como a sus
beneficiarios, en varias regiones del país. Para la evaluación de las ofertas que en
ese proceso se presentaran, el Consejo Directivo del FOMAG recomendó a la
indicada fiduciaria que contratara a la firma Consucon Ltda., lo que en efecto
aconteció.

De conformidad con los términos de referencia, el proceso de selección constaría
de tres Fases, la primera orientada a la evaluación jurídica, financiera y técnica de
las propuestas, así como a la subsiguiente elaboración de un informe con la lista de
las propuestas elegibles. La Fase Dos se previó para la elección libre de los
oferentes calificados, por parte de los usuarios del servicio de salud, y la Fase Tres,
para identificar a los proponentes que hubieran superado la segunda etapa
rebasando el 25% de la población establecida para la respectiva región.

Estos proponentes favorecidos en la última fase suscribirían los contratos
correspondientes. Para cada región convocada, serían por lo menos tres los
elegibles en la Fase Uno, y existiendo la posibilidad de que resultaran seleccionados
esos mismos oferentes al final del proceso, era claro que cada participante, por el
solo hecho de clasificar a la Fase Tres, tendría derecho a recibir por lo menos el
33% “del contrato”, con la correspondiente utilidad.

Los términos de referencia señalaron, en los numerales 5.1.2.1. y 5.1.2.5, los
documentos financieros que los proponentes debían presentar, entre éstos los
“estados financieros de propósito general con sus respectivas notas, debidamente
dictaminados, con fecha de corte a diciembre 31 de 2003” y la “autorización o
certificación del Revisor Fiscal que dictaminó los estados financieros del último
período contable solicitado (...)” (transcripción del demandante).

Asimismo, entre las causales de rechazo de las ofertas se previó la no presentación
de los estados financieros con todas las condiciones señaladas en los términos de
referencia, así como la presentación de cobertura ofertada, sin los requisitos del
proceso, especialmente la cobertura de la red mínima allí exigida, lo cual se debía
acreditar con varios documentos de soporte señalados en la invitación pública.

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Radicación 250002326000-200502117-02 (59917)
Demandante: Red Salud S.A. y otros
Demandado: FOMAG, Fiduprevisora y otros
Referencia: Acción de controversias contractuales

En efecto, en la indicada lista de documentos exigidos como soporte de la red
mínima de servicios ofertada, la entidad incluyó un certificado o registro de
habilitación de las IPS, expedido por la autoridad competente. Aunque Fiduprevisora
– FOMAG, en audiencia de aclaración de los términos de referencia, eliminó algunos
de esos documentos de soporte, jamás retiró de la lista el aludido certificado o
registro de habilitación, y en todo caso, las aclaraciones y decisiones mencionadas
no se adoptaron mediante Acuerdo expedido por el Consejo Directivo.

La unión temporal Red Salud participó en la Invitación Pública N° 143, postulándose
como prestadora de los servicios en la Región 21. En el informe preliminar de
evaluación previsto para la Fase Uno, se recomendó rechazar su propuesta por no
reunir los requisitos del componente financiero, al tiempo que se calificaron como
elegibles para esa región ofertas presentadas sin el certificado o registro de
habilitación de las IPS, requisito éste que únicamente fue cumplido por Red Salud
UT para acreditar la red de servicios.

La UT hoy demandante formuló observaciones al indicado informe preliminar,
poniendo de presente no sólo lo relativo al certificado o registro de habilitación de
las IPS, sino también lo que concernía al dictamen de los estados financieros, cuya
omisión por parte de la integrante Medcom Ltda. acarreó el rechazo de la oferta de
la unión temporal Red Salud. A este respecto, la objetante manifestó que la aludida
sociedad no estaba obligada a presentar dictamen de los estados financieros del
año 2003, exigidos por Fiduprevisora-FOMAG, por cuanto este requisito sólo debía
entenderse previsto para las empresas legalmente obligadas a contar con revisor
fiscal, no siendo ese el caso de Medcom Ltda. en la vigencia 2003, y por otro lado,
los términos de referencia no indicaban que, en caso de no tener la oferente revisor
fiscal, debiera obtener el dictamen de un contador público externo.

Mediante Acuerdo N° 12 del 3 de junio de 2005, el Consejo Directivo del FOMAG
recomendó a Fiduprevisora S.A. declarar elegibles para la Fase Dos del proceso,
en la Región 2 del territorio cubierto, a las uniones temporales FERSALUD
(integrada por Médicos Asociados S.A. y Colombiana de Salud S.A.) y Mejor Salud
(conformada por el Hospital Universitario Clínica San Rafael y las compañías Centro
Policlínico del Olaya y Clínica de Occidente Ltda.).

El 8 de junio de 2005, se llevó a cabo la “audiencia pública de respuesta a
observaciones y de definición de las ofertas elegibles”, suspendida en varias

1 La cual, de conformidad con los informes obrantes en el proceso, comprendió el Distrito Capital y

los departamentos de Amazonas, Casanare, Guainía, Guaviare, San Andrés y Providencia, Vaupés
y Vichada (c.2, fl. 438).

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Radicación 250002326000-200502117-02 (59917)
Demandante: Red Salud S.A. y otros
Demandado: FOMAG, Fiduprevisora y otros
Referencia: Acción de controversias contractuales

oportunidades y culminada el 17 de junio de ese año. Tanto las observaciones de
Red Salud UT relacionadas con los requisitos de su oferta, como las encaminadas
a reprochar omisiones o irregularidades de otras propuestas, fueron desestimadas.

-. La parte actora detalló en los hechos de la demanda, pormenores de lo acontecido
durante la audiencia; describió el contenido de algunos conceptos atinentes a la
exigencia del dictamen de estados financieros para firmas no obligadas legalmente
a designar revisor fiscal y cuestionó la reiterada ausencia de los miembros del
Consejo Directivo del FOMAG, en las sesiones respectivas.

Dijo (fl. 15, c.1):

La audiencia estuvo presidida por el doctor Manuel Domingo Pérez Ruan,
funcionario de La Previsora (sic) (…), además del Evaluador, ingeniero Pedro
Martínez (…).
[L]a audiencia se reanudó y terminó el día 17 de junio de 2005. En la misma (…)
se indicó que se mantendría la descalificación de la Unión Temporal Red Salud
y la elegibilidad de FERSALUD U.T., Mejor Salud U.T. y Hospital Universitario
Clínica San Rafael. No hubo comunicación ni notificación de resolución o acto
administrativo alguno, a pesar de que fue solicitado en tal audiencia. Se aclara
que esta decisión se comunicó por parte del doctor Manuel Domingo Pérez.

-. Por lo demás, los fundamentos jurídicos de la demanda se centraron en señalar,
en general, los siguientes vicios: i) modificación ilícita de los términos de referencia;
ii) violación del “indubio (sic) pro actione” y del artículo 25, numeral 15, de la Ley 80
de 1993; iii) ineficacia de la interpretación del Fondo por violación de los deberes de
claridad, por inducir a error y por violación del principio de la confianza legítima y
iv) violación del principio de igualdad. En el mismo acápite se recalcó que la oferta
de Red Salud UT era la única elegible, teniendo en cuenta los requisitos
establecidos por Fiduprevisora-FOMAG en la Invitación Pública 143 de 2005.

2. Trámite de primera instancia

2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 9
de diciembre de 2005, disponiéndose tramitarla como controversia contractual (fl. 62,
c.1). Aunque la admisión fue objeto de recurso, se confirmó en auto del 24 de mayo

de 2007 (fl. 257, c.1). En el mismo auto admisorio se ordenó notificar a “FERSALUD
UT” y a “MEJORSALUD UT”, como oferentes favorecidas en la Invitación Pública
143 de 2005, “conforme a lo dispuesto en el artículo 314 del C.P.C.”2.

2 “Deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones:

1.- Al demandado (…), la del auto que confiere traslado de la demanda (…), y en general, la de la
primera providencia que se dicte en todo proceso.
2.- La primera que deba hacerse a terceros (…)”.

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Radicación 250002326000-200502117-02 (59917)
Demandante: Red Salud S.A. y otros
Demandado: FOMAG, Fiduprevisora y otros
Referencia: Acción de controversias contractuales

2.2. Fiduprevisora S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso
ampliamente su versión de los hechos materia de controversia, especialmente en lo
relacionado con el alcance de las exigencias trazadas en los términos de referencia,
en cuanto al dictamen de los estados financieros que debían presentar los
oferentes, y a la acreditación de la red mínima de servicios exigida, con su
respectiva capacidad instalada.

Recalcó que los términos de referencia no habían sido modificados en ninguna fase
ni actuación del proceso, aunque propuso bajo ese argumento la excepción que
denominó “ausencia de ilicitud en la modificación (sic) de los términos de referencia
de la Invitación Pública N° 143 de 2005” (fl. 515, c.1).

De igual manera, propuso las excepciones de “imposibilidad de invocar el in dubio
pro actione. El artículo 25 numeral 15 de la Ley 80 de 1993 no es aplicable para la
invitación 143 de 2005”; “inexistencia de violación de los deberes de claridad o del
principio de confianza legítima”; “inexistencia de violación del principio de igualdad”;
“existencia de ofertas elegibles”; “invocación de su propia culpa” e “imposibilidad de
reclamar utilidades”.

2.3. La sociedad C.P.O. S.A., como integrante de la unión temporal Mejor Salud
ejerció su defensa proponiendo, entre otras, las excepciones denominadas
“inexistencia de omisión en el cumplimiento de requisitos por parte de Mejor Salud
(…)”; inexistencia de las omisiones que se predican por parte de Mejor Salud (sic)
con relación a la suscripción de contratos con la red pública en la zona 2 que le fue
adjudicada” y “…falta de legitimación en la causa por pasiva dado que la parte actora
no solicita que se condene a los miembros de la UT Mejor Salud”.

2.4. Por su parte, la Clínica del Occidente S.A., miembro de esa misma agrupación,
planteó las mismas excepciones invocadas por la firma C.P.O. S.A., dándoles
idéntica denominación. Adicionalmente, invocó como medio exceptivo la falta de
legitimación en la causa por pasiva, de esa sociedad.

2.3. En cuanto a las integrantes de la unión temporal FERSALUD, la sociedad
Colombiana de Salud S.A. estuvo representada por curador ad litem, quien propuso
la excepción de “caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento (sic)”,
mientras que la firma Médicos Asociados Ltda. guardó silencio durante el término
para contestar la demanda.

2.4. El 16 de septiembre de 2010 se decretaron las pruebas del proceso, y en
providencia del 22 de septiembre de 2015 se ordenó correr el traslado a las partes

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Radicación 250002326000-200502117-02 (59917)
Demandante: Red Salud S.A. y otros
Demandado: FOMAG, Fiduprevisora y otros
Referencia: Acción de controversias contractuales

para alegar de conclusión y al Ministerio Público para la rendición de su concepto
(fls. 594 y 867, c1).

2.5. El Ministerio Público, en su concepto sobre la controversia, determinó que las
pretensiones de la demanda debían ser desestimadas, en particular por la claridad
de las reglas establecidas en los términos de referencia, las cuales no fueron
debidamente observadas por la unión temporal Red Salud. Consideró que las
exigencias plasmadas por la entidad en el mencionado documento no tenían la
virtualidad de inducir a error a ningún proponente, mientras que sí aludían a
requisitos “fáciles de cumplir”, siendo evidente, además, que los mismos resultaban
obligatorios a la luz del ordenamiento, dado que, por su naturaleza, los términos de
referencia debían considerarse “fuente de derecho” para efectos de la invitación
pública.

2.6. Durante el término para alegar de conclusión, la parte demandante reiteró lo
expuesto en el libelo y refirió el contenido de algunas pruebas rendidas en el
proceso, para insistir en sus argumentos sobre la nulidad de los actos en que le fue
rechazada su oferta y se calificaron favorablemente las de los proponentes
FERSALUD y Mejor Salud.

A su turno, el Centro Policlínico del Olaya señaló que las pretensiones de la
demanda no se habían encaminado a imponer condena alguna a los miembros de
Mejor Salud, aunque sí se había acreditado en el proceso que dicha unión temporal
había cumplido todos los requisitos exigidos en los términos de referencia de la
Invitación Pública 143 de 2005.

Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

3. La sentencia impugnada

Fue proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 10 de mayo de
2017, con decisión negativa frente a las pretensiones de la demanda.

El a quo comenzó por examinar el fenómeno de caducidad y señaló que, si bien la
demanda reformada en ejercicio de la acción de controversias contractuales había
sido instaurada en tiempo, lo cierto era que las pretensiones indemnizatorias
formuladas desde el libelo inicial no se presentaron de manera oportuna, por cuanto
las mismas se estructuraron sobre la base de la ilegalidad del acto administrativo
en que se declaró elegible una propuesta distinta a la de la actora, y se le adjudicó
el contrato respectivo, decisión que fue dictada en audiencia pública el 17 de junio

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Radicación 250002326000-200502117-02 (59917)
Demandante: Red Salud S.A. y otros
Demandado: FOMAG, Fiduprevisora y otros
Referencia: Acción de controversias contractuales

de 2005, por lo que su impugnación judicial procedía en primer término mediante la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que de acuerdo con el artículo 87
del C.C.A., caducaba a los 30 días siguientes a la expedición del acto, lo que en el
caso concreto ocurrió el 2 de agosto de 2005, pese a lo cual la demanda inicial sólo
fue instaurada el 13 de septiembre de ese mismo año.

Agregó:

[T]al y como lo establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo,
en concordancia con el artículo 87 ibídem, el término de caducidad es de dos
(2) años única y exclusivamente frente a las pretensiones relacionadas con la
nulidad del contrato, pues respecto a las pretensiones indemnizatorias la
caducidad de los treinta (30) días hábiles que establece el artículo 87 ya operó.

Al abordar el asunto de fondo, determinó que el régimen jurídico del contrato
demandado y del proceso de selección que lo precedió estaba contenido en la Ley
80 de 1993, dado que, en dichos negocios, Fiduprevisora S.A. obró en cumplimiento
del contrato de fiducia mercantil N° 83 de 1990, suscrito con el Ministerio de
Educación Nacional, lo cual se ajustaba a los presupuestos señalados por la Corte
Constitucional en la sentencia C-086 de 1995, para que los contratos “de fiducia
pública” se reputaran regulados por el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública (EGCAP), por ser contratantes en esos negocios, entidades
estatales sujetas precisamente a dicho ordenamiento, comprometiendo, además,
recursos públicos, todo ello en los términos del artículo 32, numeral 5 de la
mencionada ley.

Respecto de los reproches formulados por la demandante contra la decisión de
declarar no elegible a la unión temporal Red Salud y adjudicar los contratos a las
oferentes que sí fueron seleccionadas, el Tribunal consideró que el requisito del
dictamen de los estados financieros resultaba obligatorio para todos y cada uno de
los sujetos que participaran en la invitación pública, tal como se desprendía del
numeral 5.1.2.1. de los términos de referencia, que además fue recalcado en la
audiencia de aclaraciones adelantada durante ese proceso. En punto a ello recalcó,
además, el carácter vinculante de dichos términos de referencia, y en general, de
las reglas fijadas en los procesos de selección de contratistas del Estado.

Seguidamente, subrayó que la obligatoriedad del dictamen echado de menos por la
entidad demandada era consecuente con las características del contrato de
prestación de servicios de salud, que pretendía celebrar.

Asimismo, señaló que la obligación de presentar los estados financieros
dictaminados no era de imposible cumplimiento, dadas las alternativas establecidas

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Radicación 250002326000-200502117-02 (59917)
Demandante: Red Salud S.A. y otros
Demandado: FOMAG, Fiduprevisora y otros
Referencia: Acción de controversias contractuales

en la Ley 222 de 1995 y la circunstancia de que los términos de referencia no
hubieran exigido que dicho documento técnico se expidiera en una fecha específica
o dentro de período determinado.

Por otro lado, desestimó el argumento de la demandante, relacionado con que los
demás oferentes no allegaron los soportes de la red de servicios ofertada, por
considerar que, de conformidad con los términos de referencia, para cumplir con el
indicado requisito era suficiente la manifestación escrita y firmada por el
representante legal de la entidad oferente, “donde garantizara que durante la etapa
de inscripción de afiliados a los oferentes elegibles, éste celebraría los contratos
con la red pública (…), los cuales debían ser presentadas (sic) a Fiduprevisora S.A.
al momento de suscripción del contrato”, razón por la cual, en criterio del Tribunal,
era claro que para ese tipo de oferta no se requerían elementos adicionales a la
indicada manifestación3.

4. El recurso de apelación

La parte demandante apeló la sentencia de primer grado y recriminó que en ella no
se hubiera tenido en cuenta la trayectoria de las integrantes de la unión temporal
Red Salud como prestadoras de servicios médicos a los docentes, pensionados y
beneficiarios del FOMAG, ni el hecho de que en tales contrataciones siempre
presentaron sus documentos financieros sin recibir reproche alguno. De igual
manera, reiteró lo acontecido en el proceso de selección, así como el contenido de
varios apartes de los términos de referencia, expresando que todo ello fue pasado
por alto en el fallo de primera instancia.

-. Respecto de la caducidad de la acción, adujo que era incorrecta la conclusión del
Tribunal, al señalar que el acto administrativo demandado había sido emitido y
notificado el 17 de junio de 2005, cuando lo cierto era que en esa fecha únicamente
se adelantó una audiencia de respuesta a las observaciones de los oferentes, y si
bien allí se declararon elegibles para la Fase Dos las propuestas de dos uniones
temporales, la audiencia quedó abierta para las correspondientes constancias, y en
ella no estuvo presente el Consejo Directivo, único estamento competente para
suscribir el acto definitivo.

Expuso:

Teniendo en cuenta que los mismos Términos de Referencia exigían que era el
Consejo Directivo el que debía tomar las decisiones en el marco de la Invitación
Pública N° 143 a través de Acuerdos, como en dicha audiencia no estuvo

3 El a quo se abstuvo de condenar en costas, por no evidenciarse temeridad de ninguna de las partes.

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Demandante: Red Salud S.A. y otros
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Referencia: Acción de controversias contractuales

presente dicho Consejo, no puede entenderse que el 17 de junio de 2005 se
tomó la decisión acerca de los proponentes elegibles que pasarían a la Fase 2
del proceso de selección. En este sentido, la supuesta decisión acerca de los
proponentes elegibles no se surtió el 17 de junio de 2005, como entendió
erróneamente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Añadió que esta circunstancia cobraba mayor fuerza si se tenía en cuenta que la
respuesta fue suministrada por un contratista encargado de la evaluación, lo que no
daba lugar a la expedición de acto administrativo alguno, menos aún cuando no fue
suscrito por el Consejo Directivo, el que además estaba ausente. Y si en gracia de
discusión debiera concluirse que lo resuelto en esa audiencia constituyó acto
administrativo, éste no sería definitivo sino preparatorio o de mero trámite, no
enjuiciable, por tanto, ante la jurisdicción contenciosa, como ampliamente lo había
establecido la jurisprudencia.

De lo anterior coligió que no era correcta la apreciación del Tribunal, en cuanto a
que el término para demandar el acto de adjudicación expiraba el 2 de agosto de
2005, pues en la fecha tomada como punto de partida, esto es, el 17 de junio de
ese año, no se profirió ningún acto administrativo definitivo, y tampoco fue notificada
una decisión de esa naturaleza a las partes interesadas.

Señaló que la misma Fiduprevisora S.A. había afirmado, en respuesta a una petición
de la hoy demandante, que la decisión sobre la elegibilidad de los oferentes había
sido adoptada mediante Acuerdo N° 12 del 3 de junio de 2005, lo que corroboraba
que el acto respectivo no fue emitido el 17 de junio de esa anualidad, aunque sí
debía señalarse que tampoco el indicado Acuerdo ponía fin al proceso de selección
ni resolvía lo atinente a los oferentes elegibles, por cuanto fue apenas una
manifestación preliminar que recogía la postura inicial del Consejo, antes de
adelantar las audiencias públicas y el examen de las argumentaciones recibidas
durante su desarrollo, a tal punto que, después de ese Acuerdo, hubo “cambios en
las decisiones tomadas”.

Añadió que, en todo caso, el Acuerdo N° 12 del 3 de junio de 2005 sólo fue notificado
el 4 de agosto del mismo año, “en el escenario más conservador”, ya que
Fiduprevisora S.A. dijo remitir en esa fecha la copia del acto administrativo, según
lo adujo la fiduciaria en el oficio 2005EE29099 del 9 de agosto de 2005, por lo que era
palmario que la caducidad no había podido configurarse en el caso concreto.

-. En lo relativo al requisito de los estados financieros dictaminados, rechazó la
conclusión del fallo según la cual, todas las reglas fijadas en los términos de
referencia eran de obligatorio cumplimiento; y afirmó que, de ser así, no existiría el
derecho de los proponentes a mejorar la oferta. Asimismo -dijo-, el artículo 25,

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numeral 15, de la Ley 80 de 1993, evidenciaba la subsanabilidad de determinados
requisitos de los procesos de selección, pues según la norma, la obligatoriedad de
las cláusulas de los pliegos de condiciones no se podía aplicar de manera absoluta,
especialmente, para descalificar ofertas por errores, omisiones o incumplimientos
de los requisitos exigidos por esos documentos.

Agregó que, igualmente a la luz del EGCAP, sólo era procedente el rechazo de las
ofertas por causales expresamente previstas en la ley o por ausencia de requisitos
necesarios para su comparación, a lo que también se oponía lo dicho por el Tribunal
de primer grado, pues ninguna norma nacional de rango legal establecía como
causal de rechazo la no presentación de dictamen de los estados financieros, y en
el caso de la Invitación Pública N° 143, el FOMAG contaba con los estados
financieros de ambas integrantes de la unión temporal, siendo los de la firma Red
Salud S.A. suficientes para “cumplir con creces los índices financieros pedidos, que
es lo determinante y esencial”, dejando a salvo que los documentos de Medcom
Ltda. también evidenciaban la cabal satisfacción de los requerimientos de la
convocante.

En criterio de la apelante, la falta del dictamen no afectaba la existencia, validez ni
presunción de veracidad de los estados financieros presentados, especialmente
porque tal afectación no se desprendía de la Ley 222 de 1995. De igual manera,
debía tenerse en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado, conforme a la
cual, debía diferenciarse entre el cumplimiento del requisito habilitante y la prueba
de tal satisfacción, pudiendo subsanarse esto último, aunque no lo primero4.

Sostuvo que, en ese sentido, la entidad pública no debió rechazar la oferta de la
unión temporal Red Salud, pues el dictamen de los estados financieros era un
requisito subsanable, lo que habría permitido a la proponente enmendar su oferta,
entregando con posterioridad dicho instrumento técnico.

Como siguiente argumento de ese cargo, manifestó que, contrario a lo sostenido
por el Tribunal en cuanto a la claridad de los términos de referencia, las reglas allí
contenidas fueron ambiguas y podían inducir a error a los participantes en la
Invitación Pública, pues en un primer momento se dio a entender que los requisitos
financieros consistían en el cumplimiento de indicadores tales como razón corriente,
capital neto de trabajo, endeudamiento total, índice patrimonial e índice operacional,
“bajo el entendido que con ello se aseguraba la entidad acerca de la idoneidad y
capacidad del potencial contratista”.

4 La demandante citó en la apelación la sentencia dictada por la Sección Tercera – Subsección A del

Consejo de Estado el 12 de noviembre de 2014, en el exp. N° 29.855.

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Adujo:

Para la verificación del cumplimiento del requisito esencial que se pedía (…), la
entidad requirió una serie de documentos tales como los estados financieros de
propósito general con sus respectivas notas, debidamente dictaminados, con
fecha de corte a diciembre 31 de 2003 (numeral 5.1.2.1), así como la
autorización o certificación de posesión del revisor fiscal que DICTAMINÓ los
estados financieros del ÚLTIMO PERÍODO CONTABLE SOLICITADO (numeral
5.1.2.5). Estos documentos son vitales cuando sirven para acreditar la esencia
de lo que se busca y no para nada más. Dar un alcance diferente implica
distorsionar los Términos de Referencia.

En punto de ello, agregó que durante el proceso judicial se rindió un dictamen
pericial en el que se puso de presente el cumplimiento, por parte de ambos
miembros de la unión temporal, de los índices financieros señalados en los términos
de referencia.

Subrayó que, ante dos interpretaciones posibles de los términos de referencia, una
conducente al rechazo de la oferta y otra orientada a su aceptación, debía preferirse
esta última, más aún cuando la jurisprudencia defendía la interpretación más
favorable “al ejercicio del derecho de acción”, en el sentido de asegurar, “más allá
de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto
del procedimiento”, por lo cual, en caso de duda, ésta debía resolverse en el sentido
que mejor garantizara “la conclusión del procedimiento hasta su total conclusión”,
desechando todo aquello que impidiera la selección objetiva.

Insistió en que la sociedad Medcom Ltda. no tenía la obligación legal de dictaminar
sus estados financieros, aunque por su parte, Red Salud S.A. cumplió con esa
exigencia, ya que la ley le imponía contar con revisor fiscal. De cualquier manera -
prosiguió-, los términos de referencia no exigieron que los oferentes no sujetos a
revisoría fiscal presentaran dictamen elaborado por contador público, siendo cierto,
además, que el ordenamiento no establecía tal dictamen como regla general sino
como excepción, de manera que sólo en ese sentido debían leerse e interpretarse
las reglas de la invitación pública.

Expresó:

[E]s fácil deducir que lo que los términos de referencia reclamaban era la
aplicación de la regla general, habida consideración que en abril de 2005 no
resultaba posible dictaminar unos estados financieros de dos años atrás (2003),
sino para eventos en que ese momento existía (sic) esa obligación (…).
[P]or la redacción de los Términos de Referencia, en donde se utiliza para
efectos del cumplimiento del requisito de acreditar la posesión del revisor fiscal,
una palabra en tiempo pasado referido a un período contable solicitado que no
era otro que el del 2003, con lo que se nota la ligazón y coherencia entre los
dos numerales (5.1.2.1 y 5.1.2.5); por la ‘experiencia’ pasada donde Medcom
Ltda., a la sazón integrante de la UT afectada, había celebrado contratos con el
fondo y nunca le habían exigido el dictamen, a lo que por ley no estaba obligado,

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unido al hecho de que la Superintendencia de Salud tampoco nunca se había
manifestado en contra de esta situación, lo que hacía suponer que no había
obligación de ese dictamen; por cuanto los Términos de Referencia, en
cumplimiento de los deberes de claridad nunca hizo alusión a un contador
público independiente; por lo que la interpretación aislada de los dos numerales
llevaba a la imposibilidad acerca de su incumplimiento, habida cuenta que no
era posible en el 2005 conseguir un dictamen de los estados financieros de
2003 (…).

Señaló que, al responder la pregunta de un tercero, relacionada con la posibilidad
de que personas naturales participaran en el proceso de selección, el Fondo
respondió de manera afirmativa, recalcando que sí podían ofertar las personas
naturales, siempre y cuando “cumplieran los requisitos exigidos en los términos de
referencia y presenten los documentos soportes requeridos (…), entre otros,
estados financieros dictaminados y certificaciones expedidas por las entidades
contratantes (…)”, de lo cual podía colegirse claramente, en criterio de la parte
apelante, que no era obligatorio el dictamen materia de debate.

• Como siguiente tema de su alzada, rechazó la conclusión del Tribunal en cuanto
a la posibilidad de cumplir el requisito de la red de servicios, en la Fase Uno,
únicamente con la manifestación escrita y firmada de la oferente, y consideró que,
contrario a ello, el numeral 10.1 de los términos de referencia indicaban que la
clasificación a la fase de evaluación de la propuesta dependía de que se acreditara,
como mínimo, el 80% de la red requerida, con sus respectivas capacidades
instaladas, cuestión que no fue cumplida por ninguno de los oferentes favorecidos,
sino únicamente por la unión temporal Red Salud, especialmente porque los demás
no aportaron el certificado o registro de habilitación de IPS de la red ofrecida ni
completaron el porcentaje antes señalado. En punto a ello, refirió el numeral
4.4.7.11 del mismo documento, que establecía como causal de rechazo de la oferta
el no cumplimiento del “requisito de la red mínima”.

Afirmó que Red Salud era la única proponente con opción de ser “legítima ganadora”
del proceso, dada la votación obtenida por cada una de sus integrantes en procesos
de contratación anteriores, y porque en otras regiones destinatarias de la invitación
pública, las votaciones evidenciaron alta preferencia de los usuarios por los
prestadores antiguos, más que por los nuevos.

En ello insistió la impugnante a lo largo de su recurso, indicando además los
porcentajes de red acreditada que, según su versión, fue cumplido por cada uno de
los proponentes, no alcanzando ninguno de ellos el 80% fijado en los términos de
referencia.

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5. Trámite en segunda instancia

5.1. El recurso de apelación fue concedido el 1 de agosto de 2017 y admitido por
esta Corporación el 30 de octubre del mismo año. El 11 de diciembre siguiente, se
corrió el traslado para alegar de conclusión y para la eventual presentación del
concepto del Ministerio Público (fls. 1014, 1017 y 1019). No obstante, todos los sujetos
procesales guardaron silencio.

5.2. En auto del 12 de marzo de 2025, se dispuso no aceptar las cesiones de
derechos litigiosos del 4 de enero de 2010 y el 30 de septiembre de 2015,
presentadas por la parte actora el 19 de marzo de 2024. Contra esa decisión no se
interpuso recurso alguno.

II.- CONSIDERACIONES

1. Presupuestos procesales

1.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso en
segunda instancia, puesto que el artículo 82 del C.C.A. –en vigor para la fecha de
interposición de la demanda-, estableció que esta jurisdicción está instituida para
juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las
entidades públicas, y de las personas privadas que desempeñen funciones propias
de los distintos órganos del Estado. En efecto, en esta oportunidad se somete a
consideración de esta Sala la declaratoria de nulidad de los actos en que se declaró
la elegibilidad de algunos oferentes y se adjudicaron los contratos correspondientes
a la Invitación Pública N° 143 de 2005, para la Región 2 de esa contratación,
adelantada por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del FOMAG, bajo
las directrices y recomendaciones del Consejo Directivo de ese fondo. La indicada
fiduciaria es de carácter estatal, por estar constituida como sociedad de economía
mixta del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y
comerciales del Estado, autorizada por el Decreto 1547 de 1984 y vinculada al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En cuanto a la vocación del proceso para ser tramitado en segunda instancia ante
esta Corporación, se advierte que en el sub judice se cumplen los presupuestos de
ley, puesto que la cuantía fijada en la demanda es superior a los 500 S.M.L.M.V.

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($190’750.0005), establecidos en el artículo 132, numeral 5 del C.C.A., vigente en
la fecha en que fue incoado este proceso. En efecto, la cuantía de los perjuicios que
se alegan como causados a las integrantes de la unión temporal Red Salud fue
estimada en la suma de $89.604’685.920, correspondiente al valor estimado del
contrato que, en criterio de la demandante, se le debió adjudicar a dicha agrupación
al término de la Invitación Pública N° 143 de 2005 (fl. 59, c.1).

1.2. Oportunidad para demandar

Se demandó en el sub judice la nulidad de los siguientes actos:

1.- “[L]a decisión contenida en el Acta de Audiencia Pública celebrada el día 17 de
junio de 2005”.

2.- El Acuerdo N° 12 de junio 3 de 2005, expedido por el Consejo Directivo del
FOMAG, y,

3.- La “adjudicación de la invitación pública N° 143 de 2005”.

Asimismo, con fundamento en todo lo anterior, la demandante solicitó la declaratoria
de nulidad absoluta de los contratos que, en el marco de ese proceso de selección,
suscribió Fiduprevisora – FOMAG con las uniones temporales Fersalud y Mejor
Salud.

De conformidad con el artículo 87, inciso segundo, del C.C.A., “[l]os actos proferidos
antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán
demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación,
notificación o publicación”, y una vez celebrado el acuerdo de voluntades, “la
ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de
nulidad absoluta del contrato”.

En el caso concreto, y sobre la base de la citada norma, el Tribunal de primera
instancia estableció que se había configurado la caducidad respecto de las
pretensiones indemnizatorias de la demanda, pues al derivarse éstas de la nulidad
de los actos precontractuales anteriormente referidos, el término para acudir a la vía
judicial era de 30 días contados a partir de su notificación, plazo que, en criterio del
a quo, comenzó a correr el 17 de junio de 2005 y expiró el 2 de agosto de ese año,

5 El salario mínimo legal mensual que rigió en 2005 era de $381.500 (Decreto N° 4360 de 2004).

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dejando la parte actora que se produjera tal vencimiento, al interponer el libelo
únicamente el 13 de septiembre siguiente.

Al apelar ese punto de la sentencia, la demandante adujo que la caducidad no debió
computarse desde el 17 de junio de 2005, puesto que las decisiones adoptadas en
la audiencia de esa fecha no se consignaron en un acto administrativo debidamente
suscrito por el Consejo Directivo del FOMAG, sino en un acta que dejó abierta la
sesión, y que a lo sumo podía ser considerada como acto de mero trámite, no
susceptible de control judicial de legalidad. Asimismo, argumentó que, de admitirse
la existencia de un acto administrativo definitivo, éste sólo podía estar contenido en
el Acuerdo N° 12 del 3 de junio de 2005, el cual fue notificado únicamente el 4 de
agosto de dicha anualidad, aunque por otro lado, en criterio del mismo apelante, el
Acuerdo N° 12 de 2005 tampoco fue un acto administrativo de cierre, ya que estaba
sujeto a lo que se concluyera en las audiencias públicas subsiguientes.

A efectos de resolver lo relativo a la oportunidad para demandar la nulidad de los
actos precontractuales reprochados por la actora, la Sala hará varias precisiones
sobre el FOMAG y su Consejo Directivo, la naturaleza de sus decisiones y los
elementos de la Invitación Pública N° 143 de 2005, relevantes para examinar el
indicado presupuesto procesal:

-. Los Acuerdos expedidos por el Consejo Directivo del FOMAG, en el marco de la
Invitación Pública N° 143 de 2005, constituyeron actos administrativos: dicho Fondo
fue creado por la Ley 91 de 1989 como una cuenta especial de la Nación,
administrada por una entidad fiduciaria estatal6, con la cual, el Gobierno Nacional
debía suscribir el respectivo contrato de fiducia mercantil7. De conformidad con el
artículo 6 ibídem, el FOMAG contaría con un Consejo Directivo integrado por los
titulares o delegados de los Ministerios de Hacienda, Educación y Trabajo y
Seguridad Social, dos representantes del magisterio y el gerente de la fiduciaria. A
su vez, el artículo 7 de la misma ley le asignó al Consejo, entre otras funciones,
determinar las políticas generales de administración e inversión de los recursos del

6 Estableció la ley, en el artículo 3: “Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y
estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria
estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el
Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las
estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que,
en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o
variable determinada con base en los costos administrativos que se generen. La celebración del
contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional”.
7 Fue así como, mediante escritura pública 83 del 21 de junio de 1990, otorgada en la Notaría 44 de

Bogotá, la Nación y la sociedad Fiduprevisora S.A. suscribieron el indicado contrato de fiducia, por
medio del cual fue constituida la cuenta especial denominada “Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio” cuyos recursos provendrían de la Nación y otras fuentes correspondientes a distintas
entidades del Estado, pero cuyo ingreso al Fondo estaría siempre vigilado por aquella, en calidad de
fideicomitente.

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FOMAG y “[a]nalizar y recomendar las entidades con las cuales celebrará los
contratos para el funcionamiento de [dicho] Fondo”.

En el artículo 1, liberal b) del Decreto reglamentario 1775 de 1990, se precisó que
las decisiones del indicado Consejo Directivo constituirían Acuerdos, los cuales
serían suscritos por el presidente (es decir, el ministro de Educación o su delegado)
y el secretario8.

Mediante Acuerdo N° 4 del 22 de julio de 20049, el Consejo Directivo del FOMAG
modificó el sistema de servicios médico-asistenciales a cargo de esa cuenta, y en
cuanto a la selección de prestadores, señaló (artículo 1, numeral 4):

[E]n cada región habrá más de un prestador de servicios, salvo que sólo se
presente un proponente o los que se presenten no alcancen los requisitos
mínimos. En cada región se contratará con las entidades que obtengan los
mayores puntajes, previo el cumplimiento de unos requisitos y criterios que
serán definidos en una próxima sesión del Consejo Directivo, con base en una
evaluación técnica realizada por una entidad preferiblemente pública, distinta a
la Fiduciaria. El número máximo de entidades con las que se contratará
dependerá de la población (…). La selección se realizará mediante el
procedimiento de invitación pública previsto en la Ley 80 de 1993. En el proceso
de selección se deberá aplicar el procedimiento establecido en la legislación
vigente respecto de la recomendación de las entidades con las que se
contratará por parte de los Comités Regionales y del Consejo Directivo.

Con fundamento en el citado Acuerdo, Fiduprevisora – FOMAG abrió la Invitación
Pública N° 143 de 2005, para contratar la prestación de servicios de salud a los
maestros y pensionados afiliados al magisterio, y a sus beneficiarios, en todo el
territorio nacional (que para efectos de la contratación fue dividido en ocho grupos
de departamentos, denominados Regiones). La entidad señaló que los términos de
referencia contenían, precisamente, las condiciones aprobadas por el Consejo
Directivo para regir ese proceso de selección.

Según la estructura descrita en el documento, la Invitación Pública se desarrollaría
en tres fases, correspondiendo la primera (denominada Fase Uno) a la inscripción
de los oferentes, la presentación de propuestas, su evaluación y la determinación
de los postulantes elegibles para la Fase Dos. Dicha etapa inicial sería coordinada
por Fiduprevisora-FOMAG y el evaluador, y culminaría “con la recomendación [de
elegibilidad] del Consejo Directivo del FNPSM con base en el informe presentado

8 “Las decisiones del Consejo Directivo del Fondo se denominarán Acuerdos y deberán llevar las

firmas del Presidente y el Secretario. Los acuerdos se numerarán sucesivamente con indicación del
día, mes y año en que se expidan y estarán lo mismo que las actas bajo la custodia del Secretario”.
El Decreto 1775 de 1990 fue derogado por el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, en el cual se
indicó que sólo algunas decisiones del Consejo Directivo se denominarían Acuerdos, entre ellas, las
recomendaciones que formulara ese organismo colegiado para adoptar alguna recomendación con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.
9 Al tenor del artículo 1, literal b, del Decreto 1775 de 1990 -reglamentario de la Ley 91 de 1989-, las

decisiones del Consejo Directivo del FOMAG se adoptan mediante Acuerdo.

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por la entidad evaluadora y Fiduprevisora S.A., en el cual se dará cuenta de la
evaluación adelantada (…) y las recomendaciones de los Comités Regionales (…)”
(numeral 6.1.1.1.).

En el numeral 1.9 de los términos de referencia, se señaló que el evaluador era la
entidad recomendada por el indicado Consejo Directivo, y contratada por
Fiduprevisora-FOMAG para realizar la evaluación jurídica, financiera y técnica de
las propuestas “dentro de la Fase Uno”.

-. Bajo lo establecido en el numeral 6.5. de los términos de referencia, el informe
preliminar de evaluación, una vez elaborado, debía ser puesto a disposición de los
oferentes durante “los siguientes cinco días hábiles”, para la formulación de
observaciones que, a su vez, debían ser analizadas por el ente evaluador.
Finalizado ese paso, le correspondería a ese estamento rendir un informe final ante
el Consejo Directivo del FOMAG.

Señalaba la disposición:

Informes. La entidad evaluadora llevará a cabo el proceso de evaluación dentro
de los veinte días subsiguientes al cierre de la convocatoria, y como resultado
emitirá un informe que pondrá a disposición de los oferentes para sus
observaciones durante los siguientes cinco días hábiles. Igualmente, remitirá a
los Comités Regionales el resultado del proceso y posteriormente, analizará las
observaciones presentará (sic) el informe final ante el Consejo Directivo del
FNPSM. El Consejo Directivo recomendará el orden de elegibilidad de las
firmas para poner en consideración de los docentes, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la presentación del informe por parte de la evaluadora.
(Énfasis fuera de texto).

-. A su turno, la Fase Dos del proceso de selección sería aquella en la cual los
oferentes calificados como elegibles en la etapa anterior participarían en el trámite
denominado “libre elección”, a cargo de los docentes y pensionados afiliados de la
respectiva región. De conformidad con el numeral 6.1.1.2 de los términos de
referencia, los proponentes que en esa segunda etapa superaran el 25% de la
población afiliada pasarían a la Fase Tres, en la cual, por último, se llevaría a cabo
la suscripción de todos los contratos de prestación de servicios de salud en las
regiones objeto de la invitación pública, por parte de los elegibles que hubieran
superado la Fase Dos y fueran recomendados por el Consejo Directivo 10.

10 “Los oferentes calificados como elegibles y que hayan superado el 25% de población afiliada

establecida en el cuadro 2.4.1. para la respectiva región, pasarán a la fase tres, denominándose
ADJUDICATARIOS. Cumplido el proceso de libre elección, FIDUPREVISORA S.A. presentará los
resultados al Consejo Directivo, quien en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 91 de 1989
recomendará con quiénes se celebrarán los contratos objeto de esta invitación pública. En cada
región habrá como máximo tres adjudicatarios”.

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-. En abril de 2005 fue rendido el informe preliminar de evaluación de la Fase Uno,
para la Región 2, a la cual se postuló como oferente la unión temporal Red Salud,
cuya propuesta fue estimada como “no calificable”, por no haber cumplido los
requisitos relativos a la documentación financiera.

-. El 3 de junio de 2005, el ente evaluador rindió, ante el Consejo Directivo del
FOMAG, el informe final de las propuestas postuladas para la Región 2; en dicho
documento se dio respuesta a las observaciones que, previamente, habían
presentado por escrito los interesados (c. 11, fls. 437-511).

-. Mediante Acuerdo N° 12 del 3 de junio de 2005, el Consejo Directivo recomendó
a Fiduprevisora-FOMAG la conformación de la lista de elegibles para la segunda
fase del proceso de contratación, con cobertura en las Regiones 1 y 2. Para la
Región 2, la recomendación se hizo en los siguientes términos:

“[A] la UNIÓN TEMPORAL FESALUD, conformada por (...) MÉDICOS
ASOCIADOS S.A. y COLOMBIANA DE SALUD S.A., y a la UNIÓN TEMPORAL
MEJOR SALUD, conformada por CENTRO POLICLÍNICO DEL OLAYA-C.P.O.
S.A. y a el (sic) HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL, conforme
con (sic) el informe de evaluación presentado, el cual corresponde al Anexo II
del presente Acuerdo, salvo que, como producto de la audiencia que se
adelante para dar a conocer la lista de elegibles, se presenten circunstancias
que puedan implicar alguna modificación” (subraya la Sala).

-. El 8 de junio de 2005, se adelantó una audiencia pública “con el fin de proceder a
la presentación del informe definitivo de la Región 2”. El orden del día anunciado
incluyó, además de la lectura de la evaluación y su análisis por parte de los
oferentes, la reseña de las observaciones que se habían presentado por escrito,
una “deliberación” adicional y “comentarios finales” (c.8, fl.587).

La audiencia fue suspendida y reanudada en tres oportunidades, de modo que
también se adelantaron sesiones los días 10, 14 y 17 de junio de 2005 (fls. 587-624,
c.8), fecha en la cual se clausuró de la siguiente manera:

“Finalizada la lectura de las respuestas a las observaciones planteadas por los
participantes, fueron declarados como elegibles para pasar a la Fase 2 del
proceso en la Región N° 2 las firmas (sic): Fesalud UT, Mejorsalud UT y Hospital
Universitario Clínica San Rafael, habiendo quedado la audiencia abierta para
constancias, las que al no haberse presentado permitió (sic) dar por terminada
la sesión (...)".

El acta fue suscrita por el Vicepresidente de Prestaciones Sociales, el gerente
operativo y el director de servicios en salud de Fiduprevisora – FOMAG, y
adicionalmente, por el gerente de la evaluadora Consucon Ltda.

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Radicación 250002326000-200502117-02 (59917)
Demandante: Red Salud S.A. y otros
Demandado: FOMAG, Fiduprevisora y otros
Referencia: Acción de controversias contractuales

En la sesión inicial del 8 de junio de 2005, se precisó que se suspendería
únicamente para “dar un resultado” de las intervenciones hechas por los
proponentes en esa jornada, de suerte que sería ese el único propósito de la
reanudación de la audiencia, sin que tuvieran cabida “más observaciones ni
planteamientos distintos a la decisión que el Consejo Directivo tome” (fl. 608, c.8).

-. El mismo 8 de junio de 2005, el Consejo Directivo del FOMAG expidió el Acuerdo
N° 13, mediante el cual “ratific[ó] la recomendación impartida mediante el Acuerdo
N° 12 del 3 de junio de 2005” (fls. 164-166, c.4).

En las motivaciones de su decisión, señaló que las observaciones presentadas por
las partes durante la audiencia de esa misma fecha no tenían el mérito suficiente
para modificar los informes finales de evaluación de las Regiones 1 y 2.

-. El Consejo Directivo del FOMAG emitió el Acuerdo N° 18 del 3 de agosto de 2005,
por medio del cual recomendó “la contratación de entidades para que garanticen la
prestación de los servicios médico asistenciales a cargo del Fondo (...)” (fl. 167, c.4).
En ellas incluyó, para la Región 2, a las uniones temporales Fesalud y Mejor Salud11.

Examinados los argumentos de la apelante a la luz de los hechos aquí reseñados,
la Sala evidencia que le asistió razón al Tribunal de primera instancia al establecer
la configuración de la caducidad respecto de las pretensiones encaminadas a la
indemnización de los integrantes de la unión temporal Red Salud por no haber sido
seleccionados como prestadores del servicio de salud, en la Invitación Pública N°
143 de 2005.

La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado de
manera pacífica que, en relación con los actos previos a la celebración del contrato
y la oportunidad para demandar su nulidad, se pueden extraer del artículo 87 del
C.C.A. tres hipótesis o escenarios en los que operan los distintos supuestos de la
norma, y los efectos que acarrea para el demandante el ejercicio de una u otra
acción -controversias contractuales o nulidad y restablecimiento del derecho- dentro
o fuera de los plazos que la misma disposición establece.

Ha dicho la Corporación:

“[C]on el propósito de precisar el sentido lógico y razonable con el cual la
jurisprudencia de la Sección Tercera ha reconocido la plenitud de los efectos
que se derivan del texto consagrado en el comentado inciso 2º del artículo 87

11 Fue excluido el Hospital Universitario Clínica San Rafael, por no haber obtenido votación suficiente

de los docentes y pensionados afiliados, en el trámite de “libre elección”.

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Radicación 250002326000-200502117-02 (59917)
Demandante: Red Salud S.A. y otros
Demandado: FOMAG, Fiduprevisora y otros
Referencia: Acción de controversias contractuales

del C.C.A. (...), la Sala estima importante puntualizar las diversas hipótesis que
se contemplan y regulan dentro de la norma legal en examen, en orden a
clarificar la aplicación de los diversos términos de caducidad que en ella se
consagran (...).

• La primera hipótesis se refiere a aquellos casos en los cuales el contrato
estatal no se ha celebrado aun para la fecha en que, dentro de los 30 días
siguientes a la comunicación, notificación o publicación (...), se demanda ese
acto administrativo previo (...), caso en el cual y sin mayor discusión se tiene
que el interesado podrá pretender e incluso obtener tanto la declaratoria judicial
de nulidad del aludido acto administrativo, como el restablecimiento de sus
derechos (...).

• Una segunda hipótesis dice relación con aquellos casos en los cuales hubiere
transcurrido el término de 30 días sin que se hubiere celebrado el
correspondiente contrato estatal pero igual sin que se hubiere formulado
demanda contra el acto administrativo previo dentro de ese mismo término,
cuestión que, como resulta apenas natural, da lugar a la configuración de la
caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual priva
definitivamente al interesado de la posibilidad de revivir ese plazo y/o de
acudir en una nueva oportunidad ante la Jurisdicción en procura de
obtener el reconocimiento de los derechos que le habrían sido
desconocidos con la expedición del correspondiente acto administrativo.
Así pues, si con posterioridad al vencimiento del aludido plazo de los 30
días se celebra el correspondiente contrato estatal, mal podría
considerarse que quien dejó operar la caducidad administrativa para
demandar el acto previo en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, pudiere encontrar entonces en la acción
contractual una oportunidad nueva para demandar aquello que no
cuestionó judicialmente dentro del plazo que la ley le estableció para ese
propósito.
En consecuencia, la alternativa que le abre la ley para que pueda demandar la
nulidad absoluta del contrato estatal con fundamento en, o como consecuencia
de, la ilegalidad de los actos administrativos previos, si bien le permite elevar
pretensiones para que dichos actos previos también sean judicialmente
declarados nulos, lo cierto es que ya no podrá pretender y menos obtener
resarcimientos o indemnizaciones de carácter económico o, lo que es lo mismo,
el restablecimiento de sus derechos, puesto que en cuanto dicho interesado
dejó operar la caducidad en relación con la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, la oportunidad que tiene en esta nueva etapa para demandar esos
mismos actos previos se encuentra limitada, como el propio texto de la ley lo
determina, a reclamar la declaratoria de ‘… ilegalidad de los actos previos
solamente como fundamento de [la] nulidad absoluta del contrato’ (...).

• La tercera hipótesis corresponderá a los eventos en los cuales la entidad
estatal y el adjudicatario proceden a celebrar el contrato estatal antes de que
expire el término de los 30 días siguientes a la notificación, comunicación o
publicación del acto de adjudicación, según fuere el caso, sin que para esa
fecha el proponente vencido hubiere ejercido la correspondiente acción de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto previo, situación que
si bien determina que el interesado ya no podrá ejercer la mencionada acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, la ley expresamente le dejó abierta
la opción para ejercer válidamente la acción contractual, dentro de la cual
deberá pretender la nulidad del contrato estatal y la declaratoria de ilegalidad
de los actos previos, pretensión que –según ya se indicó– incluso servirá de
fundamento para que prospere aquella de nulidad del contrato, con la anotación
de que en estos casos y siempre que la acción contractual se ejerza dentro del
mencionado término de 30 días, el interesado también estará legitimado para
solicitar el restablecimiento de los derechos que le fueron desconocidos como
resultado de la indebida adjudicación (...)”12. (Destaca la Sala).

12Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 13 de noviembre de 2013, exp. 25646. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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Demandado: FOMAG, Fiduprevisora y otros
Referencia: Acción de controversias contractuales

El presente asunto encuadra en la segunda hipótesis referida por la jurisprudencia,
por lo siguiente:

De acuerdo con los términos de referencia, la recomendación que adoptara el
Consejo Directivo mediante Acuerdo, para tener por elegibles a los oferentes mejor
evaluados en la Fase Uno, tenía un carácter definitivo. El numeral 6.5. señalaba un
único término para presentar observaciones, que era el de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha en que se pusiera en conocimiento de los proponentes el
informe preliminar de evaluación, igualmente previsto en ese proceso. En cambio,
para el informe final posterior, no se previó un nuevo plazo para formular
observaciones, ya que el paso siguiente era sólo la recomendación definitiva hecha
por el Consejo Directivo, sobre los elegibles para la Fase Dos.

Ciertamente, en desarrollo de la invitación pública, y precisamente en el Acuerdo N°
12 del 3 de junio de 2005, el Consejo Directivo no sólo hizo la recomendación
referida, absteniéndose de incluir en la lista de elegibles a la UT Red Salud, sino
que previó la posibilidad de que el informe definitivo y la decisión del Consejo
pudieran tener “alguna modificación”, producto de la audiencia que se adelantara
para dar a conocer los resultados de esa evaluación. Sin embargo, ello no implicaba
que el Acuerdo N° 12 del 3 de junio fuera de “trámite”, como lo afirmó la parte actora,
pues no fue ese el alcance que se le dio en la Invitación Pública N° 143 -cuyas
reglas fueron aceptadas por la proponente UT Red Salud- y no existía ninguna pauta
normativa que señalara que esa recomendación del Consejo Directivo dependiera
de nuevas observaciones o impugnaciones de los participantes, en audiencia o en
cualquier espacio posterior a la divulgación de los respectivos resultados.

Por otro lado, es de anotar que la propia apelante formuló, desde la demanda inicial,
pretensión expresa de nulidad contra el Acuerdo N° 12 del 3 de junio de 2005,
obrando entonces con el convencimiento de que se trataba de un acto administrativo
definitivo, no siendo plausible que en sede de apelación alegue un argumento
contrario.

En todo caso, el informe final y la recomendación del Consejo Directivo, contenida
en el Acuerdo N° 12, se pusieron en conocimiento de los proponentes durante la
audiencia que se desarrolló durante los días 8, 10, 14 y 17 de junio de 2005,
advirtiéndose en la primera de tales fechas, que se consignaban las disertaciones
expuestas en esa oportunidad, a fin de adelantar la segunda sesión únicamente
para dar a conocer la opinión última del Consejo Directivo sobre las mismas. Por
tanto, no se trató de una adición de términos para formular observaciones
encaminadas a revertir lo ya decidido en el informe final y en el Acuerdo N° 12 de

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Referencia: Acción de controversias contractuales

2005, sino en realizar una audiencia para dar a conocer tales actos, sólo que sin
descartar eventuales modificaciones, por hechos sobrevinientes que llegaran a
evidenciarse en ese espacio de divulgación.

El mismo 8 de junio de 2005, el Consejo Directivo ratificó el Acuerdo N° 12,
circunstancia que también le fue informada a los proponentes en la audiencia
aludida, que se reitera, cerró el 17 de junio de 2005, de manera definitiva.

Por tanto, es claro que la unión temporal Red Salud fue informada sobre la
expedición y contenido del Acuerdo N° 12 de 2005, y del acto que lo ratificó (Acuerdo
N° 13 del mismo año), a más tardar el 17 de junio de 2005, fecha en la cual también
tuvo conocimiento del carácter definitivo de tales actos, no sólo por lo señalado en
ellos y en la audiencia misma, sino porque así lo preveían los términos de referencia
de la Invitación Pública N° 143 de esa anualidad. Sin perjuicio de esto, se recalca
además que, si bien la parte actora adujo que sólo le fue “notificado” el Acuerdo N°
12 de 2005 el 4 de agosto de ese año, ya que Fiduprevisora informó posteriormente,
en oficio del 9 de agosto de 2005, haber suministrado una copia de la decisión; lo
cierto es que no obra prueba de la alegada “notificación” que se afirma realizada el
4 de agosto de 2005, y en todo caso, el suministro de una copia no entraña por sí
solo una diligencia de notificación personal de acto administrativo, sabiéndose
además que, de cualquier manera, al cierre de la audiencia del 17 de junio de 2005
la unión temporal Red Salud tenía pleno conocimiento del resultado definitivo de la
primera etapa del proceso de selección.

Así, con la ratificación del Acuerdo N° 12 de 2005 y la clausura de la indicada
audiencia el 17 de junio de ese año, finalizó la Fase Uno, que era preclusiva y
determinante para la adjudicación. Por ello, lo resuelto en ese acto respecto de la
elegibilidad de los proponentes debía demandarse mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
notificación, comunicación o publicación de la decisión pertinente, pues en su
alegada invalidez se fundamentaron no sólo las pretensiones de nulidad de los
contratos celebrados como resultado de la invitación pública, sino también las que
cuestionaron la legalidad de los actos mismos de adjudicación, y de manera puntual,
las solicitudes encaminadas a indemnizar a la unión temporal Red Salud por no
habérsele reconocido su alegado derecho a ser calificada como elegible en el
proceso de selección y a ser adjudicataria del contrato que aspiraba celebrar.

No obstante, aunque el indicado plazo de 30 días expiraba el 2 de agosto de 2005,
la demanda sólo fue instaurada el 13 de septiembre siguiente.

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Es la supuesta nulidad de los actos expedidos durante la Fase Uno lo que sirve de
basamento a las pretensiones indemnizatorias de la demanda, razón por la cual, al
haberse acudido a la vía judicial cuando ya habían expirado los 30 días siguientes
a la comunicación del Acuerdo que ponía fin a esa etapa, el examen de legalidad
de tales actos sólo procede para establecer la nulidad o no de los contratos
celebrados para la Región 2, como resultado de la Invitación Pública N° 143 de
2005, pero no para abordar la procedencia de la indemnización solicitada por la
demandante.

Ahora bien, con respecto a las demás pretensiones, relativas a la nulidad absoluta
de los contratos celebrados por Fiduprevisora-FOMAG como producto de la
Invitación Pública N° 143 de 2005, es de advertir que no hay elementos que
evidencien la ocurrencia de la caducidad, dado que no se demostró la fecha de
celebración de dichos negocios jurídicos (punto de partida para contabilizar el
respectivo término de caducidad), ya que los mismos no obran en el expediente 13;
mientras que sí es palmario que, en todo caso, aun entre el 17 de junio de 2005 -
fecha en que se puso en conocimiento de Red Salud, en forma definitiva, el
resultado de evaluación de la Fase Uno de la invitación pública- y la fecha de
presentación de la demanda, no transcurrió un lapso superior al de los dos años
establecidos en el artículo 136, numeral 10, del C.C.A., como regla general para la
caducidad de la acción de controversias contractuales.

2. La controversia

2.1. Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en el
presente asunto le corresponde a la Sala establecer: i) si se oponía al ordenamiento
aplicable la decisión de rechazar la oferta presentada por la unión temporal Red
Salud en la Invitación Pública N° 143 de 2005, adoptada por Fiduprevisora-FOMAG
previa recomendación del Consejo Directivo, por no haber aportado dicha oferente
el dictamen de sus estados financieros; y ii) si en el proceso de selección

13 En la presente causa no fueron aportados los contratos cuya nulidad absoluta aduce Red Salud,

y que debieron celebrarse por Fiduprevisora-FOMAG al adjudicarse la invitación pública materia de
controversia. Si bien la demandante formuló como solicitud probatoria la remisión de oficio a la
entidad demandada para que allegara al proceso los respectivos negocios jurídicos, no se hizo tal
presentación documental, pese a que la prueba fue efectivamente decretada y el tribunal de primera
instancia requirió a Fiduprevisora-FOMAG para ese efecto. Con todo, la acción de controversias
contractuales fue resuelta por el a quo en la sentencia apelada, y a ello se procederá en el sub judice
para dar cierre a la segunda instancia, pues el fundamento de la nulidad de los contratos es la
ilegalidad de los actos precontractuales ya referidos, cuestión que es posible revisar con el material
probatorio existente, y es posible además resolver sin afectación de ninguna garantía procesal, ya
que en todo caso, como se verá, deberá confirmarse la sentencia apelada, denegatoria de las
pretensiones de la demanda, sin que haya lugar a declararse la nulidad de los indicados contratos.

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Referencia: Acción de controversias contractuales

mencionado no debieron tenerse por elegibles, ni adjudicatarios de los respectivos
contratos, los oferentes favorecidos en la evaluación de la Fase Uno, por no haber
cumplido ninguno de ellos con los requisitos atinentes a la red mínima requerida por
la entidad para la prestación de los servicios objeto de contratación en la
mencionada invitación pública.

2.2. Régimen jurídico de la Invitación Pública N° 143 de 2005

En lo relacionado con la contratación y prestación de servicios médicos
asistenciales a los docentes públicos y pensionados del magisterio, tales
actividades se sujetan a régimen especial, estructurado primordialmente en la Ley
91 de 1989, y en tanto el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 dispuso que el Sistema
Integral de Seguridad Social en ella regulado no sería aplicable a los afiliados al
FOMAG14. En tal virtud, y especialmente para la época de los hechos debatidos en
la presente causa, no les resultaba aplicable a dichas actividades lo establecido en
la Ley 100 de 1993, respecto de la sujeción de tales contrataciones, exclusivamente
al derecho privado.

Ahora bien, el indicado proceso de selección no sólo fue adelantado por
Fiduprevisora, como vocera y administradora del FOMAG, sino que en él fueron
determinantes las distintas decisiones adoptadas por el Consejo Directivo de ese
fondo, de modo especial en cuanto ordenó, precisamente, adelantar la invitación
pública bajo las nuevas directrices impuestas en el Acuerdo N° 4 del 22 de julio de
2004, y era el estamento encargado de indicar o recomendar a los oferentes
elegibles, función que le fue asignada en el artículo 7, inciso tercero, de la Ley 91
de 1989.

Como se anotó, en el Acuerdo N° 4 de 2004 se precisó que la invitación pública allí
ordenada se regularía por la Ley 80 de 1993, estatuto que, igualmente durante el
período en que se adelantó ese proceso de selección, establecía en el artículo 32,
parágrafo 1°:

Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley sobre fiducia y encargo fiduciario, los
contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de
seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, que
correspondan al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social, no

14 “Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley

no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido
por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de
la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o
cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos
pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la
reglamentación que para el efecto se expida”.

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Referencia: Acción de controversias contractuales

estarán sujetos a las disposiciones del presente estatuto y se regirán por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades.

Se desprendía de tal disposición que los contratos no correspondientes al giro
ordinario de las actividades propias de las entidades financieras de carácter estatal,
entre éstas, las fiduciarias, se regulaban por el EGCAP.

A este respecto, en la jurisprudencia de esta Corporación se han hecho las
siguientes precisiones15:

Sobre la expresión ‘giro ordinario de los negocios’, el Consejo de Estado ha
determinado que dicho concepto guarda relación con todas aquellas actividades
que constituyen el objeto social de la entidad o que se relacionan
intrínsecamente con este. En otras palabras, son las tareas y/o labores,
principales o conexas, que la entidad desarrolla para cumplir su función
misional.
Concretamente, en lo que respecta al giro ordinario de los negocios de las
instituciones públicas financieras, la Sección Tercera de esta Corporación, en
auto proferido el 17 de junio de 201516, explicó in extenso la delimitación de esta
locución. En esa oportunidad, se expuso (...):
‘10.2.1. La noción de giro ordinario de los negocios constituye un concepto
jurídico indeterminado que por la amplitud de sus elementos podría dar lugar a
diversas interpretaciones en cuanto a lo que su aplicación o alcance supone.
No obstante, esta Corporación antes de la expedición de la Ley 1437 de
2011 ya se había pronunciado respecto de los alcances de una disposición
similar contenida en el parágrafo primero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 –Estatuto General de Contratación Pública- que acudía a la noción
giro ordinario de las actividades propias de su objeto social, no para
establecer la jurisdicción competente, sino con el fin de determinar el
régimen jurídico aplicable al contrato. (…)
10.2.2. En un principio, la jurisprudencia de esta Corporación interpretó que la
noción giro ordinario de los negocios se refería o relacionaba con dos tipos de
actividades o negocios como tal, a saber: i) con las actividades o negocios
realizados en cumplimiento del objeto social o funciones principales,
expresamente definidas por la ley, y ii) con todo aquello que fuera conexo a las
funciones principales y que se realizara para el desarrollo de estas. (…).
10.2.4. Ahora, en cuanto al giro ordinario de las actividades propias de las
entidades financieras, esta Corporación también tuvo la oportunidad de
pronunciarse en el sentido de reiterar que estas hacen relación i) tanto a las
actividades o negocios realizados en cumplimiento al objeto social, o de las
funciones principales expresamente definidas en la ley –Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero-, ii) como a todas aquellas actividades o negocios que son
conexas con ellas y que se realiza para desarrollar la función principal (…)
10.2.6. Como se puede evidenciar, los diversos pronunciamientos mencionados
en ningún momento establecen una distinción entre el objeto social de la entidad
pública financiera y las actividades catalogadas como financieras en el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero –Decreto 663 de 1993-, a efectos de definir
cuáles son los actos, actividades o negocios que forman parte del giro ordinario
de los negocios de las entidades que ostentan el carácter de financieras. Por el
contrario, lo que se observa es que la jurisprudencia se ha valido tanto del objeto
social como de la legislación referente a la actividad económica financiera, para
establecer qué actuaciones o negocios se encuentran inmersos en la noción
indeterminada de giro ordinario de los negocios financieros (...).

15 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Auto del 7 de febrero de 2025, exp. N°

05001-23-33-000-2020-00039-01 (66112). Debe anotarse que esta providencia tuvo salvamento de
voto del consejero José Roberto Sáchica Méndez, sobre el tema expuesto.
16 Cita original: “Providencia proferida en el proceso con rad. 27001-23-33-000-2013-00210-01

(50.526), C.P. Ramiro Pazos Guerrero”.

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2.2. Tal y como se mencionó al inicio de este acápite, la Fiduciaria La Previsora
S.A. suscribió el contrato objeto de la controversia en nombre y representación
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (...).
[A]unque los contratos del FOMAG son firmados por La Previsora S.A., ello no
acontece en ejercicio del giro ordinario de sus negocios, sino con ocasión del
contrato de fiducia suscrito con el Ministerio de Educación, en cumplimiento de
la disposición contenida en el artículo tercero de la Ley 91 de 1989, dado que
quien determina cuáles contratos suscribir, con qué entidades, con fundamento
en cuál presupuesto, etc., es el Consejo Directivo del FOMAG y no la fiduciaria
en forma autónoma, es decir, es un intermediario que se encarga de manejar
unos recursos que son públicos.
Sumado a lo que viene expresándose, la Sala considera que la exclusión
regulada no se extiende a los contratos celebrados por la Fiduprevisora como
representante y vocera del FOMAG, porque las obligaciones que se derivan de
los contratos de prestación de servicios de salud o, en general, de los médico
asistenciales no comprometen ni afectan el patrimonio de la fiduciaria, al tiempo
que las cargas y responsabilidades económicas correspondientes recaen
exclusivamente en los recursos del fondo. Aunque la fiduciaria está celebrando
el negocio debatido en desarrollo del contrato de fiducia múltiples veces
mencionado, el objeto del contrato 12076-005-2012 no tiene ningún tipo de
conexión con el giro ordinario o con las actividades habituales de la
Fiduprevisora, quien no tiene entre sus competencias garantizar los servicios
de salud de los docentes vinculados al magisterio (énfasis fuera de texto).

Asimismo, en sentencia del 16 de septiembre de 2021, la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado refirió que la exclusión relativa a los contratos del
giro ordinario de los negocios de las citadas entidades no era aplicable a los
negocios jurídicos en que fuera parte el FOMAG y fueran suscritos por Fiduprevisora
como su vocera y representante, por cuanto “las obligaciones derivadas de
contratos como el de prestación de servicios médico-asistenciales (...) recaen en el
Fomag y, por tanto, no se refieren a los negocios que celebra la Fiduciaria en su
propio interés patrimonial”, siendo cierto que “los contratos de prestación de
servicios médico-asistenciales celebrados por Fiduprevisora S.A. como
administradora del Fomag no comprometen ni afectan el patrimonio de la Fiduciaria;
las responsabilidades y cargas económicas correspondientes recaen sobre los
recursos del Fondo -que justamente, por esta razón se considera la parte
interviniente en el proceso arbitral que dio origen a este recurso, como ya se anotó-
los cuales provienen de la Nación y de otras entidades del Estado, y si bien son
administrados por Fiduprevisora S.A., sobre su destinación toma decisiones una
instancia especial, cual es el Consejo Directivo del Fomag, integrado por servidores
públicos, entre estos, ministros del Gobierno Nacional”17.

Por consiguiente, es dable concluir que, para el año 2005, en cuyo transcurso se
adelantó el proceso de selección hoy enjuiciado, la actividad precontractual y

17 Consejo de Estado -Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 16 de septiembre de 2021,

exp. N° 11001-03-26-000-2020-00076-00 (66091). Debe anotarse que en esta providencia salvó
voto el consejero José Roberto Sáchica Méndez, en relación con el tema expuesto.

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contractual del FOMAG para la prestación de servicios médico-asistenciales a la
población destinataria, se sujetaba a la Ley 80 de 199318.

2.3. Hechos probados en la actuación

Los medios de prueba que obran en el proceso, aportados en legal forma por las
partes y los terceros intervinientes, acreditan, en general, los siguientes hechos
relevantes para la decisión:

-. En lo que atañe a la presentación de los estados financieros dictaminados, dicho
requisito fue establecido en el capítulo V de los términos de referencia
correspondientes a la Invitación Pública N° 143 de 2005.

El numeral 5.1 señaló que la documentación exigida en ese acápite era necesaria
para “la entidad que esté interesada en actuar como proponente”. A su vez, el
numeral 5.1.2. se destinó a la referencia de los documentos financieros exigidos,
entre éstos, los descritos en el numeral 5.1.2.1 (fl. 97, c.1119):

Estados financieros de propósito general con sus respectivas notas,
debidamente dictaminados, con fecha de corte a diciembre 31 de 2003: Balance
General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de
Cambios en el Patrimonio (...). En caso de consorcios o uniones temporales, se
debe presentar la totalidad de los documentos financieros solicitados de cada
uno de los integrantes.

Asimismo, se exigió en el numeral 5.1.2.5., la “autorización o certificación de
posesión” del revisor fiscal que dictaminó los estados financieros del último período
contable solicitado, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud y vigente
a la fecha de elaboración del respectivo dictamen. Cada uno de los proponentes
individuales y cada uno de los miembros de un consorcio o unión temporal debía
presentar esos documentos.

-. Con respecto a la red de servicios requerida, en el numeral 10 de los términos de
referencia se precisó que estaría conformada por IPS (sedes, instituciones y
profesionales independientes) que cumplieran con los requisitos de habilitación
fijados en la ley y en la invitación pública, y que la oferta de la red sería obligatoria
desde el momento de inicio de la ejecución del contrato, de suerte que el contratista

18 Tal panorama varió con la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, que en su artículo 15

modificó el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, para señalar que todos los contratos de
las entidades financieras estatales, sin excepción, estarían exentos de la regulación del EGCAP.
Dispuso la nueva norma: “Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las
compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no estarán sujetos a
las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se regirán por
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades”.
19 La enumeración de los folios del cuaderno de pruebas N° 11 corresponde a su paginación inferior.

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no podría prestar sus servicios con unidades o IPS diferentes a las señaladas en su
propuesta, salvo cuando cumpliera los requisitos especiales fijados en el mismo
documento.

Los oferentes debían incluir en su red los servicios hospitalario, quirúrgico, de
consulta externa, de atención extramural, urgencias, transporte especial de
pacientes, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica; en cada uno de ellos
se detallaron las especialidades y sub-áreas exigidas por la entidad (fl. 167, c.11).

A continuación, se recalcó que la red mínima exigida para participar se dividía en
los siguientes ítems: i) servicios básicos en la respectiva Región; ii) servicios
especializados en la Región; iii) servicios por fuera de la Región y, iv) sedes en la
Región.

En torno a este punto, se indicó:

“La sumatoria de todos los servicios solicitados en los diferentes municipios que
se encuentren dentro de la región y los proveedores institucionales por fuera
[de ella] constituyen un 100%. El proponente, para pasar a la fase de calificación
de su propuesta, deberá cumplir y soportar debidamente mínimo el 80% de la
red requerida con sus respectivas capacidades instaladas exigidas. De todas
formas, el contratista a quien se le adjudique el contrato deberá garantizar para
la ejecución del contrato (sic) el 100% de la red exigida y de la red adicional que
oferte”.

De conformidad con el numeral 10.1.1, el oferente debía soportar y comprobar la
capacidad para garantizar el número de proveedores y la infraestructura instalada
para cada área de salud requerida.

Asimismo, precisó la entidad que los servicios básicos establecidos para la Región
podrían ser ofertados a través de la red pública; en ese evento, el oferente debía
diligenciar el Formato N° 2, denominado “Relación de Oferta de Servicios Básicos
de Participación a través de la Red Pública”, lo cual se soportaría “con la
manifestación escrita y firmada por el representante legal de la entidad oferente,
donde garantizará que durante la etapa de inscripción de afiliados a los oferentes
elegibles, éste celebrará los contratos con la red pública ofertada, los cuales
deberán ser presentados a FIDUPREVISORA S.A., al momento de la suscripción
del contrato” (fl. 169, c.11).

Entre los documentos exigidos por la Administración como soporte de la red mínima
ofertada, se señalaron los formatos de “diligenciamiento de red” anexos a los
términos de referencia, la “declaración de propiedad” de los modelos administrativos
y asistenciales brindados directamente por el oferente o uno de los miembros del

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consorcio o unión temporal y los contratos suscritos con la respectiva red de
servicios.

Para acreditar la oferta de instituciones, se indicó la obligatoriedad de los siguientes
documentos (fl. 171, c.11):

“Contrato o declaración de propiedad, de acuerdo con la condición (contratada
o propia). Cuando la Institución Prestadora de Servicios de Salud es propia,
deberá presentarla de acuerdo con el Formato 3A – ‘Declaración de Propiedad
de Instituciones’ completamente diligenciado (…), o Contrato de prestación de
servicios cuando la Institución Prestadora de Servicios de Salud es contratada
(…).
Copia del certificado o registro de habilitación con el número de radicación, firma
o sello de recibido de la Secretaría de Salud respectiva. El folio donde se
encuentra este documento debe ser consignado en la casilla RH de los formatos
No. 5, 6, 6A, 6B, 6C, 7, 8, 8ª, 8B y 8C”.

Igualmente, se señalaron los documentos exigidos para acreditar la red de
suministro de medicamentos, los consultorios independientes y las sedes físicas.

-. En lo concerniente a la evaluación en la Fase Uno, se precisó en el numeral 11.1
que tal ejercicio se efectuaría examinando cada componente, en el siguiente orden:
i) jurídico, ii) financiero, iii) técnico de estándares, iv) técnico relativo a la Red Mínima
de Participación Exigida. En cada uno de ellos se revisaría detalladamente la
documentación señalada en los términos de referencia, y sólo de aprobarse
satisfactoriamente cada ítem, se analizaría el siguiente. Al final, “únicamente
aquellos oferentes que hayan cumplido con las cuatro evaluaciones anteriores,
pasarán a la CALIFICACIÓN de la OFERTA ADICIONAL (...)” (fl. 177, c.11).

Igualmente, en el numeral 11.1 advirtió la convocante que, conforme a las reglas de
la invitación pública, se entendería “que el no cumplimiento de las evaluaciones
previas descritas” constituiría causal de rechazo, lo cual iba asociado a lo previsto
en el numeral 1.17, en cuanto a que no serían susbsanables, dada su naturaleza,
las causales de rechazo previstas para el proceso de selección (fl. 75, c.11).

Asimismo, el numeral 4.4.7.8. ibídem determinó que habría lugar al rechazo de las
propuestas, “cuando no se presenten los estados financieros solicitados y con las
condiciones señaladas expresamente en estos Términos de Referencia” (fl. 92, c.11).

Al referir la evaluación técnica de la “Red Mínima”, precisó la entidad:

[E]n caso de cumplir lo establecido en los presentes términos, y superar el 80%
de dicha RED, pasará al siguiente ítem; en caso contrario, no continuará su
evaluación (...).

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-. Conforme al capítulo 11 de los términos de referencia, una vez superadas las
cuatro evaluaciones mencionadas, las propuestas favorecidas serían objeto de
calificación en cuanto a su red adicional ofertada, y seguidamente, en cuanto al
factor de experiencia y los demás previstos en la invitación pública.

-. Entre el 14 de febrero y el 8 de marzo de 2005, la Vicepresidencia de Prestaciones
Sociales presentó seis Aclaraciones de la Invitación Pública, dando respuesta a las
distintas consultas de los interesados. En ese marco, el 23 de febrero y el 2 de
marzo de ese año, presentó las Aclaraciones 2 y 3 (fls. 186- 230, c.11).

En la comunicación de Aclaraciones N° 3, de fecha 2 de marzo de 2005,
Fiduprevisora-FOMAG abordó lo concerniente al requisito de los estados
financieros dictaminados, al responder un interrogante formulado por una empresa
interesada.

Se indicó en el documento (fl. 210, c.11):

“Teniendo en cuenta que los términos de referencia establecen dentro de los
requisitos financieros (...) autorización o certificación de posesión del revisor
fiscal que dictaminó los estados financieros del último período contable
solicitado, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud (...), se
pregunta: [¿]Es viable la participación y selección de un oferente si el revisor
fiscal que emitió el dictamen de los estados financieros 2003 de dicho oferente
no cumplía dicho requisito al momento del dictamen, mas su posesión fue
autorizada en fecha posterior al mismo por parte de la [S]uperintendencia
[N]acional de [S]alud [?] (...). Respuesta: Debe cumplirse lo señalado en el
5.1.2.5 para el revisor fiscal que dictamine los estados financieros, lo cual es
una condición inherente a la validez de los mismos, por lo tanto, le es aplicable
la causal de rechazo 4.4.7.8., en caso de incumplirse la obligación. En el caso
consultado, el hecho de no estar posesionado el revisor fiscal a la fecha de
hacer el dictamen lo hace inválido, teniendo en cuenta que el cargo se ejerce a
partir de la posesión y no tiene efectos retroactivos, a menos que el anterior
revisor fiscal sea la misma persona y se trate de una reelección”.

En el mismo documento de Aclaraciones N° 3, ante la pregunta de si las personas
naturales podían participar y si debían presentar la información financiera exigida
para las personas jurídicas, la entidad advirtió (fl. 217, c.11):

“Las personas naturales pueden participar siempre y cuando cumplan con los
requisitos exigidos en los términos de referencia, y presenten los documentos
soportes requeridos para calificación financiera y experiencia, en los numerales
5.1.2. y 11.2.2. de los términos de referencia, entre otros, estados financieros
dictaminados y certificaciones expedidas por las entidades contratantes de
aseguramiento y/o prestación de servicios de salud”. (énfasis fuera de texto).

Frente a la red de servicios básicos exigida, sobre la cual surgió la pregunta sobre
la necesidad de aportar contrato si la oferta se hacía con la red pública, la entidad
aclaró que en ese caso sería suficiente la manifestación escrita y firmada por el

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representante legal del oferente, garantizando que durante la etapa de inscripción
de afiliados a los prestadores elegibles, éstos celebrarían los contratos con la
indicada red pública propuesta, y que dichos contratos deberían ser entregados a
Fiduprevisora S.A. cuando se suscribieran con ella los negocios objeto de la
invitación pública, todo de conformidad con el numeral 10.1.1 de los términos de
referencia (fl. 214, c.11).

A propósito de los requisitos de soporte de la red de servicios, la entidad subrayó,
en las Aclaraciones 1 y 2, que el requisito consistente en el certificado o registro de
habilitación era obligatorio y no admitía alternativas (fls. 189 y 202, c.11).

-. La unión temporal Red Salud formuló observaciones al informe preliminar de
evaluación (fls.715-731, c.4), anteriormente señalado, desestimando el hecho de
que se le descalificara por no haber allegado el dictamen de los estados financieros,
así como la circunstancia de que los proponentes favorecidos hubieran recibido tal
calificación como posibles elegibles, pese a no haber cumplido especialmente con
el porcentaje del 80% de la red de servicios exigida. Si bien especificó sus reparos
frente a cada proponente (unión temporal Mejor Salud, unión temporal FERSALUD
y HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL, la entidad estatal, al
exponer las respuestas en el informe definitivo, señaló que la evaluación realizada
en cada uno de los servicios, unidades, especialidades y capacidad instalada de los
oferentes, se ceñía a lo establecido en los términos de referencia.

En sus observaciones, la hoy demandante señaló que si bien las reglas de la
invitación pública eran claras en cuanto a que cada proponente debía cumplir con
el soporte del 80% de la red de servicios requerida, ninguno de los oferentes
preseleccionados satisfacía esa exigencia, pues diligenciaron sus ofertas en
formularios y cuadros que no correspondían, ofrecieron capacidad instalada menor
a la solicitada y omitieron documentos, de suerte que, con una evaluación correcta,
realizada por la misma Red Salud, se determinaba que FERSALUD sólo había
acreditado el 36.2% de la red de servicios; Mejor Salud, el 37.23% y la Clínica San
Rafael, el 66.53%. No obstante, la entidad insistió en que una revisión de los
cuadros presentados en la evaluación preliminar presentada al Consejo Directivo,
para cada proponente, permitía evidenciar que todas las calificaciones fueron
correctas y se ajustaron a los parámetros establecidos para la invitación pública.

Por lo anterior, en el informe de evaluación final presentado el 3 de junio de 2005,
se determinó (nuevamente) que la unión temporal FERSALUD había cumplido con
el requisito de la red de servicios en un 96,95%, y que recibía como calificación total,
771,20 puntos; la oferente Mejor Salud UT acreditó la red de servicios en forma

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correcta en un 82,55%, logrando una calificación total de 720,20 puntos; el Hospital
Universitario Clínica San Rafael acreditó el 88,03% de la red exigida y obtuvo 602,66
como puntaje de evaluación de toda su oferta; y finalmente, la unión temporal RED
SALUD, si bien cumplió con la documentación jurídica, no hizo lo propio con la del
componente financiero, por lo que su evaluación no llegó hasta los componentes
técnicos señalados en los términos de referencia y no logró ser tenida por elegible
en la Fase Uno (fls. 457- 469 c.11).

-. En el mismo informe, y frente a lo objetado por Red Salud en torno a la exigencia
de dictamen a los estados financieros, señaló la entidad que los mismos eran
necesarios para la apreciación o validez de la oferta, y que toda persona o empresa
que no contara con revisor fiscal, debía presentar el dictamen elaborado por
contador público, de suerte que en este último caso no le era aplicable la regla de
presentar la autorización o el certificado de posesión del indicado revisor fiscal, pues
ello sólo le era exigible a quien contara con ese servicio (fls. 443-444, c.11).

-. En audiencia del 8 de junio de 2005, adelantada para presentar el informe
definitivo de evaluación de la Fase Uno para la Región 2, intervinieron los
representantes de cada proponente, para reiterar las observaciones e inquietudes
que habían planteado durante el proceso, especialmente frente a las resultas de la
evaluación preliminar. En su intervención, el representante de Red Salud reiteró sus
discrepancias en torno a la exigencia de los estados financieros dictaminados y a la
forma como se evaluaron los requisitos que se debían cumplir para acreditar la red
mínima requerida (fls. 587 y ss., c.8).

Al culminar todas las intervenciones, la audiencia fue suspendida y se aclaró que
sólo sería reanudada para dar “un resultado”, ya que las inquietudes serían puestas
en conocimiento del Consejo Directivo, sin que en la siguiente oportunidad fueran
procedentes más observaciones o planteamientos (fl. 608, c.8).

El 10 de junio de 2005 la audiencia fue reanudada únicamente para señalar que
debía suspenderse nuevamente, ya que en el estudio de las inquietudes planteadas
fue necesario solicitar conceptos especializados que aún estaban en estudio (fls. 610-
612, c.8). En similares términos se adelantó la sesión del 14 de junio, suspendida en

el momento mismo de su inicio, tras advertirse que debían examinarse unas
consideraciones técnicas planteadas por el abogado Edmundo del Castillo,
consultado por Fiduprevisora-FOMAG (fl. 613).

Finalmente, el 17 de junio de 2005, el vicepresidente de Prestaciones Sociales de
Fiduprevisora-FOMAG, el gerente de la firma evaluadora y el director de Servicios

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en Salud adelantaron la parte final de la audiencia y expusieron que, una vez
evaluados por el Consejo Directivo los planteamientos de los proponentes, hechos
en la sesión del 8 de junio, se procedía a comunicar la respuesta definitiva. Respecto
de las discrepancias manifestadas por Red Salud, se recalcó que el proceso se
había adelantado con sujeción a la ley y a los términos de referencia, así como a
los principios de economía y transparencia, que regulan la contratación estatal.

En cuanto a la red de servicios, se señaló:

“Los proponentes [FERSALUD y Mejor Salud] cumplen con lo estipulado en los
términos de referencia para soportar la oferta de servicios a través de la RED
PÚBLICA con la presentación del Formato correspondiente, firmado por el
representante legal. Tal como lo establece el numeral 10.1.1 y como se explicó
en la Aclaración N° 3 a Red Salud, en la que se indicó que no se requería anexar
contratos para servicios ofertados a través de la red pública, debido a que la
pregunta se refirió a contratos y no a otros documentos, lo cual no significa que
los otros documentos fueran obligatorios (sic). Adicionalmente, como se puede
observar en los formatos exclusivos para red pública, no hay columnas para
indicar folios de soportes, consecuente con lo anteriormente expresado, a
diferencia de los formatos para red privada, que sí los incluye, por ser exigidos”.

Se precisó en el acta respectiva que, finalizada la lectura de las respuestas, “fueron
declarados como elegibles para pasar a la Fase 2 (…) las firmas (sic): ‘Fersalud UT,
Mejor salud UT y Hospital Universitario Clínica San Rafael, habiendo quedado la
audiencia abierta para constancias, que al no haberse presentado permitió (sic) dar
por terminada la sesión (…)” (fl. 624, c.8).

2.4. Análisis de la Sala.

2.4.1. El dictamen de los estados financieros

El Decreto 2649 de 199320 establece, en su artículo 33, la distinción entre los
estados financieros certificados y los dictaminados, en los siguientes términos:

Son estados financieros certificados aquellos firmados por el representante
legal, por el contador público que los hubiere preparado y por el revisor fiscal,
si lo hubiere, dando así testimonio de que han sido fielmente tomados de los
libros.
Son estados financieros dictaminados aquellos acompañados por la opinión
profesional del contador público que los hubiere examinado con sujeción a las
normas de auditoría generalmente aceptadas.

Siguiendo esa misma línea, el artículo 38 de la Ley 222 de 1995 enseña que “[s]on
dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la
opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público

20 “Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de

contabilidad generalmente aceptados en Colombia”.

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independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de
auditoría generalmente aceptadas”, y que los mismos “deben ser suscritos por dicho
profesional, anteponiendo la expresión ‘ver la opinión adjunta’ u otra similar”.

A la par con esa figura, el artículo 37 de la misma ley refiere los estados financieros
certificados, estableciendo que son aquellos que, al ser elaborados para ser puestos
a disposición de los asociados o de terceros, deben contener la manifestación
expresa del representante legal y del contador público responsable de prepararlos,
de que las afirmaciones allí plasmadas se tomaron fielmente de los libros, y se
verificaron previamente, conforme al reglamento21.

Ahora bien, respecto de las normas de auditoría generalmente aceptadas, referidas
en el citado artículo 38, para los estados financieros dictaminados, las mismas se
describen de manera general en el artículo 7 de la Ley 43 de 199022, que la Sala se
permite transcribir íntegramente, a fin de poner en relieve, con mayor claridad, el
alcance de la regla fijada por Fiduprevisora-FOMAG, sobre ese elemento:

Artículo 7º. De las normas de auditoría generalmente aceptadas. Las
normas de auditoría generalmente aceptadas, se relacionan con las cualidades
profesionales del Contador Público, con el empleo de su buen juicio en la
ejecución de su examen y en su informe referente al mismo. Las normas de
auditoría son las siguientes:
1. Normas Personales.
a) El examen debe ser ejecutado por personas que tengan entrenamiento
adecuado y estén habilitadas legalmente para ejercer la Contaduría Pública en
Colombia.
b) El Contador Público debe tener independencia mental en todo lo relacionado
con su trabajo, para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios.
c) En la ejecución de su examen y en la preparación de sus informes, debe
proceder con diligencia profesional.

2. Normas relativas a la ejecución del trabajo.
a) El trabajo debe ser técnicamente planeado y debe ejercerse una supervisión
apropiada sobre los asistentes, si los hubiere.
b) Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control
interno existente, de manera que se pueda confiar en él como base para la
determinación de la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría.
c) Debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio del análisis,
inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de
auditoría, con el propósito de allegar bases razonables para el otorgamiento de
un dictamen sobre los Estado Financieros sujetos a revisión.

3. Normas relativas a la rendición de informes.
a) Siempre que el nombre de un Contador Público sea asociado con estados
financieros, deberá expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su
relación con tales estados. Si practicó un examen de ellos, el Contador Público
deberá expresar claramente el carácter de su examen, su alcance y su dictamen

21 “El representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los

estados financieros deberán certificar aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de
terceros. La certificación consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones
contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los
libros”.
22 Que reglamenta la profesión de contador público.

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profesional sobre lo razonable de la información contenida en dichos estados
financieros.
b) El informe debe contener indicación sobre si los estados financieros están
presentados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia.
c) El informe debe contener indicación sobre si tales principios han sido
aplicados de manera uniforme en el período corriente en relación con el período
anterior.
d) Cuando el Contador Público considere necesario expresar salvedades sobre
algunas de las afirmaciones genéricas de su informe y dictamen, deberá
expresarlas de manera clara e inequívoca, indicando a cuál de tales
afirmaciones se refiere y los motivos e importancia de la salvedad en relación
con los estados financieros tomados en conjunto.
e) Cuando el Contador Público considere no estar en condiciones de expresar
un dictamen sobre los estados financieros tomados en conjunto deberá
manifestarlo explícita y claramente.

A la luz de esta regulación general, cabe destacar que la Superintendencia de
Sociedades precisó la distinción entre los estados financieros certificados y los
dictaminados, al conceptuar23:

“[L]os estados financieros siempre deben ser suscritos por el representante
legal y el contador que los hubiere preparado, en señal de que la información
en él contenida se ha verificado previamente y se ajusta a los libros. Situación
bien distinta es la formalidad adicional que se exija, es decir, que se presenten
dictaminados, que no es otra cosa que el concepto escrito por el revisor fiscal,
si lo hubiere, y siempre y cuando sea profesional de la contaduría pública o de
un contador público independiente, personas éstas ajenas a la administración
del ente económico, que dan cuenta de la auditoría integral practicada sobre
los libros y documentos de la sociedad y fe de la información contenida en
los estados financieros” (énfasis fuera de texto).

Dicho esto, pasa la Sala a analizar los argumentos de la apelante frente a la
desestimación de su propuesta por el faltante de ese requisito, los cuales se
centran, esencialmente, en los siguientes puntos de inconformidad:

i) La obligatoriedad de las reglas de la Invitación Pública N° 143 de 2005 no tenía el
alcance absoluto que le dio el Tribunal, particularmente porque el requisito de los
estados financieros dictaminados era subsanable conforme al artículo 25 - numeral
15 de la Ley 80 de 1993, por no ser necesario para la comparación de las
propuestas, de modo que la falta de dicho dictamen no ameritaba el rechazo de la
oferta, menos aun cuando la ley no establecía esa posibilidad, mientras que sí podía
ser enmendado el eventual yerro, con la entrega posterior del concepto
especializado.

ii) La falta del dictamen no desvirtuaba la existencia, validez ni presunción de
veracidad de los estados financieros presentados, porque la Ley 222 de 1995 no lo

23 Superintendencia de Sociedades. (2000). Oficio 340-74789 [Oficio]. Bogotá, Colombia. Disponible

en el enlace https://www.supersociedades.gov.co/documents/107391/159044/Oficio+340-
74789.pdf/6194f183-6a91-9392-b0ea-065624547d73?version=1.5&t=1670438771688. Última
consulta: 1 de mayo de 2025.

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preveía de esa manera, como tampoco existían pronunciamientos en ese sentido,
emitidos por la Superintendencia de Sociedades ni por la Junta de Contadores.

iii) Dado que ambas integrantes de la unión temporal habían prestado sus servicios
al FOMAG, la entidad ya contaba con sus estados financieros, lo cual, sumado a la
nueva presentación hecha durante la invitación pública, debió ser suficiente para
tener por satisfecho lo requerido por la Administración en ese componente.
Adicionalmente, en el proceso judicial se practicó un dictamen pericial que dio
cuenta de que las exigencias financieras del FOMAG sí se cumplían cabalmente
con lo entregado por la unión temporal.

iv) Las reglas de los términos de referencia fueron ambiguas e indujeron en error a
Red Salud, pues si bien se dio a entender que lo determinante era acreditar
indicadores tales como razón corriente, capital neto de trabajo, endeudamiento total
e índices patrimonial y operacional, se terminó rechazando la oferta sólo por la falta
del dictamen, cuando para cubrir los indicados ítems bastaba con los estados
financieros presentados.

v) Ante dos interpretaciones posibles de los términos de referencia, una conducente
al rechazo de la oferta y otra orientada a su aceptación, debía preferirse esta última,
más aún cuando la jurisprudencia defendía la interpretación más favorable “al
ejercicio del derecho de acción”, en el sentido de asegurar una decisión de fondo
sobre el punto en cuestión en el procedimiento, “más allá de las dificultades de
índole formal”, de suerte que toda duda debía resolverse en el sentido que mejor
garantizara “la conclusión del procedimiento hasta su total conclusión”, desechando
todo aquello que impidiera la selección objetiva.

vi) La sociedad Medcom Ltda. no tenía la obligación legal de dictaminar sus estados
financieros por cuanto ello sólo era imponible a las sociedades que conforme a la
ley debieran contar con revisor fiscal, de suerte que era suficiente con que la firma
Red Salud S.A., que sí estaba sujeta a ello, cumpliera el indicado requisito.
Adicionalmente, en la Invitación Pública 143 no se obligó a los oferentes exentos de
revisoría fiscal a presentar dictamen elaborado por contador público, y si el
ordenamiento no establecía tal dictamen como regla general sino como excepción,
así debía interpretarse esa regla de los términos de referencia.

Frente a estos planteamientos de la impugnante, la Sala considera:

i) Era obligatorio y no subsanable el requisito de los estados financieros
acompañados de dictamen, lo que se deduce con claridad al leerse prima facie el

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contenido de los términos de referencia: el numeral 5.1.2.1 describió diáfanamente
la exigencia de ese instrumento –“estados financieros de propósito general con sus
respectivas notas, debidamente dictaminados, con fecha de corte a diciembre 31 de
2003”-, precisando además que, en el caso de los consorcios o uniones temporales,
cada uno de los integrantes debía presentar la totalidad de los documentos exigidos;
y en el numeral 11.1 se advirtió que el no cumplimiento de las evaluaciones
previstas, entre estas, la financiera, constituiría causal de rechazo de la oferta,
previsión que a su vez se acompasaba con el numeral 4.4.7.8., que señaló en forma
expresa como causal de rechazo, justamente, la no presentación de “los estados
financieros solicitados y con las condiciones señaladas (...)”.

Así, ese requisito que hoy controvierte la actora no fue exigido por el FOMAG como
una mera formalidad o un ritualismo sin finalidades mayores a las que pudieran
cumplir los estados financieros simplemente certificados, pues toda la
documentación enunciada, con expresa inclusión de esa opinión profesional
adjunta, sería objeto de una evaluación determinante para establecer la elegibilidad
del proponente, a tal punto que la no presentación de los estados financieros “con
las condiciones señaladas”, que incluían el dictamen, ameritaría el rechazo de la
oferta.

Al tenor del artículo 30 - numeral 2 de la Ley 80 de 1993, en el pliego de condiciones
(y en su momento, en el documento de términos de referencia 24) elaborado por la
entidad que adelanta el proceso de selección, deben detallarse los aspectos
relativos al objeto del contrato, “su regulación jurídica, los derechos y obligaciones
de las partes”, los criterios y factores de escogencia, entre otros elementos. En
armonía con lo anterior, el artículo 24 del mismo estatuto dispone cuál debe ser su
contenido (numerales 5 y 6), señalando que en él se deben establecer los requisitos
necesarios para participar en el proceso, definir reglas claras y justas que aseguren
la escogencia objetiva, establecer con precisión las condiciones de costo y calidad
del objeto contractual y fijar “las reglas de adjudicación del contrato”.

Luego, resulta claro que, por contener reglas, condiciones, requisitos y lineamientos
establecidos por la autoridad estatal contratante y, por tener estos incidencia directa
en la licitación pública, en la situación de los oferentes y en la misma contratación,
los términos de referencia, en su momento equiparables al pliego de condiciones,
debían ser observados por los destinatarios y por la propia entidad pública, lo cual
hacía manifiesto su carácter obligatorio y vinculante para todas las partes

24 La figura de los términos de referencia, regulada a la par con los pliegos de condiciones en la Ley

80 de 1993, fue eliminada por la Ley 1150 de 2007.

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Radicación 250002326000-200502117-02 (59917)
Demandante: Red Salud S.A. y otros
Demandado: FOMAG, Fiduprevisora y otros
Referencia: Acción de controversias contractuales

intervinientes en las etapas precontractual y contractual, como de tiempo atrás lo ha
reconocido la jurisprudencia25.

En esa medida, no es atendible el argumento de la demandante, en cuanto a que la
previsión hecha en el artículo 25, numeral 15, de la Ley 80 de 1993 le impedía al
FOMAG descalificar a la unión temporal o rechazar su propuesta por no incluir el
dictamen de los estados financieros. Así, de conformidad con la norma invocada,
“[l]a ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no
servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos”; pero en el
presente caso, el dictamen fue exigido como elemento para evaluar las ofertas -lo
que implicaba compararlas-, y resultaba de tal importancia, que debía ser entregado
por todos y cada uno de los miembros de consorcios y uniones temporales, e incluso
por las personas naturales, según lo precisó la entidad en la comunicación de
Aclaraciones N° 3, del 2 de marzo de 2005, cuando advirtió que los documentos
exigidos para el componente financiero debían ser cumplidos íntegramente,
también por aquellas.

ii) Si bien puede estimarse cierto lo sostenido por la demandante, en cuanto a que
la ausencia de dictamen no desvirtúa la validez ni la presunción de veracidad de los
estados financieros, lo cierto es que el aporte de ese concepto adjunto hacía parte
de las reglas fijadas en la Invitación Pública N° 143 de 2005, que en franca lid fueron
expresamente aceptadas por la UT Red Salud al disponerse a participar en el
proceso, de suerte que le resultaban vinculantes, y por tanto, suficientes para que
corriera con las consecuencias de no satisfacción del requisito comentado: la
imposibilidad de evaluar los demás criterios examinados y la subsiguiente
descalificación en la Fase Uno. Téngase en cuenta, además, que dichos términos
de referencia no fueron demandados en este proceso, por lo que mal podían
cuestionarse en la apelación, las reglas que en él se fijaron para seleccionar a los
prestadores de salud de los docentes y pensionados afiliados al FOMAG.

25 “… [E]l pliego de condiciones es un acto administrativo de carácter general de suma importancia,

como quiera que contiene todas aquellas reglas vinculantes tanto para la administración como para
los oferentes en el proceso de selección del contratista (…). [E]l carácter vinculante es una de sus
características principales, tanto que se ha denominado ‘ley de la licitación’ y ‘ley del contrato’ al
regular no solo la etapa de formación del acuerdo de voluntades (…) sino también las relaciones
entre las partes cuando el contrato ya ha sido celebrado, de ahí que se diga que es una verdadera
fuente de derechos y obligaciones hasta el momento de la liquidación” (Consejo de Estado – Sección
Tercera. Sentencia del 4 de junio de 2008, exp. N° 17783. C.P. Myriam Guerrero de Escobar).
En el mismo sentido, consúltense, entre otras, las siguientes providencias: i) fallo del 5 de junio de
2008, exp. N° 8431, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; ii) fallo del 2 de agosto de 2018, exp. N°
25000233600020130129301, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; iii) fallo del 12 de julio de 2024, exp.
N° 050012331000200800835 01 (59826); iv) fallo del 4 de abril de 2025, exp. N°
25000233600020180068002 (71.438) (Subsección A) C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.

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Demandante: Red Salud S.A. y otros
Demandado: FOMAG, Fiduprevisora y otros
Referencia: Acción de controversias contractuales

Ahora, el hecho de que los estados financieros sean válidos por sí mismos y deban
estimarse veraces bajo el principio de la buena fe26 no desvirtúa la legalidad de lo
decidido por el Consejo Directivo del FOMAG y luego por su vocera Fiduprevisora,
con base en la evaluación de las ofertas; pues éstas debían cumplir con la
documentación requerida, que si bien podía no ser necesaria para tener por cierto
el contenido de lo que sí fuese entregado, se impuso con el propósito de evaluar
con mayor detalle y solidez la idoneidad de los oferentes, de cara a la prestación de
un buen servicio.

Como bien puede deducirse de las normas y del concepto de la Superintendencia
de Sociedades que anteriormente se refirieron, el alcance del dictamen de los
estados financieros reviste mayor rigurosidad en el examen de fiabilidad de la
información entregada, especialmente porque implica un trabajo de auditoría que,
además de comprender muchos más estudios que la certificación, acarrea mayores
responsabilidades para el revisor fiscal o el contador público independiente que
elabora y suscribe el instrumento. De ahí que, en todo caso, resultara válida la
exigencia del dictamen a los estados financieros como requisito necesario para
comparar las ofertas de la Invitación Pública 143 de 2005, pues ello denotaba el
objetivo -legítimo- de asegurar o garantizar la mayor idoneidad posible del
proveedor de los servicios de salud que Fiduprevisora-FOMAG pretendía contratar.

Por lo demás, aunque es palmario que la Ley 222 de 1995 no establece la
obligatoriedad del aludido dictamen, menos para casos específicos, ello no implica
que terceros, como en este caso la Administración, no puedan exigir ese documento
para determinados procedimientos o trámites, de suerte que la circunstancia de
haberse rechazado la oferta de Red Salud por no contar con ese concepto anexo a
los estados financieros no contravino el ordenamiento, menos en la forma descrita
por el censor.

iii) En el proceso no se demostró que el FOMAG contara con los estados financieros
de Red Salud S.A. y Medcom Ltda., por cuenta de contrataciones anteriores
celebradas con dichas empresas. Sin embargo, aún si tal circunstancia estuviera
probada, ello no devendría en la ilegalidad de la decisión de tener por no elegible a
la unión temporal hoy demandante en el proceso de selección sub judice. De
ninguna manera le era imponible a la Administración atenerse a la información
financiera allegada en contrataciones previas a la Invitación Pública N° 143 de 2005,
pues ello resultaría atentatorio de principios como la igualdad, la libre concurrencia

26 Igualmente, por lo señalado en el artículo 39 de la Ley 222 de 1995, en el sentido de que “Salvo

prueba en contrario, los estados financieros certificados y los dictámenes correspondientes se
presumen auténticos”.

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y la selección objetiva. Adicionalmente, se reitera, la exigencia del dictamen a los
estados financieros era clara, obligatoria y válida, por lo cual la oferente Red Salud
debía sujetarse a ella en las mismas condiciones de los demás participantes, bajo
el único instrumento aplicable para todos, esto es, los términos de referencia de la
Invitación Pública N° 143 de 2005, proceso éste que, además, se adelantó como
producto de los cambios que el propio Consejo Directivo del FOMAG introdujo en la
selección de prestadores, mediante el Acuerdo N° 4 del 22 de julio de 2004, en el
que se establecieron nuevas necesidades del servicio, y, por tanto, requerimientos
adicionales, especiales y/o distintos, para los proponentes que en adelante se
postularan para prestar atención médico-asistencial a docentes y demás afiliados.

Así lo declaró, además, el testigo Manuel Domingo Pérez Ruan, en su calidad de
vicepresidente de Fiduprevisora en la época de los hechos, quien manifestó en la
audiencia testimonial que, por sugerencia del Ministerio de Educación, el Consejo
Directivo determinó “un cambio en el modelo” de prestación de los servicios de
salud, para mejorar todo el esquema. Agregó que, por ejemplo, hasta ese momento
los contratos eran departamentales, con un solo prestador en cada departamento,
razón por la cual se dispuso implementar la prestación por regiones geográficas
agrupadas con base en múltiples criterios, incluso de índole cultural; y asimismo, se
abrió la posibilidad de que en las regiones pudieran operar varios prestadores
simultáneamente, a fin de garantizar a los docentes y demás afiliados, la libre
escogencia (fl. 739, c.1). Resulta claro, por consiguiente, que los cambios introducidos
en 2004 para la contratación y prestación de los servicios de salud a los docentes
ameritaban la fijación de nuevos requisitos, para garantizar que la oferta escogida
fuera la más favorable, tanto para la Administración como para los destinatarios del
servicio.

Ahora, la Sala reitera que el requisito de los estados financieros dictaminados no
era subsanable, de suerte que su incumplimiento no podía ser suplido con una
prueba pericial rendida en sede de juicio -e invocada en la apelación-, al margen de
que en esa experticia se afirme que la información financiera presentada por Red
Salud ante Fiduprevisora-FOMAG era confiable y satisfacía lo requerido en ese
componente. La Administración advirtió oportunamente que, además de la certitud
de dichos estados financieros, era necesario el dictamen de los mismos para
verificar con mayor exhaustividad y confiabilidad los indicadores objeto de
evaluación, por lo cual, la forma de obtener calificación favorable en el componente
financiero era satisfaciendo desde la presentación de la oferta los requisitos
exigidos, incluyendo el dictamen a los estados financieros de propósito general.

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iv) Bajo la línea de lo hasta aquí analizado, tampoco es posible acoger el argumento
de censura relativo a que las reglas de la invitación pública fueron ambiguas y
podían inducir a error a los proponentes, pues no se aprecia esa circunstancia al
revisar el contenido de los términos de referencia. Cierto es que en dicho documento
se enunciaron los factores que serían calificados en el componente financiero, pero
ello no implicaba que fuera del arbitrio del interesado acreditarlos con los
documentos que él mismo considerara suficientes, pues a la par con la referencia a
los ítems para evaluar, también se indicaron claramente los elementos de soporte
que la entidad necesitaba para esa evaluación, sin que tal exigencia adoleciera de
la ambigüedad aducida por la apelante.

v) Asimismo, dado que los términos de referencia revestían claridad en cuanto a los
requisitos del proceso y las causales de rechazo, y en particular, frente a la
obligatoriedad de presentar los estados financieros debidamente dictaminados
(cuestión aplicable tanto a las sociedades sujetas a revisoría fiscal como para las
demás personas naturales y jurídicas participantes), se desestima el planteamiento
de la parte actora según el cual, el documento admitía dos interpretaciones, una
orientada al rechazo de la oferta y otra a su aceptación.

Vale la pena recalcar que, en los procesos de selección de contratistas, el
ordenamiento no establece como criterio de escogencia la favorabilidad al
proponente sino la selección objetiva, respecto de la cual, el artículo 29 de la Ley
80 de 1993, vigente en la época en que se adelantó la invitación pública, establecía,
precisamente, que “[e]s objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de
motivación subjetiva”.

vi) Al recalcar que la sociedad Medcom Ltda. no estaba legalmente obligada a
dictaminar sus estados financieros por no estar sujeta a revisoría fiscal conforme a
la ley, la apelante interpreta en forma equivocada los términos de referencia del
proceso de selección. En ellos, así como en el documento de Aclaraciones N° 3, se
indicó que todos los proponentes debían cumplir con el requisito comentado, y aun
en los casos de consorcios y uniones temporales, cada uno de los respectivos
integrantes debía presentar, en su totalidad, la documentación indicada, a lo cual
también estaban sujetas las personas naturales. En esa medida, no es cierto que
la Administración no hubiera exigido que los proponentes no obligados a contar con
revisor fiscal debieran presentar dictamen elaborado por contador público, pues ello
se desprendía del instrumento mismo de la invitación pública y de las precisiones

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hechas en la Aclaración N° 3, así como del tenor literal del artículo 38 de la Ley 222
de 1995.

Si bien la actora insistió en que el FOMAG le había aceptado a Medcom Ltda. los
estados financieros en anteriores oportunidades, debe reiterar la Sala que la
Invitación Pública N° 143 estableció nuevas condiciones que resultaban vinculantes
para todos los oferentes, sin distinciones por apreciaciones subjetivas, pero sí
orientado todo ello al principio de selección objetiva, conducente a la escogencia de
la oferta más favorable a la entidad.

En punto a ello es del caso resaltar, igualmente, que si bien es cierto lo aducido por
el censor, en cuanto a que los términos de referencia también exigieron el
documento de posesión del revisor fiscal, de tal regla no se desprendía que sólo las
sociedades obligadas a contar con esa especialidad estaban sujetas a la exigencia
de allegar el dictamen de los estados financieros, sino que, elaborándose tal
concepto por un revisor fiscal, debía aportarse adicionalmente dicha acreditación de
su calidad.

Así las cosas, hay lugar a concluir que no se infringió el ordenamiento ni los
derechos de la demandante con la decisión adoptada por la Administración, de tener
por no elegible a la unión temporal Red Salud en la evaluación que daba cierre a la
Fase Uno de la Invitación Pública N° 143 de 2005, por no cumplir con el componente
financiero, pues a la luz de la ley y de las reglas del proceso de selección, el yerro
en que incurrió la proponente era insubsanable y desatendía un requisito necesario
para la comparación de las ofertas, con miras a garantizar la escogencia de la más
favorable a la entidad. Por consiguiente, la Sala confirmará ese punto de la
providencia apelada.

2.4.2. La red ofertada, requerida en la Invitación Pública 143 de 2005

El Tribunal de primera instancia señaló que, en lo relativo a los requisitos para
acreditar la red de servicios ofertada, debía recordarse que el soporte de la red
pública no consistía en el aporte de contratos ya suscritos, sino que, de conformidad
con los términos de referencia, aclarados el 2 de marzo de 2005, bastaba con la
manifestación escrita y firmada por el representante legal de la entidad,
garantizando que tales contratos con la red pública se celebrarían durante la etapa
de inscripción de los afiliados a los prestadores seleccionados como elegibles.

Frente a esta conclusión, la apelante adujo que si bien se “modificó” el requisito
relativo al aporte de los contratos en el momento de presentación de la oferta,

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permaneció incólume la exigencia de allegar el certificado de habilitación de las IPS,
y que en todo caso, la unión temporal Red Salud fue la única proponente que
cumplió a cabalidad con la acreditación de toda la red ofrecida, por cuanto ni
FERSALUD, Mejor Salud ni el Hospital Universitario Clínica San Rafael, oferentes
calificadas de manera favorable en la Fase Uno27, completaron el 80% de la red
exigida para clasificar a la Fase Dos.

Ciertamente, quedó demostrada la regla establecida en los términos de referencia,
de que la evaluación de los proponentes en la Fase Uno involucraba el componente
técnico de la red mínima requerida para cada Región, y que para recibir calificación
favorable, cada oferente debía tener acreditada, con los soportes documentales
exigidos, el 80% de dicha red, incluyendo su capacidad instalada para cada
actividad de la salud. De igual manera se demostró que, tanto en los mencionados
términos de referencia como en sus documentos de aclaración, se puso de presente
que si la oferta incluía servicios de la red pública, para ésta no era necesario allegar
contratos previamente celebrados, dado que era suficiente con la garantía
expresada por el representante legal de la proponente, de que se suscribirían los
respectivos negocios jurídicos en el momento de inscripción de los afiliados a ese
prestador ya elegido; aunque a la par con ello, se mantuvo la exigencia de allegar
el certificado de habilitación de cada IPS, como se desprendió .

Sin embargo, la prueba de tales hechos resulta insuficiente para acoger los
argumentos del apelante, respecto del requisito de la red mínima exigida en el
proceso de selección, pues lo que alega centralmente es que sólo la oferta de Red
Salud cumplía satisfactoriamente con el soporte exigido y el porcentaje mínimo del
80% que se requería para ser calificado como elegible en la Fase Uno, lo que según
su dicho, no fue logrado por los demás participantes, pero no aportó al proceso las
ofertas que cuestiona (FERSALUD, Mejor Salud y Hospital Universitario Clínica San
Rafael), sino sólo los términos de referencia ya descritos, sus aclaraciones, el
informe preliminar y el informe final, contentivo de la respuesta del evaluador a las
observaciones que Red Salud formuló durante el proceso.

Aunque en esas observaciones, la unión temporal hoy demandante indicó que,
según su propia evaluación, ninguna de las proponentes en contienda cumplía
siquiera con el soporte del 50% de la red exigida, no obra en esta causa la prueba
de esa conclusión, pues no hay un elemento con el cual pueda contrastarse la
puntuación asignada a los oferentes en cada ítem del componente técnico de la red
mínima, ya que, se insiste, no figuran en el expediente las ofertas que fueron

27 El Hospital Universitario Clínica San Rafael superó la Fase Uno, pero no logró ser adjudicatario de

contrato alguno por no haber satisfecho los requisitos de la Fase Dos.

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favorecidas, ni los documentos allegados por FERSALUD y Mejor Salud para
cumplir los requisitos de la invitación pública.

Así las cosas, es palmario que la parte apelante tampoco demostró en esta
instancia, que la oferta de la unión temporal Red Salud era la única que podía ser
tenida como “legítima ganadora” en el proceso de selección adelantado por
Fiduprevisora-FOMAG, por lo cual deberá desestimarse íntegramente la alzada, y
confirmarse la sentencia impugnada, en cuanto denegó el petitum de la demanda.

También concluye la Sala, por razón de todo lo anterior, que en la presente causa
no se demostró la ilegalidad de los actos acusados, mucho menos la invalidez de
ningún contrato suscrito con ocasión de la Invitación Pública N° 143 de 2005.

3. Costas

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998
–aplicable en el sub lite-, la conducta de las partes ha de tenerse en cuenta para
resolver sobre la procedencia de la condena en costas. Toda vez que en el presente
caso no se evidencia que alguna de las partes haya actuado temerariamente o que
de cualquier otra forma haya atentado contra la lealtad procesal, no habrá lugar a
su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia, esto es, la proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 10 de mayo de 2017, por las
razones expuestas en la parte motiva del presente fallo.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen para su cumplimiento.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y

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autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/validador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto

VF

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