Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2012-00063-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Contrato realidad: contrato de prestación de servicios
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2012-00063-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2012-00063-01
Consejero ponente: William Hernández Gómez
28 de junio de 2018
CONTRATO REALIDAD – Contrato de prestación de servicios / FORMAS DE VINCULACIÓN CON EL ESTADO – Clases / CITÓLOGA – No demostró que la prestación del servicio haya sido continua e ininterrumpida / SUBORDINACIÓN – No existe prueba de que no podía actuar con autonomía e independencia en la ejecución de su contrato / RELACIÓN LABORAL – No demostrada / CARGA DE LA PRUEBA - Corresponde a quien pretende demostrar la existencia de la relación laboral
[P]ara la Subsección, el material probatorio allegado al proceso no es conteste, preciso ni permite concluir con certeza que la prestación del servicio por parte de la señora Bibiana Cogollo Martínez a la E.S.E. Hospital San Jorge de San Bernardo del Viento haya sido continua e ininterrumpida entre el 10 de marzo de 1999 y el 31 de diciembre de 2011. (…) Para el efecto, respecto del argumento según el cual las funciones de citología son de la esencia de la empresa social del Estado, la Corporación considera que si bien la prestación de servicios de salud, como el desempeñado por la demandante, es una labor inherente al Sistema General de Seguridad Social en salud, no todos los servicios que estos prestan deben estar cubiertos por empleados públicos, pues el ordenamiento jurídico permite, excepcionalmente, celebrar contratos de prestación de servicios cuando las actividades no puedan realizarse con el personal de planta de la entidad o se requieran de conocimientos especializados. En el caso concreto, la Subsección estima que, pese a que las actividades desarrolladas por la demandante pueden ser de aquellas intrínsecas a la función del servicio público de salud, esa situación no implica per se la existencia de subordinación, sino que está también se constituye en un indicio del elemento de la relación laboral. Por tal razón, para concluir que la señora Cogollo Martínez laboró en condiciones de subordinación o dependencia, es necesario valorar todas las circunstancias constitutivas de estas, que permitan determinar de forma fehaciente y con certeza la presencia del elemento en comento. (…) En ese orden de ideas, esta Subsección ha de concluir que no existe una prueba de la que fehacientemente se pueda inferir que la demandante no podía actuar con autonomía e independencia en la ejecución de su contrato, es decir, que la señora Bibiana Cogollo Martínez laboraba de forma subordinada porque tenía la obligación de cumplir con el horario de la entidad, como tampoco obra en el proceso un medio de convicción que permita determinar que recibía órdenes o instrucciones por parte de sus supervisores. En conclusión: En consecuencia, se reitera, como en esta clase de asuntos la carga de la prueba corresponde a quien pretende demostrar la existencia de la relación laboral, y en el presente caso, la parte demandante no logró demostrar de forma contundente los elementos del contrato realidad, particularmente la subordinación, considera esta Corporación que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 30 de abril de 2014 debe ser confirmada.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 23001-23-33-000-2012-00063-01(3191-14)
Actor: BIBIANA COGOLLO MARTÍNEZ
Demandado: E.S.E. SAN JOSÉ DE SAN BERNARDO DEL VIENTO (CÓRDOBA)
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Ley 1437 de 2011
Sentencia O-104-2018
ASUNTO
La Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba que negó las pretensiones de la señora Bibiana Cogollo Martínez.
LA DEMANDA
La señora Bibiana Cogollo Martínez, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, demandó a la E.S.E. Hospital San José de San Bernardo del Viento.
Pretensiones:
Declarar la nulidad del siguiente acto administrativo:
Oficio 0008 del 8 de febrero de 2012, proferido por la E.S.E. Hospital San José de San Bernardo del Viento, por medio del cual se negó el reconocimiento del contrato realidad y el consecuente pago de salarios, prestaciones y demás emolumentos.
A título de restablecimiento del derecho solicitó lo siguiente:
Declarar la existencia de la relación laboral de carácter administrativo, entre el 10 de marzo de 1999 y el 31 de diciembre de 2011, incluido el tiempo prestado a la Fundación Prestadora de Servicios en Salud (Funsalud) como intermediaria laboral.
Condenar a la E.S.E. Hospital San José de San Bernardo del Viento al pago de todos los salarios, prestaciones, primas, bonificaciones y demás emolumentos de la asignación básica correspondiente.
Actualizar la condena de conformidad con lo previsto en el artículo 198 del «CCA».
Ordenar a la demandada a dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del «CCA».
Condenar a la demandada al pago de intereses comerciales y moratorios como lo ordena el artículo 195 del «CCA».
Fundamentos fácticos:
La señora Bibiana Cogollo Martínez se vinculó a la E.S.E. Hospital San José de San Bernardo del Viento a través de órdenes y contratos de prestación de servicios desde el 10 de marzo de 1999 hasta el mes de junio de 2008, como citóloga. Desde el mes de julio de 2008 y hasta el 30 de diciembre de 2011 su vinculación con la E.S.E. demandada fue a través de Funsalud.
Señaló que la forma de vinculación, ya fuera por contratación directa como por intermediación laboral, desbordó el marco legal y desconoció el régimen de garantías a que tendría derecho si hubiese sido vinculada por la vía legal propia.
Indicó que la labor desarrollada se encuentra clasificada para ser desempeñada por funcionarios de carrera administrativa o en provisionalidad y que su ejecución no podía estar a cargo de contratistas.
Agregó que la labor prestada por ella fue exclusiva, en tanto que la dedicación y jornada no le permitían desempeñar otro contrato, y que siempre desempeñó sus funciones bajo estrictas instrucciones, sin que existiera autonomía de su parte, sino que las ejecutó bajo total subordinación y dependencia de la demandada.
Afirmó que la contratación fue fraudulenta, razón por la cual las cláusulas contractuales son ineficaces y que deben ser tenidas en cuenta las normas que regulan el trabajo humano que son de orden público.
Según la demandante, las actividades contratadas no revistieron las características de temporalidad y transitoriedad, así como tampoco se puede predicar de ellas que fueran ocasionales. También señaló que la señora Bibiana Cogollo recibía órdenes directas de la E.S.E. San José, y que era esta quien le pagaba directamente sus honorarios.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
En el marco de la parte oral del proceso bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de precisar el objeto del proceso y de la prueba.
En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.
A folio 827 obra prueba de que en la etapa de excepciones previas se indicó lo siguiente:
«[…] No hay lugar a resolver sobre las mismas, en tanto pese a que fueron propuestas por la parte demandada, mediante auto de fecha 19 de diciembre de 2013 (fl.817) se dio por contestada la demanda de manera extemporánea […]»
La anterior decisión quedó notificada en estrados y frente a esta no se interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última.
A folios 827 y 828 el Tribunal fijó el litigio así:
«[…] El Magistrado Instructor, expresa que en tanto considera que las partes tienen cabal conocimiento del contenido de la demanda, la contestación, y que habiendo hecho un estudio pormenorizado de tales actuaciones, a fin de establecer los desacuerdos entre las partes, propondrá la siguiente fijación del litigio, de conformidad únicamente con el escrito de la demanda, pues la contestación de la misma presentada por la ESE Hospital San José de San Bernardo del Viento, fue extemporánea:
1. El problema jurídico a resolver por la Sala en su momento, se contrae, entonces, a establecer si entre la ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE SAN BERNARDO DEL VIENTO y la señora BIBIANA COGOLLO MARTÍNEZ -demandante- existió una relación laboral durante los periodos que estuvo vinculada por contratos de prestación de servicios, y como consecuencia de ello, si tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir con ocasión de ese vínculo; o si por el contrario, existió una relación eminentemente contractual sin derecho a prestación alguna.
2. Así mismo establecer si el tiempo laborado por la señora BIBIANA COGOLLO MARTÍNEZ en la ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, mediante contratos de prestación de servicios suscritos entre la citada señora y la Fundación Prestadora de Servicios en Salud -FUNSALUD- para prestar sus servicios en la ESE Hospital mencionada, constituyen una verdadera relación laboral; y si además existe una responsabilidad solidaria por parte de la ESE demandada, respecto a este tiempo laborado.
En consecuencia, para resolver el litigio el Despacho deberá resolver los siguientes interrogantes:
4.1.- ¿Cuáles son los elementos jurídicos que configuran una relación laboral?
4.2.- ¿Se encuentran probados los elementos que configuran la relación laboral en el presente asunto?
4.3.- ¿En caso de hallarse probados los elementos de la relación laboral, tiene la demandante, derecho a que se le reconozcan los derechos salariales y prestacionales que reclama?
4.4.- ¿En qué consiste la responsabilidad solidaria en materia laboral y qué presupuestos deben acreditarse para que se predique la responsabilidad solidaria? […]».
Las partes manifestaron estar de acuerdo con la fijación del litigio efectuada por el tribunal.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Córdoba, profirió sentencia de forma escrita del 30 de abril de 2014, resolvió:
«[…] PRIMERO: Niéguense las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Condénase costas a la parte demandante […]»
La anterior decisión la profirió con fundamento en las siguientes consideraciones:
Respecto de los elementos de la relación laboral, sostuvo que, en el expediente se constató que la demandante prestó sus servicios personales a la E.S.E. San Bernardo del Viento como citóloga. Agregó que los periodos en los cuales la señora Cogollo Martínez ejecutó las actividades contratadas fueron los meses de marzo a julio, septiembre y diciembre de 1999, mayo, agosto y noviembre de 2000, enero a marzo, mayo y agosto a octubre de 2001, enero, marzo, abril y de junio a diciembre de 2003, febrero a diciembre de 2004, de abril a agosto de 2006, del 15 de febrero a marzo y de julio a diciembre de 2007, y desde el 1.º de julio de 2008 hasta el 31 de julio de 2011; lo anterior, a través de la Fundación Prestadora de Servicios en Salud (Funsalud), por lo que consideró que no podía afirmarse que la demandante prestó sus servicios en forma sucesiva y continua.
Frente a la remuneración o contraprestación económica, el a quo señaló que resultaba evidente que la demandante percibió una remuneración por la labor realizada, pues en cada uno de los contratos se estipularon los honorarios a cancelar por la prestación del servicio.
En cuanto a la subordinación o dependencia continuada, luego de hacer un recuento de las declaraciones de los testigos y contrastarlos con los demás medios probatorios, consideró que dentro del plenario no obraban elementos probatorios que dieran certeza acerca del elemento de la relación laboral.
La anterior conclusión, sostuvo, se fundamentó en que los contratos y órdenes de servicios no dieron cuenta de que la demandante laborara en la institución de forma ininterrumpida, los testigos tampoco fueron concluyentes en cuanto a las órdenes e instrucciones impartidas por los superiores de la señora Bibiana Cogollo Martínez y que tampoco percibieron directamente la continuada subordinación alegada por la demandante.
En consecuencia, concluyó que en el caso concreto la parte demandante no logró demostrar la configuración de uno de los elementos de la relación laboral como es la subordinación o dependencia continuada, razón por la cual negó las pretensiones de la demanda.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba.
Las inconformidades se sustentaron en los siguientes puntos:
En primer lugar, indicó que el tribunal desconoció en su sentencia que los testimonios fueron claros, evidentes y coherentes en manifestar que, en el lapso que la demandante no tenía contrato suscrito, esta seguía prestando sus servicios personales a la entidad demandada. Agregó que, en gracia de discusión, las interrupciones laborales no aplican para los servidores de hecho.
Para el efecto, sostuvo que resulta diferente «tratar de demostrar la prestación personal del servicio con sólo testimonios, a que los testimonios sean complemento probatorio de las pruebas documentales y de otro tipo» Asimismo, añadió que el Consejo de Estado, en forma excepcional, «ha dado valor a los testimonios como única prueba de la prestación de servicio y es frente a los funcionarios de hecho sin vínculo contractual administrativo»
De igual forma, sostuvo que el a quo tuvo en cuenta para demostrar la prestación personal del servicio únicamente los contratos, de los cuales concluyó que había solución de continuidad, y desechó los testimonios que daban cuenta que la prestación fue ininterrumpida. Además, manifestó que los dichos de los testigos se comprueban con otras pruebas no analizadas por el juez de primera instancia, como son los «Formatos de comprobación de servicios diligenciados de las citologías realizadas, y copias del diario de citologías» obrante en folios 225 a 628.
Señaló también que durante el tiempo que duró la relación entre las partes, no existió ningún tipo de interrupción considerable en la prestación del servicio, lo que «denota la permanencia y la necesidad de las labores que fueron desempeñadas» por la demandante en la institución.
Como segundo punto, sostuvo que el hecho de no haber demostrado la continua prestación del servicio, no desnaturaliza la relación laboral. Así, con fundamento en providencia del Consejo de Estado del 11 de noviembre de 2009 con ponencia de la consejera Bertha Lucía Ramírez de Páez, concluyó que la existencia de interrupciones durante la prestación del servicio contratado conlleva a que se liquiden las prestaciones con la sumatoria de los extremos laborales, incluidas las interrupciones, pero descontadas del total de las condenas.
En tercer lugar, frente al elemento de la subordinación arguyó que, luego de hacer un recuento doctrinal sobre el punto, si bien la labor de la citología y toma de muestras se enrola dentro del ejercicio de una profesión liberal, no conlleva automáticamente a que se dé una autonomía e independencia del trabajador.
Para profundizar en ello, indicó que conforme con el ordenamiento jurídico, particularmente las Leyes 10 de 1990 y 100 de 1993, el servicio de citología hace parte de la atención básica de primer nivel en el Sistema de Seguridad Social en Salud, razón por la cual las empresas sociales del Estado están obligadas a la prestación de este y, en consecuencia, concluyó que se trata de una función que corresponde al giro ordinario de la administración.
Además de lo anterior, señaló que en el proceso se demostró que la demandante recibió órdenes e instrucciones directamente de la E.S.E.; la cantidad y calidad del servicio fueron determinadas exclusivamente por la demandada, y en el caso concreto se impusieron turnos y horarios de trabajo; la reglamentación de la prestación del servicio fue impuesta por la entidad estatal, a su vez que también le suministró los elementos y equipos de trabajo; el gerente de la E.S.E. concedía verbalmente los permisos para ausentarse del trabajo; las condiciones y circunstancias en que se prestó el servicio no variaron cuando se vinculó a través de la fundación; obran en el proceso comunicaciones de parte de funcionarios de la E.S.E. dirigidas a la demandante donde solicitaba rendir informes sobre situaciones particulares, como también para la asistencia a reuniones programadas por la entidad; los testigos dieron cuenta de los llamados de atención verbales y; la prestación del servicio fue en las instalaciones de la entidad demandada.
En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia para en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Tanto las partes como el representante del Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa según consta a folio 1000 del expediente.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
De igual forma, Según lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
Problemas jurídicos:
En ese orden, los problemas jurídicos que deben resolverse en esta instancia se circunscriben a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales se resumen en las siguientes preguntas:
¿En el caso de la señora Bibiana Cogollo Martínez se demostró la existencia de los elementos constitutivos de la relación laboral, como son la prestación personal del servicio y la subordinación, que permitan concluir que la contratación por prestación de servicios con la E.S.E. Hospital San José de San Bernardo del Viento escondió en realidad un contrato de trabajo?
En caso afirmativo deberán resolverse los siguientes sub problemas jurídicos:
¿Para efectos de la respectiva condena, cómo debe restablecerse el derecho de la demandante?
¿Hay lugar a declarar la prescripción de las prestaciones sociales?
Primer problema jurídico.
¿En el caso de la señora Bibiana Cogollo Martínez se demostró la existencia de los elementos constitutivos de la relación laboral, como son la prestación personal del servicio y la subordinación, que permitan concluir que la contratación por prestación de servicios con la E.S.E. Hospital San José de San Bernardo del Viento escondió en realidad un contrato de trabajo?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: En el caso de la señora Bibiana Cogollo Martínez no se demostró que se encontrara en situación de subordinación o dependencia mientras prestó sus servicios en la E.S.E. Hospital San José de San Bernardo del Viento, motivo por el cual no se puede declarar la existencia del contrato realidad deprecado. Lo anterior se sustenta a continuación.
El ordenamiento jurídico colombiano regula tres clases de vinculación al servicio público, con sus características o elementos que las tipifican y su régimen jurídico propio. Estas son: i) la vinculación legal y reglamentaria; ii) la laboral contractual; y iii) la contractual o de prestación de servicios.
La vinculación por contratos de prestación de servicios se rige por el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Dicha forma contractual, de acuerdo con la norma que la regula, tiene como propósito el de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades estatales, o para desarrollar labores especializadas que no pueden ser asumidas por el personal de planta de estas.
Por su parte, como características principales del contrato de prestación de servicios está la prohibición del elemento de subordinación del contratista, en tanto que este debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual, y estos no pueden versar sobre el ejercicio de funciones permanentes.
De acuerdo con lo anterior, debe advertirse que la vinculación por contrato de prestación de servicios es de carácter excepcional, a través de la cual no pueden desempeñarse funciones públicas de carácter permanente o de aquellas que se encuentren previstas en la ley o el reglamento para un empleo público.
Ello con el fin de evitar el abuso de dicha figura y como medida de protección de la relación laboral, en tanto que, a través de la misma, se pueden ocultar verdaderas relaciones laborales y la desnaturalización del contrato estatal.
Ahora bien, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se demuestra la concurrencia de los tres elementos constitutivos de la relación laboral, es decir, cuando: i) la prestación de servicio es personal; ii) subordinada; y iii) remunerada.
En dicho caso, el derecho al pago de las prestaciones sociales surge a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades contenido en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, lo que se ha denominado como contrato realidad.
En ese orden de ideas, la figura del contrato realidad, sostiene la jurisprudencia, se aplica cuando se constata la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales.
Ahora, en el sub examine, se tiene que la inconformidad de la apelante radica precisamente en que el tribunal concluyó la inexistencia de la relación laboral, pese a que presuntamente en el expediente se encuentran plenamente demostrados los elementos que la configuran.
Dicho sea, para esta Subsección, quien pretende la declaratoria de existencia de una relación laboral escondida bajo la modalidad de contratación por prestación de servicios, tiene el deber de demostrar, a través de los medios probatorios a su disposición, la configuración de los elementos esenciales del contrato de trabajo.
Por otra parte, tanto la Corte Constitucional como esté órgano colegiado, en su calidad de Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, han sostenido que, en el caso de las empresas sociales del Estado, la potestad de contratación a ellas conferida, para operar mediante terceros, solo puede llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas no puedan ejecutarse por parte del personal de planta de la entidad o cuando se requieran conocimientos especializados.
En el caso concreto y conforme con el recurso de apelación, debe analizarse si la parte demandante efectivamente demostró que, mientras fue contratada por prestación de servicios, se configuraron los elementos de existencia de una relación laboral, particularmente, la subordinación o dependencia frente a quien contrato el servicio.
En cuanto al elemento de la prestación personal del servicio, esta Subsección estima que no es necesario pronunciarse en tanto que, si bien en el recurso de apelación se manifestó no estar de acuerdo con la decisión del a quo frente a este, se advierte que la inconformidad no radica sobre dicho elemento, el cual se tuvo como probado, sino frente a la prestación continua e ininterrumpida, al no reconocerse como tiempo total laborado el transcurrido entre 2009 y el 31 de diciembre de 2011.
Así las cosas, para el fallador de primera instancia, en el proceso únicamente se demostró la existencia de la relación (tiempo) así:
«[…]
Los periodos dentro de los cuales la demandante prestó personalmente el servicio, según las órdenes y contratos de prestación de servicios obrantes en el expediente y las certificaciones allegadas al plenario, en especial la visible a folio 211 son los siguientes: para el año 1999, los meses de marzo a julio, septiembre y diciembre; año 2000 los meses de mayo, agosto y noviembre; año 2001 de enero a marzo, el mes de mayo, y de agosto a octubre; del año 2002 el mes de enero, marzo y abril, y de junio a diciembre; para el año 2003 de enero a abril, de junio a octubre y diciembre; del año 2004 los meses de febrero a diciembre; para el año 2006, los meses de abril a agosto; para el año 2007 del 15 de febrero a marzo y de julio a diciembre; del año 2008 de enero a julio. Y desde el 1 de julio de 2008 hasta el 31 de julio de 2011 a través de la Fundación Prestadora de Servicios de Salud -FUNSALUD-. De lo anterior se observa que hubo interrupción de varios meses entre uno y otro contrato, sin que pueda afirmarse que se trató de contratos sucesivos o continuos. […]»
No obstante, de la documentación obrante en el expediente, se observa que la señora Bibiana Cogollo Martínez únicamente demostró encontrarse vinculada a la E.S.E. Hospital San José de San Bernardo del Viento a través de órdenes de prestación de servicios y por intermediación laboral, de la siguiente forma:
Acto
Inicio
Final
Honorarios
Objeto contractual
folio
OPS S/N
01-09-99
30-09-99
Desarrollar actividades como citóloga
71
OPS S/N
02-01-03
28-03-03
$3.750 por citología realizada
Ibidem
112
OPS S/N
01-08-05
31-10-05
$400.000 mensual
Desarrollar actividades de «tomas de citologías»
184
OPS S/N
01-04-06
31-05-06
$400.000 mensual
Ibidem
910
OPS S/N
01-06-06
31-08-06
$400.000 mensual
Ibidem
182 y 909
OPS S/N
15-02-07
31-03-07
$400.000 mensual
Desarrollar actividades de «toma de citologías»
195 y 907
OPS S/N
01-07-07
31-12-07
$880.000 mensual
Desarrollar actividades como citóloga del hospital, cuatro horas los días martes y viernes
252 y 916
OPS S/N
08-01-08
29-02-08
$924.000 mensual
Desarrollar actividades como citóloga del hospital los días miércoles y viernes, cuatro horas por día
246 y 912
OPS S/N
01-03-08
31-08-08
$924.000 mensual
Ibidem
227 y 913
OPS S/N
01-04-08
30-06-08
$940.000 mensual
Ibidem
908 y 911
CPS 24
01-01-09
31-03-09
$1.300.000 mensual
Prestación de servicios a Funsalud como médica citóloga en el Hospital de San José.
234
Ahora, los otros tiempos reconocidos por el a quo no encuentran sustento probatorio en documentos constitutivos de contratos u órdenes de servicios, sino que tienen fundamento en otras piezas documentales como son certificaciones, comprobantes de pago por servicios prestados o relaciones de servicios personales indirectos donde aparece el nombre de la señora Bibiana Cogollo Martínez.
Frente a dichos elementos probatorios, la Corporación considera que no permiten determinar fehacientemente la existencia de la relación contractual suscrita entre la demandante y la E.S.E. San José, o con la fundación que actuó como intermediaria laboral, pues, si bien en ellos se relacionan aspectos propios de una vinculación, tales como pagos realizados por concepto de honorarios, no permiten concluir los extremos de la relación, o si corresponden a los mismos objetos contractuales que supuestamente celebraron las partes, y en ese sentido, dichos documentos únicamente pueden ser tenidos como indicios de la existencia de la relación de encontrarse probada.
Asimismo, se estima que los diarios de citología a los que hizo referencia la apelante, en los que, según su dicho, dan cuenta de que la prestación del servicio fue continua e ininterrumpida, tampoco permiten arribar a la conclusión sostenida por ella, pues de estos no se evidencia que la toma de muestras de citología haya sido realizada personalmente por la demandante, en tanto se extraña por la Subsección que dichos documentos hayan sido suscritos por la señora Cogollo Martínez o, cuando menos, mención alguna a que fue ella quien tomó las muestras de laboratorio.
En cuanto a los testimonios recibidos, la Corporación considera que, con sustento en el principio de la libre valoración de la prueba, estos tampoco permiten demostrar que la prestación del servicio fue continua e ininterrumpida. Para el efecto, los testigos afirmaron sobre el particular lo siguiente:
El señor Andrés Díaz Gómez, quien se desempeñó como vigilante de la E.S.E. Hospital San José desde 1976 hasta el 2005, sostuvo:
«[…]
Preguntado: ¿Sírvase manifestar si usted conoce a la señora Bibiana Cogollo Martínez? en caso afirmativo ¿diga desde hace cuánto y qué trato ha tenido con ella? Contestó: Si la conozco. Hace 15 o 18 años aproximadamente. Fue mi compañera de trabajo en el Hospital San José. Que se desempeñó como citóloga de la institución. Preguntado: ¿Sírvase decir cuál fue la forma de vinculación, si la conoce, que ella tuvo para ingresar a la entidad a la que se refirió en la respuesta anterior? Contestó: Empezó trabajando en el Hospital San José, si no me equivoco, en el año 98 o 99 y, dejó de trabajar en el año 2011, si mal no recuerdo, 2011 o 12. Preguntado: Por favor precise, si sabe, ¿cuál fue la forma o a través de qué mecanismo jurídico fue vinculada la señora Cogollo Martínez a la E.S.E. mencionada? Contestó: Hasta donde tengo conocimiento, empezó a trabajar por contrato. Trabajaba los días lunes, miércoles y viernes, y algunas veces hacían brigadas en el hospital. Ella salía para las brigadas a desempeñar sus labores, tomaba sus muestras, venia al hospital, leía sus placas y su rutina de trabajo. Preguntado: Sírvase precisar al despacho, ya que ha manifestado que ella ingresó por contratos de prestación de servicios, sírvase indicar si durante todo el tiempo que usted ha mencionado que ella estuvo laborando para la E.S.E., siempre ese fue el tipo de vinculación, si había contratos por un determinado tiempo o fue un contrato permanente, ¿qué sabe usted respecto a la duración de los contratos o si estos fueron permanentes? Contestó: Hasta donde tengo conocimiento, desde que empezó a trabajar en el hospital yo creo que fueron permanentes porque yo no la vi salir nunca del hospital hasta la fecha en que terminó sus labores. Todo el tiempo que yo la conocí, desde que empezó hasta que terminó, como le digo, nunca la vi salir del hospital, sino que permaneció todo ese tiempo trabajando en el hospital. […] Preguntado: Sírvase manifestar si ¿la demandante prestaba sus servicios en forma personal y en forma permanente? Contestó: Sí. Preguntado: Sírvase precisar ¿cuál fue el periodo o el lapso durante el cual laboró en esa E.S.E la demandante Bibiana Cogollo Martínez? Contestó: (Inaudible) […] Preguntado: En respuesta anterior dada al señor magistrado, usted manifestó que laboró desde el año 1974 hasta el año 2005, corrijo, desde el año 76 hasta el año 2005, ¿cómo le consta entonces que la señora Bibiana Cogollo trabajó en el Hospital hasta el año 2011? Contestó: Doctor, porque como trabajador del hospital yo duré 29 años 3 meses en el hospital y entonces, después que salí del hospital, yo frecuentaba mucho en el hospital y tenía las relaciones con mis compañeros, todas han sido, como le digo, estables, y todavía en fecha vuelvo al hospital porque quiero mucho mi institución, donde yo trabajé tantos años. Entonces, pues he frecuentado mucho por el hospital. […]» (Subraya de la Sala)
Por su parte, la señora Cira Alicia Luna Anaya, quien estuvo en el área de pagaduría en la empresa social del Estado demandada hasta el año 2007, indicó:
«[…]
Preguntado: ¿Sírvase manifestar si usted conoce a la señora Bibiana Cogollo Martínez? En caso afirmativo diga ¿desde hace cuánto la conoce y qué trato ha tenido con ella? Contestó: Conozco a la doctora Bibiana Martínez desde el año 99. Desde que empezó a trabajar en la E.S.E. Hospital San José. Mi relación, compañeras de trabajo. […] Preguntado: Sírvase manifestar, si sabe, ¿cuál fue el mecanismo jurídico para que la señora Bibiana Cogollo Martínez ingresara a laborar en la E.S.E. Hospital San José de San Bernardo del Viento y cuál fue el tiempo de esa vinculación? Contestó: La doctora Bibiana comenzó a trabajar por orden de prestación de servicios. Y empezó a laborar desde el 99, no me acuerdo la fecha exacta, pero sí, en el 99. Hasta cuando, bueno, yo salí en el 2007 de la institución y la dejé todavía laborando ahí. […] Preguntado: ¿Sírvase manifestar cada cuánto le renovaban contrato de prestación de servicios a la señora Bibiana Cogollo? Contestó: A ella no se le elaboraban contratos sino órdenes de servicio. Preguntado: ¿Sírvase manifestar al despacho por qué tiempo era cada orden de prestación de servicio? Contestó: Por 30 días. Se le hacía mensualmente. […] Preguntado: ¿Sírvase manifestar, si usted recuerda, si la remuneración que se le pagaba a la señora Bibiana Cogollo Martínez era igual, superior o inferior a lo que se le pagaba a un funcionario que tuviera un cargo similar, pero que fuera de planta en la E.S.E. Hospital San José de San Bernardo del Viento? Contestó: Era igual al equivalente al cargo de ella. Preguntado: ¿Con qué otro cargo usted podría comparar la remuneración que se le pagaba a la señora Bibiana Cogollo Martínez, de los que recuerde usted? Contestó: Como tecnóloga. Como el cargo de tecnóloga. Preguntado: ¿El cargo de tecnóloga ganaba, o era remunerado con la misma suma que era remunerada la señora Bibiana Cogollo? Contestó: Sí. Mas o menos. Era parecido mas o menos el sueldo. […] Preguntado: ¿Sírvase manifestar si usted desea agregar o corregir algo en su declaración? Contestó: Yo me retiré en el año 2007 porque fui pensionada. Cuando yo salí, la doctora Bibiana seguía trabajando en la institución, sin ninguna interferencia, o sea que desde el 99 hasta la fecha del 2007 estuvo permanentemente en esa institución. […]»
Finalmente, la señora Alma de Jesús Montoya Durango, compañera de la señora Bibiana Cogollo Martínez en el área de laboratorio de la entidad demandada, manifestó al respecto lo siguiente:
«[…]
Preguntado: ¿Manifieste si usted conoce a la señora Bibiana cogollo Martínez? Y en caso afirmativo ¿diga desde hace cuánto tiempo la conoce y qué trato ha tenido con ella? Contestó: La señora Bibiana Cogollo Martínez la conozco desde el momento que ella ingresó a la E.S.E. Hospital. Trabajábamos juntas porque yo trabajaba en el laboratorio y allí mismo ella prestaba sus servicios como citóloga. Preguntado: ¿Sírvase manifestar durante cuánto tiempo usted estuvo vinculada a la E.S.E.? Contestó: Todavía estoy vinculada a la E.S.E. Preguntado: ¿Hace cuánto? Contestó: Estoy trabajando desde el año 81, hasta el momento. […] Preguntado: ¿Sírvase manifestar, si sabe, mediante qué forma fue vinculada la señora Bibiana Cogollo Martínez a la E.S.E.? Contestó: La señora Bibiana, cuando ella inició, empezó a trabajar con la E.S.E. Desde el año 99 hasta el 2008, más o menos mediados de 2008, la trasladaron a una IPS, a una fundación. Del hospital la pasaron a una fundación, pero seguía trabajando con el mismo horario de trabajo. Preguntado: ¿Sírvase manifestar cuál fue el tiempo de duración de la vinculación o de la prestación de los servicios de la señora Bibiana Cogollo Martínez para la E.S.E. Hospital San José de San Bernardo del Viento? Contestó: Ella ingresó en el año 99 y la retiraron el 31 de diciembre de 2011. […]»
Vistos los anteriores fragmentos de las declaraciones rendidas por los testigos, para la Subsección los dichos de estos carecen de la suficiente precisión para poder inferir que, como lo sostiene la parte apelante, la relación se extendió desde 1999 hasta 2011 de forma continua e ininterrumpida.
Ello en tanto que, si bien los tres testigos afirman que la relación contractual se dio en forma continua y sin interferencias, se advierte lo siguiente:
En primer lugar, el señor Díaz Gómez se desempeñó como vigilante de la entidad hasta el año 2005, razón por la cual, dada su actividad, podría decirse que tenía conocimiento sobre quién trabajaba en la E.S.E., de donde también se deduce que conoció a la demandante, sin embargo, la simple afirmación de que «yo creo que fueron permanentes porque yo no la vi salir nunca del hospital» no permite concluir la permanencia en tanto que no podía tener conocimiento directo de la situación contractual de la demandante.
Además, al encontrarse pensionado desde el año 2005 no era factible que tuviera conocimiento directo de las fechas entre las cuales prestó sus servicios al hospital pues no resulta acorde con las reglas de la experiencia que, una vez retirado del servicio, el demandante continuara acudiendo diariamente a la entidad, únicamente para saludar a quienes allí laboraban como este lo afirmó, es decir, que era poco probable que el testigo tuviera conocimiento directo de la prestación permanente del servicio por parte de la señora Bibiana Cogollo Martínez durante los años posteriores a su jubilación.
En el caso de la señora Luna Anaya, su dicho resulta sospechoso para esta Corporación en tanto que, en su calidad de pagadora de la entidad, pudo tener conocimiento directo de los pagos por honorarios realizados a la demandante y precisar al tribunal la forma en que se le cancelaron, las fechas en que se efectuaban los mismos, si a la señora Bibiana Cogollo se le consignaba una suma similar a la de un cargo de planta. En ese sentido, si bien la señora Luna Amaya pudo tener conocimiento de la forma en que se le cancelaban las sumas de dinero producto de los servicios contratados y que se asemejaban a los de un tecnólogo, lo cierto es que, la declarante no manifestó si los valores pagados eran superiores, iguales o inferiores respecto del cargo homólogo de planta, y se limitó a afirmar que era más o menos parecido el sueldo y que se le cancelaban los honorarios en la misma fecha que a los empleados de planta, situaciones que debía conocer muy bien dada la función que ejercía en la entidad demandada.
En ese sentido, la sospecha se funda cuando, pese a la ausencia de precisión respecto a las preguntas a ella realizadas, que tenían relación directa con sus funciones, y que en momento alguno de la declaración se hizo referencia a si la prestación fue continua e ininterrumpida, en el momento en que el magistrado sustanciador preguntó si tenía algo que agregar o corregir de la declaración, la testigo afirmó con contundencia y precisión que «Cuando yo salí, la doctora Bibiana seguía trabajando en la institución, sin ninguna interferencia, o sea que desde el 99 hasta la fecha del 2007 estuvo permanentemente en esa institución.»
Ahora, en el caso de la señora Durango Montoya, quien afirmó en su declaración haber laborado con la demandante en el mismo sitio de trabajo, es decir, en el laboratorio de la E.S.E. Hospital San José, la Corporación echa de menos la afirmación de que, pese a ser testigo directo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que desarrolló sus funciones la señora Bibiana Cogollo Martínez, esta hubiera desempeñado sus actividades en forma permanente y continua entre el año 1999 y el 2011, pues al ser cuestionada sobre esto, la declarante se limitó a decir que «ella ingresó en el año 99 y la retiraron el 31 de diciembre de 2011».
Finalmente, se advierte de la documental aportada por la parte demandada demuestra que la señora Bibiana Cogollo Martínez prestó sus servicios a otras entidades del sector público mientras estuvo vinculada a la E.S.E. Hospital San José de San Bernardo del Viento.
Al respecto, observa la Corporación que, de acuerdo con la certificación expedida por la Técnico Administrativa de la E.S.E. CAMU Purísima, la demandante desarrolló actividades como citóloga en dicha institución entre el 2 de junio de 2000 y el 1.º de agosto de 2005.
Asimismo, obra respuesta de parte del gerente de la E.S.E. Centro de Salud Coveñas, a petición elevada por el gerente de la demandada, en la que se indicó que la señora Cogollo Martínez laboró en dicha empresa social del Estado, a través de cooperativas asociadas de trabajo.
En virtud de lo anterior, para la Subsección, el material probatorio allegado al proceso no es conteste, preciso ni permite concluir con certeza que la prestación del servicio por parte de la señora Bibiana Cogollo Martínez a la E.S.E. Hospital San Jorge de San Bernardo del Viento haya sido continua e ininterrumpida entre el 10 de marzo de 1999 y el 31 de diciembre de 2011.
De otro lado, y conforme con el recurso de apelación, para la demandante las actividades desarrolladas como citóloga se enrolan en el ejercicio de una profesión liberal, sin embargo, esto no conlleva automáticamente a que las labores sean ejercidas con autonomía e independencia por parte del profesional. Así las cosas, es necesario determinar si la señora Cogollo Martínez, de acuerdo con las pruebas aportadas en el proceso, se encontraba en situación de subordinación y dependencia continuada.
Para el efecto, respecto del argumento según el cual las funciones de citología son de la esencia de la empresa social del Estado, la Corporación considera que si bien la prestación de servicios de salud, como el desempeñado por la demandante, es una labor inherente al Sistema General de Seguridad Social en salud, no todos los servicios que estos prestan deben estar cubiertos por empleados públicos, pues el ordenamiento jurídico permite, excepcionalmente, celebrar contratos de prestación de servicios cuando las actividades no puedan realizarse con el personal de planta de la entidad o se requieran de conocimientos especializados.
En el caso concreto, la Subsección estima que, pese a que las actividades desarrolladas por la demandante pueden ser de aquellas intrínsecas a la función del servicio público de salud, esa situación no implica per se la existencia de subordinación, sino que está también se constituye en un indicio del elemento de la relación laboral. Por tal razón, para concluir que la señora Cogollo Martínez laboró en condiciones de subordinación o dependencia, es necesario valorar todas las circunstancias constitutivas de estas, que permitan determinar de forma fehaciente y con certeza la presencia del elemento en comento.
Así, de las otras conductas generadoras de subordinación, y a pesar de lo manifestado por la demandante en su recurso de apelación, la Subsección advierte lo siguiente:
En el expediente no obran pruebas de que esta hubiese recibido órdenes e instrucciones de parte del gerente de la E.S.E. hospital San José o de otros funcionarios de la entidad.
Sobre este punto, es preciso señalar que, aunque los testigos manifestaron que la demandante recibía órdenes e instrucciones, de los dichos de estos no se puede determinar la forma en que las supuestas órdenes eran impartidas o las consecuencias de su incumplimiento. Además, en las distintas declaraciones se observa que, al ser cuestionados sobre la forma en que era ejercida la subordinación, los testigos únicamente indicaban que la señora Bibiana Cogollo Martínez se encontraba bajo las órdenes del gerente de la empresa social del Estado demandada.
La única testigo que dio información adicional sobre el punto fue la señora Alma de Jesús Montoya Durango, quien además de afirmar que las órdenes las recibía por parte del Doctor José Ignacio Arrieta, también señaló que estas se materializaban en la forma de cumplir con los cronogramas de trabajo y que regularmente presenció que a la demandante se le dieran instrucciones por escrito en el sentido de prestar el servicio de citología en determinado lugar. Al respecto:
«[…]
Preguntado: ¿Sírvase manifestar, si tiene conocimiento, de si la señora Bibiana Cogollo Martínez desarrollaba sus labores bajo las órdenes de algún funcionario? En caso de que así fuera ¿diga el nombre de dicho funcionario? Contestó: Ella recibía órdenes del gerente, José Ignacio Arrieta, que es el gerente actual. Preguntado: ¿Diga al despacho de qué manera el doctor Arrieta, o el gerente de la E.S.E., daba las órdenes a la demandante? Contestó: Porque ella tenía un cronograma de trabajo. Preguntado: ¿De qué manera daba el gerente las órdenes a la demandante? Contestó: Él se las daba verbalmente. A veces se las daba verbal y a veces se las daba por escrito. Preguntado: ¿Sírvase manifestar si usted en alguna oportunidad pudo apreciar o tener ante sí, alguna orden que le fuera dada por escrito a la demandante, o si usted fue testigo directa de que le dieran alguna orden de manera verbal a la señora Bibiana Cogollo Martínez? Contestó: Cuando él le daba las órdenes a la doctora Bibiana, siempre por lo regular yo estaba en el servicio. Y ella cuando se las daban por escrito, ella enseguida llegaba donde mí y me decía “Mira Montoya, lo que me pasó el doctor Arrieta pa’ donde tengo que ir” y yo le decía “Aja, te toca. Tienes que ir” […]» (Subraya la Sala).
Ahora, para la Subsección las anteriores afirmaciones hechas por la testigo no encuentran respaldo en los demás elementos probatorios pues de la prueba documental se advierte que los cronogramas de trabajo eran suscritos por la demandante y dirigidos al gerente de la institución, razón por la cual de estos no se puede deducir que se trataran de órdenes y, por otro lado, no existe prueba de las instrucciones impartidas a la demandante en forma escrita.
Tampoco obra un medio de convicción en el plenario de que la cantidad y calidad del servicio hubiese sido determinada exclusivamente por la demandada a través de la imposición de turnos de atención y horarios de trabajo. Ello por cuanto las órdenes de prestación de servicios allegadas al proceso dan cuenta de que en un primer periodo a la demandante se le cancelaban sus honorarios por citología realizada y posteriormente era para la prestación por días en un número máximo de horas contratadas, por lo que no puede concluirse de estos la existencia del elemento de la subordinación o dependencia continuada.
Para el efecto, resulta pertinente advertir que situaciones como fijar un horario, recibir instrucciones sobre la ejecución del contrato o presentar informes respecto a este, no configuran por sí solos una relación de subordinación o dependencia continuada, ello en tanto que dichas acciones pueden corresponder, precisamente, a la forma en que debe desarrollarse la labor contratada, es decir, hacen parte de la necesaria coordinación en la prestación de los servicios.
Lo anterior, toda vez que hay actividades que deben, necesariamente, surtirse en determinados horarios o periodos que implican coordinar entre contratante y contratista su ejecución. Asimismo, tampoco se puede pasar por alto que, el hecho de que la vinculación sea contractual, aquel que contrata el servicio no pueda ejercer un grado mínimo de vigilancia respecto al desarrollo de la labor contratada.
Tampoco se encuentra demostrado que la demandante estuviera en la obligación de pedir permiso para ausentarse del sitio donde ejecutaba las actividades contractuales, pues no obra en el expediente ninguna solicitud en dicho sentido formulada por la señora Cogollo Martínez, así como tampoco se advierte que le hayan concedido autorización para ello, pese a lo manifestado por los testigos.
Por ende, si bien estos manifestaron que la demandante debía pedir autorización para no prestar el servicio en los horarios o turnos coordinados, lo cierto es que sus manifestaciones son demasiado generales y de ellos no se desprende que la señora Bibiana Cogollo Martínez solicitara permisos y estos le fueran concedidos o negados por su superior jerárquico.
En ese orden de ideas, esta Subsección ha de concluir que no existe una prueba de la que fehacientemente se pueda inferir que la demandante no podía actuar con autonomía e independencia en la ejecución de su contrato, es decir, que la señora Bibiana Cogollo Martínez laboraba de forma subordinada porque tenía la obligación de cumplir con el horario de la entidad, como tampoco obra en el proceso un medio de convicción que permita determinar que recibía órdenes o instrucciones por parte de sus supervisores.
En conclusión: En consecuencia, se reitera, como en esta clase de asuntos la carga de la prueba corresponde a quien pretende demostrar la existencia de la relación laboral, y en el presente caso, la parte demandante no logró demostrar de forma contundente los elementos del contrato realidad, particularmente la subordinación, considera esta Corporación que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 30 de abril de 2014 debe ser confirmada.
Decisión de segunda instancia
Al no haberse demostrado el elemento de la subordinación, constitutivo de la relación laboral, por parte de la señora Bibiana Cogollo Martínez se confirmará, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia de primera instancia.
De la condena en costas
Esta Subsección en providencia con ponencia del suscrito ponente sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA; en aquella oportunidad se señaló como conclusión, lo siguiente:
El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará en costas a la parte demandante, a pesar de resultar vencida en esta instancia, porque conforme con el criterio valorativo, la parte demandada no realizó ninguna actuación en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 30 de abril de 2014, por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que negó las pretensiones en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Bibiana Cogollo Martínez contra la E.S.E. Hospital San José de San Bernardo del Viento, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones respectivas en el programa Justicia Siglo XXI.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ausente en comisión
Relatoria JORM
Folios 1 a 40. Folios 11 y 12. Folios 197 a 205 y CD a folio 207. Hernández Gómez William, Consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015) EJRLB. Ramírez Jorge Octavio, consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB. Se constató que el CD obrante a folio 832 no contiene archivo alguno. Hernández Gómez William, Consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB
Folios 927 a 933. Folios 954 a 976. Radicación 680001-23-15-000-2004-02350-01 (2486-08). El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
la vinculación legal y reglamentaria es la forma predominante de acceso a cargos públicos, la cual está dirigida a la vinculación de los empleados públicos. Por empleado público debe entenderse aquella persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo. De acuerdo con la jurisprudencia, los elementos que deben concurrir para que se admita que una persona se desempeña como empleado público son, en principio: i) la existencia del empleo en la planta de personal de la entidad; ii) la determinación de las funciones propias del cargo; y iii) la existencia de recursos para proveer el cargo. La relación laboral contractual es la forma de vinculación de los trabajadores oficiales, la cual se realiza a través de contrato de trabajo de acuerdo con la normatividad prevista en el Código Sustantivo del Trabajo y normas concordantes. Estos, si bien desempeñan empleos públicos, cuentan con derechos y reglamentación propia. Así, el decreto 3135 de 1968 define que, en principio, trabajadores oficiales son aquellos que se dedican a la construcción y sostenimiento de obras públicas y, aquellos que prestan sus servicios en empresas industriales y comerciales del Estado, en este último caso con la excepción de quienes realicen actividades de dirección y confianza que ostentan la calidad de empleados públicos. La vinculación a través de contratos de prestación de servicios, la cual se regula por el numeral 3 del artículo 32 de la ley 80 de 1993. Las personas vinculadas a través de este sistema se denominan contratistas, quienes tienen por finalidad desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, siempre que estas no puedan ser ejercidas por el personal de planta o por que requieran de conocimientos especializados para ello.
«Artículo 32.
Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:
[…]
3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. […]»
Ver Sentencia de Unificación de Jurisprudencia del 25 de agosto de 2016. Consejo de Estado, Sección Segunda. Consejero Ponente Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001233300020130026001(0088-15) CE-SUJ2-005-16. Lucinda María Cordero Causil contra el Municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba). Ver sentencia C-614 de 2009. Ver sentencia del 10 de julio de 2014. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve. Radicación 05001233100020040039101 (0151-13). Francisco Zúñiga Berrio contra el Municipio de Medellín (Antioquia). C-614 de 2009. Ver Sentencia de Unificación de Jurisprudencia CE-SUJ2-005-16. En la sentencia de constitucionalidad C-171 de 2012. Ver sentencia del 30 de marzo de 2017 de la Sección Segunda, Subsección B, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicación 25000-23-25-000-2008-00137-01 (0727-13). Ver folios 255 a 682. Ver folio 905. Ver folio 899. Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
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