Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2012-00087-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Contrato realidad: carga de la prueba
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2012-00087-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2012-00087-01
Consejero ponente: William Hernández Gómez
5 de julio de 2018
CONTRATO REALIDAD – Carga de la prueba
Quien pretende la declaratoria de existencia de una relación laboral escondida bajo la modalidad de contratación por prestación de servicios, tiene el deber de demostrar, a través de los medios probatorios a su disposición, la configuración de los elementos esenciales del contrato de trabajo.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - Características
Como características principales del contrato de prestación de servicios esta la prohibición del elemento de subordinación continuada del contratista, en tanto que este debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual, y estos no pueden versar sobre el ejercicio de funciones permanentes
RELACIÓN LABORAL – Elementos / PRINCIPIO DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES
El contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se demuestra la concurrencia de los tres elementos constitutivos de la relación laboral, es decir, cuando: i) la prestación de servicio es personal; ii) subordinada de manera continuada; y iii) remunerada. En dicho caso, el derecho al pago de las prestaciones sociales surge a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades contenido en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, lo que se ha denominado como contrato realidad. En ese orden de ideas, la figura del contrato realidad, sostiene la jurisprudencia, se aplica cuando se constata la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación continuada propia de las relaciones laborales
CONTRATO REALIDAD - No se configura por cumplir una función misional / RELACIÓN LABORAL - Prueba
En el sub examine es claro que la señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares desarrolló labores en la E.S.E. CAMU de San Pelayo como auxiliar de enfermería y directamente en el área de vacunación, hecho que fue aceptado por la demandada en la fijación del litigio. Además, dicha labor hace parte del servicio de prevención y promoción en salud, por lo que puede inferirse que hace parte de la actividad misional del hospital. Sin embargo, para la Subsección, la sola ejecución de una actividad misional no significa per se la existencia de subordinación continuada, sino que se constituye en un indicio de esta, y que debe ser valorado en conjunto con las otras circunstancias que dan lugar al elemento configurativo de la relación laboral. Ahora, en el expediente no obra prueba documental alguna de que la señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares recibía órdenes de algún funcionario o superior jerárquico, situación de la cual tampoco dan cuenta los testigos pues, si bien estos son contestes en afirmar que recibía instrucciones por parte de la enfermera jefe, en momento alguno precisaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieran llegar a obtener el grado de certeza sobre ello. Además, tampoco es posible concluir que la demandante estaba obligada a cumplir con el horario dispuesto por la E.S.E. CAMU de San Pelayo, pues no obra ninguna comunicación, misiva u orden dirigida a ella o al personal vinculado a través de terceros en ese sentido, ni obran memorandos, llamados de atención o circulares de los cuales se pueda destacar que estaba sujeta al horario que la entidad le impusiera.
INTERMEDIACIÓN LABORAL / VINCULACIÓN POR COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO – Injerencia por parte de la entidad pública no implica la existencia de relación laboral
Para esta Subsección la injerencia de la E.S.E. CAMU de San Pelayo en las cooperativas de trabajo asociado, según sus propios reglamentos, para la vinculación de personal a través de mecanismos de intermediación laboral, es contraria al ordenamiento legal y constitucional toda vez que con ella se pretende el encubrimiento de relaciones laborales personales y directas a través de terceros. Sin embargo, en el sub examine, para esta Subsección el hecho de que la contratación o vinculación de personal se realizara a través de cooperativas de trabajo asociado, como lo pretende hacer ver la apelante, no implica por sí mismo la existencia de un contrato realidad. Ello por cuanto la irregularidad en la contratación por prestación de servicios por cuenta y riesgo de una CTA no trae, de suyo, la existencia de una relación de carácter laboral pues ambas figuras, se reitera, se diferencian por los elementos previstos en la ley. Así, la primera (contrato de prestación de servicios) puede ser trabajo personal o a (…) Para la Subsección, al no encontrarse acreditados los elementos de la relación laboral, no se puede predicar la existencia de esta por la sola relación entre la demandada y la CTA a la cual se vinculó la demandante para efectos de prestar sus servicios en la entidad hospitalaria, en tanto que, sin estos no se puede concluir la existencia de la intermediación laboral.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA –ARTÍCULO 53 / LEY 80 DE 1993- ARTÍCULO 32 / DECRETO 4588 DE 2006
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 23001-23-33-000-2012-00087-01(1969-14)
Actor: LILIANA DEL ROSARIO CAVADÍA LAGARES
Demandado: E.S.E. CAMU SAN PELAYO
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Ley 1437 de 2011
Sentencia O-107-2018
ASUNTO
La Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 31 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba que negó las pretensiones de la señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares.
LA DEMANDA
La señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, demandó a la E.S.E. CAMU San Pelayo.
Pretensiones:
Como pretensión anulatoria solicitó:
Declarar la nulidad de la Resolución 180 del 31 de marzo de 2012, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales, los salarios y las prestaciones sociales causadas y acumuladas en el periodo comprendido entre el 22 de noviembre de 2007 y el 15 de enero de 2012.
Declarar que entre la señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares y la E.S.E. CAMU de San Pelayo existió una relación laboral entre el 22 de noviembre de 2007 y el 15 de enero de 2012.
A título de restablecimiento del derecho solicitó lo siguiente:
Condenar a la E.S.E. CAMU de San Pelayo a reconocer y pagar a la demandante todas las sumas correspondientes a sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones, subsidio familiar, aportes a seguridad social en salud y pensión, y demás emolumentos dejados de percibir, inherentes al cargo, con efectividad a la fecha de terminación unilateral de la vinculación, liquidados con idéntico salario y factores salariales a los percibidos por los empleados de planta durante las vigencias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Condenar a la demandada a pagar los valores de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 187 del CPACA, con base en el IPC, desde la fecha en que debieron hacerse efectivos los pagos hasta la fecha en que efectivamente se produzcan estos.
Condenar en costas y agencias en derecho a las entidades demandadas.
Fundamentos fácticos
La demandante prestó sus servicios como auxiliar de enfermería en el área de vacunación en la E.S.E. CAMU de San Antero, entre el 22 de noviembre de 2007 y el 15 de enero de 2012.
Fue vinculada a través de empresas de intermediación laboral.
La prestación de servicios fue ordenada directamente por la jefe de Recursos Humanos del CAMU, Yaquelin Petro.
Durante toda la vinculación, la E.S.E. CAMU nunca reconoció a la demandante las prestaciones sociales. Tampoco reconoció o pagó los valores que, por concepto de seguridad social en salud y pensión, tenía derecho la señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares, ni realizó aportes a cajas de compensación familiar o las diferencias salariales y prestacionales existentes entre lo devengado por ella y por los funcionarios de planta de la entidad.
Entre el 1.º y 1 de enero de 2012 no existió relación alguna con intermediarios laborales para el pago de salarios y de prestaciones.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
En el marco de la parte oral del proceso bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de precisar el objeto del proceso y de la prueba.
En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.
En el presente caso, a folio 230 y en los minutos 07:35 al 07:59 de la grabación de la audiencia inicial, obrante en CD visible a folio 236, se indicó lo siguiente respecto a la etapa de excepciones:
«[…] Se observa que la E.S.E. CAMU de San Pelayo como parte demandada dentro del proceso propuso las excepciones: Inexistencia de la obligación, inexistencia de la causa y derecho para demandar y mala fe del demandante, por lo tanto, no corresponde en esta instancia resolver sobre las excepciones propuestas, por cuanto de acuerdo con el numeral 6 del artículo 180 del C.P.A.C.A., el juez resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva. […]»
La decisión quedó notificada en estrados y las partes no presentaron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última.
En el sub lite, en folios 230 a 232 y del minuto 08:02 al 10:25 del CD de la audiencia inicial, el Tribunal fijó el litigio así:
«[…] La entidad demandada manifiesta en la contestación que la vinculación fue a través de tercerización, no es cierto que existió una relación laboral directa, por tanto la demandante no tiene derecho a lo solicitado ni al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y económicas.
4.2. El asunto a dilucidar consiste en establecer si entre la E.S.E. CAMU SAN PELAYO y la demandante, señora LILIANA DEL ROSARIO CAVADÍA LAGARES existió una relación laboral durante el tiempo que duró su contratación a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado, y si tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión de ese vínculo.
¿Existió una verdadera relación laboral entre la señora LILIANA DEL ROSARIO CAVADÍA LAGARES y la E.S.E. CAMU SAN PELAYO, encubierta bajo la figura de tercerización y contratos de prestación de servicios? No obstante que prestó sus servicios a la entidad demandada ESE Camu de San Pelayo por intermedio de diferentes Cooperativas de Trabajo Asociado y no fue contratada directamente, ni canceló directamente suma alguna de dinero a la demandante la parte demandada? (sic)
Revisados los hechos y contestación de la demanda se observa que está probado que la demandante fue contratada a través de cooperativas asociativas de trabajo, para que prestara los servicios a la ESE Camu San Pelayo como Auxiliar de Enfermería.
Debe probarse es, si en el cumplimiento de sus funciones, bajo la modalidad de «tercería» se dieron los elementos de una verdadera relación de trabajo entre demandante y demandado, es decir si se dieron todos los elementos de un contrato de trabajo. […]».
Esta decisión quedó notificada en estrados y las partes estuvieron de acuerdo.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Córdoba, en sentencia dictada de forma escrita el 31 de enero de 2014, resolvió:
«[…] PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción propuesta de la entidad demandada de mala fe del demandante.
SEGUNDO: DECLARAR PROBADA las excepciones propuestas por la entidad demandada de inexistencia de la obligación e inexistencia de la causa y el derecho para demandar, y en consecuencia NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda.
[…]»
La anterior decisión la profirió con fundamento en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, hizo referencia a los artículos 4 de la Ley 79 de 1988 y 3 del Decreto 4588 de 2006, para indicar la naturaleza y objeto de las cooperativas de trabajo asociado. Agregó que las relaciones laborales de los asociados se rigen por lo dispuesto en los estatutos de las CTAs, y no por la legislación laboral.
Luego, sostuvo que en los casos de personas vinculadas mediante cooperativas de trabajo asociado existe la posibilidad de configuración de un contrato realidad entre el asociado frente a un tercero al que se le presta un servicio, del cual es subordinado, en tanto que no es de recibo que una entidad pública contrate personal a través de cooperativas con el fin de desconocer los derechos y prestaciones sociales de los trabajadores.
En cuanto a los elementos del contrato realidad, el a quo consideró que las pruebas documentales y testimoniales únicamente permitieron determinar la existencia de la prestación personal del servicio desde el 1.º de septiembre de 2007 al 31 de octubre de 2008, y posteriormente, del 1.º de agosto al 30 de diciembre de 2011. No obstante, sostuvo que como el vínculo no fue directo, sino a través de intermediación de cooperativas que contrataron con la E.S.E. CAMU, se debía demostrar que dichos contratos fueron aparentes y la prestación del servicio se hizo directamente a través de la entidad demandada.
Frente a la remuneración, señaló que, por encontrarse vinculada a través de cooperativas de trabajo asociado, la demandante recibía una compensación, de conformidad con lo regulado en el artículo 59 de la Ley 79 de 1988.
Finalmente, sostuvo que no se demostró el elemento de la subordinación en tanto que, los testigos no ofrecieron claridad sobre el tema, pues no señalaron con especificidad de quién recibía órdenes y en qué consistían estas. Manifestó que tampoco se probó que a la demandante se le exigiera el cumplimiento de un horario, o de que se le hubieran realizado llamados de atención, memorandos, sanciones, que permitieran afirmar que recibió órdenes de un superior jerárquico en forma continua.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba.
Manifestó su inconformidad con la sentencia de primera instancia al considerar que, contrario a la aceptación legal esgrimida por la a quo, la contratación a través de cooperativas de trabajo o de intermediación laboral sí está prohibida. Ello, en tanto que la actividad desplegada por la demandante no se ajustó en forma alguna a lo regulado por el Decreto 4588 de 2006, pues la señora Liliana del Rosario Cavadía prestaba sus servicios directamente a la E.S.E. CAMU.
Agregó que la intermediación laboral operó exclusivamente para el pago del salario o compensación, sin tener en cuenta las garantías laborales mínimas, e indicó que la carga de la prueba la tenía la demandada por ser esta quien tenía en su posesión todos los documentos inherentes a la contratación y especialmente las actas de auditoria. En ese sentido, consideró que la E.S.E. CAMU era quien debía demostrar el reconocimiento y pago de las garantías salariales y prestacionales mínimas, es decir, que percibía un salario homologo al de los empleados de planta.
Además, sostuvo que el proceso de selección de personal fue realizado por la demandada, lo cual rompe con la autonomía de las cooperativas al estar obligados a contratar a las personas que superaran dicho proceso; y que las cooperativas tampoco se eran especializadas para la prestación de servicios como lo ordena la Ley, sino que estas prestaban todo tipo de servicios lo cual permite demostrar la ilegalidad de la contratación y la verdadera vinculación con la E.S.E. CAMU.
Consideró que el tribunal desconoció las pruebas documentales obrantes en folios 22 a 40, las cuales dan cuenta que la actividad de intermediación fue ilegal pues solo las empresas de empleos temporales están autorizadas para realizar dicha actividad. También agregó que el elemento de la temporalidad se encuentra desvirtuado en el proceso en tanto que la vinculación de la demandante fue permanente, situación que no fue controvertida ni desvirtuada por la entidad demandada.
Frente al tema de la intermediación laboral, señaló que el a quo no estudió la naturaleza jurídica de las empresas contratistas, y que, de haberlo hecho, habría concluido que ninguna de estas fue constituida como cooperativas de trabajo asociado, razón por la cual concluyó que, como ninguna fue legalmente constituida para servir como intermediario laboral, se configuró la relación laboral directamente con la E.S.E. CAMU.
Por otro lado, señaló que el tribunal incurrió en error al dar por probada la doble condición de trabajador y empleador que se configura en el caso de los cooperados. Sobre el particular, indicó que en ninguna parte del expediente obra prueba de que la señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares tuviera esa condición respecto de las cooperativas Cooprosalud e Integra, así como tampoco se hizo frente a las otras empresas de naturaleza jurídica diferente a las cooperativas de trabajo asociado.
Asimismo, consideró que en el caso de la señora Cavadía sí se demostraron los elementos de la relación laboral. Para ello indicó que dentro del manual de selección de la entidad se encuentra el cargo de Profesional Servicio Social Obligatorio (Enfermera S.S.O), el cual tenía entre sus funciones el de seleccionar y evaluar el personal vinculado a través de las cooperativas de trabajo, entre otras.
Sobre este punto, trajo a consideración igualmente que el manual de funciones y procedimientos, junto con las declaraciones de los testigos, demuestran con claridad que la demandante estaba subordinada directamente con la E.S.E. CAMU y que recibía órdenes, instrucciones y directrices para ejecutar su trabajo de parte de la enfermera jefe.
Aseguró que el tribunal omitió valorar la contestación de la demanda, en la cual la entidad reconoció explícitamente que la señora Liliana del Rosario Cavadía prestó sus servicios a esta como auxiliar de enfermería en el área de vacunación. También agregó que la prestación del servicio, los extremos de la relación y la continuidad de esta no fueron controvertidos ni desvirtuados por lo que debe entenderse que la demandada se allanó a lo afirmado por la demandante.
Frente al elemento de la remuneración, indicó que en la demanda se afirmó haber recibido por dicho concepto la suma de un salario mínimo legal, y que de haber sido falsa la afirmación, se habría probado con las actas de auditoria en las cuales reposa tanto el valor del salario pagado sino también de las prestaciones. No obstante, consideró que al no haberse aportado estas por la demandada se violó el principio de la lealtad procesal.
Al respecto, señaló que el tribunal desconoció el valor probatorio de la omisión en que incurrió la demandada al no remitir la copia de las actas de auditoria de todos y cada uno de los contratos, situación por la cual se debe presumir, a favor del trabajador, que no existieron dichas actas porque la prestación del servicio estaba dirigida, organizada, regulada y coordinada directamente por la E.S.E. CAMU.
Finalmente, respecto a los elementos de la relación laboral, sostuvo que en el manual de procesos de selección de personal se encuentra el cargo de auxiliar de enfermería, el cual se trata de un funcionario de carrera administrativa.
En cuanto a la ausencia de certificaciones laborales de los diferentes contratistas con relación a la labor y término de duración de la vinculación, consideró que era evidente su inexistencia en tanto que nunca se expidieron, razón por la cual se solicitaron las actas de auditoria y se allegaron las copias de los contratos.
Resaltó la importancia probatoria de la Resolución 180 de 2012, según la cual, se constituyó en la prueba reina de la prestación del servicio, de los extremos de la relación laboral y de la vinculación contractual por medio de terceros. Además, indicó que de los testimonios y certificados aportados se advierte que la prestación del servicio ni las funciones desempeñadas fueron controvertidas y que se encuentra probada la prestación de servicios por medio de terceros.
También sostuvo que los testigos habían sido precisos y contundentes en lo relacionado con la prestación del servicio y las funciones que desempeñó como auxiliar de enfermería, en cuanto al pago de las prestaciones sociales, consideró que estas debían probarse con las actas de auditoria, en las cuales debía quedar registro del pago de salarios y prestaciones, los cuadros de turnos y la afiliación a seguridad social, prueba que no fue aportada por la demandada pese a haber sido pedida desde la solicitud de conciliación.
Añadió que el a quo desconoció el precedente jurisprudencial al considerar que se cumplieron todos los criterios determinados por la Corte Constitucional en la sentencia C-614 de 2009, el cual era de obligatorio cumplimiento para el tribunal.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandante: Reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
ESE CAMU de San Pelayo: La parte no se pronunció en esta etapa procesal según constancia visible a folio 800.
Concepto del Ministerio Público: El Ministerio Público guardó silencio según consta a folio 800 del expediente.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
De igual forma, de conformidad con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
Problemas jurídicos:
En ese orden, los problemas jurídicos que deben resolverse en esta instancia se circunscriben a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales se resumen en las siguientes preguntas:
¿En el caso de la señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares, a quién correspondía demostrar la existencia de los elementos constitutivos de una relación laboral encubierta a través de contratos u órdenes de prestación de servicios?
¿Se demostró la concurrencia de los elementos constitutivos de la relación laboral como son la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación de la demandante respecto de la E.S.E. CAMU de San Pelayo?
En caso afirmativo, deberán resolverse los siguientes:
¿A quién corresponde asumir las condenas a que haya lugar, como restablecimiento del derecho en el caso de la señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares?
¿Hay lugar a declarar la prescripción extintiva del derecho respecto a las prestaciones a que tenía derecho la demandante y si es así, qué tratamiento debe dársele a los aportes a seguridad social en pensiones que correspondían a la demandada como empleadora?
Primer problema jurídico.
¿En el caso de la señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares, a quién correspondía demostrar la existencia de los elementos constitutivos de una relación laboral encubierta a través de contratos u órdenes de prestación de servicios?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: Quien pretende que se declare la existencia de un contrato realidad tiene la carga de demostrar los elementos constitutivos de la relación laboral, motivo por el cual ésta le correspondía a la parte demandante. Lo anterior se sustenta en las siguientes razones:
La vinculación por contratos de prestación de servicios se rige por el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. El artículo mencionado prevé expresamente que, en ningún caso, dicho tipo de contratos «[…] generan relación laboral ni prestaciones sociales […]»
De acuerdo con el aparte transcrito del artículo 32 ejusdem, debe entenderse que el legislador reglamentó en dicha norma una presunción según la cual, la celebración de contratos de prestación de servicios no genera en ningún caso una relación laboral entre contratante y contratista o el derecho al pago de prestaciones sociales en favor de este último.
En materia de presunciones, el ordenamiento jurídico colombiano permite dos tipos de esta: la presunción iure et de iure o de pleno derecho, y la presunción iuris tantum o de ley.
La primera es excepcional, determinada expresamente por la ley y tiene como principal característica que no admite prueba en contrario. Por su parte, la segunda sí admite prueba en contra, es decir, permite ser controvertida y desvirtuada.
Bajo ese supuesto, el artículo 166 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, regula:
«Artículo 166. Presunciones establecidas por la ley. Las presunciones establecidas por la ley serán procedentes siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados.
El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice.»
En ese sentido, debe entenderse que el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 contiene una presunción iuris tantum o de ley, motivo por el cual el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado, así como la relación laboral que se oculta a través de este sí puede ser demostrada.
De acuerdo con lo anterior, precisa esta Subsección que quien pretende la declaratoria de existencia de una relación laboral escondida bajo la modalidad de contratación por prestación de servicios, tiene el deber de demostrar, a través de los medios probatorios a su disposición, la configuración de los elementos esenciales del contrato de trabajo.
En conclusión: En materia contenciosa administrativa, la carga de demostrar que una relación laboral se escondió a través de contratos de prestación de servicios corresponde a la parte demandante.
Segundo problema jurídico
¿Se demostró la concurrencia de los elementos constitutivos de la relación laboral como son la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación de la demandante respecto de la E.S.E. CAMU de San Pelayo?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: En el caso de la señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares no se logró demostrar fehacientemente la concurrencia de los elementos de la relación laboral, entre ella y la E.S.E. CAMU de San Pelayo. Lo anterior se sustenta en las siguientes razones:
El ordenamiento jurídico colombiano regula tres clases de vinculación al servicio público, con sus características o elementos que las tipifican y su régimen jurídico propio. Estas son: i) la vinculación legal y reglamentaria; ii) la laboral contractual; y iii) la contractual o de prestación de servicios.
La vinculación por contratos de prestación de servicios se rige por el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Dicha forma contractual, de acuerdo con la norma que la regula, tiene como propósito el de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades estatales, o para desarrollar labores especializadas que no pueden ser asumidas por el personal de planta de estas.
Por su parte, como características principales del contrato de prestación de servicios esta la prohibición del elemento de subordinación continuada del contratista, en tanto que este debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual, y estos no pueden versar sobre el ejercicio de funciones permanentes.
De acuerdo con lo anterior, debe advertirse que la vinculación por contrato de prestación de servicios es de carácter excepcional, a través de la cual no pueden desempeñarse funciones públicas de carácter permanente o de aquellas que se encuentren previstas en la ley o el reglamento para un empleo público.
Ello con el fin de evitar el abuso de dicha figura y como medida de protección de la relación laboral, en tanto que, a través de la misma, se pueden ocultar verdaderas relaciones laborales y la desnaturalización del contrato estatal.
Ahora bien, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se demuestra la concurrencia de los tres elementos constitutivos de la relación laboral, es decir, cuando: i) la prestación de servicio es personal; ii) subordinada de manera continuada; y iii) remunerada.
En dicho caso, el derecho al pago de las prestaciones sociales surge a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades contenido en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, lo que se ha denominado como contrato realidad.
En ese orden de ideas, la figura del contrato realidad, sostiene la jurisprudencia, se aplica cuando se constata la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación continuada propia de las relaciones laborales.
Ahora, en el sub examine, se tiene que la inconformidad de la parte apelante radica precisamente en que el tribunal concluyó que no existió un contrato realidad pese a que en el expediente presuntamente obran las pruebas necesarias para determinar la configuración de este, y que la obligación de desvirtuar esa situación correspondía a la parte demandada.
De acuerdo con lo anterior, reitera esta Subsección que quien pretende la declaratoria de existencia de una relación laboral escondida bajo la modalidad de contratación por prestación de servicios, tiene el deber de demostrar, a través de los medios probatorios a su disposición, la configuración de los elementos esenciales del contrato de trabajo.
Por otra parte, tanto la Corte Constitucional como esté órgano colegiado, en su calidad de Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, han sostenido que, en el caso de las empresas sociales del Estado, la potestad de contratación a ellas conferida para operar mediante terceros, sólo puede llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas no puedan ejecutarse por parte del personal de planta de la entidad o cuando se requieran conocimientos especializados.
En ese sentido, la Corporación analizará si con el material probatorio allegado al expediente se puede concluir que, efectivamente, mientras la demandante fue contratada mediante prestación de servicios por intermediación laboral, se presentaron los elementos de prestación personal, remuneración y subordinación o dependencia frente a la E.S.E. CAMU de San Pelayo.
Así, conforme con la documentación obrante en el expediente, la señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares demostró que la E.S.E. CAMU de San Pelayo suscribió los siguientes contratos de ejecución de procesos: el 047, 067, 084, 009, 024, 042, 058, 086, 116, 120 y 005, suscritos con la Sociedad Serviespeciales MJYJ LTDA; el 022, 046 y el 110 con la Fundación Semillas de Amor “Fuseam”; y el 016 con la Fundación de Vida, Esperanza y Amor “Funviesam”.
Por regla general, dichos contratos tenían como objeto el siguiente:
«[…] El CONTRATISTA se obliga para con la E.S.E. CAMU, a ejecutar con eficiencia, eficacia, efectividad, oportunidad, continuidad, accesibilidad, pertinencia, calor humano y racionalidad los procesos de: Atención de enfermería de urgencia de baja complejidad, Servicios de Citología y consulta por enfermería de los programas de promoción y prevención y servicios de auxiliar de odontología en LA ESE CAMU y sus puestos de salud adscritos, acorde con las necesidades en cada uno de los procesos señalados para su óptima ejecución. […]»
Por su parte, el último de los contratos tenía el siguiente objeto:
«[…] El CONTRATISTA se obliga para con la E.S.E. CAMU, a ejecutar con eficiencia, eficacia, efectividad, oportunidad, continuidad, accesibilidad, pertinencia, calor humano y racionalidad los procesos de: Ejecución de Procesos de Consulta Médica Externa y de Urgencias, Auxiliar de Enfermería en Atención de Urgencias y Consulta Externa, Jefes de Enfermería de Consulta Externa y Urgencias,, Odontología General, Auxiliares de Odontología, Auxiliares de Vacunación, Citología y Programas de Promoción y Prevención, en la ESE CAMU San Pelayo y sus diez (10) Puestos de Salud adscritos, acorde con las necesidades de cada uno los procesos señalados para su optima ejecución. […]»
De los anteriores documentos se puede observar que la E.S.E. CAMU de San Pelayo contrató a través de las citadas sociedades y fundaciones la prestación de servicios en salud, entre los que se incluyeron los de «consulta por enfermería de los programas de promoción y prevención» y el de «auxiliares de vacunación», en los cuales se infiere que la demandante ejecutó su labor. No obstante, estos no permiten determinar que la señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares hubiese prestado sus servicios en la entidad demandada en tanto que, los contratos son generales y no especifican los nombres de las personas que iban a desempeñar las labores contratadas en la E.S.E. CAMU.
Luego, obran constancias expedidas por la directora de Talento Humano de Salud Integral e Integra, Dorys Norelle Gallo García, según las cuales, la señora Cavadía Lagares estuvo vinculada a la primera, entre el 1.º de agosto y el 17 de noviembre de 2011, y a la segunda, desde el 18 de diciembre de 2011 hasta el 30 de los mismos mes y año, periodos en los cuales prestó servicios como auxiliar de vacunación y vacunadora, respectivamente, a la E.S.E. CAMU de San Pelayo.
Así mismo, reposa constancia expedida por Amada Pacheco Peñata a nombre de la Cooperativa asociativa de profesionales de la salud del municipio de San Pelayo, Cooprosalud, por medio de la cual da cuenta de que la demandante estuvo afiliada a dicha entidad como auxiliar de enfermería en el área ambulatoria de vacunación, por un lapso de 2 años. Y, en constancia posterior, la representante legal de la misma cooperativa indicó que la demandante laboró en dicha institución como vacunadora en la E.S.E. CAMU de San Pelayo desde el 1.° de septiembre de 2007 hasta el 31 de marzo del 2008.
Para esta Subsección, dichas certificaciones únicamente permiten inferir que la demandante estuvo vinculada, a la E.S.E. CAMU de San Pelayo, a través de empresas de intermediación laboral, entre el 1.° de septiembre de 2007 y el 31 de marzo de 2008; entre el 1.º de agosto y el 17 de noviembre de 2011; y entre el 18 y el 30 de diciembre de 2011, es decir, por cuenta y riesgo de las diferentes cooperativas de trabajo asociado y empresas de intermediación laboral.
Por consiguiente, de las pruebas documentales aportadas por la demandante, no es posible determinar los extremos de la vinculación como lo pretende esta, en tanto que, si bien fue aceptado por la demandada que la señora Liliana del Rosario Cavadía desarrolló actividades como vacunadora en la entidad, no se encuentran acreditados los periodos comprendidos entre el 1.º de abril de 2008 y el 31 de julio de 2011; del 18 de noviembre al 17 de diciembre de 2011; y del 31 de diciembre de 2011 al 15 de enero de 2012.
En cuanto a la prueba testimonial, esta Corporación comparte la valoración hecha por el tribunal respecto a las declaraciones en el sentido de que, en virtud de sus dichos, estos no fueron testigos directos de la ejecución de las actividades de la señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares en la E.S.E. CAMU de San Pelayo.
Para ese efecto, se tiene que la señora Lena Negrete Ortega, sostuvo lo siguiente:
«[…] Vivo en Carrillo. Ama de casa […] Preguntado: Sírvase hacernos un relato de todo lo que sepa y le conste en relación con la demanda interpuesta por la señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares contra la ESE CAMU de San Pelayo, en la cual solicita se le reconozca la existencia de una relación laboral cuando se desempeñó mediante contrato de prestación de servicios en dicho CAMU. Contestó: Yo la conocí a ella trabajando en el CAMU en el año 2007. Hasta el 2012. Hasta el 15 de enero, que ya ella dejó de trabajar. Preguntado: Háganos un relato de todo lo que usted sepa en relación Contestó: La conocí trabajando ahí en el CAMU. Era una buena enfermera y la mandaban, para donde a ella la mandaban, ella iba. Iba para las veredas y todo eso. Dejó de trabajar desde que empezó la nueva alcaldía que la cogió el doctor Pareja. Desde ahí dejó ella de trabajar. Ella es una buena trabajadora. La conozco hace tiempo. Somos buenas amigas. Preguntado: ¿Sabe usted qué trabajo desempeñaba en el CAMU la señora Liliana Cavadía Lagares? Contestó: Ella era enfermera. Ella vacunaba. Preguntado: ¿Sabe usted durante cuánto tiempo trabajó en el CAMU? ¿y qué horario tenía para desempeñar sus funciones? Contestó: Trabajaba de 7 de la mañana hasta las 12 y de ahí empezaba otra ves desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Preguntado: ¿Durante cuánto tiempo desempeñó este trabajo? Contestó: Todo el tiempo que ella empezó a trabajar hasta el 2012. El 15 de enero. Preguntado: ¿Por qué esta usted informada de lo que acaba de decir? Contestó: Porque yo pasaba en el CAMU. Siempre haciendo diligencias y siempre estaba ella ahí presente. Cualquier favor que uno le pedía, ella se lo hacia a uno. Preguntado: ¿Qué clase de relaciones mantiene o ha mantenido con la señora Liliana? Contestó: Somos amigas. Somos amigas. Preguntado: ¿Desde cuándo conoce usted a la señora Liliana? Contestó: Desde que tenía 20 años de edad. Éramos amigas. […] Preguntado: En respuesta a la pregunta anterior usted informó al despacho que tenia conocimiento que la señora Liliana trabaja en el CAMU desde el 2007. ¿Informe al despacho por qué tiene tan precisa la fecha de iniciación de labores de la señora Liliana al CAMU? Contestó: Esa fue la primera vez que ella empezó a trabajar. Le consiguió el trabajo el compañero de ella. Porque el compañero de ella es tío del que fue alcalde. Preguntado: ¿Indique al despacho, si sabe, de quién recibía órdenes en el CAMU la señora Liliana Cavadía? Contestó: De la enfermera, como se dice… bueno, de la enfermera que la mandaba a ella. Preguntado: ¿Informe al despacho, si sabe, si el CAMU San Pelayo le canceló a la señora Liliana las prestaciones sociales, tales como vacaciones, cesantías, prima de navidad, prima de servicio? Contestó: No. No se las cancelaba. Preguntado: ¿Sabe usted si la ESE CAMU afilió a la señora Liliana a la seguridad social, caja de compensación familiar? Contestó: Sí. […] Preguntado: ¿Informe al despacho si tiene conocimiento del por qué la ESE CAMU San Pelayo no pagó prestaciones o fue afiliada a salud o pensión, si usted frecuentaba esporádicamente la ESE CAMU San Pelayo, como manifestó anteriormente a este despacho? Contestó: Si, yo sí, yo sí lo visitaba. Siempre iba porque siempre tenia pacientes ahí, o yo iba ahí pero no estaba empapada así de tanto, si de a ella le pagaban o cómo estaba su pago. Pero si estaba enterada de lo que allá hacia de su trabajo. Como se portaba con el personal y eso. Preguntado: Su señoría, quisiera que la testigo reiterara que no tiene…, si tiene o no tiene conocimiento e informar al despacho sobre las prestaciones que recibía la señora Liliana o si fue afiliada, si manifiesta que no frecuentaba la ESE. ¿No estaba afiliada o si estaba afiliada? Contestó: Bueno, la verdad es que yo ahí si no puedo decirle porque yo ahí si no estaba informada, ni empapada de eso. Porque uno puede decir lo que conoce.
Preguntado: ¿Manifieste al despacho, señora Lena, si usted tiene conocimiento de que la señora Liliana Cavadía tenía algún jefe inmediato, o recibía órdenes de alguien en la ESE CAMU San Pelayo? Contestó: Sí. Recibía sus órdenes de su jefa. La jefa de ella. Preguntado: ¿Tiene conocimiento, señora Lena, quién era el jefe inmediato? ¿Cómo se llamaba la jefa o de quién recibía órdenes la señora Liliana Cavadía? Contestó: Bueno, el nombre de ella era Brenda. Es Brenda pues. Era la jefa de ella. Lo que sí, es que no me se los apellidos de ella. Preguntado: Señora Lena, ¿tiene conocimiento de la forma en que estaba vinculada la señora Liliana Cavadía con la ESE CAMU San Pelayo? Contestó: No. […] Preguntado: ¿Sírvase decir en qué lugar del CAMU prestaba los servicios la señora aquí presente, la parte demandante? Contestó: Ella los presentaba en vacunación. Preguntado: ¿En el mismo CAMU? Contestó: En el mismo CAMU. Dentro del CAMU. Preguntado: ¿No fuera del CAMU? Contestó: No ella únicamente prestaba su servicio ahí, dentro del CAMU […]»
En la declaración de la señora Yaneth del Carmen Osorio Cuadrado, esta indicó:
«[…] Mi nombre, Yaneth del Carmen Osorio Cuadrado. […] Estudios realizados en educación infantil con énfasis en recreación y deportes. Universidad de Córdoba. Mi ocupación, en una época fui docente, ahorita estoy en la casa como ama de casa. […] Bueno, primero que todo, yo conozco a Liliana porque somos vecinas y ella es prima hermana de mi esposo. Y estuvo empleada en el CAMU para el año 2007, a principios de 2012. Yo como trabajaba en unas zonas rurales, entonces del CAMU mandaban muchas brigadas de vacunación a los niños de las zonas rurales. Entonces como yo pasaba por toda esa zona, incluyendo mi escuela, entonces las comunicaciones que mandaba el CAMU, pues ella me las hacía llegar a mí. El CAMU las hacía llegar por medio de ella a las escuelitas a donde les tocaba la brigada al igual que en la escuela donde yo también estuve trabajando. Preguntado: ¿Durante cuánto tiempo trabajó la señora Liliana en el CAMU de San Pelayo? y ¿qué funciones realizaba en ese CAMU? Contestó: En el CAMU trabajó a finales del 2007 hasta el 2012. Como vacunadora del CAMU. Preguntado: ¿Sabe usted qué profesión tiene la señora Liliana? Contesto: Sí, auxiliar de enfermería. Preguntado: ¿Sabe usted qué horario de servicios tenia para prestar la señora Liliana? Contestó: Como vivo al frente, ella salía a las 7 de la mañana y llegaba a las 12. Empezaba nuevamente ese horario de 2 a 5 de la tarde. Preguntado: ¿Si ella tenía un jefe inmediato y tenía que cumplir órdenes? Contestó: Sí. Tenía su jefe inmediato. Para donde la mandaran, para allá iba. […] Preguntado: ¿Informe al despacho si sabe qué personas actuaron como jefes de la señora Liliana en el CAMU San Pelayo? Contestó: La doctora… la verdad es que no recuerdo ahorita la jefe. Preguntado: ¿Indique al despacho si sabe cuál era el salario devengado por la señora Liliana y si este era igual al salario que recibían las otras auxiliares de enfermería del CAMU? Contestó: Cuando empezó trabajando tuve entendido de que ella ganaba más o menos como 600, pero de ahí ella siempre me comentaba que en vez de aumentarle le iban bajando, y yo pienso que ahí en el CAMU como que, de acuerdo con el desempeño de cada quien le van pagando. O sea, yo pienso que no es igual lo que le pagan a todas. O sea, todo no es igual, de acuerdo al desempeño, al oficio que vayan desempeñando, así les van pagando. Preguntado: ¿Indique al despacho si para las jornadas de vacunación que usted hacía alusión en su relato la señora Liliana cumplía el mismo horario o tenía una jornada diferente? Contestó: Sí, el mismo horario, como hay veces llegaba en las tardecitas, porque a veces la dificultad de tiempo, que a veces llueve y eso, entonces por las veredas son de difícil acceso y el horario a veces se le alargaba un poquito. […]»
Por su parte, el señor José Villalba España declaró lo siguiente:
«[…] Mi nombre es José Gregorio Villalba España. Vivo en Carrillo, San Pelayo. Mi ocupación es publicista y otros oficios varios más. Especialmente publicista […] a Liliana la conozco desde hace mucho. […] bueno, yo estudie administración de los servicios de la salud. Tengo conexión con el CAMU desde hace mucho, desde que empecé a estudiar. […] yo siempre andaba en el CAMU. Por ejemplo, haciendo charlas. Como hacíamos investigaciones también, trabajo, y nosotros como conocemos muchas personas allá en el CAMU, gente conocida que labora desde hace rato ahí. Liliana empezó a trabajar ahí desde que José Luis Salgado fue alcalde. José Luis Salgado, él es de Carrillo, entonces él tuvo el cargo de alcalde en San Pelayo. Entonces José Luis la colocó a ella a trabajar ahí en esa entidad. Eso fue como desde el 22 de noviembre de 2007 y después siguió trabajando, ya hasta el 15 de enero del 2012. Preguntado: ¿Explíquenos qué servicios prestaba la señora Liliana en el CAMU? Contestó: De vacunadora. A mí me consta porque yo siempre andaba en moto y eso, y yo siempre le hacia los, la trasladaba de donde le tocaba vacunar. Siempre la llevaba. Ella siempre me buscaba a mi porque yo era conocido y soy de confianza. Álvaro, el esposo de ella, él es publicista también. Él trabaja, nosotros pintamos y eso. Entonces ella por eso tiene confianza y como Álvaro es tío del que fue alcalde, de José Luis, quien le buscó el puesto en el CAMU. Preguntado: ¿Indíquenos en qué horario prestaba sus servicios la señora Liliana? Contestó: Ella empezaba a trabajar por ahí desde las 7 hasta, o sea, todo el día, de 7 a 5 por ahí. Desde esa hora. Siempre todo el día pasábamos. Preguntado: ¿Qué otra actividad, a excepción de la vacunación, desarrollaba la señora Liliana en el CAMU? Contestó: Ella se colocaba a hacer registros y eso, o de colaborarle a muchos en el CAMU también. Preguntado: ¿Sabe usted cómo le retribuían su trabajo a la señora Liliana?, ¿qué remuneración recibía? Contestó: Bueno, ella a veces se quejaba porque el pago no era muy bueno. Preguntado: ¿Sabe usted si ella recibía órdenes o ella prestaba su trabajo independientemente? Contestó: Sí, sí, sí, sí claro. Porque a veces, por ejemplo, cuando íbamos a salir, a veces la cogían y la mandaban para otra parte, entonces ya uno se programaba y a veces los recursos económicos no nos alcanzaban y entonces teníamos que inventar otras cosas […] Preguntado: ¿Indique al despacho si usted recuerda qué personas le daban órdenes a la señora Liliana Cavadía en el CAMU San Pelayo? Contestó: La doctora Brenda. Brenda mas que todo, que era la jefe de ella. Preguntado: Usted mencionó que usted dictaba charlas en el CAMU, ¿qué tipo de charlas e indique al despacho si la señora Liliana asistía a esas charlas? Contestó: Sí claro. Por ejemplo, había unas del sistema general de seguridad social en salud, sistemas de derechos y deberes de los ciudadanos y todo eso, mas que todo era, esencialmente, lo que era, también de convivencia y eso. Esa clase de charlas. Preguntado: ¿Esas charlas estaban dirigidas al personal usuario del CAMU o al personal que laboraba en el CAMU San Pelayo? Contestó: A ambos también. Preguntado: ¿Existía obligación por parte de los funcionarios del CAMU San Pelayo para asistir a esas charlas? Contestó: Sí, yo aprovechaba también a los que llegaban y eso. Y mas que todo a ellos también. […] yo tengo estas evidencias acá de las fotos y eso […] si yo tengo aquí la evidencia donde Liliana consta de que Liliana si […] Preguntado: ¿Sírvase explicarnos estas fotografías a qué? Contestó: si, por ejemplo, yo estaba ahí y les tomaba las fotos. Lograba cuando estaba haciendo las charlas, entonces […] Preguntado: […] ¿sírvase manifestarle a este despacho si tiene conocimiento en qué forma estaba vinculada la demandante Liliana Cavadía a la ESE CAMU San Pelayo para la prestación de sus servicios? Contestó: Por contrato.
Preguntado: ¿Tiene conocimiento qué clase de contratos suscribía la demandante con la ESE o si estaba prestando sus servicios a través de terceras personas o cooperativas? Contestó: Por cooperativas y contrato directamente también con el CAMU. Preguntado: ¿Sírvase manifestar al despacho si usted tiene conocimiento de quién recibía exactamente la prestación económica o el pago por los servicios prestados la señora Liliana Cavadía? Contestó: Yo tengo entendido que era por el mismo CAMU, que era el que le hacia todas. Preguntado: ¿Por qué tiene entendido que recibía el pago, por qué tiene conocimiento de eso? Contestó: Porque ella me hablaba de eso. Ella siempre me hablaba así, de esas cosas, de que el CAMU era quien les cancelaba. Preguntado: ¿O sea que usted tiene conocimientos de la prestación económica simplemente por la manifestación que le hacia la señora Liliana Cavadía? Contesto: Si, si […] Preguntado: ¿Sírvase decir si los trabajadores que tenía el CAMU por orden de prestación de servicios cumplían, pues les pasaba el CAMU directamente algún medio como ordenes, circular, para el cumplimiento de horarios para, y a quién le rendían informes sobre su labor desarrollada? Contestó: Con la jefa de ella que era quien más le hacia las órdenes y eso. Preguntado: ¿Sí, pero, pongamos, si el CAMU directamente le daba, le tenia a los contratistas, en este caso a la señora le pasaba alguna orden por escrito, tenían un memorando, ya circular para todos aquellos trabajadores por prestación de servicios? Contestó: Sí, sí les daban, les daban las órdenes por escrito y todo. Preguntado: ¿Por qué sabe eso? Contestó: Porque yo siempre pasaba ahí en el CAMU […] Preguntado: […] usted manifiesta que pasaba en el CAMU. ¿Con qué frecuencia permanecía en el CAMU usted, señor José? Contestó: Bueno, siempre como yo tengo gente conocida ahí. Lo que es norita, bastantes personas allá. Entonces yo iba, como estaba estudiando entonces, investigando, solicitaba información a ella allá. Preguntado: ¿Pero sírvase informarle al despacho con qué frecuencia, en forma diaria, semanal, mensual, con qué frecuencia asistía al CAMU y se daba cuenta de todo lo narrado anteriormente en este despacho? Contestó: Bueno, cuando Liliana me mandaba a buscar, me buscaba o yo siempre estaba ahí. Yo buscando información y eso. Siempre. Ya eso podía ser diario o semanal. Preguntado: ¿O sea que usted pasaba todo el día en la ESE CAMU San Pelayo? Contestó: No, todo el día no, sino cuando me mandaban a buscar. Preguntado: ¿usted frecuentaba en forma esporádica, podría decir al despacho si era algunas horas o era en qué forma esporádica, para ser más exactos? Contestó: Bueno, yo iba mas bien así, cuando Liliana me mandaba a buscar y, cuando iba a hacer una investigación […] Preguntado: Yo voy a hacer una ultima pregunta relacionada con las fotografías para que quede aquí claro. ¿Cuándo fueron tomadas?, ¿dónde?, ¿qué acontecimiento se realizaba cuando las tomó? y, principalmente eso. Contestó: Eso fue directamente ahí, en el CAMU. Las fotos. Bueno, más que todo, era cuando había vacunación y eso. Preguntado: ¿Qué personas se encontraban presentes cuando tomo la fotografía o quiénes son las personas que están aquí? Contestó: Ahí están Roberto Carlos. Roberto Carlos, Aname, Liliana. Muchos conocidos ahí. El señor Ilder […]»
De los anteriores relatos, la Corporación advierte que, de ellos, no se puede determinar fehacientemente la prestación personal del servicio durante el tiempo reclamado por la demandante. Para el efecto, téngase que:
En el caso de la señora Lena Negrete, quien afirmó que la demandante laboró desde el 2007 hasta el 15 de enero de 2012, esta manifestó que era «ama de casa», que ella «se pasaba en el CAMU haciendo diligencias y siempre estaba ella (Liliana de Rosario) ahí presente», y que su presencia en la entidad se debía a que «tenía pacientes ahí».
De dicha afirmación no se puede concluir que la declarante tuviera conocimiento preciso de la prestación personal del servicio durante la totalidad del tiempo reclamado por la demandante, pues no da cuenta de que fuera trabajadora de la entidad, sino que se dedicaba a hacer diligencias, sin especificar de qué tipo o qué relación tenía con la demandada.
Además, la declaración tampoco resulta congruente en ese aspecto, porque nunca precisó la fecha de exacta de inicio de la labor (indicó que fue en el 2007), y al ser cuestionada por la apoderada de la parte demandante sobre el por qué tenía «tan precisa la fecha de iniciación de labores», esta manifestó que porque era su primer trabajo al decir que «esa fue la primera vez que ella empezó a trabajar» y que lo había conseguido gracias a su compañero, quien era un tío del alcalde de ese entonces cuando indicó que «le consiguió el trabajo el compañero de ella, porque el compañero de ella era tío del que fue alcalde», dichos que no brindan claridad o precisión respecto a los extremos de la vinculación.
La declaración de la señora Yaneth del Carmen Osorio Cuadrado tampoco brindó elementos sobre el tema, por cuanto, si bien afirmó que la demandante «estuvo empleada en el CAMU en el 2007 y a principios de 2012», respuesta que fue complementada al señalar que «en el CAMU trabajó a finales del 2007 hasta el 2012», el conocimiento de los hechos de la testigo parte de: primero, que era vecina de la demandante y que su esposo es primo hermano de la señora Cavadía Lagares; y segundo, que, en su calidad de docente, «[…] trabajaba en muchas zonas rurales, entonces del CAMU mandan muchas brigadas de vacunación a los niños de las zonas rurales, entonces como yo pasaba por todas esas zonas, incluyendo mi escuela, entonces las comunicaciones que mandaba el CAMU pues ella me las hacía llegar a mí. El CAMU las hacía llegar por medio de ella a las escuelitas donde llegaba la brigada, al igual que la escuela en la que yo estuve trabajando […]»
Para la Subsección, el testimonio cae en la misma imprecisión que el primero, toda vez que no presenció la normalidad de la prestación del servicio por parte de la demandante en la E.S.E. CAMU y, pese a tener conocimiento de las brigadas de vacunación, del dicho de la testigo no se deduce que la señora Cavadía ejecutara permanentemente la actividad en la zona rural del municipio de San Pelayo, ni tampoco da cuenta de la periodicidad de esta, si era anual, semestral, bimensual, quincenal, situación que permitiría inferir los tiempos en que la demandante desarrollaba sus funciones.
Por su parte, el señor José Villalba España, quien además de ser publicista y estudiante de administración de servicios en salud, transportaba a la demandante a los sitios donde debía desarrollar sus actividades como vacunadora, y daba charlas en la E.S.E. CAMU de San Pelayo sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud, derechos y deberes de los ciudadanos, y convivencia, manifestó que la señora Cavadía Lagares ingresó a la entidad por orden del entonces alcalde José Luis Delgado, «desde el 22 de noviembre de 2007 y, después, siguió trabajando allí hasta el 15 de enero de 2012».
No obstante, lo dicho por el declarante, para la Subsección, no da cuenta de la existencia de una relación laboral permanente, continua, ininterrumpida, pues pese a las diferentes actividades que desarrollaba al interior de la entidad demandada y afirmar que él asistía a la E.S.E. CAMU diaria o semanalmente, no especificó en forma clara y precisa cada cuánto realizaba las charlas o transportaba a la demandante y si estas actividades fueron constantes desde el año 2007 hasta el año 2012.
En ese orden de ideas, para la Corporación no obra prueba en el expediente que permita obtener certeza de la prestación continua e ininterrumpida de los servicios de la demandante en la E.S.E. CAMU de San Pelayo entre el 22 de noviembre de 2007 y el 15 de enero de 2012.
Aunado a lo anterior, resulta extraño que, si bien lo pretendido por la demandante es el reconocimiento de la relación laboral desde el 22 de noviembre de 2007 hasta el 15 de enero de 2012, según los hechos y las pretensiones de la demanda, la prueba documental aportada al proceso es contundente en determinar que, para la fecha de inicio de la vinculación reclamada, ella ya prestaba su servicio personal en la E.S.E. CAMU de San Pelayo.
Ello se advierte en la constancia visible a folio 660 del expediente, expedida por Cooprosalud, según la cual, la demandante laboró con dicha cooperativa desde el 1.º de septiembre de 2007 hasta el 31 de marzo de 2008, y que certifica que desde esa fecha, la demandante realizaba sus actividades como vacunadora en la entidad demandada, es decir que prestaba sus servicios en la E.S.E CAMU desde el 1.° de septiembre de 2007.
Ahora, en cuanto al elemento de la remuneración, para la Corporación no se encuentra demostrado este elemento en tanto que no obra prueba alguna al interior del expediente que permita demostrar que la E.S.E. CAMU de San Pelayo hubiese cancelado directamente a la señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares sus honorarios, salarios o prestaciones, carga que correspondía a la demandante.
En ese sentido, extraña la Subsección pruebas tales como comprobantes, consignaciones de pago o de nómina donde constaran los pagos efectuados ya fuera por la demandada o por las diferentes cooperativas de trabajo asociado u otras empresas a través de las cuales se pudo efectuar la intermediación laboral.
Además, se comparte el análisis realizado por la a quo frente a los dichos de los testigos al referirse a esto. Ello por cuanto ninguno de los tres declarantes tuvo un conocimiento directo de los pagos cancelados a la demandante, ni tuvieron conocimiento de cómo se realizaron estos, si los salarios eran cancelados directamente en el hospital o si debía acudir a las oficinas de las empresas que la contrataban, o si eran consignados directamente a una cuenta bancaria de la señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares. Así se desprende de las declaraciones:
La señora Negrete Ortega se contradijo en su declaración sobre los pagos realizados a la demandante, pues al ser cuestionada si sabía que el CAMU de San Pelayo le había cancelado a la señora Cavadía las prestaciones sociales y si había sido afiliada al sistema general de seguridad social, esta manifestó que, respecto de las primeras, «[…] no, no se las cancelaban […]» y en cuanto a la segunda se limitó a indicar que «sí». Sin embargo, en oportunidad posterior, al ser interrogada por la apoderada de la parte demandada sobre ese punto señaló que, si bien iba muy seguido a la entidad, ella «no estaba empapada si a ella (Liliana del Rosario) le pagaban o cómo estaba su pago» y al reiterársele la pregunta señaló «la verdad es que ahí si no le puedo decir yo porque ahí si yo no estaba empapada de eso».
La señora Osorio Cuadrado tampoco tenía conocimiento sobre el tema pues al preguntársele sobre el salario de la demandante y si recibía lo mismo que las otras enfermeras, indicó que «[…] cuando empezó trabajando, tengo entendido de que ella ganaba mas o menos como 600, pero de ahí ella siempre me comentaba que en vez de aumentarle le iban bajando y yo pienso que ahí en el CAMU como por el desempeño de cada quien le van pagando[…]», luego, la testigo no brindó ninguna claridad sobre cuánto le pagaban a al demandante, ni como se efectuaba el pago, sino que su dicho se basó en opiniones personales y en información brindada por la demandante que no fue precisa.
Por su parte, el señor Villalba España al ser cuestionado sobre quién cancelaba las prestaciones económicas a la demandante, este indicó «[…] yo tengo entendido que por el mismo CAMU […]» y al requerírsele que profundizara en su respuesta señaló que era por lo que la señora Liliana del Rosario Cavadía le manifestaba «[…] porque ella (Liliana del Rosario) siempre me hablaba de esas cosas, que era el CAMU el que le cancelaba […]» y luego, al preguntársele si sus conocimientos respecto a las prestaciones eran solo por lo que le comentaba la demandante y este afirmó «[…] sí, sí […]».
En virtud de lo anterior, para la Corporación los dichos de los testigos son insuficientes para presumir el hecho de que la E.S.E. CAMU de San Pelayo cancelaba salarios y prestaciones sociales en favor de la demandante, pues se basaron en sus opiniones personales y en lo que les decía la señora Cavadía Lagares, sin tener conocimiento profundo y preciso sobre la situación salarial y prestacional de la demandante.
Respecto a las actas de auditoria o supervisión, prueba documental solicitada por la parte demandante con la cual se pretendía demostrar los pagos realizados a la señora Cavadía Lagares y que no fue allegada al proceso, la Corporación considera que está no es la etapa procesal adecuada para reclamar por la ausencia de ella, pues la interesada, al no aportarse el medio probatorio, debió poner en conocimiento dicha situación al momento en que el a quo cerró el periodo probatorio y concedió el término para descorrer el traslado de alegatos en primera instancia. Pero se observa que la parte demandante no presentó recursos contra la providencia del decreto de pruebas según se observa en el acta de la audiencia inicial una vez notificado dicho auto: «[…] Las partes manifiestan su conformidad con la presente decisión […]» (f. 287)
En gracia de discusión, para la Subsección dichas actas tampoco permitirían determinar el pago de salarios y prestaciones a la demandante en tanto que los contratos de «ejecución» no fueron suscritos directamente con la demandante, sino que estos, según los obrantes en el expediente, se pactaron entre la empresa social del Estado demandada y las diferentes cooperativas o empresas de intermediación laboral. Luego, dichas actas debían contener los pagos realizados o que debían realizarse a las diferentes cooperativas, con las cuales contrató el hospital, por los servicios contratados y efectivamente ejecutados, mas no disponer sobre salarios y prestaciones sociales canceladas a los asociados o trabajadores de las contratistas.
Frente al último elemento de la relación laboral, esto es, la subordinación continuada, la Corporación estima que este tampoco se encuentra demostrado. Para el efecto, se extraña un medio de prueba que permita determinar con certeza que la demandante recibió órdenes, instrucciones, llamados de atención sobre la forma en que debía desarrollar su labor como vacunadora en la entidad o que estuviera obligada a cumplir el horario impuesto por el hospital.
En el sub examine es claro que la señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares desarrolló labores en la E.S.E. CAMU de San Pelayo como auxiliar de enfermería y directamente en el área de vacunación, hecho que fue aceptado por la demandada en la fijación del litigio. Además, dicha labor hace parte del servicio de prevención y promoción en salud, por lo que puede inferirse que hace parte de la actividad misional del hospital.
Sin embargo, para la Subsección, la sola ejecución de una actividad misional no significa per se la existencia de subordinación continuada, sino que se constituye en un indicio de esta, y que debe ser valorado en conjunto con las otras circunstancias que dan lugar al elemento configurativo de la relación laboral.
Ahora, en el expediente no obra prueba documental alguna de que la señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares recibía órdenes de algún funcionario o superior jerárquico, situación de la cual tampoco dan cuenta los testigos pues, si bien estos son contestes en afirmar que recibía instrucciones por parte de la enfermera jefe, en momento alguno precisaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieran llegar a obtener el grado de certeza sobre ello.
Además, tampoco es posible concluir que la demandante estaba obligada a cumplir con el horario dispuesto por la E.S.E. CAMU de San Pelayo, pues no obra ninguna comunicación, misiva u orden dirigida a ella o al personal vinculado a través de terceros en ese sentido, ni obran memorandos, llamados de atención o circulares de los cuales se pueda destacar que estaba sujeta al horario que la entidad le impusiera.
En ese sentido, se tiene que de la prueba testimonial tampoco se pueden deducir dichos comportamientos, toda vez que los dichos de estos son vagos, generales y, además, son aspectos de los cuales no podían tener conocimiento directo pues ninguno de ellos tenía una vinculación permanente con la demandante mientras esta desarrollaba sus labores.
Así, en dos de las tres declaraciones rendidas en el proceso, se afirmó que la demandante laboraba en un horario de 7 a 12 m y de 2 a 5 p.m., sin embargo la señora Lena Negrete no profundizó más en dicho tema, por lo que su conocimiento del hecho solo pudo haberlo obtenido por las diligencias que hacía en el hospital, pero que tampoco precisó en que consistían dichas diligencias, los horarios en los que permanecía en las instalaciones de la E.S.E. y si de dichas labores pudo observar los horarios en los que la señora Cavadía Lagares iniciaba y terminaba sus turnos o desarrollaba sus tareas. De igual forma, del dicho de la señora Osorio Cuadrado tampoco se puede inferir la obligación de cumplir el horario impuesto por la entidad, ello por cuanto ser vecina de la demandante y verla salir de su casa en dichos horarios implica que su afirmación se basó en suposiciones de la declarante y, en gracia de discusión, este hecho no involucra necesariamente que esos fueran de obligatorio cumplimiento.
Lo mismo sucede con las órdenes o instrucciones que debía cumplir la demandante, pues los testigos solo informaron que esta recibía órdenes de la enfermera jefe, de nombre Brenda, mas nunca hicieron alusión a las instrucciones que se le impartían o la forma en que las recibía, si eran verbales o escritas, si le llamaban la atención por no desarrollar sus actividades en la forma prevista por la demandada. Al respecto, el señor Villalba España afirmó que la demandante recibía órdenes por escrito, sin embargo, ese dicho no conduce a concluir la existencia de subordinación continuada en tanto que, se reitera, el declarante no señaló qué tipo de órdenes recibía, cada cuánto las recibía o las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Además, tampoco hay prueba de que la asistencia a las distintas charlas o conferencias fuera obligatoria para la demandante, ello por cuanto, del testimonio del señor Villalba España, al ser cuestionado sobre este punto, omitió pronunciarse sobre él. Así, cuando la apoderada de la parte demandante preguntó si: «[…] ¿existía obligación por parte de los funcionarios del CAMU de San Pelayo para asistir a esas charlas? […]», el testigo respondió «[…] sí yo aprovechaba también, a ellos, a los que llegaron y eso […]», respuesta que para la Corporación carece de claridad y de precisión.
Frente a las fotografías aportadas por el señor Villalba, estas carecen de valor probatorio en tanto que estas no están fechadas, no se discriminó quienes son las personas que aparecen en ellas, ni el lugar donde fueron tomadas.
Finalmente, en el manual de procesos de selección de personal de la E.S.E. CAMU de San Pelayo, esta reglamentó la forma de vinculación a través de las cooperativas de trabajo asociado en la siguiente forma:
«2.7. CARGOS VINCULADOS MEDIANTE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
El proceso de selección de personal para cargos que se vinculan mediante provisionalidad o como supernumerarios a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado es el siguiente:
Se realiza la convocatoria del cargo a través de los medios de comunicación o internamente; informándose de los requisitos para aspirar al cargo y el perfil del mismo.
Reclutamiento (donde se reciben las hojas de vida de los aspirantes)
Se verifican títulos, experiencia y datos consignados en el formato de hoja de vida y requisitos exigidos.
Los aspirantes no deben estar incursos dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad del orden constitucional o legal para ocupar un cargo o empleo público o celebrar contratos de prestación de servicios (artículo 1º de la ley 190/95)
Se verifica que no se encuentren inhabilitados para ejercer cargos dentro de la administración pública (Certificado de Antecedentes Disciplinarios, Paz y Salvo con la Contraloría)
Se seleccionan las hojas de vida que reúnan los requisitos y el perfil del cargo al que se aspira.
Se convoca a los seleccionados para realizar exámenes de conocimientos y pruebas psicotécnicas, los exámenes de conocimientos son realizados por el jefe o Coordinador del área del cargo que se aspira y por el Gerente de la E.S.E. CAMU SAN PELAYO, este examen se elabora de conformidad con los conocimientos mínimos que se deben tener para el cargo que se aspira y se evalúa del 1 al 5; a prueba psicotécnica la realiza un Psicólogo contratado por la institución.
Posteriormente se seleccionan los aspirantes al cargo que obtuvieron mayor puntaje en las pruebas de conocimientos y psicotécnicas.
Se cita a los seleccionados para realizar entrevista con el Gerente, el jefe de personal y el jefe o Coordinador del área, esta entrevista es personalizada, cada aspirante al cargo debe tener entrevista con cada uno de los entrevistadores.
Se reúnen los entrevistadores con el fin de evaluar los resultados de la Entrevista de cada uno de los aspirantes al cargo y seleccionan al aspirante que tuvo mejor puntaje en la entrevista.
Se informa a todos los aspirantes cuál fue el candidato seleccionado.
Se cita nuevamente al candidato seleccionado con el fin de realizar exámenes médicos de ingreso y solicitar documentos. Se envía al candidato a la Cooperativa de Trabajo Asociado con todos los documentos necesarios para que esta entidad lo vincule y le elabore el respectivo contrato de trabajo asignándolo a la E.S.E. CAMU SAN PELAYO. Una vez ejerciendo, se le hace seguimiento por espacio de dos (02) meses con el ánimo de evaluar su desempeño, compromiso, relaciones interpersonales, entre otros. Este procedimiento es realizado por el Gerente, el Jefe de Personal y la Enfermera Jefe cuando el cargo es del área asistencial.
Algunos pasos como el reclutamiento pueden ser concertados con la cooperativa conforme a las necesidades de la ESE, sin perjuicio de que la cooperativa cumpla con su propio proceso de selección, en estos casos, se deben establecer controles a la cooperativa para verificar el proceso de selección con base en lo contratado velando por que se realice la respectiva verificación de títulos/diplomas y tiempo de experiencia de los candidatos.»(Subraya la Sala)
Conforme a lo consignado por el manual de selección de la entidad demandada, la Corporación advierte que, la modalidad de contratación de personal a través de cooperativas de trabajo asociado no cumple con las reglas previstas en el ordenamiento jurídico para dicho tipo de entidades. En efecto, la Ley 79 de 1988 en su artículo 4 regula expresamente que «[…] Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. […]»
Y el Decreto 4588 de 2006 estipuló en su artículo 3 que las Cooperativas de Trabajo Asociado son «[…] organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía, que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. […]»
Por su parte, los artículos 4 y 6 del Decreto en cita, regulan expresamente lo siguiente:
«Artículo 5º. Objeto social de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. El objeto social de estas organizaciones solidarias es el de generar y mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno. En sus estatutos se deberá precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán, encaminada al cumplimiento de su naturaleza, en cuanto a la generación de un trabajo, en los términos que determinan los organismos nacionales e internacionales, sobre la materia.
Parágrafo. Las Cooperativas de Trabajo Asociado cuya actividad sea la prestación de servicios a los sectores de salud, transporte, vigilancia y seguridad privada y educación, deberán ser especializadas en la respectiva rama de la actividad; en consecuencia, las cooperativas que actualmente prestan estos servicios en concurrencia con otro u otros, deberán desmontarlos, especializarse y registrarse en la respectiva superintendencia o entidad que regula la actividad.»
«Artículo 6º. Condiciones para contratar con terceros. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, podrán contratar con terceros la producción de bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios, siempre que respondan a la ejecución de un proceso total en favor de otras cooperativas o de terceros en general, cuyo propósito final sea un resultado específico. Los procesos también podrán contratarse en forma parcial o por subprocesos, correspondientes a las diferentes etapas de la cadena productiva, siempre atados al resultado final.»
De acuerdo con las anteriores normas, para la Corporación, el medio de vinculación mediante Cooperativas de Trabajo Asociado regulado por el manual de procesos de selección de la entidad demandada no cumple con los requisitos exigidos, porque dichas cooperativas tienen autonomía, autodeterminación y autogobierno, es decir, se constituyen para cumplir con el objeto social que pretenden cometer sus asociados y no para actuar como intermediarios laborales de un tercero.
Luego, para esta Subsección la injerencia de la E.S.E. CAMU de San Pelayo en las cooperativas de trabajo asociado, según sus propios reglamentos, para la vinculación de personal a través de mecanismos de intermediación laboral, es contraria al ordenamiento legal y constitucional toda vez que con ella se pretende el encubrimiento de relaciones laborales personales y directas a través de terceros.
Sin embargo, en el sub examine, para esta Subsección el hecho de que la contratación o vinculación de personal se realizara a través de cooperativas de trabajo asociado, como lo pretende hacer ver la apelante, no implica por sí mismo la existencia de un contrato realidad. Ello por cuanto la irregularidad en la contratación por prestación de servicios por cuenta y riesgo de una CTA no trae, de suyo, la existencia de una relación de carácter laboral pues ambas figuras, se reitera, se diferencian por los elementos previstos en la ley.
Así, la primera (contrato de prestación de servicios) puede ser trabajo personal o a través de terceros, y en todo caso debe ser autónoma e independiente, mientras que la segunda (contrato de trabajo) exige la plena acreditación de la prestación personal del servicio.
Adicionalmente, el hecho de contratar con una cooperativa de trabajo asociado es, precisamente, obtener de un tercero la prestación de un servicio, el cual, en su caso, es prestado por los mismos asociados a la cooperativa, pues estos fungen en una doble vía, como asociados y como gestores. De ello, debe entenderse que el servicio que los asociados o cooperados prestan a un tercero, en virtud del contrato o convenio suscrito entre este último y la cooperativa, debe ser de forma autónoma e independiente.
En ese sentido, Para la Subsección, al no encontrarse acreditados los elementos de la relación laboral, no se puede predicar la existencia de esta por la sola relación entre la demandada y la CTA a la cual se vinculó la demandante para efectos de prestar sus servicios en la entidad hospitalaria, en tanto que, sin estos no se puede concluir la existencia de la intermediación laboral.
Por consiguiente, al no haberse demostrado la concurrencia de los elementos de la relación laboral entre la señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares y la E.S.E. CAMU de San Pelayo, la Subsección considera que se debe confirmar la providencia objeto del recurso de apelación.
En conclusión: En el caso concreto la parte demandante no logró demostrar fehacientemente que se hubiesen configurado los elementos de la relación laboral como son la prestación personal del servicio, bajo subordinación y dependencia continuada y, por el cual percibía una remuneración o contraprestación.
Decisión de segunda instancia
De acuerdo con las razones que anteceden, la Subsección confirmará la sentencia proferida el 31 de enero de 2014 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que denegó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso contra la E.S.E. CAMU de San Pelayo.
De la condena en costas
Esta Subsección en providencia con ponencia del suscrito ponente sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA; en aquella oportunidad se señaló como conclusión, lo siguiente:
El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
En ese hilo argumentativo, en el presente caso la Corporación se abstendrá de condenar costas, de conformidad con el numeral 8 en el artículo 365 del CGP, por cuanto, si bien resultó vencida la parte demandante, no hubo intervención en esta instancia de la entidad demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 31 de enero de 2014 por el Tribunal Administrativo de Córdoba que denegó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso la señora Liliana del Rosario Cavadía Lagares contra la E.S.E. CAMU de San Pelayo.
Segundo: Sin condena en costas en la segunda instancia, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen previas las anotaciones pertinentes en el programa Justicia Siglo XXI.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Folios 1 a 19. Folios 4 a 5. Folios 2 a 4. Folios 178 a 180, 221 a 222 y 226 a 235. CDs a folios 181, 224 y 236. Hernández Gómez William, Consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015) EJRLB. Ramírez Jorge Octavio, consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB. Hernández Gómez William, Consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB
Folios 684 a 692. Folios 715 a 732. Folios 754 a 768 y 769 a 782. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
«Artículo 32. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:
[…]
3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. […]»
la vinculación legal y reglamentaria es la forma predominante de acceso a cargos públicos, la cual está dirigida a la vinculación de los empleados públicos. Por empleado público debe entenderse aquella persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo. De acuerdo con la jurisprudencia, los elementos que deben concurrir para que se admita que una persona se desempeña como empleado público son, en principio: i) la existencia del empleo en la planta de personal de la entidad; ii) la determinación de las funciones propias del cargo; y iii) la existencia de recursos para proveer el cargo. La relación laboral contractual es la forma de vinculación de los trabajadores oficiales, la cual se realiza a través de contrato de trabajo de acuerdo con la normatividad prevista en el Código Sustantivo del Trabajo y normas concordantes. Estos, si bien desempeñan empleos públicos, cuentan con derechos y reglamentación propia.
Así, el decreto 3135 de 1968 define que, en principio, trabajadores oficiales son aquellos que se dedican a la construcción y sostenimiento de obras públicas y, aquellos que prestan sus servicios en empresas industriales y comerciales del Estado, en este último caso con la excepción de quienes realicen actividades de dirección y confianza que ostentan la calidad de empleados públicos. La vinculación a través de contratos de prestación de servicios, la cual se regula por el numeral 3 del artículo 32 de la ley 80 de 1993. Las personas vinculadas a través de este sistema se denominan contratistas, quienes tienen por finalidad desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, siempre que estas no puedan ser ejercidas por el personal de planta o por que requieran de conocimientos especializados para ello.
«Artículo 32. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:
[…]
3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. […]»
Ver Sentencia de Unificación de Jurisprudencia del 25 de agosto de 2016. Consejo de Estado, Sección Segunda. Consejero Ponente Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001233300020130026001(0088-15) CE-SUJ2-005-16. Lucinda María Cordero Causil contra el Municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba)
Ver sentencia C-614 de 2009. Ver sentencia del 10 de julio de 2014. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve. Radicación 05001233100020040039101 (0151-13). Francisco Zúñiga Berrio contra el Municipio de Medellín (Antioquia). C-614 de 2009. Ver Sentencia de Unificación de Jurisprudencia CE-SUJ2-005-16. En la sentencia de constitucionalidad C-171 de 2012 se resolvió: «PRIMERO.- DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, en el entendido de que la potestad de contratación otorgada por este artículo a las Empresas Sociales del Estado para operar mediante terceros, solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta de la Empresa Social del Estado o cuando se requieran conocimientos especializados.»
Ver sentencia del 30 de marzo de 2017 de la Sección Segunda, Subsección B, con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicación 25000-23-25-000-2008-00137-01 (0727-13). Ver folios 41 a 99. Según consta a folios 41, 44, 48, 51, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84 y 88. Según consta a folio 96. Folio 100. Folios 101 y 273. Ver folio 104. Ver folio 660. De acuerdo con la grabación obrante en CD a folio 527. Minutos 12:15 al 23:20
Minutos 24:35 al 31:40
Testimonio rendido del minuto 33:25 al 48:00
Ver folios 525 y 526 del expediente. Ver folios 309 y 310 del expediente. Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN.
Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
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