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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2013-00079-01

Fecha
18 de agosto de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2013-00079-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia del 1 de junio de 2017 , proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba que accedió 39 « A R T Í C U L O 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.». (subraya fuera del texto original) www.consejodeestado.gov.co 32 Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho R a d i c a c i ó n : 2 3 0 0 1 2 3 3 3 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 7 9 0 1 (4377-2017) Demandante: UGPP parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la UNIDAD ADMINIS TRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIB UCIO NES PARAFISCA LES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP– contra el seño r ORLANDO RAFAEL JIMÉNEZ QUIÑONEZ, de co nformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia . SEGUNDO. Sin co ndena en costas. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2013-00079-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

18 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Referencia: Nulidad y restabl ecimiento del derecho
Radicación: 23001 23 33 000 2013 00079 01 (4377 -2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social 1
Demandado: Orlando Rafael Jiménez Quiñonez

Temas: Lesividad. Re liquidación pensión gracia.
Improcedencia reliquidación. No procede la
devolución de sumas percibidas de buena fe.

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
conoce de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes
contra la sentencia del 1 de junio de 2017 , proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba , que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

La Unidad Administrativa Especia l de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP–, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, en la
modalidad de lesividad, formuló en síntesis las siguient es:

1 En adelante UGPP
2 Folios 1 a 40.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
R a d i c a c i ó n : 2 3 0 0 1 2 3 3 3 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 7 9 0 1 (4377-2017)
Demandante: UGPP

1.1. Pretensiones

La nulidad parcial de la Resolución 12131 del 18 de abril d e 2005,
proferida por la Ca ja Nacional de P revisión Social –CAJANAL – en
cumplimiento de fallo de tutela proferido el 4 de noviembre de 2003
por el Juzgado Primero Penal del Circuito Bogotá, por medio del
cual ordenó a CAJANAL reliquidar la pensión gracia del señor
Orlando Rafael Jiménez Quiñonez, incluyendo todos los factores
salariales devengados en el año anterior a la adquisición del
estatus pensional el 17 de abril de 1998 en los términos del artículo
4 de la Ley 4 de 1966.

Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó ordenar a la parte demandada (i) reintegrar el
valor total que le hubiese sido pagado por concepto de mesadas
pensiónales, retroactivos, incrementos y demás conceptos
derivados de dicha reliquidación e (ii) indexar la s sumas
reintegradas que se llegaren a devolver .

1.2. Fundamentos fácticos

La UGPP expuso que :

(i) El señor O r lando Raf ael Jim énez Q ui ño nez nació el 17 de abril
de 1948.

(ii) Prestó sus servicios como docente así:

✓ Al servicio del Departamento de Córdoba :

Nombrado mediante Decreto 39 del 2 de febrero de 1972,
posesionado el 4 de febrero del mismo año ; nuevamente
nombrado docente de tiempo completo mediante Decreto
departamental 851 del 11 de junio de 1979, posesionado el 26
de junio del mismo año y fue declarado i nsubsistente
mediante el Decreto Departamental 000197 del 23 de marzo

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Demandante: UGPP

de 2001 con efectos a partir de la fecha de expedición ; el
último cargo desempeñado fue el de profesor del Colegio
Departamental de Bachillerato Santa Teresita del municipio
de San Pelayo .

✓ Al servicio de la Secretaría de Educación de Montería :

Nombrado mediante Resolución 5531 del 9 de diciembre de
1975, posesionado el 19 de septiembre del mismo año
emanada del Ministerio de Educación Nacional y el último
cargo desempeñado fue el de Profesor del Colegio José María
Córdoba del Municipio de Monterí a.

(iii) Mediante petición elevada el 6 de julio de 1998, el señor
Orlando Rafael Jiménez Quiñonez solicitó ante CAJANAL el
reconocimiento y pago de la pensión gracia y le fue negada a través
de la Resolución 24704 del 21 de septiembre de 199 8 , teniendo
en cuenta que, si bien laboró por más de 20 años al servicio del
Estado, no acreditó la prestación de servicios docentes en primaria,
sino solo en secun daria, decisión qu e fue confirmada mediante la
Resolución 1131 del 04 de marzo de 1999 .

(iv) El demandado promovió acción de nulidad y restablecimiento
del derecho con el fin de declarar la nulidad de las referidas
resoluciones, y obtener el reconocimiento de la pensión de gracia.

(v) El Tribunal Administrativo de Córdoba mediante sentencia
proferida el 15 de febrero de 2001, declaró la nulidad de los actos
demandados y ordenó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado el 22
de noviembre de 2001 .

(vi) Mediante la Resolución 9667 del 14 de mayo de 2002,
CAJANAL dio cumplimiento a la decisión judicial , reco nociendo la
pensión de gracia en cuantía de $645.850, efectiva a partir del 17
de abril de 1998.
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(vii) El 17 de octubre de 20 02, el accionado solicitó la re liquida ción
de la mesada pensional por retiro definitivo del servicio.

(viii) El 8 de septiembre de 2003 el señor Orlando Rafael Jiménez
Quiñonez solicitó a CAJANAL la reliqu idación de la pensión gracia,
«teniendo en cuenta que al momento de adquirir el status ostentaba
doble vinculación junto con la totalidad de los factores de ambas
vinculaciones» , y fue resuelta ne gativamente mediante la
Resolución 28090 del 15 de septiembre de 2005.

(ix) En acatamiento a una orden de tutela proferida el 4 de
noviembre de 2003 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Bogotá, CAJANAL profirió la Resoluc ión 12131 del 18 de abril de
2005, por medio de la cual reliquidó la pensión gracia con la
inclusión de todos los factores salariales devengados el año
anterior a la fecha en el adquirió el estatus pensional, esto es, en
el periodo comprendido entre el 18 de abril de 1997 al 17 de abril
de 1998, en cuantía de $1.288.400, efectiva a partir del 17 de abril
de 1998 incluyendo la asignación básica, prima de navidad, prima
de vacaciones y doble acción de los años 1997 y 1998.

(x) El 13 de mayo de 2005, el demandado solicitó reliqu idación de
la prestación a fin de que se incluyan nuevos factores de salario.

(xi) Mediante la Resolución 12164 del 15 de marzo de 2006, le fue
negada la reliquidación argumentando que no resulta pro cedente
incluir las primas de navidad, vac aciones y la doble acción, por
cuanto solo es posible tener en cuenta los laborados como docente
de tiempo completo y no como docente de medio tiempo, decisión
que fue recurrida en reposición.

(xii) A través de la Resolución 5745 del 11 de julio de 2006, la UGPP
modificó la parte motiva del acto recurrido en el sentido de indicar
que por un error involuntario en la Resolución 1231 del 18 de abril

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Demandante: UGPP

de 2005 «se incluyó la doble acción, cuando no era procedente toda
vez que dicho tiempo laborado en el colegio José María Córdoba es
de carácter NACIO NAL, sin embargo en aplicación del principio de
la reformat io in pejus , según el cual n o se puede hacer más gravosa
la situació n del apelante, teniendo en cuenta que la Asesor a de la
Gerencia General reliquidó la pensió n al interesado mediante la
Resolución No. 12131 del 18 de abril d e 2005, esta instancia
mantiene la decisión contenida en la misma. »

1.3. Normas violadas y concepto de violación

La entidad accionante invocó como disposiciones vulneradas las
siguientes: artículos 128 de la Constitución Política ; 1, 2, 3 y 4 de
la Ley 114 de 1913 ; 6 de la Ley 116 de 1928 ; 3 de la Ley 37 de
1933; 2 de la Ley 65 de 1946; 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del Decreto
1742 de 1966; Leyes 91 de 1989 y 37 de 1933 ; Decreto 2277 de
1979 y demás normas concordantes.

Al desarrollar el c oncepto de violación , la UGPP expuso que la
presente acción controvierte la legalidad del acto expedido por la
administración «exclusivamente con ocasión del cumplimiento de
un fallo de tutela» del 4 de noviembre de 2003, proferido por el
Juzgado Primero Penal del Circuit o de Bogotá que creó una
situación jurídica en favor del señor Orlando Rafael Jiménez
Quiñonez y en detrimento d el erario público, al que se le impuso
una carga prestacional sin fundamento legal .

Al respecto, indicó que la Resolución 9667 del 14 de mayo de 200 2,
reconoció la pensión gracia con base en los tiempos de servicio
prestados como docente departamental , sin embargo, en la
reliquidación efectuada mediante la Resolución 12131 del 18 de
abril de 2005, la entidad se extralimitó e incluyó la doble acción
(que es la misma asignación básica) para los años 1997 y 1998 ,
factor devengado en calidad de docente del orden nacional con
vinculación a ca rgo del Colegio Nacional José Ma ría Córdoba,

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dependiente del Ministerio de Educación Nacional, situación que no
se encuentra acorde con la previsión legal establecida en el
numeral 3 del artículo 4 de la Ley 114 de 1913, y demás normas
concordante(s), y tampoco fue ordenada en el fallo de tutela
«tiempos que entre otras cosas, no se tuvieron en cuenta para el
reconocimiento de la pensión gracia cuya reliquidación se
pretendía» , por lo que dicho factor deberá ser desestimado.

Por lo anterior, e l acto administrativo acusado fue expedido en
abierta infracción de las normas en las que debía fundarse y creó
una situación jurídica ilegal en favor del demandado y en detrimento
del erario .

Como medida cautelar s olicitó la suspensión provisional de los
actos acusados.

2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA

Pese a haber sido notificado en debida forma 3, el señor Orlando
Rafael Jiménez Quiñonez no contestó la demanda según consta en
el informe secretarial obrante a folio 16 del cuaderno 3.

3. AUDIENCIA INI CI AL

El 31 de agosto de 2016 4 se llevó a cabo audiencia inicial por parte
del Tribunal Administrativo de Córdoba , en la que determinó (i) que
no existe ninguna irregularidad que genere nulidad; (ii) teniendo en
cuenta que el demandado no contestó la demanda, no existen
excepciones previas a resolver y, (iii) delimitó el problema jurídico,
en los siguientes términos:

«[ …] consist e en det er m inar si hay lugar a declar ar la nulid ad
par cial del act o adm inist r at ivo cont enido en la Resoluci ón 12131 del
18 de abr i l de 2 003, por m edio de la cua l se r eliq uidó la p ens ión de

3 Folios 13 del cuaderno 3.
4 Folios 26 a 28. CD obrante a folio 30 del cuaderno 3.

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gr acia al señor Orlando Raf ael Jim énez Q uiñonez, en r azón a que
en la m is m a se inc luyer on f act or es cor r espondient es a la Doble
Acción par a los añ os 1997 y 1998, por el t iem po labor ado com o
docent e del or den naciona l en la I nst it ución Educat iva José M ar í a
Cór doba, dependie n t e del M inist er io de Educación Nac io nal, no
siendo com pat ib le con la r egulac ión leg al de dicha pr est aci ón . ».

El 31 de mayo de 2017 5, se procedió a dar continuación a la
audiencia inicial en la que (i) determinó decr etar la suspensió n
provisional parcial de la Resolución 1 2131 del 18 de abril de 2005 ,
decisión que fue apelada por la parte demandada; (ii) prescindió
del periodo probatorio y tuvo como pruebas la aportadas al proceso;
(iii) las partes ale garon de conclusión e (iv) informó el sentido del
fallo de conceder parcialmente las pretensiones de la demanda.

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo de Córdoba , en sentencia del 1 de junio
de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
en tal sentido, declaró la nulidad del acto demandado y negó las
demás pretensiones de la demanda con fundamento en las
siguientes consideraciones:

i) Luego de realizar un recuento de las normas que regulan la
materia y de acuerdo con el acervo probatorio , encontró probado
que el acto demandado se encuentra revestido de ilegalidad dado
que no existe un fundamento legal que lo autorice , t eniendo en
cuenta que, mediante la Resolución 12131 del 18 de abril de 2005,
la entidad reliquidó la pensión gracia incluyendo, además de los
reconocidos inicia lmente, los devengados en el año inmediatamente
anterior al estatus pensional –17 de abril de 1997 y 16 de abri l de
1998–, bajo la denominación de doble acción y se ñaló como
fundamento normativo lo establecido en las Leyes 100 de 1993 y 4
de 1996 que fue la invocada por part e del juez constitu cional, pero
que no tiene aplicación en relación con la pensión gracia, d ada la

5 Folios 38 a 40. CD a folio 43 del cuaderno 3.
6 Folios 44 a 49.

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naturaleza especial de la misma.

Adujo que la liquidación de la pensión gracia se realiza con base
en la totalidad de los factores sala riales devengados en el año
anterior a adquirir el estatus pensional, correspondiente a periodos
laborados como docente de carácter territorial o nacionalizado pero
no respecto a los del orden nacional.

En ese sentido , concluyó que el demandado no tenía derecho a la
reliquidación de la pensión gracia en los términos en los que fue
reconocida por lo que ordenó decl arar la nulidad del acto
demandado.

ii) Consideró que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1
del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 , no era procedente acceder
a la pretensión de ordenar la devolución de las sumas de dinero
pagadas por la UGPP, toda vez que, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 83 de la Constitución Política, se presu me la buena
fe de los particulares en las actu aciones que adelantan ante las
autoridades públicas y en ese orden de ideas, la entidad
demandante no aportó medio de prueba alguno que desvirt uara la
presunción y llev ara a predicar la mala fe.

5. LOS RECURSO S DE APELACIÓ N

5.1 La parte demandada 7 solicitó revocar la decisión con el objeto
de que «quede en firme la resolución 12131 del 18 de abril de 2005
que otorga (sic) la pensión gracia al sr. O rlando Rafael Jiménez
Quiñonez» , por considerar que el mencionado acto fue « just[o] y
conforme a las le yes vigentes del momento , toda vez que nacen de
un derecho adquirido que se encuentra consolidado por haber
cumplido los requisitos y condiciones señalados en la ley para su
adquisición.»

7 Folios 53 a 55 del cuaderno 3.

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Señaló que al momento de adquirir el estatus ostentaba doble
vinculación junto con la totalidad de los factores d evengados
producto de ambas vinculaciones.

Indicó que al no tener en cuenta todos los factores salariales, se
causa un perjuicio que no está obligado a soportar, toda vez que la
pensión debe ser reconocida con la inclusión de la totalidad de los
factores salariales acreditados por el demandado, correspondientes
al año anterior a la obtención del estatus jurídico de pensionado.

De otro lado, adujo que, en caso de que se trate de un error de la
administración pública que concedió el derecho «a quien no reunía
los requisitos», no puede alegar a su favor la p ropia culpa con el
fin de recuperar dineros recibidos de buena fe, por lo que debe
atenderse lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 136 del CPACA
que indica que los actos que reconozcan prestaciones podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o el
interesado, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe.

5.2 La UGPP 8 apeló parcialmente la decisión de negar la pretensión
de restablecimiento del derecho, esto es, e l reintegro de las sumas
percibidas por concepto de la pensión gracia, toda vez que el a quo
consideró que el artículo 83 presume la buena fe de los particulares
en las gestiones que adelantan ante la administración p ública y no
encontró evidencia alguna qu e indicara que el demandado actuó de
mala fe.

(i) Adujo que la pensión gracia no debió ser reliquidada teniendo en
cuenta los factores salariales devengados en la institución José
María Có rdoba, pues la vinculación con dicha institución era de l
orden Nacional, y con ello causó un detrimento al patrimonio del
Estado, toda vez que percibió doble remuneración, hecho que se
encuentra prohibido a la luz d el artículo 128 constitucional.

8 Folios 56 a 61.

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Por lo anterior, argumentó que el dem andado demostró mala fe en
su proceder al solicita r la reliquida ción de la pensión gracia, a
sabiendas que ya los factores salariales sobre los cuales pretendió
la reliquidación, los había devengado en calidad de docente con
vinculación Nacion al.

Aseveró que no se trataba de un siempre error de la entidad
reconocedora de pensiones, «sino a un error inducido por el
particular, que con conocimiento de la prohibición de recibir doble
remuneración proveniente del Estado, puso en marcha el trámite
administrati vo a fin de obtener la declaratoria en su f avor de las
mismas.»

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A

6.1 La parte demandada 9 se mostró inconforme con el
planteamiento de la entidad demandante respecto de la presunta
mala fe y reiteró en ese sentido los argumentos del recurso de
apelación.

Insistió en que el reconocimiento se hizo en debida forma al igual
que la reliquidación, razón por la que solicita revocar la decisión
que declaró la nulidad del acto demandado.

6.2 La entidad de mandante 10 reiteró los argumentos del recurso de
apelación.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio
Público guard aron silencio según se constata en el aplicativo
SAMAI.

9 Folios 97 a 104.
10 F o l i o s 106 y 107 Vto.

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II. CONSIDERACI ONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 11, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 28 12 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No
obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia,
el superior resolverá sin limitaciones.

2. Problema jurídico

De acuerdo con los recursos de a pelac ión interpuestos por las
partes, le corresponde a la Sala determinar lo siguiente:

➢ ¿La Resolución 12131 del 18 de abril de 2005 que ordenó la
reliquidación de la pensión gracia d el señor Orlando Rafael
Jiménez Quiñonez con la inclusión del factor de doble acción

11« E l
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
12« A R T Í C U L O
328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apela do toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

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(doble asignación) durante los años 1997 y 1998, por los
servicios docentes con vinculación nacional, se encuentra
viciada de nulidad por violación del ordenamiento jurídi co
superior?

➢ ¿Se desvirtuó la buena fe del demandado Orlando Rafael
Jiménez Quiñonez que torne procedente la devo lución de las
sumas pagadas por concepto de la reliquidación de la pensión
gracia ordenada por la Resolución 12131 del 18 de abril de
2005?

Para resolver el asunto, se desarrolla rá el siguiente orden
metodológico: (i) la pensión gracia; (ii) del principio de la buena fe
y, (iii) el análisis d el caso concreto.

3. Marco normativ o y jurisprudenci al

3.1 La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley
114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un t érmino no
menor de 20 años.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública.
De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en
diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección con el fin de completar el tiempo
requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.
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Demandante: UGPP

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«ARTÍ CU LO 1. Para los ef ect os de la pr esent e Ley, los siguient es
t ér m inos t endr án el alcance ind icado a cont inuaci ón de cada uno de
ellos:

Per sonal naci onal . Son los docent es vi n culados por nombra mi ent o
del G obi erno Naci onal .

Per sonal naci onal i zado. Son los docent es vincu lad os por
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al ant es del 1 de ener o d e 1976
y los vinculados a par t ir de est a f echa, de conf orm idad con lo
dispuest o por la Ley 43 de 1975.

Per sonal t erri t orial . Son los docent es vincula dos por
nombrami e nt o de ent i dad t errit ori al , a par t ir del 1 de ener o de
1976, sin e l cum pl im ient o de l r equis it o e st ablecido en e l ar t í culo 10
de la Ley 43 de 197 5. » [ Negr illas f uer a de t ext o] .

El numeral 2 del artículo 15° de dicha Ley limitó el reconocimiento
de la pensión gracia para los docentes al establecer lo siguiente:

«[ …] A. Los docent es vincul ados hast a e l 31 de di ci embre de 1980
que por m andat o de las Leyes 1 14 de 1913, 116 de 19 28, 37 de
1933 y dem ás nor mas que las hub ier an desar r ollad o o m odif icado ,
t uviesen o lleg ar en a t ener der echo a la pensión d e gr acia, se les
r econocer á siem pr e y cuando cum plan con la t ot alidad de los
r equisit os . Est a pensión seguir á r econociéndos e por la Caj a
Nacion al de pr evis i ón Socia l conf or m e al Decr et o 081 de 1976 y
ser á com pat ible con la pensi ón or din ar i a de j ubilac ión, aún en el
event o de est ar ést a a car go t ot al o par cial de la nac ión. [ …] »

La disposició n trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del
Consejo de Estado 13, en el cual se f ijaron algunos lineamientos
sobre la pensión gracia, al p recisar que dentro del grupo de
beneficiarios de esta dádiva no están incluidos los docentes
nacionales:

«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón grac i a no
quedan i ncl ui dos los docent es naci onal es sino, exclusiva m ent e,
los naciona liz ados que, com o dice la Ley 91 de 1989, adem ás de

13C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.

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Demandante: UGPP

haber est ado vincula dos hast a el 31 de di ciem br e de 1980 “ t uviesen
o lle gar en a t ener d er echo a la pe nsión de gr acia ( …) siem pr e y
cuando cum plan con la t ot alidad de r equisit os” . Y por últ im o, que
sin la ley 91 de 198 9, en especial la no r m a cont enida en el lit er al
A, num er al 2, de su ar t í culo 15, dichos ser vidor es no p odr í an
benef iciar se del r ec onocim ient o de t al pensión, pues habié ndose
naciona liz ado la ed ucación pr im ar ia y secundar ia of ici ales , dicha
pr est ación, en r eali dad, no t endr í a el car áct er de gr aciosa que
inic ialm ent e le as ign ó la ley. [ …] . »

De la misma manera, los requisitos para dicha pensión fueron
reiterados en la s entencia de uni fi cación SUJ-SII-11-2018 de 21 de
junio de 2018, en la cual se dijo lo sigu iente 14:

«De m aner a que para el r econocim ient o y pago de la pensión gr acia
es indisp ensab le ac r edit ar el cum plim ie nt o de la t ot alidad de los
r equisit os est ablec id os en la nor m at iva que la r egula, ent r e los que
se encuent r an habe r prest ado l os servi ci os como docen t e en
pl ant el es depart ament al es, di st ri t ales o muni ci pal es por un
t érmi no no menor de vei nt e ( 20) años y que est uvi ere vi ncul ado
ant es del 31 de di ci embre de 1980 ; hab er cum plido c incuent a años
de edad y haber se desem peñado con honr adez, consagr a ción y
buena conduct a. » [Negrillas fuera de texto].

Finalmente, en sentencia del 29 de octubre de 202015, en un caso de
similares contornos fácticos y juríd icos al presente, la Subsección
se pronunció sobre la diferencia entre los docentes nacionales y
aquellos que hicieron parte del proceso de nacionalización en el
siguiente sentido:

«37. Est a Cor por ación, en sent encia d e 29 de agost o de 1997,
pr of er ida por la Sal a Plen a de lo Cont e ncioso A dm inist r at iv o, con
ponencia de l consej er o Nicolás Páj ar o Peñar a nda, f ij ó algunos
line am ient os sobr e l a pensión gr acia en los sigu ient es t ér m inos 16:

«El num er al 3º . Del ar t í culo 4º . I b. pr escr ibe que par a goza r de la
gr acia de la pensió n es pr eciso que el int er esado, ent r e ot r as

14C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contenci oso Administrativo, Sentencia
núm. SUJ-SII-11-2018 de 21 de junio de 2018. Demandante: Gladys Amanda
Hernández Triana.
15 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
29 de octubre de 2020. Radicación: 25000 -23-42-000-2015-03743-01 (578-
2018). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-. Demandado:
Gilma Barrera de Martínez y María del Carmen Rojas Torres.
16 E x p e d i e n t e No. S-699, Actor: Wilberto Therán Mogollón.

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Demandante: UGPP

cosas, com pr uebe “Q ue no ha r ecibido ni r ecibe act ualm ent e ot r a
pensión o r ecom pensa de car áct er nacional…” . ( En est e apar t e de
la pr ovidenc ia se es t á haciendo r ef er encia a la Ley 114 de 1 913) .

Despréndas e de l a preci si ón ant eri or, de manera i nequívoca,
que l a pensi ón graci a no pued e ser reconoci da a f avor de un
docent e naci onal , pues const it uye r equi sit o indisp ensab le p ar a su
viabi li dad que el m aest r o no reci ba ret ri buci ón al guna de l a
naci ón por servi cios que l e prest e, o que no se encuent r e
pensiona do por cuent a de ella. Por l o t a nt o, l os úni cos
benef i ci ari os de t al prerrogat i va eran los educadores l ocal es o
regi onal es. »

38. De lo a nt er ior , se i nf i ere que l a ci t ada prest aci ón se causa
úni cament e para l os docent es naci onal i zados y t errit ori ales que
se hubier en vin cul ado hast a el 31 de diciem br e de 1980,
descart ándose así para aquel l os que si endo naci onal es
hubi eren si do nombrados dent ro de di cho l ími t e t emporal . Es
clar o ent onces, que el t i empo de servi ci o corresponde a 2 0 años
que deben ser prest ados excl usi vament e en i nsti t uci ones
educat i vas t erri t orial es o naci onal i zadas.

39. Al r espect o, esta Subsección en se nt encia de 27 de abr il de
2016 17 expr esó con base en la sent encia S - 699 de 26 de agost o de
1997 de la Sala Pl ena de la m ism a Cor por ación, que no ser án
com put ables los t i em pos de ser vicio ej er cidos en plant eles
naciona les ni aquel l os que provengan de nombramient os
ef ect uados por el G obi er no Cent ral , así :

«2. 3. 2. De l a vi nculaci ón del personal docent e.

En lo que r espect a a las m odalid ades d e vinculac ión de l pe r sonal
docent e, la Ley 29 de 1989 consagr ó la descent r al izació n
adm inist r at iva en el sect or de la educaci ón, y dispuso que:

«Ar t í culo 9º . - El ar tículo 54 quedar á así : Se asigna al Alcal de M ayor
del Dist r it o Espec ial de Bogot á, y a los alcaldes m unic ipal es, las
f unciones de n om br ar , t r asladar , r em over , cont r olar y, en gener al
adm inist r ar el per sonal docent e y adm inist r at ivo de l os
est ablecim i ent os ed ucat ivos nacio nales o nacional izados, plazas
of icia les de coleg ios cooper at ivos, pr ivados, j or nadas adicio nales,
t eniendo en cuent a las nor m as del Est at ut o Docent e y la Car r er a
Adm inist r at iva vig en t es y que expidan en adelant e el C ong r es o y el
G obier no Nacion al, aj ust ándose a los car gos vacant es de las
plant as de per sonal que apr uebe el G obier no Naciona l y las
dispon ibi li dades pr e supuest ales cor r esp ondient es. [ …]

Par ágr af o 1º . - Los salar ios y pr est aciones socia les d e est e
per sonal, cont inuar án a car go de la Nación y de las ent idades
t er r it or iales que las cr ear on. [ …]

17 E s t a Sala, dentro del expediente radicado 3075 -14.

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Ar t í culo 10º . - Los G ober nador es, Int endent es y Com isar ios,
asum ir án t em por alm ent e las at r ibuc ione s cont enidas en e l a r t í culo
ant er ior cuando f ina ncier a y/ o adm in ist r at ivam ent e un m unic ipio no
pudier a asum ir t al r esponsabi l idad.

Una vez super adas las lim it aciones f ina n cier as y/ o adm inist r at ivas
pr evia sol ic it ud d el A lcald e, el M i nist er io podr á m e diant e
Resoluc ión t r asladar t al com pet encia. ”

[ …]

De t al m aner a y de conf or m idad con las leyes ant es cit adas , han
t enido der echo al r econocim ient o y pago de la pensión gr acia, los
m aest r os de enseñanza pr im ar ia of icia l, em pleados y pr of esor es de
escuelas n or m ales e inspect or es de inst r ucción pú bl ica y m a est r os
que hubi er an com plet ado los ser vicio s en est ablecim ient os de
enseñanza secunda r ia, pr est ación a la que, a part ir de las
pr ecision es que se hicier on por la Sala Plena de lo Cont encioso
Adm inist r at ivo en s e nt encia de 26 de ag ost o de 1997, dict ad a en el
pr oceso No. S - 699 de la cual f ue pon ent e el M agist r ado doct or
Nico lás Páj ar o Peñar anda, sól o acceden aquel l os docent es que
hubi eran prest ado l os servi ci os en pl ant el es muni cipal es,
di st ri t al es, departament al es o naci onal i zados. No t i enen
derecho a el l a, aquel l os que hu bi eran servi do en cent ros
educat i vos de caráct er naci onal . »

40. De lo ant er ior s e concluye qu e los benef iciar ios de l a pensión
gr acia ser án aquel lo s docent es cuya vinculaci ón sea t er r it orial y/ o
naciona liz ada, desc ar t ando de est a f or m a aquellas del orden
naci onal , bi en sea porque provenga di rect ament e del G obi erno
Naci onal o se acr edit e en el plen ar io qu e la pr of esión se ej er ció en
una inst it uci ón edu cat iva nacion al. » (negrillas fuera de texto
original).

De acuerdo con lo anterior, para la Sala resulta suficientemente
claro que los tiempos de servicio como docente del orden nacional
no pueden ser computados para efectos de los requisitos exigidos
para la pensión gracia de jubilación.

3.2 Del principio de buena fe

El Consejo de Estado y la Corte Const itucional han expuesto que el
principio de buena fe es aquel que exige a los particulares y a las
autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta
honesta, leal y conforme con las actuaciones q ue podrían esperarse

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de una «persona correcta –vir b onus–» 18. Así, la buena fe
presupone la existencia de relaciones recíprocas con tra scendencia
jurídica, y se refiere a la « confianza, seguridad y credibilidad que
otorga la palabra dada» . 19

El artículo 83 de la Constitución Política, dispone:

“ Las act uaciones de los par t icular es y de las aut or idades
públ icas deber án ceñir se a los post ulados de la buena f e, la cual
se pr esum ir á en t odas las gest iones que aquel los ade lant en ant e
ést as” .

De la disposición anterior, se colige que (i) las actuaciones de los
particulares y de las autoridades deben estar gobernadas por el
principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que
los particula res adelanten ante las autoridades públicas, es decir
en las relaciones jurídico -administrativas. Esta última característica
opera como presunción legal que admite prueba en contrario 20.

Así mismo, se ha considerado que este principio no constituye un
postulado absoluto, sino que tiene límites dema rcados por
principios de igual categoría constitucional, como la prevalencia del
interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la
función administrativa con base en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia y economía, entre otros 21.

Por su parte , la Corte Constitucional 22, frente al principio de la
buena fe ha sostenido:

«[ …] La j ur ispr udencia const it ucion al ha ent endido e l pr incip i o de
buena f e “ com o una exigenc ia de honest idad, conf ianza, r ect it ud,
decor o y cr edibi lida d que o t or ga la pala br a dada, a la cual d eben

18 V e r Sentencia T-475 de 1992
19 I b í d e m .

20 V e r Sentencia C-071 de 2004
21Ver sentencia de la Sección Segunda, Subsección “B”, C.P. Jesús María
Lemos Bustamante, de 8 de mayo de 2008, dentro del proceso radicado con el
No. 0949- 2006.
22Sentencia T-437/12 del 12 de junio de 2012. Referencia: Expediente T -
2809770.

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som et er se las diversas act uaciones de las aut or idades públ icas
y de los part icular es ent r e sí y ant e ést as, la cual se pr esume, y
const it uye un sopo r t e esencial d el s i st em a j ur í dico; de igua l
m aner a, cada una de las n or m as que com ponen el or denam ient o
j ur í dico debe ser inter pr et ada a la luz del pr incip io de la bu ena
f e, de t al suer t e que las d isposic iones n or m at ivas que r egul en el
ej er cicio de der ech os y el cum pl im ien t o de deber es le ga les,
siem pr e deben ser ent endidas en el sent ido m ás congr uent e con
el com por t am ient o leal, f iel y honest o que se deben los suj et os
int er vini ent es en la m ism a. En pocas palabr as, la buena f e
incor por a el val or ét ico de la conf ia nza y signif ica qu e el ho m br e
cr ee y conf í a que una declar aci ón de vo l unt ad sur t ir á, en un caso
concr et o, sus ef ect os usuales, es decir , los m ism os que or dinar ia
y nor m alm ent e ha pr oducido e n casos an álogos. De igua l m a ner a,
la buen a f e or ient a el ej er cici o de las f acult ades d iscr ecion ales
de la adm inist r ació n pública y ayuda a colm ar las laguna s del
sist em a j ur í dico. ” 23

Así , la buena f e es uno de los pr i ncip io s que r ige las r el aci ones
ent r e la Adm inist r ac ión y los adm in ist r ados y se car act er iza por
ser leal, honest a y esper ada. A par t ir de lo esbo zado
ant er ior m ent e, es clar o que uno de los com ponent es esenci ales
de las act uac iones de buena f e es e l r espet o por la conf i anza
ot or gada por las par t es. [ …] » ( Cur siva del t ext o) .

A su turno, el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
prevé que la demanda deberá ser presentada, en cualquier tiempo
cuando «[…] se dirija contra actos que reconozca o nieguen total o
parcialmente prest aciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar
a recuperar las p restaciones pagadas a particulares de buena fe .
[…]». (Subraya la Sala).

Frente a la recuperación de dineros pagados a particulares de
buena fe, la Sección Segunda de esta Corporación 24, ha sostenido
que no procede, a menos que la entidad demandante acredite
fehacientemente la mala fe del particular:

«[ …] Sin em bar go, ella cons ider a que no es viable dispon er el
r eint egr o de las m esadas pensio nales que han sido pag ad as al
señor ( …) , com o se solic it a en el escr it o int r oduct or io del

23 S e n t e n c i a C-131 de 2004, citado en la sentencia C -1094 de 2004.
24Sentencia del 15 de septiembre de 2016, Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B. Radicado 5200123 -33-000-2012-00121-01(4402-13).

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pr oceso, en vir t ud del r econocim ient o d e la pens ión de j ubi l ación
por el act o adm in i st r at ivo acusado, p ues de acuer do co n lo
pr evist o en el ar t í culo 136 del C. C. A, no habrá l ugar a recuperar
l as prest aci ones pagadas a part i cul ares de buena f e,
si t uaci ón apl i cable en el caso sub - j udi ce, ya que le
correspondí a a l a part e act ora probar debi dament e que el
demandado cuando sol i ci t ó l a pensi ón act úo de mal a f e y el l o
no ocurri ó así ” 25.

“ No obst ant e lo ant er ior , la ent idad dem andada no est aba
f acult ada par a pr et ender unilat er alm ent e r ecuper ar las sum as de
diner o que por equivocación pagó pues f uer on r ecibidas por la
act or a de buena f e. En esa m edida, los pagos ef ect uados por la
ent idad t iene n am pa r o lega l por qu e f uer on r ecibid os de bue na f e
por la dem andant e y en ese or den, no obst ant e, la legali dad del
act o que disp uso el r eint egr o, l a Sala co nsider a q u e la
adm inist r ación no pr obó ni en la ví a gub er nat iva ni e n la j ud icia l
la m ala f e de la de m andant e en la obt ención de l os r eaj ust es
pagados” .

“ Por ello, la S ala e st im a que no exist e n elem ent os pr obat or ios
suf icient es par a det er m inar que el dem andado al r ecibir la
cant idad de $73. 647 . 865, 54 act uó de mala f e, pues, conf orm e al
ar t í culo 83 de la Car t a Polí t ica, la buena f e se pr esum e, y par a
desvir t uar su exist encia debe oper ar pr ueba en cont r ar io por que
—se r epit e — en el despr endib le de p ago no se det al lan los
concept os. Dicha sum a, según se af ir m a en el r ecur so de
apelac ión, cor r esponde a m esadas pensiona l es at r asadas, desde
el 31 de m ar zo de 2008, f echa en que el f allo de t ut ela del
Juzgado Ter cer o de Ej ecución de Penas y M edidas de S egur i dad
de Past o or denó la r eliq uidac ión d e la p ensión de j ubil ación con
el 100% de la bonif i cación por ser vicios pr est ados ( f . 309) .

Sobr e la buena f e, es oport uno r ecor dar lo que la Cor t e
Const it ucion al ha di cho:

[ …] »

Posteriormente, en otro pronunciamiento , esta Sección 26, expresó
lo siguiente:

«La posic ión así f ij a da encuent r a su r az ón de ser en el pr in cipio
de la bue na f e, que im plica la conv icc ió n del c iudadan o, en que

25Sentencia de 2 de marzo de 2000, Consejo de Estad o, Sección Segunda,
Subsección A, expediente No. 12.971.
26En este sentido, se pronunció recientemente la Sala en las sentencias del
17 de noviembre de 2016, exp. 2677 -15, C.P. César Palomino Cortés, y del 29
de junio de 2017, exp. 4321-2016, C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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el act o em anado de la adm in ist r ación e st á suj et o a legalid ad y
por ende no t iene que pr ever que sea suscept ible de dem anda
j udic ia l o r evocat or ia, pues exi st e una legí t i ma conf i anza en l a
act uaci ón públ i ca dada preci sament e por l a presunci ón de
l egal i dad de l a que gozan l os act os admi ni st rati vos.

De acuer do con lo ant er ior , el pr incipio de la buena f e incor por a
una pr esunción leg a l, que adm it e pr ueba en cont r ar io y por ello,
le cor r esponde a quien lo echa de m enos p r obar que el
pet icionar io act uó de m ala f e. Por ell o, en t rat ándose de un
error de l a admi ni st raci ón al concederse el derecho a qui en
no reuní a l os req ui si t os l egal es, no puede p ermi t i r a l a
ent i dad al egar a su f avor su propi a cul pa para t rat ar de
recuperar un di nero que f ue reci bi do por una person a de
buena f e».

En ese orden de ideas, para que proceda el reintegro de
prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena fe, se
debe probar por parte de la administración que el d emandado
incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir,
que se utilizaron documentos falsos dentro de la actuación
administrativa, y q ue ello conllevó al r econocimiento de un derecho
pensional.

En ese sentido, se deberá verificar a la luz de las pruebas
regularmente aportadas al proceso, si la actitud del demandado en
sede gubernativa o para los efectos de la consecución del derecho,
se aparta de los postul ados del principio de la buena fe, y si son
determinantes en el resultado final de la actuación.

Esta Sección 27 se ha pronunciado respecto a casos en los que las

27 Sentencia de 17 de mayo de 2007. Número interno: 3287 -05. Véanse
también: Sección Segunda, Subsección A: sentencia del 1 de septiembre de
2014. Radicación: 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013). Actor:
CAJANAL EICE en liquidación hoy Unidad Administrat iva Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Demandado: Luz Mery Melo. Sentencia de 21 de junio de 2007. Número
interno: 0950-2006. Actora: Univ. Distrital Francisco José de Caldas.
Demandado: Arturo Spin Ramírez. Sentencia del 6 de marzo de 2008.
Radicado: 68001-23-15-000-2001- 03370-01 (0488-07). Actor: Universidad
Industrial de Santander. Demandado: Ismael Pinto Rincón.
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de noviembre de 2016.
Radicado: 130012 333000201300149 01 (2677-2015). Demandante: Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, UGPP. Demandado: Manuel Baquero Nova.
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Demandante: UGPP

prestaciones periódicas, tales como la pensión, han sido recibidas
como resultado de un error de la administración, y se ha mantenido
una posición pacífica, en cuanto a que no procederá la devolución
de las mesadas por haber sido estas percibidas de buena fe.
Específicamente se ha sostenido:

«La Sala obser va que evident em ent e a la dem andant e no le
asist í a el der echo al r eaj ust e que le f ue r econocido y q ue
im plicó el p ago de l a m esada pensi onal a par t ir del 1º de e n er o
de 1996 en un mont o equivalent e a seiscient os diez m il
novecient os cincuen t a y nueve pesos con novent a y un cent avos
( $610. 959 , 91) cuando por est e concept o le cor r espondía
solam ent e la suma de quinient os sesent a y cinco m il
novecient os sesent a y cinco pesos con sesent a y cuat r o
cent avos ( $565. 965, 64) .

Lo ant er ior t enien d o en cuent a que c om o obt uvo el der e cho
pensiona l a par t ir de l 1º de ener o de 199 6 no le er a ap lica ble el
incr em ent o pr evist o en el ar t í culo 143 de la Ley 100 de 1993.

No obst ant e, lo ant er ior , l a ent i dad demandada no est aba
f acul t ada para pret ender uni l at eralment e recuperar l as
sumas de di nero que por equi vocaci ón pagó pues f ueron
reci bi das por l a act ora de buena f e. En esa medi da, los
pagos ef ect uados por l a ent i dad t i enen amparo l egal porque
f ueron reci bi dos de buena f e por l a demandant e y en e se
or den, no obst ant e, la legali dad del act o que dispuso el
r eint egr o, la Sala c onsider a que l a ad m inist r ación no pr o bó ni
en la ví a guber nat iva ni en la j udic i al la m ala f e de la
dem andant e en la obt ención de los r eaj ust es pagados». (Se
subr aya)

Luego entonces, dado que el princip io de buena fe trae consigo
una presunción de legalidad que admite prueba en contrario, le
corresponde a quien la echa de menos, probar que el peticionario
actuó de mala fe. Sin embargo, repárese que al hablar de un error
de la administración (reconocer la pensión a quien no reúne los
requisitos), esta n o puede con posterioridad alegar a su favor su
propia culpa, a fin de recuperar un dinero que fue recibido por una
persona de buena fe 28. Empero en aquellos casos en que esta

28En este sentido, la Subsección A, de la Sección Segunda del Conse jo de
Estado en sentencia de 2 de junio de 2022, número interno 1393 -2016 C.P.
William Hernández Gómez. De la Subsección B, de la Sección Segunda en las
sentencias del 17 de noviembre de 2016, número interno: 2677 -15, y del 29 de
junio de 2017, número interno: 4321-2016.

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situación no se co nsolide, es decir, que el error no devenga de la
administración, se deberá analizar cada caso particular, para
determinar si hay lugar o no a la devolución de los dineros.

Lo anteriormente expuesto refleja la línea jurisp rudencial de la
Sección Segunda de la Corporación en varias de sus sentencias 29.

4. Caso concreto

4.1. Hechos demostrados

En el presente caso se encuentra acreditado lo siguiente:

a) Acto administrativo que reconoc ió la pensión gracia: A través
de la Resolución 9667 del 14 de mayo de 2002 30, emitida por
CAJANAL, «Por medio de la cual se da cumplimiento a un fallo de
tutela del Consejo de Estado», la entidad demandada tuvo en
cuenta las siguientes consideraciones:

• Q ue a tr avés de la Resoluc ión 24704 de l 21 de sept iem br e de 1998 ,
CAJAN AL negó una pensión gr ac ia vit al i cia de j ubilac ión a l señor
O r lando Raf ael Jim énez Q uiñonez, decisión que f ue conf ir m ada
m ediant e la Reso luc ión 1131 de l 4 de mar zo de 1999.

• M ediant e sent encia del 15 de f ebr er o de 2001, el Tr i bunal
Adm inist r at ivo de Cór doba r esolvi ó declar ar la nuli dad de los
ant er ior es act os adm inist r at ivos y en consecuenci a, pr ocedió a
liqu idar la pensión g r acia solicit ad a par a lo cual t uvo en cuent a el
sueldo, la p r im a d e navidad y pr im a vacaciona l del p er iodo
com pr endido ent r e el 17 de abr il de 1997 al 16 de abr il de 1998 y
or denó r econocer y pagar una «pensión vit alic ia de j ubilac ió n» en
cuant í a de $645. 850, 45 m ensuales a part ir del 17 de abr il de 1998;
r ealizar l os r eaj ust es por concept o de Ley 71 de 1988, sobr e la
pensión i nic ial e i nd exar las sum as a que haya lugar .

• La ant er ior decis ión f ue conf ir m ada por el Cons ej o de Est a do en
sent encia de 22 de noviem br e de 2001 y adicio n ada, en el sent ido
de ind icar que e l va l or de la cond ena se aj ust ar í a según la f ór m ula

29Sentencias del 7 de julio de 2022, rad. Interno 4489 -2017, C.P. Gabriel
Valbuena Hernández; 18 de mayo de 2017, exp. 4274 -16; 10 de mayo de 2018
exp. 3069-16; 14 de febrero de 2019, exps. 2321-18 y 0845-18; 25 de abril de
2019, exp. 2904-18; C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
30 F o l i o s 127 a 134.

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est ablecid a por est a Cor por ación, explic ada en la par t e m ot iva del
f allo.

• Con base en lo ant er ior , or denó a CAJANAL a reconoce r una
pensión gr aci a en cuant í a de $645. 850, 45

b) El 17 de octubre de 2002 31, el accionado presentó «Petición
reliquidación Pensión de Gracia por retiro o desvincu lación» del
colegio Nacionalizado Santa Teresita de San Pelayo Córdoba, el
día 23 de marzo de 2001.

c) La reliquidación de la pensión gracia: a través de la
Resolución 12131 del 18 de abril de 2005 32, «Por la cual se da
cumplimiento a un fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Bogotá D.C», la entidad demandante tuvo en
cuenta las siguientes consideraciones:

• Q ue m ediant e la Resoluc ión 9667 del 14 de m ayo de 2002,
r econoció pens ión g r acia al acciona do en cum plim ient o de un f allo
de nulid ad y r est ablecim ient o del der ec ho.

• Q ue post er ior m ent e, el accionado in ic ió acció n de t ut ela que
r esolvió:

«PRIMERO: TUTELAR los Derechos Fundamentales de los
accionantes, como el Debido Proceso, el Reconocimiento de una
Pensión Justa, Igualdad y Vida Digna, vulnerados a los
ciudadanos…. ORLANDO RAFAEL JIMÉNEZ QUIÑONEZ…..por
parte de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL.

SEGUNDO: ORDENAR a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
SOCIAL, que en el término de dos (2) meses, contados a partir de
la notificación de este fallo, proceda si ya lo hubiere hecho, a
reliquidar y cancelar la pensión de los accionante … …. ORLANDO
RAFAEL JIMÉNEZ QUIÑONEZ…..conforme lo consagrado en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo
4 de la Ley 4 de 1966, incluyendo los factores salariales como
las doceavas partes correspondientes a la bonificación por
servicios, prima de servicios, prima de navidad , etc.

[…]»

31 F o l i o 138 y 139.
32 F o l i o s 244 a 249.

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• Dicho f al lo f ue aclar ado r espect o del or dina l segundo de l a par t e
r esolut iva de l f allo d e t ut ela en el sent id o de que «debe ent e nder se
que son “ t odos los fact or es salar iales, sin pr escr ipción, a que t iene
der echo inclu ida la r espect iva indexac ió n y la r et r oact ividad de la
r eliqu idac ión, lo cual se com unicar á a la ent idad dem andad p ar a su
aplic ación…” ».

• CAJAN AL seña ló qu e «a los docent es N O se les aplica la le y 100
de 1993 por l a exce pción ( excl usión) ex pr esam ent e consagr ada en
el ar t í culo 279 de di cha nor m a, se señala: [ …] »

• Q ue « d a n d o c u m p l i m i e n t o a l o o r d e n a d o e n e l p r e c i t a d o f a l l o d e t u t e l a ,
hecha la salvedad anterior, procede a efectuar la reliquidación de la
pensión gracia por nuevo factor salarial, al interesado, con la inclusión
de todos los factores de salario devengados en el año inmediatamente
anterior a la fecha del estatus jurídico siendo el 17 de abril de 1998
efectuando la siguiente liquidación:

Ef ect iva a par t ir del 17 de abr il de 1998.

d) Según se certificó por parte de la Secretaría de Educación,
Cultura, Recreació n y Deporte del Municipio de Montería 33, fue
nombrado mediante Resolución 5531 del 12 de septiembre de
1975 y tomó posesión del cargo el 19 de septiembre del mismo año,
con efectividad al 15 de mayo de 1975.

Para la fecha de expedición de la certificación, el 27 de junio de
2006, había acumulado 31 años, 1 mes y 13 días de servicio.

33 F o l i o 410.

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e) De acuerdo con el certificado emitido por la aludida Secretaría 34,
el accionando devengó los siguientes factores salariales como
docente vinculado al Colegio Naci onal José María Córdoba :
sueldo, prima s de antigüedad, especial, de navidad y vacacional,
dentro del periodo comprendido entre enero de 1997 y diciembre de
1998.

f) Del certif icado expedido por la Secretaría de Educación de
Córdoba 35, se tiene que prestó sus servicios al Depart amento de
Córdoba, nombrado mediante Decreto Departamental 851 del 11 de
junio de 1979 y tomó posesión del cargo el 26 de junio del mismo
año como profesor de tiempo completo del Colegio Departamental
de Bachillerato Santa Teresita, del municipio de San Pelayo. Fue
declarado insubsistente mediante Decreto Departamental 197 del
23 de marzo de 2001, por lo que acumuló un total de 21 años, 8
meses y 27 días de servicios co mo docente de vinculación
nacionalizada.

34 F o l i o 411.
35 F o l i o 412.

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g) Según consta en la certificación emitida por la misma secretaría
de educación de Córdoba 36, el señor Jiménez Quiñonez devengó los
siguientes factores salariales com o docente en el Colegio
Departamental General Córdoba de San Pelayo, tiempo completo:
sueldo, prima de navidad y prima vacacional, dentro del periodo
comprendido entre enero de 1997 y diciembre de 1998.

4.2. Análisis sustancial

4.2.1 ¿La Resolución 12131 del 18 de abril de 2005 que ordenó
la reliquidación de la pensión gracia del señor Orlando Rafael
Jiménez Quiñone z con la inclusión del factor de doble acción
(doble asignación) durante los años 1997 y 1998, por los
servicios docentes con vinculación nacional, se encuentra
viciada de nulidad por violación del ordenamiento jurídico
superior?

Como argumento de su inconformidad, el demandado adujo que la
reliquidación de la pensión « fue justa y conforme a las leyes
vigentes del mome nto, toda vez que nacen de un derecho adquirido
que se encuentra consolidado por haber cumplido los requisitos y
condiciones señalados en la ley para su adquisición», en tal
sentido, y para el efecto, destaca que laboró un tiempo superior a

36 F o l i o 413.

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20 años y que , al momento de adquirir el estatus ostentaba doble
vinculación , junto con la totalidad de los factores de ambas
vinculaciones y por lo tanto deben ser mantenid as en su totalidad.

Del material p robatorio allegado se tie ne establecido que mediante
la Resolución 9667 del 14 de mayo de 2002, le fue reconocida la
pensión gracia al señor Orlando Rafael Jiménez Quiñonez .

Posteriormente, por orden de un fallo de tutela profe rido por el
Juzgado Primero Penal del Circuito d e Bogotá el 4 de noviembre de
2003, se ordenó la reliquidación pensional con la inclusió n de todos
los factores salariales devengados el año anterior a la fecha de
adquisición d el estatus pensional, esto es, el periodo comprendido
entre el 18 de abril de 1997 y el 17 de abril de 1998, en cuantía de
$1.288.400, efectiva a partir del 17 de abril de 1998 .

La entidad demandante procedió a reliquidar la mesada pensional
mediante la Resolución 12131 del 18 de abril de 2005, y ordenó
incluir, además de los factores in icia lmente reconocidos, aquellos
que devengó en el periodo comprendido entre el 17 de abril de 1997
y el 16 de abril de 1998, dentro de los que se encuentra el factor
denominado «doble acción ».

De lo expuesto, resulta claro para esta Sala, que, de conformidad
con el marco normativo relacionado ut supra, a l demanda do no le
eran aplicables las disposiciones in vocadas , y por tanto, no era
posible incluir entre los factores salariales el denomin ado «doble
acción», que corresponde a la asignación básica devengada por el
accionado en la Institución José María Córdoba, vinculada al
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Ministerio de Educación y por tanto del orden nacional, pues como
se expuso, los tiempos nacionales no pueden ser computados para
acceder a la pensión gracia, y mucho menos dan lugar a una
reliquidación pensional con ocasión del retiro del servicio, como lo
pretende interpretar el demandado.

No cabe duda de que , en efecto, se trató de un error de la entidad,
quien incluyó el factor referenciado para reliquidar la pensión
gracia, es decir, incluyó el salario percibido como docente del
orden nacional, sit uación que , como se dijo, no resu lta ajustado a
la legalidad pues, dentro del grupo de beneficiarios de la pensión
gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino
exclusivamente quienes hayan prestado servicios en planteles
departamentales, distritales o municipales o los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 , tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión gracia , siempre y cuando cumplan con
la totalidad de requisitos .

Como lo advirtió el demandado, al momento de adquirir su estatus
pensional ostentaba doble vinculación y ello no se ha discutido
entre las partes, sin embargo, tal situación no da lugar a que se
beneficie de una prerrogativa que le asiste de manera exclusiva a
aquellos docentes que prestaron sus servicios en entidades
educativas territoriales, de modo que no es posible computar los
tiempos de servicio s desempeñados en planteles nacionales, y
mucho menos, tener en cuenta factores devengados en los mismos
para efectos de la reliquidación de la pensión gracia con
fundamento en las razones expuestas.

4.2.2 ¿Se desvirtuó la buena fe del demandado Orlando Rafael
Jiménez Quiñonez que torne proc edente la devolución de las
sumas pagadas por concepto de la reliquidación de la pensión
gracia ordenada por la Resolución 12131 del 18 de abril de
2005?

El reparo aducido por la entidad demandante se dirige contra la
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decisión de negar la devolución d e las sumas pagadas por
concepto de mesadas pensionales en tanto considera probada la
mala fe de la parte demandada.

En relación con la mala fe, es preciso recordar que, por regla
general, declarada la nulidad de un acto de carácter particular y
concreto, las cosas deben volver al estado en el que se
encontraban antes de que este naciera a la vida jurídica.

No obstante, en aquellas deman das donde se pretenda la nulidad
de un acto que reconoció una prestación periódica, como es el caso
de la pensión gracia, y se peticione la devolución de las sumas de
dinero pagadas y no debidas, dicho precepto no puede aplicarse
de forma absoluta, dado qu e el numeral 1, literal c) del a rtículo 164
del CPACA, previó que «[…] no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe […]» .

De acuerdo con lo expuesto, el actuar del accionado al reclamar
por vía de tutela la reliquidación prestacional no se apartó del
postulado de la buena fe, es decir, el hecho de que el señor
Orlando Rafael Jiménez Quiñonez haya acudido en sede de tutela
a obtener la reliquidación con ocasió n de retiro del servicio de la
pensión gracia, n o puede catalogarse por sí mismo como una
actuación ilegal, fraudulent a o engañosa, pues en el ordenamiento
jurídico existen diversas acciones para reclamar los derechos sin
que el uso de ellas denote mala fe.

Adicionalmente, la Sala observa que dicho actuar no se apartó del
postulado de la buena fe, es decir, no realizó afirmaciones
engañosas, ni se probó que hubiese aportado documentos falsos
encaminados a que se forzara o se indujera a error a la entidad
para acceder a la solicitud de la reliquidación en la forma en que
fue reconocida , simplemente, acudió a un mecanismo jurídico que
le permitiera acced er al derecho prete ndido –como lo fue la acción
de tutela ya aludida –, es así que solicitó lo propio bajo su

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convencimiento y la autorid ad judicial consintió sin dila ción y sin
los reparos que ahora esgrime .

Sobre el punto anterior, es de resaltar que a pesar de la
manifestación de la entidad demandante en su recurso de
apelación, en cuanto a que el acto demandado fue expedido en
cumplimiento de un fallo de tutela y que por consiguiente ésta se
vio inducida a erro r; lo cie rto es que la Resolución 12131 del 18
de abril de 2005 (que corresponde al único acto demandado), no
esbozó que en dicho trámite judicial se hubiera actuado de mala fe
y con maniobras fraudulentas para que el resultado fuera favorable
en detrimento de la entonces accionada UGPP.

En reiteradas oca siones esta Sala ha expresado que la mala fe
tiene lugar cuando se despliegan ciertas actividades, como cuando
se acude a la acc ión de tutela en un lugar diferente al domicilio
pese a que por la vía administrativa se le había negado
expresamente el reconocimiento de dicho derecho al interesado 37.

En el presente caso, la entidad accionante no allegó material
probatorio que permitiera demostrar el actuar fraudulento que
alega y ante la falt a de elementos de juicio que permitan corroborar
las afirmaciones de la entidad demandante, no resulta procedente
acceder a la solicit ud presentada en el recurso de apelación.

Para la Sala no resulta suficiente el argumento de la entidad
apelante, en el sentido de que, la mala fe se demostró por
«pr et ender benef ici ar se de una pr est ación a la cual no t en í a der echo
[ …] », y que a pesar de haberlo sustentado en actos administrativos,
haya optado por la acción de tutela para obtener la reliquidación.

Tampoco actúa de mala fe la persona a quien la administración ya
le ha negado un derecho y demanda judicialmente para obtener su

37 S o b r e
el particular se puede revisar la sentencia de esta Subsección del 23
de mayo de 2019, con radicación 76001233100020090029501 (3106 -16). ISS
contra Luis Alberto Valencia Rodríguez.

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reconocimiento –aunque para aquella sea claro que el peticionario
no puede acceder a este –, puesto que, asumir este postulado
vulneraría el acceso a la administración de justicia, consagrado en
el artículo 229 de la Constitución Política, más aún cuando es la
autoridad judicial de acuerdo con el acervo probatorio quien decide
o no el reconocimiento del derecho en litigio .38

Finalmente, destaca la Sala que el principio de la buena fe
incorpora una presunción legal que admite prueba en contrario, y
por ello, le corresponde a quien lo echa de menos p robar que el
peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error
de la administración al concederse el derecho sin reunirse los
presupuestos legales para tal efecto, tal situación no puede
permitir a la entidad alegar a su favor su propia cu lpa para tratar
de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena
fe, en dado caso, ha debido probar que el demandado incurrió en
conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, y como se dejó
expuesto, en el presente caso la reliqu idación de la pensión provino
de una orden judicial en sede de tutela y sin que se haya probado
que el demandante hubiese utilizado maniobras fraudulentas, ni
documentos falsos dentro de dicha actuación, ni tampoco en la
actuación administrativa que conllevó a la re liquidación pensional.

5. Conclusión

Conforme a lo expuesto, el señor Orla ndo Rafael Jiménez Quiñonez
no tenía derecho a la inclusión a su favor de la asignación básica
denominada «doble acción» devengada en la institución educativa
del orden nacional, ni mucho menos a su reliquidación, por lo que
esta Subsección considera que debe confirmarse en ese aspecto la
sentencia de primera instancia.

La entidad demandada por su parte no desvirtuó la presunción de
buena fe que ampara al señor Orlando Rafael Jiménez Quiñonez ,
porque la entidad demandante no demostró que aquel hubiera

38 E nel mismo sentido, esta subsección en sentencia de noviembre de 2020,
radicado interno 1167 -2019, C.P. William Hernández Gómez.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
R a d i c a c i ó n : 2 3 0 0 1 2 3 3 3 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 7 9 0 1 (4377-2017)
Demandante: UGPP

incurrido en actos dolosos y de mala fe para obtener la reliquidación
de la pensión gracia reconocida, por lo tanto, no está conminado a
devolver lo que ya le fue cancelado, como en efecto lo determinó el
a quo.

Por lo expuesto, se confirmará la se ntencia del 1 de ju nio de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba que declaró la
nulidad del acto administrativo demandado y negó las demás
pretensiones.

6. Condena en costas

En cuanto a la condena en costas en la presente instancia, se
destaca que el presente asunto se promovió en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la
modalidad de «lesividad» con el fin de obtener la nulidad del acto
administrativo a través del cual se ordenó el reconocimiento de una
pensión gracia.

En ese sentido , conforme al artículo 188 del CPACA 39, no es
procedente la condena en costas, toda vez que en este tipo de
eventos en que se discute un bien jurídico público, co mo lo es el
patrimonio estatal, no es posible afirmar que el titular de la
prestación sea la parte vencida en el litigio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley.

FALLA

PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia del 1 de junio de 2017 ,
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba que accedió

39 « A R T Í C U L O
188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.». (subraya fuera del texto original)

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Nulidad y restablecimiento del derecho
R a d i c a c i ó n : 2 3 0 0 1 2 3 3 3 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 7 9 0 1 (4377-2017)
Demandante: UGPP

parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la
UNIDAD ADMINIS TRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIB UCIO NES PARAFISCA LES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL –UGPP– contra el seño r ORLANDO RAFAEL JIMÉNEZ
QUIÑONEZ, de co nformidad con las consideraciones expuestas en
la parte motiva de la presente sentencia .

SEGUNDO. Sin co ndena en costas.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión de dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022) .

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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