Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2013-00422-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2013-00422-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2013-00422-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C, tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 23001 23 33 000 2013 00422 01 (0279-2023)
Demandante: Gloria María Saez Vega
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Vinculada2: Nellys Margoth Padrón Acosta3
Tema: Sustitución pensional
Decisión: Confirma sentencia que accedió al derecho porque la
demandante acreditó la convivencia efectiva y material con el
causante durante los cinco años previos al fallecimiento y se
condena en costas en esta instancia a la Ugpp.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Ugpp contra la sentencia de
primera instancia del 13 de mayo de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de
Córdoba.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La accionante instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del
medio de control de la referencia con el objeto de que se declare la nulidad de la
Resolución UGM 030698 del 1° de febrero de 2012, expedida por Cajanal4 E.I.C.E.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a la Ugpp reconocer
y pagar el 100% de la «pensión de sobreviviente»5 en calidad de compañera permanente
de Modesto Serna Córdoba, desde su fallecimiento. Además, reclamó el reajuste de las
mesadas atrasadas, los intereses a que haya lugar y que se impongan costas procesales.
1 En adelante Ugpp.
2 Así se le mencionó en la sentencia de primera instancia. Además, ver precisión en el párrafo 7.
3 Fue vinculada al proceso por asistirle un interés en el resultado de este, en la medida en que contrajo
matrimonio católico con el causante en 1978 y ante el fallecimiento de este acudió ante la entidad para
reclamar la prestación objeto de debate. La vinculación se realizó mediante auto proferido en audiencia
inicial el 11 de agosto de 2014, visible en índice 2 de Samai, archivo zip denominado
«01expediente_230012333000201300422.pdf» folios 133 y 134.
4 Caja Nacional de Previsión Social.
5 Más adelante se precisará la diferencia entre pensión de sobreviviente y sustitución pensional.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 23001 23 33 000 2013 00422 01 (0279-2023)
Demandante: Gloria María Saez Vega
3. Señaló que mediante Resolución 11997 del 15 de junio de 2004, Cajanal
reconoció una pensión de jubilación al señor Modesto Serna.
4. Manifestó que convivió con el causante de manera continua y en unión marital
de hecho, compartieron techo y lecho desde el 5 de noviembre de 2003 hasta el 11 de
noviembre de 2010, fecha de su fallecimiento; agregó que dependía económicamente de
él y que no procrearon hijos.
5. El 23 de febrero de 2011 reclamó la sustitución de la prestación, la cual fue
negada a través del acto acusado, al considerar que existía controversia frente al derecho
reclamado, debido a que también fue solicitado por la señora Nellys Margoth Patrón
Acosta, pese a que el causante se había divorciado de esta mediante sentencia 236-02
del 13 de agosto de 2002, emitida por el Juzgado Tercero del Circuito de Familia de
Montería.
Contestaciones de la demanda
6. La Ugpp6 se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que no es
posible el reconocimiento de la pensión reclamada, en tanto que existe controversia sobre
el derecho, la cual debe ser dirimida por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
al tenor de lo previsto en la Ley 1204 de 2008. Adicionalmente, porque en caso de hacerlo
estaría vulnerando el derecho al debido proceso. Por último, solicitó que se declare de
oficio cualquier excepción que se encuentre probada.
7. Por su parte, la señora María Nellys Margoth Padrón Acosta7, ex cónyuge del
causante, actuando mediante curador ad litem8, se atuvo a lo probado en el proceso.
Sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Córdoba9 accedió a las pretensiones de la
demanda, anuló el acto acusado y se abstuvo de condenar en costas. A título de
restablecimiento del derecho, condenó a la entidad a reconocer y pagar el 100% de la
«pensión de sobrevivientes»10 a partir del 11 de noviembre de 2010 con los
correspondientes ajustes de valor11.
9. Para arribar a esa decisión, señaló que se acreditó el cumplimiento de los
requisitos previstos en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en tanto que la
6 Índice 2 de Samai, archivo zip denominado «01expediente_230012333000201300422.pdf» folios 120 a
125.
7 Durante la audiencia inicial el Tribunal decidió «integrar el contradictorio como parte del proceso» con la
señora Padrón Acosta teniendo en cuenta que «le asiste un interés en el resultado del proceso». Pese a lo
anterior no se mencionó en forma expresa la calidad.
8 Índice 2 de Samai, archivo zip denominado «10ContestaciónDemanda».
9 Índice 2 de Samai, archivo zip denominado «19Sentencia».
10 Ibidem; numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia.
11 El numeral quinto de la parte resolutiva dispuso: «Se ordena que la suma a reconocer sea indexada en
los términos del inciso final del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, es decir, de acuerdo con el índice de precios al consumidor y la siguiente fórmula […]».
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Demandante: Gloria María Saez Vega
demandante demostró la vida marital y convivencia con el causante durante los cinco
años previos a su fallecimiento.
10. Precisó que la entidad se abstuvo de reconocer el derecho, debido a que
existía controversia entre las señoras Nellys Margoth Padrón, en su condición de
excónyuge y la demandante, en calidad de compañera permanente. En ese contexto,
refirió que el criterio jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado señala que «cuando
hay conflicto entre la compañera permanente y la cónyuge supérstite, debido a la
convivencia simultánea con el pensionado, el criterio para establecer la titularidad del
derecho a la sustitución pensional se funda en el auxilio o apoyo mutuo, la convivencia
efectiva, la comprensión y la vida en común al momento de la muerte»12.
11. No obstante, concluyó que en el caso concreto no hubo convivencia
simultánea, porque se allegó la decisión judicial por medio de la cual se declaró la
cesación de los efectos civiles del matrimonio sostenido por el causante con la señora
Padrón, además la disolución y liquidación de la sociedad conyugal se produjo en el año
2002, esto es, ocho años previos al fallecimiento, circunstancia que significó la pérdida
del derecho para sustituir la pensión, puesto que la convivencia efectiva al momento del
deceso del titular de la prestación es lo que legitima la sustitución pensional.
12. Señaló que no obra prueba que demuestre que, con posterioridad al divorcio,
la pareja hubiera continuado conviviendo de manera pública e ininterrumpida. Si bien
reposan en el expediente copia de dos declaraciones extra-proceso, estas no fueron
ratificadas y además no ofrecen claridad suficiente sobre las circunstancias de tiempo,
modo y lugar o que expliquen la razón por la cual les constan los hechos que aducen,
razón por la cual carecen de fuerza probatoria para desvirtuar lo probado.
13. Por el contrario, sostuvo que con las pruebas allegadas por la demandante se
puede concluir «con meridiana claridad» que convivieron «como marido y mujer» con el
causante desde 2003 y hasta la fecha de su fallecimiento, que no hubo separación entre
ellos y que la señora Sáez Vega dependía económicamente de él.
14. Finalmente, sostuvo que no se configuró la prescripción en tanto que el deceso
ocurrió el 11 de noviembre de 2010 y la petición de reconocimiento pensional se formuló
el 23 de febrero de 2011.
Recurso de apelación
15. La Ugpp interpuso recurso de apelación13 en el que sostuvo que con el material
probatorio no se acreditó la convivencia real y efectiva entre las partes, conforme a lo
exigido por la ley y la jurisprudencia aplicable. En tal sentido, advirtió inconsistencias en
las declaraciones de los testigos, entre ellos los de Magola de Jesús Fuentes González,
Juana María García Campo y Remigio Mena Moya, debido a que no relacionaron de
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado 13001
23 33 000 2014 00028 01 (0791-2018).
13 Índice 2 de Samai, archivo zip denominado «21RecursoApelación».
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Demandante: Gloria María Saez Vega
manera directa la naturaleza de la relación que había entre la demandante y el señor
Modesto, así como tampoco especificaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que ocurrieron los hechos que aducen.
16. Advirtió que en la sentencia se ordenó el pago de la prestación desde el
fallecimiento del causante; no obstante, según la planilla del Fopep14, la pensión se pagó
hasta el mes de noviembre de 2010, inclusive15; en consecuencia, consideró
improcedente efectuar un doble reconocimiento respecto del mes de noviembre, razón
por la cual solicitó que, de mantenerse la condena, se condicione a que este solo opere
a partir del último pago acreditado por el Fopep.
17. Finalmente, solicitó revocar la condena al pago de los intereses moratorios,
debido a que se ordenó la indexación de las sumas reconocidas. Al respecto, sostuvo
que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han considerado que hay
incompatibilidad entre la indexación y los intereses moratorios, pues no se pueden
reconocer en forma simultánea ya que ambos constituyen sanciones que buscan
compensar la pérdida del valor adquisitivo del dinero.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
18. Mediante auto del 30 de octubre de 202316 se admitió el recurso de apelación.
La demandante guardó silencio en esta etapa17.
19. Por su parte la Ugpp18 reiteró los argumentos esgrimidos en el recurso de
apelación. A su vez, el agente del Ministerio Público19 rindió concepto en el que solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia al considerar que sí se acreditaron los
requisitos para reconocer el derecho. Además, refirió que la entidad no desvirtuó las
pruebas que sirvieron de fundamento para acceder a las pretensiones.
20. El magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves manifestó su impedimento para
conocer del asunto20, el cual se declaró fundado mediante auto del 20 de marzo de
202521.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
14 Se advierte que dicha prueba ya había sido aportada al proceso por parte de la entidad, pues en auto
del 21 de septiembre de 2016 se le había requerido que remitiera la «certificación del valor mensual de la
mesada pensional que cancelaba el Consorcio FOPEP al señor Serna Córdoba Modesto».
15 Junto con «la mesada adicional que se paga en dicho periodo».
16 Índice 18 de Samai.
17 Informe secretarial visible en índice 26 de Samai.
18 Índice 23 de Samai.
19 Índice 24 de Samai.
20 Índice 34 de Samai.
21 Índice 40 de Samai; además en dicha providencia se ordenó realizar la compensación respectiva.
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Demandante: Gloria María Saez Vega
21. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)22, modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
22. Según los reparos concretos procederá la Sala a estudiar i) si están
acreditados los requisitos previstos en la ley para acceder a la sustitución pensional
reclamada por la demandante. Para ello, se verificará si se demostró la convivencia en la
condición que alega, durante los 5 años anteriores al fallecimiento; ii) si el Tribunal erró
al ordenar el pago de las mesadas desde el día de la muerte del causante y iii) si el a
quo incurrió en error al ordenar intereses moratorios e indexación de las sumas
reconocidas.
Análisis del problema jurídico
23. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones, toda vez que la demandante acreditó su convivencia real y efectiva con el
causante durante los cinco años previos a su fallecimiento y no procedía ordenar el pago
de las mesadas pensionales desde una fecha diferente a la ordenada en primera
instancia. Se condenará en costas de segunda instancia a la entidad porque no
prosperaron sus reparos.
24. Previo a realizar el análisis, se precisa que si bien es cierto en la demanda23 y
en la sentencia24 se refiere indistintamente a «pensión de sobrevivientes» o «sustitución
pensional», lo cierto es que la de sobrevivientes es aquella que se otorga al núcleo
familiar del afiliado no pensionado, que fallece sin cumplir los requisitos mínimos para
obtener la pensión, mientras que la sustitución se concede al núcleo familiar del
pensionado fallecido o del afiliado que cumple los requisitos exigidos en la ley para
obtener dicha prestación25, precisión que impone puntualizar que el núcleo de la
controversia se concreta en el derecho a la sustitución pensional, comoquiera que el
causante era beneficiario de una pensión de vejez.
25. Conforme a lo anterior, se recuerda que en el presente asunto la pretensión de
la demandante, fundada en su calidad de compañera permanente, apunta a que se le
reconozca el derecho a gozar de la sustitución pensional26 derivada del fallecimiento de
su compañero, petición que, como se expuso en los antecedentes de esta decisión, fue
22 En atención a que la sentencia recurrida se expidió el 13 de mayo de 2022.
23 Pretensiones primera, segunda y tercera de la demanda.
24 Numerales primero a tercero de la parte resolutiva.
25 Acerca de la diferencia entre estas dos prestaciones, ver, entre otras, las sentencias del 24 de agosto de
2017, radicado 25000 23 42 000 2013 00823 01 (0717-2014) y del 20 de febrero de 2020, radicado 05001
23 33 000 2017 02535 01 (1425-2019, de conformidad como se citó en sentencia del 20 de marzo de 2025,
expedida por este despacho en el radicado 25000 23 42 000 2021 00505 01 (7316-2023).
26 En el 100% y en forma vitalicia, en atención a que tenía 52 años al momento del fallecimiento de su
compañero.
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negada en sede administrativa porque existía controversia ya que tanto la demandante27
como María Nellys Margoth Padrón Acosta28 acudieron a reclamar la prestación. En todo
caso se recuerda que el análisis en esta instancia se limitará a examinar al derecho
reclamado por la demandante, que comprende el objeto del recurso29.
26. En ese contexto, con miras a verificar si se dan los presupuestos para el
reconocimiento del derecho, se precisa que la norma aplicable para tal efecto es aquella
vigente al momento del fallecimiento del causante. En el presente asunto, se tiene que la
muerte de Modesto Serna Córdoba ocurrió el 11 de noviembre de 2010 y por tanto el
problema jurídico se debe resolver atendiendo lo previsto en los artículos 4630 y 4731 de
la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003,
respectivamente. De manera que, la demandante debe acreditar que hizo vida marital
con el causante hasta su fallecimiento, por un lapso que no puede ser inferior a cinco
años continuos anteriores a su deceso.
27 Índice 2 de Samai, archivo zip denominado «17ExpedientePensionalUGPP», archivo 37; petición
radicada por la demandante el 23 de febrero de 2011.
28 Ibidem; archivo 44, formato de solicitud de sustitución pensional radicado por María Nellys Margoth
Padrón.
29 Lo anterior teniendo en cuenta que en primera instancia se consideró que no estaba acreditado ningún
derecho a favor de la señora María Nellys Margoth Padrón Acosta, decisión contra la cual no se formuló
ningún reparo en el recurso de apelación, lo que hace innecesario valorar las pruebas relacionados con la
acreditación del derecho pretendido por esta.
30 Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. <Artículo modificado por el artículo 12
de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por jubilación o invalidez por riesgo común que
fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere
cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos inmediatamente anteriores al fallecimiento y se
acrediten las siguientes condiciones […]
31 Artículo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. <Expresiones “compañera o compañero
permanente” condicionalmente exequibles> <Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
El nuevo texto es el siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando
dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de
que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante
hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años con anterioridad a su
muerte.
b. En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya
procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá duración
máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia
pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
<Aparte subrayado condicionalmente exequible> En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco
años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente,
loa beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobrevivientes será la esposa o el esposo. Si no existe
convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la
compañera permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco
años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente; […]
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Demandante: Gloria María Saez Vega
27. Acorde con ello, en el expediente se encuentra demostrado y no es objeto de
controversia el reconocimiento de la pensión de vejez32 y el fallecimiento de su titular33. A
partir de estos hechos probados, la Sala encuentra necesario analizar las pruebas que
apuntan a establecer la existencia de un vínculo afectivo (convivencia en común) que dé
lugar a colegir que fueron compañeros permanentes. Al respecto se tiene:
a. Copia de las cédulas de ciudadanía de Modesto Serna Córdoba34 y Gloria María Saez
Vega35.
b. Declaración extra-proceso36 rendida el 13 de septiembre de 2010 por Modesto y
Gloria en la cual señalaron que su ocupación era de pensionado y auxiliar de
enfermería, respectivamente; además expusieron lo siguiente «que convivimos en
unión marital de hecho entre sí, tenemos (7) años de estar conviviendo bajo el mismo
hogar, mi compañera depende económicamente de mí, estamos residiendo bajo el
mismo techo en la urbanización SAMARIA II en la cra 13 No. 10-42 en la ciudad de
Montería».
c. Declaraciones extra-proceso rendidas por Roberto Manuel Morillo Petro37 y Felix
Segundo Tamara Gómez38 en las que manifestaron que conocieron a Modesto Serna
y en virtud de ello les consta que convivió por siete años con su compañera
permanente Gloria María Saez, de forma ininterrumpida hasta el día de su
fallecimiento, compartiendo mesa, techo y lecho. Además, que esta dependía
económicamente del causante, quien le proveía todo lo necesario para su
subsistencia y desconocen otros beneficiarios con mejor derecho.
d. Testimonios rendidos en audiencia de pruebas39 por Magola de Jesús Fuentes
González, Juana María García Campos y Remigio Antonio Mena Moya, quienes
coincidieron en la narración en señalar que entre Modesto Serna y Gloria María Saez
existió una relación de compañeros permanentes, que convivieron en el barrio
Samaria II en Monteria hasta su fallecimiento; también indicaron que Modesto se
encargaba del sostenimiento económico de su pareja. Además, refirieron lo siguiente:
• Magola de Jesús Fuentes González manifestó ser vecina de Gloria y conocerla desde su
juventud, cuando ambas residían en el barrio La Granja; no obstante, precisó que retomaron
contacto el 5 de noviembre de 2003, fecha en la cual Gloria se trasladó a vivir con el señor
Modesto al barrio Samaria II. Señaló que, a partir de dicho momento, su vínculo de amistad
se fortaleció, en razón a que se visitaban con frecuencia, conversaban sobre «cosas de
mujeres» y además porque cerca de su residencia había un SAI, desde donde acostumbraban
a realizar llamadas.
32 Al señor Modesto Serna Córdoba le fue reconocida una pensión de vejez por parte de Cajanal a través
de la Resolución 11997 del 2 de junio de 2004 y reliquidada mediante Resolución 21882 del 16 de
marzo de 2006. Visibles en índice 2 de Samai, archivo zip denominado «17ExpedientePensionalUGPP»,
archivos 14 y 23.
33 Según registro civil de defunción con indicativo serial 6897761 el señor Modesto Serna Córdoba falleció
el 11 de noviembre de 2010, visible en ibidem, archivo 48.
34 Ibidem, archivo 3; en él consta que nació el 12 de febrero de 1948.
35 Ibidem, archivo 38; en él consta que nació el 3 de marzo de 1958.
36 Ibidem, Cuaderno 1, folio 32. Rendida el 18 de noviembre de 2009 en la Notaria Cuarta de Pereira.
37 Ibidem, archivo 39. Fue rendida el 2 de diciembre de 2010 ante la Notaría Tercera de Monteria.
38 Ibidem, archivo 40. Fue rendida el 2 de diciembre de 2010 ante la Notaría Tercera de Monteria.
39 Celebrada el 9 de noviembre de 2016. Los testigos Alfredo Antonio Vidal Peregrino y Felix Segundo
Tamara no asistieron a la audiencia de pruebas a rendir su declaración. Acta visible en ibidem; archivo
denominado «01expediente_230012333000201300422.pdf» folios 183 a 186 y video de la audiencia visible
en ibidem, archivo «18AudienciaPruebaTestimonial».
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Demandante: Gloria María Saez Vega
Afirmó que la relación entre Modesto y la demandante era la propia de una pareja «de marido
y mujer», precisando que no procrearon hijos y que convivieron de manera continua en dicha
vivienda hasta el fallecimiento del causante. Añadió que nunca le conoció otra relación desde
que inició el vínculo sentimental con Gloria, pues lo describió como una persona «hogareña».
Sin embargo, señaló que tuvo conocimiento de la existencia de un vínculo matrimonial
anterior, debido a que el causante conservaba en un folder toda la documentación relacionada
con su «separación».
En cuanto a la dependencia económica, sostuvo que la actora dependía de su compañero,
quien asumía los gastos del hogar, tales como la compra de alimentos y el pago de los
servicios públicos, mientras ella se dedicaba a las labores del hogar.
Finalmente, aclaró que, aunque tiene conocimiento de que la pareja mantenía una relación
sentimental con anterioridad a su traslado al barrio Samaria II, la convivencia efectiva le
consta únicamente desde la fecha en que se establecieron en dicho sector.
• Juana María García Campos manifestó ser vecina de la demandante y conocerla desde el
5 de noviembre de 2003, fecha en la cual Gloria y Modesto se trasladaron a residir en el barrio
Samaria II de Montería. Precisó recordar con claridad dicha fecha, por cuanto la asocia con
el 23 de noviembre del mismo año, día en que falleció su madre, ocasión en la cual Modesto
le brindó apoyo y asistencia.
Afirmó que la relación entre Modesto y la demandante era la propia de una pareja «de marido
y mujer», que convivieron de forma ininterrumpida y se evidenciaba que «eran una pareja
muy unida».
Indicó que Gloria se dedicaba principalmente a las labores del hogar, aunque también ejercía
como enfermera en un hospital, mientras que Modesto trabajaba en el Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA, realizando actividades de vacunación de ganado. Debido a dicha
situación, era Modesto quien asumía la compra de alimentos y la demandante dependía
económicamente de él.
Finalmente, adujo que desconoce si Modesto sostuvo una relación sentimental previa a la
que tenía con Gloria o si existía otra persona que dependiera económicamente de él.
• Remigio Antonio Mena Moya señaló que laboró en el ICA desde 1972, y por tal razón
conoció a Modesto desde esa época, pues este ya se encontraba vinculado en la mencionada
entidad. Afirmó que fueron compañeros de trabajo, amigos y «paisanos» y se visitaban con
frecuencia.
Indicó que conoce a Gloria desde el año 2003, cuando se trasladó a vivir junto a Modesto,
convivencia que, según su dicho, se prolongó hasta el fallecimiento de este.
Desconoce si el causante tuvo una relación matrimonial anterior, precisando que la única
pareja sentimental que le conoció fue Gloria, quien según afirmó, dependía económicamente
de aquel, ya que se dedicaba a las labores del hogar. No obstante, señaló que Modesto tuvo
hijos, quienes se trasladaron a residir en Bogotá, pero no tiene mayor información sobre ellos
ni sobre la identidad de la madre, porque nunca la conoció ni tuvo trato con ella.
Durante la diligencia, el agente del Ministerio Público le puso de presente que, de acuerdo
con los documentos obrantes en el expediente, se extrae que Modesto tuvo una relación
matrimonial con Nellys Margoth, con quien contrajo matrimonio católico en el año 1978 y le
indagó cómo habiendo manifestado conocer al causante desde 1972 y ser «amigos y
paisanos» desconocía dicha circunstancia. Frente a ello, respondió que, si bien tenía
conocimiento de que Modesto tenía hijos, nunca conoció a «la señora», ni supo dónde residía
Modesto con anterioridad al año 2003, pues únicamente tuvo conocimiento de su domicilio a
partir del 5 de noviembre de 2003, cuando se trasladó a vivir con Gloria.
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Radicación: 23001 23 33 000 2013 00422 01 (0279-2023)
Demandante: Gloria María Saez Vega
En atención a lo anterior, el Ministerio Público solicitó que este testimonio sea valorado con
especial rigurosidad al momento de emitir sentencia.
28. Al valorar en conjunto las declaraciones que anteceden, se aprecia
congruencia frente al hecho de que la demandante y Modesto fueron compañeros
permanentes y convivieron de forma continua e ininterrumpida en el barrio Samaria II en
Montería, hasta el fallecimiento de este último. Igualmente, que el causante era quien
estaba a cargo del sostenimiento del hogar40 y que ella dependía económicamente de
él41. Por otra parte, no existen medios de convicción que demeriten las circunstancias
fácticas acreditadas pues la entidad no aportó pruebas que desvirtuaran la convivencia
de los compañeros permanentes durante el tiempo exigido por la ley, como pasa a
explicarse.
29. Esta Corporación42 ha señalado que la convivencia «no se refiere, en forma
exclusiva, a compartir el mismo techo y habitar junto al otro, sino que los elementos
que en mayor medida definen esa convivencia se relacionan con el acompañamiento
espiritual, moral y económico y el deber de apoyo y auxilio mutuo. Además de ello,
es preciso tener en cuenta el factor volitivo de la pareja de mantener un hogar y tener
la vocación y convicción de establecer, constituir y mantener una familia».
30. En el mismo sentido, la Subsección B43 del Consejo de Estado ha definido el
alcance del requisito de la convivencia así:
El criterio de convivencia exigido con el fin de determinar una sustitución pensional va más
allá de compartir mesa, lecho y techo, para circunscribirse a eventos particulares en las
cuales los vínculos de solidaridad, apoyo mutuo, material y espiritual conforman la
convivencia en un sentido más amplio [...]. [Se resalta]
31. De lo expuesto se concluye que el requisito de convivencia exigido para el
reconocimiento de la sustitución pensional no se limita a la simple cohabitación de la
pareja, sino que apunta a la acreditación de un proyecto de vida en común, construido y
desarrollado de manera conjunta entre el causante y el eventual beneficiario, sustentado
en principios de solidaridad, apoyo y auxilio mutuo.
32. En ese orden de ideas, a partir de las pruebas documentales y testimoniales
se colige, con el mayor grado de probabilidad, que Gloria María y Modesto sí mantuvieron
40 Todos los declarantes indicaron que Modesto era quien corría con los gastos del hogar.
41 Todos los declarantes fueron consistentes en señalar la dependencia económica de la demandante
respecto del pensionado, aspecto que fue reconocido expresamente por el causante en una declaración
extra-proceso rendida el 13 de septiembre de 2010, mencionada en el párrafo que antecede, literal b.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2020, radicado
05001 23 33 000 2015 02507 01 (2372-2018). En las cuales citó las siguientes: sentencia del 24 de octubre
de 2012, en el radicado 25000 23 25 000 2010 00860 01 (2475-11): y sentencia del 7 de abril de 2001, en
el radicado 76001 23 31 000 2005 02741 01 (0669-2008).
43 En la sentencia del 9 de diciembre de 2019 en el radicado 27001 23 33 000 2018 00052 01 (5560-2018)
se citó la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de
junio de 2018, radicado 41001 23 33 000 2012 00131 01 (0882-2014).
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Radicación: 23001 23 33 000 2013 00422 01 (0279-2023)
Demandante: Gloria María Saez Vega
una vida en común con vocación de permanencia desde el año 200344 hasta el 11 de
noviembre de 2010, que residieron en el barrio Samaria II en Montería45, que su lugar de
domicilio común era de conocimiento público46, que la existencia de la relación marital
era notoria para sus allegados, procurando la unidad familiar47, el apoyo y asistencia48
hasta el día del fallecimiento del pensionado, que dicho vínculo afectivo se mantuvo
durante todo el tiempo que perduró su unión y hasta el fallecimiento del causante, lo cual
denota el verdadero deseo de conformar una familia49, así como también el deber de
solidaridad50 mutuo.
33. Ahora bien, la entidad cuestionó la credibilidad de las declaraciones rendidas
por Magola de Jesús, Juana María y Remigio Mena, por cuanto no precisaron la
naturaleza de la relación entre la demandante y el causante, ni las circunstancias de
tiempo, modo y lugar; sin embargo, revisados los testimonios y tal como se mencionó
previamente, se advierte que tales aspectos sí fueron abordados y que son coincidentes
en cuanto a que Gloria y Modesto mantuvieron una relación sentimental estable,
equiparable a la de «marido y mujer», cuya convivencia inició en 2003 y se desarrolló de
manera continua e ininterrumpida hasta el fallecimiento del pensionado, en la residencia
común ubicada en el barrio Samaria II de Montería.
34. Asimismo, son consistentes en señalar que Modesto asumía el sostenimiento
del hogar y que Gloria dependía económicamente de él. Empero, el hecho de que Juana
María hubiera referido que la demandante además de dedicarse a labores del hogar
también ejercía como enfermera, no desvirtúa dicha dependencia, máxime cuando en la
declaración extra-proceso rendida por la pareja se expuso que ese era el oficio al que
ella se dedicaba51, por manera que el ejercicio de dicha labor y el que eventualmente52
hubiera obtenido ingresos por tal concepto no constituye una circunstancia que altere el
cumplimiento del requisito examinado.
44 Las declaraciones fueron consistentes en señalar que la pareja convivió desde el 5 de noviembre de
2003 y en la declaración extra-proceso rendida por la demandante y el causante el 13 de septiembre de
2010 indicaron que convivían en unión marital de hecho hacía siete años, esto es, desde el 13 de
septiembre de 2003, tomando como fecha de contabilización la fecha de la declaración, por manera que
se referirá de forma genérica el año 2003 sin especificar el mes.
45 Todos los declarantes, así como la declaración extra-proceso rendida por el causante y la demandante
indicaron que residían en el barrio Samaria II en Monteria; además, obra copia del correo certificado de la
empresa de mensajería 472 donde se evidencia que Cajanal notificaba a la demandante en la «carrera 13
# 10-42 urbanización Samaria». Ibidem; archivos 61, 63 y 66.
46 Pues era de conocimiento de compañeros de trabajo y vecinos, quienes los reconocían como una pareja.
47 Durante su relación formaron una verdadera familia, aunque no hubieran procreado hijos.
48 El causante en vida indicó que su compañera dependía económicamente de él, mientras que ella se
dedicaba principalmente a las labores del hogar.
49 Deseo que incluso se hizo explícito en la declaración extra-proceso rendida por el causante y la
demandante.
50 Deber de apoyo y auxilio con la pareja.
51 En todo caso en dicha declaración se expuso que era «auxiliar de enfermería» y no «enfermera» como
se mencionó en la declaración que se examina,
52 Se utiliza esa expresión toda vez que además de tal declaración, no se allegó alguna prueba que
demostrara las circunstancias específicas en las que se habría desarrollado dicha labor, si el ejercicio de
esa actividad era permanente o ininterrumpido, si en realidad mediaba una relación laboral y su naturaleza,
tampoco hay prueba del salario que hubiere percibía como contraprestación de ese servicio.
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Radicación: 23001 23 33 000 2013 00422 01 (0279-2023)
Demandante: Gloria María Saez Vega
35. Aunque la Sala sí advierte algunas inconsistencias entre los testimonios, estas
se refieren a aspectos accesorios, como el conocimiento de las relaciones sentimentales
previas del causante o la actividad laboral de la demandante, sin que tales imprecisiones
afecten el núcleo relevante del caso, esto es, la convivencia, la existencia y estabilidad
del vínculo hasta la muerte de causante, así como los demás atributos que se examinaron
previamente, pues de ellos se extrae en forma unánime la naturaleza de la relación,
permite ubicarla en un marco temporal definido y justificar el conocimiento directo de los
hechos, sin que resulte exigible a vecinos y compañeros de trabajo una reconstrucción
exhaustiva de cada circunstancia de tiempo, modo y lugar. Por ello, no prospera el reparo
de la entidad.
36. Ahora bien, el segundo planteamiento del recurso cuestiona la fecha a partir
de la cual se ordenó el reconocimiento de las mesadas a favor de la demandante, en la
medida en que la entidad afirmó haber pagado la correspondiente al mes de noviembre
de 2010 y como sustento de ello aportó la planilla del Fopep. Al respecto, se observa que
dicha certificación53 da cuenta del registro de un pago en el mes de noviembre del 2010;
sin embargo, ese documento no acredita el desembolso efectivo al causante, ni el medio
utilizado, ni la fecha en que se materializó el pago.
37. En ese contexto, tal documento únicamente demuestra que el Fopep ordenó
el giro de la mesada pensional por parte de la Nación, pero no se allegó prueba que
permita inferir que el causante recibió tales recursos y en ese orden de ideas, la
mencionada planilla resulta insuficiente para demostrar el pago; si la entidad pretendía
demostrar que desembolsó el valor correspondiente a la mesada de noviembre de 2010,
debió allegar un soporte más detallado, en el que constara la fecha de pago, el medio
utilizado, la entidad financiera a la cual se giró el dinero y la confirmación del cobro.
38. En lo que respecta al tercer reparo, dirigido a cuestionar la que se considera
como una condena simultánea de intereses moratorios e indexación de las sumas
reconocidas, se advierte que en el numeral quinto de la parte resolutiva el Tribunal
dispuso la actualización de la condena conforme al IPC54, en los términos del artículo 187
del CPACA55, mientras que en el numeral sexto señaló que la entidad debía cumplir la
53
54 Índice de precios al consumidor.
55 Artículo 187. Contenido de la sentencia. […] Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida
de dinero se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor.
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Radicación: 23001 23 33 000 2013 00422 01 (0279-2023)
Demandante: Gloria María Saez Vega
sentencia dentro del plazo previsto en el artículo 192 ibidem56, so pena de generar los
intereses previstos en el artículo 19557 ibidem.
39. En ese contexto, resulta necesario distinguir entre la indexación de la condena
y los intereses moratorios, pues ambas figuras buscan mitigar los efectos del pago tardío,
pero responden a naturaleza y finalidades diferentes. Por una parte, la indexación es un
mecanismo de actualización del valor del dinero, orientado a preservar su poder
adquisitivo frente a la depreciación monetaria, a fin de que el acreedor reciba una suma
equivalente en términos reales al momento del pago58; por otra parte, los intereses
moratorios operan por ministerio de la ley y tienen naturaleza sancionatoria y resarcitoria,
pues se generan por el incumplimiento en el pago de la obligación dentro del plazo legal,
esto es, desde la ejecutoria de la providencia que impone la condena, conforme al artículo
192 del CPACA y se causan hasta la satisfacción total de la obligación59.
40. En ese orden, se ha precisado que ambas figuras son incompatibles cuando
concurren en un mismo periodo, en la medida en que responden a una finalidad
semejante, esto es, la de compensar la pérdida del valor del dinero, por lo que su
reconocimiento simultáneo implicaría un doble pago por la misma causa60; no obstante,
se ha admitido su aplicación en momentos distintos61, es decir, la indexación opera hasta
56 Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Cuando
la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero,
la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su
comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma
de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de
la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago
correspondiente a la entidad obligada.
Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que
aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva
sentencia o del auto, según lo previsto en este Código.
57 Artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite de pago de condenas y
conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas: […] 4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias
que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios
a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez
(10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días
establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubieses realizado
el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un
interés moratorio a la tasa comercial.
58 Ver entre otras providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 7 de
noviembre de 2024, radicado 25000 23 26 000 2012 00233 00 (70.575); y Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 1° de febrero de 2024, radicado 25000 23 42 000 2017 03760 02
(0443-2022).
59 Se citó en la sentencia del Consejo de Estado con N° interno 0443-2022, así: Subsección B, sentencia
del 16 de septiembre de 2021, expediente 5967-2019.
60 En efecto, esta Corporación señaló que «en razón a que tanto la indexación como el reconocimiento de
intereses moratorios obedecen a la misma causa, cual es la devaluación del dinero, son incompatibles, por
lo tanto, si se ordena el reconocimiento de intereses por mora concomitante con la indexación, se estaría
condenando a la entidad a un doble pago por la misma causa» Texto citado en la providencia emitida por
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 9 de agosto de 2012 en el radicado 11001 03
06 000 2012 00048 00 (2106); así: Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 22 de octubre de 1999, radicado 949-1999 y Subsección B, sentencia del 1° de abril de 2004, radicado
1998-0159.
61 Al respecto la sentencia previamente citada del Consejo de Estado en el proceso con N° interno 0443-
2022 dispuso: «76.7 Esta indexación procede desde el momento en que se omitió el pago debido hasta el
momento de la ejecutoria; por ejemplo, en casos como el sub examine, las diferencias deben ser
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Radicación: 23001 23 33 000 2013 00422 01 (0279-2023)
Demandante: Gloria María Saez Vega
la consolidación del capital, generalmente, hasta la ejecutoria de la sentencia, mientras
que los intereses de mora se causan con posterioridad, razón por la cual se concluye que
la decisión del a quo se ajustó a las previsiones legales sobre la materia.
Condena en costas
41. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración
del criterio objetivo que gobierna esta materia.
42. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
43. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
44. En consecuencia, se impondrán costas a la Ugpp, por cuanto no prosperaron
los reparos del recurso de apelación. Para tal efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Córdoba.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 13 de mayo de 2022, emitida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la Ugpp, de conformidad
con lo expuesto.
indexadas desde el momento en que se reconoció el derecho hasta cuando se profirió la sentencia que
ordenó la reliquidación, mientras que los intereses moratorios, se causan a partir de esta hasta que se
pague en su totalidad la obligación».
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Demandante: Gloria María Saez Vega
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
Con impedimento
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
CMTG
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