Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03760-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03760-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-03760-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
1 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., primero (1.°) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Ejecutivo
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03760-02 (0443-2022)
Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Tema: Excepción de pago. Formas de indexar los últimos 10 años de
servicio para calcular el valor de la mesada pensional.
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Subsección procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte
ejecutada contra la sentencia proferida el 17 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se declaró probada la
excepción de pago parcial y se ordenó seguir adelante con la ejecución.
I.- Antecedentes
1.1. La demanda2
1. Abelardo Ramírez Gasca presentó demanda ejecutiva, en orden a que se librara
mandamiento de pago en contra de la UGPP, por las siguientes sumas de dinero:
«A). La suma de $3’505.669,73 mensuales más los ajustes anuales de ley
(art. 14 Ley 100 de 1993), desde el 31 de julio de 2.008 hasta su inclusión en
la Nómina Nacional de Pensionados dirigida por la UNIDAD DE GESTIÓN
PENSIONAL Y PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN -UGPP- al FOPEP,
actualizados esos valores, año por año de acuerdo con la variación del Índice
de Precios al Consumidor IPC publicado por el DANE según la fórmula
adoptada por el Consejo de Estado:
[...]
B). A partir de la fecha de la fecha de la ejecutoria de la sentencia del Tribunal,
el 31 de julio de 2015 hasta el día de la inclusión del nuevo valor de la pensión
en la Nómina Nacional de Pensionados con destino al FOPEP, sobre el monto
a que ascienda el retroactivo, intereses corrientes a la tasa máxima que
certifique el Banco de la República durante los seis (6) meses siguientes al
1 En adelante UGPP.
2 Samai, índice 2, archivo «ED_01DEMANDA3(.PDF) NroActua 2»
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Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
mandamiento y moratorios desde entonces hasta el día en que se satisfaga
totalmente la obligación.» [destacado y mayúsculas del original] (sic)
2. Igualmente, se dedujera (i) el 25% de aportes al sistema de pensiones sobre las
diferencias pensionales, mes a mes; (ii) los aportes de ley al sistema de salud; y (iii)
el 1% sobre las diferencias pensionales, mes a mes, con destino al Fondo de
Solidaridad del Sistema General de Pensiones.
3. En el acápite de hechos, narró lo siguiente:
3.1. Mediante Resolución 56295 del 14 de noviembre de 2008, Cajanal reconoció a
su favor pensión de vejez a partir del 1 de mayo de 2007, pero condicionada a
demostrar el retiro del servicio, en cuantía de US$4.267.73 que, a la TRM entonces
vigente [$2.014,76], correspondía a $8.616.584,50. Contra esta decisión, presentó
recurso de reposición, con el fin de que el valor de la mesada fuera establecido en
pesos.
3.2. Con la Resolución 032526 del 30 de diciembre de 2010 expedida por Cajanal,
modificada por la Resolución PAP 053966 del 19 de mayo de 2011 expedida por el
Patrimonio Autónomo PAP Buenfuturo, se resolvió el recurso de reposición, en el
sentido de modificar la cuantía en $5.853.813,76; sin embargo, ordenó «[e]nviar la
presente Resolución al Área de Nómina para que efectúe la conversión de la prestación
reconocida mediante la Resolución No. 56295 del 14 de noviembre de 2008, a pesos
moneda corriente y determinar en virtud del principio de favorabilidad cual deberá incluirse
en nómina» [sic].
3.3. El valor de $5.853.813,76 resultó del 75% del promedio del ingreso mensual de
los últimos 10 años de servicios, es decir, del 1 de agosto de 1998 al 30 de julio de
2008, inferior al «real» que fue de $7.805.085,01 y no correspondió a la conversión
a pesos, que era de $8.616.584.50.
3.4. En los periodos comprendidos entre el 1 de agosto de 1998 y el 16 de julio de
2000 y del 2 de febrero de 2004 al 31 de julio de 2008 recibió sus salarios en dólares
y, al hacer la conversión y calcular lo devengado en los últimos 10 años de servicio,
el IBL3 ascendía a $12.479.311,32, es decir que, con la misma tasa de reemplazo,
el valor de la mesada correspondía a $9.359.483,49 a partir del momento del retiro
del servicio. Esto significó una diferencia de $3.505.669,73 mensuales.
3.5. Por lo anterior, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, solicitó la nulidad de las Resoluciones 56295 del 14 de noviembre de 2008
y 032526 del 30 de diciembre de 2010, modificada por la Resolución PAP 053966
del 19 de mayo de 2011.
3.6. En la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2012, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, accedió a las
pretensiones de la demanda y ordenó: «[...] pagar a favor del señor Abelardo Ramírez
Gasca, la pensión de jubilación en una suma equivalente al setenta y cinco (75%) del
3 Ingreso Base de Liquidación.
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Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
salario promedio devengado [en dólares] durante los diez (10) años anteriores a la fecha
de adquisición del status pensional [...]» [sic]
3.7. La sentencia fue confirmada por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
24 de junio de 2015. Quedó ejecutoriada el 31 de julio de 2015.
3.8. En cumplimiento de lo anterior, la UGPP expidió la Resolución RDP 51515 del
3 de diciembre de 2015, pero luego fue revocada con la Resolución RDP 011829
del 15 de marzo de 2016. Esta última no acató en su integridad la sentencia.
1.2. Mandamiento de pago4
4. En auto proferido el 6 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resolvió librar mandamiento ejecutivo en contra de la UGPP, con el
fin de que pagara (i) $548.852.022,45 por concepto de las diferencias de mesadas
reconocidas y no pagadas; y (ii) $231.633.655,70 correspondientes a los intereses
moratorios. Para sustentar su decisión, sostuvo lo siguiente:
5. De conformidad con la liquidación realizada por la contadora adscrita a esa
corporación, la primera mesada de la pensión reliquidada correspondía a
$9.907.063.95 mensuales; no obstante, la entidad la calculó en $5.853.813.76, es
decir, existía una diferencia de $4.053.250.19.
6. En ese orden, la deuda por las diferencias causadas entre el 1 de agosto de
2008 y el 2 de agosto de 2017, ascendían a $573.862.619.92, a los cuales se les
debía adicionar $49.738.402.43 por concepto de indexación y, a su vez, a este
resultado, deducir $69.314.646.17 por descuentos en salud, lo cual arrojaba un neto
a pagar de $548.852.022.45.
7. Los intereses moratorios causados desde el 1 de agosto de 2015 [día siguiente
a la ejecutoria de la sentencia] hasta el «2 de agosto de 2017» [fecha de radicación
de la demanda ejecutiva] correspondían a la suma de $231.633.655.70, en razón a
que no existía prueba del pago.
1.3. Contestación de la demanda
8. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las siguientes
excepciones:
8.1. Pago total de la obligación: en cumplimiento de la sentencia y como el
ejecutante devengó su salario en dólares, se tuvo en cuenta la tasa representativa
vigente para la época; además, la reliquidación arrojó un valor de $5.853.113,
«teniendo en cuenta que este fue inferior al que ya tenía reconocido, por favorabilidad, se
dejó la cuantía reconocida en la resolución No. PAP 032526 del 30 de diciembre de 2010».
4 Samai, índice 2, archivo «ED_06LIBRAMANDAMIENTO(.PDF) NroActua 2»
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Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
A través de la Resolución RDP 011829 del 15 de marzo de 2016 se realizó la
siguiente liquidación:
8.2. Pago total por concepto de intereses: se causaron a partir de la ejecutoria de la
sentencia [31 de julio de 2015] hasta la fecha de su cumplimiento, nada más.
Igualmente, cualquier modificación al cumplimiento como consecuencia de la
reliquidación de la pensión, «no constituye en mora nuevamente al deudor, en la medida
en que al realizarse la reliquidación se procede al pago de las diferencias surgidas, junto
con el pago de la indexación como en efecto sucede en este caso; Y de condenarse al pago
de intereses se condenaría [...] al pago de una obligación que no le pertenece por falta de
legitimación en la causa y al pago de doble sanción, pues debe observarse que la
indexación y los intereses moratorios tienen una misma fuente legal» [sic].
8.3. Compensación – deducción de pagos realizados: debían compensarse o, en su
defecto, deducirse los pagos ya efectuados al ejecutante, en razón a que, de no
hacerse, se le condenaría al doble pago de la prestación y se vulneraría el principio
de sostenibilidad financiera.
8.4. Principio de buena fe: en la labor misional de la entidad, la buena fe surge de la
estricta aplicación de la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia, razón por la
cual, los actos se presumen legales y «es carga exclusiva del demandante, controvertir
tanto la presunción legal del acto, como la buena fe de la entidad administradora pensional».
8.5. Prescripción: en caso de que se accediera a las pretensiones de la demanda,
en cumplimiento del Decreto 3135 de 1968, se declarará la prescripción.
8.6. Declaratoria de otras excepciones y genérica: de encontrarse hechos que
constituyeran excepción, se declararan de forma oficiosa.
1.4. Sentencia de primera instancia
9. En sentencia proferida el 17 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, resolvió lo siguiente:
4
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03760-02 (0443-2022)
Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
«PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTES las excepciones
denominadas “buena fe”, “declaratoria de otras excepciones” y “genérica”,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: DECLARAR IMPRÓSPERA LA EXCEPCIÓN DE
PRESCRIPCIÓN propuesta por la apoderada de la entidad ejecutada.
TERCERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PAGO PARCIAL
por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y
DOS CENTAVOS ($390.833.307,72)
CUARTO: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN a favor del señor Abelardo
Ramírez Gasca y en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la protección Social – UGPP, por
diferencias pensionales e intereses moratorios, de conformidad a lo expuesto
en esta providencia.
[...]» [sic]
10. Los argumentos de la decisión fueron los siguientes:
10.1. Las excepciones denominadas «buena fe», «declaratoria de otras excepciones»
y «genérica», al no estar enlistadas en el numeral 2 del artículo 442 del Código
General del Proceso5, eran improcedentes.
10.2. En la excepción de «compensación» no se expusieron argumentos que
permitieran realizar una valoración jurídica o que rebatieran el análisis de la
demanda que fundamentó el mandamiento de pago frente al examen probatorio
realizado.
10.3. Respecto de la excepción de «prescripción» se demostró que la sentencia
quedó ejecutoriada el 31 de julio de 2015 y las obligaciones que impusieron se
hicieron exigibles 18 meses después, es decir, el 31 de enero de 2017, de manera
que el ejecutante contaba hasta el 31 de enero de 2022 para presentar la demanda
y, como esta fue radicada el 4 de agosto de 2017, no se configuró dicho medio
exceptivo.
10.4. Sobre las excepciones de «pago total de la obligación» y «pago total por concepto
de intereses», se demostró que, en cumplimiento de la sentencia, la UGPP expidió
la Resolución 011829 del 15 de marzo de 2016, por medio de la cual se reconoció
la pensión de jubilación en cuantía de $5.853.813.16 a partir del 1 de agosto de
2018.
10.5. En la liquidación realizada por la contadora de la Sección Segunda del
Tribunal que plasmó las sumas devengadas por el ejecutante durante el periodo a
liquidar y la tabla de conversión de dólares a pesos colombianos de los valores
pagados en esa moneda, se determinó que el ingreso base de liquidación era de
$13.209.418,60 y, con el porcentaje del 75%, la primera mesada era de
$9.907.063,95, es decir que la diferencia con lo reconocido por la entidad ascendía
5 En adelante CGP.
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Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
a $4.053.250,19. En ese sentido, el total adeudado del periodo comprendido entre
el 1 de agosto de 2008 y el 2 de agosto de 2017 era de $573.862.619,92, «valor al
cual se deb[ía] adicionar $49.738.402,43 por concepto de indexación y restar
$69.314.646,17 por descuentos en salud, dando un neto a pagar de $548.852.022,45». Por
otra parte, los intereses moratorios causados desde la ejecutoria del título hasta la
presentación de la demanda, arrojaban un total de $231.633.655,70.
10.6. La UGPP expidió la Resolución RDP 000851 el 15 de enero de 2021, por
medio de la cual se reliquidó la pensión del ejecutante en cuantía de $7.032.107 y
pagó la suma de $390.833.307,72. En esta surgió una nueva diferencia de la
primera mesada pensional de $2.874.956,95 con el valor reliquidado por el Tribunal
[$9.907.063.95].
10.7. De cualquier modo, el pago efectuado por la ejecutada [$390.833.907.72] no
cubrió la diferencia pensional causada desde 2008 hasta 2017, pues quedaba
pendiente un saldo de $158.018.714.73, «sin perjuicio de la liquidación que debe
hacerse a la fecha, por estar prolongadas las diferencias en las mesadas reconocidas y las
que efectivamente deben cancelarse».
1.5. Recurso de apelación
11. La UGPP presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia y lo sustentó en los siguientes términos:
12. No es procedente continuar con la ejecución, toda vez que el a quo tomó los
siguientes IPC iniciales que «no reposan históricamente»:
13. Sin embargo, los correctos son los que se describen a continuación:
14. Igualmente, la liquidación aplicada sobre el 75% de los factores devengados en
el último año es de «7804,149 x 75.0 = $5’853,112» [sic]; asimismo, no se indicaron
los valores tenidos en cuenta como factores salariales y tampoco el elemento
probatorio sobre el cual se basó para su determinación.
15. Debe atenderse lo dispuesto en el Decreto 311 de 1951, conforme con el cual,
las prestaciones de los empleados que hayan servido en el exterior se liquidarán y
pagarán en pesos colombianos a razón de un peso por cada dólar recibido. Esto,
en consonancia con la Ley 797 de 2003, según la cual, el cálculo del ingreso base
de cotización de los funcionarios que prestan sus servicios en la planta externa del
Ministerio de Relaciones Exteriores, se tomará como base la asignación básica
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Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
mensual y los factores salariales establecidos en las normas vigentes para los
cargos equivalentes de la planta interna.
16. En cumplimiento de la sentencia y como el ejecutante devengó su salario en
dólares, se tuvo en cuenta la tasa representativa vigente para la época, «por lo que
contrario a lo considerado por el despacho, la obligación ya se encuentra satisfecha con los
pagos realizados por parte de la entidad» [sic]; en consecuencia, no había lugar a las
diferencias pensionales por valor de $4.053.250.19 ni su actualización a la fecha de
presentación de la demanda.
17. La sentencia quedó ejecutoriada el 31 de julio de 2015 y la resolución de
cumplimiento fue expedida el 15 de marzo de 2016, por tal razón, no había lugar a
la causación de intereses moratorios, pues se tenía un término de 10 meses para
pagar la condena. Además, «cualquier modificación al cumplimiento, como consecuencia
de la reliquidación de la prestación, no constituye en mora nuevamente al deudor, en la
medida en que al realizarse la reliquidación se procede al pago de las diferencias surgidas,
junto con el pago de la indexación como en efecto sucede en este caso; Y de condenarse
al pago de intereses se condenaría [...] al pago de una obligación que no le pertenece por
falta de legitimación en causa, y al pago doble de sanción, pues debe observarse que la
indexación y los intereses moratorios tienen una misma fuente legal, consistente en impedir
la pérdida del poder adquisitivo del dinero por el paso del tiempo, por lo que solo procede
una de las dos, y para el caso de las diferencias pensionales generadas por la reliquidación
asume poder jurídico la indexación, pues las resoluciones emitidas por las entidades
públicas tienen el componente de fuerza ejecutoria, de legalidad y de buena fe, lo que
excluye el cobro de intereses.» [sic]
18. Tampoco procedía la condena en costas, comoquiera que la entidad resolvió la
solicitud del pago de la prestación y no existió temeridad o mala fe en sus
actuaciones.
1.6. Trámite de segunda instancia
19. En auto proferido el 28 de febrero de 20226 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 17 de junio de
2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La decisión fue notificada por
estado el 4 de abril de 20227.
20. Antes de que el proceso ingresara para proferir sentencia, el procurador tercero
delegado ante el Consejo de Estado presentó concepto8, en el cual solicitó que se
confirmara la sentencia de primera instancia por las siguientes razones:
20.1. Al realizar la liquidación de la condena, la UGPP no cumplió con lo ordenado
en la sentencia, comoquiera que el monto inicial reconocido es el mismo que se
indicó en el recurso de apelación. Además, la alzada no era la oportunidad procesal
para revivir debates de orden sustancial relacionados con las normas aplicables al
IBL.
6 Samai, índice 5.
7 Samai, índice 9.
8 Samai, índice 11.
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Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
20.2. No se ha dado cabal cumplimiento a la condena, razón por la cual se debe
continuar con el cobro de los intereses moratorios «a partir de la ejecutoriedad de las
respectivas sentencias, pues no basta con la expedición del acto administrativo que así lo
reconozca, sino el pago efectivo conforme a lo ordenado» (sic).
II. Consideraciones
2.1. Competencia
21. De conformidad con los artículos 443 y 446 del Código General del Proceso9,
en el proceso ejecutivo, cuando se trata del cobro de obligaciones contenidas en
una providencia, «solo podrán alegarse» las excepciones de pago, compensación,
confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, las cuales se resuelven
mediante sentencia.
22. En el caso concreto, el 17 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, entre otras cosas, resolvió declarar probada la excepción de pago
parcial y seguir adelante con la ejecución, es decir, profirió una sentencia.
23. En consecuencia, la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación
es competente para conocer del recurso de apelación presentado por la parte
ejecutada, de conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con
los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos [...]».
2.2. Cuestión previa
24. En memorial radicado el 18 de julio de 202210, la parte ejecutante solicitó que,
en cumplimiento del artículo 325 del CGP, se resolviera sobre «la enmienda al Auto
del 14 de septiembre de 2021 que equivocadamente lo concedió en el efecto suspensivo,
en lugar del devolutivo en que correspondía», situación que solo fue advertida «al
proseguirse con la actuación procesal subsiguiente en la instancia, que no depende del
recurso de apelación interpuesto».
25. El artículo 352 del CGP prevé que, cuando el juez de primera instancia deniegue
el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja para que el
superior lo conceda si fuere procedente.
26.A su turno, el artículo 615 del mismo cuerpo normativo, estableció que el
Consejo de Estado conocerá de «los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda».
9 En adelante CGP.
10 Samai, índice 14.
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Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
27. En igual sentido, de conformidad con el artículo 245 del CPACA, este recurso,
el de queja, se interpondrá cuando el de «apelación se conceda en un efecto diferente al
señalado en la ley [...]».
28. De acuerdo con lo anterior, contra el auto que concedió el recurso en el efecto
suspensivo, procedía el de queja; sin embargo, al revisar el expediente, se evidencia
que la providencia del 14 de septiembre de 2021, por la cual se concedió la
apelación, se notificó por estado al día siguiente y se remitió a esta corporación el
27 del mismo mes y año, sin que las partes presentaran objeción alguna.
29. En ese orden, como el artículo 207 del CPACA dispuso que, agotada cada etapa
del proceso, «el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean
nulidades» y que, «cuando trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas
siguientes», debe comprenderse que, para este momento procesal, la irregularidad
se encontraba saneada y, por lo tanto, que a través del escrito de «enmienda del
auto», no se podían revivir los términos, máxime si, al momento de admitir la alzada,
las partes no advirtieron la irregularidad, pues el escrito fue presentado el 27 de julio
de 202211, es decir, aproximadamente 3 meses después de adoptada la decisión
[28 de febrero de 202212].
30. En aras de la claridad, agregase a lo expuesto que, si bien el inciso final del
artículo 325 del CGP señaló que «[c]uando la apelación haya sido concedida en un
efecto diferente al que corresponde, el superior hará el ajuste respectivo y lo comunicará al
juez de primera instancia», los parágrafos 1º y 2º del artículo 243 del CPACA previeron
que «[e]l recurso de apelación contra las sentencias [...] se concederá en el efecto
suspensivo» y que, en el proceso ejecutivo, «la apelación procederá y se tramitará
conforme a las normas especiales que lo regulan», sin discriminación del medio de
control que se adelante.
31. Es decir que, conforme con el criterio vigente de esta corporación, plasmado en
el auto de unificación proferido por la Sala Plena el 12 de septiembre de 202313,
debe aplicarse la norma especial, esto es el CPACA, según el cual, el recurso
presentado contra la sentencia se concede en el efecto suspensivo, tal y como lo
dispuso el a quo en el auto del 14 de septiembre de 2021. En consecuencia, la Sala
procederá a proferir la sentencia de segunda instancia.
2.3. Problema jurídico
32. Se circunscribe a resolver los siguientes interrogantes:
32.1. ¿Debe declararse que la UGPP pagó la totalidad de la condena impuesta en
la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2012 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la cual fue confirmada por el Consejo de
Estado el 24 de junio de 2015?
11 Samai, índice 15.
12 Samai, índice 5.
13 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-15-000-2023-00857-00.
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Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
32.2. ¿Debía o no condenarse en costas a la UGPP en la primera instancia?
33. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, marco normativo y jurisprudencial del proceso
ejecutivo y del pago como forma de extinguir las obligaciones; segundo, se
determinarán las órdenes del título ejecutivo; tercero, se hará una síntesis de la
liquidación realizada por el Tribunal; y cuarto, se resolverá el caso concreto, en el
cual se examinarán todos los cargos del recurso de apelación presentado por la
UGPP.
2.4. Marco normativo y jurisprudencial
2.4.1. El proceso ejecutivo
34. El proceso ejecutivo tiene como fin que el acreedor de una obligación pueda
hacerla efectiva a través de un medio coercitivo cuando el deudor no la ha cumplido
o lo ha hecho defectuosamente.
35. Para ello, deberá contar con un título ejecutivo contenido en un documento que
incorpora una obligación expresa, clara y exigible, el cual, para el caso de la
Jurisdicción de lo contencioso – administrativo, puede encontrarse en (i) las
sentencias debidamente ejecutoriadas, mediante las cuales se condene a una
entidad pública al pago de sumas dinerarias; (ii) las decisiones en firme proferidas
en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en las que
las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero; (iii) los
contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto
administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación
o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual; y (iv) los actos
administrativos que reconozcan un derecho u obligación14.
36. En caso de que no se cumpla con la obligación o la entidad lo haga
defectuosamente, el acreedor puede acudir a través de la demanda ejecutiva para
cobrar el capital e intereses que se le adeudan. Para tal efecto, de conformidad con
el artículo 430 del Código General del Proceso, «el juez librará mandamiento
ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente,
en la que aquél considere legal». En esta etapa, se examinarán los requisitos formales
del título, los cuales podrán discutirse mediante recurso de reposición contra esa
providencia, sin perjuicio de que, si existe algún defecto, el juez pueda declararlos
de oficio en la sentencia o en el auto que ordena seguir adelante con la ejecución
[artículo 298, parágrafo del CPACA].
37. A más de lo anterior, en el mandamiento se ordenará el pago en el término de
5 días, con los intereses que se hicieron exigibles hasta que se haga efectiva la
deuda. En caso de que se trate de prestaciones periódicas, «la orden de pago
comprenderá, además de las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen, y
14 Artículo 297 del CPACA.
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dispondrá que éstas se paguen dentro de los cinco (5) días siguientes al respectivo
vencimiento» [artículo 431 del CGP].
38. De conformidad con los artículos 438 del CGP y 243 del CPACA, el
mandamiento de pago no es apelable, pero el que lo niegue total o parcialmente sí
y se concederá en el efecto suspensivo.
39. Agotada esa etapa, la entidad ejecutada podrá contestar la demanda. De
conformidad con el artículo 442 del CGP, cuando se trate «del cobro de obligaciones
contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza la
función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación,
confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos
posteriores a la respectiva providencia [...]».
40. Entonces, la ejecutada puede acudir a alguna de estas excepciones, caso en el
cual, el juez citará a las audiencias previstas en los artículos 371 y 373 del CGP y
se pronunciará mediante sentencia. Si esta es totalmente favorable al deudor se
terminará el proceso y, en caso contrario, se ordenará seguir adelante con la
ejecución, según lo previsto en el artículo 443 ibidem.
41. También puede ocurrir que la parte demandada opte por proponer otro tipo de
excepciones que no proceden al tenor del artículo 442 antes citado. En estos casos,
el juez deberá proferir un auto rechazándolas de plano, el cual es susceptible del
recurso de apelación, tal como lo establece el numeral 4 del artículo 321 del CGP
y, posteriormente, ordenará seguir adelante con la ejecución mediante auto que no
admite recurso conforme con el artículo 440 del CGP15.
2.4.2. El pago en los procesos ejecutivos como forma de extinguir las
obligaciones
42. El pago es una forma de extinción de las obligaciones, de conformidad con el
numeral 1 del artículo 1625 del Código Civil que establece:
«Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en
que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo,
consientan en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
1° Por la solución o pago efectivo;
[...]»
15 «Artículo 440. [...] Si el ejecutado no propone excepciones oportunamente, el juez ordenará, por
medio de auto que no admite recurso, el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los que
posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento
de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y
condenar en costas al ejecutado».
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43. A su vez, los artículos 1626 y 1627 ibidem prevén que el pago efectivo «es la
prestación de lo que se debe» y que se hará «bajo todos los respectos en conformidad al
tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes».
44. Es decir que este tiene como objeto que el deudor satisfaga la obligación y, por
consiguiente, que deje de existir. Del mismo modo, desaparece el derecho del
acreedor a exigirla, pero para ello, aquel [el deudor] tendrá la carga de demostrar
que, efectivamente, se entregó la acreencia.
45. Al respecto, en la sentencia del 18 de noviembre de 1991, la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo lo siguiente:
«De hecho, el artículo 1626 del C. c. define el pago como la “prestación
efectiva de lo que se debe”. Y el artículo 1627 ib. prescribe que “el pago se
hará bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación...”.
En el anterior orden de ideas, si, como ha sido dicho, la prestación a cargo
del deudor es dineraria, lo debido será dinero. De modo que solo entregando
la cantidad de signos monetarios que, con referencia a determinada unidad
de cuenta, constituyan el objeto de la prestación, el deudor quedará liberado
de la obligación. O para expresarlo con una fórmula del derecho de
obligaciones, el dinero se encontrará no solo “in solutione”, sino también “in
obligatione”».
46. Es así, entonces, que la obligación se extinguirá únicamente cuando se cumpla
en su totalidad con esta, esto es se entregue al acreedor no solo el capital, sino
también los intereses cuando exista retardo, tal como lo prevé el artículo 1649 del
Código Civil16.
2.5. El título ejecutivo
47. El título objeto de ejecución está contenido en las sentencias proferidas el 27 de
septiembre de 201217 y 24 de junio de 201518 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, respectivamente.
48. En la primera, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró y resolvió
lo que a continuación se transcribe:
«En el presente caso, el promedio de los 10 años resulta más beneficioso
para el accionante habida cuenta que durante dicho periodo, esto es, entre el
1º de agosto de 1998 y el 16 de julio de 2000 y el 2 de febrero de 2004 al 31
de julio de 2008, recibió una asignación básica que osciló entre 4.500.00 y
7.190.00 dólares, mientras que durante el último año de servicios solo percibió
una asignación básica de 7.190.00 dólares.
16 «Artículo 1649. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba,
salvo el caso de convención contraria; i sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos
especiales. El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se
deban.»
17 Samai, índice 2, archivo «ED_02ANEXOS(.PDF) NroActua 2», pág. 1 y ss.
18 Samai, índice 2, archivo «ED_02ANEXOS(.PDF) NroActua 2», pág. 27. Lo transcrito en páginas
35, 44 y 45.
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Así entonces, dada la conversión del dólar a la tasa de cambio, se puede
colegir que las normas de la Ley 100 de 1993, en cuanto a la cuantía de la
mesada pensional, resultan más favorables al demandante.
[...].
FALLA
PRIMERO.- Se declaran no probadas las excepciones de caducidad,
prescripción y falta de agotamiento del requisito de conciliación prejudicial,
propuestas por el apoderado de la entidad demandada.
SEGUNDO.- Se DECLARA la nulidad parcial de la Resolución No. 56295 del
14 de noviembre de 2008, expedida por el Gerente General de la Caja
Nacional de Previsión Social, mediante la cual se reconoció la pensión de
vejez a favor del demandante.
TERCERO.- Se DECLARA la nulidad parcial de las Resoluciones PAP
032526 del 30 de diciembre de 2010 y PAP 053966 del 19 de mayo de 2011,
proferidas por el Liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social, a través
de las cuales se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución No. 56295 del 14 de noviembre de 2008 y se adicional la
Resolución PAP 032526 de 30 de diciembre de 2010, respectivamente.
CUARTO.- Se CONDENA a la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL
– EICE en Liquidación, a reconocer y pagar a favor del señor Abelardo
Ramírez Gasca, la pensión de jubilación en una suma equivalente al setenta
y cinco (75%) del salario promedio devengado durante los diez (10) años
anteriores a la fecha de adquisición del estatus pensional, esto es, por el lapso
comprendido del 1º de agosto de 1998 al 31 de julio de 2008, a partir del 1º
de agosto de 2008, para lo cual se observará que en algunos periodos el
demandante percibió la asignación básica en dólares, sumas que se
convertirán al equivalente en pesos colombianos y a las cuales se le aplicará
el tope de veinticinco (25) salarios mínimos. Se observará para la conversión
el valor de cada moneda en el respectivo periodo devengado.
QUINTO.- Se CONDENA a la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL-
E.I.C.E en liquidación-, a reconocer y pagar a favor del señor Abelardo
Ramírez Gasca, la diferencia que resulte entre la cantidad liquidada y las
sumas canceladas por el mismo concepto.
SEXTO.- ORDÉNASE la actualización de las condenas en los términos del
artículo 178 del C.C.A., dando aplicación a la siguiente fórmula:
R = R.H. ÍNDICE FINAL
ÍNDICE INICIAL
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(R.H.), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de
mesada pensional con inclusión de los reajustes de ley, por el guarismo que
resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el
DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice
vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas.
Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se pagará
separadamente, mes por mes, para cada mesada pensional, teniendo en
cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada
uno de ellos.
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SÉPTIMO.- La entidad accionada debe descontar los aportes
correspondientes sobre los cuales no se haya efectuado deducción legal,
aclarando que dichos aportes deben ser en el porcentaje que corresponda al
trabajador, pues lo que corresponda por ese mismo concepto a la entidad
empleadora, la entidad demandada repetirá contra ella para obtener su pago.
Sumas que deben ser actualizadas aplicando la fórmula indicada en el artículo
precedente.
OCTAVO.- ORDÉNASE al ente demandado dar cumplimiento a los artículos
176 y 177 del C.C.A.
NOVENO.- Se niegan las demás pretensiones de la demanda.
[...]» [sic]
49. En la segunda, esto es la proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
de esta Corporación se resolvió confirmar la sentencia del Tribunal, con fundamento
en lo siguiente:
«3.1. En los años que regentó el cargo de Cónsul de Colombia en Sao Paulo,
además de la asignación básica, percibió prima de navidad, prima de costo
de vida y un subsidio por dependiente, en dólares19.
3.2. Durante el tiempo que desempeñó el cargo de Consejero en la Embajada
de Colombia ante el Gobierno de Cuba, además de la asignación básica,
recibió prima de navidad y prima de costo de vida, en dólares20.
[...]
En el caso bajo examen, la entidad accionada no estableció el ingreso base
de liquidación acogiendo los factores del artículo 3º de la Ley 33 de 1985, ni
lo señalado en la sentencia de unificación, sino los factores consagrados en
el Decreto 1158 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993, con lo cual
desconoce el régimen pensional aplicable al demandante, pues, sólo tuvo en
cuenta su asignación básica, soslayando que, además, percibió en dólares
prima de navidad, durante los periodos en que prestó sus servicios como
Cónsul de Colombia en Sao Paulo (2 de enero de 1998 al 16 de julio de 2000)
y como Consejero en la embajada de nuestro país ante el Gobierno de Cuba
(2 de febrero de 2004 al 31 de julio de 2008).
Igualmente, la accionada desconoció que entre agosto de 2000 y diciembre
de 2003, tiempo durante el cual el Sr. Ramírez Gasca desempeñó un cargo
en la planta interna del Ministerio, devengó -en pesos colombianos-, además
de la asignación básica, bonificación por servicios, prima de servicios, de
vacaciones y de navidad. Pues, sólo tuvo en cuenta durante este término la
asignación básica y la bonificación por servicios, dejando por fuera los otros
factores.
19 En el año 1998 y 1999 tuvo una asignación básica y prima de navidad de US$4.500. De enero a
junio de 2000 una asignación básica de US$4.500, julio US$2.400, y una prima de navidad de
US$2.250 (fols.28-29).
Nota: de agosto de 2000 a diciembre de 2003, desempeñó cargo en la planta interna y su asignación
básica fue en pesos colombianos, además, recibió bonificación por servicios, prima de servicios, de
vacaciones y de navidad, también en moneda colombiana (fols.29-30).
20 De febrero de 2004 a marzo de 2005 una asignación básica de US$6.830, abril de 2005 asignación
de US$6.902, y una prima de navidad en el 2004 de US$6.830 (fols.30-31). De mayo de 2005 a julio
de 2008 una asignación básica de US$7.190, con una prima de navidad para los años 2005, 2006 y
2007 de US$7.190, y en el 2008 de US$4.194 (fols.30-33).
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Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
Así las cosas, en aplicación del marco jurisprudencial reseñado, estima esta
Colegiatura, que la parte pasiva deberá liquidar de nuevo la pensión de
jubilación del actor, y para establecer el IBL del promedio de diez (10) años -
entre el 1º de agosto de 1998 y el 30 de julio de 2008-, deberá asumir lo que
realmente recibió el actor en dólares por asignación básica y prima de
navidad, convertidos a pesos colombianos a la tasa representativa del
mercado, vigente para la época; y lo que entre agosto de 2000 y diciembre de
2003 recibió en pesos colombianos, por concepto de prima de servicios, de
vacaciones y de navidad, conforme certificación expedida por el Coordinador
de Nómina y Prestaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde
aparecen relacionados los conceptos salariales devengados por el actor [...].
Pero, aclara la Sala, la prima de costo de vida y el subsidio por dependiente,
que también recibió en dólares el demandante, durante el tiempo que
desempeñó cargos en la planta exterior, NO deben ser tenidos en cuenta para
liquidar su prestación pensional, porque no constituyen factor salarial para
ningún efecto legal, tal y como se desprende de los Decretos 42 de 1998, 60
de 1999 y 2078 de 2004 [...].
[...]
Así pues, se reitera, debe entenderse que la mesada pensional mensual que
arroje la liquidación de la pensión del actor, no puede superar el monto de los
25 SMLMV, pero, no debe conjeturarse que ese límite es con respecto al
monto de lo que devengó en dólares el demandante, convertidos a pesos
colombianos.» [sic]
50. La anterior decisión quedó ejecutoriada el 31 de julio de 201521.
51. Como se observa, en el título ejecutivo se ordenó liquidar la pensión con los
siguientes parámetros:
51.1. Con una tasa de reemplazo del 75% del salario promedio devengado durante
los 10 años anteriores a la fecha del estatus pensional, comprendidos entre
el 1 de agosto de 1998 y el 31 de julio de 2008. La pensión se debía reconocer
a partir del 1 de agosto de 2008.
51.2. Se debía tener en cuenta que el demandante (i) entre agosto de 2000 y
diciembre de 2003, desempeñó un cargo en la planta interna y devengó
asignación básica, bonificación por servicios y las primas de servicios,
vacaciones y navidad; y (ii) desde 1998 hasta el 16 de julio de 2000 y,
después, desde el 2 de febrero de 2004 hasta el 31 de julio de 2008, devengó
la asignación básica y la prima de navidad en dólares, razón por la cual se
debía asumir lo que realmente recibió con la conversión en pesos
colombianos.
51.3. Se debía pagar la diferencia resultante entre la cantidad liquidada y las sumas
pagadas por el mismo concepto.
21 Samai, índice 2, archivo «ED_02ANEXOS(.PDF) NroActua 2», pág. 50.
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51.4. Aunque en la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia se indicó
que a las sumas resultantes de la conversión de dólares a pesos colombianos
se les aplicaría el tope de 25 SMLMV22, en la sentencia de segunda instancia
se puntualizó que debía entenderse que la mesada pensional no podía ser
superior a ese mismo límite, pero no debía conjeturarse que aquel [el límite]
«[era] con respecto al monto de lo que devengó en dólares el demandante».
51.5. Para realizar la liquidación de la pensión, se debía atender la certificación
expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que aparecían
relacionados los conceptos salariales devengados por el actor.
51.6. Para la actualización de la condena, se utilizaría la fórmula adoptada por esta
corporación, esto es: el valor histórico multiplicado por el IPC final dividido el
IPC inicial certificado por el DANE.
2.6. La liquidación realizada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
52. En la liquidación que sirvió de soporte al mandamiento de pago y, después, a la
sentencia de primera instancia, se establecieron los valores adeudados por la
UGPP, así:
52.1. Calculó el IBL23 con los factores devengados en los últimos 10 años de
servicio. Para tal efecto, relacionó, año a año [1998 a 2008], los factores
certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y determinó: el número
de días, los salarios mensual, diario y anual, el promedio diario y el promedio
mensual. Las primas y las bonificaciones, se relacionaron en los meses en
que fueron devengadas.
52.2. A continuación, con la fórmula adoptada por esta corporación (R=Rh*IPC
final / IPC inicial), indexó el sueldo promedio mensual y calculó el salario
anual [actualizado por el número de días, dividido en 30]. Para realizar dicha
operación aritmética, utilizó los siguientes IPC inicial y final:
Año IPC inicial IPC final
1998 44,716 92,87
1999 52,185 92,87
2000 57,002 92,87
2001 61,989 92,87
2002 66,729 92,87
2003 71,395 92,87
2004 76,029 92,87
2005 80,209 92,87
2006 84,103 92,87
2007 87,869 92,87
2008 92,872 92,87
22 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
23 Ingreso base de liquidación.
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52.3. Procedió a sumar el «salario anual». Este total lo dividió en 3600 días y lo
multiplicó por 30. Luego aplicó el 75%, lo cual arrojó una mesada pensional
de $9.907.063,95.
52.4. Después, en la misma tabla, (i) tomó el valor de la mesada para 2008
[$9.907.063,95] y aplicó los incrementos con el IPC, año a año, hasta el 2 de
agosto de 2017 [fecha de radicación de la demanda]. Para 2009 en adelante,
utilizó la siguiente fórmula: valor de la mesada del año anterior x (1 + el
porcentaje de variación anual certificada por el DANE) y el mismo ejercicio lo
hizo con la mesada reconocida por la UGPP24; (ii) determinó la diferencia; y
(iii) esta última la multiplicó por el número de mesadas y después sumó todos
los valores, lo cual dio como resultado $573.862.619,92.
52.5. Posteriormente, indexó las mesadas pensionales [incluida la adicional], mes
a mes y, a los valores indexados, aplicó el descuento a salud. Las
operaciones matemáticas se hicieron así:
i. Primer periodo: desde el 1 de agosto de 2008 hasta el 31 de julio de 2015
[fecha de ejecutoria de la sentencia]: subtotal de diferencias
[$424.764.457,32] + indexación [$49.738.402,43] = $474.502.859,76,
suma a la que se le restó el total de descuentos a salud [$52.693.806,84],
en la que se obtuvo como resultado $421.809.052,91.
ii. Segundo periodo: desde el 1 de agosto de 2015 [día siguiente a la
ejecutoria] hasta el 2 de agosto de 2017 [día de radicación de la demanda]:
subtotal de diferencias [$143.663.808,86] menos los descuentos a salud
[$16.620.839,32] = $127.042.969,54.
iii. Total del retroactivo de las diferencias pensionales: se hizo la sumatoria
del subtotal de diferencias [$424.764.457,32 + $143.663.808,86] que
arrojó $568.428.266,18. A este se le sumó la indexación del primer
periodo [$49.738.402,43] obteniendo $618.166.668,62 y, a su vez, a esta
última se le restó el total de descuentos a salud [$69.314.646,1725], en la
que se obtuvo como resultado final $548.852.022,45.
52.6. Una vez determinado lo anterior, se liquidaron los intereses causados desde
el 1 de agosto de 2015 hasta el 2 de agosto de 2017, y como resultado la
suma de $231.633.655,70, los cuales se sumaron al total de las diferencias
adeudadas [$548.852.022,45].
53. El resumen de la liquidación fue plasmado en la siguiente tabla:
«[...]
24 En la liquidación se anotó que se trataba de la «Resolución PAP032526»; sin embargo, el valor
de la mesada corresponde a la Resolución RDP 011829 del 15 de marzo de 2016 [$5’583.813,76].
25 $52.693.806,84 del primer periodo + $16.620.839,32 del segundo periodo.
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Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
[...]»
2.7. Análisis de la Sala, caso concreto
2.7.1. El soporte de la liquidación realizada por el Tribunal
54. Uno de los argumentos expuestos por la entidad ejecutada se contrajo a que en
la liquidación realizada por el a quo no se estableció «qué valores tuvo en cuenta como
factores salariales ni mucho menos el elemento probatorio sobre el cual se basó para su
determinación» [sic].
54.1. En el expediente reposa la certificación expedida el 7 de septiembre de 2015
expedida por el director de talento humano del Ministerio de Relaciones exteriores,
en la cual se observa que el ejecutante prestó sus servicios en los siguientes cargos:
Planta Acto Cargo Factores devengados Moneda
Administrativo
Decreto 1800/97 Cónsul general, − Asignación básica
grado ocupacional 4 − Prima de navidad
Externa EX en el Consulado Dólares
General de
Colombia en Sao
Paulo, Brasil
Decreto 468/00. Consejero de − Asignación básica
Posesión: relaciones exteriores − Bonificación de servicios
Interna 17/07/2000 2091-17. − Prima de servicios Pesos
Decreto 1083/01 Ministro consejero − Prima de vacaciones colombianos
− Prima de navidad
Decreto 3328/03 Consejero grado 4 − Asignación básica
Externa Posesión: EX, en la Embajada − Prima de navidad Dólares
2/04/2004 de Colombia ante el
gobierno de Cuba.
54.2. Además, en dicho documento se señalaron: (i) en pesos colombianos, los
salarios que devengó en la planta interna; y (ii) cuando ejerció en la planta externa,
lo devengado en dólares, la tasa de cambio, el equivalente en pesos, el sueldo
semejante en planta interna y, a partir de mayo de 2004, el «I.B.C. según sentencia
C-173/04». Ello, bajo la anotación de que «para efectos de realizar la conversión, se
tomó la tasa de cambio vigente al momento de liquidar la nómina, suministrada por el Banco
de la República a la Dirección Administrativa y Financiera de este Ministerio».
54.3. Al revisar la liquidación efectuada por el a quo, observa la Sala que los
salarios tenidos en cuenta para calcular la primera mesada pensional fueron los
reportados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el documento antes
referido, razón por la cual, sin mayor elucubración, se colige que, de las pruebas, sí
puede extraerse el soporte de los cálculos matemáticos efectuados.
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Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
2.7.2. Revisión de las liquidaciones
55. En el recurso de apelación, la UGPP sostuvo que «la obligación ya se encuentra
satisfecha con los pagos realizados por parte de la entidad», toda vez que: (i) la ley reguló
el IBC a 25 smlmv26 para los trabajadores del sector público y privado; (ii) «el régimen
de cotizaciones aplicable a los servidores y ex servidores que han prestado sus servicios
en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, es el regulado para la
generalidad de los afiliados al Sistema de Seguridad Social en pensiones, contenido en la
Ley 100 de 1993»; (iii) de conformidad con lo ordenado en la sentencia, se tuvo en
cuenta la tasa representativa del dólar para la época; y (iv) el a quo utilizó un IPC
que no reposa históricamente.
56. Para resolver estos cargos de alzada, se procederá a determinar las diferencias
en las liquidaciones realizadas tanto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
como por la UGPP.
2.7.2.1. Liquidación de la UGPP
57. En el expediente se encuentra demostrado que los actos administrativos que
fueron anulados por el juez de conocimiento del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dispusieron lo siguiente: (i) Resolución 56295 del 14
de noviembre de 2008: reconocer la pensión a favor del ejecutante en cuantía de
US$4.267.73 a partir del 1 de mayo de 2007, condicionada al retiro27; y (ii)
Resolución PAP 032526 del 30 de diciembre de 2010: modificar la anterior en el
sentido de indicar que la cuantía a reconocer era de $5.853.813.76, efectiva a partir
del 1 de agosto de 200828.
58. Por su parte, en la Resolución RDP 011829 del 15 de marzo de 2016, por la
cual se dio cumplimiento a la sentencia, se calculó la mesada con la inclusión de la
asignación básica mensual y la bonificación por servicios prestados, sin las primas
de servicios, vacaciones y navidad, a pesar de que fueron ordenadas en el título.
Según la liquidación de la entidad, la cuantía de la mesada era de $5.853.112, razón
por la cual señaló lo que a continuación se transcribe:
«Que esta entidad da estricto cumplimiento al fallo y la liquidación anterior se
efectúa conforme los lineamientos dados en el mismo, pero toda vez que la
cuantía arrojada es inferior a la ya reconocida mediante Resolución No. PAP
032526 del 30 de diciembre de 2010, se liquidará la pensión en la suma de
$5.853.813.76 M/cte» [se subraya].
59. Como se observa, al ser inferior el valor de la mesada reliquidada, la entidad
ejecutada resolvió mantener el valor de la reconocida en la Resolución PAP 032526
del 30 de diciembre de 2010, esto es $5.853.813,76.
26 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
27 Samai, índice 2, archivo «ED_02ANEXOS(.PDF) NroActua 2», pág. 79.
28 Samai, índice 2, archivo « ED_15EXPEDIENTEADMINIS(.ZIP) NroActua 2», archivo de carpeta
zip «60-Resoluciones que resuelve de fondo la petición-Causante.PDF».
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2.7.2.2. Liquidación del Tribunal
60. Como supra se reseñó [§ 51.1 a 51.6], la pensión debía liquidarse con una tasa
de reemplazo del 75% con la inclusión de la asignación básica, bonificación por
servicios, primas de navidad, servicios y vacaciones devengadas en los últimos 10
años de servicio. En efecto, así fue liquidado por el a quo, pero en los cálculos
matemáticos se encuentran las siguientes falencias:
60.1. El interregno a liquidar, esto es los últimos 10 años de servicios
comprendidos entre el 1 de agosto de 1998 y el 31 de julio de 2008, están
compuestos por 2 fracciones de tiempo que completan una anualidad, es decir, de
agosto a diciembre de 1998 y de enero a julio de 2008.
60.2. Sin embargo, para el año 2000, el ejecutante laboró en la planta externa del
1 de enero al 16 de julio y, en la planta interna del 17 de julio hasta el 31 de
diciembre, pero en la liquidación se calcularon 15 días en cada fracción de tiempo.
60.3.Conforme con la certificación que sirve de base para liquidación, el ejecutante
devengó lo siguiente:
Fracción de tiempo Concepto Valor
1 1 a 16 de julio de 2000 Asignación básica $5.184.000
(planta externa) Prima de navidad $4.905.000
Total29: $10.089.000
2 17 a 31 de julio de 2000 Asignación básica $885.634,67
(planta interna)
60.4. Nótese que el documento reseñado certificó el valor devengado por la
fracción de tiempo en cada una de las plantas; ello se comprueba con la
comparación de los salarios de los demás meses: por ejemplo, en la planta externa,
el salario oscilaba entre 8 y 9 millones30 y, en la interna, era de $1.660.56531.
29 Suma de la asignación básica y de la prima de navidad del 1 al 16 de julio de 2000.
30 Como se observa en la certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores:
31 Según la certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores:
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60.5. En efecto, estas fueron tenidas en cuenta en la liquidación, tan solo que, en
la primera fracción no discriminó el salario y la prima de navidad, sino que consignó
el total, esto es $10.089.000; la segunda fracción se dejó incólume [$885.634,37].
Los defectos que encuentra la Sala consisten, de un lado, en que se certificó el
salario según los días laborados en julio, razón por la cual, al calcular el salario
diario, no podía tomar dicha suma y dividirla en 30 como si se tratara de la
asignación básica del mes completo. Esto influyó en el valor del salario anual, por
cuanto, al calcularlo, tomó el diario y lo multiplicó por 15.
60.6. De otro lado, el Tribunal calculó la doceava de la prima de navidad, pero pasó
por alto que lo pagado correspondía a la proporción de lo laborado en cada planta.
Lo correcto era sacar la proporción de cada uno de los periodos: (i) de 1 de enero a
16 de julio de 2000 laboró 6.53 meses y; (ii) del 17 de julio al 31 de diciembre 5.47
meses.
60.7. Lo mismo ocurrió para el año 2004: el ejecutante laboró en la planta interna
hasta el 1 de febrero y, a partir del día siguiente, en la planta externa. Según la
certificación, el único día de febrero que laboró en la interna devengó $81.063,6032;
no obstante, el a quo dividió esta suma en 30 para calcular el «salario diario», como
si se tratara del mes completo.
60.8. En lo que respecta a la prima de navidad por haber laborado en la planta
externa, se observa que se pagó la suma de $17.587.250, igual que el salario de
noviembre [como si hubiera laborado todo el año], razón por la cual, se debe calcular
la doceava.
60.9. Para el año 2008, concretamente en la asignación de marzo, se observa un
error de digitación, comoquiera que el salario certificado era de $13.265.550 y no
de $12.265.550. En lo que respecta a la prima de navidad, no encuentra la Sala
variación alguna, pues se certificó en proporción a lo laborado [enero a julio].
61. Ahora, en el recurso de apelación, la UGPP sostuvo que, para actualizar a
200833 lo devengado en los últimos 10 años de servicio, el a quo tomó índices que
no reposaban históricamente.
61.1. En términos del Banco de la República, «[e]l valor actual de un peso permite
conocer su poder adquisitivo. Es decir, muestra el cambio del valor del dinero en el tiempo,
convirtiendo pesos colombianos de una fecha del pasado a valor presente o a valor de una
fecha específica»34.
61.2. Para realizar las actualizaciones de las sumas, debe tenerse presente que el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993 estableció que el ingreso base de liquidación [IBL],
corresponde «al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión o, en todo el tiempo
32 Pues ello se comprueba porque el salario de enero fue de $2.431.908.
33 Fecha de reconocimiento de la pensión
34 Consulta en la página web del Banco de la República. Enlace: http://surl.li/prjrk
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si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE».
61.3. Dicho departamento establece el IPC de dos formas: con la serie de empalme
y la variación porcentual. La primera corresponde a las «series de número índices que
se llevaron a una misma escala o periodo base para hacerlas comparables en el tiempo»35,
mientras que la segunda es «la variación promedio de precios que se obtiene como el
relativo de un número índice en dos periodos de tiempo» y se diferencia de aquella en
que en esta se plasma el total del año corrido36.
61.4. A partir de dichos reportes, se han establecido 2 métodos para calcular el
promedio de los últimos 10 años que refiere el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
Estos fueron explicados por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la
sentencia proferida el 28 de mayo de 201437 así:
«a) Con base en la variación porcentual del Índice Nacional de Precios al
Consumidor certificado por el DANE para el año calendario inmediatamente
anterior, es decir, incrementando anualmente los ingresos bases de
cotización hasta llegar a la fecha de la última cotización realizada [operación
que se realiza con el certificado Índice de Precios al Consumidor (IPC) –
(variaciones porcentuales)].
b) Multiplicando el salario base de cotización por el guarismo que resulte de
dividir el índice final de precios al consumidor del acumulado a diciembre de
la anualidad anterior a la fecha de causación de la pensión entre el índice
inicial del acumulado al mismo mes de la anualidad anterior a la fecha de
cotización de cada salario base [operación que se realiza con el certificado de
Índice de Precios al Consumidor (IPC) – Índices –Serie de empalme)].
Cabe anotar que independientemente del método que se utilice para
actualizar los salarios base de cotización, siempre que sean aplicados
correctamente, arrojan el mismo resultado; pues, la diferencia entre uno y otro
radica en que el segundo permite la actualización en un solo paso, es decir,
no es necesario realizar cálculos de actualización de cotizaciones de cada
anualidad, como ocurre con el primer método.»
61.5. De acuerdo con lo transcrito, la actualización de las sumas se puede hacer
con cualquiera de los índices, es decir, con la serie de empalme [mensual] o la
variación porcentual [año a año]; sin embargo, para cada una se deberá tomar una
fórmula matemática diferente: (i) serie de empalme: renta actualizada = renta inicial
x (IPC final / IPC inicial); (ii) variación porcentual: renta actualizada = renta inicial x
(1 + tasa de variación del IPC38)39.
61.6. Para realizar cualquiera de las operaciones aritméticas antes descritas, debe
tenerse en cuenta que el DANE adelanta con regularidad la «revisión del IPC con el
fin de incorporar variantes metodológicas y de funcionamiento que hagan la producción
estadística del índice más completa y acorde con los nuevos desarrollos que en esta
35 Consulta en la página web del DANE. Enlace: http://surl.li/prjrp.
36 Ibidem.
37 Radicación 42075, SL6916-2014, MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
38 Que corresponde al año corrido de la anualidad inmediatamente anterior.
39 Banco de la República. Enlace de consulta: http://surl.li/prjrk.
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materia aportan los sistemas estadísticos más avanzados», razón por la cual, «el IPC [es]
actualizado máximo cada diez años»40, lo cual se refleja en la base del índice.
61.7. En efecto, en las tablas que reportan el IPC, ya sea en serie de empalme o
variaciones porcentuales, se observa que la base que determina los índices puede
ser de «1998 = 100», «2008 = 100» o «2018 = 100». Al respecto, la doctrina ha
señalado lo siguiente41:
«De acuerdo con las recomendaciones y estándares internacionales, el IPC
debe ser actualizado cada diez años. En cumplimiento de estos estándares,
el DANE realizó la actualización del IPC para Colombia en los años 2006 y
2007 (IPC-2008) y en los años 2016-2017 (IPC-2018). El DANE sigue las
recomendaciones de los organismos internacionales (FMI, Naciones Unidas,
OIT, entre otros). [Se resalta]
61.8. Ello resulta determinante para establecer el origen de los datos que se
reportan en la fórmula, pues los índices varían según la base de que se trate, pero,
de cualquier modo, el resultado es el mismo. A título de ejemplo: se pretende
actualizar la suma de $100.000 desde el 1 de febrero de 2003 al 1 de febrero de
2008; para ello, se utilizaría el IPC - serie de empalme con los siguientes índices:
Base del IPC Valor a indexar IPC inicial IPC final Salario actualizado
1998 = 100 $100.000 139,95562 182,56344 $ 130.443,81
2008 = 100 $100.000 73,03558 95,27039 $ 130.443,81
2018 = 100 $100.000 50,98000 66,50000 $ 130.443,31
61.9. Los índices, como supra se advirtió, corresponden a los reportados por el
DANE y pueden ser consultados en su página web oficial, como en la del Banco de
la República42; la única diferencia radica en la cantidad de decimales que se
incluyen, pero son los mismos.
61.10.Esclarecido lo anterior, esto es que (i) para la actualización de los 10 años se
puede utilizar el IPC – serie de empalme o IPC – variaciones porcentuales; y (ii) los
datos dependerán de la base que se tome, encuentra la Sala lo siguiente:
i. En la Resolución RDP 011829 del 15 de marzo de 2016 se estableció el valor
acumulado de los factores devengados y el IBL actualizado; para tal efecto,
la UGPP acudió a los IPC – variaciones porcentuales, es decir, actualizó las
sumas año a año con la base 1998 = 100 y la fórmula antes referida [§61.5].
40 DANE, Metodología Índice de Precios al Consumidor. 2009. Enlace de consulta:
https://microdatos.dane.gov.co/catalog/46/download/461/Metodologia_indice_de_precios_al_consu
midor.pdf.
41 Cadavid Herrera José Vicente, Botero García, Jesús Alonso. Conceptos y metodología de la
medición económica. Universidad EAFIT, 2022.
42 En la cual se consigna la siguiente anotación: «De acuerdo con el literal j) del artículo 2 del Decreto
3167 de 1968 le corresponde al DANE “Establecer índices de precios a nivel del productor, del
distribuidor y del consumidor (…)”, y el literal i) del numeral 1 del artículo 2 del Decreto 262 de 2004
según el cual el DANE debe “certificar la información estadística, siempre que se refiera a resultados
generados, validados y aprobados por el Departamento”.»
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Ello se verifica, por ejemplo, con lo siguiente: según el acto administrativo, el
valor del IBL de la asignación básica para 1998 era de $20.382.600 el cual,
actualizado ascendía a $42.330.719. Al aplicar los mismos datos e índices
señalados por la entidad a la fórmula correspondiente a las variaciones
porcentuales, arroja el mismo resultado:
Variación
Año anual del 1998
IPC43
1998 $20.382.600,00
1999 16,70% $23.786.494,2044
2000 9,23% $25.981.987,61
2001 8,75% $28.255.411,53
2002 7,65% $30.416.950,51
2003 6,99% $32.543.095,35
2004 6,49% $34.655.142,24
2005 5,50% $36.561.175,07
2006 4,85% $38.334.392,06
2007 4,48% $40.051.772,82
2008 5,69% $42.330.718,6945
ii. Por su parte, el Tribunal utilizó los IPC – serie de empalme, es decir que, para
el índice final tomó el de diciembre de la anualidad anterior (200746) y, para
el índice inicial, el acumulado al mismo mes de la anualidad anterior, esto es
para 2007: diciembre de 2006, para 2006: diciembre de 2005 y así hasta el
año 2003. Todos estos con la base 2008 = 100.
61.11. Entonces, aunque la liquidación del Tribunal no consignó detalladamente la
fuente de los datos que reportó en la liquidación, no puede afirmarse que estos no
«no repos[a]n históricamente». El a quo tomó una fórmula diferente para actualizar las
sumas (IPC final / IPC inicial), la cual también era válida al tenor de la jurisprudencia
supra citada. De ello se sigue que no solo los índices indicados por la entidad sean
los «correctos», pues corresponden a las variaciones porcentuales anuales y se
aplican con una fórmula diferente, pero que arroja idéntico resultado siempre que
se tome la misma base. En consecuencia, el cargo de alzada no está llamado a
prosperar.
62. Otra de las objeciones de la UGPP consistió en lo siguiente:
«De otro lado, a efectos de la liquidación, debe tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto 311 de 1951, en el que se establece que las prestaciones
sociales de los empleados que hayan servido en el exterior que se liquidaran
y pagaran en pesos colombianos a razón de un peso por cada dólar recibido.
En consonancia con lo anterior, la Ley 797 de 2003, dispuso una nueva regla
referente a la forma de calcular los aportes al Sistema General de Seguridad
43 Enlace de consulta:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ipc/dic08/IPC_Variacion.xls?phpMyAdmin=a9ticq8rv1
98vhk5e8cck52r11
44 La fórmula utilizada fue: el valor de 1998 x (1 + la variación porcentual de 1999), es decir,
$20.382.600 x (1 + 16,70%), Del mismo modo en los años posteriores.
45 Que, al aproximarse, sería de $42.330.719.
46 Porque la actualización se hace hasta el 2008.
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Social en pensiones, en relación con los servidores del Ministerio de
Relaciones Exteriores que prestaban sus servicios en la planta externa
señalando en su parágrafo primero que para efectos del cálculo del ingreso
base de cotización de los funcionarios que prestan sus servicios en la planta
externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, se tomará como base la
asignación básica mensual y los factores salariales establecidos en las
normas vigentes para los cargos equivalentes de la planta interna».
62.1. Lo primero que ha de advertirse es que el proceso ejecutivo no es el
escenario para debatir temas o normas aplicables al derecho pensional del
ejecutante que ya fueron zanjados por el juez de la nulidad y el restablecimiento del
derecho, argumento que sería suficiente para desestimar el cargo de apelación. No
obstante, en aras de la claridad, del título ejecutivo se extrae que el tope al que
alude la entidad ejecutada sí fue objeto de análisis.
62.2. En la sentencia de primera instancia, se condenó a la extinta Cajanal a
reliquidar la pensión, para lo cual se observaría que, en algunos periodos, el
demandante percibió la asignación básica en dólares, sumas que se convertirían al
equivalente en pesos colombianos y a las cuales se les aplicaría «el tope de
veinticinco (25) salarios mínimos».
62.3. Sin embargo, en la sentencia de segunda instancia proferida por esta
corporación, se precisó lo que a continuación se transcribe:
«3. La parte activa en su apelación adhesiva, estima que debe suprimirse del
numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal, la expresión “a las
cuales se les aplicará el tope de veinticinco (25) salarios mínimos, porque -sostiene-
da a entender que ese tope es sobre los ingresos devengados.
Si bien pudo faltar un poco de claridad en la redacción del aludido numeral,
esta Sala aprecia que no hay lugar a la supresión solicitada, sino a aclarar
que dicha expresión está referida y debe ser entendida con respecto del
monto de la mesada pensional, una vez sea reliquidada, y no a lo
devengado por el actor, pues, de la lectura del artículo 18 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 5º de la Ley 797 de 2003 que, a su vez, fue
reglamentado por el artículo 3º del Decreto 510 de 2003, se obtiene que el
tope de 25 SMLMV es con relación al ingreso base de cotización y al monto
de la mesada pensional.
[...]
Así pues, se reitera, debe entenderse que la mesada pensional mensual que
arroje la reliquidación de la pensión del actor, no puede superar el monto de
los 25 SMLMV, pero, no debe conjeturarse que ese limite es con respecto al
monto de lo que devengó en dólares el demandante, convertidos a pesos
colombianos.» [Se resalta] [sic].
62.4. De acuerdo con lo puntualizado en el título, no encuentra la Sala ningún
reparo a las sumas tenidas en cuenta por el a quo para realizar la liquidación, pues,
aunque en la certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores se
consignó tanto el equivalente en pesos como el «I.B.C. según sentencia C-173/04», lo
correcto era tomar el primero, tal como lo hizo. Por esta razón, este cargo de
apelación tampoco está llamado a prosperar.
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62.5. Finalmente, en lo que respecta a la afirmación de que «se tuvo en cuenta la
tasa representativa para la época», se observa que en la sentencia se consideró una
certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores; no obstante, dicha
providencia data del 24 de junio de 2015 y la certificación que se adjuntó a la
demanda ejecutiva es del 7 de septiembre de 2015. Además, aunque en el
expediente administrativo reposa otro documento47, también expedido por la misma
cartera ministerial, en su contenido no se plasmó la tasa representativa tenida en
cuenta. De ahí que no se pueda establecer cuáles fueron los valores atendidos por
la UGPP en la Resolución RDP 011829 del 15 de marzo de 2016 y tampoco las
tasas representativas. Este argumento tampoco prospera.
2.7.3. Liquidación de la Sala
63. Al realizar la liquidación y determinar el IBL actualizado, así como el monto de
la mesada pensional para el año 2008, encuentra la Sala que esta asciende a
$9.120.006,97 y genera una diferencia de $3.266.193,21 con la calculada por la
UGPP en la Resolución RDP 0011829 de 2016 [que era de $5.853.813,76].
64. Para calcular esa diferencia y el valor adeudado por la entidad, se hizo el cálculo
completo de la prestación que se anexa a esta sentencia y en la que se identifican
las operaciones aritméticas en tablas debidamente numeradas. Entonces:
65. Teniendo en cuenta los cálculos de los salarios y primas48 devengados entre el
1 de agosto de 1998 y el 31 de julio de 2008, los totales anuales devengados con
las doceavas49 correspondientes para cada prestación, son los siguientes [Anexo,
tabla 1]:
Año Total anual
1998 $ 35.107.500,00
1999 $ 96.011.250,00
2000 $ 69.591.009,49
2001 $ 25.396.362,42
2002 $ 27.248.842,17
2003 $ 28.402.695,08
2004 $ 202.129.592,39
2005 $ 198.829.397,54
2006 $ 205.250.437,47
2007 $ 181.336.593,33
2008 $ 95.399.316,67
66. A continuación, esos totales deben ser actualizados a 2008, fecha de
reconocimiento del derecho. Para tales efectos, la Sala acudió a la misma fórmula
47 Samai, índice 2, archivo zip «ED_1019054598EXPEDIEN(.ZIP) NroActua 2»; archivo de la
carpeta: « 17-Certificado de información laboral-Causante».
48 De conformidad con el artículo 32 del Decreto 1045 de 1978, la prima de navidad se paga en la
primera quincena de diciembre y será equivalente a un mes de salario que corresponda con el cargo
desempeñado a 30 de noviembre de cada año. En efecto, la suma pagada es idéntica a la devengada
en noviembre de 1998.
49 De conformidad con la jurisprudencia de esta corporación, «tanto la bonificación por servicios
prestados, como las primas de vacaciones, servicio y navidad, son de causación anual y por ende,
[...] su inclusión para cómputo de pensión se da en una doceava parte y no en un 100% de lo
devengado por tales conceptos».
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utilizada por la UGPP, esto es renta actualizada = renta inicial x (1 + tasa de
variación del IPC) con los índices de la base 1998 = 100. El resultado de la
actualización es el siguiente [Anexo, tabla 2]:
Año Total anual
1998 $ 72.911.488,55
1999 $ 170.862.724,92
2000 $ 113.379.988,10
2001 $ 38.047.447,02
2002 $ 37.921.719,73
2003 $ 36.945.056,48
2004 $ 246.898.161,77
2005 $ 230.205.710,85
2006 $ 226.647.614,95
2007 $ 191.654.645,49
2008 $ 95.399.316,67
Total $1.460.873.874,52
67. A partir de ese total, $ 1.460.873.874,52, se determina el valor de la primera
mesada para el año 2008. Para ello, se divide por 3600 [días que corresponden a 10
años] y se multiplica por 30 [que serían los meses], ello arroja el valor de
$12.173.948,95. A su vez, con esta última se determina el 75%, lo que da como
resultado $ 9.130.461,72. Este sería el valor de la mesada reliquidada [Anexo, tabla
2].
68. Ahora bien, en el título ejecutivo se dispuso que se debía «reconocer y pagar a
favor del señor Abelardo Ramírez Gasca, la diferencia que resulte entre la cantidad
liquidada y las sumas canceladas por el mismo concepto».
68.1. Como se ha señalado, en la Resolución RDP 011829 del 15 de marzo de
2016 la mesada reconocida para 2008 fue de $5.853.813,76, frente a la cual se
deben establecer las diferencias causadas desde el 1 de agosto de esa anualidad50
hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, esto es 31 de julio de 2015. Para este
cálculo, a la par se indexó la mesada reliquidada con la de la entidad y se realizó
con el IPC – variaciones porcentuales [año a año], así como con los índices de la
base 2008 = 100. Las diferencias son las siguientes [Anexo, tabla 3]:
Año Diferencia
2008 $ 3.276.647,9651
2009 $ 3.527.966,85
2010 $ 3.598.526,19
2011 $ 3.712.599,47
2012 $ 3.851.079,43
2013 $ 3.945.045,77
2014 $ 4.021.579,66
2015 $ 4.168.769,47
2016 $ 4.450.995,17
2017 $ 4.706.927,39
50 Fecha a partir de la cual se reconoció el derecho.
51 Resulta de la resta entre $ 9.130.461,72 y $5.853.813,76.
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68.2. Calculadas las diferencias que se causaron año a año, se da cumplimiento al
título ejecutivo en lo concerniente a la actualización de las mesadas. La orden
consistió en aplicar la fórmula valor histórico x (IPC final / IPC inicial). Para esto, se
tomaron los índices para cada mes de la base 2008 = 10052. Ello arrojó un total
adeudado de diferencias indexadas [incluidas las adicionales] de $ 383.270.527
[Anexo, tabla 4].
68.3. Una vez determinado lo anterior, en cumplimiento del ordinal séptimo de la
sentencia objeto de ejecución, deben descontarse los aportes a salud, actualizados.
Para ello, se toma cada diferencia indexada y se extrae (i) el 12.5% desde agosto
hasta noviembre de 2008 [Ley 1122 de 200753]; y (ii) el 12% a partir de diciembre
de 2008 [Ley 1250 del 27 de noviembre de 200854]. Esto arroja un total de
descuentos de $ 45.992.463.
68.4. Entonces, al restarse al valor mensual de las diferencias por concepto de
aporte a salud, resulta el neto a pagar, que asciende a $ 334.165.015.
68.5. Debe precisarse nuevamente que, si bien con la Resolución RDP 011829 del
15 de marzo de 2016, la UGPP pretendió dar cumplimiento al título ejecutivo, lo
cierto es que en este acto administrativo consideró que la mesada era menor y, por
eso, mantuvo la que había sido reconocida con la Resolución PAP 032526 de 2010
[$5.853.813,76]; de ahí que en el cálculo aportado por la UGPP la liquidación reporte
0.0055 y, en la demanda, el ejecutante haya manifestado que no se le había pagado
suma alguna.
68.6. En ese orden, también deben calcularse los descuentos por concepto de
salud [con el 12%] sobre las diferencias de las mesadas causadas desde el 1 de
agosto de 2015 [día siguiente a la ejecutoria de la sentencia] hasta el 3 de febrero
de 2017 [fecha de radicación de la demanda]. En esta oportunidad no se hace la
indexación con el IPC – serie de empalme, en razón a que deben calcular los
intereses moratorios ordenados en la sentencia. Esto arroja un subtotal neto a pagar
de $ 116.137.840,88, al cual se le debe restar el de los descuentos por concepto de
salud [$ 13.936.540,91], lo que da $ 102.201.299,98. Al sumar los subtotales, arroja
un total a pagar de $ 439.479.363,52. Este último era el monto adeudado por capital,
sin perjuicio de que, al momento de liquidar el crédito56, el Tribunal actualice la
condena al calcular las diferencias causadas con posterioridad.
52 Consultados en la página web del Banco de la República.
53 «Artículo 10. Modifícase el inciso 1° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones. La cotización al Régimen Contributivo de
Salud será, a partir del primero (1°) de enero del año 2007, del 12,5% del ingreso o salario base de
cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo.»
54 «Artículo 1. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 204 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007, el cual se entenderá incluido a continuación del actual inciso
primero, así:
"Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones
(…)
"La cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados será del 12% del ingreso
de la respectiva mesada pensional", la cual se hará efectiva a partir del primero de enero de 2008"»
55 Samai, índice 2, archivo «ED_11ADICIONRECURSOPD(.PDF) NroActua 2»
56 De conformidad con la doctrina, la liquidación del crédito es «un acto procesal que tiene por objeto,
una vez exista plena certeza sobre el contenido de la obligación y su exigibilidad, la de concretar el
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68.7. Es preciso señalar que, (i) como se indicó, en la liquidación del a quo se
calculó la primera mesada [2008] en $9.907.063,95; (ii) por su parte, en la demanda
se afirmó que correspondía a $9.359.483,49; y (iii) según el cálculo de esta Sala, la
mesada es de $ 9.130.461,72, que se aproxima más a la del ejecutante.
68.8. Las diferencias advertidas, especialmente con la liquidación realizada por el
a quo, devienen de la forma de calcular las prestaciones sociales y consignar los
datos en la tabla de cálculo, lo cual, por supuesto, impacta en todas las demás
operaciones aritméticas porque necesariamente dependen del valor que se
establezca en la primera mesada. Es así porque, como se señaló en los párrafos
52.1 a 52.6, existen falencias en la digitación de una asignación básica; en la
operación de proporción de los salarios que habían sido certificados conforme con
lo laborado; y también frente a las primas y bonificación devengadas, pues tampoco
se atendió la proporción de lo que se certificó.
68.9. En suma, considera la Sala que el cálculo correcto de la prestación es el
plasmado en esta providencia y, comoquiera que el resultado total es menor al del
tribunal, no se quebranta el principio de la non reformatio in pejus. Por lo anterior, al
momento de liquidar el crédito, el Tribunal tendrá en cuenta los valores aquí
señalados y así se dispondrá en la parte resolutiva.
2.7.4. Sobre la Resolución RDP 000851 del 15 de enero de 2021 expedida por
la UGPP
69. La Sala no pasa por alto que, en la sentencia de primera instancia, el a quo tuvo
en cuenta la Resolución RDP 000851 del 15 de enero de 2021, por medio de la cual
se reliquidó la pensión en cuantía de $7.666.364 a partir del 1 de agosto de 2008.
70. En ese acto administrativo, la UGPP tuvo en cuenta la certificación expedida
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mismo que fue atendido por el a quo y
por esta Sala; sin embargo, se observa que el valor de la mesada varía porque, a
partir de mayo de 2004, incluyó los valores reportados por concepto de «I.B.C. según
sentencia C-173/04», a pesar de que en el título ejecutivo se ordenó que dicho límite
se aplicaría únicamente a la mesada pensional.
71. En efecto, como la mesada pensional reliquidada es de $9.120.542,90 y la
reconocida de $7.666.364, aun con la existencia de este acto subsistiría una
diferencia de $1.454.179.
valor económico de la obligación, es decir, determinar en concreto cuál es la suma que debe
pagarse, con la inclusión específica de los intereses que se adeuden y las actuaciones
aplicables. De la misma forma, la liquidación, debe reconocer cualquier pago que se haya efectuado
después de efectuado el respectivo mandamiento de pago» [sic]. Rodríguez Tamayo, Mauricio
Fernando. Acción Ejecutiva Ante la Jurisdicción Administrativa, 5ª Edición, 2016, pág. 622. También
se puede consultar el auto proferido por esta Sección el 18 de mayo de 2017, radicación 15001-23-
33-000-2013-00870-02.
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72. Así las cosas, tal como lo sostuvo el a quo, el pago certificado por la entidad
con el cupón de pago del Fopep57 de $390.833.307,72 no satisface la obligación,
razón por la cual debe confirmarse la sentencia.
2.7.5. Sobre los intereses moratorios
73. La UGPP manifestó que, (i) como se dio cumplimiento a la sentencia el 15 de
marzo de 2016, no hay lugar a la causación de intereses moratorios en la medida
en que, según la ley, cuenta con el «término de diez meses contados a partir de la
ejecutoría de la sentencia para el cumplimiento de la misma» [sic]; (ii) los intereses no se
generan «como se pretende en el mandamiento de pago» porque cualquier modificación
al cumplimiento, «no constituye en mora nuevamente al deudor, en la medida en que al
realizarse la reliquidación se procede al pago de las diferencias surgidas, junto con el pago
de la indexación como en efecto sucede en este caso»; y (iii) el pago de los intereses
implica doble sanción, en razón a que estos tienen la misma finalidad de la
indexación.
74. Frente al primer argumento de apelación, se deberá señalar lo siguiente:
74.1. En la parte resolutiva de la sentencia objeto de ejecución [§48] se ordenó dar
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.,
es decir, del Decreto 01 de 1984, los cuales establecían:
«Artículo 177. Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia
que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin
que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla
efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la
causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se
presentare la solicitud en legal forma.
En asuntos de carácter laboral, cuando se condene a un reintegro y dentro
del término de seis meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así
lo disponga, éste no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al
interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo.»
74.2. En esta norma no se hacía referencia al término para pagar la condena, como
sí se hizo en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 [CPACA] que se transcribe:
«Artículo 192.Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las
entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no
implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad
a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días
contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su
cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o
devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de
diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.
Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago
correspondiente a la entidad obligada.
57 Samai, índice 2, archivos «ED_32CUPONFOPEP(.pdf) NroActua 2» y
«ED_33MEMORIALINFORMACI(.pdf) NroActua 2»
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Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden
una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses
moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según
lo previsto en este Código.»
74.3. Como se observa, ambas normas refieren que la sentencia deberá ser
cumplida a partir de la ejecutoria de la sentencia que constituye título ejecutivo, pero,
en la segunda, se hace la precisión de que se hará máximo en un plazo de 10
meses.
74.4. Ese término previsto en el artículo 192 encuentra su sustento en el numeral
4 del artículo 195 ibidem58, conforme con el cual, en ese interregno se calcularán
los intereses moratorios a la tasa equivalente al DTF. Una vez vencidos, se causan
a la tasa comercial.
74.5. Así las cosas, comoquiera que la sentencia fue proferida en los términos del
Decreto 01 de 1984 y no de la Ley 1437 de 2011, no podía acudirse al término de
10 meses y, mucho menos, para afirmar que no se causan, pues así no lo prevé
ninguna de las disposiciones normativas.
75. El siguiente argumento de apelación consistió en que no se causaron los
intereses porque cualquier modificación del cumplimiento no constituye en mora
nuevamente al deudor.
75.1. Para resolver este cargo de apelación, debe reiterarse que, con el acto
administrativo expedido en 2016, por el cual la UGPP pretendió acatar el título, se
estableció la misma mesada pensional que devengaba el ejecutante antes de que
fuera proferida la sentencia que le reconoció el derecho; ello, por cuanto no incluyó
los factores salariales que se habían ordenado [primas de navidad, servicio y
vacaciones]; de ahí que, en la liquidación realizada por la entidad, no resultara
ningún saldo adeudado.
75.2. En ese orden, comoquiera que no se reliquidó en debida forma la pensión y,
por consiguiente, no se hizo ningún desembolso al ejecutante por concepto de
diferencias e indexación, sí se debían ordenarse los intereses moratorios, como lo
hizo el a quo en el mandamiento ejecutivo y la sentencia que ordenó seguir adelante
con la ejecución.
75.3. Y, de cualquier manera, aún si la resolución hubiera reconocido alguna suma
al ejecutante, lo cierto es que ello no impide que el juez de la ejecución determine
si se pagó total o parcialmente la obligación y, en el segundo caso, que se sigan
causando intereses por el remanente. Esto, en modo alguno, puede entenderse que
58 «Artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. [...] 4. Las sumas de dinero
reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación,
devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante,
una vez vencido e los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código
o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad
obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades
líquidas adeudadas causarán un interés moratoria a la tasa comercial.»
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constituye «nuevamente» en mora al deudor, razón por la que debe desestimarse el
cargo.
76. Por último, frente al tercer argumento de apelación, esto es que los intereses
implican una sanción doble porque tienen la misma finalidad de la indexación, se
dirá lo siguiente:
76.1. La indexación es entendida como un método por el cual «se vincula el cambio
de una variable a la evolución de algún índice»59 y permite traer una suma a valor
presente o actualizarla a una fecha específica; así lo ha comprendido esta
corporación60:
«3.7. No se le puede imponer a los demandantes la carga de que reciban un
valor depreciado, pues la indexación, según se vio, es una mera
compensación de la devaluación de la moneda, que persigue que el dinero
posea el mismo valor adquisitivo que tenía al momento en que se profirió el
acto que lesionó a los demandantes.»
76.2. Igualmente, ha señalado que, con la indexación, se busca que el
restablecimiento «represente el valor real al momento de la condena que es el equivalente
al perjuicio recibido»61.
76.3. Por su parte, los intereses moratorios son aquellos «que se pagan para el
resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener
consigo el dinero en la oportunidad debida62»63. En otros términos, tienen una naturaleza
sancionatoria y representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en el
cumplimiento de la obligación; así lo comprendió esta Subsección al señalar que
son sumas de dinero «que debe pagar el deudor desde la fecha en la que se constituye
en mora»64 y «cesan solo en el momento de cancelar la obligación contraída»65.
76.4. Así, ambas figuras tienen como objeto evitar que el acreedor soporte la
omisión de la entidad de dar cumplimiento a la condena y pagar oportunamente las
sumas adeudadas. No obstante, la diferencia radica en que, la primera, tiene un fin
netamente compensatorio por la devaluación de la moneda, mientras que la
segunda busca indemnizar o resarcir el retardo.
76.5. Ahora, para efectos de cumplir con la sentencia que reconoce un derecho, el
artículo 178 del C.C.A., establecía que la liquidación de las condenas impuestas en
sentencias, debían «efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda
59 Banco de la República. Enlace de consulta: http://surl.li/prjrk
60 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de marzo de 2017, expediente 2284.13.
61 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de abril de 2004, expediente 1998-0159.
62 PLANIOL, Marcel, Ripert, Geoger: Derecho Civil, V. 8, Harla, México, 1997, pág. 632;
HINESTROSA FORERO, Fernando: Tratado de las Obligaciones, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá, 2002, pág. 165. PADILLA, René: La mora en las obligaciones, Astrea, Buenos
Aires, 1983, pág. 225; ALBALADERO, Manuel: Derecho Civil, T. II, Derecho de obligaciones,
Edisofer, Madrid, 2004, pág. 70.
63 Corte Constitucional, sentencia C-604 de 2012.
64 Subsección B, sentencia del 16 de septiembre de 2021, expediente 5967-19.
65 Ibidem.
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de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas solo [podría]
determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor»
76.6. Por su parte, el artículo 187 del CPACA, prevé que «[l]as condenas al pago o
devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de
Precios al Consumidor», para ello, como se ha explicado ampliamente, se toma la
fórmula renta actualizada = renta base x (IPC final / IPC inicial).
76.7. Esta indexación procede desde el momento en que se omitió el pago debido
hasta el momento de la ejecutoria; por ejemplo, en casos como el sub examine, las
diferencias deben ser indexadas desde el momento en que se reconoció el derecho
hasta cuando se profirió la sentencia que ordenó la reliquidación, mientras que los
intereses moratorios, se causan a partir de esta hasta que se pague en su totalidad
la obligación.
76.8. En ese hilo argumentativo, no puede afirmarse que la indexación suple el
pago de los intereses moratorios, no solo por su causación en un lapso diferente,
sino por su naturaleza compensatoria y sancionatoria, respectivamente.
76.9. No pasa por alto la Sala que esta corporación ha considerado pacíficamente
que no se puede ordenar «el reconocimiento de intereses por mora concomitantemente
con la indexación»66, comoquiera que se estaría condenando a la entidad a un doble
pago. Por ejemplo, en la sentencia proferida el 21 de septiembre de 202367, esta
sección expuso:
«79. Ahora bien, es de anotar que la jurisprudencia de la Sección Segunda
de esta Corporación ha manifestado que “en razón a que tanto la indexación
como el reconocimiento de intereses moratorios obedecen a la misma causa,
cual es la devaluación del dinero, son incompatibles”68, por lo tanto, si se
ordena el reconocimiento de intereses por mora concomitantemente con la
indexación, se estaría condenando a la entidad a un doble pago por la misma
causa.»
76.10. Así las cosas, no podrá ordenarse el pago de la indexación y de los intereses
moratorios por el mismo intervalo de tiempo, dada la incompatibilidad por sus
efectos; sin embargo, esta no se produce en el sub examine, en razón a que en el
título ejecutivo se dispuso actualizar la condena y, a partir de la ejecutoria, pagar los
intereses, es decir, se trató de una orden sucesiva. Por consiguiente, este cargo
tampoco prospera.
2.7.6. Sobre la condena en costas de la primera instancia
77. La ejecutada manifestó que era improcedente la condena en costas en la
primera instancia por las siguientes razones:
66 Subsección B, sentencia del 28 de septiembre de 2016, expediente 0052-15.
67 Subsección A, sentencia del 21 de septiembre de 2023, expediente 3023-2021.
68 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 3 de septiembre del 2009.
Expediente 2001-03173.
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«[...] [se] resolvió la solicitud del pago de la prestación en los términos legales
y jurisprudenciales vigentes a la fecha de la solicitud, y mal podría condenarse
en costas, cuando el asunto relacionado con el cumplimiento de la obligación
a consecuencia de la reliquidación, ha sido asunto de debate y controversia
al interior de los juzgados, Tribunales, y altas Cortes. Sin contar con el debate
jurídico derivado de la forma en que se debe establecer el IBL, para el
presente asunto.
De otro lado, ha establecido el Consejo de Estado que la condena en costas
procede cuando al valorar la conducta de la parte vencida se pueda
determinar que existió temeridad y mala fe en sus actuaciones. Sin embargo,
en nuestro caso no existe ninguna actuación temeraria o de mala fe.»
78. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca fundamentó la condena en costas a la UGPP en que (i) la entidad
resultó vencida en el proceso; y (ii) la parte intervino en el trámite de la instancia
«incurriendo en gastos procesales».
79. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil,
hoy Código General del Proceso.
80. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 201669, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:
«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar,
mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre
la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas
siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de
las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición
o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se
aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»
69 Subsección B, expediente 1908-2014.
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81. De acuerdo con lo transcrito, la condena en costas no se impone por el hecho
de haber sido vencido en juicio, sino que se debe examinar si existió alguna
maniobra dilatoria o temeraria que trastocara las etapas del proceso; sin embargo,
este no fue el ejercicio de ponderación que realizó el a quo y, al revisar el
expediente, tampoco se encuentra alguna de esas acciones que merezca la
imposición de la condena por este concepto; en consecuencia, se revocará el ordinal
sexto de la sentencia apelada.
2.8. Costas de la segunda instancia
82. En esta instancia, no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas a la
parte demandada.
2.9. Requerimiento a la UGPP
83. En el recurso de apelación, la UGPP se limitó a exponer aseveraciones
generales frente a la liquidación de la pensión que no evidenciaban los cálculos que,
en su criterio, eran los correctos.
84. Ello dificulta que, tanto el juez como la contraparte, conozcan detalladamente
las operaciones aritméticas que utilizó para cada etapa de la liquidación, razón por
la cual se le exhortará para que, en adelante, cuando intervenga en los procesos
ejecutivos, aporte la liquidación que permita verificar las fórmulas utilizadas y la
razón de su dicho.
2.10. Conclusión
85. Por un lado, se confirmará la sentencia en lo que respecta a la declaratoria de
la excepción de pago parcial y la orden de seguir adelante con la ejecución. No es
cierto que la entidad haya dado cabal cumplimiento a la sentencia que constituye
título ejecutivo, pues en la Resolución RDP 011829 del 15 de marzo de 2016 se
limitó a mantener el valor de la mesada pensional que se había reconocido desde
el año 2015; además, omitió incluir las primas de servicios, navidad y vacaciones
ordenadas, lo cual generó una diferencia que, al momento de la demanda, no había
sido pagada.
86. Si bien con la Resolución RDP 00851 del 15 de enero de 2021 reliquidó
nuevamente la prestación, lo cierto es que en esta oportunidad tampoco se acató
en su totalidad el título, comoquiera que, en los cálculos, incluyó el tope sobre la
base de cotización aun cuando en aquel se precisó que únicamente procedería
frente a la mesada. Esto, igualmente, causó una diferencia que, a la fecha, tampoco
ha sido pagada.
87.De otro lado, se revocará la condena en costas impuesta en la primera instancia,
comoquiera que no se evidenció conducta dilatoria o mala fe de la entidad vencida.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero: Revocar el ordinal séptimo de la sentencia proferida el 17 de junio de
2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, por el cual se condenó en costas a la UGPP. En su lugar, se dispone
que, por la primera instancia, no hay lugar a la condena por ese concepto.
Segundo: En lo demás, confirmar la sentencia proferida el 17 de junio de 2021 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en
cuanto declaró probada la excepción de pago parcial y ordenó seguir adelante con
la ejecución, por las razones expuestas en esta providencia.
Tercero: Exhortar a la UGPP para que, en adelante, cuando intervenga en
procesos ejecutivos, aporte la liquidación que permita verificar las fórmulas
utilizadas.
Cuarto: Sin condena en costas.
Quinto: Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
de rigor en el aplicativo SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS JORGE EDISON PORTOCARRERO
Firmado electrónicamente BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
36
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03760-02 (0443-2022)
Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
Anexo – liquidación de la pensión70
Tabla No. 1
Asignación básica Equivalente en
Mes Tasa de cambio
en dólares pesos
Agosto 4.500,00 1.380,00 $ 6.210.000,00
Septiembre 4.500,00 1.555,00 $ 6.997.500,00
Octubre 4.500,00 1.585,00 $ 7.132.500,00
Noviembre 4.500,00 1.580,00 $ 7.110.000,00
1998
Diciembre 4.500,00 1.570,00 $ 7.065.000,00
Subtotal de asignación básica $ 34.515.000,00
Prima de navidad 4.500,00 1.580,00 $ 592.500,0071
Total devengado en el año $ 35.107.500,00
Enero 4.500,00 1.601,00 $ 7.204.500,00
Febrero 4.500,00 1.597,00 $ 7.186.500,00
Marzo 4.500,00 1.585,00 $ 7.132.500,00
Abril 4.500,00 1.560,00 $ 7.020.000,00
Mayo 4.500,00 1.621,00 $ 7.294.500,00
Junio 4.500,00 1.682,00 $ 7.569.000,00
Julio 4.500,00 1.766,00 $ 7.947.000,00
1999 Agosto 4.500,00 1.830,00 $ 8.235.000,00
Septiembre 4.500,00 1.963,00 $ 8.833.500,00
Octubre 4.500,00 2.025,00 $ 9.112.500,00
Noviembre 4.500,00 1.990,00 $ 8.955.000,00
Diciembre 4.500,00 1.950,00 $ 8.775.000,00
Subtotal de asignación básica $ 95.265.000,00
Prima de navidad 4.500,00 1.990,00 $ 746.250,0072
Total devengado en el año $ 96.011.250,00
Enero 4.500,00 1.945,00 $ 8.752.500,00
Febrero 4.500,00 2.000,00 $ 9.000.000,00
Marzo 4.500,00 1.980,00 $ 8.910.000,00
Abril 4.500,00 1.980,00 $ 8.910.000,00
Mayo 4.500,00 2.030,00 $ 9.135.000,00
Junio 4.500,00 2.100,00 $ 9.450.000,00
Julio 2.400,00 2.160,00 $ 5.184.000,00
Julio (planta interna desde
• - $ 885.634,67
el 17)
Agosto - - $ 1.660.565,00
Septiembre - - $ 1.660.565,00
2000 Octubre - - $ 1.660.565,00
Noviembre - - $ 1.660.565,00
Diciembre - - $ 1.660.565,00
Subtotal de asignación básica $ 68.529.959,67
Prima de navidad (planta
2.250,00 2.180,00 $ 751.148,5573
externa)
Prima de navidad (planta
$ 158.112,9874
interna)
Subtotal prima de navidad $ 909.261,53
Prima de vacaciones
$ 151.788,3075
(planta interna)
Total devengado en el año $ 69.591.009,49
70 Los datos se extraen de la certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores que se
adjuntó con la demanda ejecutiva, la cual también fue tenida en cuenta por el Tribunal para liquidar
la pensión.
71 Asignación básica en dólares * tasa de cambio [$7.110.000] / 12.
72 Asignación básica en dólares * tasa de cambio [$8.955.000] / 12.
73 Asignación básica en dólares * tasa de cambio [$4.905.000] / 6,53 [equivalente a meses
certificados].
74 Valor certificado [$864.878] / 5,47 [equivalente a meses certificados]
75 Valor certificado [$830.282] / 5,47 [equivalente a meses certificados]
37
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03760-02 (0443-2022)
Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
Enero - - $ 1.731.804,00
Febrero - - $ 2.120.708,00
Marzo - - $ 2.120.708,00
Abril - - $ 2.120.708,00
Mayo - - $ 2.120.708,00
Junio - - $ 2.120.708,00
Julio - - $ 2.120.708,00
Agosto - - $ 2.120.708,00
2001 Septiembre - - $ 2.120.708,00
Octubre - - $ 2.120.708,00
Noviembre - - $ 2.120.708,00
Diciembre - - $ 2.120.708,00
Subtotal de asignación básica $ 25.059.592,00
Bonificación por servicios - - $ 61.853,9276
Prima de servicios - - $ 85.879,8377
Prima de navidad - - $ 189.036,6778
Total devengado en el año $ 25.396.362,42
Enero - - $ 2.222.927,00
Febrero - - $ 2.222.927,00
Marzo - - $ 2.222.927,00
Abril - - $ 2.222.927,00
Mayo - - $ 2.222.927,00
Junio - - $ 2.222.927,00
Julio - - $ 2.222.927,00
Agosto - - $ 2.222.927,00
Septiembre - - $ 2.222.927,00
2002
Octubre - - $ 2.222.927,00
Noviembre - - $ 2.222.927,00
Diciembre - - $ 2.222.927,00
Subtotal de asignación básica $ 26.675.124,00
Bonificación por servicios - - $ 64.835,3379
Prima de servicios - - $ 95.165,7580
Prima de vacaciones - - $ 198.590,5081
Prima de navidad - - $ 215.126,5882
Total devengado en el año $ 27.248.842,17
Enero - - $ 2.325.849,00
Febrero - - $ 2.325.849,00
Marzo - - $ 2.325.849,00
Abril - - $ 2.325.849,00
Mayo - - $ 2.325.849,00
Junio - - $ 2.325.849,00
Julio - - $ 2.325.849,00
2003 Agosto - - $ 2.325.849,00
Septiembre - - $ 2.325.849,00
Octubre - - $ 2.325.849,00
Noviembre - - $ 2.325.849,00
Diciembre - - $ 2.325.849,00
Subtotal de asignación básica $ 27.910.188,00
Bonificación de servicios - - $ 67.837,2583
Prima de servicios - - $ 99.737,0084
76 Valor certificado [$742.247] / 12 [meses certificados]
77 Valor certificado [$1.030.558] / 12 [meses certificados]
78 Valor certificado [$2.268.440] / 12 [meses certificados]
79 Valor certificado [$778.024] / 12 [meses certificados]
80 Valor certificado [$1.141.989] / 12 [meses certificados]
81 Valor certificado [$2.383.086] / 12 [meses certificados]
82 Valor certificado [$2.581.519] / 12 [meses certificados]
83 Valor certificado [$814.047] / 12 [meses certificados]
84 Valor certificado [$1.196.844] / 12 [meses certificados]
38
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03760-02 (0443-2022)
Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
Prima de vacaciones - - $ 108.489,9285
Prima de navidad - - $ 216.442,9286
Total devengado en el año $ 28.402.695,08
Enero - - $ 2.431.908,00
Febrero - - $ 81.063,60
Febrero (a partir del 2) 6.602,33 2.742,00 $ 18.103.598,86
Marzo 6.830,00 2.682,00 $ 18.318.060,00
Abril 6.830,00 2.678,00 $ 18.290.740,00
Mayo 6.830,00 2.647,00 $ 18.079.010,00
Junio 6.830,00 2.725,00 $ 18.611.750,00
Julio 6.830,00 2.700,00 $ 18.441.000,00
Agosto 6.830,00 2.612,00 $ 17.839.960,00
2004 Septiembre 6.830,00 2.551,00 $ 17.423.330,00
Octubre 6.830,00 2.608,00 $ 17.812.640,00
Noviembre 6.830,00 2.575,00 $ 17.587.250,00
Diciembre 6.830,00 2.479,00 $ 16.931.570,00
Subtotal de asignación básica $ 199.951.880,46
Prima de servicios (planta
$ 712.107,7787
interna)
Prima de navidad (planta
6.830,00 2.575,00 $ 1.465.604,1788
externa)
Total devengado en el año $ 202.129.592,39
Enero 6.830,00 2.390,00 $ 16.323.700,00
Febrero 6.830,00 2.364,00 $ 16.146.120,00
Marzo 6.830,00 2.328,00 $ 15.900.240,00
Abril 6.902,00 2.363,00 $ 16.309.426,00
Mayo 7.190,00 2.348,00 $ 16.882.120,00
Junio 7.190,00 2.333,00 $ 16.774.270,00
Julio 7.190,00 2.324,00 $ 16.709.560,00
2005 Agosto 7.190,00 2.309,00 $ 16.601.710,00
Septiembre 7.190,00 2.302,78 $ 16.556.988,20
Octubre 7.190,00 2.288,22 $ 16.452.301,80
Noviembre 7.190,00 2.287,51 $ 16.447.196,90
Diciembre 7.190,00 2.274,71 $ 16.355.164,90
Subtotal de asignación básica $ 197.458.797,80
Prima de navidad 7.190,00 2.287,51 $ 1.370.599,7489
Total devengado en el año $ 198.829.397,54
Enero 7.190,00 2.284,22 $ 16.423.541,80
Febrero 7.190,00 2.267,39 $ 16.302.534,10
Marzo 7.190,00 2.245,71 $ 16.146.654,90
Abril 7.190,00 2.293,00 $ 16.486.670,00
Mayo 7.190,00 2.375,00 $ 17.076.250,00
Junio 7.190,00 2.486,00 $ 17.874.340,00
Julio 7.190,00 2.579,00 $ 18.543.010,00
2006 Agosto 7.190,00 2.427,00 $ 17.450.130,00
Septiembre 7.190,00 2.399,00 $ 17.248.810,00
Octubre 7.190,00 2.394,00 $ 17.212.860,00
Noviembre 7.190,00 2.308,00 $ 16.594.520,00
Diciembre 7.190,00 2.296,00 $ 16.508.240,00
Subtotal de asignación básica $ 203.867.560,80
Prima de navidad 7.190,00 2.308,00 $ 1.382.876,6790
Total devengado en el año $ 205.250.437,47
Enero 7.190,00 2.239,00 $ 16.098.410,00
2007
Febrero 7.190,00 2.255,00 $ 16.213.450,00
85 Valor certificado [$1.301.879] / 12 [meses certificados]
86 Valor certificado [$2.597.315] / 12 [meses certificados]
87 Valor certificado [$733.471] / 1,03 [equivalente a meses certificados]
88 Asignación básica en dólares * tasa de cambio [$17.587.250] / 12.
89 Asignación básica en dólares * tasa de cambio [$16.447.196,90] / 12.
90 Asignación básica en dólares * tasa de cambio [$16.594.520] / 12.
39
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03760-02 (0443-2022)
Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
Marzo 7.190,00 2.232,00 $ 16.048.080,00
Abril 7.190,00 2.190,00 $ 15.746.100,00
Mayo 7.190,00 2.104,00 $ 15.127.760,00
Junio 7.190,00 1.900,00 $ 13.661.000,00
Julio 7.190,00 1.961,00 $ 14.099.590,00
Agosto 7.190,00 1.959,00 $ 14.085.210,00
Septiembre 7.190,00 2.161,00 $ 15.537.590,00
Octubre 7.190,00 2.023,00 $ 14.545.370,00
Noviembre 7.190,00 1.988,00 $ 14.293.720,00
Diciembre 7.190,00 2.043,00 $ 14.689.170,00
Subtotal de asignación básica $ 180.145.450,00
Prima de navidad 7.190,00 1.988,00 $ 1.191.143,3391
Total devengado en el año $ 181.336.593,33
Enero 7.190,00 2.015,00 $ 14.487.850,00
Febrero 7.190,00 1.940,00 $ 13.948.600,00
Marzo 7.190,00 1.845,00 $ 13.265.550,00
Abril 7.190,00 1.835,00 $ 13.193.650,00
Mayo 7.190,00 1.767,00 $ 12.704.730,00
2008
Junio 7.190,00 1.744,00 $ 12.539.360,00
Julio 7.190,00 1.923,00 $ 13.826.370,00
Subtotal de asignación básica $ 93.966.110,00
Prima de navidad 4.194,17 2.392,00 $ 1.433.206,6792
Total devengado en el año $ 95.399.316,67
91 Asignación básica en dólares * tasa de cambio [$14.293.720] / 12.
92 Asignación básica en dólares * tasa de cambio [$10.032.446,67] / 7 [meses certificados].
40
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03760-02 (0443-2022)
Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
Tabla No. 293
Año IPC 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total
1998 35.107.500,00
1999 16,70% 40.970.452,50 96.011.250,00
2000 9,23% 44.752.025,27 104.873.088,38 69.591.009,49
2001 8,75% 48.667.827,48 114.049.483,61 75.680.222,83 25.396.362,42
2002 7,65% 52.390.916,28 122.774.269,10 81.469.759,87 27.339.184,14 27.248.842,17
2003 6,99% 56.053.041,33 131.356.190,51 87.164.496,09 29.250.193,11 29.153.536,23 28.402.695,08
2004 6,49% 59.690.883,71 139.881.207,28 92.821.471,88 31.148.530,65 31.045.600,74 30.246.029,99 202.129.592,39
2005 5,50% 62.973.882,31 147.574.673,68 97.926.652,84 32.861.699,83 32.753.108,78 31.909.561,64 213.246.719,98 198.829.397,54
2006 4,85% 66.028.115,60 154.732.045,35 102.676.095,50 34.455.492,27 34.341.634,55 33.457.175,38 223.589.185,89 208.472.623,32 205.250.437,47
2007 4,48% 68.986.175,18 161.664.040,98 107.275.984,58 35.999.098,33 35.880.139,78 34.956.056,84 233.605.981,42 217.812.196,85 214.445.657,07 181.336.593,33
2008 5,69% $72.911.488,55 $170.862.724,92 $113.379.988,10 $38.047.447,02 $37.921.719,73 $36.945.056,48 $ 246.898.161,77 $ 230.205.710,85 $ 226.647.614,95 $ 191.654.645,49 $95.399.316,67 $ 1.460.873.874,52
Total Ingreso base de
3600 $ 12.173.948,9594
de días liquidación
Total
de
514,29 Porcentaje 75%
seman
as
Primera
$ 9.130.461,7295
mesada
93 La fórmula utilizada para indexar cada uno de los valores fue: valor del año anterior x (1 + IPC)
94 Valor total de la sumatoria / 3600 * 30
95 Ingreso base de liquidación x 75%
41
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03760-02 (0443-2022)
Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
Tabla 396
Diferencias (desde el día de reconocimiento hasta la fecha de radicación de la demanda
Mesada reconocida R. RDP Mesada Diferencia con R. RDP
Año IPC
0011829/16 liquidada 0011829/1697
2008 5,69% $ 5.853.813,76 $ 9.130.461,72 $ 3.276.647,96
2009 7,67% $ 6.302.801,28 $ 9.830.768,13 $ 3.527.966,85
2010 2,00% $ 6.428.857,30 $ 10.027.383,49 $ 3.598.526,19
2011 3,17% $ 6.632.652,08 $ 10.345.251,55 $ 3.712.599,47
2012 3,73% $ 6.880.050,00 $ 10.731.129,43 $ 3.851.079,43
2013 2,44% $ 7.047.923,22 $ 10.992.968,99 $ 3.945.045,77
2014 1,94% $ 7.184.652,93 $ 11.206.232,59 $ 4.021.579,66
2015 3,66% $ 7.447.611,23 $ 11.616.380,70 $ 4.168.769,47
2016 6,77% $ 7.951.814,51 $ 12.402.809,67 $ 4.450.995,17
2017 5,75% $ 8.409.043,84 $ 13.115.971,23 $ 4.706.927,39
Tabla 4
Diferencia
Valor indexado
Fecha de Diferencia de Índice Índice Descuento a indexada con
Indexación de la
mesada mesada final inicial salud99 descuento a
diferencia98
salud100
01-ago-08 $ 3.276.648 122,30851 99,1293 $ 766.171 $ 4.042.819 $ 505.352 $ 505.352
sep-08 $ 3.276.648 122,30851 98,9402 $ 773.900 $ 4.050.548 $ 506.319 $ 3.544.230
oct-08 $ 3.276.648 122,30851 99,1293 $ 766.171 $ 4.042.819 $ 505.352 $ 3.537.467
nov-08 $ 3.276.648 122,30851 98,9402 $ 773.900 $ 4.050.548 $ 506.319 $ 3.544.230
Adicional $ 3.276.648 122,30851 100,0000 $ 730.971 $ 4.007.619 $ 480.914 $ 3.526.705
dic-08 $ 3.276.648 122,30851 100,0000 $ 730.971 $ 4.007.619 $ 480.914 $ 3.526.705
ene-09 $ 3.527.967 122,30851 100,5893 $ 761.756 $ 4.289.723 $ 514.767 $ 3.774.956
feb-09 $ 3.527.967 122,30851 101,4313 $ 726.148 $ 4.254.115 $ 510.494 $ 3.743.621
mar-09 $ 3.527.967 122,30851 101,9373 $ 705.030 $ 4.232.997 $ 507.960 $ 3.725.037
abr-09 $ 3.527.967 122,30851 102,2647 $ 691.478 $ 4.219.444 $ 506.333 $ 3.713.111
may-09 $ 3.527.967 122,30851 102,2791 $ 690.884 $ 4.218.851 $ 506.262 $ 3.712.588
jun-09 $ 3.527.967 122,30851 102,2218 $ 693.249 $ 4.221.216 $ 506.546 $ 3.714.670
jul-09 $ 3.527.967 122,30851 102,1821 $ 694.891 $ 4.222.858 $ 506.743 $ 3.716.115
ago-09 $ 3.527.967 122,30851 102,2271 $ 693.030 $ 4.220.996 $ 506.520 $ 3.714.477
sep-09 $ 3.527.967 122,30851 102,1151 $ 697.660 $ 4.225.627 $ 507.075 $ 3.718.551
oct-09 $ 3.527.967 122,30851 101,9847 $ 703.062 $ 4.231.029 $ 507.724 $ 3.723.306
nov-09 $ 3.527.967 122,30851 101,9178 $ 705.843 $ 4.233.809 $ 508.057 $ 3.725.752
Adicional $ 3.527.967 122,30851 102,0018 $ 702.354 $ 4.230.321 $ 507.638 $ 3.722.682
dic-09 $ 3.527.967 122,30851 102,0018 $ 702.354 $ 4.230.321 $ 507.638 $ 3.722.682
96 La fórmula utilizada para indexar cada uno de los valores fue: valor del año anterior x (1 + IPC)
97 Fórmula: mesada liquidada – mesada reconocida.
98 Fórmula: diferencia de mesada * (IPC final / IPC inicial)
99 Fórmula: valor indexado de la mesada x el porcentaje de salud
100 Fórmula: valor indexado de la diferencia – descuento de salud.
42
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03760-02 (0443-2022)
Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
ene-10 $ 3.598.526 122,30851 102,7013 $ 687.011 $ 4.285.537 $ 514.264 $ 3.771.273
feb-10 $ 3.598.526 122,30851 103,5521 $ 651.800 $ 4.250.326 $ 510.039 $ 3.740.287
mar-10 $ 3.598.526 122,30851 103,8125 $ 641.141 $ 4.239.668 $ 508.760 $ 3.730.908
abr-10 $ 3.598.526 122,30851 104,2904 $ 621.711 $ 4.220.237 $ 506.428 $ 3.713.809
may-10 $ 3.598.526 122,30851 104,3981 $ 617.357 $ 4.215.883 $ 505.906 $ 3.709.977
jun-10 $ 3.598.526 122,30851 104,5168 $ 612.569 $ 4.211.095 $ 505.331 $ 3.705.764
jul-10 $ 3.598.526 122,30851 104,4728 $ 614.344 $ 4.212.871 $ 505.544 $ 3.707.326
ago-10 $ 3.598.526 122,30851 104,5900 $ 609.622 $ 4.208.148 $ 504.978 $ 3.703.170
sep-10 $ 3.598.526 122,30851 104,4481 $ 615.341 $ 4.213.867 $ 505.664 $ 3.708.203
oct-10 $ 3.598.526 122,30851 104,3559 $ 619.062 $ 4.217.588 $ 506.111 $ 3.711.477
nov-10 $ 3.598.526 122,30851 104,5584 $ 610.894 $ 4.209.420 $ 505.130 $ 3.704.290
Adicional $ 3.598.526 122,30851 105,2365 $ 583.771 $ 4.182.297 $ 501.876 $ 3.680.421
dic-10 $ 3.598.526 122,30851 105,2365 $ 583.771 $ 4.182.297 $ 501.876 $ 3.680.421
ene-11 $ 3.712.599 122,30851 106,1925 $ 563.431 $ 4.276.031 $ 513.124 $ 3.762.907
feb-11 $ 3.712.599 122,30851 106,8324 $ 537.819 $ 4.250.419 $ 510.050 $ 3.740.368
mar-11 $ 3.712.599 122,30851 107,1204 $ 526.393 $ 4.238.992 $ 508.679 $ 3.730.313
abr-11 $ 3.712.599 122,30851 107,2481 $ 521.346 $ 4.233.946 $ 508.074 $ 3.725.872
may-11 $ 3.712.599 122,30851 107,5535 $ 509.322 $ 4.221.921 $ 506.631 $ 3.715.291
jun-11 $ 3.712.599 122,30851 107,8954 $ 495.943 $ 4.208.542 $ 505.025 $ 3.703.517
jul-11 $ 3.712.599 122,30851 108,0454 $ 490.103 $ 4.202.702 $ 504.324 $ 3.698.378
ago-11 $ 3.712.599 122,30851 108,0119 $ 491.404 $ 4.204.004 $ 504.480 $ 3.699.523
sep-11 $ 3.712.599 122,30851 108,3454 $ 478.465 $ 4.191.064 $ 502.928 $ 3.688.136
oct-11 $ 3.712.599 122,30851 108,5510 $ 470.526 $ 4.183.126 $ 501.975 $ 3.681.151
nov-11 $ 3.712.599 122,30851 108,7021 $ 464.714 $ 4.177.313 $ 501.278 $ 3.676.035
Adicional $ 3.712.599 122,30851 109,1574 $ 447.288 $ 4.159.887 $ 499.186 $ 3.660.701
dic-11 $ 3.712.599 122,30851 109,1574 $ 447.288 $ 4.159.887 $ 499.186 $ 3.660.701
ene-12 $ 3.851.079 122,30851 109,9550 $ 432.670 $ 4.283.749 $ 514.050 $ 3.769.699
feb-12 $ 3.851.079 122,30851 110,6266 $ 406.665 $ 4.257.744 $ 510.929 $ 3.746.815
mar-12 $ 3.851.079 122,30851 110,7616 $ 401.474 $ 4.252.553 $ 510.306 $ 3.742.247
abr-12 $ 3.851.079 122,30851 110,9215 $ 395.343 $ 4.246.423 $ 509.571 $ 3.736.852
may-12 $ 3.851.079 122,30851 111,2544 $ 382.640 $ 4.233.720 $ 508.046 $ 3.725.673
jun-12 $ 3.851.079 122,30851 111,3465 $ 379.138 $ 4.230.218 $ 507.626 $ 3.722.592
jul-12 $ 3.851.079 122,30851 111,3224 $ 380.052 $ 4.231.131 $ 507.736 $ 3.723.396
ago-12 $ 3.851.079 122,30851 111,3681 $ 378.317 $ 4.229.397 $ 507.528 $ 3.721.869
sep-12 $ 3.851.079 122,30851 111,6869 $ 366.242 $ 4.217.322 $ 506.079 $ 3.711.243
oct-12 $ 3.851.079 122,30851 111,8694 $ 359.363 $ 4.210.443 $ 505.253 $ 3.705.189
nov-12 $ 3.851.079 122,30851 111,7165 $ 365.127 $ 4.216.207 $ 505.945 $ 3.710.262
Adicional $ 3.851.079 122,30851 111,8158 $ 361.384 $ 4.212.463 $ 505.496 $ 3.706.968
dic-12 $ 3.851.079 122,30851 111,8158 $ 361.384 $ 4.212.463 $ 505.496 $ 3.706.968
ene-13 $ 3.945.046 122,30851 112,1490 $ 357.381 $ 4.302.427 $ 516.291 $ 3.786.135
feb-13 $ 3.945.046 122,30851 112,6471 $ 338.357 $ 4.283.402 $ 514.008 $ 3.769.394
mar-13 $ 3.945.046 122,30851 112,8788 $ 329.562 $ 4.274.608 $ 512.953 $ 3.761.655
abr-13 $ 3.945.046 122,30851 113,1643 $ 318.777 $ 4.263.823 $ 511.659 $ 3.752.164
may-13 $ 3.945.046 122,30851 113,4797 $ 306.927 $ 4.251.972 $ 510.237 $ 3.741.736
jun-13 $ 3.945.046 122,30851 113,7462 $ 296.965 $ 4.242.011 $ 509.041 $ 3.732.969
jul-13 $ 3.945.046 122,30851 113,7973 $ 295.062 $ 4.240.107 $ 508.813 $ 3.731.294
ago-13 $ 3.945.046 122,30851 113,8922 $ 291.528 $ 4.236.574 $ 508.389 $ 3.728.185
sep-13 $ 3.945.046 122,30851 114,2258 $ 279.155 $ 4.224.201 $ 506.904 $ 3.717.297
oct-13 $ 3.945.046 122,30851 113,9293 $ 290.149 $ 4.235.194 $ 508.223 $ 3.726.971
nov-13 $ 3.945.046 122,30851 113,6829 $ 299.327 $ 4.244.373 $ 509.325 $ 3.735.048
Adicional $ 3.945.046 122,30851 113,9825 $ 288.170 $ 4.233.215 $ 507.986 $ 3.725.230
dic-13 $ 3.945.046 122,30851 113,9825 $ 288.170 $ 4.233.215 $ 507.986 $ 3.725.230
43
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03760-02 (0443-2022)
Demandante: Abelardo Ramírez Gasca
ene-14 $ 4.021.580 122,30851 114,5368 $ 272.878 $ 4.294.458 $ 515.335 $ 3.779.123
feb-14 $ 4.021.580 122,30851 115,2592 $ 245.960 $ 4.267.540 $ 512.105 $ 3.755.435
mar-14 $ 4.021.580 122,30851 115,7136 $ 229.204 $ 4.250.784 $ 510.094 $ 3.740.690
abr-14 $ 4.021.580 122,30851 116,2432 $ 209.836 $ 4.231.416 $ 507.770 $ 3.723.646
may-14 $ 4.021.580 122,30851 116,8056 $ 189.465 $ 4.211.045 $ 505.325 $ 3.705.719
jun-14 $ 4.021.580 122,30851 116,9144 $ 185.544 $ 4.207.124 $ 504.855 $ 3.702.269
jul-14 $ 4.021.580 122,30851 117,0913 $ 179.189 $ 4.200.768 $ 504.092 $ 3.696.676
ago-14 $ 4.021.580 122,30851 117,3292 $ 170.671 $ 4.192.251 $ 503.070 $ 3.689.181
sep-14 $ 4.021.580 122,30851 117,4886 $ 164.984 $ 4.186.563 $ 502.388 $ 3.684.176
oct-14 $ 4.021.580 122,30851 117,6822 $ 158.096 $ 4.179.676 $ 501.561 $ 3.678.115
nov-14 $ 4.021.580 122,30851 117,8373 $ 152.594 $ 4.174.174 $ 500.901 $ 3.673.273
Adicional $ 4.021.580 122,30851 118,1517 $ 141.488 $ 4.163.068 $ 499.568 $ 3.663.500
dic-14 $ 4.021.580 122,30851 118,1517 $ 141.488 $ 4.163.068 $ 499.568 $ 3.663.500
ene-15 $ 4.168.769 122,30851 118,9129 $ 119.041 $ 4.287.811 $ 514.537 $ 3.773.273
feb-15 $ 4.168.769 122,30851 120,2799 $ 70.308 $ 4.239.078 $ 508.689 $ 3.730.388
mar-15 $ 4.168.769 122,30851 120,9846 $ 45.619 $ 4.214.389 $ 505.727 $ 3.708.662
abr-15 $ 4.168.769 122,30851 121,6344 $ 23.105 $ 4.191.874 $ 503.025 $ 3.688.849
may-15 $ 4.168.769 122,30851 121,9543 $ 12.107 $ 4.180.876 $ 501.705 $ 3.679.171
jun-15 $ 4.168.769 122,30851 122,0824 $ 7.722 $ 4.176.492 $ 501.179 $ 3.675.313
jul-15 $ 4.168.769 122,30851 122,3085 $0 $ 4.168.769 $ 500.252 $ 3.668.517
Subtotal $ 343.379.640 $ 383.270.527 $ 45.992.463 $ 334.165.015
ago-15 $ 4.168.769 $ 4.168.769 $ 500.252 $ 3.668.517
sep-15 $ 4.168.769 $ 4.168.769 $ 500.252 $ 3.668.517
oct-15 $ 4.168.769 $ 4.168.769 $ 500.252 $ 3.668.517
nov-15 $ 4.168.769 $ 4.168.769 $ 500.252 $ 3.668.517
Adicional $ 4.168.769 $ 4.168.769 $ 500.252 $ 3.668.517
dic-15 $ 4.168.769 $ 4.168.769 $ 500.252 $ 3.668.517
ene-16 $ 4.450.995 $ 4.450.995 $ 534.119 $ 3.916.876
feb-16 $ 4.450.995 $ 4.450.995 $ 534.119 $ 3.916.876
mar-16 $ 4.450.995 $ 4.450.995 $ 534.119 $ 3.916.876
abr-16 $ 4.450.995 $ 4.450.995 $ 534.119 $ 3.916.876
may-16 $ 4.450.995 $ 4.450.995 $ 534.119 $ 3.916.876
jun-16 $ 4.450.995 $ 4.450.995 $ 534.119 $ 3.916.876
jul-16 $ 4.450.995 $ 4.450.995 $ 534.119 $ 3.916.876
ago-16 $ 4.450.995 $ 4.450.995 $ 534.119 $ 3.916.876
sep-16 $ 4.450.995 $ 4.450.995 $ 534.119 $ 3.916.876
oct-16 $ 4.450.995 $ 4.450.995 $ 534.119 $ 3.916.876
nov-16 $ 4.450.995 $ 4.450.995 $ 534.119 $ 3.916.876
Adicional $ 4.450.995 $ 4.450.995 $ 534.119 $ 3.916.876
dic-16 $ 4.450.995 $ 4.450.995 $ 534.119 $ 3.916.876
ene-17 $ 4.706.927 $ 4.706.927 $ 564.831 $ 4.142.096
feb-17 $ 4.706.927 $ 4.706.927 $ 564.831 $ 4.142.096
mar-17 $ 4.706.927 $ 4.706.927 $ 564.831 $ 4.142.096
abr-17 $ 4.706.927 $ 4.706.927 $ 564.831 $ 4.142.096
may-17 $ 4.706.927 $ 4.706.927 $ 564.831 $ 4.142.096
jun-17 $ 4.706.927 $ 4.706.927 $ 564.831 $ 4.142.096
jul-17 $ 4.706.927 $ 4.706.927 $ 564.831 $ 4.142.096
ago-17 $ 313.795 $ 313.795 $ 37.655 $ 276.140
Subtotal $116.137.840,88 $116.137.840,88 $13.936.540,91 $102.201.299,98
TOTAL $459.517.480,81 $499.408.367,63 $59.929.004,12 $439.479.363,52
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