Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2014-00041-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Contrato realidad: requisitos para su reconocimiento
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2014-00041-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2014-00041-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
12 de agosto de 2021
CONTRATO REALIDAD – Requisitos para su reconocimiento / PRUEBA DE LOS ELEMENTOS DE LA RELACIÓN LABORAL / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – Características / RECONOCIMIENTO DEL CONTRATO REALIDAD – Efecto
Para acreditar la existencia de una relación laboral es necesario probar los tres elementos referidos, especialmente que el contratista desempeñó una función en las mismas condiciones de subordinación y dependencia continuada que sujetan a un servidor público. Contrario sensu, se constituye una relación contractual, que se rige por la Ley 80 de 1993, cuando se pacta la prestación de servicios relacionados con la administración o funcionamiento de la entidad pública, caso en el cual el contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada, recibe el pago de honorarios por los servicios prestados por una labor convenida que no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados. Sobre esta última condición para suscribir contratos de prestación de servicios, cabe señalar que se restringe a aquellos casos en los que la entidad pública requiere adelantar labores ocasionales, extraordinarias, accidentales o que temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional, pues si contrata por prestación de servicios a personas que deben desempeñar exactamente las mismas funciones que de manera permanente se asignan a los demás servidores públicos, se desdibuja la relación contractual. Cuando se logra desvirtuar el contrato de prestación de servicios, inexorablemente se impone el reconocimiento de las prestaciones sociales generadas, atendiendo a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho restablecimiento, que no es otra que la relación laboral que se ocultó bajo el manto solapado de un contrato administrativo estatal. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los elementos de la relación laboral, distinguibles del contrato de prestación de servicios, ver: Corte constitucional, sentencia C-154 de 1997, M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa. En relación con la prescripción de los derechos laborales que emanan del reconocimiento del contrato realidad, así como de la inoperancia de la caducidad, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de 25 de agosto de 2016, radicación: 0088-15, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter.
FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 32 ORDINAL 3 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 68 / DECRETO 4057 DE 2011 / DECRETO 1303 DE 2014 – ARTÍCULO 7 / DECRETO 1303 DE 2014 – ARTÍCULO 9 / LEY 1753 DE 2015 – ARTÍCULO 238 / DECRETO 3135 DE 1968 – ARTÍCULO 41 / DECRETO 1848 DE 1969 – ARTÍCULO 102
CONTRATO REALIDAD / AUXILIAR DE FACTURACIÓN EN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (ESE) – Labor subordinada / RECONOCIMIENTO DEL CONTRATO REALIDAD – Procedencia / PERIODOS LABORADOS COMO FUNCIONARIO DE HECHO – No procede el reconocimiento del contrato realidad
Todos los testigos concuerdan en que la demandante laboraba como auxiliar de facturación, realizando las actuaciones administrativas para disponer el ingreso de pacientes a consulta externa o a urgencias, recibía la documentación aportada por los usuarios, realizaba las asignaciones a los médicos de acuerdo con la cantidad de personas que requerían los servicios de salud y adelantaba el proceso de facturación para poder cobrar a las EPS los servicios suministrados a los pacientes, proceso que como lo informaron los deponentes, es trascendental para el funcionamiento de la entidad. Igualmente relataron que laboró en turnos dispuestos por el gerente y la jefe de personal de la ESE San José de San Bernardo, en horarios que incluían sábados, domingos y festivos y que, posteriormente, le fue asignado un turno de ocho horas diarias, bajo las directrices de la jefe de personal y el gerente del hospital, quienes le suministraban los elementos de trabajo, por lo que se descarta cualquier autonomía en el cumplimiento de sus funciones. Es de destacar las afirmaciones de los testigos quienes indicaron que la vinculación se producía por contratos de prestación de servicios de 3 meses, 2 meses, 1 año y que veces por varios meses no se prorrogaban los contratos, pese a lo cual la demandante continuaba prestando sus servicios en la entidad. Se advierte entonces que tales funciones eran de carácter permanente, sujetas al manual de funciones de la entidad y a las directrices de sus superiores por lo que no existía la posibilidad de ser ejercidas de forma autónoma o bajo una relación de coordinación, con lo cual se colige que le asistió razón al a quo al declarar la existencia del contrato realidad, pero únicamente en cuanto a los siguientes periodos. (…). Esta determinación cobra importancia, toda vez que como los mismos testigos lo manifestaron, durante algunos periodos no se suscribieron contratos de prestación de servicios, pese a lo cual la demandante siguió laborando, situación que, si bien puede ser analizada a través de la figura del funcionario de hecho, no se ajusta a los términos del contrato realidad, tema sobre el cual versa la demanda.
CONTRATO REALIDAD / PRESCRIPCIÓN TRIENAL DE LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DEL RECONOCIMIENTO DEL CONTRATO REALIDAD – Cómputo / PRESCRIPCIÓN TRIENAL – Configuración / PRESCRIPCIÓN DE LOS APORTES A PENSIÓN – Inoperancia / APORTES A PENSIÓN – Diferencias entre los efectuados por el contratista y los que debió realizar
Se tiene que los plazos para reclamar los derechos prestacionales derivados de los periodos de vinculación laboral, prescribieron toda vez que, como se dijo, la fecha para tener en cuenta en el último contrato de prestación de servicios era el 15 de julio de 2009, cuando se presentó la solicitud, y pese a que se demanda un acto ficto la demandante presentó su libelo introductorio hasta el 7 de febrero de 2014, es decir, cuando habían transcurrido más de tres años (f. 11). Como se aprecia de lo anterior sí ocurrió la prescripción de los emolumentos deprecados excepto en lo relacionado con los aportes a seguridad social en pensiones por tratarse de una prestación imprescriptible, por lo que la entidad demandada deberá, a título de restablecimiento del derecho, tomar el ingreso base de cotización (honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios) , en los periodos debidamente acreditados como laborados por prestación de servicios, incluidos aquellos sobre los cuales operó la prescripción, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, en el porcentaje que le correspondía como empleador. En virtud de lo anterior, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema de seguridad social en pensiones durante el tiempo que duraron los vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 23001-23-33-000-2014-00041-01(4413-15)
Actor: TEDY DEL CARMEN NEGRETE HERNÁNDEZ
Demandado: ESE SAN JOSÉ DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la ESE San José de San Bernardo del Viento contra la sentencia del 28 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho del epígrafe.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2. La señora Tedy del Carmen Negrete Hernández, a través de apoderada, formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en contra de la ESE San José de San Bernardo del Viento, para lo cual formuló las siguientes pretensiones:
Declarar la nulidad del acto ficto presunto, producto del silencio negativo administrativo frente a la petición de 12 de julio de 2009 de reconocimiento de una «verdadera relación laboral» entre la accionante y la entidad demandada desde el 1.° de diciembre de 1994, así como el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos laborales dejados de percibir.
Como restablecimiento del derecho solicitó el pago de los salarios, prestaciones sociales, trabajo suplementario (recargos diurnos y nocturnos en días hábiles dominicales y festivos) que se reconocen a los empleados de la entidad, el pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías y que para todos los efectos legales y especialmente para la liquidación de las prestaciones sociales se tenga en cuenta el tiempo de servicio prestado, objeto de la demanda.
Que se actualicen las sumas resultantes de conformidad con el artículo 178 del CCA y que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 del CPACA y 176 del «CCA»
2.1.2. Hechos
3. En síntesis, los hechos relevantes son los siguientes:
4. Se indicó en la demanda que la señora Teddy Negrete Hernández se desempeñó a través de nombramiento como mecanógrafa de la ESE Hospital San José de San Bernardo del Viento desde el 02 de enero de 1978 hasta el 01 de abril de 1987, siéndole canceladas todas sus prestaciones sociales.
5. Posteriormente ingresó a laborar con la misma entidad desde el 1.° de diciembre de 1994, a través de orden de prestación de servicios, por 8 horas diarias; luego en el año 1995 prestó sus servicios como «técnica» y en el año 1996 laboró en la oficina de personal.
6. Posteriormente pasó a la oficina de facturación el 1.° de enero de 1997 con un horario de 8 horas diarias de trabajo, en jornadas nocturnas, domingos y festivos y a partir de 2003, a través de la Circular 012 comenzó un horario de 6 horas.
7. Para el mes de abril de 2008 el nuevo gerente le asignó un horario de 12 horas diarias, comprendiendo festivos y nocturnos y además con las funciones correspondientes a las de coordinación de la Oficina de Facturación, con lo cual se estructuraron los elementos esenciales de una relación legal y reglamentaria.
2.1.3. Disposiciones violadas y concepto de violación.
8. En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 8.°, 9.°, 10 y 11 de la Ley 3135 de 1968; 43, 49, 51 y 69 del Decreto 1848 de 1968; 8 a 33 y 45 del Decreto 1045 de 1978; 17 de la Ley 6ª de 1945, 1.° de la Ley 65 de 1946, 1.° y 2.° de la Ley 244 de 1995, 1.° y s.s. del Decreto 1919 de 2002 y la Ley 21 de 1982.
9. En el concepto de violación la apoderada de la accionante, manifestó que tanto el precedente de la Corte Constitucional como el del Consejo de Estado han mantenido uniforme las condiciones que se deben dar para que sea reconocido el principio de la realidad sobre las formas en una relación laboral, de tal manera que las entidades no pueden escudarse en contratos de prestación de servicios para ocultar relaciones en donde se aprecia la subordinación como un elemento constante, entre el empleador y la poderdante y con lo cual se encubrió una verdadera relación laboral y se vulneraron derechos laborales de orden constitucional toda vez que las labores desempeñadas por la señora Negrete Hernández eran las mismas que las de los trabajadores de planta.
2.2. Contestación de la demanda.
2.2.1. La ESE Hospital San José de San Bernardo del Viento, a través de apoderada, se opuso a las pretensiones formuladas por la accionante, para lo cual indicó que no se demostró la subordinación para que se pueda ordenar el pago de salarios y prestaciones sociales.
10. Propuso como excepciones las de «falta de pruebas suficientes aportadas al proceso para determinar la relación laboral aducidas en la demanda», «inexistencia de contrato realidad» y «falta de demostración de subordinación».
2.3. Sentencia de primera instancia
11. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, profirió fallo el 28 de mayo de 2015, en el cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda e impuso condena en costas y agencias en derecho a cargo de la ESE Hospital San José de San Bernardo del Viento.
12. Para tales efectos se refirió a la figura del contrato de prestación de servicios y a la configuración del contrato realidad a partir de lo cual analizó las pruebas aportadas y encontró acreditado que la señora Tedy del Carmen Negrete Hernández se desempeñó como Auxiliar de Facturación desde el 1.° de diciembre de 1994 hasta el 28 de febrero de 2012, según copias de órdenes de prestación de servicios.
13. Estimó que si bien faltaron los contratos de algunos periodos, dicha falencia se subsanó con el certificado expedido el 26 de junio de 2015 por la jefe de personal de la entidad demandada, documento del cual se colegía que la demandante prestó sus servicios durante los años en cita, lo cual se reafirmó con los testigos citados al proceso frente a la fecha de inicio y terminación de la prestación de servicios, en el área de facturación, y donde se demostró que recibía órdenes tanto del gerente, como del jefe de talento humano de la ESE San José de San Bernardo del Viento, con el cumplimiento del horario de lunes a viernes por ocho horas diarias, inclusive domingos dos horas, con lo cual se probó que no laboró de manera autónoma e independiente sino bajo subordinación, con el cumplimiento de instrucciones directas, aunado a que a partir de marzo de 2012 fue nombrada en la entidad para desempeñar las mismas labores que venía desarrollando.
14. Por lo anterior, consideró que le asistía derecho a la accionante, de manera parcial, frente a las pretensiones de la demanda y condenó a la ESE San José de San Bernardo del Viento, a (i) reconocer y pagar a favor de la señora Tedy del Carmen Negrete Hernández, a título de indemnización «las prestaciones sociales correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 1994 y el 1 de marzo de 2012»; (ii) reconocer los porcentajes correspondientes a aportes en salud y pensión, que debieron trasladarse a los respectivos fondos, por el citado periodo, descontando el porcentaje que le atañe a la accionante y el que haya sido cancelado a su favor durante el desarrollo de los contratos, (iii) actualizar las sumas resultantes y, finalmente (iv) declaró que el tiempo laborado se debía computar para efectos pensionales.
15. Negó las demás pretensiones de la demanda, ordenó dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192, 194 y 195 del CPACA y condenó en costas y agencias en derecho a la entidad accionada.
2.4. Recurso de apelación.
16. El apoderado de la ESE San José de San Bernardo del Viento interpuso recurso de apelación en el cual se refirió a la falta de configuración de los elementos del contrato realidad.
17. Al respecto estimó que no existía razón para que el Tribunal Administrativo ordenara reconocer y pagar las prestaciones sociales ni aportes a favor de la demandante desde el 1.° de diciembre de 1994 al 1.° de marzo de 2012, porque la petición elevada por la demandante fue recibida en el hospital el 15 de julio de 2009 y, de acuerdo con ello, únicamente podían reconocerse los derechos alegados hasta la fecha de la reclamación.
18. Según el apoderado, consideró que no podía declararse la existencia del contrato realidad por cuanto la vinculación por órdenes de prestación de servicios ocurrió de forma interrumpida entre los años 1994 a 2009.
19. Agregó que la demandante no cumplía horarios que fueran ordenados por la entidad, sino que estos respondieron a los acuerdos de voluntades de las dos partes. Así mismo, sostuvo que en el sub examine la supervisión de las obligaciones contraídas no conllevan necesariamente la existencia de subordinación o dependencia del contratista respecto a la entidad contratante.
2.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
20. Tanto las partes como el Ministerio Público se abstuvieron de presentar memorial descorriendo el traslado para alegar y presentar concepto.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
21. Es competente esta Subsección para decidir dentro del proceso del epígrafe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA.
22. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la Sala de Subsección A se encuentra limitada por el objeto del recurso interpuesto por la entidad accionada como apelante única.
3.2. Problemas jurídicos
23. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si ¿en este caso se comprobaron los elementos constitutivos de una relación laboral surgida entre la señora Tedy del Carmen Negrete Hernández y la ESE San José de San Bernardo del Viento, pese a que fue vinculada mediante contratos de prestación de servicios?
24. De ser positiva la respuesta al anterior interrogante se deberá verificar si en este caso ocurrió la prescripción de los derechos reclamados?
3.3. Primer problema jurídico. ¿En este caso se comprobaron los elementos constitutivos de una relación laboral surgida entre la señora Tedy del Carmen Negrete Hernández y la ESE San José de San Bernardo del Viento, pese a que fue vinculada mediante contratos de prestación de servicios?
3.3.1. Del contrato realidad
25. En primer lugar, debe señalarse que existe una clara línea jurisprudencial de esta Corporación en la que ha considerado que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas, preceptuados en normas respecto de la materia.
26. De acuerdo con lo anterior, para acreditar la existencia de una relación laboral es necesario probar los tres elementos referidos, especialmente que el contratista desempeñó una función en las mismas condiciones de subordinación y dependencia continuada que sujetan a un servidor público.
27. Contrario sensu, se constituye una relación contractual, que se rige por la Ley 80 de 1993, cuando se pacta la prestación de servicios relacionados con la administración o funcionamiento de la entidad pública, caso en el cual el contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada, recibe el pago de honorarios por los servicios prestados por una labor convenida que no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados.
28. Cuando se logra desvirtuar el contrato de prestación de servicios, inexorablemente se impone el reconocimiento de las prestaciones sociales generadas, atendiendo a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho restablecimiento, que no es otra que la relación laboral que se ocultó bajo el ropaje de un contrato administrativo estatal.
29. Ello en aplicación de los principios de igualdad y de irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, consagrados respectivamente en los artículos 13 y 53 de la Carta Fundamental. De tal manera se superó esa prolongada tesis que prohijaba la figura indemnizatoria como resarcimiento de los derechos laborales conculcados.
30. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de 25 de agosto de 2016, unificó su jurisprudencia y señaló que el pago de las prestaciones que se reconocen como consecuencia de la nulidad del acto administrativo que negó la existencia de la relación laboral, procede a título de restablecimiento del derecho y no como reparación integral del daño. Al efecto, expresó lo siguiente:
«Frente al anterior panorama jurisprudencial, resulta imperioso unificar el precedente con el fin último de acoger el criterio que sea más favorable a los ciudadanos que acuden ante la justicia contencioso-administrativa en busca de obtener el reconocimiento de los derechos que eran inherentes a una relación laboral pero que la Administración disfrazó con la suscripción de un contrato estatal, para lo cual ha de advertirse que el restablecimiento del derecho es una consecuencia lógica de la nulidad que se decreta, ya que una vez ejecutoriada la sentencia que así lo declara, el acto administrativo desaparece del mundo jurídico, por lo que los derechos y situaciones afectados deben volver a su estado inicial, es decir, que en las controversias de contrato realidad hay lugar a reconocer las prestaciones que el contratista dejó de devengar y el tiempo de servicios con fines pensionales, pues su situación jurídica fue mediante un contrato estatal, pero que en su ejecución se dieron los elementos constitutivos de una relación laboral, que en caso de haber sido vinculado como empleado público hubiese tenido derecho a las mismas prestaciones que devengan los demás servidores de planta de la respectiva entidad.
Por consiguiente, no resulta procedente condenar a la agencia estatal demandada al pago de las prestaciones a las que tenía derecho el contratista-trabajador a título de reparación integral de perjuicios, dado que estas se reconocen como efecto de la anulación del acto que las negó, pese a su derecho a ser tratado en igualdad de condiciones que a los demás empleados públicos vinculados a través de una relación legal y reglamentaria, esto es, a pesar de tener una remuneración constituida por los honorarios pactados, le fue cercenado su derecho a recibir las prestaciones que le hubiere correspondido si la Administración no hubiese usado la modalidad de contratación estatal para esconder en la práctica una relación de trabajo»
31. En cuanto a los derechos prestacionales derivados del contrato realidad, otrora esta Sección concluyó que no prescriben, debido a que su exigibilidad es imposible antes de que se produzca la sentencia, porque la decisión judicial al declarar la existencia de la relación laboral tiene carácter constitutivo; es decir, que es a partir del fallo que nace a la vida jurídica el derecho laboral reclamado y por tanto no podía operar en estos casos el fenómeno procesal extintivo.
32. Sin embargo, con el paso del tiempo se determinó que, aunque es cierto que es desde la sentencia que se hacen exigibles las prestaciones derivadas del contrato realidad, también lo es que el particular debe reclamar el reconocimiento de su relación laboral dentro de un término prudencial que no exceda el de la prescripción de los derechos que pretende; lo que significa que debe solicitar la declaratoria de la existencia de esa relación en un término no mayor a tres años.
33. De igual manera, sobre este punto referido a la prescripción del derecho reclamado en el marco de un contrato realidad, la Sección Segunda de esta Corporación, en la referida sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado, se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual, para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “…primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo 53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.»
34. Asimismo, dicha providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los aportes para pensión, teniendo en cuenta la condición periódica del derecho pensional que lo hace imprescriptible.
3.5. De lo efectivamente probado.
35. Advierte la Sala que la señora Tedy del Carmen Negrete Hernández celebró los siguientes contratos de prestación de servicios con la ESE San José del municipio de San Bernardo del Viento:
N.º OPSOBJETOPERIODO VALORFOLIOOrden de servicios de 24-11-94Suscrita por el director del ente hospitalario donde le señala a la demandante que se sirva prestar sus servicios a la entidad con 8 horas diarias, desde diciembre de 1994 como mecanógrafa, con asignación mensual de $123.145 «hasta nueva orden».24-11-94
No se indica la terminación$123.14518Orden de servicios de 31-05-97Suscrita por el gerente donde le señala a la demandante que se sirva prestar sus servicios en la Oficina de facturación, en el mes de junio de 1997.Junio de 1997Es ilegible19Orden de servicios de 31-12-03Suscrita por la gerente donde le solicita a la demandante que se sirva prestar sus servicios a la entidad desde el 1.° de enero de 2004 al 31 de marzo del mismo año, por el sistema de turnos diurnos.1.° de enero al 31 de marzo de 2004 «establecido de común acuerdo con la gerencia»139Orden de prestación de servicios sin fecha ni númeroPrestar servicios en facturación en el hospital por septiembre de 2005Septiembre de 2005$553.575101Orden de prestación de servicios junio de 2006Servicios en facturación en los meses de junio y julio de 2006Junio y julio de 2006$553.875 mensual280Orden de prestación de servicios septiembre de 2006Servicios en facturación en el mes de septiembre de 2006Septiembre de 2006$600.000 mensual274Orden de prestación de servicios octubre de 2006Servicios en facturación en los meses de octubre a diciembre de 20061 de octubre a 31 de diciembre de 2006 de 2006$600.000 mensual285Orden de prestación de servicios de abril de 2007Prestar servicios en facturación en el hospital de abril a junio de 20071.° de abril a 30 de junio de 2007$600.000 mensuales288Orden de prestación de servicios de abril de 2007Prestar servicios en facturación en el hospital de julio a diciembre de 20071.° de julio a 31 de diciembre de 2007$600.000 mensuales24Orden de prestación de servicios de enero de 2008Servicios en facturación en los meses de enero, febrero y marzo de 2008, por ocho horas diarias.1.° de enero a 31 de marzo de 2008$630.000 mensual254Orden de prestación de servicios abril de 2008Servicios en facturación en los meses de abril a junio de 20081.° de abril a junio de 2008$630.000 mensual270Orden de prestación de servicios de 8 de enero de 2009Servicios en facturación en los meses de enero, febrero y marzo de 20091.° de enero a 31 de marzo de 2009$2.034.000
$678.000 mensual241Orden de prestación de servicios de 1 de abril de 2009Servicios en facturación en los meses de abril, mayo y junio de 20091.° de abril a 30 de junio de 2009$2.034.000
$678.000 mensual238Orden de prestación de servicios de 1.° de julio de 2009Servicios en facturación en los meses de julio, agosto y septiembre de 2009.1.° de julio a 30 de septiembre de 2009$2.034.000
$678.000 mensual244Orden de prestación de servicios de 1.° de octubre de 2009Servicios en facturación en los meses de octubre a diciembre de 2009.1.° de octubre a 31 de diciembre de 2009$2.034.000
$678.000 mensual248Orden de prestación de servicios de 6 de enero de 2010Servicios en facturación en enero a marzo de 20101.° de enero a 31 de marzo de 2010$2.115.360
$705.120 mensual200Orden de prestación de servicios de 6 de abril de 2010Servicios en facturación en abril a junio de 20101.° de abril a 30 de junio de 2010$2.115.360
$705.120 mensual219Orden de prestación de servicios de 1 de julio de 2010Servicios en facturación de julio a septiembre de 20101.° de julio a 30 de septiembre de 2010$2.115.360
$705.120 mensual194Orden de prestación de servicios de 1 de octubre de 2010Servicios en facturación de 1.° de octubre a 31 de diciembre de 20101.° de octubre a 31 de diciembre de 2010$2.115.360
$705.120 mensual227Orden de prestación de servicios de 1 de enero de 2011Servicios en facturación de enero a marzo de 20111.° de enero a 30 de marzo de 2011$2.190.000
730.000 mensual186Orden de prestación de servicios de 1 de abril de 2011.Servicios en facturación de abril a junio de 20111.° de abril a 30 de junio de 2011$2.190.000
730.000 mensual181
36. Igualmente se aportó copia de las Resoluciones 037 de 29 de febrero de 2012 y 204 de 29 de agosto de 2012, suscritas por el gerente de la ESE demandada, en las cuales se nombró a la demandante como Auxiliar Administrativo Código 407 desde el 1.° de marzo de 2012 y desde el 1.° de septiembre de 2012, por cuatro meses (ff. 28 y 29).
37. De acuerdo con los contratos u órdenes de prestación de servicios la señora Negrete Hernández se desempeñó en el área de facturación la ESE San José de San Bernardo del Viento entre varios periodos comprendidos así:
Del 1.° de diciembre de 1994 en adelante ( no se sabe fecha de terminación). En este caso se determinará hasta mayo de 1997 (siguiente ops), pues se dejó abierta la fecha de terminación en la orden de prestación de servicio.
En el mes de junio de 1997.
Del 1.° de enero al 31 de marzo de 2004.
Septiembre de 2005.
Junio y julio de 2006.
Septiembre a diciembre de 2006
Abril a diciembre de 2007
Enero a junio de 2008
Enero a diciembre de 2009
Enero a diciembre de 2010
Enero a junio de 2011
38. En este punto debe señalarse que en la demanda se solicitó el reconocimiento de la relación laboral desde el 1.° de diciembre de 1994 y, tal como se indicó en la parte considerativa, el a quo reconoció la existencia de una relación laboral entre la señora Tedy del Carmen Negrete Hernández y la E.S.E. Hospital San José de San Bernardo del Viento entre el 1.° de diciembre de 1994 y el 1.º de marzo de 2012.
39. Para tales efectos estableció que pese a que no obraban los contratos u órdenes de prestación de servicios sobre algunos periodos (no indicó cuáles), dio por probada la relación laboral en el citado periodo en virtud de certificación expedida por la jefe de personal de la entidad. Tales documentos obran a folios 17, 20, 21, 23, 26, 295 y 204.
40. Al respecto, aprecia la Sala que se aportaron al proceso copias de facturación, comprobantes de egreso y recibos de pago, por periodos que no fueron comprendidos en los contratos de prestación de servicios, estos son:
Julio a diciembre de 2002 (f. 178)
Octubre de 2002 (f. 180)
Noviembre de 2002 (f. 176)
Enero de 2003 (f. 149)
Febrero de 2003 (f. 142)
Marzo de 2003 (f. 148 y 151)
Abril -2003 (f. 154)
Julio -2003 (f. 192)
Agosto - 2003 (f. 159)
Septiembre - 2003 (ff. 144 y 164)
Octubre -2003 (f. 166)
Noviembre de 2003 (f. 171)
Diciembre -2003 (f. 165)
Junio de 2004 (f. 134)
Mayo de 2004 (f. 137)
Diciembre de 2004 (f. 143)
Febrero a mayo de 2005 (ff. 110, 115, 117, 119, 124)
Junio de 2005 (f. 110)
Julio de 2005 (f. 103)
Agosto de 2005 (f. 95)
Octubre de 2005 (f. 92)
Noviembre y diciembre de 2005 (f. 299)
Febrero y marzo de 2006 (f. 296)
Abril y mayo de 2006 (f. 297)
41. A contrario sensu de lo estimado por el a quo, esta Subsección advierte que los comprobantes de egreso y las certificaciones señaladas no permiten determinar con precisión bajo qué título laboró la demandante en la citada institución hospitalaria para poder establecer si (i) los periodos de inicio y terminación de labores correspondieron a un contrato de prestación de servicios, (ii) las funciones a desempeñar, (iii) si hubo o no interrupción de las funciones siendo, además, de resaltar, que en varios de ellos se identifica como «personal indirecto», «supernumerarios» y algunos de los comprobantes de egreso se encuentran remarcados con bolígrafo en la fecha, especialmente los correspondientes al año 2003 advirtiéndose que el número original plasmado en el documento era diferente.
42. Se observa entonces que no era dable predicar, que desde el 1.° de diciembre de 1994 y de forma ininterrumpida, se había configurado la relación laboral bajo el tratamiento de contrato de prestación de servicios, pues como se advierte, las pruebas solo demuestran los periodos relacionados.
43. Adicionalmente es de destacar que la pretensión de reconocimiento de la relación laboral indica un extremo temporal, como es el 1.° de diciembre de 1994, por lo que debía atenderse a la fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales, radicada ante la demandada, esto es el 15 de julio de 2009.
44. Por consiguiente, de advertirse como demostrados los elementos del contrato de trabajo, la relación laboral únicamente podrá reconocerse en los periodos efectivamente demostrados a través de las órdenes de prestación de servicios, es decir, por los siguientes periodos:
Del 1.° de diciembre de 1994 al 31 de mayo de 1997.
De 1.°al 30 de junio de 1997.
Del 1.° de enero al 31 de marzo de 2004.
Del 1.° al 30 de septiembre de 2005.
Del 1.° de junio al 31 de julio de 2006.
Del 1.° de septiembre al 31 de diciembre de 2006.
Del 1.° de abril al 31 de diciembre de 2007.
Del 1.° de enero al 30 de junio de 2008.
Del 1.° de enero al 15 de julio de 2009 (fecha de presentación de la solicitud.
45. Ahora bien, en cuanto a la prestación personal del servicio, se colige que la demandante realizó sus funciones como auxiliar de facturación en la ESE Hospital San José de San Bernardo del Viento, de acuerdo con las órdenes arriba indicadas dirigidas a ella, en la sede de la institución, con los elementos suministrados por la ESE y bajo supervisión de la jefe de personal, de donde se extrae que su objeto contractual no podía ser ejecutado por terceros.
46. Igualmente se probó el elemento remuneración a través de los comprobantes de pago aportados al proceso, así como en los honorarios pactados en las órdenes de prestación de servicios.
47. En cuanto al elemento subordinación se tiene que el objeto contractual para el cual fue contratada la señora Negrete Hernández fue prestar servicios como auxiliar de facturación en la ESE San José de San Bernardo del Viento, para la cual se adjuntaron órdenes de cumplimiento de horarios, carga horaria (8 horas diarias) y sistema de turnos asignados (ff. 16, 18, 22).
48. Asimismo, se recaudaron los siguientes testimonios en la audiencia de pruebas realizada el 20 de enero de 2015:
Yolanda del Carmen Negrete Hernández, auxiliar de enfermería en la entidad demandada desde 1988 (hermana de la demandante, manifestó lo siguiente:
Dijo que la accionante empezó a laborar años atrás por contrato y fue retirada y luego en diciembre de 1994 ingresó a recursos humanos como secretaria de la jefe de personal y luego fue trasladada a facturación; se le vinculó por contratos de servicios de tres meses, dos meses, un año, a veces duraba trabajando 6, 7 u 8 meses sin contrato de prestación de servicios y luego volvía y se le llamaba para laborar mediante esa figura.
La demandante se desempeñaba en el área de facturación, sus funciones eran ingresar al paciente, hacer su admisión, recibir lo que el médico enviara, establecer el contacto con el paciente y facturar los servicios a diferentes EPS con las que tiene contrato.
Las órdenes se le daban por la Jefatura de personal y la Gerencia.
La empresa tenía su manual de funciones y a cada trabajador le indicaban qué debe realizar.
La jefatura de personal le daba las órdenes y estaba encabezada por la señora Lola Rojas, que es la jefe de personal de la empresa.
Existían tres facturadores en las mismas condiciones de la demandante.
Desempeñaba sus funciones dentro del hospital al ser contratada mediante órdenes prestación de servicio para hacer esa actividad.
Durante 6 años trabajó en turnos nocturnos, feriados y festivos, después de eso, en el año 2003, trabajó solo 8 horas diarias, con algunas modificaciones por necesidad del servicio.
Siempre estuvo subordinada al gerente, su jefe de personal y «el que le pongan encargado, porque hay una persona encargada de coordinar las actividades de facturación qué es la otra compañera, siempre ellos han recibido órdenes de gerencia del hospital, cumpliendo las funciones del manual de funciones que nos daban a nosotros los trabajadores […]»
49. Carmen Lucía Escobar Negrete quien labora en la ESE San José de San Bernardo del Viento, en el área de calidad, sostuvo que conoce a la demandante desde 1994 y son compañeras de trabajo:
Señaló que en el proceso de facturación siempre se recibían órdenes directamente de la gerencia; que dicha Oficina queda dentro del Hospital por lo que siempre debe estar allí.
Las funciones dependen del número de pacientes que ingresan a la ESE.
Cuando se inició el proceso de facturación, tenía turnos de 24 horas, y ahora jornadas de 8 horas.
El proceso de admisión es permanente y es uno de los procesos más importantes de la institución.
No se le pagaban prestaciones sociales ni el trabajo suplementario.
Los contratos de prestación de servicios no eran siempre renovados, pero la labor seguía siendo desarrollada por la demandante y se le pagaba pese a la inexistencia del citado documento.
50. Ernesto Carlos Mercado Marimon, médico en el hospital demandado desde el año 1981, indicó:
Dijo que ella ingresó antes, pero hubo una interrupción y luego volvió a través de órdenes de prestación de servicios y ahora se encuentra en una nómina temporal.
El trabajo de la demandante se desarrollaba en el área de facturación, con la admisión de los pacientes de tal manera que los ubica para que ya de ahí pase el paciente donde el médico.
La demandante se ha desempeñado desde 1994 de manera continua, sin interrupciones, cumpliendo sus horarios de trabajo y funciones.
El gerente y el jefe personal era quienes les impartían órdenes.
Los elementos de trabajo los suministraba el gerente.
Sus funciones son permanentes.
Su horario es de 6 de la mañana y sale a las 5 de la tarde.
51. Guillermo Calao Arteaga, vinculado en la empresa como técnico de saneamiento ambiental desde 1988, afirmó:
Dijo que ella trabaja en el proceso de facturación y desde 1994 ha sido de manera continua.
La Empresa le suministra sus dotaciones, y solo se le reconoce el sueldo básico.
Al principio de hacía turnos para cubrir las 24 horas con turnos nocturnos, dominicales, feriados, pues eran tres facturadores, pero ahora son por horarios.
El jefe inmediato es el gerente.
Su trabajo no es autónomo, sino que era un equipo de trabajo y el proceso de facturación es la columna vertebral para el funcionamiento de la entidad.
52. Previo al análisis testimonial, debe señalarse frente a la declaración de la señora Yolanda del Carmen Negrete Hernández, hermana de la demandante, que si bien le puede asistir interés en que le sea favorable la decisión judicial, que el artículo 211 CGP se referente a la imparcialidad de los testigos señala que cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, entre otras, en razón de parentesco y que el juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso.
53. En este caso la parte demandada no formuló tacha alguna contra la citada deponente, sin embargo, examinadas con rigurosidad sus manifestaciones se tiene que son consistentes con las exposiciones de los demás deponentes por lo que a la luz del inciso final de la norma, la Sala, las analizará en su conjunto con las pruebas recaudadas.
54. En efecto, todos los testigos concuerdan en que la demandante laboraba como auxiliar de facturación, realizando las actuaciones administrativas para disponer el ingreso de pacientes a consulta externa o a urgencias, recibía la documentación aportada por los usuarios, realizaba las asignaciones a los médicos de acuerdo con la cantidad de personas que requerían los servicios de salud y adelantaba el proceso de facturación para poder cobrar a las EPS los servicios suministrados a los pacientes, proceso que como lo informaron los deponentes, es trascendental para el funcionamiento de la entidad.
55. Igualmente relataron que laboró en turnos dispuestos por el gerente y la jefe de personal de la ESE San José de San Bernardo, en horarios que incluían sábados, domingos y festivos y que, posteriormente, le fue asignado un turno de ocho horas diarias, bajo las directrices de la jefe de personal y el gerente del hospital, quienes le suministraban los elementos de trabajo, por lo que se descarta cualquier autonomía en el cumplimiento de sus funciones.
56. Es de destacar las afirmaciones de los testigos quienes indicaron que la vinculación se producía por contratos de prestación de servicios de 3 meses, 2 meses, 1 año y que veces por varios meses no se prorrogaban los contratos, pese a lo cual la demandante continuaba prestando sus servicios en la entidad.
57. Se advierte entonces que tales funciones eran de carácter permanente, sujetas al manual de funciones de la entidad y a las directrices de sus superiores por lo que no existía la posibilidad de ser ejercidas de forma autónoma o bajo una relación de coordinación, con lo cual se colige que le asistió razón al a quo al declarar la existencia del contrato realidad, pero únicamente en cuanto a los siguientes periodos:
Del 1.° de diciembre de 1994 al 31 de mayo de 1997.
De 1.°al 30 de junio de 1997 (continuidad con el anterior).
Del 1.° de enero al 31 de marzo de 2004.
Del 1.° al 30 de septiembre de 2005.
Del 1.° de junio al 31 de julio de 2006.
Del 1.° de septiembre al 31 de diciembre de 2006.
Del 1.° de abril al 31 de diciembre de 2007.
Del 1.° de enero al 30 de junio de 2008.
Del 1.° de enero al 15 de julio de 2009 (fecha de presentación de la solicitud ante la administración).
58. Esta determinación cobra importancia, toda vez que como los mismos testigos lo manifestaron, durante algunos periodos no se suscribieron contratos de prestación de servicios, pese a lo cual la demandante siguió laborando, situación que, si bien puede ser analizada a través de la figura del funcionario de hecho, no se ajusta a los términos del contrato realidad, tema sobre el cual versa la demanda.
3.4. Segundo problema jurídico. ¿Debe declararse probada la excepción de prescripción extintiva del derecho, al haber trascurrido más de tres años entre la finalización de vínculo contractual sobre el cual se configuró la relación laboral de la demandante y la reclamación administrativa?
59. Al respecto, en materia de derechos laborales de los empleados públicos, los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, establecen que las acciones que emanen de los derechos consagrados en dichas normas prescriben en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, y que el simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
60. Adicionalmente en la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016 la Sección Segunda de esta Corporación indicó que quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual.
61. Tal figura jurídica no aplica frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad.
62. Como ya se indicó, el Tribunal declaró la configuración del contrato realidad desde el 1.° de diciembre de 1994 hasta el 1.° de marzo de 2012, de forma interrumpida.
63. Sin embargo, sólo era posible pronunciarse respecto de los derechos reclamados por la demandante que se hubieren causado hasta la fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales, radicada ante la entidad demandada el 15 de julio de 2009 , atendiendo también a la fecha de la presentación de la demanda (7 de febrero de 2014 (f. 11).
64. De acuerdo con esto, se tiene que los plazos para reclamar los derechos prestacionales derivados de los periodos de vinculación laboral, prescribieron toda vez que, como se dijo, la fecha para tener en cuenta en el último contrato de prestación de servicios era el 15 de julio de 2009, cuando se presentó la solicitud, y pese a que se demanda un acto ficto la demandante presentó su libelo introductorio hasta el 7 de febrero de 2014, es decir, cuando habían transcurrido más de tres años (f. 11)
65. Como se aprecia de lo anterior sí ocurrió la prescripción de los emolumentos deprecados excepto en lo relacionado con los aportes a seguridad social en pensiones por tratarse de una prestación imprescriptible, por lo que la entidad demandada deberá, a título de restablecimiento del derecho, tomar el ingreso base de cotización (honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios), en los periodos debidamente acreditados como laborados por prestación de servicios, incluidos aquellos sobre los cuales operó la prescripción, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, en el porcentaje que le correspondía como empleador.
66. En virtud de lo anterior, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema de seguridad social en pensiones durante el tiempo que duraron los vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora.
3.5. Conclusión.
67. En consecuencia, se confirmará parcialmente la sentencia de 28 de mayo de 2015 proferida dentro del proceso del epígrafe, y se modificarán los numerales segundo y tercero de la providencia en cuestión, frente (i) disponer la forma en que se realizará la cotización de los aportes pensionales, como ha quedado señalado en precedencia y (ii) declarar la ocurrencia de la excepción de prescripción respecto los emolumentos deprecados, con excepción de los aportes a seguridad social en pensión, por tratarse de una prestación imprescriptible.
68. En lo demás se confirmará la sentencia de primera instancia.
3.5. De la condena en costas
69. La Sala considera que no hay lugar a imponer la condena en costas, conforme con el ordinal 5.º del artículo 365 del CGP, porque si bien prosperó de forma parcial el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada, estas no se causaron.
70. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO.- SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 28 de mayo de 2015, que accedió parcialmente a las pretensiones, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora Tedy del Carmen Negrete Hernández contra la ESE Hospital San José del municipio de San Bernardo del Viento, de conformidad con lo señalado en la parte motiva.
SEGUNDO.- SE MODIFICAN los ordinales segundo y tercero de la sentencia proferida el 28 de mayo de 2015 por el Tribunal Administrativo de Córdoba en el proceso del epígrafe, los cuales quedarán así:
«SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, ordénese a la E.S.E. Hospital San José de San Bernardo del Viento a tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional de la demandante, dentro de los periodos debidamente acreditados como laborados por prestación de servicios, incluidos aquellos sobre los cuales operó la prescripción, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, para lo cual se atenderá a los periodos señalados en el cuadro anexo al párrafo 44 de esta providencia .
En ese sentido, la accionante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema de seguridad social en pensiones durante el tiempo que duraron los vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador
TERCERO. Se declara probada de oficio la excepción de prescripción respecto de los emolumentos laborales solicitados derivados de la relación laboral, con excepción de los aportes a seguridad social en pensión, por tratarse de una prestación imprescriptible».
TERCERO.- SE CONFIRMA en lo demás la sentencia de primera instancia por las razones expuestas en esta providencia.
CUARTO.- SE ACEPTA la renuncia del apoderado de la demandante, Luis Alfredo Jiménez Espitia, portador de la tarjeta profesional 45.490 del C. S. de la J. de acuerdo con el escrito visible a folio 400 del expediente.
QUINTO.- Efectúense las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión del doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Con ponencia de la magistrada Diva Cabrales Solano.
Ff. 1 y s.s.
Citó la sentencia C – 386 de 2000, T- 159 de 2000,
Se refirió a la sentencia de la Subsección B de 16 de julio de 2009, con ponencia del Dr. Gerardo Arenas Monsalve, dentro del proceso radicado interno 1258 de 2007.
Escrito que obra a folio 75 a 77.
Ff. 361 y s.s.
Ff. 496 y s.s.
CPACA, art. 150: «Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia […]».
Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero dr. Carmelo Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001 (00882015).
Consejo de Estado. Sección Segunda - Subsección A. Sentencia de 17 de abril de 2008. Radicación 2776-05. Consejero ponente Jaime Moreno García; Sentencia de 17 de abril de 2008. Radicación 1694-07. Consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 25 de agosto de 2016. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01.
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 2152-06.
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 9 de abril de 2014. Expediente 131-13. Consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero.
Ver folios 13 a 15.
A partir del folio 17.
Folios 346 y siguientes:
Minuto 12.15 CD folio 351.
Minuto 41.30 Ibidem.
Minutos 1.06.24 Ibidem
Minutos 1:20:15. Ibidem.
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.»
«Artículo 102. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25 de agosto de 2016. Consejero Ponente Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015).
Ver folios 13 a 15.
Según lo señalado en la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005 del 25 de agosto de 2016.
«5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.»
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