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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2014-00046-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2014-00046-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de junio de 2017, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Córdoba accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Jairo Díaz Sierra en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. SEGUNDO. CONDENAR en costas al demandante en esta instancia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2014-00046-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 23001-23-33-000-2014-00046-01 (0862-2018)
Demandante : Jairo Díaz Sierra
Demandada : Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Tema : Reconocimiento de honorarios conjuez.
Decisión : Confirma la sentencia apelada, en tanto que reconoció la
indexación de honorarios del conjuez actualizando la tarifa
establecida en el Decreto 2266 de 1969 conforme al IPC.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia
del 8 de junio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la
cual se declaró la nulidad de la Resolución 444 del 27 de noviembre de 2012 y del acto
ficto negativo derivado de la falta de pronunciamiento sobre el recurso de apelación
interpuesto en vía administrativa, y se ordenó, a título de restablecimiento del derecho, el
pago de los honorarios del demandante como conjuez del Tribunal Administrativo de
Córdoba conforme a las tarifas del artículo 10 del Decreto 2266 de 1969, actualizadas
según el IPC mediante la fórmula expuesta en la parte motiva.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. Jairo Díaz Sierra presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el
fin de que se declarara la nulidad de la Resolución 444 del 27 de noviembre de 2012,
mediante la cual la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería negó el
reconocimiento y pago de sus honorarios como conjuez del Tribunal Administrativo de
Córdoba, así como del acto ficto negativo originado en la falta de pronunciamiento sobre
el recurso de apelación oportunamente interpuesto.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: el reconocimiento y pago de
honorarios por el período comprendido entre el 23 de febrero de 2009 y el 17 de febrero
de 2011, tomando como base la remuneración mensual de un magistrado de tribunal
judicial conforme al Decreto 722 de 2009, lo que equivaldría a $87.630.768 por los 24
meses de servicios; el reconocimiento de intereses moratorios sobre las sumas
adeudadas y el pago de las prestaciones sociales y bonificaciones legales

Radicación: 23001-23-33-000-2014-00046-01 (0862-2018)
Demandante: Jairo Díaz Sierra

correspondientes a un magistrado superior de distrito judicial. Subsidiariamente, solicitó
el pago proporcional al salario de un magistrado de tribunal, tomando como referencia el
valor de la hora de trabajo o las tarifas del Decreto 2266 de 1969 actualizadas conforme
al IPC.

3. Señaló que se ha desempeñado como conjuez desde el 22 de enero de 2007 y que,
en ese ejercicio, actuó como ponente en cuatro procesos de nulidad y restablecimiento
del derecho. Manifestó que desde la expedición del Decreto 2266 de 1969, el Gobierno
no ha actualizado las tarifas de remuneración de los conjueces, lo que vulnera el derecho
a una remuneración digna por la labor prestada, más aún cuando el artículo 61 de la Ley
270 de 1996 reconoce expresamente el carácter remunerado de sus servicios y les
impone los mismos requisitos, deberes y responsabilidades de quienes ejercen el cargo
en propiedad.

4. Agotada la vía administrativa mediante reclamación, la entidad negó el reconocimiento
de honorarios a través de la Resolución 444 de 2012. El recurso de apelación interpuesto
contra esa decisión nunca fue resuelto, configurándose el silencio administrativo
negativo.

Contestación de la demanda

5. La demandada se opuso a las pretensiones. Sostuvo que el Decreto 2204 de 1969
facultó al Gobierno nacional para regular, cada dos años, el arancel y la remuneración de
los conjueces, facultad que fue ejercida mediante el Decreto 2266 de 1969, cuyos
artículos 9 y 10 fijaron las sumas a reconocer en función de las horas de sesión y los
proyectos estudiados. Con fundamento en esas disposiciones, precisó que la
remuneración del conjuez equivale a $70 por hora de asistencia y $500 por proyecto,
conforme lo certifique el secretario de la corporación.

6. Reconoció que el Gobierno ha incurrido en un descuido al no expedir normas que
actualicen esas tarifas, pero sostuvo que esa omisión no faculta a la entidad para
reconocer honorarios por fuera del marco legal vigente. Concluyó que la Rama Judicial
no tiene responsabilidad en lo demandado y solicitó negar las pretensiones.

II. SENTENCIA APELADA

7. El Tribunal Administrativo de Córdoba accedió parcialmente a las pretensiones.
Precisó que, si bien el demandante se desempeñó como conjuez desde el 22 de enero
de 2007, su primera actuación como magistrado director de proceso data del 23 de
febrero de 2009, fecha a partir de la cual accedió al derecho a recibir los honorarios
reclamados.

8. En cuanto al marco normativo aplicable, destacó que el Decreto 2266 de 1969 fija la
remuneración de los conjueces de tribunal en $70 por hora de asistencia a sala y $500
por proyecto estudiado, conforme certificación del secretario de la corporación, y que los

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Demandante: Jairo Díaz Sierra

artículos 61 de la Ley 270 de 1996 y 115 de la Ley 1437 de 2011 reiteran el carácter
remunerado de esa labor. Señaló que el Decreto 2204 de 1969 sigue vigente, pues ni el
simple paso del tiempo ni la expedición de la Constitución de 1991 comportan la
derogatoria automática de la legislación anterior.1

9. Descartó las pretensiones principales y subsidiaria orientadas a equiparar los
honorarios con la remuneración de un magistrado de tribunal superior, por cuanto los
conjueces prestan sus servicios de manera transitoria, por sesiones y proyectos, y no en
las mismas condiciones de tiempo, modo y lugar que un magistrado titular. Por la misma
razón, encontró improcedente el reconocimiento de prestaciones sociales y
bonificaciones.

10. No obstante, reconoció que las tarifas del Decreto 2266 de 1969 han perdido su valor
adquisitivo como consecuencia de la inflación y la prolongada inacción del Gobierno en
su actualización. Con ese fundamento, declaró la nulidad de los actos demandados y
ordenó el pago de los honorarios con las tarifas indexadas conforme al IPC.

11. Precisó que, una vez establecido el valor actualizado de los honorarios, dicha suma
debía ser igualmente indexada hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia. Se abstuvo
de imponer condena en costas.

III. RECURSOS DE APELACIÓN

12. El demandante apeló la sentencia por considerar que el Tribunal debió reconocer una
remuneración equivalente a la devengada por un magistrado de tribunal superior.
Argumentó que, en virtud de los Convenios 100 y 111 de la OIT, el artículo 53 de la
Constitución y el principio de trabajo igual, salario igual, la equiparación salarial era
procedente, pues las labores que desempeñó como conjuez (en particular como director
de proceso y ponente en cuatro asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho) son
materialmente idénticas a las de un magistrado titular, sin que la diferencia radique en el
número de horas presenciales en la corporación. Solicitó que se reconociera, por
concepto de restablecimiento del derecho, la suma de $87.630.768, correspondiente a
los servicios prestados durante el período reclamado, con indexación e intereses.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

13. Mediante auto proferido el 17 de mayo de 2018 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte la demandante. La parte demandada y el Ministerio Público
guardaron silencio.

1
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto Rad. No. 11001 03 06 000 2016 00113
00(2303). C.P. Álvaro Namén Vargas.

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Radicación: 23001-23-33-000-2014-00046-01 (0862-2018)
Demandante: Jairo Díaz Sierra

V. CONSIDERACIONES

Competencia

14. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos 615 del Código
General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

15. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Córdoba erró al
ordenar el reconocimiento y pago de los honorarios de Jairo Díaz Sierra por sus servicios
como conjuez con fundamento en las tarifas del Decreto 2266 de 1969 indexadas
conforme al IPC, y si, en su lugar, procedía reconocer una remuneración equivalente a la
devengada por un magistrado de tribunal superior.

Análisis

16. La Sala confirmará la sentencia apelada. El Tribunal ordenó correctamente la
indexación de los honorarios del demandante conforme al IPC, como remedio a la no
actualización de las tarifas del Decreto 2266 de 1969. No prospera el argumento del
demandante según el cual esa omisión justificaría equiparar su remuneración como
conjuez a la devengada por un magistrado de tribunal superior, pues ello implicaría
sustituir el método de reconocimiento legalmente establecido por uno distinto, basado en
una relación laboral de naturaleza y condiciones objetivamente diferentes.

17. Los conjueces son servidores públicos transitorios que participan del ejercicio de la
función judicial. En esa condición no actúan como particulares (a diferencia de los árbitros
y conciliadores), sino que quedan sujetos al mismo régimen jurídico de los funcionarios
judiciales a quienes reemplazan, con las atribuciones, responsabilidades, deberes y
régimen de impedimentos y recusaciones propios de todo juez, y con derecho a una
remuneración por los servicios prestados, conforme lo reconocen el artículo 61 de la Ley
270 de 1996 y el artículo 115 del CPACA.

18. En cuanto al origen y alcance de esa remuneración, el Decreto Ley 2204 de 1969
previó en su artículo 23 que el Gobierno nacional regularía, cada dos años, lo relativo a
los honorarios de los conjueces. En desarrollo de esa habilitación, el Decreto 2266 de
1969 fijó en sus artículos 9 y 10 las tarifas aplicables: $70 por hora de asistencia a sala y
$500 por proyecto estudiado para los conjueces de tribunal, debidamente certificados por
el secretario de la corporación. Posteriormente, el artículo 18 del Decreto 1265 de 1970
reiteró que los conjueces tendrían los mismos deberes y responsabilidades de los
magistrados y que sus servicios serían remunerados conforme a la tarifa que el Gobierno
expediría cada dos años. Pese a ello, esa actualización nunca se produjo y las tarifas

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Demandante: Jairo Díaz Sierra

fijadas en 1969 permanecieron nominalmente inalteradas por más de cinco décadas
hasta la expedición del Decreto 1655 de 2021, que modificó el artículo 9 del Decreto 2266
de 1969 y tasó la remuneración en salarios mínimos diarios legales vigentes a partir del
1.º de enero de 2022.

19. Con todo, la referida omisión que se presentó por el lapso señalado, ha sido
considerada como una trasgresión al artículo 53 de la Constitución, en particular a las
garantías de un remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
del trabajo, lo que condujo a que esta corporación, en sentencia del 29 de noviembre de
2024, radicado 63001-23-31-000-2010-00299-01 (2097-2013), al examinar un caso
análogo al que ocupa la atención de la Sala, concluyera que la falta de actualización en
las tarifas fijadas por el Decreto 2266 de 1969 desconoce esa garantía constitucional y
que la indexación conforme al IPC constituye el mecanismo idóneo para restablecer el
valor real de la remuneración adeudada.

20. La indexación no hace más onerosa la obligación ni modifica su naturaleza:
simplemente mantiene su equivalencia económica real frente al fenómeno inflacionario,
convirtiendo el valor histórico en el valor presente correspondiente al momento del
reconocimiento efectivo del derecho. Su procedencia en casos como el presente
encuentra sustento en el artículo 178 del CCA (aplicable por razón del estatuto vigente al
momento de presentación de la demanda) y en los principios de equidad y dignidad
humana que informan el ordenamiento jurídico, conforme lo establece el artículo 230 de
la Constitución.

21. En relación con la solicitud del demandante para equiparar su remuneración a la de
los magistrados del tribunal superior, con base en el principio de igualdad salarial por
trabajo igual y los Convenios 100 y 111 de la OIT, la Sala determina que dicha pretensión
no debe prosperar.

22. Los conjueces y los magistrados titulares prestan sus servicios en condiciones
sustancialmente distintas de tiempo, modo y lugar. Los magistrados ejercen sus
funciones de manera permanente, en jornada completa y durante todos los días hábiles
del año, con la totalidad de las cargas administrativas, de gestión y de dirección que ello
implica. Los conjueces, en cambio, intervienen de manera transitoria y acotada en función
del número de sesiones a las que asisten y de los proyectos que estudian, sin asumir las
responsabilidades de gestión continua propias del cargo titular. Esa diferencia objetiva
en las condiciones de prestación del servicio es precisamente la que justifica un método
de reconocimiento distinto, basado en unidades de trabajo efectivamente certificadas.

23. El principio de trabajo igual, salario igual no opera como un mandato que implique
igualdad absoluta entre situaciones objetivamente diferentes, sino como una prohibición
de discriminación injustificada entre trabajadores que realizan la misma labor en las
mismas condiciones. Dado que las condiciones de vinculación de los conjueces y los
magistrados titulares difieren de manera objetiva y relevante, ese principio no impone la
equiparación salarial pretendida.

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Demandante: Jairo Díaz Sierra

24. La omisión del Gobierno en la actualización de las tarifas tampoco invalida el método
de reconocimiento legalmente establecido. El mecanismo de fijación de honorarios por
horas de sesión y proyectos estudiados, debidamente certificados, sigue vigente y no
adolece de nulidad. Lo que resulta constitucionalmente inaceptable es que el valor
nominal de esas unidades de reconocimiento permanezca congelado desde 1969; no el
método en sí mismo. El remedio constitucionalmente adecuado es, por tanto, la
indexación de esas tarifas conforme al IPC, y no su sustitución por una base de
liquidación ajena al régimen legalmente aplicable.

25. Por las razones expuestas, el Tribunal actuó correctamente. La nulidad de los actos
que negaron el reconocimiento de honorarios estaba plenamente justificada y la orden
de pago con las tarifas del Decreto 2266 de 1969 indexadas conforme al IPC es la
solución que se ajusta al ordenamiento jurídico.

26. En relación con la formula R = Rh × (Índice final / Índice inicial), según la cual el valor
presente (R) se obtiene multiplicando el valor histórico (Rh) (esto es, las tarifas nominales
de $70 por hora de sesión y $500 por proyecto estudiado) por el guarismo que resulta de
dividir el índice final del IPC certificado por el DANE, vigente al último día hábil del mes
anterior a la ejecutoria de la sentencia de primera instancia, por el índice inicial
correspondiente al mes de enero de 1972, fecha a partir de la cual debió producirse la
primera actualización bianual prevista en el Decreto 2204 de 1969. Una vez obtenido ese
valor actualizado, la suma resultante deberá igualmente indexarse hasta la fecha de
ejecutoria de la presente sentencia, conforme a la misma fórmula.

27. Se confirmará, en consecuencia, la sentencia apelada y se negarán las pretensiones
del recurso.

Condena en costas

30. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

31. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando una excepción a
la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

32. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
sobre la parte vencida en el proceso.

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33. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

34. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante por cuanto se negó
totalmente la petición del respectivo recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho
sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del
Tribunal Administrativo de Córdoba.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de junio de 2017, por medio de la
cual, el Tribunal Administrativo de Córdoba accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda instaurada por el señor Jairo Díaz Sierra en contra de la Nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

SEGUNDO. CONDENAR en costas al demandante en esta instancia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

Con impedimento
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

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Radicación: 23001-23-33-000-2014-00046-01 (0862-2018)
Demandante: Jairo Díaz Sierra

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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