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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00749-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00749-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 27 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 68001-23-33-000-2018-00749-01 (4988-2023) Demandantes: Sonia Patricia Olivella Guarín demanda instaurada por la señora Sonia Patricia Olivella Guarín contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de la Resolución DESAJBUR18-6006 del 16 de marzo de 2018 y del acto ficto negativo derivado de la falta de decisión de los recursos interpuestos contra aquella, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. DECLARAR la prescripción parcial las sumas causadas con anterioridad al 12 de febrero de 2015, esto es, las causadas durante los tres años anteriores a la fecha en que fue presentada la reclamación administrativa. CUARTO. A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que la señora Sonia Patricia Olivella Guarín tiene derecho al reconocimiento y pago de los honorarios causados por los servicios prestados en calidad de conjuez del Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con las tarifas previstas en el Decreto 2266 de 1969, debidamente actualizadas. QUINTO. ORDENAR a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que, dentro de los términos legales previstos para el cumplimiento de la presente sentencia, liquide y pague a favor de la demandante los honorarios a que haya lugar por las actuaciones certificadas y acreditadas dentro del expediente, aplicando las tarifas previstas en el Decreto 2266 de 1969, actualizadas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. SEXTO. Para efectos de la actualización de las sumas reconocidas, la entidad demandada aplicará la siguiente fórmula: R = Rh. índice final índice inicial Donde R corresponde al valor actualizado; Rh al valor histórico de los honorarios liquidados; el Índice Final será el IPC certificado por el DANE vigente para el mes […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2018-00749-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00749-01 (4988-2023)
Demandante: Sonia Patricia Olivella Guarín
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Tema: Honorarios de conjuez
Decisión: Revocar sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
actora contra la sentencia del 27 de abril del 2023, a través de la cual el Tribunal
Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la nulidad de la Resolución nro.
DESAJBUR18-6006 del 16 de marzo de 2018, por medio de la cual se negó el pago
de honorario de conjuez, y el acto ficto producto del silencio negativo por la no
resolución de los recursos.

3. Solicitó que se declare que, desde el 14 de mayo de 2004 y hasta la actualidad,
mantiene un vínculo de prestación de funciones públicas con el Estado en calidad
de Conjuez del Tribunal Administrativo de Santander, en virtud del Acuerdo nro. 013
de 2004. Asimismo, se reconozca que durante dicho período no ha recibido
remuneración alguna por los servicios prestados y que se declare su derecho a
percibir una remuneración digna, vital y móvil por el ejercicio de esas funciones.

4. Como consecuencia de lo anterior, se expidan los actos administrativos
necesarios para garantizar y hacer efectivos sus derechos, y que se ordene el
reconocimiento, liquidación y pago de la remuneración correspondiente desde el 22
de noviembre de 2004, ya sea con base en la proporción del salario de un
magistrado de tribunal administrativo o conforme a la tarifa prevista en el Decreto
2269 de 1969 debidamente actualizada.

1 Ver archivo archivo denominado «Demanda», el cual puede ser descargado del índice 2 de la plataforma

SAMAI.

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Demandantes: Sonia Patricia Olivella Guarín

5. Igualmente, solicita la condena al pago de los intereses legales, la reparación
integral de los perjuicios ocasionados, la indexación de las sumas reconocidas
conforme al IPC y el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos por el
CPACA.

6. Hechos. Se señalaron como tales los siguientes:

7. La demandante fue designada como Conjuez del Tribunal Administrativo de
Santander mediante el Acuerdo nro. 013 del 14 de mayo de 2004 y, según
certificación, ha ejercido dichas funciones de manera efectiva desde el 22 de
noviembre de 2004. Sostuvo que, pese a haber desempeñado las labores propias
del cargo en distintos procesos judiciales, nunca ha recibido remuneración por los
servicios prestados.

8. Con el fin de obtener el reconocimiento de sus derechos, el 12 de febrero de 2018
presentó petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, solicitando
el pago de la remuneración correspondiente por su labor como conjuez. La petición
fue negada mediante el acto administrativo demandado, decisión contra la cual
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Recursos que nunca
fueron resueltos, razón por la cual se configuró el silencio administrativo negativo,
dando origen al acto administrativo presunto que ahora demanda.

9. Refirió que el Consejo Superior de la Judicatura incurrió en una omisión al no fijar
o actualizar la tarifa de remuneración de los conjueces, pese a la obligación legal
de hacerlo, circunstancia que no puede traducirse en la prestación gratuita de sus
servicios.

10. Fundamentos de derecho. Al desarrollar el concepto de violación sostuvo que:

11. Se vulneraron los artículos 1, 2, 25, 29, 53, 83, 123 de la Constitución Política,
Convenio 26 de la OIT; 2, 3, 9, 31, 34 y 35 del C.C.A.; Ley 4 de 1992; Decreto 2204
de 1969; Decreto 2265 y 2266 de 1969; Decreto 1265 de 1970; artículo 35 de la Ley
100 de 1993; artículo 61 de la ley 270 de 1996; el artículo 31 del Acuerdo 209 de
1997 del Consejo Superior de la Judicatura y el Acuerdo 108 de julio 22 de 1997. Al
desarrollar el concepto de violación indicó:

12. Que los actos administrativos demandados, incluido el acto presunto derivado
del silencio administrativo negativo, son nulos por vulnerar el artículo 137 del
CPACA, al haber sido expedidos con violación de las normas en que debían
fundarse, desviación de poder y falsa motivación, además de desconocer el debido
proceso.

13. En primer lugar, el Consejo Superior de la Judicatura desconoció las
disposiciones que establecen que los servicios prestados por los conjueces deben
ser remunerados, particularmente el artículo 61 de la Ley 270 de 1996, los Decretos
2204, 2266 y 1265 de 1969 y 1970, así como los Acuerdos 108 y 209 de 1997. En

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consecuencia, la entidad estaba obligada a reconocer y pagar los honorarios
derivados de su desempeño como conjuez y no a negar su solicitud.

14. En segundo lugar, alegó la existencia de desviación de poder, por cuanto el
Consejo Superior de la Judicatura omitió ejercer la competencia que le asigna el
Acuerdo 108 de 1997 para fijar las tarifas de remuneración de los conjueces y, pese
a esa omisión, rechazó el reconocimiento de sus honorarios. A su juicio, la falta de
reglamentación no puede trasladarse al administrado ni justificar la ausencia de
pago por un servicio efectivamente prestado.

15. Igualmente, se configuró una violación de la regla de fondo, al desconocerse el
marco constitucional y legal que garantiza la remuneración de los conjueces y los
derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la igualdad, a la
dignidad humana, al mínimo vital y móvil y a la conservación del poder adquisitivo
del ingreso. Las tarifas previstas en el Decreto 2266 de 1969 resultan
manifiestamente insuficientes y debían ser actualizadas conforme a la Constitución,
los Convenios de la OIT y la jurisprudencia constitucional.

16. Argumentó que el vínculo de los conjueces con el Estado corresponde a una
prestación de funciones públicas, conforme a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, razón por la cual, aunque no ostenten la calidad de empleados
públicos permanentes, sí tienen derecho a percibir honorarios por el ejercicio de
funciones jurisdiccionales.

17. Finalmente, adujo que el acto demandado incurrió en falsa motivación, al
desconocer el carácter remunerado de las funciones desempeñadas y omitir la
aplicación de los principios constitucionales que protegen el derecho al trabajo y a
una remuneración digna. En cuanto a la oportunidad de la acción, sostuvo que no
operó la caducidad por tratarse de un acto presunto producto del silencio
administrativo negativo y que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de
Estado sobre el contrato realidad, los derechos reclamados solo se hacen exigibles
a partir de la sentencia que los reconoce, por lo que no resulta procedente declarar
la prescripción de las sumas reclamadas.

18. Contestación de la demanda2. Dentro de la oportunidad procesal pertinente la
demandada se opuso a la totalidad de pretensiones formuladas y solicitó la negativa
de estas, indicando que:

19. Los conjueces no tienen una relación laboral con el Estado, sino un vínculo de
prestación de funciones públicas, regulado por un régimen especial contenido en
los Decretos 2204 y 2266 de 1969, el Decreto 1265 de 1970 y la Ley 270 de 1996.
20. En consecuencia, su remuneración corresponde a honorarios, no constituye
salario ni genera derechos propios del régimen de los servidores judiciales, por lo
que no es procedente equipararla a la remuneración de los magistrados ni aplicarles
el régimen salarial de estos.

2 Archivo denominado «0011ContestacionDemanda», ibidem.

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21. Afirmó que el reconocimiento y pago de los honorarios exige el cumplimiento de
los requisitos previstos en el artículo 7 del Decreto 2266 de 1969, especialmente la
certificación expedida por la secretaría del Tribunal Administrativo, en la que
consten las horas de asistencia a Sala y el número de proyectos o fallos elaborados
y que la demandante nunca aportó dicha certificación, por lo que resultaba imposible
determinar el valor de los honorarios causados y, en consecuencia, efectuar el pago.

22. Asimismo, indicó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial carece
de competencia para fijar, actualizar o indexar las tarifas de remuneración de los
conjueces, pues esa función corresponde al Gobierno nacional, de conformidad con
el artículo 23 del Decreto 2204 de 1969. Por ello, no podía acceder a las solicitudes
de actualización, indexación, pago de intereses o reconocimiento de honorarios
diferentes a los previstos en la normativa vigente.

23. Finalmente, negó la configuración de las causales de nulidad invocadas por la
demandante —violación de normas superiores, desviación de poder y falsa
motivación— al considerar que actuó conforme al marco legal vigente. Agregó que
la falta de pago obedeció exclusivamente a la omisión de la demandante de
presentar la certificación requerida para el cobro de sus honorarios, por lo que
tampoco existe fundamento para reconocer intereses, indexación, perjuicios o
responsabilidad patrimonial de la Nación – Rama Judicial.

24. Sentencia de primera instancia3. Es la dictada el 2 de marzo de 2023, a través
de la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la
demanda. Con tales fines concluyó que:

25. La entidad demandada no incurrió en desviación de poder, pues al momento de
resolver la solicitud de la demandante carecía de competencia para fijar, actualizar
o modificar la remuneración de los conjueces, pues dicha facultad corresponde
exclusivamente al Gobierno nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
23 del Decreto 2204 de 1969 y las demás normas que regulan la materia. Por esta
razón, consideró que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial actuó dentro
del marco de sus atribuciones al abstenerse de reconocer los honorarios en la forma
solicitada por la actora.

26. Asimismo, encontró que la demandante pretende obtener una remuneración
calculada con base en el salario de un magistrado de tribunal o mediante la
actualización de las tarifas previstas en el Decreto 2266 de 1969 con fundamento
en el índice de precios al consumidor. Sin embargo, ninguna de estas alternativas
tiene sustento en una disposición jurídica vigente que faculte a la entidad
demandada para efectuar dicho reconocimiento. En ese sentido, estimó que
acceder a la petición habría implicado asumir competencias que corresponden
exclusivamente al Gobierno nacional.

3 Ver documento «29_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA_NIEGAPRET», ib.

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27. Rechazó el argumento relacionado con la supuesta infracción de las normas
superiores y la falsa motivación del acto administrativo, toda vez que la decisión
contenida en la resolución demandada se encuentra debidamente fundamentada
en el régimen jurídico aplicable para ese momento, el cual no autorizaba a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial para fijar una forma distinta
de remuneración ni para actualizar las tarifas existentes. Por ello, concluyó que la
motivación del acto es suficiente y responde a razones legales objetivas.

28. Señaló que no era procedente equiparar la situación de los conjueces con la de
los magistrados de tribunal, toda vez que aquellos no adquieren la condición de
servidores judiciales permanentes ni ostentan la calidad de magistrados. Explicó
que su vinculación corresponde al ejercicio transitorio de una función pública
específica y excepcional, razón por la cual no pueden hacerse extensivas las reglas
salariales aplicables a los magistrados.

29. Precisó que el Acuerdo 108 de 1997 invocado por la demandante no regula la
remuneración de los conjueces ni asigna competencias al Consejo Superior de la
Judicatura para fijar sus honorarios. Por el contrario, dicho acuerdo se refiere al
funcionamiento interno de los tribunales, por lo que no sirve de fundamento jurídico
para acceder a las pretensiones formuladas.

30. Adicionalmente, advirtió que la demandante no acreditó plenamente los
presupuestos necesarios para el reconocimiento de honorarios bajo la normativa
vigente para la época, teniendo en cuenta que únicamente aportó una relación de
procesos en los cuales intervino como conjuez, sin demostrar de manera concreta
el número de horas de asistencia a Sala, el tiempo destinado al estudio de proyectos
o las certificaciones requeridas para la liquidación de los honorarios.

31. Finalmente, consideró improcedente aplicar el Decreto 1655 de 2021 para
resolver el caso, debido a que dicha regulación es posterior a la expedición del acto
administrativo demandado. En consecuencia, la legalidad de la Resolución
DESAJBUR18-6006 debe analizarse a la luz de las normas vigentes en el año 2018
y no con fundamento en disposiciones expedidas con posterioridad. Con base en
estas consideraciones, mantuvo la presunción de legalidad del acto acusado y negó
las pretensiones de la demanda.

32. Recurso de apelación4. Oportunamente la demandante recurrió la anterior
decisión en los siguientes términos:

33. Que el Tribunal Administrativo de Santander desconoció la fijación del litigio
realizada durante la audiencia inicial del proceso. Señaló que la controversia no se
limitaba únicamente a determinar la procedencia del reconocimiento y pago de una
remuneración como conjuez, sino que también comprendía el análisis del vínculo
de prestación de funciones públicas existente entre ella y la Rama Judicial desde el
año 2004, la ausencia de pago por los servicios prestados y la vulneración de

4 Ver documento «32_RECEPCIONDEMEMORIAL_68001233300020180074», ib.

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normas constitucionales y legales que, en su criterio, imponían la obligación de
remunerar dicha actividad. Consideró que la sentencia se apartó de los términos en
que quedó delimitado el litigio y resolvió el asunto desde una perspectiva más
restringida que la definida por las partes y el juzgador en la audiencia respectiva.

34. Asimismo, manifestó que el a quo desconoció lo ocurrido durante la audiencia
de pruebas celebrada el 2 de diciembre de 2019. Explicó que en esa oportunidad
solicitó aportar información complementaria relacionada con los procesos en los que
intervino como conjuez y pidió que se certificaran las horas laboradas en el
desarrollo de dicha función. Destacó que, aunque el despacho negó la práctica de
esa prueba por razones de oportunidad procesal, dejó abierta la posibilidad de
decretarla posteriormente si resultaba necesaria para una eventual liquidación de
perjuicios. A su juicio, la sentencia terminó atribuyéndole la falta de acreditación de
ciertos elementos probatorios sin considerar adecuadamente las circunstancias
procesales que rodearon dicha situación.

35. También afirmó que la sentencia omitió pronunciarse sobre varias de las
pretensiones formuladas en la demanda. Indicó que el fallo guardó silencio respecto
de las solicitudes encaminadas a que se declarara la existencia de un vínculo de
prestación de funciones públicas con el Estado, la falta de pago por los servicios
prestados como conjuez, el derecho a una remuneración digna, vital y móvil, y la
obligación de las autoridades judiciales de adoptar las medidas necesarias para
garantizar sus derechos. En su criterio, tales aspectos formaban parte esencial del
debate procesal y debían ser objeto de una decisión expresa.

36. Igualmente, sostuvo que el Tribunal desconoció el artículo 180 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual regula la
fijación del litigio. Argumentó que una vez definidos los puntos de controversia en la
audiencia inicial, el juzgador estaba obligado a resolver la totalidad de los aspectos
allí delimitados, circunstancia que, según afirmó, no se presentó en la sentencia de
primera instancia.

37. En el mismo sentido, alegó que la providencia vulneró el principio de
congruencia previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso. Expuso que
la sentencia debía guardar correspondencia con los hechos, las pretensiones y los
temas objeto de debate dentro del proceso, incluidos aquellos precisados durante
la fijación del litigio. Sin embargo, consideró que el fallo omitió resolver aspectos
sustanciales planteados en la demanda y desarrollados a lo largo del trámite judicial.

38. Cuestionó además la afirmación contenida en la sentencia según la cual no
acreditó suficientemente su actuación como conjuez en los diferentes procesos
relacionados en el expediente. Frente a ello, sostuvo que sí había demostrado su
participación en cada uno de los asuntos judiciales aportados al proceso y que las
pruebas obrantes en el expediente permitían establecer de manera suficiente el
ejercicio efectivo de sus funciones como conjuez del Tribunal Administrativo de
Santander.

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39. Con fundamento en estos argumentos, concluyó que la sentencia había
vulnerado el principio de congruencia y el debido proceso, al no resolver
integralmente los puntos objeto de litigio y al realizar una valoración insuficiente de
las pruebas aportadas. Por tal razón, solicitó que el fallo fuera revocado y que, en
su lugar, se accediera a la totalidad de las pretensiones formuladas en la demanda.
De manera subsidiaria, pidió que se revocara la condena en costas impuesta en
primera instancia, al considerar que no existía prueba de expensas o gastos que
justificaran su imposición.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

40. La admisión de los recursos. Mediante auto de 28 de noviembre de 20235 se
admitió el recurso de apelación. Dentro de la oportunidad de ley solo intervino la
parte demandada6, quien solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.

41. Tanto el Agente del Ministerio Público como la parte demandante guardaron
silencio durante el traslado correspondiente. No obstante, con posterioridad, el 17
de febrero de 20257, la actora allegó una sentencia proferida por la Subsección B
de la Sección Segunda de esta corporación, relacionada con un caso de
circunstancias fácticas y jurídicas similares.

42. Control de legalidad8. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

43. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9, esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación de la referencia.

44. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados en la
alzada, se deberá establecer si ¿la sentencia de primera instancia incurrió en
incongruencia por no resolver integralmente los aspectos definidos en la fijación del
litigio y las pretensiones de la demanda, caso en el cual deberá establecerse si la
demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la remuneración y demás
prestaciones económicas reclamadas con ocasión del ejercicio de funciones como
conjuez del Tribunal Administrativo de Santander?.

5
Actuación visible en el índice 7 de la plataforma SAMAI.
6 Ver índice 12, ibidem.
7 Ver índice 15, Ib.
8 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «[a]gotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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45. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

46. Remuneración de los conjueces: aplicación del Decreto 2266 de 1969

47. El Decreto Ley 2204 de 1969, expedido por el Gobierno nacional en ejercicio de
las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 4 de 1969, dispuso en su artículo
23 que correspondería al ejecutivo regular, cada dos años, lo relativo a la
remuneración de los conjueces. Con ello, el legislador reconoció expresamente que
el desempeño de las funciones asignadas a dichos servidores debía ser objeto de
una contraprestación económica, al tiempo que previó la necesidad de actualizar
periódicamente su cuantía, en consideración a las variaciones propias de la realidad
económica del país.

48. En desarrollo de dicha habilitación normativa, el Gobierno nacional expidió el
Decreto Reglamentario 2266 de 1969, cuyos artículos 9 y 1010 fijaron las tarifas
correspondientes a los honorarios de los conjueces de la Corte Suprema de Justicia,
el Consejo de Estado y los tribunales. Tales disposiciones permanecieron vigentes
sin modificación sustancial durante más de cinco décadas y continuaban
produciendo efectos jurídicos.

49. Las disposiciones referidas establecieron una remuneración a favor de quienes
actuaran como conjueces, ya fuera por hora de asistencia a las salas de decisión,
por el estudio de proyectos o por sentencia aprobada y remitida para notificación.
De esta manera, desde sus orígenes, el ordenamiento jurídico concibió la labor
desarrollada por los conjueces como una actividad merecedora de retribución
económica, directamente asociada a la prestación efectiva del servicio y al ejercicio
de las funciones jurisdiccionales que les fueran asignadas.

50. Posteriormente, el artículo 18 del Decreto 1265 de 1970 reiteró que los
conjueces tendrían los mismos deberes y responsabilidades de los magistrados y
dispuso nuevamente que sus servicios serían remunerados conforme a las tarifas
reglamentadas por el Gobierno nacional, las cuales debían expedirse cada dos
años. Esta previsión normativa evidencia que el legislador no solo reconoció el
derecho a una remuneración, sino que también entendió que la misma debía ser
objeto de revisión periódica, precisamente para evitar que los valores inicialmente
fijados perdieran su correspondencia con la realidad económica y con el valor
efectivo de los servicios prestados.

10 «Artículo 9. Los Conjueces de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, devengarán honorarios

a razón de cien pesos por hora de concurrencia a la sala, debidamente certificada por el [s]ecretario de la
corporación, y de mil pesos por el estudio del [p]royecto. Los Conjueces del Tribunal devengarán una
remuneración equivalente a dos (2) salarios mínimos diarios legales vigentes por cada sentencia aprobada en
la sala de decisión y remitida a la secretaría para su notificación, y los pagos se realizarán una vez se cuente
con la debida constancia secretarial. Los Conjueces de los juzgados administrativos de circuito devengarán una
remuneración equivalente a un (1) salario mínimo diario legal vigente por sentencia proferida y remitida a la
secretaría para su notificación, y el pago se realizará una vez cuente con la debida constancia secretarial.
«Artículo 10. Los jueces del Tribunal devengan la suma de setenta pesos por cada hora de asistencia a la Sala,
debidamente certificada por el [s]ecretario de la [c]orporación y de quinientos pesos por el estudio del proyecto».

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51. Con posterioridad, la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de
Justicia, mantuvo esta orientación. En efecto, el artículo 61 dispuso que serían
designados como conjueces quienes reunieran los requisitos para desempeñar los
respectivos cargos en propiedad y señaló expresamente que sus servicios serían
remunerados. De esta manera, el legislador reforzó el reconocimiento normativo de
una contraprestación económica asociada al ejercicio temporal de la función
jurisdiccional.

52. Más recientemente, el artículo 24 de la Ley 2430 de 2024 modificó dicha
disposición y reiteró que los conjueces tienen los mismos deberes y
responsabilidades de jueces y magistrados, al tiempo que impuso al Gobierno
nacional la obligación de regular sus honorarios dentro de los seis meses siguientes
a la entrada en vigencia de la ley. Esta modificación constituye una muestra
adicional del interés del legislador por garantizar la existencia de una regulación
adecuada y actualizada de la remuneración correspondiente a estos servidores
públicos transitorios.

53. Por su parte, el inciso tercero del artículo 115 de la Ley 1437 de 2011 también
previó que los servicios prestados por los conjueces debían ser remunerados. No
obstante, pese a la existencia de mandatos legales reiterados en ese sentido y a la
obligación de revisar periódicamente el régimen tarifario correspondiente, lo cierto
es que los valores fijados originalmente en el Decreto 2266 de 1969 permanecieron
inalterados durante más de cincuenta años.

54. Solamente mediante el Decreto 1655 de 202111 el Gobierno nacional actualizó
el esquema de remuneración de los conjueces, estableciendo como criterio de
reconocimiento una equivalencia expresada en salarios mínimos diarios legales
vigentes y derogando el artículo 9 del Decreto 2266 de 1969 a partir del 1 de enero
de 2022. Esta circunstancia pone de presente que, durante más de cinco décadas,
las tarifas originalmente establecidas permanecieron sin ajuste alguno, a pesar de
las evidentes transformaciones económicas ocurridas en el país durante dicho
período.

55. A partir de este recorrido normativo, la Sala concluye que existe una línea
legislativa constante e ininterrumpida orientada a reconocer el derecho de los
conjueces a percibir una retribución económica por los servicios prestados en
ejercicio de una función jurisdiccional. En consecuencia, no puede afirmarse que los

11
«Artículo 1º. Modificar el Artículo 9 del Decreto 2266 de 1969, el cual quedará así:
Artículo 9. Los Conjueces de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Comisión
Nacional de Disciplina Judicial o quien haga sus veces, devengarán una remuneración equivalente a tres (3)
salarios mínimos diarios legales vigentes por cada sentencia aprobada en la sala de decisión y remitida a la
secretaría para su notificación, y los pagos se realizarán una vez cuente con la debida constancia secretarial.
Los Conjueces del Tribunal devengarán una remuneración equivalente a dos (2) salarios mínimos diarios
legales vigentes por cada sentencia aprobada en la sala de decisión y remitida a la secretaría para su
notificación, y los pagos se realizarán una vez se cuente con la debida constancia secretarial.
Los Conjueces de los juzgados administrativos de circuito devengarán una remuneración equivalente a un (1)
salario mínimo diario legal vigente por sentencia proferida y remitida a la secretaría para su notificación, y el
pago se realizará una vez cuente con la debida constancia secretarial.
Artículo 2º. Vigencia y derogatoria. El presente Decreto rige a partir del 1 de enero del año 2022 y deroga el
Artículo 9 del Decreto 2266 de 1969».

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valores reconocidos a su favor constituyan una simple liberalidad de la
administración ni una compensación ocasional carente de naturaleza jurídica
definida. Por el contrario, se trata de una remuneración expresamente consagrada
por el ordenamiento jurídico como contraprestación del servicio prestado.

56. En concepto del 9 de noviembre de 201612, la Sala de Consulta y Servicio Civil
precisó que los conjueces participan directamente en el ejercicio de la función
judicial y que, cuando asumen dichas competencias, no actúan como particulares,
sino como servidores públicos transitorios sui generis, sometidos al mismo régimen
jurídico de los funcionarios judiciales a quienes reemplazan. En tal condición,
ejercen atribuciones jurisdiccionales, están sujetos a los mismos deberes,
responsabilidades, impedimentos y recusaciones, y tienen derecho a percibir una
remuneración por los servicios efectivamente prestados.

57. La Corte Constitucional13 también ha destacado que la remuneración de los
conjueces debe analizarse a la luz de los principios mínimos fundamentales que
orientan toda prestación personal de servicios. Así, ha señalado que, aunque la
naturaleza temporal de la designación de un conjuez presenta particularidades
frente a otras formas de vinculación al Estado, ello no autoriza el desconocimiento
de los principios consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política, en
especial aquellos relacionados con la remuneración justa, proporcional y acorde con
la labor efectivamente desarrollada.

58. En igual sentido, la Sección Segunda de esta corporación14 ha sostenido que la
remuneración reconocida a los conjueces constituye una verdadera
contraprestación económica derivada de la prestación de un servicio público. Por
esta razón, ha considerado contrario a los principios constitucionales de justicia,
favorabilidad y protección al trabajo cualquier interpretación que conduzca a privar
al servidor del reconocimiento económico correspondiente por la labor realizada.

59. Bajo estas premisas, la Sala estima que la remuneración de los conjueces
posee una naturaleza eminentemente retributiva, en cuanto constituye el pago
establecido por la ley para compensar el ejercicio temporal de una función estatal
de especial relevancia constitucional. Por consiguiente, su reconocimiento y pago
no pueden quedar desligados de los principios superiores que protegen el trabajo
humano y garantizan una remuneración digna, justa y proporcional a la cantidad y
calidad de la labor desarrollada.

60. Índice de Precios al Consumidor (IPC) como mecanismo de indexación y
protección del poder adquisitivo. El Índice de Precios al Consumidor (IPC)
constituye el principal indicador para actualizar el valor del dinero en el tiempo.
Según el Banco de la República, la indexación permite vincular el valor de una

12 Expediente nro. 11001-03-06-000-2016-00113-00(2303), resolvió consulta del Ministerio de Justicia sobre la

naturaleza jurídica de los conjueces y la competencia para fijar su remuneración.
13 Sentencia T-247 del 21 de marzo de 2003, expediente nro. T-544664.
14 Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2007, expediente nro. 25000-23-25-000-2003-06351-01 (4595-

05).

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variable a la evolución de un índice y, tratándose de precios, refleja el efecto de la
inflación sobre el poder adquisitivo de la moneda. En Colombia, el IPC es calculado,
publicado y certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE).

61. En este sentido, la indexación o corrección monetaria tiene por finalidad
actualizar las sumas de dinero que, por el transcurso del tiempo y los efectos de la
inflación, han perdido poder adquisitivo, de manera que conserven su valor
económico real al momento de su pago. Se trata, por tanto, de un mecanismo de
actualización y no de un incremento de la obligación, pues busca mantener incólume
su valor frente a la depreciación de la moneda.

62. La Corte Constitucional ha reconocido que el derecho a una remuneración
mínima, vital y móvil comprende la garantía de conservar el poder adquisitivo real
del salario. En la Sentencia C-1433 de 2000 señaló que la equivalencia entre
remuneración y valor real del trabajo exige mantener actualizado el salario de
acuerdo con el comportamiento de la inflación, con el propósito de evitar la pérdida
de su poder adquisitivo.

63. Bajo esta perspectiva, la indexación constituye un instrumento de equidad
orientado a compensar la depreciación de la moneda y evitar que quien tiene
derecho al reconocimiento de una suma de dinero reciba, por efecto del paso del
tiempo, un valor inferior al que realmente le correspondía. Su aplicación no modifica
ni incrementa la obligación principal, sino que determina su equivalente económico
en la fecha en que se produce el pago efectivo.

64. En el ámbito de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el artículo 178
del Código Contencioso Administrativo (CCA) establecía que la liquidación de las
condenas debía efectuarse en moneda de curso legal y que su ajuste debía
realizarse con fundamento en el Índice de Precios al Consumidor o al por mayor.
Esta disposición evidencia el reconocimiento jurídico de la actualización monetaria
como mecanismo para preservar el valor real de las condenas.

65. Asimismo, el Consejo de Estado ha sostenido que la constante depreciación de
la moneda disminuye el poder adquisitivo de las sumas reconocidas y que, en
aplicación de los principios de equidad y justicia, resulta procedente su actualización
cuando el pago se efectúa con posterioridad al momento en que se causó el
derecho. En tal sentido, ha precisado que reconocer únicamente el valor nominal de
la obligación implicaría trasladar al acreedor los efectos económicos de la
inflación15.

66. Por consiguiente, la indexación mediante el IPC no constituye un beneficio
adicional ni hace más onerosa la obligación, sino que garantiza que la suma
reconocida conserve su valor económico real. De esta manera, se evita que el
trabajador soporte los efectos de la depreciación monetaria y se asegura que el

15 sentencias del 8 de noviembre de 1995, exp. 7715, del 23 de mayo de 1996, exp. 10.467.

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valor recibido corresponda, en términos reales, al que tenía el derecho al momento
de su causación.

67. En consecuencia, cuando una suma de naturaleza laboral permanece insoluta
durante un período en el que la moneda ha perdido poder adquisitivo, su
actualización mediante el IPC constituye un mecanismo dirigido a restablecer su
valor real y a garantizar los principios de equidad, justicia, remuneración móvil y
protección efectiva de los derechos laborales.

68. Caso concreto – interrogante único ¿la sentencia de primera instancia
incurrió en incongruencia por omisión al no resolver integralmente los aspectos
definidos en la fijación del litigio y las pretensiones de la demanda, caso en el cual
deberá establecerse si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la
remuneración y demás prestaciones económicas reclamadas con ocasión del
ejercicio de funciones como conjuez del Tribunal Administrativo de Santander?

69. La apelante sostuvo que la sentencia había vulnerado el principio de
congruencia y el debido proceso, al no resolver integralmente los puntos objeto de
litigio y al realizar una valoración insuficiente de las pruebas aportadas.

70. Para resolver los reparos planteados, la Sala analizará el acervo probatorio
obrante en el expediente y el marco jurídico aplicable.

71. Está acreditado que la demandante fue nombrada conjuez el 3 de septiembre
de 2004 del Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con el acuerdo
nro. 013 del 14 de mayo de 200416.

72. El a quo realizó requerimiento a la secretaría del Tribunal Administrativo de
Santander para que certificara los egresos efectivos por parte de la Dra. Sonia
Patricia Olivella Guarín durante el periodo comprendido entre el 2004 hasta la fecha.

73. En respuesta a lo anterior, mediante Oficio nro. 016LMCV del 28 de noviembre
de 2022, la secretaria Ad Hoc, Laura Marcela Castillo Valencia, en conjunto con la
Oficial Mayor, Laura Yesenia Navarro Lozano17, certificaron, previa verificación en
los sistemas de información Justicia Siglo XXI y SAMAI, así como mediante revisión
manual de las providencias, que la demandante registró un total de 74 providencias
que constituyeron egresos efectivos.

74. No obstante, mediante los actos administrativos demandados se negó lo
solicitado por la accionante. Para ello, la administración señaló, de una parte, que
no era procedente indexar las tarifas previstas para los honorarios de los conjueces,
por cuanto el Decreto 2204 de 1969 no contemplaba tal posibilidad; y, de otra, que
la interesada no había aportado la certificación en la que constaran el tiempo

16 Ver archivo que se encuentra en el enlace del expediente carpeta
24_RECEPCIONDEMEMORIAL_RADICADO68001233300.
17 Enlace: RespuestaRequerimiento-2018-00749-00Firmado.

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laborado y el valor correspondiente a reconocer, circunstancia que impedía efectuar
el pago y que resultaba atribuible a su propia omisión.

75. Ahora bien, en el expediente obra certificación de la secretaría del Tribunal
Administrativo de Santander en la que se reportan, al menos, setenta y cuatro (74)
actuaciones con salida efectiva en las que intervino la demandante en calidad de
conjuez. La misma certificación reconoce que la información podría estar
incompleta, debido a las dificultades para reconstruir la totalidad de la actividad
desarrollada desde el año 2004, especialmente porque parte de los procesos no se
encuentran digitalizados y el Sistema Justicia Siglo XXI fue implementado con
posterioridad. Además, la verificación integral de dicha información exigiría la
consulta individual de expedientes físicos, su desarchivo y revisión por parte del
personal encargado.

76. En el siguiente cuadro se detallan las actuaciones desarrolladas por la
demandante:

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77. Por tal razón, la información consolidada se construyó a partir de los
documentos allegados por la demandante y de los registros disponibles en los
sistemas de información y copias de respaldo existentes. En esas condiciones, las
deficiencias derivadas de la falta de organización, depuración o conservación
integral de los registros institucionales no pueden trasladarse a la demandante ni
servir como fundamento para desconocer la actividad efectivamente desarrollada.

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78. En consecuencia, la Sala concluye que la demandante tiene derecho al
reconocimiento de los honorarios derivados de los servicios prestados como
conjuez. Igualmente, tales sumas deben ser objeto de actualización monetaria, con
el fin de preservar su valor real y evitar la pérdida del poder adquisitivo que
naturalmente genera el paso del tiempo18.

79. En este contexto, resulta necesario abordar el fenómeno de la prescripción
trienal de los derechos laborales19, toda vez que, conforme se encuentra acreditado
en el paginario, el 12 de febrero de 201820 la actora solicitó a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial el reconocimiento y pago de la remuneración
correspondiente a los servicios prestados en calidad de conjuez.

80. En consecuencia, se encuentran prescritas las sumas causadas con
anterioridad al 12 de febrero de 2015, esto es, las causadas durante los tres años
anteriores a la fecha en que fue presentada la reclamación administrativa. Por tanto,
únicamente serían susceptibles de reconocimiento y pago las sumas causadas
dentro del término no afectado por la prescripción, hasta la fecha en que la
demandante ejerció el cargo de conjuez.

81. Por las razones expuestas, se procede a revocar la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos que negaron
el reconocimiento de los honorarios reclamados, ordenando su liquidación y pago
con fundamento en las tarifas previstas en el Decreto 2266 de 1969, debidamente
actualizadas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

82. Para efectos de la actualización monetaria se aplicará la fórmula:

R = Rh. índice final
índice inicial

83. Donde R corresponde al valor actualizado; Rh, al valor histórico de los
honorarios liquidados conforme a las tarifas previstas en el Decreto 2266 de 1969;
el índice final corresponde al IPC certificado por el DANE vigente para el mes de
ejecutoria de la presente providencia; y el índice inicial, al IPC vigente para el
momento en que cada suma se hizo exigible.

84. Una vez ejecutoriada la sentencia, cesa la actualización monetaria y, en su
lugar, resultan procedentes los intereses moratorios previstos en el artículo 192 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

85. La correspondencia entre las pretensiones formuladas en la demanda y la
decisión que adopta la Sala exige que el mayor valor de los honorarios resultante

18 A esta misma conclusión arribó esta Subsección en la sentencia del 23 de abril de 2026, expediente nro.

23001-23-33-000-2014-00046-01 (0862-2018), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
19 El artículo 187 del CPACA establece que «[e]n la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y

sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie
y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
20 Link del expediente, archivo «0003AnexosDemanda folio 6».

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de la actualización de las tarifas previstas en el Decreto 2266 de 1969 conserve su
poder adquisitivo hasta el momento del pago efectivo.

86. En consecuencia, las sumas adeudadas por concepto de honorarios deberán
cancelarse debidamente indexadas, de conformidad con lo previsto en el artículo
187 del CPACA y la jurisprudencia reiterada de esta corporación, tomando como
referencia los índices de precios al consumidor certificados por el DANE.

87. Aunque la sentencia de primera instancia será revocada, la Sala no advierte que
aquella haya desconocido el principio de congruencia. En efecto, el a quo explicó
las razones por las cuales consideró improcedente actualizar las tarifas de
honorarios y negó la posibilidad de equipararlas a la remuneración de los
magistrados del tribunal. Dado que tales aspectos constituían el núcleo central de
las pretensiones formuladas, la ausencia de un pronunciamiento autónomo sobre
algunas de las pretensiones consecuenciales no constituye, por sí sola, una
vulneración del principio de congruencia.

88. En cuanto a la solicitud de equiparar la remuneración de la demandante a la de
los magistrados titulares del tribunal, con fundamento en el principio de igualdad
salarial y en los Convenios 100 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo,
la Sala considera que dicha pretensión no está llamada a prosperar.

89. Lo anterior obedece a que los conjueces y los magistrados titulares
desempeñan funciones en condiciones sustancialmente diferentes. Mientras los
magistrados ejercen sus funciones de manera permanente, continua y exclusiva,
asumiendo la totalidad de las responsabilidades jurisdiccionales y administrativas
propias del cargo, los conjueces intervienen de forma excepcional y transitoria,
limitados a los asuntos para los cuales son designados. Esta diferencia objetiva
justifica un régimen remuneratorio distinto21.

90. En ese contexto, el principio de “a trabajo igual, salario igual” no exige una
equiparación automática entre situaciones jurídicamente distintas, sino que
proscribe diferencias injustificadas frente a personas que realizan las mismas
funciones bajo condiciones equivalentes. Dado que las condiciones de vinculación,
permanencia, responsabilidad y dedicación de los conjueces difieren
significativamente de aquellas propias de los magistrados titulares, no existe
fundamento para acceder a la equiparación salarial pretendida.

91. De otra parte, de conformidad con el artículo 167 del Código General del
Proceso, corresponde a quien reclama una indemnización acreditar los supuestos
fácticos que la sustentan. La jurisprudencia de esta corporación22 ha precisado que
el reconocimiento de perjuicios morales exige prueba suficiente de su existencia y

21 Sentencia del 23 de abril de 2017, citada en el pie de página 17.
22 Sentencias del 17 de noviembre de 2016, expediente nro. 11-001-03-25-000-2010-00077-00 (0714-2010); 26

de enero de 2011, expediente nro. 76-001-23-31-000-1996-2874-01; 1 de septiembre de 2016, expediente nro.
11-001-03-25-000-2011-00590-00; 24 de enero de 2019, expediente nro. 19-001-23-33-000-2014-00372-01
(0103-2017).

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magnitud, de manera que sea posible establecer la afectación padecida y su
relación causal con la conducta declarada ilegal.

92. En el presente asunto no obra prueba que permita tener por acreditada la
existencia de un daño moral cierto, concreto y determinado. Los elementos
allegados al expediente carecen de la entidad demostrativa necesaria para
establecer la ocurrencia de una afectación moral indemnizable y para acreditar su
nexo causal con los actos administrativos demandados.

93. En consecuencia, la Sala concluye que los perjuicios reclamados por este
concepto no fueron demostrados, razón por la cual no hay lugar a acceder a la
pretensión indemnizatoria formulada por la demandante.

94. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

95. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

96. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

97. En consecuencia, se condenará en costas en ambas instancias a la parte
demandada, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.

98. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 27 de abril de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la

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demanda instaurada por la señora Sonia Patricia Olivella Guarín contra la Nación -
Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de la Resolución DESAJBUR18-6006 del 16 de
marzo de 2018 y del acto ficto negativo derivado de la falta de decisión de los
recursos interpuestos contra aquella, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO. DECLARAR la prescripción parcial las sumas causadas con
anterioridad al 12 de febrero de 2015, esto es, las causadas durante los tres años
anteriores a la fecha en que fue presentada la reclamación administrativa.

CUARTO. A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que la señora
Sonia Patricia Olivella Guarín tiene derecho al reconocimiento y pago de los
honorarios causados por los servicios prestados en calidad de conjuez del Tribunal
Administrativo de Santander, de conformidad con las tarifas previstas en el Decreto
2266 de 1969, debidamente actualizadas.

QUINTO. ORDENAR a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial que, dentro de los términos legales previstos para el
cumplimiento de la presente sentencia, liquide y pague a favor de la demandante
los honorarios a que haya lugar por las actuaciones certificadas y acreditadas dentro
del expediente, aplicando las tarifas previstas en el Decreto 2266 de 1969,
actualizadas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor certificado
por el DANE.

SEXTO. Para efectos de la actualización de las sumas reconocidas, la entidad
demandada aplicará la siguiente fórmula:

R = Rh. índice final
índice inicial

Donde R corresponde al valor actualizado; Rh al valor histórico de los honorarios
liquidados; el Índice Final será el IPC certificado por el DANE vigente para el mes
de ejecutoria de la presente providencia; y el Índice Inicial corresponderá al IPC
vigente para la fecha en que cada obligación se hizo exigible.

SÉPTIMO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en esta providencia.

OCTAVO. DAR cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los
artículos 187 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOVENO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandada. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho

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serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.

DÉCIMO. RECONOCER personería a la abogada Juliana Andrea Gómez
Sandolval, identificada con la cédula de ciudadanía nro. 1.014.234.289, portadora
de la Tarjeta Profesional nro. 266.156 del C.S de la J.23, como apoderada de la
demandada, conforme al poder obrante en índice 12 de la plataforma SAMAI.

DÉCIMO PRIMERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada
esta decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley y el art. 186 del CPACA.

23 Certificado de vigencia nro. 947645.

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