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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2015-00210-01

Fecha
25 de agosto de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2015-00210-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar parcialmente la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2017, por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que declaró probada la excepción de «pretensión de lo no debido» formulada por el municipio de Cereté en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho formulado por el señor Félix Alberto Vargas Cotera, en contra del municipio de Cereté (Córdoba). En su lugar se dispone: 28 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». 20 Radicado: 23001 23 33 000 2015 00210 01 (0782-18) Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera Declarar probada la excepción de prescripción extintiva de la sanción moratoria reclamada por el señor Félix Alberto Vargas Cotera, según lo expuesto en las consideraciones que anteceden. Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2015-00210-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

25 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 23001 23 33 000 2015 00210 01 (0782-18)
Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera
Demandado: Municipio de Cereté (Córdoba)

Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
demandante, contra la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2017, por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se declaró probada la
excepción «pretensión de lo no debido» propuesta por el municipio de Cereté y, en
consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 23001 23 33 000 2015 00210 01 (0782-18)
Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera

Contencioso Administrativo, el señor Félix Alberto Vargas Cotera, por conducto de
apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en orden a que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo
que surgió ante la omisión de respuesta, por parte del municipio de Cereté
(Córdoba), frente a la petición radicada el 19 de octubre de 2012, en la cual reclamó
el reconocimiento de la sanción moratoria por la tardanza en el pago de sus
cesantías definitivas, como ex docente del ente territorial.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó reconocer y pagar la sanción
moratoria por el periodo comprendido entre el 10 de junio de 2006 y el 5 de
noviembre de 2009; indexar los valores que se reconozcan y condenar en costas al
municipio demandado.

1.1.2. Hechos

Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

(i) El demandante se vinculó al servicio docente, con el municipio de Cereté, en
vigencia de la Ley 60 de 1993 y, una vez finalizó la relación laboral, le solicitó a su
empleador el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales.

(ii) El 6 de febrero de 2003, la entidad demandada expidió la Resolución 199, a
través de la cual accedió a su pretensión.

(iii) Teniendo en consideración que el pago de los valores reconocidos no se hizo
en forma oportuna, formuló demanda ejecutiva laboral en contra del municipio de
Cereté, para obtener el pago de los salarios y prestaciones sociales y la sanción
moratoria.

(iv) El proceso ejecutivo fue tramitado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Cereté y, en él, se libró mandamiento de pago el 20 de febrero de 2004, que
comprendió las prestaciones sociales, los intereses y las costas procesales.

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Radicado: 23001 23 33 000 2015 00210 01 (0782-18)
Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera

Además, el 23 de enero de 2006 se libró nuevo mandamiento, en relación con la
sanción moratoria.

(v) El 20 de diciembre de 2005, inició el proceso de reestructuración de pasivos del
ente territorial, lo que conllevó la suspensión, terminación o archivo definitivo de los
procesos ejecutivos en su contra.

(vi) La sanción moratoria a que aludió la demanda ejecutiva, se liquidó entre el 21
de abril de 2003 y el 9 de junio de 2006, en razón de $34.913 diarios.

(vii) El 10 de noviembre de 2010, el municipio de Cereté certificó que el 5 de
noviembre de 2009 se produjo el pago a la abogada de varios reclamantes, producto
de un proceso ejecutivo laboral.

(viii) La intervención económica a que alude la Ley 550 de 1999 no suspende la
causación de un derecho laboral como la sanción moratoria, la cual deviene de la
ley y se extiende hasta cuando se produce el pago total de la obligación.

(ix) El 19 de octubre de 2012, el señor Vargas Cotera, por intermedio de su
apoderado, formuló solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria, por
el periodo transcurrido entre el 10 de junio de 2006, fecha de liquidación de ella en
el proceso ejecutivo, y el 5 de noviembre de 2009, cuando se produjo el pago de la
prestación.

(x) La entidad demandada guardó silencio, situación que permitió configurar el acto
ficto o presunto negativo que se demanda en el sub lite.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2 y 53 de la Constitución Política; 2 de la
Ley 244 de 1995 y 5 de la Ley 1071 de 2006.

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Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
argumentos que se relacionan a continuación:

(i) Uno de los objetivos del Estado Social de Derecho que pregona el artículo 1 de
la Constitución Política consiste en la búsqueda de la justicia social, que se
materializa en la protección de ciertos sectores de la población que se encuentran
en desventaja por su situación social y económica, entre los cuales se encuentra el
de los trabajadores que solo poseen su fuerza de trabajo y, en ese sentido, sus
derechos cuentan con una especial protección por parte del ordenamiento superior.

(ii) La autoridad demandada, con su decisión de negar la sanción moratoria
reclamada, desconoció el artículo 2.º constitucional, que consagra entre los fines
del Estado, el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la constitución y en la ley. Además, vulneró el artículo 53 ibidem
que garantiza la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales.

(iii) La Ley 244 de 1995, modificada por la 1071 de 2006, consagra la sanción
moratoria que se causa cuando el empleador desatiende los términos allí
establecidos para pagar las cesantías a sus empleados, la cual consiste en un día
de salario por cada día de mora.

(iv) El acto ficto demandado atenta contra las normas enunciadas con antelación,
pues niega la sanción moratoria a que tiene derecho el demandante y el hecho de
estar al amparo en un proceso de reestructuración de pasivos no puede definir si se
causa o suspende tal sanción, comoquiera que ese derecho surge de la ley.

(v) La solución que ha dado el Consejo de Estado frente a casos similares, en
particular, en la sentencia del 25 de marzo de 2010, dentro el radicado 0928-07,
M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, según la cual el proceso de reestructuración de
pasivos no es causal para desconocer o suspender la sanción moratoria, se debe

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Radicado: 23001 23 33 000 2015 00210 01 (0782-18)
Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera

aplicar en el caso bajo examen, pues, como bien se señala en tal providencia, los
derechos de los acreedores deben ser respetados.

(vi) Ahora bien, en el sub examine, el crédito laboral que se reclama fue adquirido
no solo por cuenta del mandato legal contenido en la Ley 244 de 1995, sino en la
orden judicial contenida en el mandamiento de pago emanado del Juzgado Segundo
Civil de Circuito de Cereté, en el que se ordenó el pago de la sanción a favor del
actor.1

1.2. Contestación de la demanda

El municipio de Cereté, por conducto de su apoderada, contestó la demanda2 y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual expuso lo siguiente:

(i) Al demandante no le es dable reclamar la sanción moratoria, a través del proceso
en curso, toda vez que su pretensión ya fue abordada por medio de una acción
ejecutiva que cursó en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté.

(ii) No es comprensible que el actor pretenda el reconocimiento de una sanción
moratoria por el periodo comprendido entre el 10 de junio de 2006 y el 5 de
noviembre de 2009, cuando en 2004 presentó un proceso ejecutivo reclamando el
capital e intereses y, en 2006, inició otro, con el fin de obtener la sanción moratoria
«es decir en febrero de 2006 ya al señor FELIX VARGAS COTERA se le había cancelado
la obligación – capital más interese (sic) contenidas en la resolución No 199 de
Febrero de 2006».

(iii) Las cesantías que se adeudaban al demandante y que habilitaban la
reclamación de la sanción moratoria, fueron pagadas en el año 2006 y no en el año
2009, como lo sugiere el demandante.

1 En todo caso, se precisa que en el concepto de violación se hace alusión al crédito de la señora

Lourdes Correa Luna, quien no es demandante en este proceso, pero se acoge el argumento,
entendiendo que se trató de un error involuntario del apoderado del demandante.
2 Folios 49 a 54.

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Radicado: 23001 23 33 000 2015 00210 01 (0782-18)
Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera

(iv) En el acuerdo de reestructuración de pasivos al que llegó el municipio con sus
acreedores, en aplicación de la Ley 550 de 1999, se determinó que lo allí acordado
era de obligatorio cumplimiento, incluyendo a aquellos que no participaron en la
negociación, lo cual tiene sustento normativo en el parágrafo 3.º del artículo 34 de
dicha ley. Siendo así, es forzoso aplicar la cláusula novena del acuerdo, en la cual
se determinó que las acreencias cuyo pago fue intentado a través de procesos
ejecutivos, serían pagadas «de conformidad con la última liquidación del crédito
practicada dentro del proceso ejecutivo».

(v) Bajo los anteriores planteamientos, el municipio considera que los conceptos
pretendidos en la demanda, en particular, la sanción moratoria a que alude la Ley
244 de 1995, ya fueron pagados al demandante.

(vi) Se deben declarar probadas las excepciones de «pretensión de lo no debido»
caducidad y prescripción, esta última, entendiendo que los derechos que se
reclaman se extinguieron porque transcurrieron más de tres años entre su
causación y la presentación de la demanda.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia proferida el 28 de
septiembre de 2017,3 declaró probada la excepción «pretensión de lo no debido»
propuesta por el municipio de Cereté y, en consecuencia, negó las pretensiones de
la demanda. Las razones que lo llevaron a tal conclusión fueron las siguientes:

(i) De acuerdo con lo probado en el expediente, se pudo establecer que el
demandante inició proceso ejecutivo en contra del municipio de Cereté en orden a
obtener el pago de las prestaciones definitivas reconocidas en la Resolución 199
del 6 de febrero de 2003 y que en auto del 20 de febrero de 2004, el juzgado libró

3 Folios 408 a 414.

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Radicado: 23001 23 33 000 2015 00210 01 (0782-18)
Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera

mandamiento de pago por concepto de las prestaciones sociales, intereses legales
y costas procesales; además, a través de providencia del 23 de enero de 2006, libró
mandamiento de pago por concepto de la sanción moratoria prevista en la Ley 244
de 1995, causada a partir del 23 de abril de 2003 y hasta cuando se pagara la
totalidad de lo debido.

(ii) También está probado que el municipio se sometió a proceso de reestructuración
de pasivos y el acuerdo fue votado el 6 de agosto de 2007, en el cual se convino
que lo decidido en él sería aplicable a todos los acreedores, incluyendo aquellos
que no hubieran participado en la negociación.

(iii) El 5 de noviembre de 2009, se pagó, a favor del actor, la suma de $108.792.314
producto del acuerdo de reestructuración de pasivos, lo que quiere decir que las
acreencias del señor Vargas Cotera sí hicieron parte del aludido acuerdo y las
disposiciones en él contenidas deben ser atendidas por todas las partes. En tal
sentido, no se acoge la postura del demandante, según la cual se siguió causando
la sanción moratoria hasta cuando se realizó el pago en el año 2012, toda vez que
los plazos para pagar los créditos sometidos al acuerdo fueron fijados en él y
también se estableció que aquellas obligaciones sometidas a proceso ejecutivo, se
pagarían según el monto definido en la última liquidación del crédito en el respectivo
proceso.

1.4. El recurso de apelación

El señor Félix Alberto Vargas Cotero, por conducto de su apoderado, interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,4 con base en los
argumentos que se enuncian a continuación:

(i) La decisión del a quo se fundamenta en que como el acuerdo de reestructuración
de pasivos al que se sometió el municipio de Cereté se suscribió con posterioridad

4 Folios 417 y 418.

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Radicado: 23001 23 33 000 2015 00210 01 (0782-18)
Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera

a la demanda ejecutiva presentada por el actor, ello quiere decir que él participó y
votó el mencionado acuerdo; sin embargo, ello no está demostrado en el sub lite.

(ii) Además, en el caso bajo análisis, el problema jurídico se debe centrar en definir
si es viable o no suspender de manera unilateral por la entidad deudora, la
causación de la sanción moratoria, como consecuencia del inicio de un proceso de
reestructuración de pasivos y, como este tipo de cuestión ya ha sido analizada
jurisprudencialmente, se debe acoger lo que al respecto se ha decidido.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes demandante y demandada guardaron silencio en esta etapa procesal.5

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación, se circunscribe a establecer si procedía
declarar probada la excepción de «pretensión de lo no debido» propuesta por el
municipio de Cereté o si, como considera el actor, el proceso de reestructuración de
pasivos no impedía que la sanción moratoria por la tardanza en el pago de sus
cesantías definitivas se continuara causando. Previo a ello, se deberá determinar si
se configuró el fenómeno extintivo de la sanción moratoria.

5 Folio 437.
6 Folio 437.

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Radicado: 23001 23 33 000 2015 00210 01 (0782-18)
Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera

2.2. Marco normativo

La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno
de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días para que
la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los
servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud
que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de que la
solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro
de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar expresamente
los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el
acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente indicado.

El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.

Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada
en la aludida ley, en especial, los siguientes:

[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el
cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los
funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina
además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las
solicitudes, prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga
al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal
meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante
que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando

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Radicado: 23001 23 33 000 2015 00210 01 (0782-18)
Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera

esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin
ningún reconocimiento para el trabajador7.

La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de
las cesantías definitivas y parciales8 de los servidores públicos, en sus artículos 4
y 5 determinó lo siguiente:

Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de
2006, son:

7 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
8 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la

administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma
podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y
adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de
gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. /-
2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.».

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Radicado: 23001 23 33 000 2015 00210 01 (0782-18)
Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera

Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas,
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros
de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma
permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y
trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. (Se resalta).

Por otro lado, la Ley 550 de 1999, «[p]or la cual se establece un régimen que
promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes
territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo
armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal
vigente con las normas de esta ley», en su artículo 34 establece:

Artículo 34. EFECTOS DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN. Como consecuencia de
la función social de la empresa los acuerdos de reestructuración celebrados en los
términos previstos en la presente ley serán de obligatorio cumplimiento para el
empresario o empresarios respectivos y para todos los acreedores internos y externos
de la empresa, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación del
acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, y tendrán los siguientes
efectos legales:

[…]

2. El levantamiento de las medidas cautelares vigentes, con excepción de las
practicadas por la DIAN, salvo que ésta consienta en su levantamiento, y la
terminación de los procesos ejecutivos en curso iniciados por los acreedores
contra el empresario. Durante la vigencia del acuerdo, el acreedor que cuente con
garantías constituidas por terceros y haya optado por ser parte del acuerdo, no podrá
iniciar ni continuar procesos de cobro contra los codeudores del empresario, a menos
que su exigibilidad sea prevista en el acuerdo sin el voto del acreedor garantizado.
Esta restricción es aplicable sólo al cobro de acreencias que están contempladas en
el acuerdo y que se relacionen con la empresa.

[…]

8. Todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el
acuerdo, y quedarán sujetas a lo que se establezca en él en cuanto a rebajas,
disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas, aun sin el voto
favorable del respectivo acreedor, salvo las excepciones expresamente previstas
en esta ley en relación con las obligaciones contraídas con trabajadores,
pensionados, la DIAN, los titulares de otras acreencias fiscales o las entidades de
seguridad social. [Resalta la Sala].

2.3. Hechos probados

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Radicado: 23001 23 33 000 2015 00210 01 (0782-18)
Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

(i) El 31 de octubre de 2002,9 el demandante y otros, por intermedio de apoderada,
formularon reclamación en sede administrativa, orientada al reconocimiento de «los
valores correspondientes a cesantías e interesese (sic) de cesantías y dotaciones
a los cuales tiene (sic) derecho […] por prestar sus servicios al Municipio de cereté
(sic) como docentes en diferentes centros educativos».

(ii) El 6 de febrero de 2003,10 el alcalde de Cereté expidió la Resolución 199, por la
cual resolvió una «solicitud de reconocimiento y cancelación de prestaciones
sociales a funcionarios del sector educación» de esa entidad territorial. En sus
consideraciones séptima, octava y décima se expresó lo siguiente:

SÉPTIMO: Que a través de apoderado el citado docente (sic) agotó la vía gubernativa
con el fin de que se le reconociera y cancelara sus prestaciones sociales.

OCTAVO: Que el presente caso versa sobre actividades que implican en su desempeño
una función pública – como es la de haber ejercido las funciones antes señaladas en
el Municipio de CERETE y como en ella se constatan los elementos propios de una
relación de trabajo es deber de esta administración reconocer las prestaciones
sociales solicitadas por el apoderado del solicitante (sic) en calidad de personal
docente del Sector Educación del Municipio de CERETÉ.

[…]

DÉCIMO: Que de acuerdo a las experiencias adquiridas a lo largo de las anteriores y
actual administración,(sic) siendo procedente reconocer la solicitud hecha la (sic)
administración y con el objeto de prevenir demandas ordinarias laborales, que en su
gran mayoría, son falladas a favor del contratista demandante, por estar de por medio
derechos laborales que por su naturaleza han sido considerados históricamente por
los Tribunales y las Altas Cortes como privilegiados e inviolables, su no
reconocimiento y cancelación han traído consecuencias más que funestas para el
Municipio, afectándose su desempeño de forma grave por la alta onerosidad de las
condenadas, (sic) transacciones y conciliaciones, en virtud de los altos intereses
moratorios y sanciones, tales como salarios caídos, indexación moratoria, sanción por
no consignación de cesantías, honorarios superiores al 30%, etc, asunto este que
conlleva a la administración a reconocer directamente estos derechos en una decisión
que encierra ventajas de carácter financiero y administrativos, (sic) ahorrándose así
controversias de tipo litigioso que interrumpen gravemente el normal funcionamiento
del órgano administrativo.

9 Folios 225 a 227.
10 Folios 17 a 20.

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Radicado: 23001 23 33 000 2015 00210 01 (0782-18)
Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera

(iii) El 16 de diciembre de 2003,11 el señor Vargas Cotera y otros, por intermedio de
apoderada, instauraron demanda ejecutiva laboral ante los juzgados de Cereté, con
el objeto de exigir el pago de las prestaciones sociales adeudadas por el municipio
de Cereté, los intereses moratorios, los intereses de plazo y «la indexación
moratoria, sanción por no consignación de las cesantías en el tiempo estipulado por
la ley».

(iv) El 20 de febrero de 2004,12 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté libró
mandamiento de pago, en contra del municipio de Cereté por concepto de
prestaciones sociales, intereses legales y costas del proceso.

(v) El 23 de enero de 2006,13 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté libró
mandamiento de pago, en contra del municipio de Cereté por concepto de la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, comoquiera que, «en forma involuntaria
se omitió decretar la sanción moratoria solicitada por la ejecutante en su demanda».
La suma ordenada, en el caso particular del demandante, correspondió a $34.913
diarios «a partir del 23 de Abril de 2003, hasta cuando se cancele el total de lo
debido».

(vi) El 9 de junio de 2006,14 la apoderada del demandante, en el proceso ejecutivo,
presentó la liquidación de crédito, que comprende capital, sanción moratoria y
agencias en derecho, la cual fue aprobada por el juzgado, mediante auto del 21 de
junio de 2006 y se ordenó entregar el título judicial que obraba en el proceso y que
cubría una parte de la totalidad del valor aprobado.15 El 22 de septiembre de 2006,16
se ordenó entregar el título judicial que cubría otra parte del valor adeudado.

11 Folios 8 a 16.
12 Folios 63 y 64.
13 Folio 22.
14 Folios 23 a 26.
15 El valor total, que comprende lo debido a los 11 ejecutantes, era por la suma de $566.994.829 y

el valor del título judicial entregado correspondía a $333.750.488.
16 Se ordenó la entrega de un título ejecutivo por $124.272.045 y quedó, como saldo, la suma de

$108.972.314. Folio 19.

13

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Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera

(vii) El 6 de agosto de 2007,17 el municipio de Cereté suscribió con sus acreedores,
un acuerdo de reestructuración de pasivos, en cuya cláusula tercera se pactó lo
siguiente:

OBLIGATORIEDAD DEL ACUERDO: Teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 4º y
34º de la Ley 550 de 1999, el presente Acuerdo de Reestructuración, es de obligatorio
cumplimiento para EL MUNICIPIO y para todos sus ACREEDORES, incluyendo a quienes
no hayan participado en la negociación del ACUERDO o que, habiéndolo hecho, no
hayan consentido en él, conforme con el parágrafo 3º del artículo 34º de la Ley 550
de 1999. Tratándose de EL MUNICIPIO, el mismo se entiende legalmente obligado a la
celebración y ejecución de los actos administrativos de sus órganos de control que se
requieran para cumplir con las obligaciones contenidas en este ACUERDO.

(viii) El 19 de octubre de 2012,18 el demandante, por intermedio de apoderada,
formuló reclamación administrativa ante el municipio de Cereté, con el objeto de
reclamar «el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a la que legalmente
tiene derecho mi cliente y cuya cancelación fuere ordenado (sic) en su oportunidad
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté, mediante auto de fecha 23 de
Enero de 2006, desde Junio 10 de la misma anualidad, hasta el día 05 de Noviembre
de 2009 a razón de $24.913.00 (treinta cuatro (sic) mil novecientos trece pesos)
diarios, esto es, la suma de $42´768.425.oo». En el expediente no obra prueba de
la respuesta dada por la entidad, ante tal requerimiento.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

A efecto de resolver el problema jurídico planteado, la Sala debe señalar que lo que
se cuestiona, por parte del demandante, en la alzada, es la decisión adoptada por
el a quo en torno a declarar probada la excepción propuesta por la entidad
demandada, denominada «pretensión de lo no debido» pues, en su sentir, para
concluir que la obligación se encontraba inmersa dentro del proceso de
reestructuración de pasivos, era forzoso indagar si el señor Vargas Cotera había
intervenido y votado favorable el acuerdo y las implicaciones de este, en asuntos

17 Folios 21 a 48.
18 Folios 33 a 36.

14

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Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera

laborales, a la luz de lo que ha resuelto la jurisprudencia en esa materia.

Con el propósito de pronunciarse frente a los argumentos del recurrente, se debe
advertir, en primer lugar, que, conforme a lo previsto en los artículos 320 y 328 del
Código General del Proceso, aplicables por remisión del artículo 306 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el objeto del
recurso de apelación se circunscribe a que el ad quem «examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante» y, por ende, su pronunciamiento debe sujetarse a «los argumentos
expuestos por el apelante»; sin embargo, el último de los artículos citados también
prevé que lo anterior es «sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos previstos por la ley».

2.4.1. La prescripción de la sanción moratoria por el pago inoportuno de las
cesantías definitivas

El inciso segundo del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo habilita al juez de segunda instancia a decidir «sobre
las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada»; por lo tanto, en aplicación de la aludida disposición, la Sala se
pronunciará en torno a la excepción de prescripción extintiva de la sanción moratoria
en los siguientes términos.

El primer aspecto a abordar consiste en identificar cuáles fueron las cesantías
adeudadas al actor y de las cuales se deriva el incumplimiento del pago que habilitó
la reclamación de la sanción moratoria pretendida en el sub examine.

Como se relacionó en el acápite de pruebas, las cesantías que se reconocieron al
demandante, fueron aquellas definitivas de que trata la Resolución 199 del 6 de
febrero de 2003, producto de las labores desarrolladas al servicio del municipio de
Cereté en calidad de docente.

15

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Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera

En lo que tiene que ver con la exigibilidad de la sanción moratoria por la tardanza
en el pago de las cesantías, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia
de unificación,19 fijó reglas relacionadas con el punto de partida para reclamar la
sanción moratoria y la prescripción de ese derecho, en los siguientes términos:

PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del Consejo de
Estado, para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50
de 1990, las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la
sanción moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es
desde su causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad
siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá presentarse dentro de
los tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.
[Resalta la Sala]

Si bien es cierto la anterior providencia se refirió a las cesantías anuales, y la
sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, idéntico criterio interpretativo ha
de aplicarse en torno al fenómeno prescriptivo respecto de la sanción moratoria a
que aluden las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, pues, como bien se señaló en
la providencia de unificación transcrita, «el nacimiento de la sanción por mora no
está condicionado al reconocimiento de la cesantía, ocurriendo de pleno
derecho por el incumplimiento del pago de parte del empleador dentro de los
términos de ley, por lo que la subsistencia de la obligación prestacional tampoco
puede impedir la extinción por el paso del tiempo. En términos sencillos, la
existencia formal y subsistencia de la cesantía, no determina ni la causación ni la
extinción de la moratoria».

La postura anterior, en torno a la extinción de la sanción moratoria por el pago
extemporáneo de las cesantías parciales y definitivas ya ha sido aplicada por esta
Subsección,20 y, sobre el particular, se ha concluido lo siguiente:

19 Sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020.
20 Ver, entre otras, providencias del 28 de julio de 2022, radicación 08001 23 33 000 2016 01460 01,

número interno: 0197-2019, M.P., William Hernández Gómez y del 11 de agosto de 2022, radicación
05001 23 33 000 2019 01303 01, número interno: 0075-2021, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

16

Radicado: 23001 23 33 000 2015 00210 01 (0782-18)
Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera

[…] si bien estas reglas de unificación se establecieron respecto de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías anualizadas reguladas por la Ley 50 de
1990, son igualmente aplicables frente a la sanción relativa al reconocimiento y pago
extemporáneo de cesantías definitivas o parciales, regidas por las Leyes 244 de 1995
y 1071 de 2006, pues lo que varía en estos casos es el momento en que se hace
exigible la sanción moratoria y no el criterio cómo debe contarse la prescripción a
partir de su exigibilidad.21

Bajo el anterior entendimiento, se analizará la configuración del término prescriptivo
en el caso sub examine, y para el conteo del término, la Sala acogerá la regla de
unificación fijada en la Sentencia CE-SUJ-SII-012-2018, para efecto de definir la
fecha en la que se hizo exigible la sanción moratoria aquí pretendida. La providencia
en cita definió:

En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria
corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto;
y iii) 45 días para efectuar el pago. [Se resalta]

En las anteriores condiciones, como las cesantías definitivas a favor del señor
Vargas Cotera se reclamaron el 31 de octubre de 2002,22 pero tan solo se
reconocieron a través de la Resolución 199 del 6 de febrero de 2003,23 es forzoso
concluir que el acto administrativo que concedió la prestación fue expedido en forma
extemporánea, toda vez que de conformidad con lo previsto en el artículo 1.º de la
Ley 244 de 1995, debía emitirse dentro de los 15 días hábiles siguientes a las
solicitud, esto es, hasta el 25 de noviembre de 2002; por tal razón, se configura el
primer supuesto de la regla de unificación transcrita, la cual se aplicará a
continuación a efecto de determinar la fecha en la que se debía reclamar, en sede
administrativa, la sanción moratoria pretendida en el sub lite.

Ante la extemporaneidad en la expedición del acto de reconocimiento de las
cesantías definitivas, se debe partir de la reclamación en sede administrativa, para

21 Sentencia del 11 de agosto de 2022, radicación 05001 23 33 000 2019 01303 01, número interno:
0075-2021, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
22 Folios 225 a 227.
23 Folios 17 a 20.

17

Radicado: 23001 23 33 000 2015 00210 01 (0782-18)
Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera

definir la fecha en que se hacía exigible la sanción moratoria; siendo así, como la
petición se radicó el 31 de octubre de 2002, el acto administrativo se debió expedir
el 25 de noviembre de 2002, la ejecutoria del acto se habría producido el 2 de
diciembre de 2002,24 por lo que el pago oportuno de las cesantías, procedía hasta
el 6 de febrero de 2003, y, por ende, la sanción moratoria era exigible a partir del
día siguiente, esto es, el 6 de febrero de 2003.

Ahora bien, la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria que dio origen al
acto ficto o presunto negativo cuya nulidad se pretende en el sub lite, fue radicada
el 19 de octubre de 201225 momento en el que ya se había extinguido el derecho,
toda vez que, oportunamente se hubiera podido reclamar hasta el 6 de febrero de
2006, esto es, dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad.

Consecuentes con lo anterior, es forzoso concluir que la sanción por mora en el
pago de las cesantías definitivas reclamada por el demandante está afectada por el
fenómeno de prescripción, en su totalidad, lo que conlleva revocar la sentencia de
primera instancia en cuanto declaró probada la excepción de «pretensión de lo no
debido» para, en su lugar, declarar probada la excepción de prescripción extintiva
de la sanción moratoria, propuesta por la entidad demandada y confirmar, en lo
demás, lo decidido por el a quo.

En todo caso, no sobra agregar que si bien es cierto en el proceso que ocupa la
atención de la Sala, el actor buscó el pago de la sanción moratoria «derivada del
presunto incumplimiento de la sanción moratoria ordenada por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Cereté», el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho no es la vía judicial para lograr el pago de una obligación reconocida en un
proceso ejecutivo, y lo reclamado o reconocido en él, no constituye reclamación en
sede administrativa que lo habilite a acceder a la jurisdicción de lo contencioso

24 Si bien es cierto la regla de unificación refiere 10 días, en el caso bajo examen se cuentan solo 5

días, pues ese era el término que regía para ese efecto, en vigencia del Decreto 01 de 1984, y los
10 días a que alude la regla, se refieren a lo dispuesto, en esa materia en la Ley 1437 de 2011, que
no estaba vigente para el momento en que se formuló la reclamación de cesantías que se analiza.
25 Folio 33.

18

Radicado: 23001 23 33 000 2015 00210 01 (0782-18)
Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera

administrativo; por lo anterior, en el sub lite, para el conteo del término de
prescripción no se tuvo en consideración la actuación ejecutiva a que se hizo
referencia en los hechos de la demanda, sino los parámetros fijados en la sentencia
de unificación transcrita con antelación y que constituye precedente de aplicación
obligatoria26 para decidir los casos que, como el sub judice, estaba pendiente de
resolución.

Obviamente, en aplicación de la sentencia de unificación citada, tampoco se podía,
como pretendía el demandante, contabilizar la sanción moratoria, partiendo de la
tardanza en el pago de los valores concedidos en el acuerdo de reestructuración de
pasivos por concepto de cesantías, pues, se insiste, el hecho que origina la
reclamación de la sanción moratoria es el incumplimiento del empleador en el pago
de esa prestación y este surge a partir del día siguiente al término fijado por el
legislador para el pago del referido auxilio; por ende, el destinatario podía reclamar
la penalidad durante los 3 años siguientes al momento en que se hizo exigible, es
decir, al vencimiento de los 45 días previstos en la ley para su pago y, si no lo hizo,
es imperativo declarar la prescripción extintiva de la sanción.

2.5. Condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,27 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación atiende un criterio objetivo
valorativo. Objetivo, en el sentido de que toda sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, pues se requiere que el juez revise si ellas se
causaron (pago de gastos ordinarios del proceso, actividad profesional realizada
dentro de él), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o la temeridad de las

26 El numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia CE-SUJ-SII-012-2018 dispuso: «Señalar

que el efecto de la presente sentencia de unificación será retrospectivo, y por ende, aplicable de
manera obligatoria los trámites pendientes de resolver en sede gubernativa y judicial. Por lo anterior,
esta providencia no podrá aplicarse de manera retroactiva, respetando así la cosa juzgada de los
conflictos decididos con antelación».
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

19

Radicado: 23001 23 33 000 2015 00210 01 (0782-18)
Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera

partes. Conforme a las anteriores reglas, y según lo dispuesto en los numerales 1 y
8 del artículo 365 del Código General del Proceso,28 la Sala se abstendrá de
condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, teniendo en
cuenta que la decisión en torno a la prescripción del derecho obedeció a un cambio
jurisprudencia ocurrido durante el curso del proceso.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que se debe revocar parcialmente la sentencia de
primera instancia en cuanto declaró probada la excepción de «pretensión de lo no
debido» propuesta por el municipio de Cereté, para, en su lugar, declarar probada
la excepción de prescripción extintiva de la sanción moratoria reclamada por el
señor Félix Alberto Vargas Cotera, y abstenerse de condenar en costas de segunda
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Revocar parcialmente la sentencia proferida el 28 de septiembre de
2017, por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que declaró probada la excepción
de «pretensión de lo no debido» formulada por el municipio de Cereté en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho formulado por el señor Félix
Alberto Vargas Cotera, en contra del municipio de Cereté (Córdoba). En su lugar se
dispone:

28 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […] 8. Solo habrá lugar a costas

cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

20

Radicado: 23001 23 33 000 2015 00210 01 (0782-18)
Demandante: Félix Alberto Vargas Cotera

Declarar probada la excepción de prescripción extintiva de la sanción
moratoria reclamada por el señor Félix Alberto Vargas Cotera, según lo
expuesto en las consideraciones que anteceden.

Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.

Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DDG

21

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