Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01303-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01303-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-01303-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
11 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D. C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restabl ecimiento del derecho .
Radicado: 05001 23 33 000 2019 01303 01 (0075 -2021)
Demandante: Gloria Patricia Herrera Quiroz
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 1.
Tema: Sanción moratoria Leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006. Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA
ASUNTO
La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia del 25 de marzo de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 2.
La señora Gloria Patricia Herrera Quiroz , en ejercicio de l medio de
control de nulidad y restablecimient o del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, formuló en síntesis las
siguientes:
1.1. Pretensiones
La nulidad del acto ficto presunt o negativo ocasionado con la
1 En adelante FOMAG
2 Folios 1 a 14.
3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
CPACA
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Demandante: Gloria Patricia Herrera Quiroz
petición del 15 de noviembre de 2018, mediante el cual, la Nación -
Ministerio de Educación Nacional -Fo ndo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio –FOMAG–, negó el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria establecid a en la Ley 1071 de 2006,
equivalente a un día de su salario por cada día de retardo, contados
a partir de del día siguiente al vencimiento de los 70 días hábiles
cursados desde el momento en que se radicó la solicit ud de las
cesantías parciales ante la demandada y hasta cuando se hiz o
efectivo el pago de la misma.
Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se condene a la entidad demandada: (a)
reconocer la sanción moratoria contemplada en la Ley 1071 de
2006, equivalente a un día de s u salario por cada día de retardo,
contados a partir del día siguiente al vencimiento de los 70 días
hábiles cursados desde el momento en que se radicó su solicitud
de la cesantía ante la demandada y hasta cuando se hizo efectivo
el pago de la misma; (b) ajusta r la co ndena, tomando como base el
índice de precios al consumidor, en la forma indicada en el artículo
187 del CPACA y, (c) dar cumplimiento a la sentencia en los
términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
1.2. Fundamentos fácticos relevantes
El demandante relató que (i) labora como docente del departamento
de Antioquia; (ii) mediante escrito radicado el 23 de mayo de 2014
solicitó de la administración el recono cimiento y pago de la cesantía
parcial; (iii) por medio de la Resolución S129801 del 27 de octubre
de 2014, le fue reconocido el anterior auxilio; (iv) el pago de ese
emolumento fue efectuado el 13 de septiembre de 2016, por lo que
transcurrie ron 739 días de mora desde la fecha en la que venció el
término –5 de septiembre de 201 4– y debió haberse verificado el
pago y, (v) por medio de escrito ra dicado el 15 de noviembre de
2018, reclamó de la demandada la sanción por mora establecida en
la Ley 1071 de 2006, pero no obtuvo respuesta alguna.
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1.3. Normas violadas y concepto de violación
La accionante citó como normas violadas por el acto enjuiciado los
artículos 5, 9 y 15 de la Ley 91 de 1 989; 1 y 2 de la L ey 244 de
1995; 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006 y el Decreto 2831 de 2005.
Al desarrolla r el c oncepto de violac ión explicó que la normativa
rectora estableció un plazo perentorio para el reconocimiento de las
cesantías conformado por los 15 días contados a partir de la
radicación de la solicitud y los siguientes 45 días para proceder al
pago, una vez expedido el acto administrativo de reconocimiento.
A pesar de lo anterior, la jurisp rudencia ha establecido que e ntre el
reconocimiento y el pago de la prestación no deben superarse los
setenta días hábiles después de haberse radicado la solicitud ante
el FOMAG.
Aseveró que la entidad demandada ha venido pagando por fuera de
los términos establecidos, lo que genera una sanción a su cargo
que consiste en el pago equivalente a un día de salario por cada
día de retardo, contados a partir de del día siguiente al vencimiento
de los setenta (70) días hábiles cursados desde el momento en que
se radicó la solicit ud hasta cu ando se hizo efectivo el pago de la
misma.
2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Nación - Mi nisterio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio no contestó la demanda
según consta en la audiencia inicial.
3. AUDIENCI A INI CIAL 4
El 29 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Antioquia
4 Folios 55 y 56 Vto.
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celebró audiencia inicial en la que (i) evidenció que no existe
ninguna irregularidad que deba subsanarse o que genere nulidad,
(ii) no encontró excepciones que deban ser resueltas en esa etapa
procesal y dejó constancia que la demandada no contestó la
demanda y (iii) delimitó el problema jurídico, en los siguientes
términos:
«[ …] consist e en establecer sí se acr edit an no los supuest os en los
cuales se f undam en t a la pr et ensión d e declar at or ia de nul i dad del
sigui ent e act o adm inist r at ivo:
• Del act o adm inist r at ivo f ict o conf igur ador el dí a 15 de f ebrer o
de 2019, fr ent e a la pet ición elevada el 15 de noviem br e de 2018,
en el cual se pr esum e se negó el r econocim ient o y pago de la
sanción por m or a en el pago del su bsidi o de cesant í as a la
dem andant e.
Una vez acr edit ada la ile gal idad de l act o acusado, se anali zar á si
r esult a pr ocedent e o no or denar el r econocim ient o y pago a f avor
de la dem andant e, la sanción por m or a por el pago t ar dí o del auxil io
de cesant í a, equivalent e a un dí a d e salar io por cada dí a de
r et ar do. »
4. SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 5
En sentencia del 25 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo
de Antioquia profirió sentencia en la que declaró la nulid ad del acto
ficto derivado de la falta de respuesta a la petición elevada por la
accionante el 15 de noviembre de 2018, mediante la cual solicitó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria y, en consecuencia,
a título de restablecimiento del derecho ordenó (i) pagar la
indemnización equivalente a un día de salario por cada día de
retardo en el pago de la cesantía, por el período comprendido entre
el 15 de noviem bre de 2015 y el 12 de septiembre de 2016, para lo
cual se tomará en cuenta la asignación básica devengada en el año
2014; (ii) declarar prescritos los valores causados entre el 6 de
septiembre de 2014 y el 14 de noviembre de 2015 y, (iii) negó la
pretensión del reconocimiento de indexación.
5 Folios 89 a 97 Vto.
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Como sustento de lo anterior expuso que de acuerdo con la
sentencia de unificación de 18 de julio de 2018, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado y las pruebas allegadas,
estableció que la d emandante e levó solicitud de reconocimiento del
auxilio de cesantía s el 23 de mayo d e 2014, la cual fue resuelta a
través de la Resolución S -129801 del 27 de octubre de 2014 ,
reconociendo el pago de una cesantía parcial para lib eración de
hipoteca.
Constató que los 70 días con los que contaba la entidad para
efectuar el desembolso se vencieron el 5 de septiembre de 2014
(sic), de ahí que al haber realizado el pago de forma tardía el 13 de
septiembre de 2016, causó la mora deprecada desde el 6 de
septiembre de 2014.
Estableció que como la actora reclamó el reconocimiento de la
sanción aludida el 15 de noviembre de 2018, es evidente que
interrumpió la prescripción de forma parcial, toda vez que ya habían
transcurrido más de tres años desde la fecha en que se realizó el
pago y, por lo tanto, la penalidad causada con anterioridad al 14 de
noviembre de 2015, ya se encontraba extinguida.
Por último, se acogió a la sentencia de unificación referida y
concluyó que la sanción moratoria ya contiene en sí misma la
indexación e incluso es superior a esta.
5. EL RECURSO DE APELACIÓN 6
La entidad demandada interpuso recurso de apelación en contra
de la sentencia de primera instancia con el fin de que sea revocada,
se declare la p rescripción y, consecuencialmente, se nieguen las
pretensiones de la demanda.
Manifestó que la solicitud de reconocimiento y pag o de las
6 Folios 101 a 104
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cesantías fue presentada el 23 de mayo de 2014 , por lo cual, el
límite para realizar el pago de las mismas fue el 5 de septiembre
de 2014, por lo cual, la sanción por mora dispuesta en la Ley 244
de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, se hizo exigible a
partir del 6 de septiembre de 2014, fecha a partir de la cual la
demandante contó con el término de 3 años para solicita r su
reconocimiento y pago, plazo que vencía el 6 de septiembre de
2017.
Sin embargo, la presentación de la petición admini strativa por parte
de la demandante fue realizada el 15 de noviembre de 2018, fecha
para la cual ya había operado la prescripción del derecho y así debe
declararse.
Adujo que, inclusive, si se tomara en cuenta la fecha indicada en la
Resolución 129801 del 27 de oc tubre de 2014, en la qu e se señaló
que la solicitud de las cesantías fue realizada el 27 de julio de 2014,
el límite temporal para el pago de las mismas fenecía el 30 de
octubre de 2014, por lo que, el término para reclamar la sanción
moratoria ve ncía el 31 de octubre de 2017, y en ese orden de ideas,
para el 15 de noviembre de 2018 –fecha de presentación de la
petición administrativa –, ya había operado la prescripción.
Anotó que el a quo, al validar la fecha de pago efectiva de las
cesantías rec lamadas, no tuvo en cuenta que «fueron puestas a
disposición de la d ocente desde el 25 de mayo de 2015, la cual no
fue cobrada y se reprogramó nuevamente el 17 de agosto de 2016,
por valor de $13.154.558 fecha en la cual se cumplió con la
obligación del pa go» y que así consta en la certificación que allega.
6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓ N
La entidad demandada reiteró los argumentos esgrimidos en el
escrito de apelación y agregó otros que no fueron expuestos en la
oportunidad procesal para ello por lo que no podrán ser tenidos en
cuenta.
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La parte demandante no se pronunció en esta etapa.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio
Público guardaron silencio según el informe secretarial allegado a
folio 126 y así se constata en el aplicativo SAMAI .
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 7, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto. Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 328 8 del
Código General del Proceso, la competencia del ju ez de segunda
instancia está circunscrita a los a rgumentos expuestos por la parte
apelante.
2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos del recurso de apelación presentado
por la entidad demandada, le corresponde a la Sala determinar lo
siguiente:
7 ElConsejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelacione s de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales , o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios
de revisión o de unificación de jurisprudencia.
8 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los a rgumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia»
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➢ ¿La señora Gloria Patricia He rrera Q uiroz, en su condición
de docente afiliada al FOMAG tiene derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida
en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de
2006?, en caso afirmativo, ¿se configur ó la prescripción?
3. Marco normativ o y jurisprudenci al
3.1 Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y la sanción moratoria de la Ley 1071
de 2006
De conformidad con el artículo 115 de la Ley 115 de 1994, los
docentes oficiales se benefician del reconocimiento del auxilio de
cesantías de acuerdo con los parámetros establecidos por el
artículo 15 (numeral 3) de la Ley 91 de 1989, norma que distingue
entre los que se benefician del régimen de cesantías retroactivas y
aquellos a quienes les es aplicable el de cesantías anualizadas con
pago de intereses y sin retroactividad.
Corresponde al FO MAG liquidar y reconocer el auxilio d e cesantía
parcial o defi nitiva de los docentes oficiales, actividad que, en
virtud de la «prestación descentralizada de los servicios»
consagrada en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 y de la delegación
de que trata el artículo 9 ibidem, desarrolla a t ravés de las
secretarías de educación de los ente s territoriales. Mientras que el
pago de la prestación debe ser efectuado a través de la sociedad
fiduciaria que administre los recu rsos del fondo, que en la
actualidad es la Fiduprevisora S.A.
La Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 18 de
julio de 2018 unificó la aplicación de la Ley 1071 de 2006 (que
modificó la Ley 244 de 1995) a los docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, re gidos por la
Ley 91 de 1989 9, teniendo en cuenta las diversas posturas que tenía
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE -SUJ-SII-012-2018,
proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00580-01, proceso con radicado
4961-2015. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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el Consejo de Estado sobre el reconocimiento de la sanción
moratoria en el pago de las cesantías a favor de los docentes.
Por ello, explicó que los docentes hacen parte de la categoría de
empleados públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución
Política, por la naturaleza del servicio que prestan; la regulación
del servicio docente; su ubicación en la Rama Ejecutiva del Estado;
y la implementación de la carrera docente, que comprende el
ingreso, ascenso y retiro del servicio.
En razón de dicha calidad de empleados públicos, determinó que
«a los docentes les son aplicables las Leyes 244 de 1995 10 y 1071
de 2006 11, que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento
y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidore s
públicos; siendo consonante esta posición, con la adoptada por la
Corte Constitucion al » 12.
Frente a la aplicación de estas disposiciones, la Secció n Segunda,
en la mencionada Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2018,
precisó que la Ley 1071 de 2006 prevalece sobre el Decreto 2831
de 2005 13, que fue inaplicado por la excepción de ilegalidad, ya que
desconoce la jerarquía normativa de la ley en comento, al
establecer términos diferentes para el reconocimiento de las
cesantías definitivas o parciales.
10 « p o r
medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesan tías
para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones.»
11 « p o r
medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula
el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se
establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.»
12La Corte Constitucional, en la sentencia SU -336 de 2017, concluyó que,
debido a la naturaleza de la labor desempeñada por los docentes, éstos deben
ser tratados como empleados públicos beneficiarios de la Ley 1071 de 2006,
teniendo en cuenta que cobija a todos los funcionarios públicos y servidores
de las ramas del poder público. En este sentido, la Corte expuso que los
docentes tienen derecho al pago de la referida sanción moratoria.
13Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6 del
artículo 7° de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se
dictan otras disposiciones.
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En relación con el momento a partir del cua l empieza a correr la
sanción moratoria, la Sala hará referencia en el capítulo siguiente.
De igual forma, en la mencionada Sentencia de Unificación, se
precisó también que la Ley 1071 de 2006 no establece como
requisito de exigibilidad de la sanción mora toria causada por el
retardo en el pago de las cesantías parciales o definitivas que
exista disponibilid ad presupuestal para pagar esta prestación 14, ni
que el respeto del turno de quienes han pedido el reconocimiento
de las cesantías justifica el desconoc imiento de los plazos legales
para satisfacer e sta prestación, de modo que se impida la
exigibilidad de la sanción moratoria. A juicio de la Sala el respeto
del turno se entiende en el marco de los términos legales.
3.2. La sanción moratoria causada por el retardo en el pago de
las cesantías definitivas y parciales.
Las mencionadas Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 fijaron los
términos para el pago oportuno de la prestación y establecieron las
sanciones en caso de incumplimiento.
La Ley 244 del 29 de di ciembre de 1995 «Por medio de la cual se
fijan términos para el pago oport uno de cesantías para los
servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones », señalaba el procedimiento para la liquidación y
pago de las cesantías definit ivas de todos los servidore s públicos,
y en el parágrafo del artículo 2 reguló la sanción moratoria causada
por el incumplimiento de la entidad pública empleadora consistente
en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago efectivo
de las mismas , así:
14 La Corte Constitucional en la sentencia SU -400 del 28 de agosto de 1997
señaló que una vez se han liquidado las cesantías parciales lo normal es que
el trabajador las reciba para atender las necesidades que justifican su retiro,
por lo tanto, el retardo de la administración le causa un perjuicio y si bien la
entidad solo puede efectuar el gasto cuando cuente con la disponibilidad
presupuestal, lo equitativo es que el trabajador no asuma la carga de la
demora en el pago.
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«Par ágr af o. - En caso de m or a en el pago de las cesant í as de los
ser vidor es públ icos, la ent idad obl igada r econocer á y cancelar á de
sus pr opios r ecur sos , al benef ic iar io, un dí a de salar io por ca da dí a
de r et ar do hast a que se haga ef ect ivo el pago de las m ism a s, par a
lo cual s olo b ast ar á acr edit ar la no canc elaci ón dent r o del t ér m ino
pr evist o en est e ar t í culo. Sin em bar go , la ent idad p odr á r epet ir
cont r a el f uncionar io , cuando se dem uest r e que la m or a en el pago
se pr oduj o por culpa im put able a ést e».
La referida ley fue adicionada y modificada por la Ley 1 071 del 31
de julio de 2006, indicando que su objeto es « reglamentar el
reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los
trabajadores y servidores del Esta do, así como su oportuna
cancelación ». Igualmente, estipuló el término para la expedición de
la resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la
sanción moratoria, en los artículos 4 y 5 que indican:
«Ar t í culo 1º . Tér m inos: Dent r o de los quince ( 15) dí as hábi les
sigui ent es a la pr esent ación de la so lic it ud de liqu idac ión de las
cesant í as def init iva s o par ciales, por par t e de los pet icionar ios, la
ent idad em pl eador a o aque lla q ue t enga a su ca r go el
r econocim ient o y pago de las cesant í as, deber á expedir la
r esolució n cor r espondie nt e, si r eún e t odos los r eq uisit o s
det er m inados en la l ey.
Par ágr af o. En caso de que la ent idad obser ve que la solicit ud est á
incom plet a deber á inf or m ár sele al pet icionar io dent r o de los diez
( 10) dí as hábiles si guient es al r ec ibo d e la sol icit ud, seña l án dole
expr esam ent e los docum ent os y/ o r equisit os pendient es.
Una vez apor t ados los docum ent os y/ o r equisit os pend ient es, la
solic it ud deber á ser r esuelt a en l os t ér m inos señal ados en e l incis o
pr im er o de est e ar tículo.
Ar t í culo 2º . M or a en el pago: La ent i dad públ ica pagad or a t endr á un
plazo m áxim o de cu ar ent a y cinco ( 45) dí as hábiles, a par t i r de la
cual quede en f ir m e el act o adm inist r at ivo que or dena la liqu i dación
de las cesant í as de f init ivas o par c iales del ser vidor púb lic o, par a
cancelar est a pr est a c ión soc ial, si n per j uicio d e lo est ab lec id o par a
el Fondo Nac iona l d e Ahor r o.
Par ágr af o. En caso de m or a en el pago de las cesant í as def init iv as
o par cia les de lo s ser vidor es púb li cos, la ent id ad o blig ada
r econocer á y cancel ar á de sus pr opios r ecur sos, al benef ic i ar io, un
dí a de salar io por cada dí a de r et ar do hast a que se haga ef ect ivo el
pago de las m ism a s, par a lo cual sol o bast ar á acr edit ar la no
cancelac ión dent r o del t ér m ino pr evi st o en est e ar t í culo. Si n
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Demandante: Gloria Patricia Herrera Quiroz
em bar go, la ent idad podr á r epet ir contra el f uncionar io, cuando se
dem uest r e que la m or a en el pa go se pr oduj o por culpa im p ut able a
est e. »
Ahora bien, con el fin de establecer el momento a partir del cual se
hace exigible la sanción por mora, la mencionada sentencia de
unificación estudió las dist i ntas hipót esis que pueden presentarse
en cuanto a la forma y oportunidad del acto de reconocimiento de
la prestación (acto ficto o expreso, oportuno o extemporáneo), la
notificación, interposición de recursos y términos de ejecutoria de
dicha actuación, y determinó las siguientes reglas
jurisprudenciales 15:
«SEG UNDO : SENT A R JURI SPRUD EN CI A en la sección segunda
del Consej o de Est a do par a señalar en cuant o a la exig ib il i dad de
la sanc ión m or at or i a por el pa go t ar dí o de las cesa nt í as, las
sigui ent es r eglas:
i) En el event o en qu e el act o que r econ o ce las cesant í as def i nit ivas
y par ciales s e expid a por f uer a del t érmino de ley, o cuando no se
pr of ier e; la sanción m or at or ia corr e 70 dí as hábiles desp ués de
r adicada la so lic it ud de r econocim ie nt o, t ér m ino que cor r espo nde a:
i) 15 dí as par a expedir la r esoluc ión; ii ) 10 dí as de ej ecutor ia del
act o; y iii) 45 dí as par a ef ect uar el pago.
ii) Así m ism o, en cuant o a que el act o que r econoce la cesant í a
debe ser not if ica do al int er esad o en las condic iones pr ev ist as en el
CPAC A, y una vez se ver if ica la not if ica ción, inic iar á el cóm put o del
t ér m ino de ej ecut or ia. Per o si el act o no f ue not if icado, par a
det er m inar cuándo cor r e la ej ecut or ia, deber á consider ar se el
t ér m ino dispuest o en la ley 16 par a que la ent i dad i nt ent ar á
not if icar lo per sona l m ent e, est o es, 5 días par a cit ar al pet icionar io
a r ecibir la not if icac ión, 5 dí as par a esper ar que com par ecier a, 1
par a ent r egar le el aviso, y 1 m ás par a per f eccionar el ent er am ient o
por est e m edio. Por su par t e, cuando el pet icionar io r enunci a a los
15La Sección Segunda consideró que “en el evento en que la administración
no resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o
definitivas- o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la
sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición
correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición
del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término
de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si
la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo –
Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que
quedó en firme la resolución”.
16 A r t í c u l o 69 CPACA.
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t ér m inos de not if icación y de ej ecut or ia, el act o adquier e f ir m eza a
par t ir del dí a que así lo m anif iest e. En ninguno de est os casos, los
t ér m inos de not if icación cor r er án en cont r a del em pleador com o
com put ables par a sanción m or at or ia.
ii i) Cuando se int er pone r ecur so, la ej ecut or ia cor r er á 1 dí a después
que se no t if iq ue e l a ct o que lo r esue lva. Si e l r ecur so no es r esuelt o,
los 45 dí as par a el pago de la cesant í a, cor r er án pasados 15 dí as
de int er puest o».
Por último, la cit ada sentencia de unificación también sentó
jurisprudencia en cuanto al salario de liquidaci ón de la sanción
moratoria y la imposibilidad de indexar esa base (sin perjuicio de la
actualización de la respectiva condena):
«T ERCERO : SENT AR JURI SPR UDE NCI A en la sección segunda del
Consej o de Est ado par a señalar que, en t r at ándose de cesant í as
def init iva s, el salar i o base par a calcular la sanción m or at oria ser á
la asignac ión básica vigent e en la f echa en que se pr oduj o el r et ir o
del ser vic io de l se r vidor públ ico; a d i f er encia de l as ce sant í as
par ciales, do nde se deber á t ener en cue nt a par a el m ism o ef ect o la
asignac ión básica vi gent e al m om ent o de la causación de la m or a
sin que var í e por la pr olongac ión en el t i em po.
CUA RT O : SENT A R JURI SP RUD ENCI A en la sección segun da del
Consej o de Est ado par a señalar que es im pr ocedent e la inde xaci ón
de la sanción m or at or ia por pago t ar dí o de las cesantí as. Lo
ant er ior , sin per j uici o de lo d ispuest o e n el ar t í culo 187 d el C PACA . »
3.3 Reglas Jurisprudenciales sobre prescripción sentadas en la
Sentencia de Unificación CE-SUJ-S II-022-2020 proferida por la
Sección Segunda de la Corporación el 6 de agosto de 2020
Mediante sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020, la
Sección Segunda de la Corporación, dictó las reglas relacionadas
con la prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990,
por la no consignación de cesantías anualizadas:
«PRI M ERO : UNI FI CAR JU RI SPR UDE N CI A en la Secci ón Segunda
del Con sejo d e Est a do, par a señalar en cuant o a la pr escr ip ción de
la sanción m or at or i a de la Ley 50 de 1990, las sigu ient es r eglas
jur ispr udenc ia les:
i) El m om ent o a par t ir del cual se c ont abil iza el t ér m in o de la
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pr escr ipción de la s anción m or at or ia de las cesant í as anual izadas
pr evist a en la Le y 50 de 1990, es desde s u causación y ex ig ib il idad,
es decir , el 15 de f ebr er o de la anua li dad sigu ient e, por ende, la
r eclam ación adm in i st r at iva deber á pr esent ar se dent r o de los t r es
años sigui ent es, so pena de conf igur ar s e la pr escr ipción ext int iva.
ii) En el event o en q ue se acum ulen anu alid ades sucesiv as de m or a
en la cons ignac ión d e cesant í as anual iza das, el t ér m ino pr esc r ipt ivo
de la sanci ón pr evis t a en la Ley 50 de 1990 deber á cont a b i lizar se
de m aner a indepe ndient e por cada año, de t al m odo que el
em pleado dispon e de 3 años cont ados a par t ir del 15 de f ebrer o del
año sigu ient e a su c ausación p ar a r ecla m ar la sanción m or at or ia por
la anual idad cor r esp ondient e, so pena d e su ext inción» .
La mentada decisión tuvo como fundamento el hecho de que la
Sección Segunda, mediante sentencia de unificación CE -SUJ004 de
25 agosto de 2016 17, fijó la regla jurisprudencial según la cual la
sanción moratoria está sujeta al térm ino prescriptivo se ñalado en
el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social 18, esto es que la reclamación del empleado sobre un derecho
o prestación debida tendrá que efectuarse dentro de los 3 años, so
pena de la prescripción, términ o que es susceptible de interrupción
a través del simple reclamo escrito del trabajador, pero solo por un
lapso igual, es decir, un trienio. Sin e mbargo, la forma como debe
computarse la prescripción de la sanción moratoria por la
consignación tardía de la s cesantías anualizadas no había sido
pacífica entre las Subsecciones A y B de la Sección Segunda y, por
lo tanto, debía aclararse 19.
17 C . P . Luis Rafael Vergara Quintero.
18 A r t í c u l o
151. -Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales
prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación
se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por
el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
19Tesis 1: Ratio decidendi de la Sentencia de Unificación CE -SUJ004 de 25
agosto de 2016, considera que la prescripción trienal de la sanción moratoria
deberá reclamarse dentro de los 3 años siguientes a su exigibilidad, esto es,
al día siguiente del vencimiento de la oportunidad legal consagrada en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Tesis 2: Resolución del caso concreto de la
Sentencia de Unificación CE-SUJ004 de 25 agosto de 2016, sostiene que la
prescripción trienal de la sanción moratoria solo afecta aquell as porciones
causadas con anterioridad a los tres años previos a la presentación de la
solicitud ante la administración.
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Por su parte, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 es claro en señalar
la sanción moratoria como una de las características del nuevo
régimen de cesantías, así:
«[ …] 3ª. El valor liq uidado por concept o de cesant í a se consignar á
ant es del 15 de f eb r er o del año sigu ie nt e, en cuent a indiv idua l a
nom br e del t r abaj ador en el f ondo de cesant í a que él m ism o elij a.
El em plead or que in cum pla el plaz o señ alado deber á pag ar un dí a
de salar io por cada dí a de r et ar do».
De modo que, el término prescriptivo se cuenta desde que la
obligación se haya hecho exigible, el cual, de manera concreta, en
las obligaciones sometidas a plazo, surge a partir del vencimiento
de éste 20.
En consecuencia, la causación de la sanción por mora por falta de
consignación de las cesa ntías anualizadas ocurre al día siguiente
al del vencimiento de la oportunidad que tiene la Administración
para proceder en tal sentido, esto es, 15 de febrero siguiente a la
anualidad que causó la cesantía (plazo fijado por el ordenamiento).
Aclaró que es te momento es el parámetro cierto y determinado que
permite el nacimiento de la penalidad que, sin ser un derecho,
beneficia al empleado.
Se precisó también que la causación de la sanción por mora es
totalmente independiente a la prestación social y en e se sentido, el
nacimiento de la sanción por mora no está condicionado al
reconocimiento de la cesantía, ocurriendo de pleno derecho por el
incumplimiento del pago por parte del empleador dentro de los
términos de ley. Sin embargo, ello no se confunde con l a extensión
de la penalidad en el tiempo, que sí está directamente asociada a
20 Sobre la obligación a plazo, la sentencia consideró: “[...] el legislador
consagró una obligación a cargo del empleador y la sometió al cumplimiento
de un plazo que, de incumplirse, le genera una sanción pecuniaria a favor del
empleado o trabajador. Conforme lo anterior, no se está ante una obligación
pura y simple, sino que la propia ley ha querido que esté sometida a un plazo
para su pago, en la medida que fijó en cada año una fecha determinada para
efectuar la consignación, por lo cual, válidamente puede afirmarse que la
obligación es sustancialmente una obligación de plazo [...]”.
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que se efectúe la cancelación de la prestación social. El pago de
las cesantías, ante la causación eventual de la moratoria , ocasiona
que ésta cese, no que se extinga, como sí oc urre con la p rescripción
una vez transcurrid os los 3 años establecidos en el artículo 151 del
CPTSS.
A juicio de la Subsección, si bien estas reglas de unificación se
establecieron resp ecto de la sanción moratoria por el p ago tardío
de las cesantías anualizadas reguladas por la Ley 50 de 1990, son
igualmente aplicables frente a la sanción relativa al reco nocimiento
y pago extemporáneo de cesantías definitivas o parciales, regidas
por las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, pues lo que varía en
estos casos es el momento en que se hace exigible la sanción
moratoria y no el c riterio cómo debe contarse la prescr ipción a partir
de su exigibilidad.
Así, la sanción por mora se ve supeditada, no solo al pago efectivo
de las cesantías, sino del término en el que se haga, pues la ley es
clara en establecer los tiempos para que el fondo realice lo debido.
En el mismo sentido, en reciente sentencia del 28 de julio de 2022,
radicado 08001-23-33-000-2016-01460-01 (0197 -2019), esta
subsección sostuvo lo siguiente sobre la prescripción d e la sanción
moratoria derivada del no pago oportuno de las cesantías
definitivas:
«La f igur a j urí dica de la pr escr ipción ext int iva hace r elación al deber
que t iene c ada per sona de r ecl am ar sus der echos en u n t iem po
pr udencia l det er m inado en la ley; es decir , si los der echos que se
han adqu ir ido n o se solic it an en u n det er m inado la pso f ij ad o por una
nor m a, se pier de la opor t unidad par a ej er cer los ant e la ausencia del
int er és que pr esume el legis lador por par t e de quien ost ent a el
der echo.
Sobr e la pr escr ipció n en casos de sanción m or at or ia, la Sal a plena
de la Sección S egu nda dispuso en sen t encia de unif icac ió n CE -
SUJ2- 004- 16 del 2 5 de agost o de 2016 21 que, en el caso de la
sanción por la n o consignac ión op or t una de las ce sant í as
21 S e n t e n c i a
CE-SUJ2-004-16 del 25 de agosto de 2016, radicación 08001 -23-
31-000-2011-00628-01 (0528-14). Yesenia Esther Hereira Castillo contra el
municipio de Soledad.
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anual izadas, el f enóm eno pr ocede si pasados t r es años luego de su
exigi bi lida d ( est o es , a par t ir del 15 de f e br er o del año sigu i ent e a
la causac ión de las cesant í as) , la par t e int er esada no r ecl a m ó ant e
la adm inist r aci ón su r econocim ient o y pago 22.
Ahor a, si bien la sen t encia de unif icac ión aludida hace r ef er encia a
la sanc ión m or at or ia en el caso de la no consig nac ión op or t una de
las cesant í as anual izadas, en cr it er io de est a Subsección , dicha
t esis r esult a t am bién ap licab le r esp ect o a la m or a en el
r econocim ient o y pago de las cesant í as par ciales y def init ivas por
analogí a 23. Ello por cuant o, se r eit er a el ar gum ent o expuest o en la
pr ovidenc ia de 2016, en el or denam ient o j urí dico colom biano no
puede haber sanci ones im pr escr ipt ib l es, ent r e las cuale s debe
inclu ir se la r egul ada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
De acuer do con lo ant er ior , la Sala es t im a que e n el cas o de la
sanción m or at or ia por el no pa go o por t uno de las ce sant í as
par ciales y def in it iva s, el t ér m ino pr escr ipt ivo debe cont abi liz ar se a
par t ir de su exigib i l idad, t al y com o ad vir t ió la Sa la P lena de la
Sección Segun da en pr ovidencia CE - S UJ- SI I - 022- 2020 del 6 de
agost o de 2020 24, exigib il idad que dep ender á de las m últ ipl e s
hipót esis qu e se pueden pr esent ar en est os casos y que f uer on
descr it as en sent en cia de un if icac ión C E - SUJ- SI I - 012- 2018 del 1 8
de j ulio de 2018 25. »
El anterior criterio jurisprudencia l será reiterado en esta
oportunidad, con el fin de analizar si en el presente caso se
configuró el fenómeno de prescripción trienal de la sanción
moratoria de cesantías definitivas.
22 « [ … ]
los salarios moratorios, que están a cargo del empleador que incumpla
su obligación de consignar las cesantías en el término que la ley concede, no
son accesorios a la prestación “cesantías”.
Si bien es cierto se causan en torno a ellas, no dependen directamente de su
reconocimiento, ni hacen parte de él; pues su causación es excepcion al, está
sujeta y deviene del incumplimiento u omisión del deber legal consagrado a
cargo del empleador, están concebidas a título de sanción, por la
inobservancia de la fecha en que se debe efectuar la consignación de esa
prestación.
Como hacen parte del derecho sancionador y a pesar de que las disposiciones
que introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un
término de prescripción, no puede considerarse un derecho imprescriptible,
pues bien es sabido que una de las características del derecho sancionador
es que no pueden existir sanciones imprescriptibles […]»
23 A s í
lo ha considerado la Sala, entre otras, en sentencias del 21 de junio de
2018 (2735-2016), 26 de abril de 2018 (3230 -2016), 19 de abril de 2018 (2653 -
2015 y 2051-2016), 5 de abril de 2018 (2268-2015). De igual forma se ha
pronunciado recientemente la subsección B en sentencias del 17 de marzo de
2022 (3369-2021), 3 de febrero de 2022 (6038-2019).
24 V e r
sentencia de unificación CE -SUJ-SII-022-2020, radicación 08001-23-33-
000-2013-00666-01 (0833-2016). María Lucely Taborda Cervantes contra el
municipio de Sabanagrande.
25 S e n t e n c i a C E - S U J 2 - 0 1 2 - 1 8 d e l
18 de julio de 2018, radicación 73001 -23-33-
000-2014-00580-01 (4961-2015). Jorge Luis Ospina Cardona contra el
Ministerio de Educación Nacional, Fomag y departamento del Tolima.
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4. Caso concreto
4.1. Hechos demostrados
En el caso de la señora Gloria Patricia Herrera Quiroz se encuentra
acreditado lo siguiente:
a) De las consideraciones expuestas en la Resolución S 129801
del 27 de octubre de 2014 26, se desprende que el 21 de julio de
2014, la demandante presentó solicitud de reconocimiento y pago
de cesantías parciales con destino a liberación de hipoteca.
b) Mediante la Resolución 129801 del 27 de octubre de 2014 27,
expedida por la Secretaría de Educación de Antioquia en nombre y
representación de la Nación – Min ist erio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se ordenó
el pago de un anticipo de cesantía, previas las siguientes
consideraciones:
• La docente prestó sus servicios desde el 19 de enero de
2006 hasta el 30 de diciembre de 2013.
• Se liquidaron las cesantías así:
• La suma reconocida ascendió a $13.154.558
correspondiente al tiempo de servicio como docente
departamen tal, Sistema General de Participaciones.
c) De acuerdo con el comprobante de transacción emitido por el
Banco Agrario 28, a la demandante le fue pagada la suma de
$13.154.558 el «13/09/2016».
26 F o l i o s 22 a 23 Vto.
27 I b i d e m .
28 F o l i o 25
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d) Mediante radicado 2018010446061 de 15 de noviembre de
2018 29, la demandante solicitó al FO MAG la sanción por mora
establecida en la Ley 1071 de 2006, teniendo en cuenta que por
medio de la Resolución 129801 del 27 de octubre de 2014 le fue
reconocida en forma extemporánea la cesantía parcial solicitada.
e) La entidad demandada no dio respuesta a la reclamación, por lo
que se configuró el acto ficto presunto negativo.
4.2. Análisis sustancial
4.2.1. ¿La señora Gloria Patricia Herrera Quiroz, en su
condición de docente afiliada al FOMAG tiene derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en
la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006?, en
caso afirmativo, ¿se configuró la prescripción?
De acuerdo con la regla jurisprudencial sentada en la Sentencia de
Unificación CE -SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020 de la
Sección Segunda de la Corporación, la reclamación de la sanción
moratoria debe presentarse dentro del término de tres años
siguientes a la exigibilidad de la misma, so pena de operar su
prescripción.
En el caso concreto se advierte que la accionante solicitó el pago
de las cesantías el 21 de julio de 2014 ; sin embargo, la Secretaría
de Educación de Antioquia, en representación de la Nación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio expid ió el 27 de
octubre de 2014 la Resolución 129801 y efectuó el pago el 13 de
septiembre de 2016 . La actora reclamó la correspondiente sanción
moratoria mediante escrito presentado el 15 de noviembre de
2018, sin que hasta la fecha la entidad demandada se hu biese
pronunciado.
Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de
29 F o l i o s 18 a 20.
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advertirse es que la accionante prestó sus servicios como docente
oficial y, en tal virt ud, de acuerdo con las sentencias de unificación
referidas en el capítulo anteri or, le asiste derecho, ante un eventual
incumplimiento de los términos de ley para el reconocimiento y pago
de las cesantías, a la sanción moratoria.
Así las cosas, la Sala destaca las siguientes fechas importantes
para determinar la mora que alega la demandante:
Reclam aci ón par a e l pago de las cesa nt í as 21 de j ulio 2014
par ciales
Tér m ino de 15 dí as hábiles par a expedir el 12 de agost o de
act o adm inist r at ivo 2014
Ej ecut or ia ( 10 dí as CPAC A) 27 de agost o de 2014
Vencim ie nt o del t ér m ino par a el pago - 45 30 de octubre de
dí as ( Ar t . 5 Ley 1071 de 2006) 2014
Exig ibi lid ad sanció n m or at or ia 31 de oct ubr e de
2014
Pr escr ipción t r iena l 31 de oct ubre de
2017
Reclam aci ón adm in ist r at iva de la san ción 15 de noviem br e de
m or at or ia 2018
En el asunto sub examine , el FOMA G reconoció las cesantías a
través de un acto administrativo expreso –Resolución 129801 del
27 de octubre de 2014 –, es decir que este fue emitido por fuera del
término legal previsto para esos efectos ya que debía ser proferida
a más tardar el 12 de agosto de 2014, pero fue expedido el 27 de
octubre de 2014, y cobraría ejecutoria el 27 de agosto de 2014,
motivo por el cual la entidad tenía hasta el 30 de octubre de 2014
para pagar el auxilio de cesantías de manera oportuna.
Sin embargo, tal prestación solo fue sufragada hasta el 13 de
septiembre de 2016, por lo que, ante la demostrada tardanza, la
accionante tendría derecho al reconocimiento de una sanción
moratoria equivalente a un día de salario por cada uno de retardo,
entre el 31 de octubre de 2014 y el 13 de septiembre de 2016 (fecha
en que se efectuó el pago), liquidada con la asignación básica
vigente al momento en que empezó a causarse la mora, sin que
varíe por la prolongación en el tiempo.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Gloria Patricia Herrera Quiroz
Ahora bien, en cuanto al fenómeno jurídico de la prescripción
trienal, para la Sala resulta claro que el término para reclamar la
sanción por mora en el pago tardío del auxilio de cesantías se rige
por lo establecido en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social, según se dejó sentando por esta Sección
Segunda en sen tencia de unificación de 25 de agosto de 2016 30, al
precisar:
«Siend o así y com o quier a que las Subs ecciones A y B han a plica do
la pr escr ipción t r ien al en asunt os r elat iv os a sanción m or at or ia, se
consider a que no ha y cont r over sia algun a sobr e ese par t ic ular ; no
obst ant e, sí es del caso pr ecisar que la nor m a que se ha de invocar
par a ese ef ect o es la consagr ad a en e l Códig o de Pr oce di m ient o
Labor al, ar t í culo 151. »
La mencionada disposición es del siguiente tenor:
«ARTÍ CU LO 151. - Pr escr ipción. Las accio nes que em anen de las
leyes socia les pr esc r ibir án en t r es años , que se cont ar án desde
que la r espect iva oblig ación se haya hecho exigib le. El si m ple
r eclam o escr it o del t r abaj ador , r ecibido por el pat r ono, sobr e un
der echo o pr est ación debidam ent e det er m in ado, int er r um pirá la
pr escr ipción, per o sólo por un lapso ig u al. »
Bajo ese contexto, en el asunto sub-lite se observa que la
accionante no interrumpió de manera oportuna el término
prescriptivo, pues solicitó la sanción moratoria solo hasta el 15 de
noviembre de 2018 , es decir, después de los tres años siguientes
al día en que la obligación se hizo exigible, p or ende, operó la
prescripción extintiva de ese derecho.
5. Conclusión
En atención a las reglas ju risp rudenciales citadas, las cuales
resultan aplicables al presente asunto, dado que la sanción por
mora prescribe si pasados tres años después de su exigib ilidad no
se reclamó ante la administración su reconocimiento, la Sala no
puede concluir otra cosa diferente a que se extinguió la sanción
30 C o n s e j o
de Estado, sala de lo contencioso -administrativo, sección segunda,
sentencia CE-SUJ-2-004-2016 de 25 de agosto de 2016, expediente 08001-23-
31-000-2011-00628-01.
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deprecada, dado que la demandante no la reclamó en forma
oportuna, en tanto que esta se hizo exigible a partir del 31 de
octubre de 2014, y bajo los supuestos analizados, debió presentar
la solicitud de pago a más tardar el 31 de octubre de 2017, sin
embargo, la señora Gloria Patricia Herrera Quiroz solo reclamó la
aludida sanción el 15 de noviembre de 2018.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en
armonía con los elementos de juicio allegados al expediente que
fueron apreciados en conjunto, la Sala revocará la se ntencia de
primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de
la deman da para, en su lugar, declarar probada de oficio la
excepción de prescripción de la sanción moratoria.
6. De la condena en costas
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de e sa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los
llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso y otros como
son los necesarios para traslado de t estigos y para la p ráctica de
la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como
peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en
caso de apelación.
Atendiendo esa orientación y de conformidad con lo previsto en el
Código General del Proceso, no se condenará en costas de segunda
instancia, toda vez que, si bien el recurso de apelación presentado
por la parte demandada se resolvió favorablemente y se ordenó
revocar la sentencia proferida en primera instancia, no se demostró
su causación .
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,
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Demandante: Gloria Patricia Herrera Quiroz
FALLA
PRIMERO. REVO CAR la sentencia del 25 de marzo de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió
parcialmente a las súplicas de la de manda dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora
GLORIA PATRICI A HERRERA Q UIROZ contra la NACIÓN -
MINISTERIO DE E DUCACIÓ N NACIO NAL - FONDO NA CIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia para, en su lugar:
«DECLARAR prob ada de manera oficiosa la excepción de
prescripción respecto del reconocimiento y pago de la sanción
moratoria de cesantías definitivas, y, en consecuencia, negar
las pretensiones de la demanda.».
SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias.
TERCERO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al
Tribunal de origen, previas las an otaciones pertinentes en el
programa “SAMAI”
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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