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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2016-00072-01

Fecha
20 de octubre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2016-00072-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero.- Confirmar la sentencia del 14 de diciembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, dentro del proceso instaurado por el señor Pedro Antonio Corredor Caicedo en contra del municipio de Nuquí, que declaró probada la excepción de prescripción de los derechos propuesta por la entidad demandada, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia. Segundo.- Sin condena en costas de la segunda instancia. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 27001-23-33-000-2016-00072-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

20 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 27001-23-33-000-2016-00072-01 (1857-2019)
Demandante: Pedro Antonio Corredor Caicedo
Demandado: Municipio de Nuquí, Chocó

Temas: sanción moratoria pago tardío de cesantías definitivas

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, quien
actúa por intermedio de apoderado, contra la sentencia proferida el 14 de diciembre
de 2018 por el Tribunal Administrativo del Chocó, por medio de la cual se declaró
probada la excepción de prescripción propuesta por el municipio de Nuquí.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo (CPACA), el señor Pedro Antonio Corredor Caicedo,
por intermedio de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, en orden a que se declare la nulidad del acto ficto o
presunto surgido del silencio administrativo negativo en el que incurrió el municipio
de Nuquí al no dar respuesta a la petición elevada el 24 de agosto de 2012,

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 27001-23-33-000-2016-00072-01 (1857-19)
Demandante: Pedro Antonio Corredor Caicedo

mediante la cual solicitó el pago de sus prestaciones sociales y vacaciones
reconocidas en el año 2007, así como la respectiva sanción moratoria prevista en
la Ley 244 de 1995.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
se ordene al referido municipio a i) pagar las sumas de dos millones treinta y ocho
mil setecientos noventa y nueve pesos ($2.038.799) por concepto de cesantías
definitivas; seiscientos sesenta y siete mil novecientos veintiséis pesos ($667.926)
por prima de servicios; un millón cinco mil setecientos catorce pesos ($1.005.714) y
novecientos sesenta y cuatro mil trecientos cincuenta y cinco pesos ($964.355) por
concepto de vacaciones, las cuales fueron reconocidas mediante Resoluciones sin
número del 7 de noviembre de 2007; ii) indexar los valores resultantes tomando en
consideración el IPC; iii) cancelar la suma de setenta y siete millones ochocientos
sesenta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos ($77.868.154) por concepto de
sanción moratoria de conformidad con lo establecido en la Ley 244 de 1995 a partir
del «11 de febrero de 2008, fecha en la que se venció el plazo para cancelar el valor
de las cesantías» y iv) condenar en costas a la demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló lo siguiente:

i) El señor Pedro Corredor Caicedo fue vinculado a la administración municipal
de Nuquí en el cargo de profesional universitario de la Umata mediante el contrato
de prestación de servicios 070 del 27 de septiembre de 2002, el cual fue renovado
hasta el 30 de julio de 2004.

ii) El 7 de noviembre de 2007, mediante cinco resoluciones sin número, el
municipio de Nuquí le reconoció y ordenó el pago de prestaciones sociales, entre
ellas, las cesantías, en consideración a que la prestación de sus servicios reunió los
elementos de una relación laboral encubierta o subyacente.

iii) El 24 de agosto de 2012, solicitó el pago de sus derechos laborales, entre

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Radicado: 27001-23-33-000-2016-00072-01 (1857-19)
Demandante: Pedro Antonio Corredor Caicedo

estos, la sanción moratoria por el no pago de las cesantías establecida en la Ley
244 de 1995, petición que no fue resuelta por la entidad demandada, por lo que se
configuró silencio administrativo negativo.

iv) El municipio de Nuquí se encontraba incurso en un acuerdo de
reestructuración de pasivos, proceso que culminó en el mes de octubre de 2012,
por ello, en los términos del numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999, en
este asunto no se consolidó el fenómeno de la prescripción.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 23, 48, 53 y 58 de la Constitución Política; 1
y 2 de la Ley 244 de 1995; 83 y 138 de la Ley 1437 de 2011 y 13 de la Ley 1755 de
2015.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:

i) El señor Corredor Caicedo al ser desvinculado de la administración le fueron
reconocidas las cesantías definitivas; sin embargo, a pesar de ello su pago no se
hizo efectivo, razón por la cual la entidad demandada se constituye en
incumplimiento del plazo establecido en las normas referidas, generándose con
dicha omisión el derecho a recibir no solo el valor de las cesantías liquidadas sino
también el monto que por concepto de sanción moratoria está obligada a cancelar.

ii) Existe una clara violación de los derechos del demandante, pues a pesar de
tener la garantía del pago de sus cesantías y haberlas reclamado, el municipio no
hizo ni el más mínimo esfuerzo por otorgarle su prestación económica, lo que va en
contravía de la ley.

1.2. Contestación de la demanda

Municipio de Nuquí

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Radicado: 27001-23-33-000-2016-00072-01 (1857-19)
Demandante: Pedro Antonio Corredor Caicedo

El apoderado de la parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda1
y expuso las siguientes razones de defensa:

Las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, toda vez que se
encuentran prescritas al tenor de lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto 1848
de 1969, ya que el demandante solicitó sanción moratoria por el no pago oportuno
de las cesantías dejadas de cancelar correspondientes al año 2007, habiendo
transcurrido más de tres años para su reclamación.

Propuso las excepciones de prescripción y caducidad.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Chocó mediante sentencia escrita proferida el 14 de
diciembre de 2018,2 declaró probada la excepción de prescripción propuesta por la
entidad demandada, con sustento en las siguientes consideraciones:

i) Respecto de la solicitud de pago de las prestaciones sociales reconocidas en
el año 2007 indicó que la competencia radica en la jurisdicción ordinaria laboral,
pues al existir unos actos administrativos con la característica de ser títulos
ejecutivos y de contener una obligación clara, expresa y exigible de conformidad
con el artículo 422 del Código General del Proceso, el conocimiento del asunto es
de aquella, ya que la jurisdicción contencioso-administrativa solo conoce de las
ejecuciones que se deriven de la condena impuesta a través de sentencias que
profieran sus jueces.

ii) Mediante Resoluciones sin número del 7 de noviembre de 2007, se reconoció
la cesantía definitiva y demás prestaciones al demandante; no obstante, este
presentó la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria el 24 de

1 Folios 55 a 59.
2 Folios 77 a 82. Con ponencia de la magistrada Mirtha Abadía Serna.

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Radicado: 27001-23-33-000-2016-00072-01 (1857-19)
Demandante: Pedro Antonio Corredor Caicedo

agosto de 2012, cuando el derecho a la precitada sanción se encontraba afectado
por el fenómeno de la prescripción, ya que tenía hasta el 26 de enero 2011 para
haber reclamado y así interrumpir el término prescriptivo, pero no lo hizo.

iii) No se probó siquiera sumariamente que se hubiera suscrito algún acuerdo
con el municipio para el pago de la acreencia aquí solicitada en virtud del proceso
de reestructuración, por el contrario, en el expediente obra certificación expedida
por la Secretaría de Hacienda Municipal donde se manifiesta el cumplimiento de
todas las obligaciones contenidas en el acuerdo, luego tampoco existió suspensión
de la prescripción por someterse a este.

iv) En suma, no se ejerció oportunamente ninguna acción ni administrativa ni
judicial para el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, pues solo hasta el
20 de noviembre de 2015 se acudió a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, momento para el cual ya se encontraba prescrita la obligación.

1.4. El recurso de apelación

El señor Pedro Antonio Corredor Caicedo, interpuso recurso de apelación3 contra la
sentencia previamente referenciada, y solicitó que se revoque y, en su lugar, se
acceda a las pretensiones de la demanda. Como sustento de su petición expuso lo
siguiente:

i) Al momento del surgimiento de la acreencia el municipio de Nuquí se
encontraba inmerso en el mencionado acuerdo de reestructuración de pasivos, el
cual fue suscrito el 9 de julio de 2001, por ello, para el 7 de noviembre de 2007,
fecha en que fue reconocido y ordenado el pago de las cesantías, no era posible
efectuar el cobro.

ii) El demandante tampoco podía acudir a la jurisdicción contenciosa-
administrativa conforme lo dispone la Ley 550 de 1999. En ese orden, el término de

3 Folios 90 a 93.

5

Radicado: 27001-23-33-000-2016-00072-01 (1857-19)
Demandante: Pedro Antonio Corredor Caicedo

prescripción se debe contar a partir del momento de la terminación del acuerdo de
reestructuración, esto es, desde el 4 de octubre de 2012.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1 El demandante

El señor Pedro Antonio Corredor Caicedo no emitió pronunciamiento alguno.4

1.5.2. El demandado

El municipio de Nuquí, por intermedio de su apoderado, descorrió el término para
alegar y solicitó que fuera confirmada la decisión de primera instancia.5

1.6. El Ministerio Público

El agente del ministerio público no rindió concepto.6

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si el señor Pedro Antonio Corredor Caicedo tiene
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria que prevé la Ley 244 de
1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, o si este resultó afectado por el fenómeno
de la prescripción, y si el acuerdo de reestructuración de pasivos celebrado por el
municipio con sus acreedores impedía realizar el cobro de las cesantías adeudadas,
y por consiguiente de la pretendida sanción.

4 Folio 106.
5 Memorial obrante en el índice 12 de la plataforma SAMAI.
6 Folio 106.

6

Radicado: 27001-23-33-000-2016-00072-01 (1857-19)
Demandante: Pedro Antonio Corredor Caicedo

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno
de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días para que
la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los
servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud
que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de que la
solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro
de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar expresamente
los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el
acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente indicado.

El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.

Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada
en la aludida ley, en especial, los siguientes:

[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el
cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los
funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina
además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las
solicitudes, prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga
al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal
meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante
que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando

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Radicado: 27001-23-33-000-2016-00072-01 (1857-19)
Demandante: Pedro Antonio Corredor Caicedo

esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin
ningún reconocimiento para el trabajador7.

La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de
las cesantías definitivas y parciales8 de los servidores públicos, en sus artículos 4
y 5 determinó lo siguiente:

Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de
2006, son:

Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas,

7 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
8 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la

administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma
podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y
adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de
gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. /-
2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.».

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Radicado: 27001-23-33-000-2016-00072-01 (1857-19)
Demandante: Pedro Antonio Corredor Caicedo

empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros
de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma
permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y
trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. (Se resalta).

Por otro lado, la Ley 550 de 1999, «[p]or la cual se establece un régimen que
promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes
territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo
armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal
vigente con las normas de esta ley», en su artículo 34 establece:

Artículo 34. EFECTOS DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN. Como consecuencia de
la función social de la empresa los acuerdos de reestructuración celebrados en los
términos previstos en la presente ley serán de obligatorio cumplimiento para el
empresario o empresarios respectivos y para todos los acreedores internos y externos
de la empresa, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación del
acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, y tendrán los siguientes
efectos legales:

[…]

2. El levantamiento de las medidas cautelares vigentes, con excepción de las
practicadas por la DIAN, salvo que ésta consienta en su levantamiento, y la
terminación de los procesos ejecutivos en curso iniciados por los acreedores
contra el empresario. Durante la vigencia del acuerdo, el acreedor que cuente con
garantías constituidas por terceros y haya optado por ser parte del acuerdo, no podrá
iniciar ni continuar procesos de cobro contra los codeudores del empresario, a menos
que su exigibilidad sea prevista en el acuerdo sin el voto del acreedor garantizado.
Esta restricción es aplicable sólo al cobro de acreencias que están contempladas en
el acuerdo y que se relacionen con la empresa.

[…]

8. Todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el
acuerdo, y quedarán sujetas a lo que se establezca en él en cuanto a rebajas,
disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas, aun sin el voto
favorable del respectivo acreedor, salvo las excepciones expresamente previstas
en esta ley en relación con las obligaciones contraídas con trabajadores,
pensionados, la DIAN, los titulares de otras acreencias fiscales o las entidades de
seguridad social. [Resalta la Sala].

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:

9

Radicado: 27001-23-33-000-2016-00072-01 (1857-19)
Demandante: Pedro Antonio Corredor Caicedo

i) El 7 de noviembre de 2007, mediante cinco Resoluciones sin número, el
alcalde del municipio de Nuquí reconoció y ordenó el pago de las siguientes
prestaciones a favor del señor Corredor Caicedo:9

Prestación Valor
1 Prima de Navidad $1.005.714
2 Auxilio de cesantías $2.038.799
3 Prima de Vacaciones $713.842
4 Vacaciones $964.355
5 Prima de servicios $667.926

ii) El 24 de agosto de 2012, el señor Corredor Caicedo por intermedio de
apoderada, presentó derecho de petición ante la Alcaldía Municipal de Nuquí, con
el propósito de obtener lo siguiente:

Cumplidos los trámites de la presente reclamación administrativa se ordene el pago
de manera inmediata de:

PRIMERO: Los valores correspondientes al pago de las cesantías definitivas los
cuales tomando en consideración la resolución en mención están liquidadas en la
suma de Dos millones treinta y ocho mil setecientos noventa y nueve pesos
(2.038.799).

SEGUNDO: Lo correspondiente a la indexación de las Cesantías tomando en
consideración que a la fecha no se ha realizado el pago

TERCERO: Los valores correspondientes al pago de la prima de servicios que según
la Resolución de fecha 7 de noviembre de 2007 reconoce y ordena el pago por valor
de Seiscientos sesenta y siete mil novecientos veintiséis pesos (667.926).

CUARTO: Lo correspondiente a la indexación de la prima de servicios tomando en
consideración que a la fecha no se ha realizado el pago.

QUINTO: Los valores correspondientes al pago de la prima de Navidad que según la
Resolución de fecha 7 de noviembre de 2007 reconoce y ordena el pago por valor de
un millón cinco mil setecientos catorce pesos ($1.015.714).

SEXTO: Lo correspondiente a la indexación de la prima de Navidad tomando en
consideración que a la fecha no se ha realizado el pago.

9 Folios 8 a 17.

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Radicado: 27001-23-33-000-2016-00072-01 (1857-19)
Demandante: Pedro Antonio Corredor Caicedo

SÉPTIMO: Los valores correspondientes al pago de Vacaciones que según la
Resolución de fecha 07 de noviembre de 2007 reconoce y ordena el pago por valor
de Novecientos sesenta y cuatro mil trescientos cincuenta y cinco pesos
(964.355).

OCTAVO: Lo correspondiente a la indexación de las Vacaciones tomando en
consideración que a la fecha no se ha realizado el pago.

NOVENO: El reconocimiento y pago de los valores correspondientes al pago de la
sanción moratoria tomando en consideración que a la fecha no se ha realizado el
pago. Esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995 según
el cual, la entidad pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días
hábiles, a partir de la fecha en la cual quede en firme el acto administrativo que ordena
la liquidación de las cesantías definitivas, y que en caso de Mora en el pago de las
cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de
sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas.10

iii) El municipio de Nuquí no emitió pronunciamiento alguno en aras de resolver
la anterior petición.

iv) El promotor del Acuerdo de Restructuración de Pasivos del municipio de
Nuquí, designado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, certificó que el
referido proceso de restructuración inició el 23 de enero de 2002 y terminó el 4 de
octubre de 2012.11

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

El aspecto por abordar consiste en establecer si le asiste derecho al señor Pedro
Antonio Corredor Caicedo a que le sea reconocida la sanción moratoria por el no
pago oportuno de sus cesantías definitivas, el cual se resolverá como sigue.

Al revisar el expediente se tiene que por medio de la Resolución sin número del 7
de noviembre de 2007 se reconoció y ordenó el pago de las cesantías al
demandante, luego de advertirse que a través del contrato de prestación de
servicios que celebró con el municipio de Nuquí se encubrió una verdadera relación

10 Folios 18 al 21.
11 Folios 25 y 26.

11

Radicado: 27001-23-33-000-2016-00072-01 (1857-19)
Demandante: Pedro Antonio Corredor Caicedo

de carácter laboral. Así pues, se logra inferir que las cesantías que se reconocieron
al actor fueron aquellas denominadas definitivas.

En lo que tiene que ver con la exigibilidad de la sanción moratoria por la tardanza
en el pago de las cesantías, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia
de unificación,12 fijó reglas relacionadas con el punto de partida para reclamar la
sanción moratoria y la prescripción de ese derecho, en los siguientes términos:

PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del Consejo de
Estado, para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50
de 1990, las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la
sanción moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es
desde su causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad
siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá presentarse dentro de
los tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.
[Resalta la Sala]

Si bien es cierto la anterior providencia se refirió a las cesantías anuales, y la
sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, idéntico criterio interpretativo ha
de aplicarse en torno al fenómeno prescriptivo respecto de la sanción moratoria a
que aluden las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, pues, como bien se señaló en
la providencia de unificación transcrita, «el nacimiento de la sanción por mora no
está condicionado al reconocimiento de la cesantía, ocurriendo de pleno
derecho por el incumplimiento del pago de parte del empleador dentro de los
términos de ley, por lo que la subsistencia de la obligación prestacional tampoco
puede impedir la extinción por el paso del tiempo. En términos sencillos, la
existencia formal y subsistencia de la cesantía, no determina ni la causación ni la
extinción de la moratoria».

La postura anterior, en torno a la extinción de la sanción moratoria por el pago
extemporáneo de las cesantías parciales y definitivas ya ha sido aplicada por esta
Subsección,13 y, sobre el particular, se ha concluido lo siguiente:

12 Sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020.
13 Ver, entre otras, providencias del 28 de julio de 2022, radicación 08001 23 33 000 2016 01460 01,

número interno: 0197-2019, M.P., William Hernández Gómez y del 11 de agosto de 2022, radicación
05001 23 33 000 2019 01303 01, número interno: 0075-2021, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

12

Radicado: 27001-23-33-000-2016-00072-01 (1857-19)
Demandante: Pedro Antonio Corredor Caicedo

[…] si bien estas reglas de unificación se establecieron respecto de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías anualizadas reguladas por la Ley 50 de
1990, son igualmente aplicables frente a la sanción relativa al reconocimiento y pago
extemporáneo de cesantías definitivas o parciales, regidas por las Leyes 244 de 1995
y 1071 de 2006, pues lo que varía en estos casos es el momento en que se hace
exigible la sanción moratoria y no el criterio cómo debe contarse la prescripción a
partir de su exigibilidad.14

Bajo este entendimiento, se analizará la configuración del término prescriptivo en el
caso sub examine, y para el conteo del término, la Sala acogerá la regla de
unificación fijada en la Sentencia CE-SUJ-SII-012-2018, para efecto de definir la
fecha en la que se hizo exigible la sanción moratoria aquí pretendida. La providencia
en cita definió:

En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria
corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto;
y iii) 45 días para efectuar el pago. [Se resalta]

En las anteriores condiciones, como las cesantías definitivas a favor del señor
Corredor Caicedo fueron reconocidas al encontrarse que aquel tuvo una relación
laboral encubierta o subyacente con la administración, mediante la Resolución
sin número del 7 de noviembre de 2007,15 se debe partir de esta fecha para definir
el momento en que se hacía exigible la sanción moratoria.

Siendo así, como el acto administrativo se expidió el 7 de noviembre de 2007, la
ejecutoria del acto se produjo el 15 de noviembre de 2007,16 por lo que el pago
oportuno de las cesantías procedía hasta el 22 de enero de 2008, y, por ende, la
sanción moratoria era exigible a partir del día siguiente, esto es, el 23 de enero de
2008.

14 Sentencia del 11 de agosto de 2022, radicación 05001 23 33 000 2019 01303 01, número interno:

0075-2021, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
15 Folios 10 y 11.
16 Si bien es cierto la regla de unificación refiere 10 días, en el caso bajo examen se cuentan solo 5

días, pues ese era el término que regía para ese efecto, en vigencia del Decreto 01 de 1984, y los
10 días a que alude la regla, se refieren a lo dispuesto, en esa materia en la Ley 1437 de 2011, que
no estaba vigente para el momento en que se formuló la reclamación de cesantías que se analiza.

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Radicado: 27001-23-33-000-2016-00072-01 (1857-19)
Demandante: Pedro Antonio Corredor Caicedo

Ahora bien, la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria que dio origen al
acto ficto o presunto negativo cuya nulidad se pretende en el sub lite, fue radicada
el 24 de agosto de 201217 momento en el que ya se había extinguido el derecho,
toda vez que, oportunamente se hubiera podido reclamar hasta el 23 de enero de
2011, esto es, dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad.

Consecuentes con lo anterior, es forzoso concluir que la sanción por mora en el
pago de las cesantías definitivas reclamada por el demandante está afectada por el
fenómeno de prescripción, en su totalidad, lo que conlleva confirmar la sentencia de
primera instancia.

En todo caso, no sobra agregar que, en aplicación de la sentencia de unificación
citada, tampoco se podía, como pretendía el demandante, contabilizar la sanción
moratoria a partir de la terminación del proceso de reestructuración de pasivos del
municipio, pues, se insiste, el hecho que origina la reclamación de la sanción
moratoria es el incumplimiento del empleador en el pago de esa prestación, que en
este caso surge a partir del día siguiente al término fijado por el legislador para el
pago del referido auxilio; por ende, el destinatario podía reclamar la penalidad
durante los 3 años siguientes al momento en que se hizo exigible, es decir, al
vencimiento de los 45 días previstos en la ley para su pago y, si no lo hizo, es
imperativo declarar la prescripción extintiva de la sanción.

De igual modo, el demandante no probó que hubiera suscrito algún acuerdo con el
municipio de Nuquí para el pago de la acreencia aquí solicitada, en virtud del
proceso de reestructuración.

Sobre el particular, cabe agregar que en sentencia del 10 de septiembre de 2020,18
esta Sección en un asunto similar, expuso que el acuerdo de restructuración de
pasivos no es impedimento para que el interesado pueda reclamar la sanción

17 Folios 18 al 21.
18 Radicado 08001-23-33-000-2014-00032-01 (2318-2015).

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Radicado: 27001-23-33-000-2016-00072-01 (1857-19)
Demandante: Pedro Antonio Corredor Caicedo

moratoria, pues la suspensión operaría únicamente en aquellos casos en los que
existe una obligación clara, expresa y exigible, que se pueda cobrar a través de un
proceso ejecutivo y no como en el presente caso, que lo que se controvierte es si
tiene o no derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
Concretamente la Sala señaló lo siguiente:

28. Además, la norma transcrita establece una garantía a favor de las obligaciones
laborales causadas durante un proceso de reestructuración. Sin embargo, ello no
puede suspender el término de prescripción de la sanción moratoria, pues dicha
penalidad no constituye una prestación social ni una prerrogativa laboral sino un
apremio al empleador para el reconocimiento oportuno de las cesantías definitivas,19
de manera que el acuerdo de reestructuración no le impedía a la actora efectuar el
reclamo ante la administración, pues como se expuso, es una obligación cuya
naturaleza jurídica y exigibilidad difiere sustancialmente de la prerrogativa laboral.

Asimismo, teniendo en cuenta la fecha en la que solicitó el pago de la sanción
moratoria (24 de agosto de 2012) y la anunciada en la certificación del promotor
del acuerdo de reestructuración de pasivos sobre la culminación del referido
proceso (4 de octubre de 2012), se observa que el demandante, contrario a lo
afirmado en el escrito de apelación, no actuó bajo la plena convicción de que debía
esperar a la terminación del proceso de reestructuración para reclamar el pago de
sus acreencias, pues radicó petición ante el municipio en vigencia del mencionado
proceso.

2.4. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,20 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

19 En sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18 de fecha 18 de julio de 2018, M.P. Sandra Lisset

Ibarra Vélez se estableció que la sanción moratoria es:<< […] es una sanción o penalidad cuyo
propósito es procurar que el empleador reconozca y pague de manera oportuna la mencionada
prestación…>>
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), C. P. William Hernández Gómez.

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Radicado: 27001-23-33-000-2016-00072-01 (1857-19)
Demandante: Pedro Antonio Corredor Caicedo

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de
agosto de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y
la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de
las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su
liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las
costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única
instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda
instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y según lo dispuesto en el artículo 365 del Código
General del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en costas de segunda
instancia a la parte demandante, teniendo en cuenta que la decisión en torno a la
prescripción del derecho obedeció a un cambio jurisprudencial ocurrido durante el
curso del proceso.

3. Conclusión

Con base en la perceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que en el presente caso se presentó el fenómeno de
prescripción del derecho al pago de la sanción moratoria, puesto que el señor Pedro
Antonio Corredor Caicedo excedió el término previsto en la ley para solicitarlo. En

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Radicado: 27001-23-33-000-2016-00072-01 (1857-19)
Demandante: Pedro Antonio Corredor Caicedo

ese sentido, se confirmará la decisión del a quo. Sin condena en costas de la
segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero.- Confirmar la sentencia del 14 de diciembre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, dentro del proceso instaurado por el señor Pedro
Antonio Corredor Caicedo en contra del municipio de Nuquí, que declaró probada
la excepción de prescripción de los derechos propuesta por la entidad demandada,
de conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia.

Segundo.- Sin condena en costas de la segunda instancia.

En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a
realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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