Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00274-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00274-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2019-00274-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
1 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., primero (1.°) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2019-00274-01 (1912-2023)
Demandante: Oswaldo Rojas Cruz
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – departamento del
Tolima
Tema: Sanción moratoria cesantías parciales. Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 1.° de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo
del Tolima, que accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Oswaldo Rojas Cruz en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
formuló, las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la existencia del acto presunto negativo configurado con ocasión de
la petición presentada el 2 de octubre de 2018; y su consiguiente nulidad, en cuanto
negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora.
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Que a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
a reconocer y pagar la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo. Cancelar los
intereses moratorios a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia
hasta cuando se lleve a cabo el pago de la penalidad; dar cumplimiento al fallo que
se dicte en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y se condene en
costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el 30 de junio de 2015 solicitó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional
• Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago
de las cesantías y por medio de la Resolución 1986 del 26 de abril de 2016 aclarada
mediante Resolución 5044 del 12 de septiembre de 2016 aclarada a su vez a través
de la Resolución 7218 del 25 de noviembre del mismo año, le fue reconocida la
prestación, la cual fue pagada el 27 de febrero de 2017.
Que el plazo para contabilizar la mora es de 60 días, dado que renunció a los
términos para interponer los recursos de ley frente al acto administrativo
cuestionado, tiempo que se cumplió el 25 de septiembre de 2015, por lo que
transcurrieron 511 días de mora.
Que elevó petición el 2 de octubre de 2018 para obtener el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria, entendiéndose negada por el silencio administrativo de la
entidad.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
Mediante auto del 8 de julio de 2019 fue admitida la demanda y notificada. El juez
ordenó vincular al departamento del Tolima. El Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no ejerció su derecho de
contradicción.
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El ente territorial señaló que solo actúa en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 3.° del Decreto 2831 de 2005 y que tanto el pago de la prestación como de
la sanción moratoria por la consignación tardía de la misma le corresponde al
FOMAG.
Se celebró audiencia inicial el 4 de febrero de 2020, en la cual se fijó el litigio y luego
de agotado el período probatorio y de dar traslado a las partes para que alegaran
de conclusión, se dictó sentencia, la cual fue apelada oportunamente por la parte
demandada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 1.° de septiembre de
2022 accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. Señaló que el Fondo
incurrió en mora tanto en el reconocimiento como en el pago del auxilio de cesantías
reclamado por el señor Oswaldo Rojas Cruz, dado que los 70 días de que trata la
Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, se cumplieron el 7 de julio de
2016; no obstante, el desembolso se realizó el 27 de febrero de 2017.
Que, si bien el demandante radicó la solicitud el 30 de junio de 2015, solo fue hasta
el 23 de marzo de 2016 que allegó la constancia requerida por el FOMAG sobre el
estado actual del proceso de familia que cursaba en su contra en el Juzgado Sexto
de Familia de Ibagué, en el que se había decretado el embargo de un porcentaje de
las cesantías, última fecha que tuvo en cuenta para contabilizar la penalidad.
Que no ocurrió el fenómeno de la prescripción, por cuanto la reclamación de la
penalidad se presentó el 2 de octubre de 2018, es decir, dentro de los 3 años
siguientes a la exigibilidad del derecho.
Declaró la existencia y nulidad del acto administrativo ficto producto de la petición
del 2 de octubre de 2018. A título de restablecimiento del derecho condenó al
FOMAG a pagar la sanción moratoria pretendida, desde el 8 de julio de 2016 hasta
el 26 de febrero de 2017, para un total de 234 días, la cual debe liquidarse teniendo
en cuenta la asignación básica devengada por el demandante para el año 2016. Se
abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio indicó que si bien, el Decreto 1272 de 2018 ajustó los
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términos para resolver las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales de
los docentes; la atención de las mismas está sujeta al turno de radicación y a la
disponibilidad presupuestal.
Señaló que pueden ocurrir varias situaciones en las que la penalidad no le es
imputable:
«[…] i) en la expedición del acto administrativo, fruto de una demora de la entidad
territorial en enviar el proyecto de acto administrativo o en expedirlo luego de
recibida la aprobación por parte de la sociedad fiduciaria, ii) una vez expedido el
acto administrativo, por demoras en la notificación del mismo, o iii) una vez expedido
y notificado el acto administrativo, por demoras por causas de falta de disponibilidad
presupuestal. […]».
Que, aunque la mora se causó, la responsabilidad no debe recaer únicamente en el
FOMAG, dado que el ente territorial incurrió en una tardanza al emitir el acto
administrativo.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto del 30 de marzo de 2023 se admitió y por no haber pruebas que
decretar, no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar de
conformidad con lo establecido en la Ley 2080 de 2021 en su artículo 67 numeral 5
que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema jurídico se resume en determinar si le corresponde al departamento del
Tolima responder por el reconocimiento y pago de la sanción moratoria producto del
reconocimiento y pago tardío de las cesantías parciales del señor Oswaldo Rojas
Cruz.
Sobre las cesantías en el sector docente
El numeral 3.° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso sobre las cesantías y la
aplicación del régimen prestacional para los docentes, así:
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«[…] 3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero
durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas
hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes
para los empleados públicos del orden nacional […]».
La referida normativa en los artículos 4.° y 5.° prevé que el pago de las prestaciones
sociales de los docentes afiliados está a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Veamos:
«[…] ARTÍCULO 4. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que
se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre
con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella.
Serán automáticamente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados
a la fecha de la promulgación de la presente Ley, quienes quedan eximidos de
requisito económico de afiliación. Los requisitos formales que se exijan a éstos, para
mejor administración del Fondo, no podrán imponer renuncias a riesgos ya asumidos
por las entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los
convenios interadministrativos. El personal que se vincule en adelante, deberá
cumplir todos los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y
económica.
ARTÍCULO 5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá
los siguientes objetivos:
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1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado. […]».
En lo relativo al reconocimiento del derecho, el artículo 9.° dispuso que dicha labor
sería adelantada por las secretarías de educación de los entes territoriales por virtud
de la delegación.
«[…] ARTÍCULO 9. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, serán reconocidas por la Nación a través del
Ministerio de Educación Nacional, función que delegará de tal manera que se realice
en las entidades territoriales […]».
De la aplicación de la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006.
Esta Corporación mediante sentencia del 18 de julio de 20181 unificó jurisprudencia
sobre la aplicación de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006 a los
maestros del sector oficial, las cuales regulan la sanción moratoria por la
cancelación extemporánea del auxilio de cesantías definitivas o parciales. En ella
se especificó la naturaleza del empleo docente, a saber:
«[…] Los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo
123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los
defina como empleados oficiales, lo cierto es que en ellos concurren todos los
requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en
atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y
su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la
implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y
retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del concepto de empleados
públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través de la ley. Por lo
anterior, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido que a los docentes les son
aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por
mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los
servidores públicos; siendo consonante esta posición, con la adoptada por la Corte
Constitucional […]».
En lo relativo a los términos para el reconocimiento y pago de la prestación, la
aludida norma dispuso:
«Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
1 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 18 de julio de 2018.
Expediente: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15).
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parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra
el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a este». (Subrayas propias).
En ese sentido, y una vez presentada la solicitud de cesantías, la administración
cuenta con 15 días para expedir el acto administrativo de reconocimiento. Sin
embargo, de encontrar incompleta la petición deberá manifestarlo así al interesado
dentro de los 10 días siguientes a su radicación, indicando los requisitos de que
adolece, para que una vez los allegue, pueda emitir el acto que reconozca la
prestación en el término inicialmente señalado.
En firme el acto de reconocimiento, el empleador tiene 45 días para hacer el
desembolso, por lo que la inobservancia de los plazos mencionados conllevará a
que se cause la penalidad económica equivalente a un día de salario por cada día
de retardo hasta que se haga efectivo el pago, sanción que deberá asumir con sus
propios recursos.
Caso concreto
Se encuentra probado que el señor Oswaldo Rojas Cruz radicó solicitud el 30 de
junio de 2015, tendiente a obtener el pago de las cesantías parciales con destino a
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compra de vivienda2 y que mediante Resolución 1986 del 26 de abril de 20163 la
Secretaría de Educación del departamento de Tolima reconoció la prestación en un
total de $25.280.494, valor del que se descontó $5.656.099, y se ordenó pagar la
suma de $19.624.395.
Acto administrativo aclarado mediante Resolución 5044 del 12 de septiembre de
2016,4 en el que se modificó el valor a descontar en un total de $5.056.099. La cual
fue aclarada a su vez por la Resolución 7218 del 25 de noviembre de 2016,5 así:
«[…] ARTÍCULO SEGUNDO: De la suma reconocida descontar $5.056.099
correspondiente al 20% DE LAS CESANTÍAS PARCIALES y girar a nombre de la
CUENTA DE DEPOSITOS JUDICIALES No. 7300112033006 EN EL BANCO
AGRARIO DE IBAGUÉ A NOMBRE DE PROCESO, quedando como saldo líquido
$20.224.394 Mc/te del cual se girará la suma de ($20.224.395) Mc/te como anticipo
de cesantías […]».
Según certificación emitida por la Fiduprevisora,6 se evidencia que la prestación fue
puesta a disposición del demandante el 27 de febrero de 2017.
El Tribunal Administrativo del Tolima encontró probada la tardanza en el
reconocimiento y pago del auxilio, por lo que ordenó al FOMAG cancelar la
penalidad solicitada desde el 8 de julio de 2016 hasta el 26 de febrero de 2017 para
un total de 234 días de mora.
El Fondo manifestó que la responsabilidad para asumir la sanción también debe ser
asumida por el departamento del Tolima, en tanto que fue este quien excedió el
plazo para el reconocimiento de las cesantías.
Sobre el particular, resulta necesario señalar que la carga en el pago de las
prestaciones sociales de los docentes es del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, según lo dispuesto en los artículos 4.° y 5.° de la Ley 91 de
1989, por lo que, en caso de retardo en el reconocimiento y desembolso de las
mismas, es esta entidad la llamada a responder por la consecuente sanción.
2 Conforme se infiere de la resolución que reconoció el derecho.
3 SAMAI. (ED_7300123330002019(.zip) NroActua 2). Pdf. (001_CUADERNO PRINCIPAL). Folios 20 a 21 del
expediente digital.
4 SAMAI. (ED_7300123330002019(.zip) NroActua 2). Pdf. (001_CUADERNO PRINCIPAL). Folio 22 del
expediente digital.
5 SAMAI. (ED_7300123330002019(.zip) NroActua 2). Pdf. (001_CUADERNO PRINCIPAL). Folio 23 del
expediente digital.
6 SAMAI. (ED_7300123330002019(.zip) NroActua 2). Pdf. (001_CUADERNO PRINCIPAL). Folio 25 del
expediente digital.
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Y aunque las entidades territoriales, colaboran en la gestión para el reconocimiento
de tal auxilio, dicha labor es adelantada por virtud de la delegación conforme lo
prevé el artículo 9 de la referida normativa. No obstante, la obligación legal de dichos
derechos prestacionales y las implicaciones del incumplimiento siguen en cabeza
de la Nación – Ministerio de Educación Nacional a través del FOMAG.
Ahora, mediante la Ley 1955 de 2019, el legislador atribuyó responsabilidad a las
entidades territoriales en caso de que el pago de la prestación se genere de forma
tardía, como consecuencia de la inobservancia de los términos previstos para la
radicación o entrega de la solicitud de pago de las cesantías:
«[…] ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO. Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la
Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaria de Educación de la
entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
[…]
PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por
mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago
extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos
previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte
de la Secretaria de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías. […]». (Resalta
la Sala)
El demandado indicó que, el departamento también debe responder por la mora
causada en tanto que se tardó en expedir el acto administrativo de reconocimiento.
Argumento que no tiene vocación de prosperidad, dado que el análisis con relación
a la responsabilidad alegada deberá realizarse teniendo en cuenta la vigencia de la
mencionada ley (25 de mayo de 2019); que en el caso concreto no aplica por cuanto
la penalidad se configuró el 8 de julio de 2016, según lo expresado por el Tribunal.
Valga la pena precisar que aun cuando se acreditara el incumplimiento de los
términos previstos en la gestión de las solicitudes a cargo del respectivo ente
territorial; antes de la entrada en vigor de la Ley 1955 de 2019, la responsabilidad
del pago de la sanción producto de la consignación inoportuna de las cesantías
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radica únicamente en el Fondo. Lo anterior no es óbice para adelantar las acciones
pertinentes de que trata el artículo 2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 1075 de 2015, el cual
señala:
«[…] ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.28. Sanción moratoria. El pago de la sanción moratoria
se hará con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, sin perjuicio de las acciones legales o. judiciales correspondientes que
se deban adelantar en contra de quien dé lugar a la configuración de la sanción
moratoria, con el fin de que el Fondo recupere las sumas pagadas por el
incumplimiento de los términos previstos en la Ley 1071 de 2006.
Así mismo, la sociedad fiduciaria deberá interponer las acciones legales
correspondientes en contra de las entidades territoriales certificadas en educación
por el incumplimiento de los términos indicados en la Ley 1071 de 2006 y reintegrar
las sumas de dinero canceladas con ocasión del pago de la sanción moratoria que
le sea atribuible. […]». (Subrayas fuera del texto original)
Así las cosas, en atención a la inobservancia del plazo legal dispuesto en las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006, sin que haya lugar a estudiar la tardanza en los
trámites de una u otra entidad estatal, la autoridad responsable del pago total de la
sanción moratoria es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
pues como se explicó la mora se presentó con anterioridad a la fecha de entrada en
vigor de la Ley 1955 de 2019.
En un asunto similar,7 la Corporación sostuvo que a quien le corresponde el pago
de la penalidad es al FOMAG, dado que es quien tiene la titularidad de la obligación
del pago de la prestación; pues las secretarías de educación territoriales,
únicamente colaboran en el trámite de reconocimiento, en virtud de la delegación.
« […] encuentra la Sala que el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 hace referencia
a las vigencias y derogatorias indicando que dicha normatividad rige a partir de su
publicación, esto es, con posterioridad al 25 de mayo de 2019. En ese orden de ideas,
si bien el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 fue derogado por el artículo 336 de la Ley
1955 de 2019 y ésta última reguló lo relacionado en el artículo 57, dicha disposición
no rige el asunto objeto de estudio, toda vez que, la petición de reconocimiento de
cesantías se radicó el 20 de febrero de 2012 y la petición tendiente a obtener el
reconocimiento de la sanción moratoria por parte de la accionante se instauró en
fecha 9 de febrero de 2017, es decir, con anterioridad a la expedición de la Ley 1955
de 2019.
7 Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 28
de enero de 2021. Radicado: 76001-23-33-000-2017-01297-01 (2688-2020) Demandante: Gladys Méndez
Vinasco.
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[…]
Así las cosas, teniendo en cuenta que la Ley 962 de 2005 previó que las prestaciones
sociales pagaderas a los docentes oficiales serían reconocidas y canceladas por el
Fondo del Magisterio, cuyo trámite está comprendido por la aprobación del proyecto
de resolución por parte de quien lo administre, el cual deberá ser elaborado por la
Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada correspondiente, a la que
se encuentre vinculado el docente, es claro que la legitimación en la causa por pasiva
en asuntos como el debatido recae únicamente en el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio8. […]».
La entidad también alegó que la obligación prestacional está condicionada al turno
de radicación y a la disponibilidad presupuestal. Sobre este punto, el Consejo de
Estado9 ha sostenido que:
«[…] la falta de disponibilidad o apropiación presupuestal no es razón suficiente para
no reconocer los derechos laborales mínimos de los empleados públicos, pues la
administración está en la obligación de mantener disponibles los recursos
económicos para atender tales obligaciones, los cuales debieron situarse de
antemano por la autoridad correspondiente […]».
Recientemente10 y con base en lo expuesto en la sentencia de unificación del 18 de
julio de 2018, la Corporación ha manifestado:
«[…] La Sección Segunda, en la mencionada Sentencia de Unificación, también
precisó que la Ley 1071 de 2006 no establece como requisito de exigibilidad de la
sanción moratoria causada por el retardo en el pago de las cesantías parciales o
definitivas que exista disponibilidad presupuestal para pagar esta prestación11, ni
que el respeto del turno de quienes han pedido el reconocimiento de las cesantías
justifica el desconocimiento de los plazos legales para satisfacer esta prestación, de
modo que se impida la exigibilidad de la sanción moratoria. A juicio de la Sala el
respeto del turno se entiende en el marco de los términos legales […]».
8 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. C.P.: William Hernández Gómez. Fecha: 26 de agosto
de 2019. Rad.: 68001-23-33-000-2016-00406-01(1728-18).
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 11
de marzo de 2010. Expediente: 41001-23-31-000-1998-00792-01 (0792-2006)
10 Ver providencias: 05001233300020190130301 (0075-2021) y 23001-23-33-000-2018-00411-01 (3894-2021).
11 La Corte Constitucional en la sentencia SU-400 del 28 de agosto de 1997 señaló que una vez se han liquidado
las cesantías parciales lo normal es que el trabajador las reciba para atender las necesidades que justifican su
retiro, por lo tanto, el retardo de la administración le causa un perjuicio y si bien la entidad solo puede efectuar
el gasto cuando cuente con la disponibilidad presupuestal, lo equitativo es que el trabajador no asuma la carga
de la demora en el pago.
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Radicación: 73001-23-33-000-2019-00274-01 (1912-2023)
Contrario a lo señalado por el Fondo, no es cierto que el reconocimiento y pago de
las cesantías este sujeto a un turno y a la existencia de disponibilidad presupuestal,
dado que la entidad empleadora debe disponer anticipadamente de los recursos
para atender en tiempo las solicitudes de las prestaciones sociales de los docentes,
teniendo en cuenta además que, el objeto de la referida prestación es cubrir las
necesidades del trabajador en el momento en que lo requiera, por ello, el legislador
reguló la sanción moratoria, como un castigo al patrón moroso, pues la intención es
que el auxilio se pague en un plazo adecuado.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art.188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art.188 de la Ley
1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio enunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte demandada en sus
escritos manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 1.° de septiembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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