Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00668-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00668-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2018-00668-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
12 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001 23 33 000 2018 00668 01 (2269-2020)
Demandante: Remberto Durán Ávila
Demandado: Nación (Ministerio de Educación Nación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)
Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías parciales
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
demandante, contra la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2019, por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se declaró configurado el acto
ficto negativo, producto de la omisión de respuesta a la petición formulada el 20 de
junio de 2015 por el demandante, encaminada a lograr el reconocimiento de la
sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, se declaró la nulidad de ese acto
y se declaró la prescripción extintiva de la sanción moratoria.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
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Radicado: 13001 23 33 000 2018 00668 01 (2269-2020)
Demandante: Remberto Durán Ávila
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Remberto Durán Dávila, por conducto de
apoderada, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en orden a que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo
que surgió ante la omisión de respuesta, por parte del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Secretaría de Educación de Bolívar), en la
cual reclamó la sanción moratoria producto del pago tardío de sus cesantías
parciales.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó i) reconocer y pagar la
sanción moratoria causada por el inoportuno pago de las cesantías parciales
concedidas a través de la Resolución 2309 del 7 de noviembre de 2013, penalidad
que debe transcurrir durante el periodo comprendido entre el 30 de octubre de 2012
y el 6 de marzo de 2014; ii) reconocer los ajustes de ley sobre las sumas pagadas
por virtud de la anterior resolución; iii) disponer la indexación, aplicando la variación
del IPC certificado por el Dane y según la jurisprudencia vigente; iv) ordenar el
cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192, 193 y 175 de la
Ley 1437 de 2011; y v) condenar en costas y gastos del proceso a la parte
accionada.
1.1.2. Hechos
Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:
(i) El demandante labora como docente para la Secretaría de Educación del
departamento de Bolívar y, a través de solicitud radicada el 25 de julio de 2012,
reclamó ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Secretaría
de Educación del departamento de Bolívar), el reconocimiento y pago de sus
cesantías parciales para compra de vivienda.
(ii) El 7 de noviembre de 2013, la entidad demandada expidió la Resolución 2309,
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Demandante: Remberto Durán Ávila
por medio de la cual se accedió a su pretensión, y ordenó el reconocimiento y pago
de su cesantía parcial, en la suma de $17.257.727. De acuerdo con lo referido en
dicho acto administrativo, las cesantías se liquidaron por el periodo comprendido
entre el 19 de julio de 1994 y el 30 de diciembre de 2011, es decir, no se tuvo en
cuenta el periodo transcurrido entre el 24 de agosto de 1978 y el 18 de julio de 1994,
lo que implica que la prestación no se liquidó con base en todos los factores
salariales devengados en forma periódica, y se omitió incluir, en la liquidación, 15
años, 10 meses y 25 días.1
(iii) El pago de sus cesantías parciales se produjo hasta el 6 de marzo de 2014,
razón por la cual, el 19 de marzo de 2015, radicó una solicitud encaminada a obtener
la sanción moratoria por el pago inoportuno de su prestación.
(iv) La Secretaría de Educación del departamento de Bolívar, a través de escrito del
30 de marzo de 2015, le informó que su solicitud había sido remitida a la
Fiduprevisora S. A.; y esta última, a través de oficio del 19 de mayo de 2015, negó
su solicitud pero precisó que esa comunicación no constituía un acto administrativo.
(v) El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Secretaría de Educación del
departamento del Bolívar) con su actuar dio lugar a que se configurara el acto ficto
o presunto negativo frente a la solicitud del 19 de marzo de 2015, comoquiera que
transcurrieron más de 3 meses sin dar respuesta.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 58, 920, 95, 209,
230 y 315 de la Constitución Política; 102 de la Ley 1437 de 2011 y las Leyes 1071
de 2006 y 1285 de 2009.
1 Se precisa que aunque el demandante advierte tal inconformidad en torno a la liquidación de sus
cesantías, la controversia que se plantea no busca la reliquidación de la prestación por esa causa,
sino, exclusivamente, la sanción moratoria por la tardanza en el pago del auxilio parcial.
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Demandante: Remberto Durán Ávila
Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada del demandante expuso los
argumentos que se relacionan a continuación:
(i) El Consejo de Estado se ha pronunciado en torno al conteo del término para el
pago de las cesantías parciales, señalando que la entidad cuenta con 15 días
hábiles para la expedición del acto de reconocimiento, 5 días hábiles parta la
ejecutoria y 45 días hábiles para su pago, el cual, en últimas, se debe efectuar en
los 65 días hábiles siguientes a la reclamación, so pena de que se cause la sanción
moratoria.
(ii) En el sub lite, la administración excedió el término antes relacionado y, por ello,
en aplicación de la jurisprudencia sobre la materia, se causa la sanción moratoria
por el pago tardío de las cesantías parciales del demandante.
1.2. Contestación de la demanda
El departamento de Bolívar, por conducto de su apoderada, contestó la demanda2
y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual expuso lo siguiente:
(i) Dentro del trámite de reconocimiento de las cesantías de los docentes interviene
la Secretaría de Educación del departamento, un operador y la Fiduprevisora, que
es la encargada de pagar la prestación económica; por lo tanto, la tardanza no surge
de una actitud caprichosa ni de mala fe, por parte de la autoridad, que dé lugar al
reconocimiento de la sanción moratoria que reclama el actor.
(ii) El reconocimiento de la sanción moratoria no es automático y, por ende, se debe
presumir la buena fe por parte del empleador, de manera que no es de recibo que
se sancione al departamento de Bolívar, cuando lo que hizo fue surtir el trámite
previsto en la ley para efecto de reconocer las cesantías solicitadas por el
demandante.
2 Folios 64 a 74.
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Demandante: Remberto Durán Ávila
(iii) Se debe declarar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
teniendo en consideración que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio es
el que tiene a su cargo el pago de las prestaciones a los docentes y, como no tiene
capacidad parta comparecer al proceso, sino que lo hace a través del Ministerio de
Educación, es este el que tiene legitimación en la causa para actuar en esta litis.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia proferida el 25 de
noviembre de 2019,3 declaró configurado el acto ficto negativo, producto de la
omisión de respuesta a la petición formulada el 20 de junio de 2015 por el
demandante, encaminada a lograr la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de
1995, se declaró la nulidad de ese acto y la prescripción extintiva de la sanción
moratoria. Las razones que lo llevaron a tal conclusión fueron las siguientes:
(i) En el expediente está demostrado que el actor reclamó el pago de sus cesantías
parciales para compra de vivienda, mediante petición radicada el 25 de julio de 2012
y la entidad reconoció la prestación a través de la Resolución 2309 del 7 de
noviembre de 2013; entre tanto, el pago se produjo el 6 de marzo de 2014 y la
solicitud de sanción moratoria se radicó el 19 de marzo de 2015.
(ii) El anterior escenario da lugar a concluir que la administración incurrió en mora
para el reconocimiento y pago de las cesantías parciales reclamadas por el
accionante, por el periodo transcurrido entre el 7 de noviembre de 2012 y el 5 de
marzo de 2014.
(iii) En lo que se refiere a la sanción moratoria, esta fue reclamada el 19 de marzo
de 2015 y, con ello, se interrumpió, por una sola vez, el término prescriptivo; sin
embargo, la demanda se radicó el 17 de abril de 2018, es decir, cuando habían
3 Folios 126 a 135.
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Demandante: Remberto Durán Ávila
transcurrido más de 3 años desde la interrupción del término extintivo y, por ello se
configuró el fenómeno de la prescripción.
1.4. El recurso de apelación
El señor Remberto Durán Dávila, por conducto de su apoderado, interpuso recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia,4 con base en los argumentos
que se enuncian a continuación:
(i) El tribunal incurrió en un error al contabilizar el término para la configuración del
fenómeno prescriptivo, toda vez que no descontó el tiempo transcurrido en el trámite
de la conciliación prejudicial y, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la
Ley 640 de 2001, dicha gestión suspende la configuración de la prescripción, de
modo que para que opere este fenómeno, el término «empieza a contarse de nuevo,
después de que se resuelva la conciliación según sea el caso, teniendo ello, una
incidencia frente al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
que tiene el acreedor de la obligación».
(ii) En efecto, en el caso bajo análisis, se adjuntó la constancia de no conciliación,
expedida el 11 de enero de 2012, por la Procuraduría 21 Judicial II para Asuntos
Administrativos, en la que se puede verificar que la solicitud se radicó el 18 de
octubre de 2017, es decir, que el término para que se configurara la prescripción,
estuvo suspendido durante 2 meses y 24 días.
(iii) En el anterior escenario y como el a quo señaló que el demandante «contaba
hasta el 20 de marzo de 2018 y la demanda fue presentada el 17 de abril de 2018,
es decir; 1 mes y 3 días después operando el fenómeno prescriptivo» si se
descuenta el término durante el cual transcurrió el trámite conciliatorio, esto es, 2
meses y 24 días, se debe concluir que no hubo una inoportuna presentación de la
demanda; por lo tanto se debe conceder la sanción moratoria pretendida.
4 Folios 142 a 148.
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Radicado: 13001 23 33 000 2018 00668 01 (2269-2020)
Demandante: Remberto Durán Ávila
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La parte demandante descorrió el término para alegar5 y ratificó el planteamiento
del recurso de alzada, en torno a la suspensión del término prescriptivo durante el
tiempo en que transcurrió el trámite conciliatorio previo. La entidad demandada
realizó igual actuación6 y aseguró que el pago de la prestación se produjo el 26 de
febrero y no el 6 de marzo de 2014, como erradamente lo indica la parte
demandante y, en todo caso, en el sub lite se configuró el fenómeno prescriptivo;
sin perjuicio de lo anterior, solicitó que, en el evento de acceder a las súplicas, no
se condene en costas a la entidad demandada.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.7
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De acuerdo con el recurso de apelación, se circunscribe a establecer si procedía
declarar probada la excepción de prescripción, en los términos dispuestos en la
sentencia de primera instancia o si se configuró la suspensión de ese fenómeno con
ocasión de la conciliación prejudicial adelantada ante la Procuraduría 21 Judicial
para Asuntos Administrativos, por virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley
640 de 2001. En caso de que no proceda declarar la prescripción extintiva,
determinar si el señor Remberto Durán Ávila tiene derecho a la sanción moratoria
5 Como consta en el memorial visible en los índices 12 y 13 de la plataforma Samai.
6 Como consta en el memorial que obra en el índice 14 del aplicativo Samai.
7 Folio 160.
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Demandante: Remberto Durán Ávila
por el pago inoportuno de sus cesantías parciales.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Acerca de la suspensión del término prescriptivo
El artículo 21 de la Ley 640 de 2001 dispone que la solicitud de conciliación
suspende «el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se
logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado
en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las
constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza
el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra
primero», igual suspensión se predica respecto de la prescripción; esta norma
encuentra eco en el artículo 3.º del Decreto 1716 de 2009 «por el cual se
reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de
1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001».
2.2.2. Acerca de la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las
cesantías parciales
La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno
de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días para que
la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los
servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud
que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de que la
solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro
de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar expresamente
los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el
acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente indicado.
El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
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Demandante: Remberto Durán Ávila
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.
Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada
en la aludida ley, en especial, los siguientes:
[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el
cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los
funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina
además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las
solicitudes, prácticamente al mejor postor.
Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga
al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal
meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante
que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando
esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin
ningún reconocimiento para el trabajador8.
La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de
las cesantías definitivas y parciales9 de los servidores públicos, en sus artículos
4 y 5 determinó lo siguiente:
Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
8 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
9 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la
administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma
podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y
adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de
gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. /-
2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.».
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Demandante: Remberto Durán Ávila
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.
De conformidad con lo previsto en el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de
2006, son:
Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas,
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros
de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma
permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y
trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. (Se resalta).
Ahora bien, en lo que respecta a los docentes oficiales, se debe indicar que el
artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio como «una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el
Estado tenga más del 90% del capital» que estaría a cargo del pago de las
prestaciones sociales10 que se causaran a favor del personal docente nacional y
nacionalizado, a partir de la promulgación de esa ley.
10 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.
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Demandante: Remberto Durán Ávila
La aludida ley, en su artículo 1, numeral 3, precisó que los docentes territoriales son
aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero
de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43
de 1975» y en el artículo 2 ibidem estableció lo relativo al reconocimiento de sus
prestaciones, en los siguientes términos:
Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con
el personal docente, de la siguiente manera:
[…]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen
a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo de la
Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el
Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo
las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a
dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles.
En lo que tiene que ver con las cesantías, su reconocimiento se estableció en el
artículo 15 ibidem, en los siguientes términos:
3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que
resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema
financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. [Resalta la
Sala].
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Radicado: 13001 23 33 000 2018 00668 01 (2269-2020)
Demandante: Remberto Durán Ávila
La Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-
2006, en su artículo 81 estableció que el régimen prestacional de «los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio
público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
(i) El 12 de julio de 1999,11 el demandante tomó posesión del cargo de maestro
municipal de la Escuela Urbana Mixta en el municipio de Talaigua Nuevo (Bolívar).
(ii) El 25 de julio de 2012,12 el señor Durán Dávila presentó solicitud de
reconocimiento de cesantías parciales, con destino a compra de vivienda.
(iii) El 7 de noviembre de 2013,13 la Secretaría de Educación del departamento de
Bolívar expidió la Resolución 2309, por la cual reconoció las cesantías parciales
solicitadas por el demandante.
(iv) El 26 de febrero de 2014,14 se puso a disposición del demandante el valor
reconocido por concepto de las cesantías reconocidas a través de la Resolución
2309 del 7 de noviembre de 2013.
(v) El 19 de marzo de 2015,15 el demandante formuló petición ante el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Secretaría de Educación de
11 Folio 16.
12 Según se desprende de las consideraciones de la resolución que obra en folio 21.
13 Folios 21 a 23.
14 Según se desprende de la información a que alude el folio 29.
15 Folios 21 a 26.
12
Radicado: 13001 23 33 000 2018 00668 01 (2269-2020)
Demandante: Remberto Durán Ávila
Bolívar) dirigida a obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria con
ocasión de la tardanza en el pago de sus cesantías parciales.
(vi) El 14 de abril de 2015,16 el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio emitió el formato único para la expedición de certificado de salarios del
demandante, en el que constan los factores salariales que ha recibido desde el 1.º
de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.
(vii) El 30 de marzo de 2015,17 la Coordinadora del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio dirigió un oficio al actor, en el cual le informó que su solicitud
fue remitida a la Fiduprevisora por razón de competencia.
(viii) El 19 de mayo de 2015, el director de prestaciones económicas, emitió oficio
con radicado 20150170357121, por el cual indicó que los intereses por mora en el
pago de las prestaciones económicas deben ser ordenados por un juez de la
república y que no se liquidan con base en la Ley 1071 de 2006 sino en la Ley 1328
de 2009. En todo caso, consideró que esa comunicación no podía considerarse
como un acto administrativo, comoquiera que esa entidad no tiene competencia
para emitir actos de esa naturaleza.
(ix) El 18 de octubre de 2017,18 el demandante formuló solicitud de conciliación
prejudicial y el 11 de enero de 2018 se expidió constancia de conciliación fallida, 19
por parte de la procuraduría 21 Judicial II para Asuntos Administrativos.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
A efecto de resolver el problema jurídico planteado, la Sala debe señalar que lo que
se cuestiona, por parte del demandante, en la alzada, es la decisión adoptada por
el a quo en torno a declarar probada la excepción de prescripción, razón por la cual,
16 Folio 17.
17 Folio 27.
18 Según se desprende de la documental que obra en folio 30.
19 Folio 30.
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a continuación se hará el análisis que corresponde.
En lo que tiene que ver con la exigibilidad de la sanción moratoria por la tardanza
en el pago de las cesantías, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia
de unificación,20 fijó reglas relacionadas con el punto de partida para reclamar la
sanción moratoria y la prescripción de ese derecho, en los siguientes términos:
PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del Consejo de
Estado, para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50
de 1990, las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la
sanción moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es
desde su causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad
siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá presentarse dentro de
los tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.
[Resalta la Sala]
Si bien es cierto la anterior providencia se refirió a las cesantías anuales, y la
sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, idéntico criterio interpretativo ha
de aplicarse en torno al fenómeno prescriptivo respecto de la sanción moratoria a
que aluden las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, pues, como bien se señaló en
la providencia de unificación transcrita, «el nacimiento de la sanción por mora no
está condicionado al reconocimiento de la cesantía, ocurriendo de pleno
derecho por el incumplimiento del pago de parte del empleador dentro de los
términos de ley, por lo que la subsistencia de la obligación prestacional tampoco
puede impedir la extinción por el paso del tiempo. En términos sencillos, la
existencia formal y subsistencia de la cesantía, no determina ni la causación ni la
extinción de la moratoria».
La postura anterior, en torno a la extinción de la sanción moratoria por el pago
extemporáneo de las cesantías parciales y definitivas ya ha sido aplicada por esta
20 Sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020.
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Subsección,21 y, sobre el particular, se ha concluido lo siguiente:
[…] si bien estas reglas de unificación se establecieron respecto de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías anualizadas reguladas por la Ley 50 de
1990, son igualmente aplicables frente a la sanción relativa al reconocimiento y pago
extemporáneo de cesantías definitivas o parciales, regidas por las Leyes 244 de 1995
y 1071 de 2006, pues lo que varía en estos casos es el momento en que se hace
exigible la sanción moratoria y no el criterio cómo debe contarse la prescripción a
partir de su exigibilidad.22
Bajo el anterior entendimiento, se analizará la configuración del término prescriptivo
en el caso sub examine, y para el conteo del término, la Sala acogerá la regla de
unificación fijada en la Sentencia CE-SUJ-SII-012-2018, para efecto de definir la
fecha en la que se hizo exigible la sanción moratoria aquí pretendida. La providencia
en cita definió:
En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria
corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto;
y iii) 45 días para efectuar el pago. [Se resalta]
En las anteriores condiciones, como las cesantías definitivas a favor del señor Durán
Ávila se reclamaron el 25 de julio de 2012,23 pero tan solo se reconocieron a través
de la Resolución 2309 del 7 de noviembre de 2013,24 es forzoso concluir que el acto
administrativo que concedió la prestación fue expedido en forma extemporánea,
toda vez que de conformidad con lo previsto en el artículo 1.º de la Ley 244 de 1995,
debía emitirse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud, esto es, hasta
el 16 de agosto de 2012; por tal razón, se configura el primer supuesto de la regla
de unificación transcrita, la cual se aplicará a continuación a efecto de determinar la
fecha en la que se debía reclamar, en sede administrativa, la sanción moratoria
21 Ver, entre otras, providencias del 28 de julio de 2022, radicación 08001 23 33 000 2016 01460 01,
número interno: 0197-2019, M.P., William Hernández Gómez y del 11 de agosto de 2022, radicación
05001 23 33 000 2019 01303 01, número interno: 0075-2021, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
22 Sentencia del 11 de agosto de 2022, radicación 05001 23 33 000 2019 01303 01, número interno:
0075-2021, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
23 Folio 21.
24 Folio 21.
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pretendida en el sub lite.
Ante la extemporaneidad en la expedición del acto de reconocimiento de las
cesantías definitivas, se debe partir de la reclamación en sede administrativa, para
definir la fecha en que se hacía exigible la sanción moratoria; siendo así, como la
petición se radicó el 25 de julio de 2012, el acto administrativo se debió expedir el
16 de agosto de 2012, la ejecutoria del acto se habría producido el 31 de agosto de
2012,25 por lo que el pago oportuno de las cesantías, procedía hasta el 6 de
noviembre de 2012, y, por ende, la sanción moratoria era exigible a partir del día
siguiente, esto es, el 7 de noviembre de 2012.
Ahora bien, la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria que dio origen al
acto ficto o presunto negativo cuya nulidad se pretende en el sub lite, fue radicada
el 19 de marzo de 2015;26 por lo tanto, la reclamación de la sanción moratoria se
debe entender que fue oportuna, toda vez que entre el momento en que se hizo
exigible y la fecha en que se radicó la solicitud de reconocimiento, no transcurrieron
más de los 3 años, para que se hubiera extinguido el derecho.
Sin embargo, la configuración del término extintivo, en la sentencia de primer grado,
no se hizo derivar del término de la reclamación de la sanción moratoria en sede
administrativa, sino del transcurso del tiempo entre esa solicitud y la fecha de
radicación de la demanda, en el entendido de que la reclamación del derecho en
sede administrativa interrumpe el término de prescripción, por una sola vez y por
otros 3 años; de manera que el derecho de acción debió ejercerse en un lapso que
no excediera dicho término.
En torno a lo anterior, se advierte que la reclamación de la sanción moratoria en
sede administrativa se formuló el 19 de marzo de 2015, mientras que la demanda
se radicó el 17 de abril de 2018.27
25 Teniendo en cuenta los 10 días a que alude la regla, que se refieren a lo que, en esa materia, fija
la Ley 1437 de 2011, la cual entró a regir el 2 de julio de 2012.
26 Folio 24.
27 Folio 1.
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Lo anterior conlleva afirmar que se configuró el término prescriptivo, en tanto que la
interrupción de ese fenómeno, con el reclamo de la sanción moratoria, por parte del
demandante ante la administración ocurrió «pero sólo por un lapso igual», razón por
la cual la demanda se debió radicar, a más tardar, el 20 de marzo de 2018.
Ahora bien, el demandante asegura que, producto de la solicitud de conciliación
prejudicial, radicada el 18 de octubre de 2017, esto es, antes de que se hubieran
vencido los 3 años, se habría configurado la suspensión de la prescripción, tal como
lo establece el artículo 21 de la Ley 640 de 2001.
En efecto, de la lectura del artículo 21 de la ley en comento, se puede evidenciar
que con la radicación de la solicitud de conciliación prejudicial se produce la
suspensión de la caducidad o de la prescripción; sin embargo, dicho precepto se
dirige a la oportunidad de la radicación de la demanda —para la justicia laboral
ordinaria se cuentan 3 años para incoar la acción y para la justicia de lo contencioso
administrativo en lo laboral, de 4 meses, por concepto de la caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho—.
La Sección Tercera del Consejo de Estado, se ha pronunciado en torno a la
diferencia entre la prescripción y la caducidad, en los siguientes términos:28
Esta Corporación ha señalado que, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos
procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término
específico. En este sentido, los interesados tienen la carga procesal de poner en
funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado dentro del plazo fijado por la ley
o, de no hacerlo en tiempo, no podrán obtener la satisfacción del derecho reclamado
por la vía jurisdiccional.
Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe
imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que ciertas situaciones
jurídicas permanezcan indefinidas en el tiempo. En otros términos, el legislador
establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio del derecho de
acción, acudan a la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones.
28Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera,
sentencia del 28 de marzo de 2019, radicación: 76001-23-33-000-2018-00666-01(63235).
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Por otra parte, la prescripción es definida por la jurisprudencia como la acción de
“adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por el
transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley ‘o en otra acepción’ como
concluir o extinguirse una carga, obligación o deuda por el transcurso del tiempo”29.
Dicho fenómeno hace alusión directa a la pretensión, esto es, al derecho y constituye
el término particular para adquirirlo o extinguirlo30; es decir, es el fenómeno mediante
el cual el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue con el solo transcurso del
tiempo, de acuerdo con las condiciones descritas en las disposiciones que para cada
situación se dicten, bien sea en materia adquisitiva o extintiva31.
Lo anterior quiere decir que la norma en comento aplica en materia procesal, para
identificar el ejercicio oportuno del derecho de acción y no para la prescripción
extintiva de un derecho, como ocurre en el sub lite; por lo tanto, la parte demandante
no puede pretender que la prescripción extintiva del derecho se interrumpa, con
ocasión de la reclamación en sede administrativa, por 3 años, y, además, este
término se suspenda con ocasión de la conciliación prejudicial, pues se trata de dos
figuras distintas, razón suficiente para confirmar la sentencia de primera instancia
que declaró configurada la prescripción.
2.5. Condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,32 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación atiende un criterio objetivo
valorativo. Objetivo, en el sentido de que toda sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, pues se requiere que el juez revise si ellas se
causaron (pago de gastos ordinarios del proceso, actividad profesional realizada
dentro de él), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o la temeridad de las
partes. Conforme a las anteriores reglas, y según lo dispuesto en los numerales 1 y
29 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 20 de noviembre de 2014 (exp. 3404-2013).»
30 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 18 de octubre
de 1996 (exp. 7934)»
31 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 4 de julio de 2013 (exp. 1131-12).»
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
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8 del artículo 365 del Código General del Proceso,33 la Sala condenará en costas
de segunda instancia a la parte demandante, teniendo en cuenta que le fue resuelto
en forma desfavorable el recurso y en consideración a que la entidad demandada
actuó en esta instancia.34
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que se debe confirmar la sentencia de primera
instancia en cuanto declaró probada la excepción de prescripción extintiva de la
sanción moratoria reclamada por el señor Remberto Durán Dávila y se condenará
en costas de segunda instancia a la parte demandante, las cuales deberán ser
liquidadas por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2019, por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró probada la excepción de
prescripción extintiva de la sanción moratoria en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho formulado por el señor Remberto Durán Dávila, en
contra de la Nación (Ministerio de Educación Nación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio), según lo expuesto en las consideraciones
que anteceden.
33 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […] 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
34 Presentí alegatos de conclusión.
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Segundo. Reconocer personería adjetiva a la abogada Pamela Acuña Pérez como
apoderada de la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio) en la forma y términos del poder que obra en el índice 14
del aplicativo Samai.
Tercero. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, las
cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
20
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