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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-33-33-011-2015-00048-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-33-33-011-2015-00048-01

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-33-33-011-2015-00048-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR parcialmente la sentencia expedida el 11 de junio de 2021, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en cuanto declaró probada la excepción de prescripción de la sanción moratoria. En su lugar, se dispone: Primero: Declarar probada de oficio la excepción de prescripción extintiva de los derechos laborales reclamados por la demandante, con excepción de la sanción moratoria derivada de la omisión de pago de sus cesantías definitivas. Segundo: Declarar la nulidad parcial del acto ficto o presunto negativo que se configuró por la omisión de respuesta frente a la petición radicada por la demandante el 22 de abril de 2014 ante la E.S.E del municipio de Magangué, en tanto negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada del no pago de sus cesantías definitivas. Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de 18 Índice 6 de Samai del Consejo de Estado. 19 Al respecto, el artículo 365 de la norma citada establece: «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.» [Se destaca] 8 Radicación: 13001 33 33 011 2015 00048 01 (3433-2022) Demandante: Dayana Lorena Silva Pascuales restablecimiento del derecho ordenar a la E.S.E del municipio de Magangué reconocer y pagar la indemnización moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías definitivas a favor de la señora Dayana Lorena Silva Pascuales, por el lapso comprendido entre 19 de enero de 2012 y el 5 de octubre de 2014, la cual se debe liquidar con el salario devengado por la demandante para la fecha de la terminación del vínculo laboral, según lo expuesto en la parte motiva. Cuarto. Ajustar la condena en los términos dispuestos en el artículo 187 del CPACA y dar cumplimiento a la sentencia conforme a los artículos 192 a 195 ibidem. SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO. En firme esta sentencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-33-33-011-2015-00048-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 13001 33 33 011 2015 00048 01 (3433-2022)
Demandante: Dayana Lorena Silva Pascuales
Demandado: E.S.E del municipio de Magangué
Tema: Prestaciones sociales y sanción moratoria

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
______________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra de la
sentencia expedida el 11 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Bolívar,1
mediante la cual declaró de oficio la excepción de prescripción extintiva, anunciando
desde ya que la referida providencia será revocada parcialmente.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. La accionante instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la
nulidad del acto ficto o presunto que se configuró ante la omisión de respuesta, por parte
de la E.S.E del municipio de Magangué, respecto de las peticiones radicadas el 5 de
octubre de 2011 y 22 de abril de 2014, en las cuales reclamó el reconocimiento y pago
de sus prestaciones sociales, tales como «[p]rima, [v]acaciones, cesantías, intereses a
las cesantías, salarios de los meses de [m]ayo – [j]unio y 21 días del mes de [j]ulio de
2011», y la sanción moratoria por el incumplimiento en su consignación, con base en lo
previsto en la Ley 244 de 1995; también solicitó la prima de servicios.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a la demandada reconocer
y pagar dichos conceptos, con los correspondientes ajustes de ley conforme al índice de
precios al consumidor y los intereses desde la ejecutoria de la sentencia; además, que
se disponga el cumplimiento de esta en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA2 e imponga condena en costas a la entidad demandada.

3. Señaló que fue nombrada como «ENFERMERA AL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO» de la
empresa E.S.E del municipio de Magangué desde el 21 de enero de 2011 y laboró hasta
el 21 de julio de ese año.3 Asimismo, argumentó que al momento de su desvinculación

1 Folio 118 a 124 del expediente digital.
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3 A través de Resolución 0028 del 21 de enero de 2011, folio 54 del expediente digital.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 13001 33 33 011 2015 00048 01 (3433-2022)
Demandante: Dayana Lorena Silva Pascuales

no le fueron reconocidos ni pagados los salarios debidos ni las prestaciones sociales
definitivas, y pese a las solicitudes elevadas ante la entidad, no se emitió acto
administrativo que resolviera sus peticiones, razón por la cual se configuraron actos
administrativos presuntos negativos.

Contestación de la demanda.

4. La E.S.E del municipio de Magangué no emitió pronunciamiento en esta etapa
procesal.4

II. SENTENCIA APELADA.

5. El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró probada de oficio la excepción de
prescripción extintiva de los derechos reclamados, con base en el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968, reglamentado por el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, y conforme a
la Sentencia CE-SUJ004 de 2016, en cuanto al término de prescripción de la sanción
moratoria. Al respecto, indicó que en el caso particular la prescripción extintiva de los
derechos se causa de forma trienal tanto para las prestaciones sociales como para la
sanción moratoria y se debe contar «desde que la obligación se hizo exigible, […] el 21
de julio de 2011 cuando terminó la relación laboral entre las partes»5 y se podía
interrumpir por una sola vez por un lapso de tres años más desde el momento que se
presentó la reclamación administrativa.

6. A su vez, precisó que si bien la demandante presentó dos peticiones, una el 5 de
octubre de 2011 y otra el 22 de abril de 2014, la prescripción se «suspendió» por una sola
vez con la primera solicitud. En consecuencia, contabilizó la interrupción de la
prescripción de los derechos reclamados desde el 5 de octubre de 2011 e indicó que
aquella se produjo hasta el 5 de octubre de 2014, pero como la demanda se radicó el 22
de enero de 2015, tal gestión se realizó cuando habían transcurrido más de tres meses
después de haberse configurado la prescripción.6

7. En virtud de lo anterior, concluyó que si bien frente al medio de control incoado no
operó la caducidad, pues se configuró el silencio administrativo negativo, lo que habilitaba
a la parte actora para demandar los actos fictos o presuntos en cualquier tiempo, en todo
caso sí se configuró la prescripción de los derechos, con base en el análisis citado
previamente.

III. RECURSO DE APELACIÓN.

8. Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación en contra
de la referida sentencia, en el que manifestó que no comparte la tesis del a quo según la
cual se declaró oficiosamente la prescripción de sus derechos laborales, al haber

4 Información tomada de la página 5 de la sentencia de primera instancia.
5 Información tomada de la página 13 ibidem.
6 Ibidem.

2

Radicación: 13001 33 33 011 2015 00048 01 (3433-2022)
Demandante: Dayana Lorena Silva Pascuales

contabilizado el término a partir de la primera reclamación, pues se desconoció que se
formuló otra petición del 22 de abril de 2014 y que la solicitud de conciliación extrajudicial
del 15 de agosto de 2014 también interrumpió la prescripción.

9. Agregó que la providencia recurrida debe ser revocada si «[se] obser[va] que tiene
vocación de prosperidad declarar la nulidad de los actos administrativos solicitados […],
ya que frente a estos no oper[ó] la caducidad de la acción, porque los mismos fueron
demandados en termino, que los derechos laborales que dependen de estos […]»; (sic).
Finalmente adujo que hubo un error en cuanto al análisis de la prescripción de la sanción
moratoria porque la exigibilidad de esta «se predica desde el 12 de enero de 2012 pues
es la fecha en que trascurren los 65 días señalados en la Ley 244 de 1995, cumpliéndose
los 3 años de prescripción el 02 de marzo de 2015, en tanto que la prescripción se
suspendió el 15 de agosto de 2014 por la solicitud de conciliación extrajudicial».

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

10. Mediante auto del 13 de octubre de 2022 y notificado en estado del 4 de noviembre
siguiente se admitió el recurso de apelación.7 Las partes y el agente del Ministerio Público
guardaron silencio durante esta etapa procesal.

V. CONSIDERACIONES.

Competencia.

11. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 del Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico.

12. En atención a los reparos concretos planteados procederá la Sala a estudiar si se
configuró la extinción de las prestaciones sociales reclamadas por la demandante y la
sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, por virtud del fenómeno de la
prescripción bajo la argumentación que utilizó el tribunal.

Caso concreto.

13. Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala precisa que a través de la
Resolución 0028 del 21 de enero de 20118, la demandante fue nombrada para que

7 Índices 4 y 9 de Samai.
8 Folio 54 del expediente.

3

Radicación: 13001 33 33 011 2015 00048 01 (3433-2022)
Demandante: Dayana Lorena Silva Pascuales

cumpliera el servicio social obligatorio9 como enfermera en la E.S.E del municipio de
Magangué, por un término legal de 6 meses, desde el 21 de enero de 2011 hasta el 21
de julio de 2011.

14. Ahora bien, el Tribunal declaró la prescripción de los derechos reclamados por la
demandante; por lo tanto, para abordar el estudio de dicho fenómeno es preciso acudir a
lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968,10 que es de siguiente tenor:

Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en
tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre
un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero
sólo por un lapso igual.

15. De igual manera, el Decreto 1848 de 1969, en su artículo 102 dispuso:

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y
en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa
obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual.

16. Conforme a las disposiciones citadas, se tiene que la presentación de la primera
reclamación de un derecho laboral ante la autoridad competente tiene el efecto de
interrumpir por una sola vez el término de prescripción trienal, por un lapso igual. En ese
contexto, se precisa que en el expediente está demostrado que la primera petición dirigida
a obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales pretendidas por la actora
se formuló el 5 de octubre de 2011.11 A partir de ese referente fáctico se establecerá el
cómputo del término prescriptivo aplicable al caso, así:

Hecho relevante Fecha Efecto jurídico

21 de julio de Se hace exigible el pago de las prestaciones sociales y
Terminación del 2011 cesantías definitivas
vínculo laboral

Primera solicitud 5 de octubre de Se interrumpe la prescripción por una sola vez, por un lapso
administrativa 2011 igual de 3 años
Finalización de la
interrupción del

9 Definido como «el desempeño de una profesión con carácter social, mediante el cual los egresados de los programas

de educación superior del área de la salud contribuyen a la solución de los problemas de salud desde el campo de su
competencia profesional, como uno de los requisitos para obtener la autorización del ejercicio, en los términos que
definan las normas vigentes», según lo establecido en la Resolución 1058 de 2010.
10 Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen

prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
11 Folios 34 a 36 del expediente digital.

4

Radicación: 13001 33 33 011 2015 00048 01 (3433-2022)
Demandante: Dayana Lorena Silva Pascuales

término de 5 de octubre de Fecha en que se cumplen los 3 años, con posterioridad a la
prescripción 2014 interrupción de la prescripción

Segunda solicitud 22 de abril de No interrumpe nuevamente la prescripción (esta se
administrativa 2014 interrumpe por una sola vez con la primera petición)

Presentación de 22 de enero de
la demanda 2015

17. Ahora bien, en el recurso se indicó que para contabilizar la prescripción no se tuvo
en cuenta la segunda petición radicada el 22 de abril de 2014; sin embargo, como se
indicó en el cuadro anterior esta no tiene el efecto de interrumpir nuevamente la
prescripción; ahora bien, la recurrente también cuestiona que no se tuvieron en cuenta
los efectos de la etapa de conciliación prejudicial; al respecto se advierte que el 15 de
agosto de 2014, la demandante inició dicho trámite ante la Procuraduría 66 Judicial I para
asuntos administrativos12 y el 14 de noviembre de 2014 se emitió constancia de que no
hubo conciliación.

18. Sin embargo, la Sala no acoge el anterior planteamiento porque si bien es cierto la
demandante inició el trámite conciliatorio el 5 de octubre de 2011, la suspensión de
términos que se produce por virtud de la etapa de conciliación extrajudicial llevada a cabo
ante la Procuraduría13 tiene efecto de suspender el ejercicio del derecho de acción, más
no ampliar el término de modo que se impida la extinción del derecho, así lo consideró
esta Subsección14 ante una situación similar:

En efecto, de la lectura del artículo 21 de la ley en comento, se puede evidenciar que con la
radicación de la solicitud de conciliación prejudicial se produce la suspensión de la caducidad
o de la prescripción; sin embargo, dicho precepto se dirige a la oportunidad de la radicación
de la demanda —para la justicia laboral ordinaria se cuentan 3 años para incoar la acción y
para la justicia de lo contencioso administrativo en lo laboral, de 4 meses, por concepto de la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho—.

[...]

Lo anterior quiere decir que la norma en comento aplica en materia procesal, para identificar
el ejercicio oportuno del derecho de acción y no para la prescripción extintiva de un derecho,
como ocurre en el sub lite; por lo tanto, la parte demandante no puede pretender que la
prescripción extintiva del derecho se interrumpa, con ocasión de la reclamación en sede
administrativa, por 3 años, y, además, este término se suspenda con ocasión de la conciliación
prejudicial, pues se trata de dos figuras distintas, razón suficiente para confirmar la sentencia
de primera instancia que declaró configurada la prescripción.

19. En ese contexto, los derechos laborales pretendidos por la demandante se

12 Folio 21.

13 De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 que es del siguiente tenor: Artículo 21.
Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho
ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo
conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la
ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la presente ley o hasta que se venza el
término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una
sola vez y será improrrogable.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2022, radicación 13001 23

33 000 2018 00668 01 (2269-2020).

5

Radicación: 13001 33 33 011 2015 00048 01 (3433-2022)
Demandante: Dayana Lorena Silva Pascuales

extinguieron el 5 de octubre de 2014, es decir, al transcurrir 3 años posteriores a la
petición que interrumpió por ese lapso el término para la prescripción de sus derechos.
Lo que lleva a afirmar que cuando se presentó la demanda, el 22 de enero de 2015 ya se
había configurado el aludido fenómeno y en ese sentido procede confirmar la sentencia
de primera instancia en cuanto declaró configurada la excepción de prescripción de los
derechos laborales reclamados.

20. Ahora bien, en lo que concierne a la sanción moratoria, es preciso señalar que su
exigibilidad no se genera de manera automática con la terminación del vínculo laboral,
como lo consideró el tribunal de primera instancia, sino una vez transcurrió el plazo legal
concedido a la administración para expedir el acto de reconocimiento y efectuar el pago
de las cesantías definitivas, por lo tanto, se debe examinar si para el caso concreto se
configuró la prescripción en torno a ella.

21. Al respecto, se observa que en la solicitud presentada el 5 de octubre de 2011, la
demandante reclamó tanto las cesantías definitivas como la sanción derivada de su pago
extemporáneo; sin embargo, dicha petición no resulta oportuna respecto de esta última,
pues para el momento de su presentación la mora aún no se había causado. En efecto,
no resulta viable reclamar dicha sanción cuando apenas se están reclamando las
cesantías, es decir cuando aún no ha transcurrido el plazo con que cuenta la
administración para reconocerlas y para pagarlas y cuando la administración no ha
incurrido en mora.

22. No obstante, como la solicitud fue reiterada mediante escrito del 22 de abril de
2014,15 para esta fecha ya se había consolidado el incumplimiento por parte de la
administración, pues habían transcurrido 2 años, 6 meses y 17 días desde la reclamación
de las cesantías, en consecuencia, dicha fecha se tomará como punto de partida para
analizar la interrupción del término para reclamar de dicha penalidad.

23. Pues bien, la solicitud el 22 de abril de 2014, interrumpió el término de prescripción
por una sola vez y por un lapso de tres años, hasta el 22 de abril de 2017. Como la
demanda fue radicada el 22 de enero de 2015, se debe entender que no se configuró la
prescripción respecto de dicha pretensión. Ahora bien, con el fin de identificar el lapso
que comprende la mora, se detalla a continuación:

Hecho relevante Fecha Efecto jurídico
Solicitud de cesantías 5 de octubre de 2011 Inicia el conteo de los 15
días para que la entidad
expidiera el acto de
reconocimiento de la
prestación

15 Folios 38 a 49 del expediente digital.

6

Radicación: 13001 33 33 011 2015 00048 01 (3433-2022)
Demandante: Dayana Lorena Silva Pascuales

Vencimiento de los 15 días 27 de octubre de 2011 Finaliza el término para
emitir la resolución
Vencimiento del plazo de 11 de noviembre de 2011 Finaliza el término de
10 días hábiles para ejecutoria del acto
ejecutoria
Vencimiento del plazo de 18 de enero de 2012
45 días hábiles para pagar
Inicio de la mora de la 19 de enero de 2012 Comienza a causarse la
administración sanción moratoria y
empieza el término de
exigibilidad
Finalización del término 19 de enero de 2015 Fecha límite para reclamar
trienal para exigir la la sanción a fin de evitar la
sanción prescripción
Presentación de la petición 22 de abril de 2014 Interrumpe por 3 años la
en que se reclamó la configuración de la
sanción prescripción

24. Ahora bien, como se configuró la prescripción de las cesantías, según el análisis
realizado en la primera parte de las consideraciones que anteceden, el efecto de dicha
circunstancia conlleva que el reconocimiento de la sanción moratoria solo se conceda
durante el tiempo en que perduró la obligación de pagar las cesantías, es decir mientras
fue exigible dicha prestación social»16; en consecuencia, la indemnización moratoria
únicamente se reconocerá por el periodo comprendido entre el 19 de enero de 2012 y el
5 de octubre de 201417, pues a partir de esta última fecha no podía exigirse el pago de
las cesantías.

25. Por tal motivo, la Sala accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda, a
fin de ordenar el reconocimiento de la sanción moratoria por el periodo anteriormente
indicado, la cual deberá ser liquidada con base en el salario devengado por la
demandante en la fecha de su desvinculación, el 21 de julio de 2011.

26. De igual manera, se ordenará a la entidad demandada indexar la cifra resultante
de conformidad con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 187 del CPACA y de
conformidad con la siguiente fórmula:

R = RH x (índice final ÷ índice inicial)

27. Donde el valor indexado a pagar (R) se determina multiplicando el valor histórico
(RH), que es lo dejado de percibir por la demandante, por la cifra que resulta de dividir el
IPC certificado por el DANE vigente para la fecha de ejecutoria de esta decisión (índice
final) sobre el IPC vigente para la fecha en que cesó la causación de la sanción moratoria
(índice inicial).

16 Se precisa que en Sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-S2 –2023, de 2 de noviembre de 2023 se señaló que «la

sanción moratoria se extingue automáticamente con el pago de las cesantías definitivas; con la pérdida de exigibilidad
de la prestación social y cuando el interesado reclama la penalidad después de estar afectada por prescripción».
17 Según el análisis realizado en los párrafos 18 y 19.

7

Radicación: 13001 33 33 011 2015 00048 01 (3433-2022)
Demandante: Dayana Lorena Silva Pascuales

28. Finalmente, es oportuno indicar que la E.S.E. Río Grande de la Magdalena,
anteriormente identificada como E.S.E. del municipio de Magangué, fue sometida a un
proceso de reestructuración de pasivos mediante la Resolución No. 2022420000004633-
6 del 14 de julio de 2022,18 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud; por lo
tanto, la presente condena deberá ser reportada al promotor del acuerdo, a efectos de su
inclusión en el inventario de acreencias, en los términos de la Ley 550 de 1999.

Condena en costas.

29. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código
General del Proceso)19 y que, en todo caso, la condena al respecto se impondrá «cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

30. Al revisar el caso concreto, se considera que el recurso de apelación no se aprecia
como huérfano de fundamento legal, por lo que resulta improcedente la condena en
costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR parcialmente la sentencia expedida el 11 de junio de 2021, por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, en cuanto declaró probada la excepción de
prescripción de la sanción moratoria. En su lugar, se dispone:

Primero: Declarar probada de oficio la excepción de prescripción extintiva de los
derechos laborales reclamados por la demandante, con excepción de la sanción
moratoria derivada de la omisión de pago de sus cesantías definitivas.

Segundo: Declarar la nulidad parcial del acto ficto o presunto negativo que se
configuró por la omisión de respuesta frente a la petición radicada por la demandante el
22 de abril de 2014 ante la E.S.E del municipio de Magangué, en tanto negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada del no pago de sus cesantías
definitivas.

Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de

18 Índice 6 de Samai del Consejo de Estado.
19 Al respecto, el artículo 365 de la norma citada establece: «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el

proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación
o revisión que haya propuesto.» [Se destaca]

8

Radicación: 13001 33 33 011 2015 00048 01 (3433-2022)
Demandante: Dayana Lorena Silva Pascuales

restablecimiento del derecho ordenar a la E.S.E del municipio de Magangué reconocer y
pagar la indemnización moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías definitivas
a favor de la señora Dayana Lorena Silva Pascuales, por el lapso comprendido entre 19
de enero de 2012 y el 5 de octubre de 2014, la cual se debe liquidar con el salario
devengado por la demandante para la fecha de la terminación del vínculo laboral, según
lo expuesto en la parte motiva.

Cuarto. Ajustar la condena en los términos dispuestos en el artículo 187 del
CPACA y dar cumplimiento a la sentencia conforme a los artículos 192 a 195 ibidem.

SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO. En firme esta sentencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver
el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

AAP

9

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