Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00559-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00559-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2018-00559-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
26 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00559-01 (4804-2023)
Demandante: Rubén Darío González Vidal
Demandado: Municipio de San Pedro (Valle del Cauca)
Tema: sanción moratoria por el pago tardío de cesantías anualizadas: Leyes 344
de 1996 y 50 de 1990. Subtema 1: prescripción extintiva de la sanción por mora en
el pago tardío de cesantías anualizadas. Subtema 2. suspensión del artículo 21 de
la Ley 640 de 2001.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 27 de abril de 2023,
mediante la cual se inhibió de analizar de fondo el asunto frente a la pretensión de
reconocimiento de la sanción prevista en el artículo 3 de la Ley 52 de 1975, por el
no pago oportuno de los intereses a las cesantías, declaró probada de oficio la
excepción de prescripción extintiva del derecho frente al reconocimiento de la
sanción moratoria dispuesta en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Rubén Darío González Vidal solicitó la nulidad del acto administrativo ficto
producto de la petición interpuesta el 6 de marzo de 2015 en la que solicitó el pago
de la sanción moratoria establecida en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, esto es, un día de salario por cada día de retardo a partir del 15 de febrero de
2003 y hasta el 15 de febrero de 2014.
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00559-01 (4804-2023)
Demandante: Rubén Darío González Vidal
Demandado: Municipio de San Pedro (Valle del Cauca)
En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se inhibió de
analizar de fondo el asunto relativo a la pretensión del reconocimiento de la sanción
prevista en el artículo 3 de la Ley 52 de 1975, porque el actor no radicó reclamación
administrativa al respecto. Seguidamente, estudió la sanción moratoria reclamada,
en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y concluyó que operó de oficio
la excepción de prescripción extintiva frente a todas las anualidades reclamadas.
Inconforme con esta decisión, el señor Rubén Darío González Vidal radicó recurso
de apelación en el que indicó que en su caso no operó la prescripción porque para
el momento de radicación de la demanda aún continuaba vinculado laboralmente
con la entidad demandada. Igualmente, destacó que, frente a la anualidad del 2012,
la prescripción se interrumpió con ocasión de la solicitud de conciliación
extrajudicial.
2. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. El señor Rubén Darío González Vidal, el 7 de marzo de 20181, por conducto
de apoderada judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, contra el municipio de San Pedro (Valle del
Cauca), con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación
se sintetizan.
2.1.1. Pretensiones
2. Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto producto de la petición
del 6 de marzo de 2015, a través de la cual pidió el pago de la sanción moratoria de
las cesantías y la cancelación de los intereses correspondientes.
3. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
ordenarle al municipio de San Pedro reconocerle y pagarle todas las sumas que
correspondan a la sanción moratoria causada por la no consignación oportuna de
las cesantías en un fondo privado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 344
de 1996, el Decreto 1582 de 1998 y el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, del 2003 al 2014, hasta la fecha en que se realice el pago de dichos auxilios
de cesantías, al igual que la cancelación de los intereses derivados de estos.
También reclamó por el pago de la sanción establecida en el artículo 3 de la Ley 52
de 1975, por la falta de consignación de estos últimos.
4. Además, pidió que se aplicara lo dispuesto en el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y que se
1 C. Principal, folios 22 y 24.
2
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00559-01 (4804-2023)
Demandante: Rubén Darío González Vidal
Demandado: Municipio de San Pedro (Valle del Cauca)
condenara en costas a la entidad demandada. Pidió que la liquidación de esta
condena se efectuara, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que, para
el cumplimiento de la decisión, se tuviera en cuenta lo dispuesto en el artículo
citado2.
2.1.2. Hechos
5. La Sala resume los supuestos fácticos de la demanda así:
6. El señor Rubén Darío González Vidal inició labores en el municipio de San
Pedro el 2 de julio de 2002 en el cargo de técnico, mediante el cual fue nombrado a
través del Decreto 023. En la actualidad continúa vinculado con la entidad.
7. Radicó petición ante la entidad demandada el 6 de marzo de 2015 en la que
solicitó el pago de la indemnización de que trata el numeral 3 del artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, la cual a la fecha no se ha resuelto. Por ende, se configuró el
silencio administrativo.
8. En atención a que el municipio de San Pedro no ha consignado las cesantías
al fondo correspondiente, ello da lugar a la causación de una sanción moratoria
equivalente a un día de salario por cada día de retardo, al tener en cuenta que la
primera consignación se debió realizar el 14 de febrero de 2003. Así las cosas,
transcurrieron un total de tres mil novecientos sesenta días hasta la presentación
de la petición, lo que hace que la sanción ascienda a la suma de $154.558.800.
9. Además, la ausencia de pago de las cesantías da lugar a que se causen
intereses en los términos del artículo 3 de la Ley 52 de 1975, lo que le produjo al
actor un menoscabo en los ingresos por la tardanza en la consignación del auxilio
de cesantías.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
• Constitución Política, artículos 29, 58, 83 y 209
• Ley 344 de 1996, artículo 13
• Decreto 1582 de 1998, artículo 1
• Ley 50 de 1990, artículos 99, 101 y 104
• Ley 52 de 1975
10. Al explicar el concepto de violación el demandante expuso los siguientes
argumentos:
11. Con la decisión contenida en el acto administrativo enjuiciado se violó de
forma directa, ostensible, manifiesta y flagrante las disposiciones legales por lo que
este tiene objeto ilícito de conformidad con lo previsto en el artículo 1519 del Código
2 C. Principal, folio 12.
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Radicación: 76001-23-33-000-2018-00559-01 (4804-2023)
Demandante: Rubén Darío González Vidal
Demandado: Municipio de San Pedro (Valle del Cauca)
Civil, ya que contraviene el derecho público y, por tanto, está viciado de nulidad
absoluta según el artículo 1741 de la citada codificación.
12. En particular, al negarse el reconocimiento sin aducir razones de
imprevisibilidad o de irresistibilidad que hubieran impedido el cumplimiento de la
norma, se deja establecido que las entidades de cualquier orden están obligadas a
reconocer y pagar la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Así las
cosas, en el caso particular no eligió el fondo de cesantías al cual debían realizarse
los aportes, pero esto en modo alguno eximía al municipio de cumplir con la
regulación legal. Por el contrario, se exigía de la administración un actuar eficiente
frente a estas obligaciones, lo que hacía que el municipio hubiera vulnerado la citada
norma, y, por tanto, se hiciera acreedor de la sanción prevista.
13. De este modo, como ingresó a laborar en la entidad demandada después del
31 de diciembre de 1996, y esta incumplió la obligación de consignar las cesantías
anualizadas antes del 15 de febrero del año inmediatamente posterior, se hacía
merecedor de la sanción moratoria reclamada, equivalente a un día de salario por
cada día de retardo.
14. Adicionalmente, en punto a los intereses a las cesantías, el personero
municipal de San Pedro planteó que el régimen de liquidación es retroactivo (sic),
por lo que los intereses no se liquidan anualmente, y esto es contrario a lo
consignado en la Ley 52 de 1975.
2.2. Contestación de la demanda
15. La entidad demandada guardó silencio3.
2.3. Sentencia de primera instancia
16. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia, el 27 de abril
de 2023, en la que resolvió:
PRIMERO: INHIBIRSE de analizar el fondo del asunto referente a la pretensión del
reconocimiento de la sanción prevista en el artículo 3 de la Ley 52 de 1975, por el
no pago oportuno de los intereses a las cesantías, conforme a las razones
expuestas.
SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de prescripción extintiva
del derecho, respecto al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en
el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, reclamada por el demandante.
TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la presente
providencia.
CUARTO: CONDENAR en costas a la parte actora, en los términos expuestos en la
parte considerativa del fallo. […].
3 C. Principal, folio 42 y sentencia de primera instancia.
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Demandante: Rubén Darío González Vidal
Demandado: Municipio de San Pedro (Valle del Cauca)
17. En sustento, tuvo por acreditado que el señor Rubén Darío González Vidal
fue nombrado el 1 de julio de 2002, mediante el Decreto núm. 023, en el cargo de
técnico en el municipio de San Pedro. En el referido tomó posesión el 2 de julio
siguiente. Además, a través del Decreto 004 del 14 de enero de 2013, se le nombró
en el cargo de técnico operativo en virtud del proceso de modernización de la
entidad territorial.
18. Ahora bien, de conformidad con el certificado expedido el 8 de mayo de 2019,
por la secretaria general y de desarrollo institucional del municipio de San Pedro, el
actor se desempeña en el cargo de técnico operativo en la alcaldía, mediante
nombramiento realizado en provisionalidad, a partir del 1 de julio de 2012 y hasta la
fecha en que se expidió la aludida certificación. Igualmente, obra documento del 21
de febrero de 2023, en el que se evidencia la consignación de las cesantías por
parte del municipio a partir del 2014 en el fondo de cesantías Porvenir.
19. Por último, se demostró que el demandante radicó escrito el 6 de marzo de
2015 ante la alcaldía de San Pedro en el que pidió el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria dispuesta en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a
partir del 15 de febrero de 2003 y hasta el 15 de febrero de 2014. Lo anterior, dado
que la entidad demandada no realizó la respectiva consignación en el fondo antes
del 15 de febrero, como procedía.
20. En este contexto, analizó el caso concreto y precisó que el actor no presentó
una reclamación administrativa laboral por el no pago oportuno de los intereses a
las cesantías según lo previsto en el artículo 3 de la Ley 52 de 1975, de suerte que
como no se configuró el silencio administrativo, no procedía un pronunciamiento
judicial al respecto. En este orden, la reclamación del actor solo estuvo encaminada
a pedir el reconocimiento y pago de la sanción de que trata el numeral 3 del artículo
99 de la Ley 50 de 1990, ante la ausencia de consignación oportuna del auxilio de
cesantías anualizadas en el fondo.
21. Por su parte, en lo que respecta a la sanción dispuesta en el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, el demandante laboró como técnico operativo en el municipio
demandado y fue afiliado al fondo de cesantías Porvenir. No obstante, hasta el 6 de
marzo de 2015 pidió el reconocimiento de la sanción moratoria.
22. Al respecto, consideró que no obró prueba de que la entidad demandada
consignó oportunamente las cesantías correspondientes a las anualidades de 2002
a 2012, frente lo cual el demandante negó haber recibido pago. En este orden, como
lo dispone el CGP la negación indefinida no requiere prueba y correspondía entonces
al municipio de San Pedro probar el pago. Bajo este entendido, al no acreditarse
este se entiende que no se hizo y con fundamento en ello se generó a favor del
demandante el derecho a percibir la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
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Demandante: Rubén Darío González Vidal
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23. A ello agregó que, en lo que respecta al año 2013, Porvenir certificó que el
municipio de San Pedro consignó las cesantías anualizadas del demandante, de lo
que se deducía que en esta anualidad estas se cancelaron a tiempo, antes del 15
de febrero de 2014.
24. Sin embargo, aplicó la prescripción de conformidad con las reglas instituidas
en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020, y a partir de la fecha de
interposición de la reclamación administrativa que tuvo lugar el 6 de marzo de 2015,
sustentó que esta transcurrió respecto de los siguientes períodos, según el artículo
151 del Código de Procedimiento Laboral (CPL):
«Tabla 1», fecha de inicio de la mora y de prescripción frente a cada anualidad, para el Tribunal
PERÍODO CAUSADO FECHA INICIO DE LA MORA FECHA PRESCRIPCIÓN
7 de julio a 31 de diciembre de 15 de febrero de 2003 15/02/2006
2002
1 de enero a 31 de diciembre 15 de febrero de 2004 15/02/2007
de 2003
1 de enero a 31 de diciembre 15 de febrero de 2005 15/02/2008
de 2004
1 de enero a 31 de diciembre 15 de febrero de 2006 15/02/2009
de 2005
1 de enero a 31 de diciembre 15 de febrero de 2007 15/02/2010
de 2006
1 de enero a 31 de diciembre 15 de febrero de 2008 15/02/2011
de 2007
1 de enero a 31 de diciembre 15 de febrero de 2009 15/02/2012
de 2008
1 de enero a 31 de diciembre 15 de febrero de 2010 15/02/2013
de 2009
1 de enero a 31 de diciembre 15 de febrero de 2011 15/02/2014
de 2010
1 de enero a 31 de diciembre 15 de febrero de 2012 15/02/2015
de 2011
1 de enero a 31 de diciembre 15 de febrero de 2013 15/02/2016
de 2012
1 de enero a 31 de diciembre Se consignó a tiempo
de 2013
25. A partir de lo anterior, el Tribunal concluyó que los períodos de sanción que
corresponden a las anualidades de 2002 a 2011 están prescritos, porque el actor
dejó transcurrir más de 3 años. No obstante, en cuanto a la anualidad de 2012,
aunque la reclamación administrativa se presentó a tiempo, porque fue presentada
el 6 de marzo de 2015, el término de 3 años se interrumpía por una sola vez por
otro término igual. De este modo, tenía hasta el 6 de marzo de 2018 para acudir
ante la jurisdicción y presentar la demanda, pero solo lo hizo el 7 de ese día, mes y
año.
26. En consecuencia, a pesar de que el actor tenía derecho a reclamar la sanción
moratoria derivada de la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas
para los años que van de 2002 a 2012, no lo hizo dentro de los 3 años siguientes
a la exigibilidad de la obligación en sede administrativa y judicial. Por ende, se
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extinguió el derecho por prescripción lo que conllevaba a negar las pretensiones de
la demanda.
27. Finalmente, condenó en costas a la parte actora por resultar vencida en el
proceso, según el numeral 1 del artículo 265 del Código General del Proceso (CGP).
En este orden, fijó las agencias en derecho en 1 Salario Mínimo Legal Mensual
Vigente (SMLMV) de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 de la aludida
normativa, y en concordancia con el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 expedido por
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura4.
2.4. Recurso de apelación
28. La parte actora apeló la sentencia de primera instancia para que esta se
revoque y, en consecuencia, se acceda a todas las pretensiones de la demanda.
En particular, sustentó los siguientes motivos de inconformidad:
29. Está en desacuerdo con la decisión, porque la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia ha establecido en qué casos específicos no opera la
prescripción, como lo indicó en la sentencia del 24 de agosto de 2010, proferida
dentro del radicado núm. 34393, que, en concreto, sustentó:
3.- De la prescripción de la cesantía.
En este punto conviene aclarar, como ya se advirtió, que el auxilio de cesantía que
no fue consignado en la oportunidad prevista en la ley, esto es, antes del 15 de
febrero del siguiente año, no se encuentra afectado por el fenómeno jurídico de la
prescripción en vigencia de la relación laboral, así la ley disponga que su liquidación
sea anual, habida consideración que para efectos de su prescripción debe
contabilizarse el término desde el momento de la terminación del contrato de trabajo,
que es cuando verdaderamente se causa o hace exigible tal prestación social, en
los términos del artículo 249 del C. S. del T.. […]
El artículo 99 de la citada Ley 50 de 1990, contiene seis (6) numerales, de los cuales
importan al presente asunto los cuatro (4) primeros, que analizados integralmente y
aún uno por uno, nos llevan a la conclusión de que la prescripción del auxilio de
cesantía de la forma regulada por el precepto en comento, empieza a contarse
desde la terminación del contrato de trabajo y no antes. […]
Lo expresado quiere decir, que mientras esté vigente el contrato de trabajo, no se
puede hablar de prescripción de la cesantía como derecho social, lo cual se deduce
de la interpretación sistemática tanto de los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990,
como de los artículos 25, 53 y 58 de la Constitución Política; 254, 255 y 256 del C.
S. del T., 1º del Decreto 2076 de 1967, 1° a 7 del Decreto 222 de 1978; 83 de la Ley
79 de 1988; 46 de Ley 9ª de 1989; 166 del D.L. 663 de 1993 y 1º, 2º y 3º del D.R.
2795 de 1991. […]
4 Samai, exp. 76001-23-33-000-2018-00559-00, índice 53.
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Demandante: Rubén Darío González Vidal
Demandado: Municipio de San Pedro (Valle del Cauca)
30. A partir de lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia y las pruebas
aportadas al proceso, para el momento de radicación de su demanda aún
continuaba vinculado laboralmente con el municipio de San Pedro. Por tanto, no se
había hecho exigible la indemnización moratoria solicitada, esto es, la sanción
derivada de la ausencia de consignación, lo que no permite la aplicación de la
prescripción.
31. Puntualmente, en lo relativo a la prescripción derivada de la presentación
extemporánea de la demanda, está inconforme con la decisión, en la medida en que
de los anexos se advierte que el 2 de febrero de 2018 radicó solicitud de conciliación
en la que convocó al municipio de San Pedro y la referida audiencia tuvo lugar el 6
de marzo de 2018. En virtud de ello, según lo dispone el artículo 21 de la Ley 640
de 2001, el instituto de la prescripción estaba suspendido hasta el 6 de marzo de
2023 (sic).
32. En igual sentido, destacó que la demanda no se hubiera podido presentar sin
la realización de la audiencia de conciliación, porque esta constituye un requisito de
procedibilidad para su interposición, de la forma en que lo exige el numeral 1 del
artículo 161 del CPACA.
33. En conclusión, la prescripción en el caso puntual no era aplicable dado que
para la fecha de interposición de la demanda no había terminado la relación laboral,
lo que hacía que no se pudiera aplicar. Además, en lo relativo al año 2012, no se le
podía castigar al usuario de la justicia cuando el propio artículo 21 de la Ley 640 de
2001 habilita la suspensión del término de prescripción con la interposición de la
solicitud de conciliación. Bajo este entendido, solo con la conciliación presentada en
debida forma se acató el requisito de procedibilidad que impediría el rechazo de la
demanda5.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
34. Mediante auto del 1 de febrero de 20246, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia en los
términos del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080
de 2021. Se indicó que al no existir pruebas por decretar en segunda instancia se
prescindiría del traslado y una vez notificada esta providencia el expediente
ingresaría para dictar fallo. En este orden, se dispuso la realización de la notificación
personal al Ministerio Público y a las partes por estado.
5 Samai, exp. 76001-23-33-000-2018-00559-00, índice 58,
22_APELACIONDESENTENCIA_APELACIONRUBENDARI(.pdf) NroActua 58.
6 Samai, exp. 76001233300020180055901, índice 5.
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3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
35. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el
Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
36. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir si:
37. ¿En el caso particular no operó la prescripción extintiva de la sanción
moratoria reclamada, respecto de las anualidades de 2002 a 2012, toda vez que,
de conformidad con la jurisprudencia y las pruebas aportadas al proceso de la
referencia, el demandante aún continuaba vinculado laboralmente al municipio de
San Pedro, cuando radicó su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho?
38. ¿En el caso particular del año 2012, la radicación de la solicitud de
conciliación extrajudicial suspende el término de prescripción extintiva, lo que hacía
inaplicable esta figura para la referida anualidad?
39. Para resolver estos interrogantes, la Sala abordará lo relativo a la
prescripción de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías
anualizadas. A partir de las anteriores consideraciones se destacarán los hechos
probados relevantes y en el acápite del caso concreto se resolverán los problemas
jurídicos planteados.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La prescripción de la sanción moratoria por la no consignación de las
cesantías anualizadas - Reiteración de jurisprudencia
40. La Sección Segunda del Consejo de Estado profirió la sentencia de
unificación CE-SUJ004 el 25 agosto de 2016 en la cual fijó las siguientes reglas:
1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las cesantías
definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción.
2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de
prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del
Código de Procedimiento Laboral.
3.- La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la indemnización por la
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mora en la consignación de las cesantías anualizadas, es el momento mismo en
que se produce la mora, es decir, desde el 15 de febrero del año en que se debió
realizar el pago.
4.- La fecha hasta la cual corre la mora, producto del incumplimiento en la
consignación de las cesantías anualizadas, es aquella en que se produce la
desvinculación del servicio. […]7.
41. Puntualmente, en lo relativo a la prescripción de la sanción moratoria,
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, acogió el plazo dispuesto en el
artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de suerte que
fijó con claridad, en la razón de esta decisión, que la sanción moratoria debía
reclamarse dentro de los 3 años siguientes al momento en que se hace exigible la
obligación8.
42. Sin embargo, al momento de resolver el caso concreto, la sentencia de
unificación CE-SUJ004 el 25 agosto de 2016 declaró prescritas, únicamente, las
porciones de la sanción generadas 3 años atrás, contados desde la reclamación
administrativa. Concretamente, estableció:
Siendo así, como la administración tenía plazo para consignar las cesantías
causadas por el periodo laborado por la demandante en el año 2003, hasta el 14 de
febrero de 2004, la obligación de reconocer la mora surgió a partir del 15 de febrero
de 2004 y a partir de esa misma fecha esta podía reclamar a la administración el
pago de esa obligación, la cual se siguió causando por todos los años siguientes,
en cuanto no se ha reportado la consignación de las mismas, pero como la
reclamación se hizo cuando habían transcurrido más de los 3 años de los que tratan
las normas citadas, permitió que se extinguiera el derecho a reclamar las causadas
con 3 años de anterioridad a esa reclamación. […]
Así, como la reclamación de la sanción se radicó el 28 de octubre de 2010, se deben
declarar prescritas las porciones de sanción causadas con 3 años de anterioridad,
es decir, las generadas antes del 28 de octubre de 2007.
43. De suerte que, esta disconformidad entre la regla jurisprudencial fijada en la
razón de la decisión, y la solución del caso concreto, suscitó dos formas de
interpretación al interior de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo que fue
zanjado por el pleno de esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-
20209 en la que aclaró la sentencia CE-SUJ004 el 25 agosto de 2016. En cuanto a
la referida prescripción, precisó lo siguiente:
70. Al respecto, tal como se consideró en el acápite precedente, el término
prescriptivo se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible, el cual de
manera concreta, en las obligaciones sometidas a plazo, surge a partir del
vencimiento de éste.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 25 de agosto de 2016, exp. 08001-
23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-SUJ2-004-16.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 6 de agosto de 2020, exp. 08001-
23-33-000-2013-00666-01(0833-16)CE-SUJ-SII-022-2020.
9 Ibidem.
10
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00559-01 (4804-2023)
Demandante: Rubén Darío González Vidal
Demandado: Municipio de San Pedro (Valle del Cauca)
71. Así las cosas, conforme el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, la sanción por la mora en la consignación de cesantías
anualizadas se hace exigible a partir del día siguiente a aquel en que vence el plazo
consagrado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por ende, desde el día siguiente
(15 de febrero de cada año), el empleado dispone de tres años para reclamar ante
la administración el reconocimiento de la penalidad, so pena de verse afectado por
la prescripción extintiva, tal como se fijó en la ratio decidendi de la Sentencia de
Unificación CE-SUJ004 de 25 agosto de 2016. […]
83. En tal virtud, negarse a considerar la prescripción de la sanción por mora porque
no hubo pago efectivo de la cesantía o porque no se produjo su consignación, es
desconocer que aquella nace a la vida jurídica ipso jure, en la manera que dispuso
el legislador y que fue apreciada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, siendo
exigible para su beneficiario; lo cual, no se confunde con la extensión de la
penalidad en el tiempo, que si está directamente asociada a que se efectúe la
cancelación de la prestación social.
84. El anterior razonamiento pone en la palestra dos obligaciones que pese a ser
conexas, no son dependientes. En efecto, el pago atribuido a la cesantía constituye
la solución al deber prestacional del empleador respecto de la solicitud efectuada
por su empleado, de modo que al producirse hace que se extinga. Este mismo pago,
ante la causación eventual de la moratoria, ocasiona que ésta cese, no que se
extinga, como ocurre con la prescripción una vez transcurridos los 3 años
establecidos en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social. […]
86. No puede entenderse de otra manera, pues en voces de la jurisprudencia, el
nacimiento de la sanción por mora no está condicionado al reconocimiento de la
cesantía, ocurriendo de pleno derecho por el incumplimiento del pago de parte del
empleador dentro de los términos de ley, por lo que la subsistencia de la obligación
prestacional tampoco puede impedir la extinción por el paso del tiempo. En términos
sencillos, la existencia formal y subsistencia de la cesantía, no determina ni la
causación ni la extinción de la moratoria10.
44. En consecuencia, la Sección Segunda del Consejo de Estado fijó esta regla
jurisprudencial:
(i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la
sanción moratoria de la Ley 50 de 1990-, es desde su causación y exigibilidad, es
decir, 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la reclamación
administrativa deberá presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de
configurarse la prescripción extintiva.
(ii) Cuando se acumulen anualidades sucesivas de sanción moratoria prevista en la
Ley 50 de 1990 por la ausencia de consignación de cesantías anualizadas, el
término prescriptivo deberá contabilizarse de manera independiente por cada año,
de tal modo que el empleado dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero
10 Ibid.
11
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00559-01 (4804-2023)
Demandante: Rubén Darío González Vidal
Demandado: Municipio de San Pedro (Valle del Cauca)
del año siguiente a su causación para reclamar la sanción moratoria
correspondiente, so pena de su extinción11.
3.4. Hechos probados
45. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala
encuentra evidente lo siguiente:
46. Mediante el Decreto núm. 023 del 2 de julio de 200212, el alcalde municipal
de San Pedro (Valle del Cauca) nombró al señor Rubén Darío González Vidal en el
cargo de técnico de la entidad municipal a partir del 1 de julio del citado año. En el
referido tomó posesión el 2 de julio de 2002, como consta en el acta de posesión
que obra en el expediente13.
47. Posteriormente, a través del Decreto núm. 004 del 14 de enero de 2013 14,
«por medio del cual se hacen unos nombramientos en el municipio de San Pedro,
Valle del Cauca acogiendo el proceso de modernización estipulado en los decretos
135 y 136 del veintiséis (26) de diciembre del año 2012 y el decreto 138 del
veintiocho (28) de diciembre del año dos mil doce (2012)», el alcalde municipal de
la entidad demandada nombró en la planta de personal establecida mediante el
Decreto 136 del 26 de diciembre de 2012 al empleado, Rubén Darío González Vidal,
para desempeñar el cargo de técnico operativo en provisionalidad.
48. En este contexto, el demandante radicó reclamación administrativa, el 6 de
marzo de 2015, al afirmar que inició labores en el municipio de San Pedro el 2 de
julio de 2002 y que en la actualidad se encuentra vinculado laboralmente a la entidad
territorial. Por lo tanto, pidió que se le cancelara la sanción moratoria establecida en
el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por cada día de retraso a partir
del 15 de febrero de 2003 y hasta el 15 de febrero de 2014, esto es, por un total de
tres mil novecientos sesenta días de salario15.
49. El señor Rubén Darío González Vidal presentó solicitud de conciliación
extrajudicial el 2 de febrero de 2018 con el objeto de convocar al municipio de San
Pedro. Mediante el auto núm. 21, del 6 de febrero de ese año, se admitió la referida
solicitud y se ordenó citar a las partes. No obstante, en audiencia celebrada el 6 de
marzo de 2018 se declaró fallida la conciliación, ante la falta de ánimo conciliatorio
del municipio de San Pedro. Bajo este entendido, se dio por agotado el requisito de
procedibilidad exigido para acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 640 de 2001, y se expidió la constancia
respectiva en la citada fecha16.
11
Ibid.
12 C. Principal, folio 55.
13 C. Principal, folio 56.
14 C. Principal, folios 60 y 61.
15 C. Principal, folio 2.
16 C. Principal, folios 4 a 6.
12
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00559-01 (4804-2023)
Demandante: Rubén Darío González Vidal
Demandado: Municipio de San Pedro (Valle del Cauca)
50. Finalmente, el señor Rubén Darío González Vidal radicó demanda en sede
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 7 de marzo de
2018, según el sello de recibido que obra en el citado documento y el acta de
reparto17.
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
3.5.1. Resolución de los problemas jurídicos– Prescripción extintiva
51. En el caso concreto, el Tribunal encontró acreditado que el demandante tenía
derecho a percibir la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 porque la entidad demandada no probó que hubiera consignado
oportunamente sus cesantías en las anualidades de 2002 a 2012. Cuestión distinta
a lo que ocurría frente al año 2013, porque Porvenir certificó que el municipio de
San Pedro consignó las cesantías anualizadas del demandante, de lo que dedujo
que en esta anualidad estas se cancelaron a tiempo, antes del 15 de febrero de
2014.
52. Así las cosas, en lo relativo a los años 2002 a 2012, frente a los cuales al
actor le asiste el derecho, aplicó la prescripción de conformidad con las reglas
instituidas en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020, y según el artículo
151 del CPL. Por tanto, concluyó que los citados períodos están prescritos, porque
el señor Rubén Darío González Vidal dejó transcurrir más de 3 años. En particular,
frente al año 2012, indicó que aunque el actor presentó reclamación administrativa
a tiempo, el 6 de marzo de 2015, los 3 años se interrumpían por una sola vez por
un término igual. De este modo, el demandante contaba hasta el 6 de marzo de
2018 para acudir ante la jurisdicción y presentar la demanda, pero solo lo hizo el 7
de ese día, mes y año.
53. Bajo este entendido, la Sala debe limitarse a los reparos concretos que
hicieron parte del recurso de apelación presentado por el demandante. De suerte
que, no hay lugar a reabrir el debate frente al derecho que le asiste al actor de
reclamar la sanción moratoria, sino que debe abordar los puntos desfavorables para
el apelante conforme a la sustentación del recurso de apelación.
54. De este modo, en la alzada el señor Rubén Darío González Vidal expresó su
desacuerdo con la aplicación de la prescripción, al considerar que según la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia esta no aplica a su situación ya
que para el momento de interposición de la demanda aún continuaba vinculado
laboralmente al municipio de San Pedro. Por tanto, no se había hecho exigible la
indemnización moratoria solicitada, esto es, la sanción derivada de la ausencia de
consignación, lo que hacía improcedente la prescripción.
17 C. Principal, folios 22 y 24.
13
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00559-01 (4804-2023)
Demandante: Rubén Darío González Vidal
Demandado: Municipio de San Pedro (Valle del Cauca)
55. No obstante, lo cierto es que revisado el contenido de la decisión citada por
el apelante, esta se refirió a la prescripción de la cesantía, al considerar que este
auxilio no estaba afectado por la prescripción en vigencia de la relación laboral. Sin
embargo, esto no atiende el objeto de la litis, toda vez que aquí no se reclaman las
cesantías propiamente dichas, sino la sanción moratoria derivada de la ausencia de
consignación de las cesantías anualizadas en aplicación del artículo 99 de la Ley
50 de 1990.
56. De esta manera, a pesar de lo planteado por el recurrente, la prescripción de
la sanción moratoria no está condicionada a la existencia de la relación laboral del
demandante, como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Sección Segunda:
La Subsección resalta que, la configuración de la prescripción extintiva de la sanción
moratoria no depende de la existencia de la relación laboral, pues el vínculo es
indispensable solo cuando se busca obtener el pago del derecho a las cesantías,
situación que no se extiende al castigo a cargo del empleador por la no consignación
oportuna de las mismas18.
57. En línea con ello, la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020 zanjó el
tema relativo a que aunque subsista el deber legal de la entidad demandada de
pagar las cesantías, ello no impide la extinción de la penalidad reclamada, aunado
a que el nacimiento de la sanción por mora no estaba condicionado al
reconocimiento de la cesantía:
83. En tal virtud, negarse a considerar la prescripción de la sanción por mora porque
no hubo pago efectivo de la cesantía o porque no se produjo su consignación, es
desconocer que aquella nace a la vida jurídica ipso jure, en la manera que dispuso
el legislador y que fue apreciada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, siendo
exigible para su beneficiario; lo cual, no se confunde con la extensión de la penalidad
en el tiempo, que si está directamente asociada a que se efectúe la cancelación de
la prestación social.
86. No puede entenderse de otra manera, pues en voces de la jurisprudencia, el
nacimiento de la sanción por mora no está condicionado al reconocimiento de la
cesantía, ocurriendo de pleno derecho por el incumplimiento del pago de parte del
empleador dentro de los términos de ley, por lo que la subsistencia de la obligación
prestacional tampoco puede impedir la extinción por el paso del tiempo. En términos
sencillos, la existencia formal y subsistencia de la cesantía, no determina ni la
causación ni la extinción de la moratoria.
58. Por ende, no puede confundirse el hecho de que las cesantías anualizadas
sean una prestación imprescriptible con que la sanción moratoria derivada de la
falta de pago de estas, en aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, también
lo sea. Dicho de otro modo, la prescripción de esta última debe contabilizarse, en
los términos del citado precedente, desde su causación y exigibilidad, lo que
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
29 de agosto de 2024, exp. 17-001-23-33-000-2019-00504-01 (4346-2023).
14
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00559-01 (4804-2023)
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Demandado: Municipio de San Pedro (Valle del Cauca)
ocurre, el 15 de febrero de la anualidad siguiente, sin que la subsistencia de la
obligación de pagar la cesantía impida que esta se configure.
59. Tampoco habría lugar a considerar que como la sanción moratoria derivada
del incumplimiento de las cesantías anualizadas corre hasta la desvinculación del
servicio, esto último condiciona la existencia y extinción de la sanción moratoria.
60. Así pues, en los términos de la demanda planteada por el señor Rubén Darío
González Vidal, y de conformidad con el marco de juzgamiento definido por la
sentencia de primera instancia y el recurso de apelación, es preciso revisar si
operó la prescripción extintiva en los términos de la sentencia de unificación CE-
SUJ-SII-022-2020.
61. De esta forma, se tiene que la continuidad en el vínculo laboral del
demandante, que el Tribunal no desconoció, para el momento de interposición de
la demanda, no condiciona la prescripción derivada de la sanción moratoria
reclamada. Por tanto, en aplicación de lo previsto en la sentencia CE-SUJ-SII-022-
2020, la fecha de exigibilidad de la sanción y la fecha límite para exigir el derecho,
so pena de que opere la prescripción, habría corrido, para cada anualidad, de la
forma en que se evidencia en el siguiente cuadro:
«Tabla 2», fecha de exigibilidad de la sanción y fecha límite para exigir el derecho so pena de prescripción,
según cada anualidad
Anualidad perseguida Fecha de exigibilidad de la Fecha límite para exigir el
sanción derecho so pena de
prescripción
2002 15 de febrero de 2003 15 de febrero de 2006
2003 15 de febrero de 2004 15 de febrero de 2007
2004 15 de febrero de 2005 15 de febrero de 2008
2005 15 de febrero de 2006 15 de febrero de 2009
2006 15 de febrero de 2007 15 de febrero de 2010
2007 15 de febrero de 2008 15 de febrero de 2011
2008 15 de febrero de 2009 15 de febrero de 2012
2009 15 de febrero de 2010 15 de febrero de 2013
2010 15 de febrero de 2011 15 de febrero de 2014
2011 15 de febrero de 2012 15 de febrero de 2015
2012 15 de febrero de 2013 15 de febrero de 2016
62. De lo visto, se concluye que como el señor Rubén Darío González Vidal
radicó reclamación administrativa el 6 de marzo de 2015, están prescritas las
sanciones reclamadas por concepto de las anualidades que van de 2002 al 2011,
toda vez que transcurrieron las fechas límites para exigir el derecho sin que se
hubiera interpuesto la petición, que interrumpe el término de prescripción.
63. Ahora bien, frente a la anualidad de 2012, del recuadro se desprende que el
señor Rubén Darío González Vidal tenía hasta el 15 de febrero de 2016 para exigir
el derecho so pena de que operara la prescripción, lo que hizo porque radicó
solicitud en sede administrativa el 6 de marzo de 2015.
15
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00559-01 (4804-2023)
Demandante: Rubén Darío González Vidal
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64. Sin embargo, lo cierto es que del contenido del artículo 151 del CPT,
expedido mediante el Decreto-Ley 2158 de 1948, aplicable a esta clase de asuntos,
se desprende que:
ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres
años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo
escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente
determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.
65. En atención a ello, resulta mandato legal que la prescripción solo se
interrumpe por una vez y por un lapso igual, como lo ha aplicado esta Sección en
otros asuntos19, por lo que resulta acertado considerar que, pese a que esta figura
se interrumpió con la petición del 6 de marzo de 2015, el señor Rubén Darío
González Vidal debió haber demandado dentro de los tres años siguientes, esto es,
hasta el 6 de marzo de 2018. No obstante, lo hizo al día siguiente, el 7 de ese mes
y año, por fuera del plazo legalmente previsto, lo que impone el deber de declarar
probada la prescripción, que en esta clase de asuntos opera de forma total respecto
de la anualidad no reclamada oportunamente.
66. En punto a lo expuesto, se tiene que el demandante cuestionó,
expresamente, la extemporaneidad de su demanda, en tanto consideró que como
radicó solicitud de conciliación el 2 de febrero de 2018, audiencia que tuvo lugar el
6 de marzo del citado año, la prescripción se suspendió en virtud de lo previsto en
el artículo 21 de la Ley 640 de 2001. Así, expresó que la demanda no se hubiera
podido radicar sin la realización de la audiencia de conciliación, porque esta
constituía requisito de procedibilidad para su interposición en los términos del
numeral 1 del artículo 161 del CPACA.
67. Por ende, para el aquí apelante, en lo que respecta específicamente al año
2012, no se le podía castigar, porque el propio artículo 21 de la Ley 640 de 2001
habilita la suspensión del término de prescripción con la interposición de la solicitud
de conciliación.
68. Al respecto, se tiene que el artículo de la norma citada, vigente para el
momento en que el actor interpuso su solicitud en febrero de 2018, de manera
expresa disponía que:
19 Al respecto, se consultó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, el 17 de octubre de 2019, que hizo referencia a que «las distintas prestaciones laborales y sociales
deprecadas a la administración municipal […] se encuentran prescritas porque la reclamación interrumpió el
término de extinción legal del derecho por el término de 3 años, pero la demanda solo se presentó el 21 de
enero de 2014, según acta individual de reparto». De esta manera, concluyó que «el término de interrupción del
fenómeno prescriptivo ya había finalizado cuando se presentó la nueva reclamación, así como ocurre con la
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que se reitera que
las diferentes reclamaciones de los derechos laborales ante la autoridad competente impiden la pérdida del
derecho, pero solo por un lapso igual, es decir, hasta por tres años hacia el futuro contados desde la
presentación de la petición». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 17 de octubre de 2019, exp. 20001233300020140001501 (4447-2016).
16
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00559-01 (4804-2023)
Demandante: Rubén Darío González Vidal
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La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el
conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso,
hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se
haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que
se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta
que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que
ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.
69. Del contenido de la citada norma, aplicable a la conciliación extrajudicial en
derecho, se advierte que en materia de lo contencioso-administrativo la suspensión
opera frente a la caducidad de la acción20. Lo anterior, soportado, además, en que
las normas relativas a la prescripción de los derechos laborales como es el caso de
los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 101 del Decreto 1848 de 1969 y, por
supuesto, el artículo 151 del CPL, se refieren a la interrupción de la prescripción, en
concreto, al abordar el término «que tiene el empleado o trabajador para acudir a la
autoridad competente para reclamar un derecho, lo cual se hace a través de las
respectivas acciones contempladas en el ordenamiento legal correspondiente»21.
70. En línea con lo expuesto, se pronunció, recientemente, la Subsección A de
la Sección Segunda de esta corporación, quien, en sentencia del 12 de junio de
202522, se refirió a la interpretación del artículo 21 de la Ley 640 de 2001, de la
siguiente forma:
La Sala no acoge el anterior planteamiento porque si bien es cierto la demandante
inició el trámite conciliatorio el 5 de octubre de 2011, la suspensión de términos que
se produce por virtud de la etapa de conciliación extrajudicial llevada a cabo ante la
Procuraduría tiene efecto de suspender el ejercicio del derecho de acción, más no
ampliar el término de modo que se impida la extinción del derecho, así lo consideró
esta Subsección23 ante una situación similar:
En efecto, de la lectura del artículo 21 de la ley en comento, se puede evidenciar
que con la radicación de la solicitud de conciliación prejudicial se produce la
suspensión de la caducidad o de la prescripción; sin embargo, dicho precepto
se dirige a la oportunidad de la radicación de la demanda —para la justicia
laboral ordinaria se cuentan 3 años para incoar la acción y para la justicia de lo
contencioso administrativo en lo laboral, de 4 meses, por concepto de la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho—. [...]
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 5 de septiembre
de 2013, exp. 19001-23-31-000-2011-00514-01(19643). En esta decisión, aunque se unificó jurisprudencia en
punto a los asuntos no conciliables, como los tributarios, se hizo referencia al artículo 21 de la Ley 640 de 2001
en conexidad con el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009 y frente a estas normas se señaló que «el término de
caducidad de la acción se suspende en aquellos conflictos no susceptibles de conciliación […]». A partir de ello
se citó el contenido de un auto proferido el 4 de octubre de 2012 por la Sección Primera de esta corporación
que al referirse a la norma ibidem expresó que «la solicitud de conciliación prejudicial, sólo suspende el término
de caducidad, en los siguientes casos[…]». También se consultó la providencia dictada por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 25 de junio de 2020, dentro del expediente núm. 23001-23-33-
000-2018-00046-01(4689-18).
21 Ibidem.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
12 de junio de 2025, exp. 13001 33 33 011 2015 00048 01 (3433-2022).
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2022, radicación
13001 2333 000 2018 00668 01 (2269-2020).
17
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00559-01 (4804-2023)
Demandante: Rubén Darío González Vidal
Demandado: Municipio de San Pedro (Valle del Cauca)
Lo anterior quiere decir que la norma en comento aplica en materia procesal,
para identificar el ejercicio oportuno del derecho de acción y no para la
prescripción extintiva de un derecho, como ocurre en el sub lite; por lo tanto, la
parte demandante no puede pretender que la prescripción extintiva del derecho
se interrumpa, con ocasión de la reclamación en sede administrativa, por 3
años, y, además, este término se suspenda con ocasión de la conciliación
prejudicial, pues se trata de dos figuras distintas. […].
71. De forma similar se pronunció la referida Subsección, en sentencia del 8 de
febrero de 202424, en la que explicó lo siguiente frente al término prescriptivo, y la
incidencia de la conciliación extrajudicial:
Es oportuno aclarar que la Sala no avala la tesis del recurso de apelación que
predica que la expedición de la certificación, por parte de la Procuraduría, en
torno a la conciliación prejudicial amplía, por 3 años más el término extintivo,
pues, por un lado, la norma que establece la figura extintiva permite su
interrupción, por una sola vez, y producto de la petición que, oportunamente,[…]
realice el interesado y, por otro lado, dicha interpretación no tiene sustento
normativo alguno; por lo tanto, esa institución jurídico procesal se configuró,
para el caso que se analiza, en los términos descritos con antelación, razón
suficiente para resolver desfavorablemente el planteamiento del recurso en
torno a la sanción moratoria pretendida.
72. En consecuencia, el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 no suspendía el
término de prescripción en el caso particular, hasta la expedición del acta
correspondiente, ya que como se expuso y sustentó en líneas anteriores, este solo
se interrumpió, por una vez, con la interposición de la petición, sin que la demanda
correspondiente se hubiera presentado dentro de los 3 años siguientes a esta.
73. Por ende, la interpretación adecuada del artículo 21 de la Ley 640 de 2001,
en materia contencioso-administrativa, es que este se refiere al instituto procesal de
la caducidad de la acción, lo que impide que este se traslade a impedir la
prescripción extintiva del derecho. De ahí que una cosa es el derecho a accionar,
del cual se desprende la obligatoriedad de agotar el requisito de conciliación
extrajudicial para iniciar la acción judicial25, que tiene naturaleza procesal, y otra
distinta la prescripción extintiva del derecho de carácter sustancial. Por ende, el
supuesto invocado por el aquí apelante no tiene vocación de prosperar, sin que se
afecte el principio de favorabilidad en las fuentes de derecho laboral al tratarse de
una norma eminentemente procesal.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8
de febrero de 2024, 8001 23 33 000 2017 00187 01 (3662-2019).
25 Numeral 1 del artículo 161 del CPACA: «Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación
extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas
a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales».
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Radicación: 76001-23-33-000-2018-00559-01 (4804-2023)
Demandante: Rubén Darío González Vidal
Demandado: Municipio de San Pedro (Valle del Cauca)
3.6. Conclusión de la decisión
74. A partir del estudio de los argumentos expuestos, la Sala concluye que operó
la prescripción extintiva del derecho a la sanción moratoria derivada de la ausencia
de consignación de las cesantías anualizadas del señor Rubén Darío González
Vidal respecto de las anualidades de 2002 a 2012. Puntualmente, en lo que respecta
a este último año, la radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial no
suspende el término de prescripción extintiva, por lo que el instituto de la
prescripción también operó frente a este período.
3.7. Costas
75. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 26 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
76. En línea, pese a que no fue un aspecto apelado, la Sala revocará la condena
en costas impuesta en primera instancia, porque esta no se sustentó en la
acreditación de una conducta dilatoria o de mala fe del demandante.
77. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el 27 de abril de 2023, salvo la condena en
26 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 76001-23-33-000-2018-00559-01 (4804-2023)
Demandante: Rubén Darío González Vidal
Demandado: Municipio de San Pedro (Valle del Cauca)
costas a la parte demandante, que se revoca, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas en las dos instancias.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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