Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01547-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2017-01547-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01547-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-01547-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1
Temas: Bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 4 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Mercedes Judith Zuluaga Londoño presentó demanda2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en
orden a que se declarara la nulidad de la Resolución DESAJMR13-6815 del 13 de
diciembre de 2013 expedido por la DESAJ de Antioquia, a través del cual se negó
1 En adelante DEAJ.
2 Folio 36. La demanda se presentó el 2 de junio de 2017.
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación de conformidad con
los Decretos 610 y 1239 de 1998; y del acto ficto o presunto producto del silencio
de la administración al recurso de apelación presentado en contra del acto anterior.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de las sumas adeudadas por concepto de
bonificación por compensación a partir del 1° de enero de 2001 o cuando el tribunal
lo determine; ii) el reconocimiento y pago de la diferencia salarial entre el pago
realizado desde el 1° de enero de 2001 y lo que corresponda en cumplimiento de la
sentencia emitida; iii) el pago de la diferencia salarial de las cesantías, vacaciones,
primas de navidad y demás factores e ingresos laborales; iv) el incremento a efectos
de liquidar y/o reliquidar las prestaciones sociales; v) el ajuste de las sumas
reconocidas, de conformidad con los artículos 187,192 y 195 del CPACA junto con
los intereses moratorios, desde la ejecutoria de la sentencia y hasta que se efectúe
el pago; vi) el cumplimiento de la sentencia, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 192 y 195 del CPACA; y vii) la condena en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes4:
3.1. Mercedes Judith Zuluaga Lodoño se desempeñó como magistrada del Tribunal
Administrativo de Antioquia desde el 14 de agosto de 2000 hasta el 30 de noviembre
de 2015.
3.2. Se acogió a la bonificación de gestión judicial de carácter permanente para los
magistrados de tribunal y otros funcionarios, prevista en el Decreto 4040 de 2004,
desistiendo de la interposición de acciones judiciales.
3.3. El 6 de septiembre de 2012 solicitó ante la DESAJ de Antioquia, el pago de la
bonificación por compensación correspondiente al 80% de lo devengado por los
magistrados de las altas cortes reconocidos en los decretos 610 y 1239 de 1998, a
partir del 1° de enero de 2001, más los incrementos legales de conformidad con el
Índice de Precios al Consumidor.
3.4. El 13 de diciembre de 2013 la DESAJ de Antioquia, a través de la Resolución
DESAJMR13-6815 negó la solicitud de bonificación por compensación, pues se le
había aplicado lo dispuesto en el Decreto 4040 de 2004 que estableció la
bonificación de gestión equivalente, siendo esta incompatible con los Decretos 610
y 1239 de 1998.
4 Folios 38 a 41
2
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
3.5. El 18 de diciembre de 2013 interpuso un recurso de apelación, el cual después
de 6 meses no fue resuelto, lo que generó silencio administrativo negativo.
3.6. De acuerdo con la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004 y «los
efectos ex tunc de la misma, los Decreto 610 y 1239 de 1998 recobraron su vigencia y, en
consecuencia, se habilitó nuevamente la posibilidad legal de acceder a la bonificación por
compensación contenida en estos, en los términos indicados en dicha normatividad, esto
es, desde el 1 de enero de 2001».
3.7. Las partes suscribieron un acuerdo conciliatorio el 24 de noviembre de 2015,
ante la Procuraduría 116 Judicial Delegada el cual fue improbado por la Sala
Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante Auto
774 del 29 de julio de 2016.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 4, 13 y 53 de la Constitución Política de
Colombia; 7 de la Ley 4 de 1992; 15 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo; las
leyes 319 de 1996 y 270 de 1996; y los decretos 610 y 1239 de 1998.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos5:
5.1. La norma aplicable al caso es el Decreto 610 de 1998 que creó la bonificación
por compensación y tuvo vigencia desde el 1º de enero de 2001 hasta el 24 de
enero de 2012, fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia del 14 de diciembre
de 2011, mediante la cual el Consejo de Estado anuló el Decreto 4040 de 2004.
Dicha decisión produjo efectos ex tunc, lo que implica que la nulidad retrotrae sus
consecuencias jurídicas a la fecha de expedición del decreto anulado, por lo que no
se configura la prescripción.
5.2. Mercedes Judith Zuluaga Londoño, es beneficiaria de la diferencia salarial
originada por el pago de una bonificación desde el 2001 hasta la fecha de su retiro.
5.3. En cuanto a la Resolución DESAJMR13-6815 y el silencio administrativo, se
encuentran viciados de nulidad pues se desconocieron: i) los derechos adquiridos
de los trabajadores, principios de progresividad y favorabilidad; ii) la
irrenunciabilidad de los derechos y garantías laborales; y iii) el derecho a la igualdad.
1.2. Contestación de la demanda
5 Folios 41 a 53
3
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
6. La DEAJ6 se opuso a las pretensiones de la demanda por las razones que se
expresan a continuación:
6.1. El
24 de noviembre de 2015, con el propósito de cumplir el requisito de
procedibilidad, las partes suscribieron un acuerdo conciliatorio ante la Procuraduría
116 Judicial Administrativa; no obstante, el Tribunal Administrativo determinó que
dicho acuerdo no cumplía con los requisitos necesarios para su aprobación.
6.2. Mediante la petición presentada el 6 de septiembre de 2013 se interrumpió el
término de prescripción teniendo en cuenta que la sentencia que declaró la nulidad
del Decreto 4040 de 2004 quedó ejecutoriada el 26 de enero de 2012. En
consecuencia, la entidad efectuó la liquidación desde el 25 de septiembre de 2010
hasta el 26 de enero de 2012, fecha en la que la rama judicial reconoció a los
magistrados de los tribunales el 80% de lo por todo concepto perciben los
magistrados de las altas cortes.
6.3. El reconocimiento de la bonificación por compensación, la prima especial de
servicios y la reliquidación de las prestaciones sociales no puede exceder el 80%
de los ingresos de los magistrados de las altas cortes; por ello, no procede otorgar
el 30% adicional de la prima especial ni recalcular las prestaciones, ya que ello
contravendría la ley y obligaría a la entidad a exigir la devolución de los valores
pagados en exceso.
6.4. De conformidad con la sentencia del 18 de mayo de 2016 proferida por la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, la prescripción de los periodos causados en
relación con el derecho a la bonificación por compensación se cuenta desde el 26
de enero de 2012, fecha de ejecutoria de la nulidad del Decreto 4040 de 2004. En
consecuencia, las solicitudes presentadas después del 27 de enero de 2015 están
sujetas a la prescripción trienal.
6.5. De acuerdo con la sentencia C-037 del 26 de enero del 2000 y el artículo 45 de
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, los actos generales sujetos de
control judicial tienen efectos hacia el futuro y no de forma retroactiva. Por lo tanto,
al no ser procedente el reconocimiento y pagos de forma retroactiva se actuó acorde
con las normas vigentes.
6.6. Proceden las siguientes excepciones: i) legalidad de los actos acusados; y ii)
prescripción trienal.
6 Folios 69 a 76
4
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, en sentencia
proferida el 4 de agosto de 20217 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:
«PRIMERO. -DECLARAR la nulidad de la Resolución No. DESAJMR13-6815 del 13 de
diciembre de 2013 proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín, Antioquia y, del acto administrativo presunto negativo por la falta de
decisión del recurso de apelación radicado el 18 de diciembre de 2013 por la
demandante en contra de la Resolución No. DESAJMR13-6815 del 13 de diciembre de
2013.
SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del
derecho, ORDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, reconocer y ordenar el pago a la señora MERCEDES
JUDITH ZULUAGA LONDOÑO, de las diferencias causadas desde el 4 de diciembre de
2004 y hasta el 30 de abril de 2012 (fecha en que dejó de devengar la bonificación por
gestión judicial), por haber percibido la bonificación por gestión judicial dispuesta en el
Decreto 4040 de 2004 (70% de lo que por todo concepto percibían los magistrados de
las Altas Cortes) y tener derecho a la bonificación por compensación del Decreto 610 de
1998 (80% de lo que por todo concepto percibían los magistrados de las Altas Cortes).
Se advierte que la reliquidación de la bonificación por compensación de la señora
MERCEDES JUDITH ZULUAGA LONDOÑO, no podrá superar en ningún caso el 80%
de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que
es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de
cesantías.
Las sumas resultantes a favor de la demandante, se ajustarán en su valor, en aplicación
de la fórmula indicada en la parte considerativa de la presente decisión.
TERCERO. - DECLARAR prescritas las diferencias causadas con anterioridad al 3 de
diciembre de 2004, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión.
CUARTO. - NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO. - La entidad deberá dar cumplimiento a esta decisión en los términos del
artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
SEXTO. - Sin condena en costas en esta instancia». (sic)
7 Folios 188 a 201
5
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, se pronunció en los siguientes términos8:
8.1. Mercedes Judith Zuluaga Londoño se desempeñó como magistrada del Tribunal
Administrativo de Antioquia desde el 14 de agosto de 2000 hasta el 30 de noviembre
de 2015. Elevó una petición el 6 de septiembre de 2013 ante la DESAJ de
Administración Judicial de Medellín, en la que solicitó el reconocimiento y pago de
los salarios (retroactivos) de conformidad con los decretos 610 de 1998 y 1102 del
24 de mayo de 2012 la cual fue resuelta de manera negativa a través de la
Resolución DESAJMR13-6815 del 13 de diciembre de 2013.
8.2. El 18 de diciembre de 2013 el demandante interpuso recurso de apelación contra
dicha decisión, sin obtener respuesta por parte de la DEAJ. Se llevó a cabo una
audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 116 Judicial II
Administrativa, en la cual se suscribió un acuerdo conciliatorio que fue improbado
por el Tribunal de Administrativo de Antioquia. La liquidación de las diferencias
realizadas por la rama judicial se realizó entre el 6 de septiembre de 2010 hasta el
26 de enero de 2012.
8.3. Se acreditó que Mercedes Judith Zuluaga Londoño, percibió bonificación de
gestión judicial desde febrero de 2005 hasta abril de 2012 y desde mayo de 2012
empezó a devengar la bonificación por compensación hasta noviembre de 2015.
Igualmente, que se acogió al régimen de bonificación de gestión judicial establecido
en el Decreto 4040 de 2004.
8.4. En consideración a que el Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo por la Sala
de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 14 de diciembre de
2011, sus efectos son ex tunc, por lo que la Resolución DESAJMR13-6815 del 13
de diciembre de 2013 y el acto presunto negativo, están viciados de nulidad.
8.5. Se ordenará el reconocimiento y pago de la diferencia entre la bonificación por
compensación del Decreto 610 de 1998 y la bonificación de gestión judicial creada
por el Decreto 4040 de 2004, sin superar el 80% que por todo concepto devenguen
los magistrados de alta corte.
8.6. Como entre la fecha que se hizo exigible el derecho, esto es, el 27 de enero de
2012 [fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040
de 2004] y la reclamación del 6 de septiembre de 2013, no transcurrieron los 3 años
previstos en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, no existe prescripción por
los periodos entre el 3 de diciembre de 2004 [fecha de entrada en vigencia Decreto
8 Folios 188 a 201
6
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
4040 de 2004] hasta el 27 de enero de 2012.
8.7. Si bien la reclamación en sede administrativa se hizo el 6 de septiembre de 2013
y la demanda se radicó el 2 de junio de 2017, pese a que debió presentarse el 6 de
septiembre de 2016 [es decir lo hizo 8 meses y 26 días después de la fecha límite],
no puede contabilizarse en contra de la demandante el tiempo que transcurrió entre
la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial (el 24 de julio de 2015) y
la fecha en la que se notificó el auto que improbó la conciliación extrajudicial (el 2
de agosto de 2016), lo que suma 1 año y 8 días.
8.8. Finalmente, se declararon prescritas las diferencias causadas con anterioridad
al 3 de diciembre de 2004 debido a que no hubo interrupción de la prescripción
durante el tiempo que no se presentó coexistencia de regímenes (5 de octubre de
2001 al 2 de diciembre de 2004).
1.4. El recurso de apelación
9
9. La DEAJ presentó el recurso de apelación base en lo siguiente :
9.1. De acuerdo con la sentencia C-037 del 26 de enero del 2000 y el artículo 45 de
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, se indica que los actos sujetos a
control tienen efectos hacia el futuro y no son posibles los efectos retroactivos
debido a que no son de carácter particular, por lo tanto, actuó acorde con las normas
vigentes porque solo se decretó la nulidad del Decreto 4040 de 2004 y no hubo
pagos retroactivos de acuerdo con la mencionada sentencia.
9.2. Frente al reconocimiento de la bonificación por compensación y la reliquidación
de las prestaciones sociales sobre el total de la remuneración mensual, incluyendo
el 30% de la primal especial, estos, no pueden sobrepasar el 80% de los ingresos
de los magistrados de alta corte. En ese sentido no es posible reconocer el 30%
adicional de la prima especial ni la liquidación de las prestaciones sociales, pues
implicaría desconocer el ordenamiento legal vigente.
9.3. El Decreto 610 del 26 de marzo de 1998, tenía efectos fiscales desde el 1° de
enero de 1999, fecha en la que se debió tener en cuenta los 3 años para radicar la
petición, y la demandante radicó la petición hasta el 6 de septiembre de 2013.
9.4. La sentencia de unificación del 18 de mayo de 2016 determinó que el término
de prescripción de la bonificación por compensación debe contarse desde la
declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, la cual quedó ejecutoriada el 26
7
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
de enero de 2012. En consecuencia, si la petición administrativa se presentó
después del 27 de enero de 2015, es decir, transcurridos tres años desde la
ejecutoria de la sentencia, debe aplicarse la prescripción trienal. Por tanto, habida
cuenta que la demandante ya no tenía vigente el derecho al momento de presentar
su reclamación y, aun así, se pretendió revivir los términos de prescripción, de
accederse a las pretensiones, estas solo podrían reconocerse por el periodo
comprendido entre el 6 de septiembre de 2010 y el 6 de septiembre de 2013.
9.5. No se declaró la nulidad de la Resolución DESAJMR 14-3900 del 20 de marzo
de 2014 a través de la cual concedió el recurso de apelación contra la Resolución
DESAJMR13-6815 del 13 de diciembre de 2013 expedido por la DESAJ de
Antioquia.
9.6. Proceden las excepciones de i) legalidad de los actos acusados; y ii) prescripción
trienal.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar en los términos del numeral 5
ibidem.
1.6. El Ministerio Público
11. En esta oportunidad no se pronunció10.
2. Consideraciones
2.1 El problema jurídico
12. Se circunscribe a resolver ¿si la entidad demandada podía omitir el pago de la
diferencia de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998,
con fundamento en que dicha bonificación fue liquidada conforme con el Decreto
4040 de 2004 por ser la norma vigente, dado que la sentencia que anuló este último
no tiene efectos retroactivos? ¿si el eventual reconocimiento del derecho reclamado
excedería los topes fijados por el gobierno nacional por concepto de bonificación
por compensación? ¿si operó la prescripción del periodo en el que Mercedes Judith
Zuluaga Londoño laboró como magistrada de tribunal? ¿si procedía la declaratoria
10 Así se desprende del informe secretarial, visible a folio 35.
8
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
de nulidad de la Resolución DESAJMR 14-3900 del 20 de marzo de 2014 a través
de la cual la entidad concedió el recurso de apelación contra la Resolución
DESAJMR13-6815 del 13 de diciembre de 2013 expedido por la DESAJ de
Antioquia?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. La bonificación por compensación
13. El artículo 13 de la Constitución Política en desarrollo del derecho a la igualdad,
señaló que todas las personas recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación y que el Estado deberá promover las condiciones para que
la igualdad sea real y efectiva, así como adoptar las medidas necesarias para su
defensa.
14. En esa medida y ante la notoria desigualdad salarial existente entre algunos
grupos de servidores públicos, el gobierno nacional en ejercicio de sus facultades,
especialmente las señaladas en el literal b) del artículo 1 de la Ley 4ª de 1992,
expidió el Decreto 610 de 1998, mediante el cual creó la «[b]onificación por
compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima especial de servicios y
a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por ciento (60%) de los
ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura», la
cual «sólo constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes»[se resalta].
15. Lo anterior en consideración a que, para el año fiscal de 1998, la remuneración
de los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, contencioso
administrativo, nacional y superior militar; los magistrados auxiliares de la Corte
Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura;
los abogados auxiliares del Consejo de Estado; los fiscales y jefes de unidad ante
el Tribunal Nacional; los fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante el
tribunal de distrito, y los jefes de unidad de fiscalía ante tribunal de distrito equivalía
al 46%, en comparación con la que percibían los magistrados de las altas cortes.
Por ende, acordó un esquema que gradualmente permitiera superar la desigualdad
económica entre los dos niveles mencionados, iniciando en un 60% para el año
1999, para posteriormente aumentar en un 70% en el año 2000, y finalmente llegar
al 80% en el año 2001, de lo que por todo concepto devengaran anualmente los
magistrados de las altas cortes.
9
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
16. Asimismo, mediante el Decreto 1239 de 199811, el gobierno nacional extendió los
beneficios a los secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
de Estado, la Corte Constitucional y al secretario judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
17. Sin embargo, estas disposiciones fueron derogadas por el Decreto 2668 del 31
de diciembre de 199812, que a la postre dio origen a una serie de decretos que
reglamentaron la bonificación por compensación en forma anual13.
18. No obstante, mediante sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001 se declaró
nulo el Decreto 266814; situación que generó que los decretos 610 y 1239 de 1998
regresaran al ordenamiento jurídico.
19. Posteriormente, el gobierno nacional mediante el Decreto 4040 de 2004 15 creó
para el mismo grupo de servidores [a que aludía el Decreto 610] la llamada
«Bonificación de Gestión Judicial, con carácter permanente, que sumada a la asignación
básica y demás ingresos laborales iguale al setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes, para los funcionarios de la Rama
Judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación, y el Ministerio de Defensa Nacional». En
este se estableció, a su vez, su incompatibilidad con la bonificación por
compensación establecida en el Decreto 610 de 199416.
20. Además, en aquel acto se señaló que podrían optar por el reconocimiento y pago
de esta bonificación los servidores señalados en la norma, siempre y cuando se
encontraran en una de las siguientes situaciones:
20.1. Quienes habían iniciado acciones judiciales relacionadas con la bonificación por
compensación y desistieran de sus pretensiones, para lo cual debían renunciar
expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los términos del
artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; y
11 «Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998».
12 «por el cual se derogan los Decretos 610 de marzo 26 de 1998 y 1239 de julio 2 de 1998».
13 Los decretos 664 del 13 de abril de 1999, derogado por el Decreto 2738 del 27 de diciembre de
2000, derogado por el Decreto 1476 del 19 de julio de 2001, derogado por el Decreto 2726 del 17 de
diciembre de 2001, derogado por el Decreto 663 del 10 de abril de 2002, derogado por el Decreto
3570 del 11 de diciembre de 2003.
14 Proferida dentro del proceso con radicado 395-99, conjuez ponente Álvaro Lecompte Luna.
15 «Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros
funcionarios».
16 «Decreto 4040 de 2004, Artículo 2, Parágrafo 2º. La Bonificación de Gestión Judicial tendrá efectos
fiscales a partir del 1º de enero de 2004 y es incompatible con la Bonificación por Compensación,
que hasta la fecha de expedición del presente Decreto se viene reconociendo a los servidores citados
en el presente artículo» [Se resalta].
10
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
20.2. Los que no hubieran efectuado tales reclamaciones y suscribieran contratos de
transacción para precaver litigios futuros relacionados con la bonificación por
compensación.
21. Así las cosas, para este grupo de servidores se crearon dos regímenes, el
primero señalado en el Decreto 610 de 1998 que creó la bonificación por
compensación con carácter permanente, que sumada a la prima especial de
servicios y a los demás ingresos laborales igualaba hasta el 80% de lo que por todo
concepto percibían los magistrados de alta corte; y otro, en el que se concedió una
bonificación de gestión judicial en iguales condiciones pero que solo alcanzaría el
hasta 70% de esos ingresos [tal y como lo señala el Decreto 4040 de 2004].
22. No obstante, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia proferida
el 14 de diciembre de 201117 declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, pues
consideró, entre otras razones, que violaba los principios tutelares de la Constitución
Política de Colombia, en tanto que los destinatarios del Decreto 610 de 1998
adquirieron un derecho que el gobierno nacional no podía suprimir con uno
regresivo, y menos aún a través de una transacción sobre derechos ciertos e
indiscutibles.
23. Al respecto, la Sala de Conjueces advirtió que tal y como se había señalado en
anteriores pronunciamientos18 aquella situación [la de tener dos regímenes para un
mismo grupo de servidores] generaba un trato desigual y discriminatorio. Al
respecto, señaló:
«En tales condiciones, para una misma categoría de servidores que están en un mismo
plano de igualdad, en cuanto en virtud de la soberanía, tienen la facultad de administrar
justicia, ejecutando la misma labor, teniendo el mismo horario, idénticas funciones y
responsabilidades, deben cumplir los mismos requisitos y calidades generales y
específicas para desempeñar el cargo, dos normas aún vigentes, el decreto 610 de 1998
y el decreto 4040 de 2004, establecieron a su vez dos regímenes laborales referentes
al monto de la asignación mensual, que se diferencian en que en el primero, el salario
es del 80% y en el segundo es el 70% de lo devengado por los Magistrados de las Altas
Cortes.
De tal manera, la norma posterior, el decreto 4040 de 2004, creó una desigualdad
manifiesta entre iguales, como son los Magistrados de Tribunales, posibilitando un
trato diferenciado basado en la validez del consentimiento dado para aceptar una
transacción o desistimiento de un derecho irrenunciable.
17 Radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01, NI 10067-2005, demandante: Jairo Hernán Valcárcel,
conjuez ponente: Carlos Arturo Orjuela Góngora.
18 Al efecto citó la sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del conjuez Luis Eduardo Pineda Palomino,
sentencia del 7 de julio de 2011, expediente 2009-00603.
11
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
Para la Sala, independientemente de la situación, categoría o status social, político,
económico o intelectual de un trabajador público o privado, está prohibido
constitucionalmente renunciar a sus derechos adquiridos, o transar o conciliar
sobre derechos ciertos e indiscutibles». [Se resalta].
24. Además, en aquella oportunidad, la Sala reiteró que «los destinatarios del decreto
610 de 1998, […] ganaron el derecho a la bonificación allí establecida desde que
ingresar[on] al servicio de la Rama Judicial en sus condiciones de Magistrados, no
pudiéndose mediante otra norma o acto jurídico afectárseles tal derecho, por estar
cobijados por el principio mínimo fundamental de derecho del trabajo, de la irrenunciabilidad
de los derechos laborales por sus titulares, y por ello, no podrá un tercero, - el Estado o los
particulares - suprimirlos, pues, su carácter de derecho humano fundamental así lo impone,
quedando amparados por la regla pro operario “De la Condición Más Beneficiosa”,
consagrada en el artículo 53 inc. 5º de la Constitución Política». De acuerdo con lo
anterior, concluyó que el decreto demandado afectaba esencialmente el derecho de
igualdad entre servidores del mismo nivel o rango sin justificación alguna; disminuía
inequitativamente la remuneración mensual de aquellos que tienen el mismo
derecho que sus pares judiciales; y le «abr[ía] camino al quebrantamiento de un
postulado fundamental en estas relaciones de trabajo, como es el de que no se puede
transigir o conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles».
25. En sentencia del 18 de mayo de 2016, la sala de conjueces de la Sección
Segunda de esta corporación señaló que solo a partir de la declaratoria de nulidad
del Decreto 4040 de 2004 [dispuesta en la sentencia del 14 de diciembre de 2011,
que cobró ejecutoria el 27 de enero de 2012] es que se «superó la discusión en relación
con la vigencia simultánea entre el régimen contemplado en el decreto 610 de 1998,
denominado “Bonificación por Compensación”, dirigido a algunos servidores de la rama
judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa, que con
anterioridad a la publicación del decreto se encontraran desempeñando los cargos
enumerados [allí]».
26. De acuerdo con lo anterior, advirtió que ante la coexistencia de 2 regímenes
salariales diferentes [contenidos en los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004], no
podía aludirse a la exigibilidad del derecho a reclamar [en los términos del decreto
3135 de 1968], pues no era posible establecer cuál de ellos era el exigible; de
manera que concluyó que esta exigibilidad se «reputa[ba] sólo hasta la fecha de
ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir, a
partir del 28 de enero de 2012».
27. Por otro lado, analizó el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, en virtud del cual advirtió
que el régimen de la prima especial de servicios allí contenida no hizo distinción
entre salario y prestaciones sociales, pues aludió únicamente a ingresos laborales
totales; de acuerdo con lo cual, concluyó que el auxilio de cesantías debía ser
tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios
12
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
de los servidores mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes
tendrían derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto
devengan los congresistas.
28. Además, precisó que este régimen tiene una clara incidencia en la determinación
de la bonificación por compensación de los servidores públicos que se encontraban
sujetos al Decreto 610 de 1998, pues esta norma previó la nivelación salarial al 60%,
70% y 80% «de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior
de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
de Estado» para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes, respectivamente. En este
sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un
ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención
a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de
200319, no existían razones para que se hiciera «abstracción de la misma, o de
cualquiera de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al momento de fijar
el monto a cancelar por concepto de bonificación por compensación a favor de los
servidores mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998» (sic).
29. En ese sentido, concluyó que «e[ra] necesario que el monto percibido por los
Magistrados de las Altas Cortes por [concepto de prima especial], y que haya sido liquidado
teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los Congresistas, debe ser un factor para
determinar el valor de la bonificación por compensación».
30. Finalmente, el gobierno nacional expidió otra serie de decretos que asignaban
unos valores fijos anuales por concepto de bonificación por compensación, y que
fueron derogados secuencialmente por decretos posteriores20, hasta llegar al
Decreto 1102 de 201221, por la cual dispuso que a partir del 27 de enero de 2012,
la bonificación por compensación que venían percibiendo con carácter permanente
los servidores de la rama judicial, la justicia penal militar, la Fiscalía General de la
Nación y agentes del ministerio público equivaldría a un valor que sumado a la
asignación básica y demás ingresos laborales igualara al 80% de lo que por todo
concepto devengaran anualmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura;
y que esta sólo constituiría factor salarial para efecto del ingreso base de cotización
del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en
Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.
19 Que declaró inexequible el aparte del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 que aludía a que esta prima
no tendría carácter salarial.
20 Decretos 4040 de 2004, 944 de 2005, 401 de 2006, 630 de 2007, 670 de 2008, 735 de 2009, 1400
de 2010,
1051 de 2011, 887 de 2012, y 1102 de 2012.
21 «Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros
funcionarios».
13
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
31. Además, en aquel acto se dispuso que como consecuencia de la declaratoria de
nulidad del Decreto 4040 de 2004, los servidores que venían percibiendo la
bonificación de gestión judicial percibirían, a partir de la fecha de ejecutoria de esa
sentencia, la bonificación por compensación en los mismos términos y condiciones
señaladas para su reconocimiento en el artículo 1° de ese decreto [artículo 2].
2.2.2. La incidencia de la prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de
1992 en la bonificación por compensación
32. La Ley 4ª de 1992 creó una prima especial para servidores de la rama judicial,
de la justicia penal militar, de la Fiscalía General de la Nación y los agentes del
ministerio público. Al respecto, previó lo siguiente:
Artículo 15. Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador
General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la
Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una
prima especial de servicios, sin carácter salarial22, que sumada a los demás ingresos
laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin
que en ningún caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros
del Despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública».
33. En desarrollo de esta norma, el gobierno nacional profirió el Decreto 10 de
199323, en cuyo artículo 1 estableció que la prima especial de servicios debía
corresponder a «la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos por los
miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen derecho a ella»;
y señaló además que para establecerla «se entiende que los ingresos laborales totales
anuales percibidos por los Miembros del Congreso son los de carácter permanente,
incluyendo la prima de Navidad» [artículo 2].
22 Aparte tachado [sin carácter salarial] declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003, conjuez ponente Ligia Galvis Ortiz. Lo anterior por cuanto
la Ley 332 de 1996 que le otorgó carácter salarial a la prima especial de servicios para los servidores
señalados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y otros más, sin tener en cuenta a los previstos en
el artículo 15, para quienes se conservó el carácter no salarial de dicha prima, lo que produjo una
inconstitucionalidad sobreviniente. Además, en el fallo se estableció lo siguiente:
«La presente decisión produce efectos en las cotizaciones y liquidación de las pensiones de
jubilación de los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la
Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Procurador General de la Nación, el Fiscal
General de la Nación, el Registrador Nacional del Estado Civil y el Defensor del Pueblo, servidores
contemplados en el artículo 15 de la ley 4a de 1992.
3. La prima especial de servicios constituirá factor de salario solo para la cotización y liquidación de
la pensión de jubilación de acuerdo con las normas nacionales vigentes que regulan el régimen
prestacional de los funcionarios señalados».
23 «por el cual se regula la prima especial de servicios».
14
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
34. Con la creación de esta prima especial se buscó equiparar los derechos
percibidos por los servidores señalados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 a lo
que por todo concepto devengaran los congresistas.
35. Valga recordar que la prima especial tiene incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación, en tanto el Decreto 610 de 1998 previó que esta
bonificación sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales debía igualar inicialmente al 60% de los ingresos laborales que
por todo concepto percibían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.
2.4. Caso concreto
36. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
36.1. Según constancia de la Oficina de Administración Documental del 2 de octubre
de 201824, Mercedes Judith Zuluaga Londoño se desempeñó como magistrada de
tribunal desde el 14 de agosto de 2000 hasta el 30 de noviembre de 2015.
36.2. El 6 de septiembre de 201325, Mercedes Judith Zuluaga Londoño solicitó a la
DESAJ de Antioquia el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación
a partir del 1° de enero de 2001 por el desempeño en el cargo de magistrada del
Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con el Decreto 610 de 1998.
36.3. La DEAJ expidió la Resolución DESAJMR 13-6815 del 13 de diciembre de
201326 con la que negó la petición con fundamento en que la bonificación de gestión
judicial prevista en el Decreto 4040 de 2004 fue liquidada y pagada.
36.4. Por lo anterior, interpuso recurso de apelación el 18 de diciembre de 201327,
sin que exista prueba de haber sido resuelto por la entidad.
36.5. El24 de julio de 2015 Mercedes Judith Zuluaga Londoño solicitó una
conciliación extrajudicial, la cual fue admitida por auto del 30 de julio de 2015
proferido por la Procuraduría 1116 Judicial II para Asuntos Administrativos. El 23 de
septiembre de 2015 se suspendió la audiencia de conciliación con el fin de que la
División de Procesos de la DEAJ señalara los parámetros bajo los cuales se podía
presentar fórmula conciliatoria. El 24 de noviembre de 2015 se llegó a un acuerdo
24 Folio 112
25 Folio 11
26 Folios 14 a 17
27 Folios 18 a 19
15
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
conciliatorio; no obstante, fue improbado por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala de Decisión Oral, mediante auto del 29 de julio de 201628.
2.5. Análisis sustancial del caso concreto
37. Se advierte que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión
declaró la nulidad de la Resolución DESAJMR13 - 6815 del 13 de diciembre de 2013
y del acto administrativo presunto negativo, y a título de restablecimiento del
derecho, condenó a la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a reconocer y pagar las diferencias adeudadas por concepto de
bonificación por compensación en el equivalente al 80% de lo que por todo concepto
devenga un magistrado de las altas cortes, a partir del 4 de diciembre de 2004 y
hasta el 30 de abril de 2012 y declaró prescritos los periodos causados con
anterioridad al 3 de diciembre de 2004.
38. En contra de esta decisión la DEAJ presentó recurso de apelación con
fundamento en i) la bonificación fue liquidada conforme con el Decreto 4040 de 2004
por ser la norma vigente, dado que la sentencia que lo anuló no tiene efectos
retroactivos; ii) de reconocerse el derecho reclamado se superarían los topes
previstos en el Decreto 610 de 1998; iii) operó la prescripción de los periodos
causados toda vez que el Decreto 610 del 26 de marzo de 1998 tuvo efectos fiscales
desde el 1º de enero de 1999, fecha a partir de la cual la demandante disponía del
término legal para presentar su reclamación, la cual solo formuló el 6 de septiembre
de 2013. Además, la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004
quedó ejecutoriada el 26 de enero de 2012, y la solicitud administrativa fue
presentada después del 27 de enero de 2015, por lo que resulta aplicable la
prescripción trienal. En consecuencia, de accederse a las pretensiones, el
reconocimiento únicamente podría comprender el periodo entre el 6 de septiembre
de 2010 y el 6 de septiembre de 2014; y iv) no se declaró la nulidad de la Resolución
DESAJMR 14-3900 del 20 de marzo de 2014 a través de la cual la entidad concedió
el recurso de apelación contra la Resolución DESAJMR13-6815 del 13 de diciembre
de 2013 expedido por la DESAJ de Antioquia.
39. A efectos de resolver los problemas jurídicos planteados, en primer lugar, la Sala
debe señalar que tal y como se expuso en el marco normativo de esta decisión el
Decreto 610 de 1998 creó una bonificación por compensación equivalente
[inicialmente] al 60% de los ingresos laborales que por todo concepto percibían los
magistrados de las altas cortes, el cual aumentaría en un 80% para el año 2001.
40. Con posterioridad, se expidió el Decreto 4040 de 2004 en virtud del cual se creó
28 Esto se desprende del auto del 29 de julio de 2016.
16
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
la bonificación de gestión judicial, la cual, de acuerdo con lo dispuesto en esa norma,
sería incompatible con la bonificación por compensación; esto explica que el aludido
decreto reconoció la existencia de ambos regímenes pues insistió en que el servidor
que devengara la bonificación por compensación no podría percibir la de gestión
judicial. Además, de su contenido no se extrae derogatoria alguna del Decreto 610.
41. De acuerdo con lo anterior, la primera conclusión a la que se llega es que el
Decreto 610 de 1998 no perdió vigencia, pues no fue derogado por el Decreto 4040,
sino que coexistía con este.
42. Ahora bien, tal y como se señaló en la sentencia del 14 de diciembre de 2011,
los beneficiarios de la bonificación por compensación eran aquellos servidores
destinatarios del Decreto 610, es decir, aquellos que se vincularon en los cargos
señalados en esa norma; cuya disposición otorgaba un derecho laboral, mínimo e
irrenunciable, que no podía ser soslayado con la expedición de esa disposición
posterior.
43. En efecto, si se tiene en cuenta que los destinatarios del Decreto 4040 de 2004,
son los mismos del Decreto 610 de 1998, resulta evidente que para una misma
categoría de servidores se establecieron 2 regímenes pues unos gozaron del
derecho a una bonificación por compensación equivalente al 80% de lo devengado
por los magistrados de las altas cortes y el otro una bonificación de gestión judicial
que correspondía al 70% de lo devengado por esos altos servidores.
44. Así pues, los servidores que se acogieron al Decreto 4040 de 2004, quienes para
obtener inmediatamente el pago del 70% indicado, debían desistir de las
pretensiones de las demandas que habían instaurado en procura de obtener el pago
del 80% de lo devengado por los magistrados de las altas cortes, o celebrar
contratos de transacción con propósitos idénticos, se encontraban en una situación
de desigualdad manifiesta entre iguales, fundado en el consentimiento otorgado
para aceptar una transacción o desistimiento de un derecho irrenunciable.
45. En casos como el que se analiza, esta corporación no puede desamparar al
trabajador de sus derechos y garantías fundamentales. Esta consideración se
desprende de la lectura del artículo 53 de la Constitución Política de 1991 que
establece que «la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y como
mínimos fundamentales reconoce la igualdad de oportunidades para los
trabajadores, que en este caso se vio afectado como consecuencia de la existencia
de 2 regímenes para igual grupo de servidores y con diferencias sustanciales que
afectaban el salario.
17
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
46. Así ocurrió en punto de la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, que se encuentra íntimamente relacionada con la
vulneración del derecho a la igualdad tantas veces referida, pues se creó una
situación de discriminación entre pares; la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, que se vio afectada con las disposiciones
contenidas en el Decreto 4040 al que se vieron impulsados los trabajadores a
acogerse; y, finalmente, primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales, pues la situación fáctica de estos
trabajadores pone en evidencia que aun cuando formalmente desistieron de las
pretensiones en las demandas interpuestas con el fin de reclamar la bonificación
por compensación o suscribieron contratos de transacción con el fin de precaver
litigios futuros en torno a dicho emolumento, la realidad evidenció que se trató de
una situación que los puso en un plano de desventaja o desigualdad frente a otros
trabajadores que se encontraban en similares o exactas condiciones de ingreso,
permanencia y funciones, pero que, por no haberse acogido a este decreto,
mantuvieron un ingreso salarial superior.
47. Estas disposiciones de orden constitucional encuentran respaldo también en los
convenios internacionales debidamente ratificados. Al efecto, es necesario remitirse
a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 29 que previó
una garantía al derecho a la igualdad a través del principio de «salario igual por un
trabajo de igual valor». En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa
organización30, desarrolló el principio anterior al establecer que «todo miembro para
el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política
nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas
nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con
objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».
48. En igual sentido, el «[p]rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»31 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción». Así lo establece el artículo 7
29 Aprobada el 11 de abril de 1919.
30 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
31 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
18
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales32; y sobre
el particular la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración de los
trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad,
cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en igualdad de
condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando se trata de
hipótesis distintas33.
49. Aunado a lo expuesto, el artículo 142 del Código Sustantivo del Trabajo establece
que el derecho al salario es irrenunciable y que no se puede ceder en todo ni en
parte, a título gratuito ni oneroso. En igual sentido lo ha reconocido la jurisprudencia
constitucional al sostener que «la irrenunciabilidad del salario constituye una garantía
mínima laboral que tiene un efecto protectivo del ingreso del trabajador para su subsistencia
y la de su familia, por ejemplo, para evitar que ante problemas económicos de la empresa,
el trabajador decidiese -por un acto de solidaridad con su empleador- renunciar a todo o
parte de su salario por un tiempo determinado. Sin embargo, el adquirir créditos, para honrar
su pago mediante la modalidad de libranzas, no se compadece con el alcance del verbo
“renunciar” contenido en el artículo 53 de la Constitución»34.
50. De esta manera, debe entenderse que aun cuando los trabajadores que eran
beneficiarios de las prerrogativas del Decreto 610, pero que, por virtud de lo
dispuesto en el Decreto 4040 se acogieron a sus disposiciones como consecuencia
de haber desistido de las acciones judiciales en las que pretendían el
reconocimiento de la bonificación por compensación o celebraron contratos de
transacción con igual fin, convinieron en actos ineficaces por ser irrenunciables e
intransigibles, lo que les permite el acceso a su disfrute.
51. Deacuerdo con lo anterior, corresponde otorgarle vigencia a los principios
mínimos fundamentales establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política de
1991 relativos a la igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración
mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; irrenunciabilidad
32 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
33 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
34 Corte Constitucional C-032 de 2018
19
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; y primacía de la realidad
sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales,
analizados en precedencia.
52. En efecto, en respuesta a la petición de la demandante, la entidad señaló que
que la bonificación de gestión judicial prevista en el Decreto 4040 de 2004 fue
liquidada y pagada. Por lo que es posible concluir que en efecto la diferencia entre
ambas bonificaciones sí se dio en el caso concreto. De acuerdo con lo anterior,
corresponde otorgarle vigencia a los principios mínimos fundamentales establecidos
en el artículo 53 de la Constitución Política de 1991 relativos a la igualdad de
oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales; y primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, analizados en
precedencia.
53. En consecuencia, los argumentos expuestos por la entidad en los que afirma que
el demandante no tiene derecho a la bonificación por compensación debido a que
aplicó el régimen jurídico vigente y que la anulación del Decreto 4040 de 2004 no
puede ser aplicada de forma retroactiva ya que la sentencia que lo anuló rige hacia
el futuro no tiene vocación de prosperidad, por cuanto el referido decreto coexistió
con el Decreto 610 de 1998, sin derogarlo, y estableció un trato desigual e
injustificado entre servidores que desempeñaban las mismas funciones, afectando
el derecho a la igualdad, a una remuneración proporcional y a la irrenunciabilidad
de derechos laborales mínimos, conforme al artículo 53 de la Constitución y tratados
internacionales ratificados por Colombia; y si bien la entidad no tiene facultades para
interpretar ni inaplicar normas, debía garantizar la aplicación del régimen más
favorable al trabajador, tal como lo imponen los principios del derecho laboral y el
bloque de constitucionalidad, sin que pueda escudarse en una aplicación
meramente formal del Decreto 4040 para justificar una afectación a derechos
fundamentales. Por tanto, este argumento debe ser desestimado.
54. En segundo lugar, la demandada consideró que de reconocerse el derecho
reclamado, se superarían los topes previstos por el gobierno nacional en el Decreto
610 de 1998. Al respecto, es de precisar que, en sentencia del 2 de septiembre de
201935 esta corporación indicó que «[l]a bonificación por compensación para
magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por
todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que
por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un
piso y un techo. La reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto a
35 Expediente 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), M.P. Carmen Anaya De Castellanos.
20
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
los magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la respectiva anualidad,
sus Ingresos anuales efectivamente percibidos NO hayan alcanzado el tope del ochenta
por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido
en ello las cesantías de los congresistas»
55. Recientemente, en sentencia 7 de diciembre de 2021 36, igualmente manifestó
esta corporación que «es pacífica la jurisprudencia sobre el alcance del beneficio
económico laboral de la bonificación por compensación, regulado en el Decreto 610 de
1998, no solo frente a las preceptivas del Decreto 4040 de 2004 sino también respecto de
la inclusión en la base de liquidación de la bonificación por compensación de la prima
especial de servicios, teniendo en cuenta para ello las cesantías de los congresistas».
56. En efecto, el Decreto 610 de 1998 establece lo siguiente: «[c]réase, para los
funcionarios enunciados en el artículo 2 del presente decreto, una Bonificación por
Compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima especial de servicios y a
los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por ciento (60%) de los ingresos
laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura. La
Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de determinar
las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la prima
especial de servicios de los Magistrados de las Altas Cortes.
57. Así pues, se destaca como característica esencial que la bonificación «sumada a
la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales» debe igualar el
80% de lo que por todo concepto devengaran anualmente los magistrados de alta
corte, lo que impone concluir que el auxilio de cesantía es un concepto a considerar
al momento de liquidar el valor de la bonificación reclamada. En efecto, no puede
desconocerse que desde su creación las cesantías han sido concebidas como un
auxilio económico para quienes terminan su vínculo laboral por retiro del servicio;
de manera que corresponde a una prestación a la que tienen derecho todos los
trabajadores y, por tanto, debe ser incluida como un concepto percibido anualmente
por los magistrados de alta corte.
58. Valga precisar que si bien el Decreto 10 de 1993 dispuso que para establecer la
prima especial de servicios prevista en ese decreto, se entendía que «los ingresos
laborales anuales percibidos por los Miembros del Congreso son los de carácter
permanente, incluyendo la prima de Navidad», lo cierto es que esa disposición en nada
se opone a la consideración según la cual para calcular la bonificación por
compensación debe tenerse en cuenta las cesantías, pues nótese que la norma
aludida reguló la prima especial de servicios, en tanto que, se insiste, la norma
creadora de la bonificación, no hizo distinción alguna entre los conceptos de
36 expediente 050012331000-2012-00729-02 (N.I. 1136-2017), M.P. Henry Joya Pineda.
21
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
ingresos de carácter permanente, prestación social o salario, sino que se limitó a
indicar que esta permitiría igualar en un porcentaje lo que por todo concepto
devengaran los magistrados de alta corte.
59. Así las cosas, el monto que se paga por bonificación por compensación
corresponde a la diferencia entre los ingresos anuales del magistrado de alta corte
y los ingresos anuales de magistrado de tribunal y demás cargos equivalentes, el
cual se calcula al tomar todos los conceptos que componen los ingresos totales
anuales de estos servidores, incluido el auxilio de las cesantías.
60. De esta manera, las diferencias reconocidas no pueden superar el 80% de lo
que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte y para ello, la
entidad deberá descontar lo que ya le haya pagado al demandante en virtud de lo
dispuesto en el Decreto 4040 de 2004, tal como lo señaló el tribunal, en ese orden,
este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.
61. En tercer lugar, en cuanto a la prescripción debe tenerse en cuenta que la
sentencia del 18 de mayo de 2016 advirtió que ante la coexistencia de dos
regímenes salariales diferentes [contenidos en los decretos 610 de 1998 y 4040 de
2004], no podía aludirse a la exigibilidad del derecho a reclamar [en los términos del
decreto 3135 de 1968], pues no era posible establecer cuál de ellos era el exigible;
de manera que concluyó que esta exigibilidad se «reputa[ba] sólo hasta la fecha de
ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir, a
partir del 28 de enero de 2012».
62. En efecto, el artículo 41 del Decreto 3135 de 196837 establece que «[l]as acciones
que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años,
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo
escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso
igual». [Se resalta]. De acuerdo con la norma transcrita, el conteo de la prescripción
inicia a partir de que el derecho se haga exigible, esto es cuando el titular se
encuentra habilitado para reclamarlo.
63. De esta manera se advierte que el derecho a percibir la bonificación por
compensación se había hecho exigible a partir de la ejecutoria de la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, esto es a partir del 28 de enero de
2012, pues fue con esta decisión que se «superó la discusión en relación con la vigencia
simultánea entre el régimen contemplado en el decreto 610 de 1998, denominado
“Bonificación por Compensación”, dirigido a algunos servidores de la rama judicial, incluida
37 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se
regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales».
22
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
la Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa, que con anterioridad a la
publicación del decreto se encontraran desempeñando los cargos enumerados [allí]».
64. Para la Sala, esta interpretación de la sala de conjueces es acertada y defiende
los derechos de los trabajadores que se encontraban en una situación de
incertidumbre en torno al derecho en litigio, pues, se insiste, la discusión sobre la
vigencia simultánea de 2 regímenes [los contenidos en los decretos 610 y 4040] y
la posibilidad de acudir a uno u otro se zanjó en aquella decisión del 11 de diciembre
de 2011 con la declaratoria de nulidad del Decreto 4040.
65. Es así como, a partir de la fecha de la ejecutoria de aquella decisión [28 de enero
de 2012] fue que los beneficiarios del reajuste de la bonificación por compensación
tuvieron claridad sobre el régimen que les era aplicable y, como consecuencia de
ello, se hizo exigible allí el derecho, para lo cual tenían 3 años a continuación a
efectos de reclamar en sede administrativa el pago pretendido.
66. Luego, esta corporación en sentencia del 2 de septiembre de 2019 38, se refirió
específicamente a la prescripción frente a la bonificación por compensación de que
trata el Decreto 610 de 1998 antes de la coexistencia de normas, es decir, antes de
que entrara en vigencia el Decreto 4040 de 2004, en los siguientes términos:
«Esta Sala de igual manera ha reconocido al resolver casos análogos que si bien a través
de estas sentencias se declaró que con la ejecutoria de la sentencia que declaró la
nulidad del Decreto 4040 de 2004 el día 27 de enero de 2012 se hizo exigible el derecho
al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje que contempla el Decreto 610
de 1998 y el 4040 de 2004, y que por tal razón no se aplicaría la prescripción trienal, lo
cierto es que entre el período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló
el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, procede
decretarla. Durante este lapso no hubo dualidad de normas y por lo tanto, los
beneficiarios de que trata el artículo 2° del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de
interrumpirla.
En consecuencia, procede la prescripción de la bonificación por compensación entre el
5 de septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la regla general.
Esta regla tiene una excepción, que consiste en que, si la persona logra demostrar en el
expediente, con pruebas documental, que antes del 3 de diciembre de 2004 había
interrumpido la prescripción conforme a la ley. En ese caso la prescripción va más allá
del 4 de diciembre de 2004 y se retrotraería hasta la fecha de presentación de esa
interrupción, fecha entonces que debe ser posterior al 25 de septiembre de 2001 y
anterior al 3 de diciembre de 2004. Esta excepción y como toda excepción, es de
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces,
sentencia del 2 de septiembre de 2019, Rad. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), C.P.
Carmen Anaya de Castellanos.
23
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
aplicación restrictiva. Y para las reclamaciones posteriores al 27 de enero de 2012 la
prescripción trienal aplica ya sin excepciones.»39
67. En este orden de ideas, para reclamar el reconocimiento de las mensualidades
de la bonificación por compensación causadas antes del 3 de diciembre de 2004
aplica la regla general de la prescripción trienal establecida en los artículos 41 del
Decreto 3135 de 196840 y 102 del Decreto 1848 de 196941, por no existir dualidad
de normas para ese momento. En este orden, la prescripción se contabiliza desde
que el derecho se hace exigible, esto es, cuando el titular se encuentre habilitado
para reclamarlo.
68. Ahora bien, se acoge la posición mayoritaria de esta sala respecto de la
prescripción del derecho, según la cual luego de presentada la reclamación en sede
administrativa, el interesado tiene 3 años adicionales para reclamar en sede judicial
sin que le prescriba el derecho.
69. Así las cosas, tenemos que el tribunal indicó que si bien la reclamación en sede
administrativa se hizo el 6 de septiembre de 2013 y la demanda se radicó el 2 de
junio de 2017, pese a que debió presentarse el 6 de septiembre de 2016 [se hizo 8
meses y 26 días después de la fecha límite], no puede contabilizarse en contra de
la demandante el tiempo que transcurrió entre la presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial (el 24 de julio de 2015) y la fecha en la que se notificó el
auto que improbó la conciliación extrajudicial (el 2 de agosto de 2016), lo que suma
1 año y 8 días, por lo que no habría prescripción del derecho.
70. No obstante lo anterior, es necesario señalar que la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 12 de junio de 202542, indicó lo
siguiente:
«[l]a Sala no acoge el anterior planteamiento porque si bien es cierto la demandante
inició el trámite conciliatorio el 5 de octubre de 2011, la suspensión de términos que se
produce por virtud de la etapa de conciliación extrajudicial llevada a cabo ante la
Procuraduría tiene efecto de suspender el ejercicio del derecho de acción, más no
40 «[L]as acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres
años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito
del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente
determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual»».
41 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968»
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 12 de junio de 2025, exp. 13001 33 33 011 2015 00048 01 (3433-2022).
24
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
ampliar el término de modo que se impida la extinción del derecho, así lo consideró
esta Subsección43 ante una situación similar:
En efecto, de la lectura del artículo 21 de la ley en comento, se puede evidenciar que
con la radicación de la solicitud de conciliación prejudicial se produce la suspensión
de la caducidad o de la prescripción; sin embargo, dicho precepto se dirige a la
oportunidad de la radicación de la demanda —para la justicia laboral ordinaria se
cuentan 3 años para incoar la acción y para la justicia de lo contencioso administrativo
en lo laboral, de 4 meses, por concepto de la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho—. [...] Lo anterior quiere decir que la norma en
comento aplica en materia procesal, para identificar el ejercicio oportuno del derecho
de acción y no para la prescripción extintiva de un derecho, como ocurre en el sub
lite; por lo tanto, la parte demandante no puede pretender que la prescripción extintiva
del derecho se interrumpa, con ocasión de la reclamación en sede administrativa, por
3 años, y, además, este término se suspenda con ocasión de la conciliación
prejudicial, pues se trata de dos figuras distintas». [Se resalta].
71. En consecuencia, como lo ha dicho en oportunidades anteriores esta sección, no
se suspende el término de prescripción, mucho menos hasta la fecha en la que se
notificó el auto que improbó la conciliación extrajudicial, ya que como se expuso,
este solo se interrumpió por una vez con la interposición de la petición, sin que en
esta oportunidad se interpusiera la demanda dentro de los 3 años siguientes.
72. Por ello, en primer lugar, en cuanto a los periodos causados antes del 3 de
diciembre de 2004, al no haber coexistencia de regímenes, operó la prescripción,
debido a que no se observa en el plenario que la demandante haya presentado una
reclamación a fin de obtener el pago de esas diferencias dentro de los 3 años
siguientes a la exigibilidad del derecho, tal y como se explicó con anterioridad.
73. Ahora, frente a los periodos causados una vez inició la dualidad de regímenes (3
de diciembre del 2004 al 27 de enero de 2012), se advierte que la fecha de
reclamación ante la DESAJ de Antioquia fue el 6 de septiembre del 2013 y que la
demanda se presentó el 2 de junio de 2017, lo que implica la declaratoria de la
prescripción desde el 3 de diciembre de 2004 y el 1 de junio de 2014, pues pasaron
más de 3 años entre la presentación de la petición en sede administrativa y la
demanda en sede judicial. Por lo anterior, solo se reconocerán los periodos
comprendidos desde el 2 de junio de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2015, fecha
del retiro de la demandante.
74. Así, en atención a la imprescriptibilidad del derecho a la seguridad social, se
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2022,
radicación 13001 2333 000 2018 00668 01 (2269-2020).
25
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
condenará a la entidad demandada a efectuar el pago de los aportes al Sistema
General de Pensiones, debido a que la bonificación por compensación solo
constituye factor salarial para dicho efecto y el fenómeno prescriptivo no incide
sobre estas obligaciones. En consecuencia, la entidad deberá realizar los aportes
correspondientes por la diferencia entre lo efectivamente percibido y lo que debió
devengarse por concepto de bonificación por compensación durante todo el tiempo
que ocupó el cargo que le otorgó el derecho, hasta la fecha de su retiro el 30 de
noviembre de 2015.
75. Se precisa que el cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a
que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la demandante por los
mismos conceptos aquí reconocidos.
76. Finalmente, respecto del cargo atinente a la falta de anulación de la Resolución
DESAJMR 14-3900 del 20 de marzo de 2014 a través de la cual la entidad concedió
el recurso de apelación contra la Resolución DESAJMR13-6815 del 13 de diciembre
de 2013 expedido por la DESAJ de Antioquia, se advierte que en dicho acto no se
definió la situación planteada por cuanto por medio de este, se concedió el recurso
de apelación.
77. Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que son actos de
trámite o preparatorios aquellos que «se producen en el trayecto de un procedimiento
administrativo y que conducen al acto definitivo»44 o que «se expiden como parte del
procedimiento administrativo con el fin de darle curso a este, es decir, son netamente
instrumentales ya que no encierran declaraciones de la voluntad, no crean relaciones
jurídicas y sólo sirven de impulso a la continuidad de la actuación de la administración»45.
78. En contraste los actos administrativos definitivos, ya sean expresos o fictos, son
los únicos susceptibles de ser enjuiciados ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo porque mediante estos se culmina el proceso administrativo y son los
que tienen la vocación de crear, modificar o extinguir una situación jurídica particular
o general46.
44 Sección Quinta, radicación 11001-03-28-000-2024-00110-00.
45 Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de marzo de 2024, radicación 11001-03-26-000-
2021-00049-00 (66705). En la cual, a su vez, se anotó a pie de página lo siguiente: «Definición que
esta Corporación acuñó valiéndose de la clasificación ofrecida por el tratadista García — Trevijano
Fos, con el fin de determinar y delimitar "su inserción en el procedimiento y recurribilidad. CONSEJO
DE ESTADO, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2020, rad. 25000-23-
42-000-2014-00109-01(1997-16). Sobre el tema ver: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia de 28 de junio de 2023, exp. 58022, demandante: Marco Antonio Velilla
Moreno».
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto
del 25 de abril de 2024, preferido en el proceso 25000 23 42 000 2017 02887 01 (5221-2023).
26
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
79. En consecuencia, la Resolución DESAJMR 14-3900 del 20 de marzo de 2014
corresponde a un acto de trámite no plausible de control jurisdiccional, que no define
derechos ni situaciones jurídicas, por lo que, carece de control jurisdiccional
conforme con los artículos 43 y 104 del CPACA. Por lo tanto, no se evidencia
omisión alguna por el tribunal, pues dicho acto de trámite no es susceptible de
control judicial, razón por la cual lo le asiste razón a la entidad y no hay lugar a
declarar la nulidad en tal sentido.
80. En ese orden, la Sala modificará el ordinal segundo de la sentencia de primera
instancia que ordenó a la entidad reconocer y pagar las diferencias por concepto de
bonificación por compensación desde 2 de junio de 2014 hasta el 30 de noviembre
de 2015 condicionado a la no superación de los topes previstos en el Decreto 610
de 1998, en consecuencia, la entidad deberá realizar los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones correspondientes por la diferencia entre lo
efectivamente percibido y lo que debió devengarse por concepto de bonificación por
compensación sin tener en cuenta la prescripción para estos efectos. Además, se
adicionará para aclarar que el cumplimiento de la sentencia se supedita a que la
entidad no haya efectuado pagos previos por los mismos conceptos.
2.6. Costas
81. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
82. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
83. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
27
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma47.
84. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
85. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la parte demandante.
3. Conclusión
86. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que i) el Decreto 4040 de
2004 coexistió con el 610 de 1998 y generó un trato desigual entre servidores, por
lo que vulneró los derechos laborales y el principio de favorabilidad, así, la entidad
debía aplicar el régimen más favorable al trabajador, es decir, el Decreto 610 de
1998, por lo tanto, no es argumento válido para negarle el derecho a la demandante;
ii) el pago de las diferencias ordenadas no puede superar el 80% de lo que por todo
concepto devenga un magistrado de alta corte, debiendo descontarse los pagos
efectuados bajo el Decreto 4040 de 2004; iii) los periodos reclamados se encuentran
afectados por la prescripción, sin embargo, esta figura no afecta los aportes al
Sistema de Seguridad Social en Pensión debido a su carácter imprescriptible; y iv)
el acto por medio del cual se concedió el recurso de apelación contra la resolución
que le negó el derecho a la bonificación por compensación pedida por la
demandante no es un acto definitivo susceptible control judicial.
87. Por lo anterior, la Sala modificará el ordinal segundo de la sentencia de primera
instancia que ordenó a la entidad reconocer y pagar las diferencias por concepto de
bonificación por compensación desde 2 de junio de 2014 hasta el 30 de noviembre
de 2015, fecha de su retiro, condicionado a la no superación de los topes previstos
en el Decreto 610 de 1998, en consecuencia, la entidad deberá realizar los aportes
al Sistema de Seguridad Social en Pensiones correspondientes por la diferencia
entre lo efectivamente percibido y lo que debió devengarse por concepto de
bonificación por compensación sin tener en cuenta la prescripción para estos
efectos. Además, se adicionará para aclarar que el cumplimiento de la sentencia se
47En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 70001-23-
33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
28
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
supedita a que la entidad no haya efectuado pagos previos por los mismos
conceptos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar y adicionar el ordinal 2° de la sentencia proferida el 4 de agosto
de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, el
cual quedará así:
Segundo. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
Ordenar a la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
efectuar el pago de las diferencias por concepto de bonificación por compensación desde
2 de junio de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2015, condicionado a la no superación
de los topes previstos en el Decreto 610 de 1998.
Se advierte que la reliquidación de la bonificación por compensación de Mercedes Judith
Zuluaga Londoño, no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de alta corte, que es igual a lo que por todo
concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías.
El cumplimiento de la sentencia se supedita a que la entidad no haya efectuado pagos
previos por los mismos conceptos conforme a lo expuesto en la parte considerativa de
esta decisión.
Segundo. Modificar el ordinal 3° de la sentencia proferida el 4 de agosto de 2021
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, el cual
quedará así:
Tercero. Declarar prescritas las diferencias causadas con anterioridad al 2 de junio de
2014, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión.
Ordenar a la entidad demandada que realice el pago de las diferencias de los aportes al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones entre lo efectivamente percibido y lo que
debió devengarse por concepto de bonificación por compensación sin tener en cuenta la
prescripción para estos efectos desde el 14 de agosto del 2000 hasta el 30 de noviembre
de 2015.
Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 4 de agosto de 2021 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, por las razones
expuestas en esta providencia.
29
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021)
Demandante: Mercedes Judith Zuluaga Londoño
Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.
Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
ZME/MFS
30
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.