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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00049-00

Fecha
13 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00049-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de las resoluciones número cero cero mil noventa y nueve (001099) de veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve 77 CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. 78 CGP, artículos 361 (composición), 362 (expensas, arancel), 363 (honorarios de auxiliares de la justicia) y 366- 4 (agencias en derecho). 79 CGP, artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. CGP, artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: (…) 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.”. 80 Artículo 5. Tarifas. “Procesos declarativos en general. En única instancia. // a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido. // b. En aquellos asuntos que […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2021-00049-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

13 de marzo de 2024

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinte cuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández
Demandado: Agencia Nacional de Minería -ANM-
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho

Tema 1: Nulidad de actos administrativos que rechazaron y archivaron una solicitud de
minería tradicional transformada al sistema de cuadrícula minera. Subtema 1.1: Actos de
trámite o preparatorios no crean, modifican o extinguen una situación jurídica concreta.
Subtema 1.2: Aplicación de la ley en el tiempo. Retrospectividad de la ley en actuaciones
administrativas en curso. Subtema 1.3: Aplicación de las reglas de bloqueo de celdas a
favor de titulares mineros para la pretermisión del trámite de mediación. Falsa motivación
por conferir a los motivos de derecho un alcance que no tienen. Tema 2: Prueba Contable.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por Juan David Berrio Hernández contra las resoluciones
dictadas por la Agencia Nacional de Minería, por medio de los cuales rechazó y
archivó la solicitud de minería tradicional.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Juan David Berrio Hernández presentó solicitud de formalización de minería
tradicional ante la Agencia Nacional de Minería ―en adelante ANM―, el 16 de abril
de 2013, sobre un yacimiento de materiales de construcción ubicado en Soacha,
Cundinamarca, que afirmó estar explotando hace más de 30 años. La petición fue
rechazada a través de las resoluciones demandadas porque, para la época en que
la autoridad minera realizó la evaluación técnica, determinó que todas las celdas
que conformaban la cuadrícula solicitada se encontraban superpuestas en su
totalidad con una solicitud anterior y con cuatro títulos mineros. El actor aduce que
los actos administrativos demandados desconocen las normas en que debían
fundarse, porque aplicaron de manera retroactiva la ley que dispuso la
implementación del sistema de cuadrícula e incurrieron en falsa motivación, pues
aun cuando la autoridad minera consideró que la zona solicitada estaba totalmente
ocupada, pretermitió la etapa de mediación prevista en la ley para estos eventos.

1

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda y concepto de violación

El 11 de febrero de 20211, Juan David Berrio Hernández2, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad de las
resoluciones números 001099 de 28 de octubre de 2019 y 000268 de 27 de marzo
de 2020, por medio de las cuales la ANM rechazó la solicitud de formalización de
minería tradicional para la explotación del yacimiento de materiales de construcción
ubicado en el municipio de Soacha, Cundinamarca, y resolvió en forma negativa el
recurso de reposición interpuesto, por no contar con área libre susceptible para
contratar. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) “retrotraer” el proceso
de formalización minera “a la etapa procedimental donde quedó suspendido”, (ii)
“respetar” lo dispuesto en los actos administrativos GLM No. 001328 de 2015 y GLM
No. 000394 de 2016 en cuanto fijaron el área libre para contratar y, (iii) condenar a
la ANM al pago de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro
cesante por la suma de cuatrocientos cincuenta y cuatro millones trescientos
cuarenta y cinco mil pesos ($454.345.000).

2.1.1. Como fundamento fáctico de las anteriores pretensiones, el demandante
enunció, en síntesis3:

(i) que ha desarrollado la actividad minera de extracción de materiales de
construcción en el predio San Lorenzo, ubicado en el municipio de Soacha,
Cundinamarca, por más de 30 años; (ii) que presentó solicitud de formalización de
minería tradicional el 16 de abril de 2013 ante la ANM, época en la que regía la Ley
1382 de 2010, declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia
C-366 de 11 de mayo de 2011, con efecto diferido a dos años; (iii) que la ANM,
luego de excluir las superposiciones con títulos y solicitudes presentadas con
anterioridad a la radicación de formalización minería tradicional, emitió concepto
técnico el 13 de agosto de 2015 en el que indicó que el área susceptible de
concesión es de “10 hectáreas y 42764 metros cuadrados”; (iv) que la ANM, por
auto GLM 001328 de 1 de diciembre de 2015, ratificó lo expuesto en el concepto
técnico y realizó algunos requerimientos al accionante; (v) que, en la reevaluación
técnica el área realizada el 26 de febrero de 2016, el Grupo de Legalización Minera
de la ANM entendió cumplidos los requerimientos técnicos y dispuso continuar el
trámite; (vi) que la ANM realizó evaluación jurídica favorable el 13 de abril de 2016
y dispuso continuar con la “visita de viabilización”, ordenada en el auto GLM 000394
de 29 de abril de 2016; (vii) que el Decreto 0933 de 9 de mayo de 2013, por medio
del cual se estableció el procedimiento para las solicitudes de formalización de
minería tradicional, compilado por el Decreto 1073 de 2015, fue suspendido de
manera provisional por el Consejo de Estado, a través de auto fechado el 6 de julio
de 2016, y declarado nulo por sentencia de 28 de octubre de 2019; (viii) que la
ANM, en virtud de la facultad prevista en la Ley 1753 de 2015 ―Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018―, expidió la resolución 504 de 18 de septiembre de 2018, a
través de la cual adoptó el sistema de cuadrícula minera para delimitar el área de
las solicitudes de concesión minera vigentes; (ix) que el artículo 325 de la ley 1955
de 2019 ―Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022― dispuso continuar con el

1 Expediente electrónico, aplicativo Samai, índice 2.
2 Juan David Berrio Hernández fue así identidicado en el poder por este otorgado al abogado Ian Sebastian

Gómez Romero, para que lo representara en el presente proceso (aplicativo Samai, Índice 2.).
3 Expediente electrónico, aplicativo Samai, índice 2.

2

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

trámite de las solicitudes de formalización de minería tradicional presentadas hasta
del 10 de mayo de 2013, para establecer la viabilidad técnica del proyecto minero;
(x) que la ANM fijó los lineamientos para la evaluación de trámites y solicitudes
mineras a través de la resolución 505 de 2 de agosto de 2019 y dispuso que “se
extendía en su aplicación para todas las demás solicitudes mineras, como las de
formalización (artículo 3)”; (xi) que la ANM, por Resolución 001099 de 28 de octubre
de 2019, rechazó la solicitud de formalización de minería tradicional presentada por
el actor, porque “no quedaba área que otorgar según el sistema de cuadrículas,
desconociendo así la etapa en la que se encontraba la solicitud, donde ya se había
declarado la existencia de 10 hectáreas y 42764 metros” susceptibles de concesión;
(xii) que por Resolución 000268 de 27 de marzo de 2020, la ANM decidió no reponer
la decisión que rechazó la solicitud; y (xiii) que la ANM omitió tramitar el proceso de
mediación entre el solicitante y los beneficiarios de los títulos con los que
presuntamente se superpone el área objeto de la solicitud de formalización.

2.1.2. Como normas violadas citó los artículos 2, 29 y 83 de la Constitución Política;
el artículo 3 de la Ley 1734 de 2011, que establece los principios rectores de las
actuaciones y procedimientos administrativos; y el artículo 325 de la Ley 1955 de
2019 ―Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022―, que prevé el trámite de las
solicitudes de formalización de minería tradicional y el proceso de mediación.

2.1.3. En el concepto de violación afirmó que, si bien la resolución 001099 de 28
de octubre de 2019 incurrió en falta de motivación al rechazar la solicitud de
formalización minera, la resolución 000268 de 27 de marzo de 2020, que confirmó
tal decisión, incurrió en falsa motivación, porque aplicó erróneamente la ley en el
tiempo, ya que modificó el área libre al transformar la zona objeto de solicitud al
sistema de cuadrícula minera, aun cuando la actuación administrativa de
formalización inició antes de su vigencia.

Arguyó que la resolución 000268 de 27 de marzo de 2020 incurrió en falsa
motivación al fundamentar la pérdida de ejecutoria de los actos previos expedidos
durante la actuación administrativa en dos situaciones que no afectaban su validez,
a saber: (i) la suspensión provisional y la declaración de nulidad del Decreto 933 de
2013 que regía el trámite administrativo de formalización de minería tradicional y,
(ii) la aplicación inmediata del sistema de cuadrícula minera previsto en la ley 1955
de 2019 (art. 24).

Al respecto, precisó que la suspensión provisional del Decreto 933 de 2013,
ordenada por auto de 26 de julio de 2016, no enervó la presunción de legalidad del
acto suspendido. Por tanto, las actuaciones administrativas adelantadas hasta ese
momento, que daban cuenta del área susceptible de formalizar equivalente a 10
hectáreas y 42764 metros cuadrados, no perdieron validez ni obligatoriedad.
Asimismo, afirmó que la declaración de nulidad del Decreto 933 de 2013, declarada
el 28 de octubre de 2019, produce efectos hacía el futuro, por tanto, en su opinión,
no afectó los actos expedidos durante su vigencia.

Adujo, además, que las actuaciones surtidas o concluidas antes de la declaración
de nulidad del decreto conservaron validez por constituir situaciones consolidadas,
de tal modo que el procedimiento administrativo debió continuar desde la fase en
que fue suspendido, esto es, la concerniente a la programación y realización de la
visita, no retrotraer la actuación para aplicar el sistema de cuadrícula minera y
concluir el procedimiento con el pretexto de que la regla de medición recién
implementada no arrojó área susceptible de concesión.

3

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

“En conclusión, otra vez la Agencia Nacional de Minería mal interpreta la legislación
y le da un alcance que no tiene la Ley, al entender que estaba habilitada para devolver
el proceso, aun cuando ya se había surtido esa etapa, y tergiversa las disposiciones
de la aplicación de la ley en el tiempo, estudiada por la Corte Constitucional en
sentencia que ellos mismos citan parcialmente [C-619/01].
(…)

[L]o que olvidó mencionar la Agencia Nacional de Minería es que si bien, las nuevas
disposiciones si entran a regir el trámite en curso, estas rigen desde el estado en que
se encuentre el trámite y no como lo hizo la autoridad minera en este caso, de
retrotraer todo el procedimiento a arbitrio de esta”.

En ese escenario, manifestó que la ANM desconoció los principios de confianza
legítima y buena fe, porque cambió de manera intempestiva el área susceptible de
formalización minera, fijada conforme al régimen jurídico vigente para el momento
en que realizó la delimitación, en el entendido de que la actuación administrativa
debía ajustarse al nuevo sistema de cuadrícula minera, conforme al cual concluyó
que todas las celdas que conformaban el área objeto de formalización se
encontraban total o parcialmente ocupadas por títulos mineros o bloqueadas por
solicitudes anteriores.

Por último, afirmó que los actos demandados violaron el debido proceso, porque
rechazaron la solicitud de formalización de minería tradicional sin surtir el proceso
de mediación con los beneficiarios de los títulos que tocan total o parcialmente las
celdas que conforman el área a formalizar, previsto en el artículo 325 de la Ley 1955
de 2019.

2.1.4. En cuanto a la estimación de los perjuicios materiales en la modalidad de
daño emergente, adujo que el rechazo de la solicitud de formalización generó la
suspensión de la actividad minera con pérdidas económicas derivadas de las
indemnizaciones laborales que debió asumir por el despido de ocho (8)
trabajadores, la vigilancia del predio y la adecuación del área de explotación para
“proteger daños ambientales”, por un total de cincuenta y ocho millones trescientos
cuarenta y cinco mil pesos ($58.345.000). Frente a la tasación del lucro cesante por
la suma de trescientos noventa y seis millones de pesos ($396.000.000) afirmó que
corresponde a las 1000 toneladas de arcilla y 500 toneladas de recebo dejados de
explotar durante los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre (sic) de 2020
y a los 20 “viajes de piedra songa” que realizaba cada mes.

2.2. Trámite procesal relevante

2.2.1. El magistrado sustanciador, por auto expedido el 24 de junio de 2021,
admitió la demanda al encontrar acreditados los requisitos formales4.

2.2.2. La Agencia Nacional de Minería, mediante apoderado, presentó escrito de
contestación de la demanda, en el que se opuso a las pretensiones de nulidad
con el argumento de que ese organismo resolvió la solicitud conforme a lo reglado
en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, que llegó a suplir el vacío normativo
generado inicialmente por la inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 y, luego, por

4 Expediente electrónico, aplicativo Samai, índices 4 y 9.

4

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

la suspensión provisional y posterior declaración de nulidad del Decreto 0933 de
2013, que fijó las etapas del proceso de formalización de la actividad minera5.

Adujo que la autoridad minera continuó el trámite de todas las solicitudes que se
encontraban “vigentes y en área libre”, “con el fin de verificar la viabilidad técnica”
de los proyectos mineros conforme a lo previsto en la Ley 1955 de 2019 que,
además, dispuso la implementación del sistema de cuadrícula minera para la
evaluación de solicitudes y propuestas. Al aplicar el sistema de cuadrícula al área
objeto de la solicitud de formalización, la ANM determinó que “se encontraba
TOTALMENTE SUPERPUESTA con la solicitud JCQ-16031 y los títulos mineros
13733,15495,15847, 817, por lo que al no contar con área libre” procedía el
rechazo.

Afirmó que la ANM no quebrantó el principio de confianza legítima, porque la
solicitud de formalización de minería tradicional no constituye una situación
consolida o perfeccionada con la norma que perdió vigencia. Por tanto, en virtud
del fenómeno de la retrospectividad de la ley, continuó la actuación administrativa,
conforme a la normativa que implementó el sistema de cuadrícula. En este
contexto, precisó que la solicitud de minería tradicional constituye una mera
expectativa, pues sólo confiere al interesado un derecho de prelación o preferencia
para obtener dicha concesión si reúne los requisitos legales.

Concluyó que la autoridad minera “no podía en el presente caso tramitar la
mediación, ya que la misma procede cuando la solicitud de formalización de minería
tradicional, se superponga totalmente con un único título minero (…), situación que
no ocurrió en el presente caso ya que la mencionada solicitud se superponía con la
solicitud JCQ-16031 y los títulos mineros 13733,15495,15847, 817”.

2.2.3. En audiencia inicial celebrada el 15 de julio de 2022, el despacho
sustanciador: (i) declaró infundado el impedimento manifestado por el procurador
delegado del Ministerio Público, doctor Luis Ramiro Escandón Hernández; (ii)
entendió saneado el proceso; (iii) precisó que no había excepciones pendientes de
resolver; (iv) ordenó incorporar como pruebas los documentos aportados con la
demanda y la contestación; (v) denegó la práctica de la inspección judicial y el
dictamen pericial solicitados por la parte demandante; (vi) decretó, de manera
oficiosa, allegar “copia de los libros de registro de la explotación de los datos
históricos de la mina San Lorenzo, a fin de determinar la producción con que venía
desarrollando la actividad, so pena de que dicha prueba se entienda desistida,
conforme a lo previsto en el artículo 175 del CGP” y, (vii) fijó el litigio en los
siguientes términos6:

“En primer lugar, el Despacho deberá establecer si los actos acusados fueron
expedidos con violación del debido proceso, la Buena Fe, la Seguridad Jurídica,
Confianza Legítima, y el artículo 35 Ley 1955 de 2019. Concretamente, deberá
establecer si la Resolución No 001099 del 28 de octubre de 2019 que rechaza y
archiva la solicitud de minería tradicional ODG-08362 está viciada de nulidad por falta
de motivación, y la Resolución No. VCT. 000268 del 27 de marzo de 2020 que desató
recurso de reposición interpuesto contra la anterior, es nula por falsa motivación, en
particular, por lo siguiente:

5 Expediente electrónico, aplicativo Samai, índice 17.
6 Expediente electrónico, aplicativo Samai, índice 37.

5

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

1. La Agencia Nacional de Minería no tramitó la mediación entre los titulares a quienes
al parecer se les había otorgado el área, y el minero tradicional, de hecho, que venía
desarrollando su actividad en ese sitio con una antigüedad de 30 años, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 35 de la Ley 1955 de 2019.

2. La Agencia Nacional de Minería en cumplimiento de la Ley 1955 de 2019 debió
darle continuidad al trámite que ya llevaba el Señor Juan David Berrio Hernández, es
decir, evaluar la viabilidad técnica, pues ya se encontraba determinado en el proceso
que el área libre era de 10 hectáreas y 42.764 metros, sin que fuera procedente
devolverse a etapas que ya habían sido surtidas y que contraría el artículo 325 de la
referida ley, que disponía la continuación de los trámites en el estado en que se
encontraban.

Además, se deberá establecer si las resoluciones cuestionadas se produjeron con
falta y falsa de motivación, en razón a la errónea aplicación de la Ley en el tiempo, y
de la equivocada aplicación de la sentencia C-619/01”.

2.2.4. En audiencia de pruebas, celebrada el 12 de septiembre de 2022, el
despacho sustanciador accedió al desistimiento de la práctica de la prueba
documental a cargo de la parte demandante, quien manifestó que “los soportes de
la explotación artesanal eran remisiones que no se encontraron”, y declaró
concluida la etapa probatoria7.

2.2.5. Por auto de 25 de octubre de 2022, el despacho corrió traslado a las partes
para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera concepto8.

La Agencia Nacional de Minería reiteró que la solicitud de formalización de minería
tradicional constituye una mera expectativa, que se consolida sólo con la suscripción
del contrato de concesión minera y su inscripción en el Registro Minero Nacional.
Por tanto, “no puede considerarse que la ANM quebrantó el principio de confianza
legítima, pues la Agencia no modificó motu proprio su comportamiento; por el
contrario, lo hizo en acatamiento directo y pleno de las órdenes del legislador”, que
superaron el obstáculo presentado por “la ausencia de norma que permitiera la
formalización de minería tradicional”. Por último, afirmó que el actor no demostró los
perjuicios alegados, pues no allegó prueba “siquiera sumaria” de su ocurrencia9.

El procurador delegado con funciones mixtas rindió concepto en el que solicitó
declarar la nulidad de los actos demandados, “por haber infringido el ordenamiento
jurídico superior, y como restablecimiento del derecho accederse a reiniciar el
procedimiento administrativo”, sin reconocimiento pecuniario, porque el actor no
allegó medios de prueba que acreditaran el perjuicio material reclamado. Adujo que
el fundamento jurídico de los actos demandados desapareció con motivo de la
declaración de nulidad del decreto 933 de 2013 dispuesta mediante sentencia de
28 de octubre de 2019, en virtud de la figura del decaimiento de la fuerza ejecutoria
que opera hacía el futuro, por tanto, las actuaciones anteriores “conservan validez
jurídica”. Así consideró que la ANM “debió darle continuidad al trámite que llevaba
el señor Berrio Hernández; evaluar la viabilidad técnica, porque se encontraba
determinado en el proceso que el área libre era de 10 hectáreas y 42764 metros
cuadrados, sin devolverse a etapas que ya habían sido surtidas y que contraría el
artículo 325 de la Ley 1955 de 2019 (…); además determinó que la solicitud estaba

7 Expediente electrónico, aplicativo Samai, índice 48.
8 Expediente electrónico, aplicativo Samai, índice 50.
9 Expediente electrónico, aplicativo Samai, índice 54.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

superpuesta con otros títulos mineros y no acató el inciso 3° del artículo 325 de la
Ley 1955 de 2019, el cual dispone que en esos casos debe procederse a la
mediación, etapa que no realizó”10.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia y procedencia del medio de control

3.1.1. La Subsección es competente, en única instancia, para conocer el presente
proceso conforme a lo previsto en el artículo 295 del Código de Minas (Ley 685 de
2001)11 -12, vigente para la fecha de presentación de la demanda13, porque el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho versa sobre el análisis de
legalidad de los actos administrativos que rechazaron y archivaron una solicitud de
minería tradicional, expedidos por una autoridad del orden nacional; asunto minero
que, por criterio de especialización, corresponde a la Sección Tercera del Consejo
de Estado, conforme a la distribución de negocios prevista en el artículo 13 del
Reglamento Interno de la Corporación compilado en el Acuerdo No. 080 de 201914.

3.1.2. En relación con la oportunidad del presente medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, la Sala se remite a lo decidido en el auto admisorio
en el que se consideró que la demanda fue presentada oportunamente, porque: (i)
la Resolución No. VCT. 000268 de 27 de marzo de 2020 que resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
001099, también demandada, fue notificada al actor el 12 de agosto de 202015; (ii)
el actor presentó solicitud de conciliación prejudicial el 7 de diciembre de 2020,
declarada fallida el 10 de febrero de 202116 y, (iii) la demanda fue presentada al día
siguiente ―11 de febrero―, esto es, dentro de los cuatro meses previstos en la ley
para el ejercicio oportuno de la acción (art. 138 CPACA).

3.1.3. En cuanto a la legitimación para la causa, la Sala observa que Juan David
Berrío Hernández está legitimado por activa para ejercer el medio de control, ya
que fue quien resultó afectado con la decisión de rechazo y archivo de la solicitud
de formalización de minería tradicional dictada por la Agencia Nacional de Minería,
organismo que, a su turno, cuenta con legitimación en la causa por pasiva por tener
a su cargo la actuación administrativa finalizada con los actos administrativos
demandados17.

3.2. La motivación de los actos demandados

3.2.1. La vicepresidencia de contratación y titulación de la ANM, en virtud de las
facultades legales conferidas por el Decreto 4134 de 3 de noviembre de 2011 y la
10 Expediente electrónico, aplicativo Samai, índice 55.
11 “Artículo 295. Competencia del Consejo de Estado. De las acciones que se promuevan sobre asuntos
mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal nacional sea parte, conocerá
el Consejo de Estado en única instancia.”
12 Ley 2080 de 2021, por medio de la cual se reforma el CPACA -Ley 1437 de 2001. Artículo 86. “Régimen de

vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas
que modifican las competencias de: los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales
solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.”.
Artículo 87. Derogatoria. Deróguense las siguientes disposiciones a partir de la vigencia de esta ley: […] y el
artículo 295 de la Ley 685 de 2001 por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones.”
13 11 de febrero de 2021, expediente electrónico, aplicativo Samai, índice 2.
14 Compilatorio del Reglamento Interno del Consejo de Estado.
15 Expediente electrónico, aplicativo Samai, índice 2, anexos de la demanda páginas 17 y 18.
16 Expediente electrónico, aplicativo Samai, índice 2, “constancia conciliación”.
17 Apartado 3.2.

7

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

resolución 206 de 22 de marzo de 2013, expidió la Resolución nro. 001099 del 28
de octubre de 2019, por medio de la cual rechazó la solicitud de formalización de
minería tradicional presentada por Juan David Berrio Hernández el 16 de abril de
2013, porque “no cuenta con área libre susceptible de contratar con fundamento en
la evaluación técnica y la norma que regula la materia”. Al sustentar la decisión, la
ANM consideró que la actuación administrativa debía ajustarse al trámite previsto
en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019 —Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022—, esto es, continuar con la etapa de viabilidad técnica de las solicitudes de
formalización de minería tradicional presentadas hasta el 10 de mayo de 2013,
siempre que se encontraran en un área libre. Para verificar este presupuesto, la
ANM aplicó el sistema de cuadrícula minera implementado a través de la ley citada
en precedencia, adoptado mediante las resoluciones 504 y 505 expedidas por la
autoridad minera, en virtud del cual emitió “concepto de transformación y
migración de área al sistema de cuadrícula minera”, el 6 de octubre de 2019,
con el siguiente resultado18:

≪Una vez migrada la solicitud No. ODG-08362 a Dátum Magna Sirgas, en
COORDENADAS GRÁFICAS y siguiendo la lógica de la cuadrícula minera se
determina un área que contiene 20 celdas con las siguientes características:

CUADRO DE SUPERPOSICIONES UNA VEZ MIGRADA EL ÁREA AL SISTEMA DE
CUADRÍCULA MINERA
Zonas excluibles
CAPA EXPEDIENTE MINERALES No. CELDAS
SUPERPUESTAS
SOLICITUDES Jcq-16031 ARCILLA COMUN (CERÁMICAS, 3
FERRUGINOSAS, MISCELANEAS)
/ DEMÁS CONCESIBLES
TÍTULO 13723 ARENISCAS (MIG) ARCILLA 9
TÍTULO 13723,15495 5
TÍTULO 13733,15847,817 1
TÍTULO 15495 DEMÁS CONCESIBLES / ARCILLA 2

Se determinó que el área ingresada por el solicitante una vez transformada al sistema
de cuadrícula, se encuentra totalmente superpuesta con zonas de exclusión de
acuerdo con los “lineamientos para la Evaluación de los Trámites y Solicitudes Mineras
a partir del Sistema de Cuadrícula Minera y Metodología para la Migración de los Títulos
Mineros al sistema de Cuadrícula” adoptado por la Resolución 505 de 2 de agosto de
2019; por tanto, no queda área que otorgar≫.

3.2.2. Por Resolución nro. 000268 del 27 de marzo de 2020, la vicepresidencia
de contratación y titulación de la ANM, al resolver el recurso de reposición, confirmó
el acto inicial y decidió no conceder el recurso de apelación por improcedente, “en
aplicación al principio de desconcentración administrativa”. Al motivar la decisión de
rechazo, la ANM precisó que el trámite de legalización presentado por el accionante
en abril de 2013 debió estudiarse conforme a lo previsto en el artículo 325 de la Ley
1955 de 2019, por ser la normativa que suplió el vacío generado por la declaración
de inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010, la suspensión provisional del Decreto
933 de 2013 que reglamentó el proceso de formalización de minería tradicional y la
posterior declaración de nulidad. Bajo ese marco legal, concluyó que la zona objeto
de la solicitud de formalización no cumplió el presupuesto de “área libre” requerido
para continuar con el análisis de viabilidad técnica, por las siguientes razones:

18 Expediente electrónico, aplicativo Samai, índice 2, “demanda-anexos”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

(i) La continuación del trámite de formalización conforme a la normativa
actual exigía la realización de una evaluación técnica de área ajustada al
sistema de cuadrícula para determinar la viabilidad técnica, siempre que
existiera área libre, análisis que llevó a la modificación sustancial del plano de
delimitación inicialmente conforme al Decreto 0933/13.

(ii) El área de formalización minera se encontró superpuesta parcialmente con
una solicitud de concesión anterior, circunstancia que generó el recorte de la
fracción en aplicación del derecho de prelación del primer solicitante.

(iii) El área restante de formalización se traslapa con celdas tocadas por títulos
mineros migrados al sistema de cuadrícula, de tal modo que el beneficiario del
título “es quien bloquea totalmente” la celda para nuevas solicitudes.

(iv) El área de formalización superpuesta con títulos mineros no era
susceptible del proceso de mediación, porque la legislación prevé dicho trámite
cuando se presenta “superposición total con un único título minero, situación
que al no configurarse generó el recorte respectivo”. Tampoco procedían
recortes de área inferiores a la regla de medición, “pues a partir de las reglas
de negocio dispuestas en el documento técnico anexo a la Resolución 505 de
2019, no se concibe en la actualidad que la solicitud y un título minero puedan
compartir una misma celda (…), por lo que se da aplicación al principio de
primero en el tiempo primero en el derecho”.

3.2.3. Pues bien, la motivación de los actos administrativos demandados hace
patente su naturaleza particular, pues decidieron de manera definitiva19 la actuación
administrativa iniciada por Juan David Berrio Hernández para la formalización de la
actividad minera tradicional, en el sentido de rechazar la petición por no contar con
área libre en el sistema de medición de cuadrícula minera. Entonces, los actos
cuestionados decidieron una situación jurídica particular, por medio de la
declaración de voluntad expresa de un organismo estatal, manifestada en ejercicio
de las funciones asignadas a la Agencia Nacional de Minería como administradora
de los recursos mineros (art. 317 del Código Minero)20, específicamente la relativa
al procedimiento de formalización de minería tradicional prevista inicialmente por la
Ley 1382 de 2010, reglamentada posteriormente por el Decreto 0933 de 2013 y
ratificada por el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019 —Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022—, al disponer la continuación de las solicitudes presentadas hasta el 10
de mayo de 2013.

En este escenario, la Sala procede al análisis de legalidad de los actos
administrativos conforme a los cargos de nulidad determinados en la etapa de
fijación del litigio, así: (i) falsa motivación y desconocimiento de los principios de
buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima por la aplicación errónea de la ley

19 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, artículo 43. “Actos

definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible
continuar la actuación.”.
20 ARTÍCULO 317. “Autoridad Minera. Cuando en este Código se hace referencia a la autoridad minera o

concedente, sin otra denominación adicional, se entenderá hecha al Ministerio de Minas y Energía o en su
defecto a la autoridad nacional, que de conformidad con la organización de la administración pública y la
distribución de funciones entre los entes que la integran, tenga a su cargo la administración de los recursos
mineros, la promoción de los aspectos atinentes a la industria minera, la administración del recaudo y
distribución de las contraprestaciones económicas señaladas en este Código, con el fin de desarrollar las
funciones de titulación, registro, asistencia técnica, fomento, fiscalización y vigilancia de las obligaciones
emanadas de los títulos y solicitudes de áreas mineras.”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

en el tiempo que, a juicio del accionante, originó la modificación de las actuaciones
administrativas concluidas antes de la declaración de nulidad de la norma que las
sustentaba (evaluaciones técnicas de delimitación del área); y (ii) violación del
debido proceso en la actuación administrativa de formalización de minería
tradicional por falsa motivación, pues la solicitud fue rechazada sin que se llevara a
cabo el trámite de mediación previsto en la Ley 1955 de 2019 cuando el área a
formalizar se encuentra ocupada totalmente por un título minero.

3.3. Primer cargo de nulidad: desconocimiento de los principios de buena
fe, confianza legítima y seguridad jurídica por aplicación errónea de la ley en
el tiempo

El demandante afirma que el acto administrativo que definió la situación jurídica
incurrió en falsa motivación, porque el precepto legal que habilitó a la autoridad
minera para continuar las actuaciones administrativas suspendidas con motivo de
la inexequibilidad de la Ley 1383 de 2010 y la suspensión provisional y posterior
declaración de nulidad del Decreto 0933 de 2013 no invalidó las etapas del
procedimiento surtidas en vigencia de esa normativa. Por tanto, en su opinión, la
delimitación del área de interés fijada conforme a la norma anulada constituye una
actuación consolidada, inmodificable.

3.3.1. Para el análisis del cargo, viene necesario precisar que el proceso de
legalización de minería tradicional fue establecido inicialmente en el Código de
Minas ―art. 165― por un término improrrogable de tres (3) años, contados desde
el 1 de enero de 2002. El Decreto 2390 de 2002, por medio del cual se reglamentó
la norma citada, fijó el procedimiento para la formalización, así: (i) la presentación
del formulario de legalización con prueba de la actividad minera y el plano de
delimitación del polígono, (ii) el estudio de libertad de área, (ii) la visita técnica que
procedía en los eventos en que se encontraba área libre y definía la viabilidad de la
explotación, (iv) la elaboración del programa de trabajo y obra ―en adelante PTO―
y el plan de manejo ambiental ―en adelante PMA― a cargo de la autoridad minera
y, (v) la adjudicación.

La Ley 1382 de 2010 fijó un segundo periodo de legalización por el término
improrrogable de dos años contados a partir de su promulgación ―9 de febrero
de 2010― para que “los explotadores, los grupos y asociaciones de minería
tradicional” presentaran solicitud de concesión, “llenando para el efecto todos los
requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre
para contratar, y se acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en
forma continua desde antes de la vigencia de la ley 685 de 2001”. En cuanto al
procedimiento de legalización de la actividad minera, la Ley 1382 de 2010
introdujo las siguientes disposiciones: (i) mediación de la autoridad minera,
cuando el área a formalizar estuviera ocupada por una concesión, “siempre que
el grupo o asociación demuestre una antigüedad mayor a la que tiene la
concesión” y, cuando “el área no se hallare libre por la existencia de una
propuesta de contrato de concesión”, momento en que la autoridad minera
iniciaba la mediación entre las partes, pero si la propuesta de concesión era
rechazada se tenía “como primera opción para continuar el trámite, la solicitud
de legalización”; y (ii) fijó un plazo de un año para realizar la visita de viabilidad
después de radicada la solicitud, y de dos meses para resolver la petición “a

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

partir del recibo de los PTO y PMA por parte del interesado”21.

La norma citada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional a través de
sentencia fechada el 11 de mayo de 2011, con efectos diferido a dos años; término
en el cual el Gobierno y el Congreso, en el marco de sus competencias y después
de agotar el procedimiento de consulta previa en los términos del artículo 330 de la
Constitución Política, debían establecer las medidas legislativas de reforma al
Código de Minas.

3.3.2. Vistas las pruebas traídas a este proceso contencioso, la Sala encuentra
demostrado que Juan David Berrío Hernández radicó la solicitud de
legalización de minería ante la autoridad minera el 16 de abril de 201322, época
en la que regía la Ley 1382 de 2010, próxima a perder efectos por motivo de la
declaración de inexequibilidad diferida.

El 9 de mayo de 2013, casi un mes después de la radicación de la solicitud, el
Gobierno expidió el Decreto 0933, por medio del cual definió la minería tradicional
como la actividad minera ejercida antes de la vigencia del Código de Minas sin título
minero inscrito, en un área específica, en forma continua o discontinua, por
personas naturales o grupos de personas naturales o asociaciones y dispuso,
además, que el procedimiento de “formalización de minería tradicional” previsto en
esa normativa sería aplicable a los trámites en curso y a las solicitudes presentadas
hasta el 10 de mayo de 2013.

3.3.2.1. Así, el trámite de legalización de minería iniciado por el accionante en
vigencia de la Ley 1382 de 2010 debió ajustarse al procedimiento dispuesto por el
Decreto 0933 de 2013, que establecía las siguientes etapas: (i) presentación de la
solicitud de formalización, con los documentos comerciales o técnicos para acreditar
el trabajo minero y el plano digital del área; (ii) etapa de “requerimiento para
subsanar” cuando resultara procedente; (iii) etapa de verificación de área libre, en
la que se agotaba el trámite de mediación en los eventos de superposición
descritos en la norma; (iv) visita “para verificar que los anexos técnicos presentados
corresponden a los trabajos mineros”; (v) etapa de comunicaciones previas a la
diligencia de visita; (vi) presentación del informe técnico de visita por parte de la
autoridad minera en el mes siguiente a la visita; (vii) presentación del PTO y el PMA
en un plazo no superior a un año contado desde la notificación del informe técnico
de visita o de subsanadas las falencias técnicas; (viii) evaluación de los programas
y, (ix) suscripción del “contrato especial” de concesión minera en un plazo de treinta
(30) días contados desde la fecha de aprobación de los programas.

3.3.2.2. Posteriormente, la Ley 1753 —Plan Nacional de Desarrollo 2014-201823—,
publicada el 9 de junio de 2015, habilitó a la ANM para implementar un sistema de
cuadrícula con el propósito de delimitar el área objeto de los contratos de concesión,
de acuerdo con una regla de medición única y continua, aplicable a “los títulos

21 Ley 1382 de 2010, artículo 12. Legalización.
22 Expediente electrónico, aplicativo Samai, índice 2, “demanda-anexos”, pág. 19.
23 ARTÍCULO 21. Clasificación de la Minería. Para efectos de implementar una política pública diferenciada, las

actividades mineras estarán clasificadas en minería de subsistencia, pequeña, mediana y grande. El Gobierno
nacional las definirá y establecerá los requisitos teniendo en cuenta el número de hectáreas y/o la producción
de las unidades mineras según el tipo de mineral. Para la exploración solo se tendrán en cuenta las hectáreas.
PARÁGRAFO. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Autoridad Minera Nacional podrá adoptar
un sistema de cuadrícula para delimitar el área objeto de los contratos de concesión minera, la cual será única
y continua. Así mismo podrá adaptar al sistema de cuadrículas los títulos mineros otorgados con anterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley, en caso de que el beneficiario de estos así lo decida.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

mineros otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, en
caso de que el beneficiario de estos así lo decidí[era]” 24, y fijó un plazo de dos (2)
años contados a partir de su expedición para que la autoridad minera resolviera las
solicitudes de formalización de minería tradicional en curso25.

3.3.3. Por auto GLM 001328 de 1 de diciembre de 2015, la autoridad minera
requirió al hoy actor para que subsanara la solicitud de “legalización de
minería tradicional, [que] pasa a tramitarse como solicitud de formalización de
minería tradicional”, por consiguiente, le concedió el plazo de un mes para allegar
el plano de delimitación de área, la documentación comercial o técnica para
acreditar la actividad minera, y los formularios de declaración de producción y
liquidación de regalías, entre otros26.

3.3.4. La autoridad minera, por auto GLM 000394 de 29 de abril de 2016, en el
numeral primero, ordenó la realización de la “visita de viabilización” a la zona
de explotación comprendida en un área de “10,42784 hectáreas”, conforme a lo
expuesto en la revaluación técnica y jurídica elaborada por el Grupo de Legalización
Minera. En el numeral segundo dispuso programar la visita y comunicar de la misma
al solicitante y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. En el
numeral tercero requirió al señor Juan David Berrío para que aportara la relación de
liquidación de regalías. En el numeral cuarto previó la notificación al solicitante y en
el numeral quinto informó que contra dicho auto no procedía recurso alguno “por ser
un acto administrativo de trámite” 27.

3.3.5. En esa etapa de la actuación administrativa, el Consejo de Estado, por auto
fechado el 26 de julio de 2016, suspendió de manera provisional el Decreto 0933 de
2013, al considerar que “se expidió con el propósito declarado de suplir por la vía
reglamentaria una norma de rango legal que había sido declarada inexequible y
buscar ‘establecer los mecanismos para seguir evaluando, realizando las visitas de
viabilidad, la consecuente aprobación del Programa de Trabajos y Obras y el Plan
de Manejo Ambiental y la procedencia de otorgar los contratos de concesión minera,
a este grupo de mineros que conforme a la Ley 1382 de 2010 presentaron en el
término señalado por la norma, la solicitud de formalización respectiva’. En ese
orden de ideas, no procedía reglamentar una ley previamente declarada
inexequible, dado que se trataba de una norma que había salido del ordenamiento
jurídico” 28.

La suspensión provisional Decreto 0933 de 2013 generó la interrupción del
procedimiento de formalización de minería tradicional iniciado por el hoy actor

24 ARTÍCULO 21. Clasificación de la Minería. Para efectos de implementar una política pública diferenciada, las

actividades mineras estarán clasificadas en minería de subsistencia, pequeña, mediana y grande. El Gobierno
nacional las definirá y establecerá los requisitos teniendo en cuenta el número de hectáreas y/o la producción
de las unidades mineras según el tipo de mineral. Para la exploración solo se tendrán en cuenta las hectáreas.
PARÁGRAFO. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Autoridad Minera Nacional podrá adoptar
un sistema de cuadrícula para delimitar el área objeto de los contratos de concesión minera, la cual será única
y continua. Así mismo podrá adaptar al sistema de cuadrículas los títulos mineros otorgados con anterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley, en caso de que el beneficiario de estos así lo decida.
25 ARTÍCULO 19. Mecanismos para el trabajo bajo el amparo de un título en la pequeña minería. Son

mecanismos para el trabajo bajo el amparo de un título minero, los siguientes: (…)
La Autoridad Minera tendrá un plazo de dos (2) años contados a partir de la expedición de esta ley para resolver
las solicitudes de legalización de minería de hecho y las solicitudes de formalización de minería tradicional que
actualmente están en curso.
26 Expediente electrónico, aplicativo Samai, índice 2, “demanda-anexos”, pág. 19.
27 Expediente electrónico, aplicativo Samai, índice 2, “demanda-anexos”, pág. 26.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, exp. 55881. Providencia confirmada por auto de 6 de

noviembre de 2018 que resolvió el recurso de súplica interpuesto por el Ministerio de Minas y Energía.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

cuando se encontraba pendiente la programación de la visita para la verificación de
los trabajos mineros, la ubicación y antigüedad de las explotaciones mineras, el
estado de avance, el mineral objeto de explotación y las condiciones de seguridad
(art. 11).

Durante el periodo de suspensión provisional de los efectos del Decreto 0933 de
2013, la autoridad minera expidió la Resolución núm. 504 de 18 de septiembre de
2018, por medio de la cual adoptó el sistema de cuadrícula previsto en la Ley 1753
de 201529, como “única regla geométrica para el otorgamiento de títulos mineros
[…], conformada por un conjunto continuo de celdas de tres coma seis por tres coma
seis (3,6 x 3,6) de arco”30, “que equivale, aproximadamente, a 1,24 hectáreas”31 y
dispuso que las solicitudes y propuestas presentadas con anterioridad “estarán
conformados espacialmente por celdas completas y colindantes por un lado de la
cuadrícula minera” 32.

Posteriormente, la Ley 1955 —Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 —, publicada
el 25 de mayo de 2019, dispuso la implementación del sistema de cuadrícula minera
“de acuerdo con las normas de información geoespacial vigentes” y, en tal virtud,
determinó: (i) que “todas las solicitudes y propuestas se evaluarán con base
en el sistema de cuadrícula”; (ii) que “no se permitirán las superposiciones de
propuestas sobre una misma celda” y, (iii) que los títulos mineros otorgados con
anterioridad migrarían al sistema de cuadrícula “manteniendo las condiciones y
coordenadas en las que fueron otorgados”33.

Esta Corporación, por sentencia dictada el 28 de octubre de 2019, declaró la nulidad
del Decreto 933 del 9 de mayo de 2013 “y de las disposiciones que reprodujeron su
contenido en el Decreto 1073 de 2015”, al considerar que “nada impedía que el
Gobierno nacional reglamentara el procedimiento de formalización minera a través
del decreto, si con ello se hubiere limitado a procurar la debida aplicación de la
norma reglamentada mientras la misma conservaba vigencia […]. Con todo, esta
situación efectivamente revela un vicio en la motivación del acto administrativo, pues
si bien el decreto no reproducía el contenido de la norma legal declarada
inexequible, resulta obvio que la reglamentación que con él se adoptaba -más aun
teniendo en cuenta el momento en que se estaba adoptando- tenía la expectativa
de provocar la pervivencia del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, aún luego de que
se hiciera efectiva su inexequibilidad, pues sometía en adelante los trámites de

29 Artículo 21, parágrafo.
30 Artículo 3 de la Resolución nro. 504 de 18 de septiembre de 2018.
31 Resolución nro. 504 de 2018, Documento Técnico para la Actualización del Sistema de Referencia y la
Adopción de la Cuadrícula Minera, páginas 36 a 41 “La Cuadrícula Minera consta de siete niveles, los cuales
se detallan en la Tabla 10. […] Nivel 7: Se genera al dividir el anterior en veinticinco (25) celdas de 3,6” (tres
coma seis segundos) de latitud por 3,6” (tres coma seis segundos) de longitud.”.
32 Artículo 4. Trámite de solicitudes. “Las solicitudes y propuestas presentadas con anterioridad y los contratos

de concesión generados a partir de la puesta en operación del Sistema Integral de Gestión Minera estarán
conformados espacialmente por celdas completas y colindantes por un lado de la cuadrícula minera. Parágrafo.
Las dimensiones de las celdas que conforman la cuadrícula minera serán revisadas con base en el análisis que
al respecto realice la autoridad minera, cada quinquenio, a partir de la presente resolución.”.
33 ARTÍCULO 24. SISTEMA DE CUADRÍCULA EN LA TITULACIÓN MINERA. “La implementación del sistema

de cuadrículas se llevará a cabo de acuerdo con las normas de información geoespacial vigentes y los
lineamientos que para el efecto defina la autoridad minera nacional. Todas las solicitudes y propuestas se
evaluarán con base en el sistema de cuadrícula minera implementado por la autoridad minera nacional.
Por lo anterior no se permitirá la superposición de propuestas sobre una misma celda, con excepción de las
concesiones concurrentes. Se entiende por celda el cuadro definido por la autoridad minera nacional como una
unidad de medida para la delimitación del área de las solicitudes y contratos de concesión minera. Los títulos
mineros otorgados con anterioridad a la entrada en operación del sistema de cuadrícula o el que haga sus
veces, migrará a este sistema manteniendo las condiciones y coordenadas en las fueron otorgados, para lo cual
se atenderá la metodología que para el efecto establezca la autoridad minera nacional.”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

formalización de minería tradicional a las reglas que en conjunto dichas normas
establecían”34.

La ANM, por medio de la Resolución 505 de 2 de agosto de 2019, adoptó los
lineamientos para la evaluación de los trámites y solicitudes mineras a partir del
sistema de cuadrícula minera y la metodología para la migración de los títulos
mineros al sistema, determinó como área mínima para otorgar un título minero "la
correspondiente a una celda de la cuadrícula minera de que trata la Resolución 504
de 2018” (cercana a 1.24 hectáreas) y fijó un periodo de transición, desde la vigencia
del acto administrativo hasta el 31 de octubre de 2019, para la “transformación y
evaluación de las propuestas de contratos de concesión y solicitudes mineras
que se encuentran en trámite”.

3.3.6. La ANM, a través de las resoluciones demandadas expedidas el 28 de
octubre de 2019 y el 27 de marzo de 2020, decidió rechazar la solicitud de
minería tradicional presentada por el demandante, porque al ajustar el área objeto
de formalización al sistema de cuadrícula encontró que “no cuenta con área libre
susceptible de contratar con fundamento en la evaluación técnica y la norma que
regula la materia”, por estar parcialmente superpuesta con una propuesta de
concesión presentada antes de la solicitud de formalización, y con cuatro títulos
mineros que tocaban parcialmente la celda, circunstancia que generó el bloqueo
total del área a favor de los titulares en aplicación de los lineamientos fijados para
la evaluación de los trámites en curso (Resolución 505 de 2019).

3.3.7. En este escenario, los actos administrativos dictados antes del rechazo de la
solicitud constituyen actos administrativos de trámite o preparatorios, que
permitieron el avance de la actuación administrativa necesaria para la definición de
la situación particular; no crearon, modificaron ni reconocieron un derecho35, pues
no decidieron directa o indirectamente el fondo del asunto ni imposibilitaron la
continuación de la actuación36. En este entendido, la ANM, en el auto GLM 000394
de 16 de abril de 2016, dispuso que no procedía recurso alguno contra la
programación de la visita técnica “por ser un acto administrativo de trámite de
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011”.

Sobre la definición de los actos de trámite o preparatorios, la doctrina ha
considerado que son “aquellos que se expiden como parte del procedimiento
administrativo con el fin de darle curso a este, es decir, son netamente
instrumentales ya que no encierran declaraciones de la voluntad, no crean
relaciones jurídicas y sólo sirven de impulso a la continuidad de la actuación de la
administración"37. En línea con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha
considerado que los actos de trámite, en la mayoría de los casos, "no crean,
modifican o extinguen una situación jurídica concreta, sino que están encaminados
a contribuir con su realización (...) no expresan en conjunto la voluntad de la
administración, pues simplemente constituyen el conjunto de actuaciones

34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, exp. 55881.
35 CPACA, artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto.
36 CPACA, artículo 43. Actos definitivos.
37 Definición que esta Corporación acuñó valiéndose de la clasificación ofrecida por el tratadista García —
Trevijano Fos, con el fin de determinar y delimitar "su inserción en el procedimiento y recurribilidad. CONSEJO
DE ESTADO, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2020, rad. 25000-23-42-000-
2014-00109-01(1997-16). Sobre el tema ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de
28 de junio de 2023, exp. 58022, demandante: Marco Antonio Velilla Moreno.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

intermedias, que preceden a la formación de la decisión administrativa que se
plasma en el acto definitivo”38.

Por su parte, la jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que existen tres
tipos de actos administrativos clasificados de acuerdo con la etapa de la actuación
administrativa en que se prefieren39: (i) los actos preparatorios, accesorios o de
trámite, definidos como aquellos que se expiden como parte del procedimiento
administrativo con el fin de darle curso a este, es decir, son netamente
instrumentales, ya que no encierran declaraciones de la voluntad, no crean
relaciones jurídicas y sólo sirven de impulso a la continuidad de la actuación de la
administración; (ii) los actos definitivos, que de conformidad con el artículo 43 del
CPACA, deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible
continuar con la actuación, es decir, resuelven de fondo una situación jurídica o
impiden la continuación del procedimiento administrativo, en razón a que contienen
la esencia del tema a decidir y tienen la potestad para modificar la realidad con su
contenido; y (iii) los actos de ejecución, que se limitan a dar cumplimiento a una
decisión judicial o administrativa.

El recuento jurídico y fáctico citado denota entonces que los actos administrativos
de trámite o de impulso, por medio de los cuales la autoridad minera definió
inicialmente el área a formalizar como presupuesto de la visita técnica, eran
actuaciones preparatorias que no entrañaban una situación jurídica
consolidada constitutiva de derechos adquiridos. Bajo este entendido, la
autoridad minera podía evaluar la solicitud con base en el sistema de cuadrícula
minera y establecer la viabilidad técnica del proyecto de acuerdo con el
procedimiento establecido en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, así:

“Las personas naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud de
formalización de minería tradicional hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad
minera competente y que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentran
vigentes y en área libre, continuarán su trámite con el fin de verificar la viabilidad
técnica del desarrollo del proyecto minero de pequeña minería. Si la solicitud no se
encuentra en área libre esta se rechazará salvo lo dispuesto en el inciso tercero del
presente artículo. En caso de que la superposición sea parcial se procederá a los
recortes respectivos. La autoridad minera resolverá estas solicitudes en el término de
un (1) año contado a partir de la viabilidad técnica de la solicitud. Una vez verificada
la viabilidad de la solicitud, la autoridad minera requerirá al solicitante para que
presente en un plazo máximo de cuatro (4) meses el Programa de Trabajos y Obras
(PTO) a ejecutar y la licencia ambiental temporal para la formalización en los términos
del artículo 22 de esta ley, so pena de entender desistido el trámite de formalización.
En caso de que se formulen objeciones al PTO y estas no sean subsanadas se
procederá al rechazo de la solicitud. Una vez aprobado el PTO y el Plan Manejo
Ambiental (PMA) o licencia ambiental temporal se procederá con la suscripción del
contrato de concesión.

En el evento en que las solicitudes de formalización de minería tradicional se hayan
presentado en un área ocupada totalmente por un título minero y se encuentre vigente
a la fecha de promulgación de la presente ley, la autoridad minera procederá a realizar
un proceso de mediación entre las partes. De negarse el titular minero a la mediación
o de no lograrse un acuerdo entre las partes, se procederá por parte de la autoridad
minera al rechazo de la solicitud de formalización.

38 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU- 077 del 8 de agosto de 2018, exp. T-6.326.444.
39 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de octubre de 2009, exp. 2008-00026-00; Sección
Segunda, sentencia de 13 de agosto de 2020, exp. 2014-00109-01 (1997-16).

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

A partir de la promulgación de esta ley y mientras no se resuelva de fondo el trámite
de la solicitud de formalización de minería tradicional no habrá lugar a la aplicación
de las medidas previstas en los artículos 161 y 306 de la Ley 685 de 2001, ni a
proseguir las acciones penales señaladas en los artículos 159 y 160 de esta misma
ley, sin perjuicio de la aplicación de las medidas preventivas y sancionatorias de
carácter ambiental, así como las relacionadas con la seguridad minera”.

La aplicación de la norma citada a las actuaciones administrativas en curso tiene
sustento en la figura de la retrospectividad de la ley, que “se presenta cuando las
normas se aplican a situaciones que si bien surgieron con anterioridad a su entrada
en vigencia, sus efectos jurídicos no se han consolidado al momento en que cobra
vigor la nueva ley (…) De este modo, ‘aquello que dispone una norma jurídica debe
cumplirse de inmediato, hacia el futuro y con la posibilidad de afectar situaciones
que se han originado en el pasado (retrospectividad), es decir, situaciones jurídicas
en curso al momento de entrada en vigencia de la norma”40.

Sobre el tema, la sentencia C-619 de 2011, citada en el acto administrativo que
confirmó el rechazo de la solicitud de formalización, consideró que, “en materia de
regulación de los efectos del tránsito de legislación, la Constitución solo impone
como límites el respeto de los derechos adquiridos, y el principio de favorabilidad y
de legalidad penal. Por fuera de ellos, opera la libertad de configuración legislativa.
Con base en ello, el legislador ha desarrollado una reglamentación general sobre el
efecto de las leyes en el tiempo, contenida en la Ley 153 de 1887, según la cual en
principio las leyes rigen hacia el futuro, pero pueden tener efecto inmediato sobre
situaciones jurídicas en curso.

Así, el cargo de nulidad sustentado en la presunta interpretación equivocada de la
ley en el tiempo no es de recibo, pues resulta claro que, al no contar el actor con
derecho adquirido alguno, la autoridad minera podía evaluar la solicitud conforme al
sistema de cuadrícula previsto en la nueva normativa que se ordenó implementar a
todas las solicitudes en trámite (L. 1955/19, art. 24)33-41.

Asimismo, es necesario precisar que la solicitud de formalización minera sólo
confiere al solicitante una expectativa de obtener el título ante la acreditación de los
requisitos exigidos en la ley, esto es, el “eventual surgimiento de un derecho en el
evento de que, en el futuro, se cumplan las condiciones previstas en la ley. Se trata
solo de la posibilidad o probabilidad de adquirir un derecho y, en esa medida, las
autoridades en el marco de sus competencias podrían introducir reformas no solo
en las condiciones para su surgimiento sino también para definir su alcance” 42. Al
respecto, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que “la propuesta de
concesión, mientras está en trámite, no confiere el derecho a celebrar el contrato.
La única prerrogativa que concede la propuesta es un derecho de prelación o
preferencia para obtener el título minero si se cumplen todos los requisitos legales,

40 Corte Constitucional, sentencia SU-309 de 11 de julio de 2019.
41 Sobre la aplicación de la ley en el tiempo ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia

de 13 de julio de 2022, exp. 64021: “7.1.- La excepción de la aplicación inmediata de la norma procesal se
presenta, entre otros casos, cuando exista un término que haya comenzado a correr en vigencia de la norma
anterior. Esto justamente ocurrió en este caso. La ANM respetó el término que tenían los demandantes para
presentar el PTO. Una vez vencido este término, se debía aplicar la nueva norma procesal. Y la nueva norma,
a diferencia de la Resolución 598 de 2013, modificada por la Resolución 698 de 200317, no establece la
necesidad de requerir a los solicitantes”.
42 Corte Constitucional, sentencia C-192 de 20 de abril de 2016, por medio de la cual declaró inexequibles

algunos apartes de los artículos 23 y 24 de la Ley 1617 de 2013 “Por la cual se expide el Régimen para los
Distritos Especiales.”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

de conformidad con el artículo 16 (…)”43, “de tal forma que durante todo el trámite
gubernativo reglado y hasta el perfeccionamiento del título, el proponente solo
adquiere una mera expectativa respecto al cumplimiento de los presupuestos
legales exigidos para la consolidación del derecho”44.

3.3.8. En ese orden, la aplicación de la Ley del Plan 2018-2022 a la solicitud de
formalización de minería tradicional en curso no desconoce los principios de
confianza legítima y seguridad jurídica como expresión del principio de buena fe,
porque las actuaciones que en un primer momento evaluaron el área solicitada para
formalización, constituían actos de trámite o preparatorios susceptibles de
modificación por virtud del tránsito legislativo, precisamente por no configurar una
situación jurídica consolidada ni entrañar un derecho adquirido.

3.4. Segundo cargo de nulidad: violación del debido proceso por la
pretermisión de la etapa de mediación

3.4.1. Para el análisis del cargo se debe rememorar, conforme a los hechos
probados45, que la actuación administrativa de formalización estuvo regida
inicialmente por la Ley 1392, pero por causa de la declaración de inexequibilidad se
adecuo al trámite previsto en el Decreto 0933 de 2013, que preveía las siguientes
etapas: (i) presentación de la solicitud, del plano del área de explotación y de los
documentos comerciales o técnicos que demostraran el ejercicio de la actividad
minera (arts. 6 y 7); (ii) subsanación de la solicitud (art.9); (iii) verificación de área
libre y recorte de superposiciones parciales (art. 10); (iv) visita técnica y proceso
de mediación en los eventos de “superposición con un contrato de concesión o
contrato de áreas de aporte o autorización temporal” (art. 11); (v) comunicaciones
previas a la diligencia de visita (art. 12); (vi) presentación del informe técnico de
visita por parte de la autoridad minera (art. 13); (vii) presentación del PTO y el PMA
(art. 16); (viii) evaluación de los programas (art. 18) y, (ix) suscripción del “contrato
especial” de concesión (art. 19).

En este caso, el procedimiento iniciado46 cerca de un mes antes de que se
cumplieran los dos años de la inexequibilidad diferida resuelta en la sentencia C-
366 del 11 de mayo de 2011, se surtió bajo la vigencia del Decreto 0933 de 2013
hasta la etapa de programación y realización de la visita técnica en la que se
contaba con la evaluación del área libre susceptible de formalización, fase aplazada
por motivo de la suspensión provisional de los efectos del Decreto 0933 de 2013,
dictada por auto fechado el 26 de julio de 201647. Con la entrada en vigencia de la
Ley 1955 de 2019, la actuación administrativa continuó, bajo la condición de que la
solicitud de formalización minera se encontrara en área libre, de acuerdo con el
sistema de cuadrícula minera aplicable a “todas las solicitudes y propuestas” (art.
24).

La autoridad minera, al transformar el área objeto de la solicitud de formalización al
sistema de cuadrícula, determinó que las 20 celdas que conformaban el polígono
objeto de la solicitud de formalización se encontraban parcialmente superpuestas

43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de septiembre de 2021, expediente

28061.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 29 de enero de 2018, expediente 52038.
45 Apartados 3.3.1. a 3.3.4.
46 Aptado. 3.3.2
47 Página web Rama Judicial, consulta de procesos, exp. 11001-03-26-000-2015-00169-00 (55881), índices 34

y 35. Auto notificado por estado el 5 de agosto de 2016.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

con títulos mineros y con una solicitud de concesión previa; circunstancia que motivó
el rechazo de la solicitud en el entendido de que las superposiciones parciales
detectadas no daban lugar al proceso de mediación previsto en el Decreto 0933 de
2013 (art.11) que rigió inicialmente la actuación administrativa, también previsto en
la Ley del Plan 1955 de 2019 (art. 325). Para sustentar esta conclusión, la autoridad
minera manifestó que “a partir de las reglas de negocio dispuestas en el documento
técnico anexo a la Resolución 505 de 2019, no se concibe que una solicitud y un
título puedan compartir una misma celda”, por consiguiente, el título minero que toca
parcialmente una celda la bloquea totalmente para solicitudes que recaigan sobre
la misma, aun cuando exista área libre en dicha celda.

Al respecto, es necesario precisar que el procedimiento de formalización de minería
tradicional de que trata el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019 prevé dos eventos de
superposición del área a formalizar, a saber48: (i) cuando se traslapa con algunas
celdas que conforman el área total, caso en el que proceden los recortes respectivos
de las celdas traslapadas y, (ii) cuando las solicitudes “se hayan presentado en un
área ocupada totalmente por un título minero”, evento en el que “la autoridad
minera procederá a realizar un proceso de mediación entre las partes”. Asimismo,
la norma prevé el rechazo de plano de la solicitud cuando la zona solicitada “no se
encuentra en área libre” por ubicarse en un área excluible de minería49.

3.4.2. En el caso bajo estudio se encuentra demostrado que el área a formalizar,
calculada por la ANM al inicio de la actuación administrativa en 10,42784 hectáreas
(Decreto 0933 de 2013)50, se transformó al sistema de cuadrícula con el siguiente
resultado: (i) la zona total estaba conformada por veinte (20) celdas; (ii) tres (3) de
las celdas se encontraban bloqueadas por una solicitud anterior, evento que
generaba el recorte de las mismas, (ii) nueve (9) de las celdas compartían área con
el título 13733 ―Areniscas/Arcilla―, (iii) seis (6) celdas más compartían área con
el título anterior y los nros. 817, 15847 y 15495; por último, (iv) dos (2) celdas se
traslapaban parcialmente con el último título mencionado, descripción que muestra
un total de diecisiete (17) celdas tocadas parcialmente por títulos mineros.

Frente a las superposiciones parciales descritas, la ANM resolvió aplicar la regla de
bloqueo, en el entendido de que en vigencia del sistema de cuadrícula “no se
concibe que una solicitud y un título puedan compartir una misma celda”, solución
que denota una forma de “prelación” para el titular minero, ya que bloquea a su
favor la totalidad del área de la celda sin que medie solicitud de adición del área
libre.

48 Ley 1955 de 2019, artículo 325.
49 Código de Minas, artículo 34. ZONAS EXCLUIBLES DE LA MINERÍA. No podrán ejecutarse trabajos y obras

de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente
como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente y que, de acuerdo con las
disposiciones legales sobre la materia, expresamente excluyan dichos trabajos y obras.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Las zonas de exclusión mencionadas serán las que se constituyan
conforme a las disposiciones vigentes, como áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales,
parques naturales de carácter regional y zonas de reserva forestales. Estas zonas para producir estos efectos,
deberán ser delimitadas geográficamente por la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales y
ambientales con la colaboración de la autoridad minera, en aquellas áreas de interés minero. (…)”.
50 Artículo 10. “Superposiciones: La Autoridad Minera competente al momento de hacer el estudio de área,

efectuará recortes de oficio cuando se presente superposición parcial con propuestas de contratos de
concesión, contratos de concesión, contratos en áreas de aporte o autorizaciones temporales, en un porcentaje
menor o igual al cinco por ciento (5%), siempre y cuando en dicha área no se encuentren los frentes de
explotación de la respectiva solicitud de formalización de minería tradicional.”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

En este escenario, es válido afirmar que las tres (3) celdas superpuestas con una
solicitud anterior debían ser recortadas del área total por no estar permitida “la
superposición de propuestas” (art. 24) y por tener el primer solicitante “un derecho
de prelación o preferencia”51. Frente a las diecisiete (17) celdas restantes se
configura el supuesto de hecho que habilitaba a la autoridad minera “a realizar el
trámite de mediación”, puesto que la aplicación de la regla de bloqueo a favor del
titular minero generó la superposición de la solicitud de formalización minera con
“área ocupada totalmente por un título minero”, como consecuencia de la prelación
del título sobre la porción libre de la celda compartida.

Entonces, si el proceso de mediación procede cuando la celda está tocada
totalmente por el título minero, con mayor razón debe proceder cuando el
título toca parcialmente la celda, como en este caso, pues ello denota que el área
libre bloqueada puede ser concedida a cualquiera de las partes52, ya por virtud de
la denominada preferencia que la autoridad minera le concede al titular minero, ya
por causa del derecho de prelación que el Código de Minas le otorga al primer
solicitante, escenario que aumenta la probabilidad de negociación, pues se
circunscribe a la fracción de celda titulada. “Es asunto de lógica elemental” 53 y
“principio universal del derecho que, el que puede lo más, puede lo menos54”55.

No obstante, la autoridad minera decidió finalizar la actuación administrativa sin
surtir el trámite de mediación para el que estaba habilitada, con la siguiente
consideración:

≪[…] la última normativa dispone como requisito esencial para continuar el proceso
de formalización un área libre disponiendo como excepción la superposición total con
un título minero, situación que al no configurarse generó el recorte respectivo.

51 Código de Minas, artículo 16. “Validez de la propuesta. La primera solicitud o propuesta de concesión,

mientras se halle en trámite, no confiere, por sí sola, frente al Estado, derecho a la celebración del contrato de
concesión. Frente a otras solicitudes o frente a terceros, sólo confiere al interesado, un derecho de prelación o
preferencia para obtener dicha concesión si reúne para el efecto, los requisitos legales.”.
52 Si bien la regla de bloqueo referida se encontraba vigente al momento en que la autoridad minera definió la

actuación administrativa de formalización, es del caso precisar que esta Subsección, en sentencia reciente,
declaró la nulidad de la regla referida, al considerar: “[E]n las áreas libres de celdas tocadas parcialmente por
un título minero, surge la posibilidad de concurrencia de títulos ya para el solicitante de la concesión que tiene
la expectativa de obtener la adjudicación, ya para el beneficiario del título adyacente. No obstante, las
excepciones a las que remite la regla 6.1.2., descritas en la regla 6.1.6., establecen una preferencia en favor de
los beneficiarios de los títulos colindantes al prever el bloqueo "para nuevas solicitudes" excepto cuando "el
mismo titular" o "cualquiera de los titulares" solicite la adjudicación, pues les permite la ampliación de la zona
concesionada para conformar un polígono regular a través de la concurrencia de títulos; ventaja que desconoce
las reglas sobre migración de títulos, según las cuales el título migra manteniendo las coordenadas en que fue
otorgado, y elimina la posibilidad de concesiones al establecer el bloqueo de nuevas solicitudes”. (Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 2 de agosto de 2023, exp. 66398).
53
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, expediente: 1994-02321 (20104),
citado para denotar: “que si el juez adquiere competencia para resolver un aspecto global de la controversia,
por haber sido objeto del recurso, tiene igualmente la atribución para revisar todos los asuntos que hacen parte
de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único.”. Al
respecto ver: Sección Tercera, sentencia de unificación de 6 de abril de 2018, expediente 46005.
54 El que puede lo más, puede lo menos, es un aforismo que resulta de la aplicación de un principio de

interpretación jurídica llamado a fortiori, una de cuyas variantes se denomina a maiori ad minus (si la ley autoriza
lo más, implícitamente autoriza lo menos). El argumento a fortiori más que un argumento interpretativo en
sentido estricto, es un método de integración, un método para llenar lagunas legales, en definitiva un instrumento
de la interpretación extensiva o analógica (….). Si se analiza la forma de funcionamiento del argumento, se ve
inmediatamente que la duda (intrínseca a todo proceso interpretativo) no está referida al significado del precepto
que se va a aplicar, que puede ser perfectamente claro, sino a la posibilidad de extender la consecuencia legal
a una hipótesis no expresamente prevista. Francisco Javier EZQUIAGA GANUZAS, La argumentación en la justicia
constitucional, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana 2008, páginas 204,205.
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de diciembre de 2013, expediente: 1998-01163-01

(27124).

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

Títulos Mineros 13733, 15945, 15847, 817

Como quedó expuesto anteriormente, las áreas correspondientes a los títulos mineros
vigentes a la entrada en marcha del sistema de cuadrícula minera fueron migrados
con observancia a las condiciones y coordenadas bajo las cuales les fue otorgado el
contrato de concesión.

Conforme a lo expuesto, cuando un título minero coincide en una cuadrícula con una
o varias solicitudes en curso será el titular quien la bloquee totalmente, pues a partir
de las reglas de negocio dispuestas en el documento técnico anexo a la resolución
505 de 2019, no se concibe en la actualidad que una solicitud y un título minero
puedan compartir una misma celda≫.

En ese orden, la motivación expuesta por la autoridad minera para rechazar la
solicitud de formalización sin surtir el proceso de mediación se muestra
incongruente, al considerar que el trámite procede sólo cuando el área solicitada
está “ocupada totalmente por un título minero”, y prescindir de él cuando aplica la
regla de bloqueo total a favor del titular que toca la celda parcialmente, aun cuando
la aplicación de dicha regla genera la misma consecuencia, esto es, la ocupación
total del área por títulos mineros bajo el sistema de bloqueo de celdas.

Ante la pretermisión de la etapa de mediación en la actuación administrativa de
formalización de minería tradicional, viene pertinente mencionar que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que las garantías del debido
proceso resultan aplicables tanto a los trámites judiciales como administrativos, por
tanto, en ambos casos es imperativo el respeto del “conjunto de reglas […] que
deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas”, como
“presupuesto que se erige en garantía del principio de legalidad que gobierna el
debido proceso”56; principio que en el ámbito de la función administrativa tiene como
propósitos: “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii)
garantizar la validez de sus propias actuaciones y (iii) resguardar el derecho a la
seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”57.

Así, en las actuaciones administrativas, el acto administrativo expedido en forma
irregular y con desconocimiento de “la plenitud de las formas propias de cada juicio”
―como garantía constitucional al debido proceso58― configura causal de nulidad
“[…] cuando, de una parte, la expedición irregular se relaciona con trámites
substanciales o de fondo que inciden en la formación o en el sentido de la
decisión y cuando, de otra parte, el desconocimiento de audiencia elude un paso
necesario dirigido a garantizar el debido proceso”59, esto es, cuando el vicio ocurrido

56 Corte Constitucional, sentencia C-496 de 5 de agosto de 2015.
57 Corte Constitucional, sentencia T-192 de 18 de abril de 2023. Reitera tesis expuesta en sentencias: C-980 de

2010, C-758 de 2013, C-034 de 2014, T-051 de 2016 y T-209 de 2022.
58 Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. // Nadie

podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente
y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. // En materia penal, la ley permisiva o
favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. // Toda persona
se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene
derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las
que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho. // Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” (Subrayas de la Sala)
59 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de noviembre

de 2003, exp. 14431.

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Demandante: Juan David Berrio Hernández

durante el trámite administrativo influye en el sentido de la decisión de manera grave
y determinante60. Al respecto, la Sala ha considerado:

≪[…] con idéntico fundamento en el principio constitucional del debido proceso y en
la garantía del derecho de defensa, se tiene que advertir que el afectado que impugna
un acto administrativo invocando una irregularidad procedimental debe demostrar que
la misma se produjo aparejada de una decisión que afectó materialmente sus
derechos, para que esa irregularidad pueda ser considerada como constitutiva de la
vulneración al debido proceso.

En otras palabras, de la misma manera que el Estado debe observar el debido
proceso tanto en los aspectos formales con los materiales de la actuación
administrativa, el administrado que pretende la anulación del respectivo acto
administrativo debe desplegar la prueba, en dos sentidos: i) identificar la violación del
procedimiento y ii) demostrar la consecuencia de la irregularidad sobre la decisión
contenida en el acto administrativo≫61.

Conforme con el derrotero jurisprudencial citado, es válido afirmar que en este caso
se encuentra demostrada tanto la violación del procedimiento administrativo como
la consecuencia de dicha irregularidad en la decisión final, pues la autoridad
minera rechazó la solicitud de formalización sin surtir el trámite de mediación
previsto en la ley para el evento en que el área solicitada se superpone con
“un área ocupada totalmente por un título minero”; decisión que frustró el
diálogo y solución del conflicto entre los beneficiarios de los títulos que tocan
parcialmente las celdas y el solicitante de la formalización que viene
desarrollando actividad minera en el área, a través de la implementación de las
figuras jurídicas que pueden emplearse para ese propósito, como, por ejemplo, la
devolución de áreas62, la cesión de derechos63 o la cesión de áreas64.

Al respecto, resulta pertinente precisar que la Ley 1753 de 2015 determinó que el
subcontrato de formalización minera y la devolución de áreas para la formalización
minera constituyen mecanismos que operan en el marco del trámite de mediación
“con el fin de contribuir a la formalización de los pequeños mineros que hayan
llevado a cabo su explotación en dicha área”, permitiéndoles “continuar adelantando
su explotación” 65.

60 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., y FERNÁNDEZ T. Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, 15ª edición, Civitas-

Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2011, p. 672.
61 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del

23 de noviembre de 2017. Rad. 25000-23-36-000-2013-02063-01(53861).
62 Código de Minas, artículo 82. DELIMITACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ÁREAS. Al finalizar el período de

exploración se deberá presentar la delimitación definitiva de la zona del área contratada que va a quedar
vinculada a los trabajos y obras de explotación, (…) Con oportunidad de esta delimitación, el concesionario
estará obligado a devolver, en lotes contiguos o discontinuos, las partes del área que no serán ocupadas por
los trabajos y obras mencionados. El área retenida deberá estar constituida por una extensión continua. // En
todo caso, no se permitirá retener áreas en el contrato de concesión que no sean económicamente
explotables.”.
63 Código de Minas, artículo 22. CESIÓN DE DERECHOS. La cesión de derechos emanados de una concesión,

requerirá aviso previo y escrito a la entidad concedente. Si recibido este aviso dicha entidad no se pronuncia
mediante resolución motivada en el término de cuarenta y cinco (45) días, se entenderá que no tiene reparo a
la cesión y se inscribirá el documento de negociación en el Registro Minero Nacional.”.
64 Código de Minas, artículo 25. CESIÓN DE ÁREAS. Podrá haber cesión de los derechos emanados del

contrato de concesión, mediante la división material de la zona solicitada o amparada por éste. Esta clase de
cesión podrá comprender la del derecho a usar obras, instalaciones, equipos y maquinarias y al ejercicio de las
servidumbres inherentes al contrato, salvo acuerdo en contrario de los interesados. // La cesión de áreas dará
nacimiento a un nuevo contrato con el cesionario, que se perfeccionará con la correspondiente inscripción del
documento de cesión en el Registro Minero Nacional.
65 Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Artículo 19. “MECANISMOS PARA EL TRABAJO

BAJO EL AMPARO DE UN TÍTULO EN LA PEQUEÑA MINERÍA. Son mecanismos para el trabajo bajo el
amparo de un título minero, los siguientes: 1. Subcontrato de formalización minera. Los explotadores mineros

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

La pretermisión del trámite de mediación dispuesto para la consecución de acuerdos
entre el solicitante y el titular minero en el curso del trámite de la solicitud de
formalización de minería tradicional configuró en el caso bajo estudio la vulneración
del debido proceso administrativo por el desconocimiento de la garantía que exige
observar “la plenitud de las formas propias de cada juicio”. Esta omisión trajo como
consecuencia el rechazo de la solicitud sin que la autoridad minera propiciara la
implementación de mecanismos de solución de conflictos entre las partes, al conferir
a los fundamentos de derecho un alcance que no tienen, porque la presunta
prelación que sustentó la aplicación de la regla de bloqueo a favor del beneficiario
del título que toca parcialmente la celda genera la ocupación total del área, tal como
sucede cuando el título toca la totalidad de la celda, por consiguiente, el trámite de
mediación resulta imperativo en los dos eventos. Vale decir que, cuando la
ocupación total del área solicitada deviene por la aplicación del bloqueo de la celda
tocada parcialmente por un título, el conflicto se ciñe únicamente a la porción
titulada, no a la totalidad del área en la que el minero tradicional aduce estar
adelantado actividad minera, escenario que explícitamente propicia mayores
posibilidades de acuerdo entre las partes.

Nota la Sala, por demás, una contradicción de la ANM en la motivación de los actos
demandados, pues consideró que la zona objeto de la solicitud de formalización,
“una vez transformada al sistema de cuadrícula […] no cuenta con área libre”, al
encontrarse “totalmente superpuesta” en razón a la aplicación del sistema de
bloqueo “adoptado por la Resolución 505 de 2 de agosto de 2019”, circunstancia
que justamente le imponía a esa autoridad adelantar el proceso de mediación,
precisamente: (i) porque encontró demostrada la ocupación total del área,
presupuesto legal para la procedencia del trámite y, (ii) porque, desde la
implementación de la cuadrícula minera, “no se concibe que una solicitud y un título
minero puedan compartir una misma celda”, hecho que habilita la proposición de
fórmulas de arreglo entre el titular minero beneficiario de la regla de bloqueo que le
confiere una especie de “prelación”, y el minero tradicional que, a su vez, cuenta
con el derecho de preferencia del área libre (artículo, 16 del Código de Minas).

Tampoco resulta ajustada a la ley la interpretación expuesta por la ANM en el
sentido de que el trámite de mediación sólo procede cuando la superposición total
del área se presenta con un único título minero, porque la normativa que fija los
lineamientos de transformación de áreas prevé claramente la posibilidad de
que dos o más titulares mineros que comparten una misma celda puedan
solicitar preferentemente la adjudicación de la zona libre a través de la
integración de áreas, supuesto que lleva a inferir que el solicitante, en virtud
del derecho de prelación que le confiere la ley, también tiene la posibilidad de

de pequeña escala o pequeños mineros que se encuentren adelantando actividades de explotación antes del
15 de julio de 2013 dentro de áreas ocupadas por un título minero, previa autorización de la autoridad minera
competente, podrán suscribir subcontratos de formalización minera con el titular minero para continuar
adelantando su explotación. La Autoridad Minera Nacional efectuará la respectiva anotación en el Registro
Minero Nacional en un término no mayor a los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del
subcontrato de formalización por parte de la autoridad minera competente. […] 2. Devolución de áreas para la
formalización minera. Entiéndase por devolución de áreas para la formalización minera, aquella realizada por el
beneficiario de un título minero como resultado de un proceso de mediación efectuado por el Ministerio de Minas
y Energía o la autoridad minera competente, o por decisión directa de este, con el fin de contribuir a la
formalización de los pequeños mineros que hayan llevado a cabo su explotación en dicha área o a la reubicación
de aquellos que se encuentran en un área distinta a la zona devuelta […] Los beneficiarios de títulos mineros
podrán devolver áreas para la formalización, en cualquier etapa del título, no obstante, en la etapa de
exploración esta devolución solo podrá realizarse como resultado de un proceso de mediación. La Autoridad
Minera dará trámite inmediato a la devolución de estas áreas. […]”.

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Demandante: Juan David Berrio Hernández

obtener la adjudicación del área libre tocada por varios títulos66. El legislador
elevó a rango legal dicha interpretación al prever el trámite de mediación entre las
partes cuando se presenta la superposición total del área con varios “títulos mineros
(…), con el fin de iniciar las acciones encaminadas (…) a la búsqueda de posibles
acuerdos para hacer uso de las figuras jurídicas existentes y aplicables.”67.

En ese orden, resulta válido afirmar que los actos administrativos demandados
desconocieron el debido proceso al conferirle a los motivos de derecho un
alcance que no tienen, porque aun cuando la autoridad minera encontró
demostrado que la solicitud de formalización de minería tradicional recaía sobre un
área totalmente ocupada, por causa de la aplicación de la regla de bloqueo de
celdas prevista a favor del titular minero (Resolución 505 de 2019), pretermitió el
trámite de mediación sin tener en cuenta que la situación encajaba en el supuesto
de hecho previsto en la Ley del Plan, según el cual, “en el evento en que las
solicitudes de formalización de minería tradicional se hayan presentado en un área
ocupada totalmente por un título minero y se encuentre vigente a la fecha de
promulgación de la presente ley, la autoridad minera procederá a realizar un
proceso de mediación entre las partes”.

3.5. Sobre el restablecimiento del derecho deprecado

3.5.1. En lo relativo a las consecuencias de la nulidad, la jurisprudencia de esta
Corporación ha considerado que tiene efectos ex tunc, porque afecta la validez del
acto desde su expedición, “debiéndose tener como si éste no hubiera existido” o
devolver en el tiempo sus efectos, “en esa medida crea una ficción jurídica”68,
porque retrotrae la situación al estado en que se encontraba antes de su
expedición69.

Así, en el caso bajo estudio, la declaración de nulidad de los actos que rechazaron
la solicitud de formalización de minería tradicional impone retrotraer la actuación
administrativa iniciada por Juan David Berrio a la etapa en que se encontraba antes

66 Código de Minas, artículo 16. “La primera solicitud o propuesta de concesión, mientras se halle en trámite, no

confiere, por sí sola, frente al Estado, derecho a la celebración del contrato de concesión. Frente a otras
solicitudes o frente a terceros, sólo confiere al interesado, un derecho de prelación o preferencia para obtener
dicha concesión si reúne para el efecto, los requisitos legales.”.
67 Ley 2250 de 2022, “Por medio del cual se establece un marco jurídico especial en materia de Legalización y

Formalización Minera, así como para su financiamiento, comercialización y se establece una normatividad
especial en materia”. Artículo 4. “Ruta para la legalización y formalización minera. […]En el evento de que al
iniciar el trámite de radicación de la solicitud por parte de los mineros tradicionales se evidencie la superposición
total con títulos mineros, se deberá informar de manera inmediata a la autoridad minera anexando los soportes
respectivos y la información general que conlleva la solicitud, como son: mineral, solicitantes, área, entre otros,
con el fin de dejar trazabilidad del proceso. Así mismo, se deberá informar al Ministerio de Minas y Energía con
el fin de iniciar las acciones encaminadas a la mediación entre las partes en la búsqueda de posibles acuerdos
para hacer uso de las figuras jurídicas existentes y aplicables.”.
68 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 21 de mayo de 2009 y 22 de noviembre de 2012,

expedientes. 2003-00119-01 y 2004-00334-01. Sección Segunda, sentencias de 27 de marzo de 2008, 22 de
octubre de 2018 y 2 de diciembre de 2019, expedientes 2003-08975-01(8239-05), 2013-00240-00(0548-13) y
2013-01790-01(4188-17).
69 Cuando se trata de la nulidad de actos generales, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que “no

afectan las situaciones jurídicas consolidadas, entendiéndose por tales las creadas, modificadas o extinguidas
por un acto particular y concreto que no puede ser objeto de revisión, ni en sede administrativa ni en sede
judicial, ya sea porque fueron objeto de decisiones judiciales con efecto de cosa juzgada, o bien porque ya
vencieron los términos para el ejercicio de los recursos ordinarios o de los medios de control judicial”. Al respecto
ver las sentencias: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia AC-2019-00171-00 de 14 de febrero de
2019. En Igual sentido, ver sentencias de 21 de mayo de 2009, expediente 2003-00119. M.P. Rafael Ostau de
Lafont P. y de 8 de julio de 2010, expediente 2002-00956, M.P. María Claudia Rojas L. Sección Cuarta,
sentencias de 5 de mayo de 2003, 22 de septiembre de 2004, 27 de octubre de 2005 y 23 de noviembre de
2005, expedientes 12248, 13645, 14715 y 14979.

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Demandante: Juan David Berrio Hernández

de la decisión de rechazo, para que la autoridad administrativa surta el trámite de
mediación entre los titulares mineros y el solicitante, de acuerdo con lo pretendido
por el demandante70.

3.5.2. No cabe, sin embargo, la estimación de la pretensión de que en el proceso
de formalización minera se respete lo dispuesto en los actos GLM No. 001328 de
2015 y GLM No. 000394 de 2016, en cuanto fijaron el área libre para contratar 71,
pues, conforme a lo considerado anteriormente72, las actuaciones preparatorias,
como las que se desarrollaron en los actos preparatorios referidos, no entrañaban
una situación jurídica consolidada constitutiva de derechos adquiridos.

3.5.3. En lo concerniente a la indemnización de los perjuicios, la Sala precisa que
el accionante circunscribió la reclamación a los réditos dejados de percibir durante
los meses de “agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2020”, por la imposibilidad
de extraer de la mina las toneladas de material de construcción que habitualmente
extraía; pretensión cuyo análisis procede, pues esta explotación no tendría un
carácter ilícito, conforme al inciso final del artículo 325 de la Ley 1955 de 2009, el
cual prevé que “[a] partir de la promulgación de esta Ley y mientras no se resuelva
de fondo el trámite de la solicitud de formalización de minería tradicional no habrá
lugar a la aplicación de las medidas previstas en los artículos 161 y 306 de la Ley
685 de 2001, ni a proseguir las acciones penales señaladas en los artículos 159 y
160 de esta misma ley”.

Bajo este marco, la Sala observa que la pretensión indemnizatoria se sustentó en
la certificación expedida por un contador público, allegada con la demandada, en la
que el profesional expuso el ingreso dejado de recibir durante “agosto, septiembre,
octubre y diciembre de 2020”, a partir del cálculo de las toneladas extraídas en
meses anteriores, el valor de venta reportado en “los registros históricos y reservas
existentes”, así73:

• Arcilla: “1000 toneladas mensuales, a un precio de $80.000 tonelada. Mensual
$80.000.000. Mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Diciembre. 2020. Total a la
fecha $320.000.000”.
• Recebo: “500 toneladas mensuales a un precio de $20.000 tonelada. Mensual
$10.000.000. Mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Diciembre. 2020. Total a la
fecha $40.000.000.
• Piedra: “20 viajes mensuales a $450.000 cada viaje, $9.000.000. Mes de Agosto,
Septiembre, Octubre, Diciembre. 2020. Total a la fecha $36.000.000.

“Total pérdidas económicas a la fecha causados por la imposibilidad de explotación
(diciembre 2020 por la cancelación de la explotación, trecientos noventa y seis millones
de pesos ($396.000.000)”.

La certificación suscrita por el contador público también describió la “pérdida por
indemnizaciones de personal que laboraba en la explotación”, equivalente a ocho
(8) trabajadores, en cuantía de veintidós millones quinientos cuarenta y cinco mil
pesos ($22.545.000). Seguidamente, señaló los “costos mensuales de vigilancia del
predio de explotación, para proteger de invasiones (…), mensual $4.500.000, a la
fecha cuatro meses, total $18.000.000” y “costos de adecuación de la explotación
para proteger daños ambientales (…), total cincuenta y ocho millones trescientos
70 Aptado. 2.1.
71 Aptado. 2.1.
72 Acápite 3.3.
73 Expediente electrónico, aplicativo Samai, índice 2, “demanda-anexos”, pág. 35.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

cuarenta y cinco mil pesos ($58.345.000). Gran total a la fecha cuatrocientos
cincuenta y cuatro millones trecientos cuarenta y cinco mil pesos ($454.345.000). El
lucro cesante, daño emergente y pérdida del valor comercial de los terrenos ya que
con la decisión se pierde la única utilidad de dichos terrenos como es la explotación
de materiales de construcción”.

3.5.3.1. Ahora, para determinar la eficacia probatoria de la prueba contable, resulta
pertinente considerar lo previsto en el artículo 2° de la Ley 43 de 1990, conforme al
cual las actividades relacionadas con la ciencia contable abarcan “[…] todas
aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades,
certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se
expidan con fundamentos en los libros de contabilidad, revisoría fiscal prestación de
servicios de auditoría, así como todas aquellas actividades conexas con la
naturaleza de la función profesional del Contador Público, tales como: la asesoría
tributaria, la asesoría gerencial, en aspectos contables y similares”. En línea con lo
anterior, la jurisprudencia74 ha precisado que el contador público, al ejercer la
ciencia de la contabilidad, concentra sus funciones en asesorar y colaborar a los
particulares a cumplir la obligación de llevar el registro pormenorizado de sus
actividades, así como una relación de sus estados financieros, “pues ello es
requisito fundamental para el manejo regular de los negocios y para la seguridad y
efectividad de las relaciones jurídicas que surjan con ocasión de los mismos.”.

En este caso, la certificación contable no denota el ejercicio de dichas actividades,
pues el resultado de las “pérdidas” calculadas por el contador público carece de una
explicación pormenorizada de las fuentes contables en las que basó la liquidación
de la indemnización por perjuicios materiales. Tampoco refirió información de libros
contables, de documentos comerciales o técnicos ni de formularios de declaración
de producción que acreditaran el ejercicio de la actividad minera durante el periodo
objeto de la pretensión indemnizatoria. Por tanto, la certificación contable carece de
eficacia probatoria para demostrar el ejercicio de la actividad minera y, por
consiguiente, los réditos dejados de percibir durante el periodo reclamado.

3.5.3.2. Adicionalmente, la prueba de oficio decretada para acreditar la actividad
minera y “la cantidad de materiales de construcción explotados” durante el periodo
reclamado75, consistente en “la copia de los libros de registro de la explotación de
los datos históricos de la mina San Lorenzo”, fue desistida por el apoderado de la
parte actora en la audiencia de pruebas, “porque los soportes, teniendo en cuenta
la explotación artesanal, eran remisiones que no se encontraron”76.

En este orden, la Sala negará el reconocimiento de los perjuicios materiales
reclamados, pues el demandante no demostró el ejercicio de la actividad minera.

74 “[…] el Contador Público colabora y asesora al particular en el cumplimiento de sus obligaciones contables y

tributarias. En relación con este aspecto de la profesión, y teniendo en cuenta que algunos particulares -en
especial los comerciantes- tienen el deber de llevar un registro pormenorizado de sus actividades y una relación
fiable de su estados financieros, constituye función primordial de los contadores públicos la de coordinar y
asesorar a los mismos en el cumplimiento adecuado de dichos compromisos, pues ello es requisito fundamental
para el manejo regular de los negocios y para la seguridad y efectividad de las relaciones jurídicas que surjan
con ocasión de los mismos. || En segundo término, y como quiera que la situación individual de los particulares
repercute en ámbitos externos que involucran el interés público, es función también del Contador Público
garantizar la veracidad de la información relacionada con el patrimonio de dichos particulares, que pueda ser
requerida y utilizada por el Estado o por terceros en el giro ordinario de sus negocios”. CORTE
CONSTITUCIONAL. Sentencia C-645 del 13 de agosto de 2002.
75 Expediente electrónico, aplicativo Samai, índice 37.
76 Expediente electrónico, aplicativo Samai, índice 48. (Negrilla añadida).

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

4. Costas

La Sala procede a disponer sobre la condena en costas conforme a lo previsto en
el artículo 188 del CPACA77, que remite a las disposiciones del CGP, entre las que
se encuentra la relativa a su composición, esto es, las expensas, gastos procesales
y agencias en derecho, las cuales deben ser “tasadas y liquidadas con criterios
objetivos y verificables en el expediente”78. En cuanto a las reglas para la imposición
de la condena en costas, la norma procesal general establece que procede en
contra de la parte vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación, y sólo habrá lugar a su imposición “cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación” 79. La liquidación se realiza
de manera concentrada por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso
en primera o única instancia.

Conforme a dichas previsiones, la Sala condenará en costas a la parte demandada,
comoquiera que las pretensiones fueron decididas parcialmente favorables. Para tal
efecto, la Secretaría de la Sección deberá efectuar la correspondiente liquidación y
tasación de las expensas y gastos procesales que aparezcan causados y las
agencias en derecho que la Sala estima en uno por ciento (1%) de las pretensiones,
conforme a la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado del
accionante. Dicha tasación obedece a la aplicación del Acuerdo 10554 de 201680 y
del artículo 365-5 del CGP81, que habilitan a la Sala para fijar una tarifa por fuera
del rango establecido en asuntos de esta naturaleza, cuando la demanda prospera
de manera parcial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de las resoluciones número cero cero mil
noventa y nueve (001099) de veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve

77 CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá

sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
78 CGP, artículos 361 (composición), 362 (expensas, arancel), 363 (honorarios de auxiliares de la justicia) y 366-

4 (agencias en derecho).
79 CGP, artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que

haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que
dio lugar a aquella. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación.
CGP, artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en
el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: (…) 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un
máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas.”.
80 Artículo 5. Tarifas. “Procesos declarativos en general. En única instancia. // a. Cuando en la demanda se

formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido. // b. En aquellos asuntos que
carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V.”.
81 CGP, art. 365. “En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en

costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00049-00 (66705)
Demandante: Juan David Berrio Hernández

(2019) y cero cero cero doscientos sesenta y ocho (000268) de veintisiete (27) de
marzo de dos mil veinte (2020), por medio de las cuales la ANM rechazó la solicitud
de formalización de minería tradicional presentada por Juan David Berrio
Hernández.

SEGUNDO: RETROTRAER la actuación administrativa iniciada por Juan David
Berrio Hernández a la etapa en que se encontraba antes de que fueran proferidas
las resoluciones número cero cero mil noventa y nueve (001099) de veintiocho (28)
de octubre de dos mil diecinueve (2019) y cero cero cero doscientos sesenta y ocho
(000268) de veintisiete (27) de marzo de dos mil veinte (2020), para que la autoridad
administrativa surta el trámite de mediación entre los titulares mineros y el
solicitante.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: CONDENAR a la Agencia Nacional de Minería al pago de costas
conforme a la liquidación realizada de manera concentrada por la Secretaría de la
Sección, en la que se incluirán agencias en derecho en cuantía equivalente al uno
por ciento (1%) de las pretensiones, para el momento en el que fue proferida esta
sentencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF

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