Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00394-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00394-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00394-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00394-02 (2082-2025)
Demandante: Marco Antonio Castillo Velasco y otros1
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Tema: Retiro por llamamiento a calificar servicios
Sentencia de segunda instancia
Asunto
Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por el
demandante contra la sentencia del 29 de abril de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F que negó las
pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Marco Antonio Castillo Velasco y Sandra Patricia González2 Burgos presentaron
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo3 en orden a que se declarara la nulidad del Decreto
1302 del 30 de septiembre de 2020 que ordenó el retiro de aquel por llamamiento a
calificar servicios y del Oficio 2020310001583583 del 4 de marzo de 2020, «que
suspendió la designación como Adjunto Militar de la Embajada de la misión Permanente de
Colombia ante la Organización de Estados Americanos OEA con destino al Colegio
1 María Antonia Castillo Linares, hija del demandante, Sandra Patricia González Burgos quien actúa
en nombre propio y en representación de su hija Salome Castillo González.
2 Quienes actúan en representación de sus hijas María Antonia Castillo Linares y Salome Castillo
González.
3 En adelante CPACA.
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Demandante: Marco Antonio Castillo Velasco
Interamericano de Defensa con sede en la ciudad de Washinton durante el lapso del 1° de
julio de 2020 al 30 de junio de 2021»4.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió i) el reintegro al cargo que
desempeñaba como coronel y/o a otro de superior categoría, sin solución de
continuidad; ii) el ascenso al grado inmediatamente superior conservando la
antigüedad y prelación que le correspondía en el escalafón de oficiales; iii) el
reconocimiento y pago del lucro cesante equivalente a los salarios y prestaciones
dejados de percibir desde el momento de su retiro hasta el reintegro efectivo; iv) el
pago del daño emergente por el 30% del valor que sea reconocido en la sentencia
que ponga fin al presente proceso; v) el pago de los daños materiales causados
como consecuencia del acto que «le canceló la comisión al exterior»; vi) el pago de los
perjuicios morales por 100 smlmv para cada uno de los demandantes; vi) el
cumplimiento de la sentencia de conformidad con los artículos 187, 192 y 195 del
CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:
3.1. Marco Antonio Castillo Velasco ingresó como cadete al Ejército Nacional el 1°
de marzo de 1989, ascendió hasta el grado de coronel el 4 de diciembre de 2015 y
desempeñó los siguientes cargos:
3.1.1. Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la
entidad demandada; asesor en justicia transicional durante el desarrollo de los
diálogos de paz con las Farc en la Habana, Cuba; integrante del equipo de trabajo
jurídico de las Fuerzas Militares desde el año 2015 a 2018; segundo comándate y
jefe del estado mayor de la tercera brigada del Ejército Nacional a partir del 2 de
agosto de 2018 al 7 de diciembre de 2019; director de instrucción, entrenamiento y
reentrenamiento de la entidad demandada desde el 8 de diciembre de 2019 hasta
la fecha de retiro, entre otros.
3.2. Fue designado comandante del Ejército Nacional como «adjunto militar de la
misión permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) con
destino al Colegio Interamericano de Defensa de Washinton DC», para el periodo
comprendido entre el 1° de julio de 2020 al 31 de junio de 2021. Reconocimiento
que obedeció «a sus excelentes virtudes que con mística, dedicación, entrega ha brindado
su vida al servicio de la Patria, enalteciendo sus cualidades personales y profesionales
como militar las cuales han contribuido al fortalecimiento de la institución». Decisión que
fue comunicada a través de oficio del 5 de diciembre de 2019.
4 Cuaderno principal folios 1 a 37.
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3.3. El 18 de enero de 2020 a través de los diferentes medios de comunicación tales
como «El País.com, Extra.com.co y la FM, se hicieron algunas publicaciones relacionadas
con la incautación de 5.005 cartuchos de 5.56 mm., (fabricados por la Industria Militar
Colombiana), en el Puerto de Buenaventura por la Policía Fiscal Aduanera y Fiscalía
General de la Nación, material que al parecer tenía destino para las disidencias de las FARC
en Nariño».
3.4. Mediante el Oficio 2020101000493113 del 30 de enero de 2019 (sic), suscrito
por el inspector general del Ejército Nacional mayor general Jaime Agustín Carvajal
Villamizar, dirigido al comandante del Ejército, presentó el informe «General Misión
de Trabajo No. 003-2020», correspondiente a la inspección realizada con ocasión de
los hechos denunciados antes señalados.
3.5. A través de petición del 3 de febrero de 2020 el demandante solicitó copia del
informe de inspección realizado por el inspector general del Ejército del 19 al 25 de
enero de 2020.
3.6. Mediante Oficio 20206030001320633 del 25 de febrero de 2020, suscrito por el
coronel William Alirio Virguez Buitrago, jefe de estado mayor y segundo comandante
de la Tercera Brigada, se dio respuesta a la anterior petición en el sentido de indicar
que esa información era «restringida» y que su petición sería remitida al inspector
general de esa entidad para que le diera una respuesta de fondo.
3.7. Con el Oficio 2020310001583583 del 4 de marzo de 2020 le fue comunicado al
excoronel por parte del comandante del Comando de Personal Ejército Mauricio
Moreno Rodríguez, la suspensión de su designación como Adjunto Militar de la
Embajada de la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de Estados
Americanos OEA con destino al Colegio Interamericano de Defensa con sede en la
ciudad de Washington durante el lapso del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021
y por tal motivo no se «continuaría con el estudio y proceso de comisión al exterior.»
3.8. Debido a lo anterior, el excoronel se acercó al Comando de Personal del Ejército
Nacional para pedir una explicación de la suspensión anterior y se le informó por
parte del «General Moreno Ojeda Carlos Iván […] que la decisión se adoptó a raíz del
informe presentado por el Inspector del Ejército antes referido, puesto que, se iban a iniciar
investigaciones judiciales en las que el Oficial iba a ser vinculado por lo que se requería de
su presencia en el País.»
3.9. Mediante Oficio 2020201002235423 del 27 de marzo de 2020 el Inspector
general del Ejército mayor general Jaime Agustín Carvajal Villamizar, en respuesta
a la anterior solicitud señaló: «[…]teniendo en consideración que los informes de
inspección contienen información sensible que pudiera afectar la defensa y la seguridad
nacional, se procede a rechazar la petición de la referencia de carácter reservada».
3.10. El 4 de marzo de 2020 la Fiscalía Séptima Especializada de Cali certificó que
el demandante «no tenía ningún tipo de responsabilidad y no se encontraba vinculado» a
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la investigación por los hechos del 21 de enero de 2020, proceso (CUI
760016099174202000342).
3.11. Mediante el Oficio 189 del 27 de agosto de 2020 el director ejecutivo de la
Justicia Penal Militar dio respuesta a la petición del demandante consistente en que
se le informara si se había adelantado algún proceso en su contra durante su carrera
Militar, como respuesta se le informó que «a corte 30 de abril de 2020 no se encontraron
datos de procesos adelantados con su nombre e identificación».
3.12. El 16 de septiembre de 2020 el excoronel Marco Antonio Castillo Velasco se
reunió con el general Mauricio Moreno Rodríguez, quien le informó que el proceso
de la comisión al exterior había presentado «complicaciones por lo que le recomienda
que pida su retiro por voluntad propia insinuando que si no se tramitaba de este modo la
decisión de los altos mandos sería retirarlo “por la 1032”».
3.13. El Ministerio de Defensa Nacional mediante el Decreto 1302 del 30 de
septiembre de 2020, resolvió retirar del servicio activo al excoronel Marco Antonio
Castillo Velasco de las Fuerzas Militares, en forma temporal con pase a la reserva
por llamamiento a calificar servicios, con novedad fiscal 2 de octubre de 2020. «El
contenido del acto administrativo le fue comunicado mediante radiograma» del 2 de
octubre de 2020.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 2, 25, 29, 53, 125 y 217 de la Constitución
Política; numerales 1, 2, 3, 5, 8 y 9 del artículo 3 del CPACA; Decreto Ley 1790 de
2000 y Decreto 1799 de 2000.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:
5.1. El acto mediante el cual se le canceló la comisión al exterior fue expedido con
infracción de las normas en que debió fundarse, esto es los decretos 1790 de 2000
y 1799 de 2000 y de forma irregular, pues a pesar de haberse expedido «el
nombramiento» sin ninguna justificación se resolvió suspender la comisión y
finalmente retirarlo del servicio por la simple «sospecha» de que estuviera vinculado
a unos hechos irregulares de connotación nacional, aun cuando no había
investigación alguna que determinara que realmente tenía algún tipo de
responsabilidad, vulnerándole así el debido proceso, presunción de inocencia y
defensa, causándole perjuicios materiales y morales.
5.2. Las normas que regulaban el sistema de remplazos en las Fuerzas Militares
fueron desconocidas, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus
miembros y el régimen especial de carrera establecido en el Decreto 1709 de 2009
y las normas sobre evaluación y clasificación dispuestas en el Decreto 1799 de
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2000.
5.3. La expedición de los actos demandados no guardó relación con la realidad por
lo que operó la falsa motivación, pues se basaron en apreciaciones subjetivas
sustentada en unos hechos que estaban siendo objeto de investigación y en los que
no tenía injerencia alguna el demandante, pero que lo afectaron solo por haber
trabajado en esa unidad militar investigada.
5.4. Entre la fecha en que se decidió cancelar la comisión al exterior del oficial y la
emisión del acto administrativo que lo retiró del servicio activo existió un nexo
causal, la cual «fue anunciada por un alto oficial que le sugirió solicitar el retiro por voluntad
propia, de lo contrario sería llamado a calificar servicios».
5.5. Los actos demandados se expidieron de forma irregular, pues la entidad
demandada invocó el ejercicio de la facultad de llamamiento a calificar servicios,
con el único objetivo de esconder la real motivación de su retiro. Situación que
significó «una conducta flagrantemente discriminatoria y fraudulenta por parte de la
administración, donde se pretende disfrazar la realidad que era la de mostrar “resultados
ante la opinión pública”, ya que en los diferentes medios de comunicación se anunció el
retiro de varios oficiales que presuntamente estaban involucrados en los hechos
denunciados, sin tener en cuenta que el oficial que represento, ni siquiera fue vinculado a
ninguno de los procesos que se adelantan por estos hechos, tal como se evidencia en las
pruebas documentales aportadas al plenario».
5.6. La entidad demandada al expedir los actos demandados excedió los
lineamientos previstos en el ordenamiento jurídico cuando decidió primero
«cancelar» la comisión en el exterior del oficial de forma irregular y, posteriormente,
con su retiro por llamamiento a calificar servicios, bajo el argumento de la garantía
de la renovación o relevo del personal uniformado, el cumplimiento del tiempo de
servicios y el derecho a la asignación de retiro como único requisito para dar por
terminada la prestación del servicio, cuando las razones que dieron lugar a ello
tenían su «génesis en las prácticas fraudulentas y discriminatorias que ocurrieron dentro
del Ejército Nacional respecto de las cuales el oficial no tenía ningún tipo de
responsabilidad, sino por el solo hecho de haber pertenecido a esa unidad.». La finalidad
de los actos demandados no era el relevo del personal, sino por el contrario terminar
con la carrera de un oficial por motivos personales alejados de la normativa que los
regía, por lo que operó así la desviación de poder.
5.7. Las normas de rango constitucional [artículos 2, 25, 29, 53, 125 y 215],
determinaron que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en estos se haría
previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fijara la ley para determinar
los méritos y calidades del aspirante, no obstante, la entidad demandada pasó esto
por alto al acudir a la potestad legal de la discrecionalidad, desconociendo que los
miembros de las Fuerzas Militares pertenecían a un régimen especial de carrera,
motivo por el cual no eran funcionarios de libre nombramiento y remoción y por
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tantos sus ascensos, derechos y obligaciones, promoción, capacitación y retiro
debían ceñirse a las normas legales vigentes.
5.8. Si el comando del Ejército Nacional y la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional hubiesen cumplido con el debido proceso respecto de la evaluación y
clasificación de los miembros de las Fuerzas Militares, el exoficial hubiese podido
cumplir con la designación como Adjunto Militar de la Misión Permanente de
Colombia ante la OEA en la ciudad de Washington EE.UU., y por tanto no habría
sido retirado del servicio por llamamiento a calificar servicios. Razón por la cual los
actos estaban viciados de desviación de poder.
5.9. El precedente constitucional debió aplicarse, esto es, la sentencia SU-091 y la
SU-217/16 que establecieron que el llamamiento a calificar servicios no podía
utilizarse como una herramienta de persecución por razones de discriminación o
abuso de poder.
1.2. Contestación de la demanda
6. El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, se opuso a las pretensiones de la
demanda, comoquiera que:
6.1. El demandante contaba con un tiempo de servicios de más de 29 años, es decir
que cumplía con el requisito de los 15 años para ser beneficiario de la asignación
de retiro.
6.2. No existían fundamentos de hecho y de derecho que demostraran la desviación
de poder, falsa motivación y expedición irregular «del acto», con violación al debido
proceso o al derecho de defensa, por lo que la «resolución demandada» gozaba de
presunción de legalidad.
6.3. Si bien era cierto que el exoficial no tuvo inconvenientes que le impidieran
ascender en la carrera militar hasta el grado de coronel no podía «perpetuarse en la
institución», que por ser de estructura piramidal requería de la salida de altos mandos
en cualquier momento una vez cumplieran con los requisitos de ley para permitir el
ascenso de las promociones siguientes.
6.4. El llamamiento a calificar servicios en términos prácticos conduce al cese de las
funciones de un militar en servicio activo, pero ello no comporta una sanción,
despido ni exclusión denigrante; por el contrario, las normas disponen, entre otras
prerrogativas, el reconocimiento y pago de una asignación de retiro, con el fin de
que satisfagan sus necesidades, por lo que la facultad discrecional, encuentra su
asidero en el principio de razonabilidad.
6.5. Encuanto a la falsa motivación, la cual se configura cuando no hay
correspondencia entre la realidad fáctica y los motivos que argumenta la
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administración para proferir un acto administrativo, en este caso, el «Decreto 487 del
23 de marzo de 2016», fue producto de un proceso integral de estudio por parte del
personal competente en los que sí se consignaron los motivos de la decisión, los
cuales no podían ser otros, que los señalados en los artículos 217 de la Constitución
Política, 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, modificado por la Ley 1104 de
2006, el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004 y la jurisprudencia relacionada con el
retiro por llamamiento a calificar servicios de la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado.
6.6. Sobre el desempeño y hoja de vida, se debía tener presente que ella no
generaba fuero de inamovilidad, pues un óptimo rendimiento era lo mínimo que se
podía esperar de un servidor público, más aún cuando era de alta graduación y «si
se revisara las hojas de vida de todos los oficiales en cualquier rango se podría apreciar
que igual tienen medallas, condecoraciones, estudios y felicitaciones registradas». El buen
desempeño indicaba un ejercicio responsable en su vida laboral, conforme con su
obligación constitucional y legal de realizar un trabajo diligente, para cuyo propósito
se vinculó al Ejército Nacional, comportamiento que es de la esencia de las
funciones públicas que corresponde a todos los servidores, además es la misma ley
la que autoriza el retiro discrecional y está no establece que el buen desempeño
impida el ejercicio de dicha facultad.
6.7. No podía afectarse la presunción de legalidad del «acto acusado por en una simple
afirmación subjetiva no probada», pues de conformidad con el artículo 167 del Código
General del Proceso se encontraba en cabeza de la persona que pretendía ser
indemnizada la carga probatoria, es decir, el demandante debía demostrar con
pruebas legalmente allegadas al proceso que el decreto demandado fue proferido
con vicios de desviación de poder y falsa motivación y no simplemente pretender
que se acceda a lo pretendido con base «en meras apreciaciones subjetivas no
probadas».
1.3. La sentencia apelada
7. En sentencia proferida el 29 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, negó las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas5, por cuanto:
7.1. Mediante el oficio del 5 de diciembre de 2019 se informó al demandante que
había sido designado para cumplir funciones como adjunto militar en el exterior,
dejando claro que sería «a partir de la expedición del correspondiente acto
administrativo». Posteriormente, con «Oficio 2020310001583583 del 4 de marzo de 2020
se indicó que la comunicación constituyó un acto preparatorio para una posible
conformación del expediente administrativo que materializará la comisión diplomática, y que
la misma es un acto de trámite estrictamente informativo, sobre el cual, no procede recurso
5 Samai, índice 92.
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alguno», oficios en los cuales se dejó claro que ambos eran actos de trámite.
7.2. Lo anterior, se sustentó en lo establecido en el literal a) del artículo 84 del
Decreto 1790 de 2000, el cual dispuso que la comisión en el exterior mayor de 90
días sería otorgada mediante decreto expedido por el gobierno nacional, acto
definitivo que no estaba en el expediente, mucho menos se acreditó su expedición.
«Tampoco se encontró el acto mediante el cual se decidió no continuar el trámite de la
comisión».
7.3. Frente a lo anterior el testigo Mauricio Moreno Rodríguez, quien suscribió el
oficio del 4 de marzo de 2020 demandado, precisó que una vez agotada la etapa
preparatoria de verificación de personal, los seleccionados, como lo fue el caso del
demandante, pasaban a ser verificados y estudiados por el Ministerio de Defensa
con el fin de que se evaluara la conveniencia o no de la comisión.
7.4. El Oficio 2020310001583583 del 4 de marzo de 2020 era un acto de trámite de
carácter informativo, tal como la entidad demandada lo precisó en el mismo, por lo
tanto, no era objeto de control judicial, máxime que para la materialización de la
comisión el gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa debía expedir el
respectivo decreto, situación que no sucedió.
7.5. El acto demandado mediante el cual se le retiró por llamamiento a calificar
servicios tuvo como fundamento el acta de la Junta Asesora, que de forma unánime
recomendó el retiro, con base en los argumentos relacionados con la estructura
jerárquica piramidal de la institución, la necesidad de mantener la jerarquía de los
grados y subordinación, así como los mecanismos para la renovación institucional
y que el demandante cumplía con más de 20 años de servicio para acceder a la
asignación de retiro.
7.6. La motivación de la decisión se encontraba en la legislación que reglamentó el
retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios, que son los artículos 99 del
Decreto Ley 1790 de 2000 y 14 del Decreto 4433 de 2004, que estableció la
asignación de retiro para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Militares en actividad.
7.7. El demandante no probó que con su retiro se hubiese desmejorado el servicio o
que se satisfaciera una finalidad contraria a los intereses públicos o al propósito de
la institución en ese momento, ni se evidenció alguna situación en particular en la
cual se advirtiera que se utilizó de forma indebida la figura del llamamiento a calificar
servicios. Tampoco se demostró que la investigación adelantada por la Fiscalía
Séptima de Cali hubiese tenido algún impacto o incidencia en la decisión de llamarlo
a calificar servicios, como sostuvo el demandante en el concepto de desviación de
poder.
7.8. Al no existir prueba alguna que demostrara los vicios de nulidad alegados en la
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demanda, lo manifestado por el excoronel se convierte «en mera o simple sospecha»,
sin que existiera soporte válido para anular el acto enjuiciado. Además, no era
posible trasladar la carga de la prueba a la parte demandada, pues se presumía que
sus actuaciones administrativas gozaban de presunción de legalidad, por lo tanto,
era deber de la persona que se encontraba inconforme demostrar lo contrario.
7.9. A pesar de advertirse un buen desempeño del demandante en sus funciones en
el Ejército Nacional, ello no le otorgó inamovilidad en el cargo público, pues un buen
rendimiento era lo mínimo que se esperaba de un servidor público, máxime si se
tiene en cuenta el cargo que ocupaba en la estructura piramidal.
1.4. El recurso de apelación
8. La parte demandante presentó recurso de apelación6 contra la sentencia de
primera instancia y lo sustentó así:
8.1. El a quo incurrió en un defecto sustancial en la decisión de primera instancia, al
reducir el análisis de la legalidad de los actos acusados «a una mera verificación formal
de requisitos», pues se limitó a constatar que el demandante contara con el tiempo
de servicio para la asignación de retiro y que existiera una recomendación de la
Junta Asesora, sin examinar su contenido, motivación, razonabilidad ni suficiencia.
8.2. De forma injustificada el tribunal se abstuvo de analizar el contenido del Oficio
2020310001583583 del 4 de marzo de 2020, mediante el cual se le comunicó la
suspensión de la designación como adjunto militar de la Embajada Colombiana ante
la OEA, toda vez que fue considerado como un acto «preparatorio», sin realizar un
análisis jurídico riguroso sobre sus efectos, pese a que ese acto produjo
consecuencias inmediatas, individuales y concretas sobre la situación jurídica de
aquel, lo que afectó el cargo que le había sido asignado y con ello, su trayectoria
profesional y expectativas de carrera. Ese oficio materializó una decisión autónoma
que modificó de forma directa su posición funcional y se convirtió en un antecedente
determinante para su posterior exclusión del servicio por vía de un llamamiento a
calificar servicios, desconociendo el principio de legalidad y el debido proceso
administrativo dispuestos en los artículos 6, 29 y 209 de la Constitución Política.
8.3. No se examinó si existía un nexo temporal o funcional entre el oficio que canceló
su designación como adjunto militar ante la Misión Permanente de Colombia ante
la OEA y los hechos que rodearon una investigación institucional adelantada por la
incautación de material de intendencia, ocurrida en un «contexto de amplio cubrimiento
mediático», en la cual el demandante no fue vinculado disciplinaria ni penalmente, ni
se acreditó en su contra reproche alguno.
8.4. La sentencia no valoró si el ejercicio de la figura del llamamiento a calificar
6Samai, índice 96.
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servicios respondía verdaderamente a una necesidad institucional objetiva o si pudo
haber sido utilizada de manera instrumental como respuesta institucional anticipada
frente a un hecho sin relevancia disciplinaria ni legal directamente atribuible al
excoronel. Esta omisión impidió un análisis sustancial de la finalidad del acto, lo cual
era indispensable para establecer si la administración actuó dentro de los límites de
la legalidad, de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen el
ejercicio de la potestad discrecional.
8.5. La providencia apelada omitió analizar el contexto real y completo en el que se
produjo el acto de retiro, y en su lugar se limitó a «leer el acto administrativo en
abstracto, como si fuera un trámite neutro carente de implicaciones personales» y
funcionales, lo cual contradice la exigencia de un control judicial que considerara la
finalidad y proporcionalidad de las decisiones administrativas.
8.6. Se hizo una valoración «sesgada» de las pruebas, pues con base en el material
probatorio que obraba en el expediente, podía afirmarse con suficiente grado de
convencimiento que existían múltiples indicios que permiten deducir lógicamente
que la verdadera razón del retiro del excoronel Marco Antonio Castillo Velasco no
obedeció al cumplimiento de requisitos objetivos de tiempo ni a una valoración
institucional técnica sobre su perfil, desempeño o proyección, sino «a presiones
externas derivadas de un contexto mediático adverso» y a una decisión encubierta que
se desvió de los fines constitucionales y legales del llamamiento a calificar servicios.
8.7. No se observaron los lineamientos normativos aplicables a la carrera militar y al
ejercicio de la potestad de retiro, contenidos en el Decreto Ley 1799 de 2000 que
exigen una evaluación estructurada, proporcional y funcional del oficial, mediante
listas de clasificación y necesidades institucionales verificables.
8.8. Se confundió la discrecionalidad administrativa con liberalidad o arbitrariedad, al
no verificar si la decisión obedeció a criterios objetivos, razonables y funcionales.
Según la jurisprudencia constitucional (sentencia SU-091 de 2016), la facultad de
retiro por llamamiento a calificar servicios, aunque discrecional, no podía emplearse
como sanción encubierta o como mecanismo de exclusión al margen del debido
proceso.
1.5. Trámite en segunda instancia
9. En auto del 4 de septiembre de 20257 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante contra la sentencia del 29 de abril de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
10. Mediante memorial del 5 de octubre de 20258 la entidad demandada descorrió
7 Samai, índice 4.
8 Samai, índice 9.
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traslado del recurso de apelación en el que solicitó que se confirmara la decisión de
primera instancia, toda vez que i) el Decreto 1790 de 2000 reguló los procedimientos
de evaluación y clasificación del personal pero no condicionó la legalidad del
llamamiento a calificar servicios, figura que por mandato legal no exigía motivación
formal y respondía a las necesidades de la organización y renovación de las
Fuerzas Militares; ii) no se acreditó la desviación de poder, esto es, que su retiro se
hubiese realizado con fines distintos a los previstos en la ley.
10.1. El acta de la junta asesora del Ministerio de Defensa evidenció que la decisión
era el resultado de una deliberación colegiada en la que se evaluaron los perfiles
institucionales de los oficiales en turno para ascenso o retiro.
10.2. El oficio del 4 de marzo de 2020 solo suspendió una postulación interna sin
producir efectos definitivos sore la situación administrativa del demandante, motivo
por el cual era un acto de trámite.
11. El Ministerio Público rindió concepto9 en el que solicitó que se confirmara la
decisión de primera instancia, toda vez que los reproches del demandante no
lograron demostrar a través de los indicios y motivos «encubiertos irregulares» que en
su criterio motivaron el acto administrativo de retiro del servicio.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
12. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
13. De conformidad con el recurso de apelación, se deben resolver los siguientes
interrogantes:
13.1. ¿si Marco Antonio Castillo Velasco tenía derecho a ser reintegrado al Ejército
Nacional porque el acto de retiro por llamamiento a calificar servicios está viciado
de falsa motivación y desviación de poder?
13.2. ¿siel Oficio 2020310001583583 del 4 de marzo de 2020 era un acto
administrativo susceptible de control judicial?
9 Samai, índice 11.
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14. Con el fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial
del retiro por llamamiento a calificar servicios de las Fuerzas Militares; segundo, la
falsa motivación del acto y la desviación de poder, se expondrán los hechos
probados; y tercero, se resolverá el caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Retiro por llamamiento a calificar servicios de las Fuerzas Militares
15. El Decreto 1790 de 2000 «por el cual se modifica el Decreto que regula las normas
de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares», estableció en
su artículo 99 lo siguiente:
«ARTÍCULO 99. RETIRO. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la que los
oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición de autoridad
competente, cesan en la obligación de prestar servicios en actividad. El retiro de los
oficiales en los grados de oficiales Generales y de insignia, Coronel o Capitán de Navío,
se hará por decreto del Gobierno; y para los demás grados incluyendo los suboficiales,
por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el Comandante General o
Comandantes de Fuerza.
Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto cuando se trate de oficiales
generales o de insignia, e inasistencia al servicio sin causa justificada, de acuerdo con
lo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.
El retiro se producirá sin perjuicio de la posibilidad de reincorporación, llamamiento
especial al servicio o movilización, previstos en este Decreto.»
16. De acuerdo con el segundo inciso de la norma citada, los oficiales generales o
de insignia no requerían para su retiro del concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional. Además, en cuanto a las causales de retiro, el
artículo 100 ibidem, fijó las siguientes:
«Artículo 100. Causales del retiro. El retiro del servicio activo para el personal de
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares se clasifica, según su forma y causales,
como se indica a continuación:
a) Retiro temporal con pase a la reserva:
1. Por solicitud propia.
2. Por cumplir dos (2) años en el Grado de General, Almirante o General del Aire, salvo
lo dispuesto en el artículo 102 de este decreto.
3. Por llamamiento a calificar servicios.
[...]»
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17. A su turno, el artículo 103 del mismo decreto previó que los oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares solo podrían ser retirados por llamamiento a
calificar servicios, cuando hubieran cumplido los requisitos para tener derecho a la
asignación de retiro.
18. De acuerdo con lo expuesto, una de las causales para retirar del servicio a los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares es el llamamiento a calificar servicios
y la única exigencia que se requiere es que hayan cumplido con los requisitos para
el reconocimiento de la asignación de retiro. Aunado a ello, para el caso de los
oficiales, es necesario el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa.
19. Esta corporación10 ha sostenido que el llamamiento a calificar servicios
corresponde al ejercicio de una facultad discrecional, cuya materialización depende
de las necesidades del servicio y atiende a un concepto de evolución institucional,
en razón a que permite un relevo dentro de la línea jerárquica de las fuerzas
armadas. Además, facilita el ascenso y promoción del personal, en razón a que el
nominador tiene la libertad para apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y
el contenido de su decisión dentro de las posibilidades. Asimismo, se ha precisado
que esta modalidad de retiro no es una sanción o trato degradante, sino un
instrumento por el cual se permite que aquellos disfruten de la asignación de retiro.
20. A su vez, la jurisprudencia ha señalado que dicha causal conlleva el ejercicio de
una facultad discrecional dispuesta por el gobierno nacional. Aquella busca y
permite el relevo jerárquico dentro de las Fuerzas Militares, puesto que da lugar al
ascenso de algunos de sus miembros y, también, define el retiro de otros, de suerte
que se facilita la promoción del personal11. Así, esta medida opera ante la
imposibilidad de ascender a todos los miembros de las Fuerzas Militares dada por
la estructura piramidal de la institución. Por ser esta su finalidad, su ejercicio no
constituye una sanción para el uniformado que es retirado. Así lo manifestó la Corte
Constitucional en la sentencia C-072 de 1995:
«[…] “calificar servicios", acepción que implica el ejercicio de una facultad discrecional
que, si bien conduce al cese de las funciones del oficial o suboficial en el servicio activo,
no significa sanción, despido ni exclusión infamante o desdorosa, sino valioso
instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica en cuya virtud se
pone término al desempeño de unos para permitir el ascenso y la promoción de
10 Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 21 de noviembre de 2013. Radicado:
760012331000200501375 01 (0197-2013).
11«[N]o es más que la materialización del poder de mando dentro de la fuerza pública que, por
razones de necesidad y conveniencia, permite el relevo del personal tanto del mando superior como
medio». Sentencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda -
Subsección A. Radicación: 25000-23-42-000-2013-04452-01 (4451-2017). Demandante: Justo
Eliseo Peña Sánchez. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. CP Rafael
Francisco Suárez Vargas. Bogotá, D.C., 16 de julio de 2020.
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otros, lo cual, en cuanto constituye ejercicio de una facultad inherente a la normal
renovación del personal de los cuerpos armados y a la manera corriente de culminar la
carrera oficial dentro de ellos, no puede equipararse con formas de retiro cuyos efectos
son puramente laborales y sancionatorios, como la destitución. Tal atribución hace parte
de las inherentes al ejercicio del poder jerárquico de mando y conducción de la fuerza
pública, cuyas autoridades deben disponer de poderes suficientes para sustituir, en la
medida de las necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al personal
superior y medio de las jerarquías militares y de policía, con base en apreciaciones y
evaluaciones de naturaleza institucional y según el cometido que les es propio.»
21. Adicionalmente, en lo que respecta a la motivación del acto administrativo de
retiro, se ha considerado que «se produce en ejercicio de una facultad discrecional, la
cual por su naturaleza no requiere motivación, se presume ejercida en aras del buen
servicio y quien afirme que en su expedición incurrieron razones diferentes, tiene a su cargo
la obligación de aducir e incorporar la prueba que así lo demuestre»12.
22. En consecuencia, la causal de llamamiento a calificar servicios no requiere
motivación, en razón a que ella está dada expresamente por la ley y, para que
proceda, solo es necesario que el militar demuestre i) tener un tiempo mínimo de
servicios; y ii) ser acreedor de la asignación de retiro, además del concepto previo
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para el Ejército Nacional.
23. Así las cosas, el acto mediante el cual se retira del servicio a los miembros de
las Fuerzas Militares con ocasión de dicha causal, no debe motivarse, sin perjuicio
de que se pueda verificar si la administración atendió los límites legales y
constitucionales.
24. En línea con lo anterior la Corte Constitucional en la sentencia SU-91 de 2016
señaló que la facultad del retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios del
gobierno nacional era legitima, comoquiera que permitía la renovación del personal
uniformado, razón por la cual no podía ser ejercida con otra finalidad, por ejemplo,
pretender que sea una sanción encubierta para soslayar los derechos
fundamentales a la igualdad, el debido proceso o cualquier otro. En ese sentido,
advirtió:
«Es importante llamar la atención que si no se puede llevar a cabo el retiro por
calificación de servicios, se originaría el ascenso automático de todos los miembros de
las fuerzas armadas hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible no sólo por la
estructura jerarquizada y piramidal a que se ha hecho referencia, sino desde el punto
de vista de la disponibilidad presupuestal y de la planta de personal que se establece
frente a estos organismos en la Constitución Política de Colombia.»
12 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de octubre de 2014, radicación 11001-03-15-
000-2013-01936-01.
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25. A su vez, se precisó por parte de la Corte Constitucional13 y esta corporación14
que el ejercicio de esa facultad debía cumplir con unos presupuestos mínimos para
garantizar la salvaguarda de las garantías constitucionales y el interés de las
Fuerzas Armadas, como son i) que la persona retirada haya cumplido el tiempo
mínimo para hacerse acreedora de la asignación de retiro y ii) que se haya rendido
un concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.
26. Sin embargo, tal facultad está sujeta a control judicial, pues además de
verificarse el cumplimiento de los requisitos de tiempo y concepto previo, debe
determinarse que su aplicación no constituya un mecanismo de persecución o
abuso del poder15.
2.3.2. Falsa motivación del acto
27. La motivación de los actos administrativos constituye un elemento necesario para
su validez. Es condición esencial que existan unos motivos que originen su expedición
y que sean el fundamento de la decisión que contienen; en otras palabras, deben
existir unas circunstancias o razones de hecho y de derecho que determinan la
expedición del acto y el contenido o sentido de la respectiva decisión16.
28. Los motivos son entonces el soporte fáctico y jurídico que justifican la expedición
del acto administrativo y el sentido de su declaración y, por lo general, cuando por
disposición legal deben ponerse de manifiesto, aparecen en la parte considerativa del
acto.
29. La falsa motivación es una causal autónoma e independiente que se relaciona
directamente con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos
determinantes de la decisión administrativa. Para que prospere la pretensión de
nulidad de un acto administrativo con fundamento en esta, la jurisprudencia señaló
que «es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos
que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron
debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió
tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados
habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente»17.
30. Esta censura está prevista en la ley como una causal de nulidad que se origina
por la disconformidad entre la decisión con la realidad, o por la inexistencia o error en
los motivos de derecho o de hecho aducidos en la decisión. En línea con ello, esta
13 SU-91 DE 2016.
14 Sentencia del 16 de marzo de 2016. Expediente 11001-03-15-000-2016-00385-00. Sentencia del
12 de octubre de 20147. Expediente 25000-23-25-000-2010-01134-01.
15 Sentencia del 27 de marzo de 2025. Expediente 05001-23-33-000-2018-02213-01.
16 Sentencia del 23 de enero de 2025. Expediente 11001-03-25-000-2013-00561-00.
17 Sección Cuarta, Sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 16090, CP. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas
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Sección sostuvo lo siguiente18:
«El vicio de falsa motivación se configura cuando las razones invocadas en la
fundamentación de un acto administrativo son contrarias a la realidad. (…).
Así las cosas, el vicio de nulidad en comento se configura cuando se expresan los motivos
de la decisión total o parcialmente, pero los argumentos expuestos no están acordes con
la realidad fáctica y probatoria, lo que puede suceder en uno de tres eventos a saber:
• Cuando los motivos determinantes de la decisión adoptada por la administración se
basaron en hechos que no se encontraban debidamente acreditados;
• Cuando habiéndose probado unos hechos, estos no son tenidos en consideración, los
que habrían podido llevar a que se tomara una decisión sustancialmente distinta.
• Por apreciación errónea de los hechos, “de suerte que los hechos aducidos
efectivamente ocurrieron, pero no tienen los efectos o el alcance que les da el acto
administrativo […]”.19»
31. Entonces, se configura en aquellos eventos en que la administración profiere un
acto que no guarda relación con la realidad fáctica que se pretende resolver, o
cuando habiéndose demostrado los hechos que rodean el caso, no son tenidos en
cuenta para tomar la decisión final y que, de haberlo hecho, habría sido diferente el
sentido del acto administrativo. Es decir, que la administración se basa en razones
de orden fáctico que resultan ser inexistentes o contrarias a la realidad para
fundamentar su decisión.
2.3.3. La desviación de poder
32.El artículo 137 del CPACA prevé que la nulidad de los actos administrativos
opera cuando «hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían
fundarse, o sin competencia, o con desviación de las atribuciones propias de quien los
profirió».
33. Esta causal de nulidad ha sido definida por esta Sección como el «vicio que afecta
la finalidad del acto administrativo, bajo el entendido de que el propósito que el acto
persigue configura un requisito que hace a su legalidad y que debe hallarse en el marco de
la función administrativa y del ordenamiento jurídico; y por tanto, se configura cuando se
está ante la presencia de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que
actúa a nombre de la administración en la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las
que debe someterse»20.
18 Subsección A, sentencia del 28 de febrero de 2020, radicación 19001-23-33-000-2014-00005-
01(4023-16).
19 BERROCAL GUERRERO, op. cit., p. 550. Este autor en cuanto a la apreciación errónea de los hechos
también agrega: «o no corresponde a los supuestos descritos en las normas que se invocan». Sin
embargo, a juicio de la Subsección, este vicio se corresponde más con el de la infracción de las
normas en que deben fundarse los actos, conforme a lo explicado líneas atrás.
20 Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2009, radicación 27001-23-31-000-2003-00471-
02 (1385-2009).
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34. Dicho de otro modo, la causal se configura cuando, al expedirse un acto
administrativo, se busca una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales;
de esa forma, esta se relaciona de manera directa con el elemento teleológico del
acto administrativo21, en razón a que opera cuando el fin perseguido con su
expedición es distinto del interés general y no se relaciona con el propósito de la
competencia que se atribuyó al servidor público.
2.3.4. Los actos de trámite y preparatorios proferidos en el curso de la
actuación administrativa
35. La jurisprudencia de esta corporación ha señalado que son actos «de trámite o
preparatorios» aquellos que «se producen en el trayecto de un procedimiento
administrativo y que conducen al acto definitivo»22 o que «se expiden como parte del
procedimiento administrativo con el fin de darle curso a este, es decir, son netamente
instrumentales ya que no encierran declaraciones de la voluntad, no crean relaciones
jurídicas y sólo sirven de impulso a la continuidad de la actuación de la administración»23.
36. Por su parte, la doctrina -Luis Enrique Berrocal Guerrero24-, ha señalado que la
naturaleza de aquellos es distinta, pues, de un lado, los de trámite «dan la celeridad
y movimiento requeridos a la actuación administrativa, los que impulsan el trámite propio
de la decisión que ha de tomarse, e incluso los posteriores al mismo tendiente a hacerlo
público y a darle firmeza»25 y pueden convertirse en definitivos cuando impiden la
continuación de la actuación administrativa y, por lo mismo, una decisión de fondo
sobre el asunto.
37. De otro, los preparatorios «contribuyen a formar el juicio o criterio de la
Administración para decidir la actuación administrativa correspondiente. Más que procurar
el impulso de la actuación, su objeto es el de contribuir a formar la decisión o el acto que le
pone fin. Por consiguiente, se consideran como tales los conceptos, dictámenes, consultas,
propuestas, etc. En todo caso, no entrañan o implican orden o decisión alguna para el
desarrollo de la actuación administrativa. En realidad tienen un carácter más probatorio que
21 Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de abril de 2024, radicación 18001-23-33-000-
2017-00085-01 (66616).
22 Sección Quinta, radicación 11001-03-28-000-2024-00110-00.
23 Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de marzo de 2024, radicación 11001-03-26-000-
2021-00049-00 (66705). En la cual, a su vez, se anotó a pie de página lo siguiente: «Definición que
esta Corporación acuñó valiéndose de la clasificación ofrecida por el tratadista García — Trevijano
Fos, con el fin de determinar y delimitar "su inserción en el procedimiento y recurribilidad. CONSEJO
DE ESTADO, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2020, rad. 25000-23-
42-000-2014-00109-01(1997-16). Sobre el tema ver: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia de 28 de junio de 2023, exp. 58022, demandante: Marco Antonio Velilla
Moreno».
24 Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del acto administrativo según la ley, la jurisprudencia y la
doctrina. Librería Ediciones del Profesional Ltda. 7ª Ed., 2015.
25 Ibidem, pág. 327.
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de impulso del procedimiento administrativo»26. De ahí, que los diferenciara así27:
«De modo que las diferencias que de ellos cabe señalar son, en primer lugar, a
partir del papel que cumplen o los efectos que tienen en el procedimiento
administrativo, por cuanto los preparatorios constituyen en sí mismos elementos de
juicio para tomar la decisión, y los de trámite simplemente impulsan la actividad de
la administración hacia aquella.»
38. A su turno, Roberto Dromi28 distinguió el acto administrativo y el simple acto de
la administración, entendido este como la «declaración unilateral interna o interorgánica,
realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales
en forma indirecta», tales como las propuestas y los dictámenes. A su vez, los
segundos se concretan en la «actividad que realizan los órganos estatales en ejercicio
de la función administrativa», es decir que «son emitidos por órganos competentes que
contienen informes y opiniones técnico-jurídicas preparatorias de la voluntad
administrativa». Sus características son las siguientes:
«1) Actos jurídicos de la Administración. El dictamen es un acto jurídico unilateral de la
Administración, con efectos mediatos, indirectos, reflejos. Como acto jurídico de la
Administración el dictamen no obliga, en principio, al órgano ejecutivo, ni extingue o
modifica una relación de derecho con efecto respecto de terceros, sino que se trata de
una declaración interna, de juicio u opinión que forma parte del procedimiento
administrativo en marcha.
2) Emitidos por órganos competentes. No todo acto jurídico unilateral de la
Administración es un dictamen. En tanto importa una declaración, debe ser emitido por
el órgano competente, o sea, por aquel órgano al que el ordenamiento jurídico le
atribuye de una manera expresa o razonablemente implícita, la función administrativa
específica de emitir opiniones o pareceres técnico-jurídicos que faciliten elementos de
juicio en la formación de la voluntad administrativa.
[...]
5) Preparatorios de la voluntad administrativa. [...] el dictamen tiene por fin facilitar
ciertos elementos de opinión o juicio, para la formación de la voluntad administrativa. El
dictamen forma parte de los actos previos a la emisión de la voluntad, y se integra como
una etapa de carácter consultivo-deliberativo, en el procedimiento administrativo de
conformación de la voluntad estatal.» [se resalta]
39. Igualmente, Carlos F. Forero Hernández29 indicó lo siguiente:
«Coincidimos con quienes afirman que no se deben confundir los actos de trámite con
los actos preparatorios. Mientras que estos últimos (actos preparatorios) se limitan a
preparar elementos de juicio para la toma de decisión final; es decir, son actos previos
necesarios para adoptar una decisión de fondo. Vistos como actos previos para
26 Óp. Cit. Pág. 327.
27 Óp. Cit. Pág. 329.
28 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2000. Pág. 221
y ss.
29 Forero Hernández, Carlos Ferney. El acto administrativo. 3ª Ed., Grupo Editorial Ibañez, 2023,
pág. 346.
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expedir el acto administrativo definitivo. En cambio, los actos de trámite se limitan a
impulsar la actuación administrativa (o procedimiento administrativo, algunos
estudiosos). Lo anterior es explicado también por GUECHÁ MEDINA Y GUECHÁ
TORRES (2021): “dichas ritualidades se presentan en los llamados actos de trámite
los cuales dan impulso al procedimiento administrativo y en los actos preparatorios que
además de darle agilidad a la actuación influyen o determinan la decisión” (p. 268).»
40.En esa perspectiva, cuando del procedimiento administrativo se trata, en
ocasiones resulta difícil establecer si los actos son de trámite o preparatorios, pues
debe examinarse con detenimiento la decisión que plasman.
2.4. Lo probado
41. En el expediente se encuentran probados los siguientes hechos relevantes:
41.1. El demandante contaba con más de 29 años de servicio para el año 202030.
41.2. El 30 de enero de 201931 con Oficio 202010100049311332 se rindió el informe
003-2020, suscrito por el mayor general Jaime Agustín Carvajal Villamizar, dirigido
al mayor general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, comandante del Ejército
Nacional, que tenía como fin la verificación de los hechos ocurridos el 18 de enero
de 2020 que de acuerdo con los artículos publicados en los medios de comunicación
«El Pais.com.co Extra.com.co y la FM» se incautaron 5.005 cartuchos 5.56 mm
fabricados por la «Industria Militar Colombiana en el Puerto de Buena Aventura por Policía
Valle, Policía Fiscal, Aduanera y Fiscalía General de la Nación, material que al parecer tenía
destino para la disidencias de las FARC en Nariño».
41.2.1. La comisión inspectora que expidió el informe anterior realizó visitas a
diferentes dependencias del Ejército Nacional, entre las cuales estaba la Tercera
Brigada y se emitieron las siguientes conclusiones y recomendaciones:
«[…]CONCLUSIONES:
Se evidencian omisiones en el seguimiento y control por parte de los diferentes niveles
de mando para la debida administración de los recursos gestionados por la Unidad
Centralizadora, al no proveer verificación y seguimiento al material suministrado y/o
consumido por las unidades centralizadas en operaciones e instrucción.
2. Los documentos soporte de los movimientos en SAP de la cuenta fiscal evidencian
irregularidades en las órdenes de suministro, comprobantes de préstamo y solicitudes
de suministro en las unidades centralizadas por el BASPC3.
3. De la revisión a la cuenta fiscal se evidencia en los procesos administrativos de gasto
30 De acuerdo con lo señalado en la parte motiva del Decreto 1302 del 30 de septiembre de 2020,
que obra en Samai, índice 2, archivo «5_ED_04ANEXOS_4», página 13.
31 Sic, el año correcto es 2020.
32 Samai, índice, 27, archivo «10_RECIBEMEMORIALES_COMUNICACIONDERETI» páginas 14 a
38.
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de municiones y granadas por instrucción y entrenamiento material que las Unidades
certifican no consumieron; de la verificación de las cantidades, se encontraron
novedades en los lotes, firmas y registros de documentos así como salidas de material
de guerra sin soporte de consumo.
4. De la verificación selectiva de conteo físico de municiones se evidenciaron elementos
con novedad en los cargos con respecto al sistema SAP (faltantes y sobrantes sin
soporte documental ni justificación).
[…]
B. AL COMANDO DE LA TERCERA DIVISIÓN
RECOMENDACIÓN
Ordenar el inicio y seguimiento a las correspondientes investigaciones disciplinarias,
penales y/o administrativas a que hubiere lugar por los hechos registrados.»
41.3. A través de escrito del 5 de noviembre de 201933, el general Nicacio de Jesús
Martínez Espinel, comandante del Ejército Nacional, le informó al excoronel que
había sido designado para cumplir las funciones como adjunto militar de la misión
permanente de Colombia ante la organización de Estados Americanos OEA con
destino al Colegio Interamericano de Defensa (maestría), con sede en la ciudad de
Washington, durante el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021. «Este
reconocimiento obedece a sus excelentes virtudes, que con dedicación y entrega ha
brindado su vida al servicio de la Patria […] La presente comunicación se envía con
anticipación para que se instruya de las funciones que ejercerá dentro de la […] comisión a
partir de la expedición del correspondiente acto administrativo».
41.4. El 4 de marzo de 2020 con Oficio 202031000158358334 el brigadier general
Mauricio Moreno Rodríguez, comandante de personal del Ejército Nacional, le
informó al demandante lo siguiente:
«[m]e permito informar que la propuesta que se había comunicado para ocupar un cargo
diplomático, es suspendida y por lo tanto, no se continuará con el estudio y proceso de
comisión al exterior, pues, dicho anunció constituyó un acto preparatorio para una
posible conformación del expediente administrativo que materializará la comisión
diplomática.
Ello por cuanto, al ser una situación administrativa que busca el interés general de la
Nación y siendo claramente potestativa del mando, puede ser modificada por la Fuerza,
en pro del mantenimiento de las relaciones internacionales, bajo las premisas de
intercambio y corresponsabilidad.
Lo anterior, se efectúa con el ánimo de brindar un pronunciamiento claro, preciso y
congruente, señalando que la misma, es un acto de trámite estrictamente informativo,
sobre el cual, no procede recurso alguno.»
33 Samai, índice 2, archivo «5_ED_04ANEXOS_4», página 13.
34 Samai, índice 54.
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41.5. El 10 de agosto de 2020 se emitió el acta 00935 por la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares en el que evaluó a 58 generale y
oficiales de «insignia», entre los cuales se encontraba el demandante y fue llamado
a calificar servicios con sustento en el artículo 103 del Decreto 1790 de 2000, en la
que se señaló lo siguiente:
«[…] Que el personal al que se le aplique la causal debe tener tiempo mínimo de servicio,
para ser acreedor de asignación de retiro.
Que no existe la obligación de motivar expresamente estos actos de retiro, ya que la
motivación está contenida en el acto de forma extra textual y claramente está dada por
la ley, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en ella, puesto que es
una terminación normal de la carrera.
[…]
[s]e concluye, que si la ley está exigiendo como requisito indispensable de procedencia
para que pueda operar la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios, el haber
cumplido un tiempo mínimo de servicio, con el fin de garantizar el acceso a una
asignación mensual de retiro, como reconocimiento a la labor desempeñada y al servicio
prestado, este mecanismo de terminación normal de la carrera militar procederá por la
sola prestación del servicio dentro del lapso preestablecido por la normatividad, requisito
único además para hacerse acreedor a la asignación de RETIRO, es una causal de
terminación normal de la situación administrativa laboral de un uniformado dentro de la
Institución Castrense.
Que los Oficiales relacionados, cuentan con más de quince (15) años de servicios,
tiempo que los hace acreedores a una asignación mensual de retiro, de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto 0991 del 15 de mayo de 2015.
Que la Honorable Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares,
después de estudiar las propuestas sometidas a su consideración por parte del señor
General Comandante del Ejército Nacional, y teniendo en cuenta que los señores
Oficiales relacionados cumplen con los requisitos para tener derecho a la asignación de
retiro conforme a lo establecido en los artículos 100 (modificado por el artículo 5, de la
Ley 1792 de 2016) literal a) numeral 3 y el 103 (modificado por el artículo 25 de la Ley
1104 de 2006) del Decreto Ley 1790 de 2000, recomienda por unanimidad el retiro del
servicio activo por Llamamiento a Calificar Servicios de los citados Oficiales.»
41.6. Mediante el Decreto 1302 del 30 de septiembre de 202036 se retiró al excoronel
Marco Antonio Castillo Velasco por llamamiento a calificar servicios, de acuerdo con
la recomendación que realizó la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las
fuerzas Militares en sesión ordinaria del 10 de agosto de 2020 según el acta 9, por
las siguientes razones:
« […]
Que de conformidad con el artículo 217 de la Constitución Política de Colombia, la ley
determina el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares y el régimen especial de
35 Samai, índice 21, folio 6 a 14.
36 Samai, índice 2, archivo «5_ED_04ANEXOS_4»
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carrera, que les es propio, contenido en la actualidad en el Decreto Ley 1790 de 2000,
en lo relacionado con Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares.
Que el artículo 99 del Decreto Ley 1790 de 2000, determina que el retiro de las Fuerzas
Militares, es la situación en la que los Oficiales y Suboficiales, sin perder su grado militar,
por disposición de autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en
actividad, precisando así mismo […]
Los retiros de los oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares.
Que la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios, es una facultad consagrada
en el artículo 103 del Decreto Ley 1790 de 2000, modificado por el artículo 25 de la Ley
1104 de 2006, según la cual los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, sólo
podrán ser retirados, cuando hayan cumplido los requisitos para tener derecho a la
asignación de retiro.
[…]esta causal de retiro garantiza la renovación o el relevo del personal uniformado
dentro de las escalas jerarquizadas propias de la institución y permitir con ello el ascenso
y la promoción de otros militares.
Que el personal al que se le aplique la causal debe tener tiempo mínimo de servicio,
para ser acreedor de asignación de retiro.
Que no existe la obligación de motivar expresamente estos actos de retiro, ya que la
motivación está contenida en el acto de forma extra textual y claramente está dada por
la ley, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en ella, puesto que es
una terminación normal de la carrera.
[…]
Que según certificación de fecha 11 de agosto de 2020, suscrita por el Oficial de la
Sección de Ascensos y Retiros de la Dirección Personal del Ejército Nacional, el Oficial
que se relaciona en el presente acto administrativo cuenta con un tiempo de servicio de
más de veintinueve (29) años. […]»
41.6.1. Mediante escrito del 1 de septiembre de 202037, suscrito por el demandante
y dirigido al general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, le solicitó una
audiencia con el fin de ser escuchado frente a la suspensión de su comisión en el
exterior y manifestó, entre otros, los siguientes argumentos:
« […]entregué mi cargo como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la
Tercera Brigada el día 07 de diciembre de 2019. Entregué mi cargo con una revista de
la Inspección General del Ejército en su momento (MG. QUINTERO), en la que se
evidenció que, de los 1.350 hallazgos con la que recibí la Jefatura de Estado Mayor de
la Tercera Brigada, al término de mi gestión entregué con 39 hallazgos, es decir el
37 Samai, índice, 27, archivo «10_RECIBEMEMORIALES_COMUNICACIONDERETI» páginas 39 a
42.
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equivalente al 94% fueron subsanados, los restantes en su gran mayoría referidos a
recursos para instalaciones.
Mi General del 01 al 03 octubre de 2019, se realizó al Almacén de Armamento del
BASPC No.3, una Revista Formal Total. Esta revista no reportó hallazgos con incidencia
penal, disciplinaria o administrativa; por el contrario en ítem Conclusiones manifiesta lo
siguiente:
“Conclusiones: El almacenista de armamento del Batallón de ASPC No3, desarrolla un
buen proceso, el suboficial titular de la dependencia se encuentra capacitado para
desempeñarse en esta, cuenta con una buena dinámica laboral entre los miembros de
la plana mayor comprometidos directamente con el proceso puesto que tiene experiencia
en su proceso”. Inspector SV. EDGAR JULIAN REYES CARDOZO.
El 15 de noviembre de 2019 se ordenó y practicó una revista al Almacén de Armamento
del BASPC No.3 con un equipo conformado por los Sargentos Mayores orgánicos de la
Tercera Brigada y el Control Interno de la Brigada, así: My. OSCAR ROSALES Control
Interno, SMC. RODOLFO BELLO ACUÑA, SM. LUIS ORLANDO FUENMAYOR, SM.
GABRIEL ANGEL ZULUAGA, SM. HECTOR JULIO GOMEZ, SM. RICARDO AREVALO
MORENO, SP. HELMER ANCIZAR ROLDAN LOPEZ, SP. OMAR DOMINGUEZ
MORENO, SP. ENRY OMAR DIAZ SUAREZSP. HENRY GIL PARRA, en el resultado
de la misma durante un periodo de casi 15 días en su informe final no se devela ningún
tipo de anormalidad grave, y frente a las novedades informadas se ordenó al Teniente
Coronel JHON FREDDY DUQUE PATIÑO, Comandante del BASPC […].»
41.7. El 4 de marzo de 202038 se emitió constancia por parte de la Fiscalía Séptima
del Valle del Cauca, en la que se indicó que se adelantaba una investigación bajo
la noticia criminal 760016099174202000342 relacionada con el hallazgo de
munición de diferentes calibres en un depósito de intendencia del batallón de
operaciones terrestres (BATOT) el 21 de enero; que de acuerdo con las
indagaciones realizadas por ese despacho se determinó que «el Coronel MARCO
ANTONIO CASTILLO VELASCO […] no tenía ningún tipo de responsabilidad y no se
encuentra vinculado con este proceso.»
41.8. El 27 de agosto de 202039 se expidió el Oficio 1889 MDN-DEJPM-GDG40,
suscrito por el director ejecutivo de la Justicia Penal Militar, en el que indicó que,
realizada una búsqueda en los reportes estadísticos de ese despacho a corte del
30 de abril de 2020, no se encontraron datos de procesos adelantados con el
nombre de Marco Antonio Castillo Velasco e identificación y se aclaró que ese
despacho no generaba certificación de antecedentes de ninguna índole porque no
eran la autoridad competente.
41.9. El demandante aportó un informe de una noticia publicada en la página web de
la Policía Nacional del 17 de enero de 202041 titulada «Incautan 5.000 cartuchos calibre
5.56 en Buenaventura», de la cual se extrae: «[e]l modus operandi de esta organización
38 Samai, índice, 27, archivo «10_RECIBEMEMORIALES_COMUNICACIONDERETI» página 52.
39 Samai, índice, 27, archivo «10_RECIBEMEMORIALES_COMUNICACIONDERETI» página 61.
40 Samai, índice, 27, archivo «10_RECIBEMEMORIALES_COMUNICACIONDERETI» página 53.
41 Samai, índice, 24.
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consistía en la adquisición de munición de uso privativo de las fuerzas militares en
Colombia, ocultamiento de la misma y el traslado de esta desde Buenaventura, al
departamento de Nariño en el lugar conocido como el charco, donde se aprovechaban las
embarcaciones que trasladaban víveres y personas para los municipios cercanos, la
finalidad de esta estructura era abastecer al Grupo Armado Organizado Residual (GAOR)
frente Oliver Cinisterra, donde tiene injerencia en el departamento de Nariño, Esta
incautación deja un aproximado de 5.000 cartuchos calibre 5.56 de diferentes lotes, los
cuales podrían llegar a tener un valor superior a los 50 millones de pesos».
41.9.1. Asimismo, obran informes periodísticos de La FM, la Vanguardia y El
Colombiano42, titulados, respectivamente, «Incautan cinco mil cartuchos en el puerto de
Buenaventura que eran dirigidos a las disidencias de las Farc», «En Buenaventura incautan
5.000 cartuchos de fusil que irían para las disidencias», «Incautan 5.000 cartuchos que
serían de disidencias de las Farc».
41.9.2. Mediante el Oficio 2023603001427731del 29 de junio de 202343 expedido por
el Coronel Christian Roríguez Fabra, Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante
de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, se informó que no se había evidenciado
en los sistemas de información y del archivo físico de la coordinación jurídica de esa
brigada, que Marco Antonio Castillo Velasco estuviera vinculado y/o haya sido
vinculado dentro de las investigaciones adelantadas por esa unidad con ocasión de
la novedad presentada en la misión de trabajo 003-2020 llevada a cabo por la
inspección del Ejército Nacional.
41.9.3. A través de constancia del 16 de junio de 202344 la Fiscalía 27 especializada
de Cali indicó que una vez revisada la noticia criminal 760016099174202000342,
se evidenciaba que había sido inactivada desde el 31 de enero de 2023 con el fin
de ser anexada al radicado 760016000000202000031, la cual se encontraba en
etapa de investigación, pero que en aquella no se encontraba vinculado Marco
Antonio Castillo Velasco, tampoco en otra que estuviera en curso en ese despacho.
41.9.4. En audiencia de pruebas del 21 de junio de 2024 se recibió el testimonio de
Mauricio Moreno Rodríguez, quien manifestó que era ingeniero civil, Militar, retirado
con el grado de mayor general y presidente del grupo de ingenieros militares de
Colombia. Se desempeñó como comandante de personal del Ejército Nacional en
el año 2020. Conoció a Marco Antonio Castillo Velasco porque también laboró para
el Ejército Nacional. Nunca fue su subalterno ni tampoco hubo relación de mando,
lo que existió fue una relación cercana como oficiales de esa institución.
41.9.5. El Ejército Nacional tenía en cuenta para escoger o asignar oficiales para
realizar comisiones en el exterior el recorrido militar del oficial (condiciones
personales y profesionales, así como la parte jurídica, disciplinaria, administrativa y
42 Ibidem.
43 Samai, índice 33.
44 Samai, índice 34.
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su desempeño). Esa verificación era totalmente preparatoria, ya que se hacía una
preselección de un «cúmulo» de oficiales quiénes podían ser seleccionados una vez
se agotara la etapa preparatoria de verificación de personal. Los seleccionados
pasaban a ser verificados y estudiados tanto por el comando general como por el
Ministerio de Defensa, con el fin de evaluar la conveniencia o no de la comisión.
41.9.6. Admitió haber suscrito el Oficio 2023310001583583 del 4 de marzo de 2020,
acto demandado, ya que para la época era el comandante de personal del Ejército
Nacional, pero no recordaba específicamente el tema del demandante, pues expidió
aproximadamente de 15.000 a 20.000 mil documentos cuando desempeñó ese
cargo.
41.9.7. No recordó el motivo por el cual se le suspendió la comisión en el extranjero,
pues le tocaba estudiar, aproximadamente por año, los casos de alrededor de 80 a
90 coroneles y al año salían de comisión al exterior entre 500 a 600 oficiales que
podían ser incluso 1000. Sin embargo, después de una revisión de toda la parte
jurídica, personal, profesional, administrativa y disciplinaria, se hacía una
preselección y se comunicaba a la persona que había sido preseleccionada y ya
después se iniciaba el trámite legal ante el Ministerio de Defensa.
41.9.8. Además, se podía seleccionar a una persona para una comisión en el
extranjero que para Colombia tenía el perfil perfecto pero el país receptor de forma
discrecional «nos puede decir no damos el documento que nos dan ellos a nosotros que
se llama el beneplácito». No podía afirmar que fuera el caso del demandante porque
no lo recordaba. Era posible que estando en el país receptor lo devolvieran y tocaba
cambiar al comisionado, lo que había pasado en muchas oportunidades con
oficiales. Incluso había oficiales que esperaban hasta 3 y 5 meses el beneplácito y
nunca llegaba.
41.9.9. La comisión podía estar decretada y el oficial estar en el exterior, pero si el
presidente de la República o el Ministerio de Defensa lo consideraba podía
cancelarla. «Le hablo del caso mío, estaba en Washington en la OEA como Oficial de DD.
HH. […] y llevaba 9 meses de comisión, y consideraron que tenía que regresar al País, [por
lo que] me suspendieron la comisión y regresé al País”. Los que aceptamos la comisión
debíamos estar en esa línea. Una comunicación de que alguien preseleccionado o
seleccionado o incluso ya estaba en el exterior no es un derecho adquirido para terminar la
comisión, porque es totalmente potestativo del gobierno nacional por ser una decisión
administrativa de carácter nacional».
41.9.10. Por último, no recordó que alguna noticia periodística estuviera relacionada
con la cancelación de la comisión del demandante, pues para ese momento se
desempeñaba como jefe de personal, pero no en la parte operacional ni de
inteligencia.
2.5. Análisis de la Sala
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2.5.1. Caso concreto
42. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda, toda vez que el Oficio 2020310001583583 del 4 de marzo de 2020 a
través del cual se suspendió la designación del demandante como adjunto militar
de la Embajada de la Misión Permanente de Colombia ante la OEA, era un acto «de
trámite» de carácter informativo, pues en este se indicó «que la propuesta que se había
comunicado para ocupar un cargo diplomático es suspendida y por lo tanto no se continuará
con el estudio y proceso de comisión al exterior, dicho anunció constituyó un acto
preparatorio para una posible conformación del expediente administrativo que materializará
la comisión diplomática», es decir, para materializar la comisión el gobierno nacional
debía expedir el respectivo decreto otorgándola, situación que no ocurrió, razón por
la cual no era susceptible de control judicial.
43. El acto mediante el cual se retiró por llamamiento a calificar servicios tuvo como
fundamento el Acta de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, que recomendó
de forma unánime el retiro, toda vez que el demandante tenía más de «20» años de
servicio para acceder a la asignación de retiro. Además, no se probó que con su
retiro se hubiese desmejorado el servicio o que el acto acusado tenía una finalidad
contraria a los intereses públicos. Tampoco se evidenció que la investigación
adelantada por la Fiscalía Séptima de Cali hubiese tenido algún impacto o incidencia
en la decisión de llamarlo a calificar servicios, como sostuvo el demandante en el
concepto de desviación de poder.
44. Marco Antonio Castillo Velasco apeló la anterior decisión porque el a quo i)
incurrió en defecto sustancial al reducir el análisis de la legalidad de los actos
acusados «a una mera verificación formal de requisitos», esto es, que contara con el
tiempo de servicio para la asignación de retiro y que existiera una recomendación
de la Junta Asesora, por lo que no se examinó su contenido, motivación,
razonabilidad ni suficiencia; ii) no analizó el contenido del Oficio 2020310001583583
del 4 de marzo de 2020 mediante el cual se le comunicó la suspensión de la
designación como adjunto militar de la Embajada Colombiana ante la OEA, pues
fue considerado como un acto «preparatorio»; iii) no se evaluó si existía un nexo
temporal o funcional entre el oficio que canceló su designación como adjunto militar
ante la Misión Permanente de Colombia ante la OEA y los hechos que rodearon una
investigación institucional adelantada por la incautación de material de intendencia.
45. Se omitió valorar si el ejercicio de la figura del llamamiento a calificar servicios
respondía verdaderamente a una necesidad institucional objetiva, o si, en su
defecto, pudo haber sido utilizada de manera instrumental como respuesta
institucional anticipada frente a un hecho sin relevancia disciplinaria ni legal
directamente atribuible al excoronel.
46. Los lineamientos normativos aplicables a la carrera militar y al ejercicio de la
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potestad de retiro, contenidos en el Decreto Ley 1799 de 2000 que exigían una
evaluación estructurada, proporcional y funcional del oficial, mediante listas de
clasificación y necesidades institucionales verificables, se desconocieron.
47. De acuerdo con lo anterior, es necesario recordar que el Decreto 1790 de 2000
facultó a la administración para retirar por llamamiento a calificar servicios a aquellos
oficiales que tuvieran las condiciones para hacerse acreedores de la asignación de
retiro, lo cual comporta una potestad de carácter discrecional que tiene como fin
renovar los cuadros de mando de la fuerza pública, precedida por razones de
conveniencia institucional.
48. Las condiciones que debía cumplir un oficial para ser retirado por llamamiento
a calificar servicios son las establecidas en los artículos 99 y 103 del decreto antes
mencionado, esto es, debe existir un concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa que disponga el retiro del oficial y tener 15 años o más de
servicio, con el fin de que pueda beneficiarse de la asignación de retiro.
49.Respecto de la motivación del acto administrativo de retiro, se ha considerado
que «se produce en ejercicio de una facultad discrecional, la cual por su naturaleza no
requiere motivación, se presume ejercida en aras del buen servicio y quien afirme que en
su expedición incurrieron razones diferentes, tiene a su cargo la obligación de aducir e
incorporar la prueba que así lo demuestre»45. Por lo tanto, la causal de llamamiento a
calificar servicios no requiere motivación, en razón a que ella está dada
expresamente por la ley.
50. En el caso bajo examen se encuentra que el juez de primera instancia evaluó si
en efecto el acto administrativo de retiro cumplía con las exigencias normativas
antes descritas, de las cuales se evidenció que existía el concepto previo de la junta
asesora en la que se sugirió el retiro de varios oficiales, entre ellos el demandante,
quien además cumplía con más de 29 años de servicios, razón por la cual podía ser
acreedor de la asignación de retiro. Lo anterior, no significó una «verificación de
requisitos formales», todo lo contrario, permitió garantizar el relevo del personal
uniformado y el derecho a la asignación de retiro del excoronel.
51. Ahora, si el interesado consideraba que la finalidad del acto demandado no era
el relevo de los mandos en aras de mejorar el servicio, sino sancionar al
demandante por los hechos señalados en los medios de comunicación, tenía la
carga probatoria de demostrarlo.
52. Al respecto, se encontró del material probatorio que el 30 de enero de 2020 se
realizó una inspección general por parte del Ejército Nacional identificada como
misión de trabajo 003-2020, debido a la noticia criminal SPOA
45 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de octubre de 2014, radicación 11001-03-15-
000-2013-01936-01.
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761096000163202000043 en la que se indicó que se había encontrado una
munición empacada en bolsas de polietileno camuflada dentro de cajas que
contenían aceite vegetal al interior de un barco pesquero de nombre «DON
ALFREDO» en una bodega en la que funcionaba una hielera y tenía como destino
El Charco, Nariño, para ser entregada a bandas criminales. Además, uniformados
de la Policía habían incautado «1.400 cartuchos calibre 5.56, lote S0022015 y 3.605
cartuchos calibre 5.56, lote P0472014, lotes que de acuerdo con la verificación en el sistema
SAP coincidían con los existente en los cargos del almacén de armamento BASPC 3, que
estaba a cargo del SS Eduardo Alexis Duarte Ávila».
53. En la mencionada inspección se hicieron algunas recomendaciones, entre
otros, al comandado de la tercera brigada, del cual fue comandante el excoronel
Marco Antonio Castillo Velasco, sin embargo, no se relacionó al demandante en ese
informe.
54. Asimismo, obran los artículos periodísticos de La FM, la Vanguardia y El
Colombiano46, del 17 y 19 de enero de 2020 en los que se informó sobre la
incautación de los cartuchos de calibre en mención, no obstante, tampoco se
advierte de su contenido algún tipo de señalamiento de responsabilidad por parte
del excoronel en esos hechos.
55. De conformidad con lo expuesto, encuentra la Sala que no se desvirtuó la
presunción de legalidad del Decreto 1302 del 30 de septiembre 2020 que lo retiró
por llamamiento a calificar servicios del Ejército Nacional, del cual no se extrae de
su contenido una motivación diferente de que existía una recomendación previa de
la junta asesora y del hecho de que tenía más de 29 años de servicio.
56. En lo relativo, al Oficio 2023310001583583 del 4 de marzo de 2020, mediante
el cual se le informó al demandante que había sido suspendida su comisión al
exterior, se encuentra que este tipo de novedades administrativas está regulado por
los artículos 82 a 94 del Decreto 1790 del 2000, el cual, en lo relacionado con la
clasificación y forma en que se disponen las comisiones, prevé:
«ARTÍCULO 83. CLASIFICACIÓN DE LAS COMISIONES. Las comisiones de oficiales
y suboficiales de las Fuerzas Militares pueden ser:
a. Según la misión asignada.
1. Individuales. Cuando existe individualidad de misión y tarea.
2. Colectivas. Cuando hay unidad de misión o tarea con pluralidad de sujetos.
b. Según la duración.
1. Transitorias. Las comisiones hasta por noventa (90) días calendario.
2. Permanentes. Las comisiones superiores a noventa (90) días calendario.
c. Según el lugar donde deban cumplirse.
1. En el Interior. Las que deben cumplirse en territorio colombiano.
2. En el exterior. Las que deben cumplirse por fuera del territorio colombiano.
d. Según la función que se asigne.
46 Ibidem.
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[…]
ARTÍCULO 84. FORMA DE DISPONER DESTINACIONES, TRASLADOS Y
COMISIONES. Las destinaciones, traslados y comisiones del personal de los oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares, se dispondrán de la siguiente forma:
a. Por Decreto del Gobierno
[…]
2. Comisiones al exterior mayores de noventa (90) días a partir del grado de coronel o
capitán de navío.
3. Comisiones en el exterior, a lugares diferentes a su país sede, superiores a noventa
(90) días para oficiales a partir del grado de coronel o capitán de navío. […].»
57. De conformidad con lo expuesto y con el contenido del Oficio
2020310001583583 del 4 de marzo de 2020, suscrito por el brigadier general
Mauricio Moreno Rodríguez, comandante de personal del Ejército Nacional, se
observa que se le informó a través de aquel que se había suspendido «la propuesta
para ocupar un cargo diplomático», razón por la cual no se continuaría con su
estudio y proceso de comisión en el exterior, es decir, que el oficio referido constituía
un acto de trámite que impulsó la actuación administrativa en el sentido de
suspenderla. Ahora, no se encontró la manifestación unilateral de la voluntad de la
administración, [el decreto del gobierno] que negó finalmente la comisión. Por lo
tanto, no es posible ejercer un control de legalidad sobre el referido oficio, como en
efecto lo estableció el tribunal.
58. Asimismo, del testimonio rendido por el exmayor general Mauricio Moreno
Rodríguez que suscribió el oficio antes señalado, manifestó desde su experiencia
que respecto del proceso de las comisiones una vez se agotaba la etapa
preparatoria de la verificación del personal, los seleccionados como en el caso del
demandante pasaban a ser verificados y estudiados por el Ministerio de Defensa
con el fin de evaluar la conveniencia de la comisión. Lo que se acompasa con lo
dispuesto en el artículo 84 del Decreto 1790 de 2000.
59. Frente al argumento relativo a que no se valoró si el retiro por el llamamiento a
calificar servicios respondía a una necesidad institucional objetiva, no se comparte
este argumento porque, contrario a ello, se observa del material probatorio que la
administración en su facultad discrecional ordenó el retiro por llamamiento a calificar
servicios del demandante, de acuerdo con el concepto emitido por la junta asesora
y que contaba con el tiempo de servicios requerido para ser beneficiario de la
asignación de retiro, como lo dispone la norma. Decisión que tenía como finalidad
el relevo de los mandos en aras de mejorar el servicio, pues no se desvirtuó ello,
razón por la cual cumplió con los requisitos de proporcionalidad y razonabilidad
expresados en la coherencia entre el acto discrecional y la finalidad perseguida por
la institución.
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60. Ahora, si bien que cronológicamente sucedieron las siguientes situaciones: i) el
30 de enero de 2020 se rindió el informe 003-2020 por parte de una comisión
inspectora del Ejército Nacional por los hechos del 18 de enero de ese año en los
que se incautó munición de uso privativo de las fuerzas Militares en Colombia; ii) el
4 de marzo de 2020 mediante Oficio 2020310001583583 se comunicó al
demandante que había sido suspendida su comisión al exterior; y iii) el 30 de
septiembre de 2020 mediante el Decreto 1302 se retiró al excoronel Marco Antonio
Castillo Velasco por llamamiento a calificar servicios; lo cierto es que ello no permite
establecer con certeza que existió un nexo de causalidad entre los hechos objeto
de la investigación adelantada por la comisión inspectora de la entidad demandada
y su retiro del servicio, más aún cuando del material probatorio se pudo acreditar 47
que el demandante nunca estuvo vinculado como investigado a los hechos que
motivaron el informe de la comisión inspectora.
60.1. Por otra parte, el demandante aseveró que el Decreto 1799 del 2000, que tiene
por objeto determinar las normas, criterios, técnica y procedimientos generales para
la evaluación y clasificación de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares
fue desconocida, al respecto debe precisarse que el sistema de carrera de los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares se encuentra basado en un sistema
de reemplazos y ascensos que facilita la promoción del personal. Ello implica, por
la estructura piramidal de la institución que no todos puedan ascender, lo que no
significa una sanción para el uniformado que es retirado. Razón por la cual no tiene
vocación de prosperidad ese argumento.
60.2. Ahora bien, aunque el demandante tenga una excelente hoja de vida,
felicitaciones, condecoraciones y reconocimientos, ello no le brindaba un fuero de
estabilidad adicional, que impidiera ser retirado por llamamiento a calificar servicios,
pues como se dijo, el cumplimiento de esta característica se entiende como
connatural al ejercicio de la labor militar.
60.3. Así las cosas, no se encontró que la entidad demandada haya actuado de
forma arbitraria como lo aseveró el demandante, toda vez que actuó en ejercicio de
la facultad discrecional que le otorga la norma en la renovación del personal del
cuerpo armado.
60.4. De conformidad con todo lo expuesto en el caso bajo examen, no encuentra la
Sala prueba alguna dirigida a demostrar que la decisión de retirar al excoronel tuvo
como objeto sancionarlo o que haya desatendido su fin de mejora del servicio con
el relevo dentro de la línea jerárquica para permitir el ascenso y promoción de otros,
máxime si se tiene en cuenta que el actor ya había superado los 15 años de servicio.
47 Oficio 2023603001427731del 29 de junio de 2023 y la constancia del 16 de junio de 2023 expedida
por la Fiscalía 27 especializada de Cali.
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2.6. Conclusión
61. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala confirmará la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F que negó las pretensiones de la demanda, en consideración a que no
se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, pues no
se acreditó que el retiro del servicio del excoronel Marco Antonio Castillo Velasco
se diera por razones distintas de mejorar el servicio y relevar la estructura jerárquica
de la institución.
2.7. Costas
62.La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
63. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
64. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma48.
65. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
66. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.
48En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F el 29 de abril de 2025, por medio
de la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por Marco
Antonio Castillo Velasco contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KBV
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