Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2021-00054-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2021-00054-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2021-00054-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 47001-23-33-000-2021-00054-01 (7481-2023)
Demandante: Jair Antonio Mejía Bolaño
Demandada: Municipio de Sitio Nuevo, Magdalena
Temas: Improcedencia del medio de control.
Sentencia
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 1 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo
del Magdalena, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.
1. ANTECEDENTES
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1
1. Jair Antonio Mejía Bolaño presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2 en orden a
que se declarara la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo
negativo respecto de la petición del 23 de noviembre de 2018 y configurado el 23
de febrero de 2019 en las que el municipio de Sitio Nuevo (Magdalena) negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la omisión de pago oportuno
de las cesantías regulada en la Ley 244 de 1995.
2. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó condenar a la demandada a (i) pagar tal emolumento desde el 24 de
febrero de 2016 hasta que la entidad pague las cesantías definitivas adeudadas;
y (ii) actualizar la codena de acuerdo con el índice de precios al consumidor,
condenar a la demandada en costas y ordenarle cumplir con la sentencia en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.
1.1.1. Fundamentos fácticos
3. Jair Antonio Mejía Bolaño señaló como hechos relevantes los siguientes:
1 Índice 3, Samai.
2 En adelante CPACA.
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3.1. Entre el 6 de marzo de 2012 y el 30 de noviembre de 2015 laboró en el
municipio demandado como jefe de archivo de la alcaldía con una asignación
básica mensual de $850.000.
3.2. Mediante la Resolución 1097 del 15 de diciembre de 2015 notificada el 17 de
ese mes y año, la entidad enjuiciada le reconoció, liquidó y ordenó el pago de las
cesantías definitivas y otras prestaciones sociales por valor de $11.487.463.
3.3. El plazo establecido en la Ley 244 de 1995 para que el municipio pagara las
cesantías venció sin que este lo hiciera. Por tal razón, a partir del 23 de febrero
de 2016 se causó la sanción moratoria que prescribió tal normativa.
3.4. El 23 de noviembre de 2018 solicitó al municipio de Sitio Nuevo el pago de tal
sanción. El ente territorial no respondió la petición.
3.5. El 7 de octubre de 2020 se realizó la conciliación ante la Procuraduría 52
Judicial II para Asuntos Administrativos de Santa Marta, la cual se declaró fallida.
3.6. Con fundamento en la Resolución 1097 del 15 de diciembre de 2015 inició un
proceso ejecutivo en contra del municipio demandado. Su conocimiento
correspondió al Juzgado Laboral del Circuito de Ciénaga (Magdalena) con
radicado 4718931050120190001800 en el que se decidió librar mandamiento de
pago en auto del 5 de agosto de 2019. A la fecha de presentación de esta
demanda el proceso estaba en etapa para resolver las excepciones.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29 y 30 de la
Constitución Política; 13, 83, 89, 159, 161, 162 del CPACA; 65 de la Ley 270 de
1996; 1 y 2 de la Ley 244 de 1995; y 5 de la Ley 1071 de 2006.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:
5.1. Los citados artículos de las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 establecieron
un término de 45 días luego de expedido el acto que reconoció las cesantías
definitivas para que las entidades públicas las pagaran, so pena de ser obligadas
a pagar la sanción por mora que fijaron equivalente a 1 día de salario por cada
día de retardo.
5.2. Por lo anterior, se solicitó al municipio demandado el pago de la sanción. No
obstante, la entidad no respondió la petición, por lo que al trascurrir 3 meses sin
respuesta se configuró el acto ficto presunto negativo.
1.2. Contestación a la demanda4
6. El municipio de Sitio Nuevo (Magdalena) se opuso a las pretensiones de la
demanda con fundamento en las siguientes razones:
3 Folios 4 a 9 del expediente físico.
4 Índice 3, Samai.
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6.1. Aunque la Ley 244 de 1995 estableció una penalidad ante la mora en el pago
de las cesantías definitivas, tal sanción no se causó de forma automática. Por el
contrario, era necesario probar la culpa de la administración y que actuó de mala
fe.
6.2. En el presente caso, el retardo en el pago de las prestaciones sociales ocurrió
porque la entidad territorial no determinó una apropiación presupuestal en las
vigencias fiscales de los años 2019 y 2020 para el pago de acreencias laborales
causadas con antelación a esos años. Esto se debió a la crisis ocasionada por la
pandemia de Covid-19. Además, «[el] acto administrativo que dio origen al reclamo
de la demandante, no aparece registrado en los archivos de la alcaldía municipal, no
tiene disponibilidad presupuestal (CDP), ni se hizo el registro presupuestal (CRP) para
reservar el pago de la misma».
6.3. Propuso las siguientes excepciones de mérito:
• «Motivo de fuerza mayor y buena fe que justifica la mora». La entidad replicó los
argumentos antes resumidos para justificar la falta de pago de las sumas
reclamadas.
• «Prescripción extintiva»: la demanda se presentó luego de trascurridos los 3 años
de prescripción que regló el artículo 151 del CST. Así, la exigibilidad de la sanción
moratoria empezó el 24 de febrero de 2016 y la demanda se radicó el 3 de
diciembre de 2020.
1.3. Sentencia de primera instancia5
7. El Tribunal Administrativo del Magdalena en sentencia del 1 de febrero de 2023
denegó las pretensiones de la demanda. No condenó en costas.
8. La decisión se sustentó en los siguientes argumentos:
8.1. Según lo regulado en los artículos 2 de la Ley 244 de 1995 y 5 de la Ley 1071
de 2006, los servidores públicos de todos los órdenes podían pedir el pago de
sus cesantías. Por su parte, a la entidad empleadora le correspondía expedir el
acto administrativo de reconocimiento dentro de los 15 días siguientes a la
presentación de la solicitud.
8.2. Además, la entidad contaba con 45 días hábiles para hacer el pago de la
prestación social a partir de la firmeza del acto administrativo que la concedió o
70 días cuando «exced[ió] el plazo establecido por ley para emitir pronunciamiento».
En caso de mora debía pagar de sus propios recursos en favor del beneficiario
un día de salario por cada día de retardo.
9. En el caso concreto, la demandada reconoció en favor del demandante el
derecho al pago de las prestaciones sociales, incluidas las cesantías, en la
Resolución 1097 del 15 de diciembre de 2015 por haber encontrado acreditados
los elementos propios del «contrato realidad» y no por existir una relación legal y
reglamentaria.
5 Ibidem.
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10. Por ende, al no haber tenido el demandante la calidad de servidor público era
improcedente el pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995
porque este era un requisito indispensable para ello. Esta condición no podía
suplirse con el acto administrativo aludido y tampoco era viable declararlo en una
sentencia.
11. Comoquiera que no se encontró acreditada la causación de costas como lo
exigía el numeral 8 del artículo 365 del CGP y que la parte demandante no
incurrió en actuaciones temerarias o de mala fe no procedía la condena.
1.4. Recurso de apelación6
12. Jair Antonio Mejía Bolaño interpuso el recurso de apelación y expuso como
argumentos para la revocatoria de la sentencia los siguientes:
12.1. Dentro del proceso se probó que la entidad le reconoció mediante acto
administrativo la existencia de una relación laboral y, por ende, nació su
obligación de pagar las prestaciones sociales, incluidas las cesantías y por eso
así lo ordenó.
12.2. Talacto administrativo gozaba de presunción de legalidad que no fue
desvirtuada y era constitutivo del derecho. En ese sentido, el municipio de Sitio
Nuevo (Magdalena) debió pagarle las cesantías dentro del plazo que fijó el
artículo 2 de la Ley 244 de 1995. Comoquiera que no lo hizo incurrió en mora,
por lo que le correspondía pagar un día de salario por cada día de retardo.
12.3. El tribunal negó el pago de la sanción moratoria con el argumento «formal»
de que no tenía la calidad de servidor público, con lo cual vulneró de manera
directa la Constitución Política y los principios de favorabilidad e in dubio pro
operario. Al estar demostrada la relación laboral el derecho que se debió
reconocer era el pago de las prestaciones sociales como a cualquier empleado
sin importar la denominación de la relación de trabajo, pues lo importante era su
existencia.
12.4. Era esta la interpretación que «[…] por virtud del principio de favorabilidad,
deb[ió] acoger la judicatura, y no la de desestimar la condena por mora con fundamento
en aspectos meramente formales, como el nombramiento y la posesión […]». Aunque
la declaración de la existencia de la relación laboral no le otorgó la categoría de
servidor público «sí la de trabajador con derechos mínimos irrenunciables, entre ellos
las cesantías que deben reconocerse y pagarse oportunamente».
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
13. Las partes no se pronunciaron dentro del término otorgado por el numeral 4
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Conforme con el numeral 3 del artículo
247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo
traslado a las partes para alegar, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas
6 Índice 3, Samai.
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1.6. El Ministerio Público
14. La Procuraduría Delegada de Intervención 8 Tercera ante el Consejo de
Estado pidió confirmar la sentencia apelada.
15. Según el Ministerio Público, la Ley 244 de 1995 en su artículo 2 estableció el
pago de la sanción moratoria en favor de los empleados públicos. Al no haber
tenido esta calidad el demandante no le asistía derecho a tal reconocimiento.
16. Para lo anterior se apoyó en la jurisprudencia del Consejo de Estado en la que
se estudiaron los requisitos para ser empleado público7. Así como en varias
providencias en las que se negó el pago de la sanción moratoria en procesos en
que se discutió la existencia de la relación laboral con el argumento de que el
derecho al pago de las cesantías nació en la sentencia8.
17. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Cuestión previa
18. Previo a analizar el contenido del recurso de apelación, es necesario
determinar el acto administrativo que definió la situación jurídica del demandante
en relación con el derecho reclamado así como el medio de control procedente.
Ello porque al revisar el expediente se pudo constatar que existen dos decisiones
expedidas por el municipio de Sitio Nuevo (Magdalena) que, al parecer,
resolvieron sobre el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo
2 de la Ley 244 de 1995 respecto de Jair Antonio Mejía Bolaño.
19. En efecto, el ente territorial a través de la Resolución 1097 del 15 de diciembre
de 2015 ordenó pagarle al demandante las prestaciones sociales por la
prestación de sus servicios, incluidas las cesantías causadas entre el 6 de marzo
de 2012 y el 30 de noviembre de 2015. Asimismo, en su artículo 2 dispuso que
en caso de no sufragar dentro del término legal la prestación social pagaría al
demandante la sanción moratoria reglada en la Ley 244 de 1995.
20. A su vez, Jair Antonio Mejía Bolaño demandó la nulidad del acto administrativo
ficto negativo originado en la petición que presentó ante la entidad enjuiciada el
23 de noviembre de 2019 y causado el 23 de febrero de 2019 en las que esta
negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
21. Como se advierte existen dos actos administrativos que, al parecer, decidieron
el reconocimiento de la sanción moratoria reclamada por el demandante. Por tal
razón, es preciso determinar cuál fue el que en realidad definió su situación
jurídica y, por ende, el que debía ser demandado y a través de qué medio de
control. En ese sentido, se resolverá primero esta cuestión y, en caso de resultar
procedente, luego se abordará el estudio de los cargos plasmados en el recurso
7 Citó las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de
febrero de 2009, radicado 73001-23-31-000-2000-03449-01 (3074-05).
8 Entre ellas las siguientes de la Sección Segunda: del 27 de noviembre de 2014, radicado 05001-
23-33-000-2012-00275-01 (3222-2013), del 6 de mayo de 2021, radicado 50001-23-31-000-2011-
00304-01 (2079-2018).
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de apelación contra la sentencia de primera instancia.
22. En línea con estos parámetros se fijarán los problemas jurídicos a resolver.
2.2. Problemas jurídicos
23. Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:
(i) ¿El acto ficto demandado fue el que definió la situación jurídica del
demandante frente al el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
prevista en la Ley 244 de 1995?
(ii) ¿el demandante tiene derecho al pago de la sanción moratoria prevista
en la Ley 244 de 1995 por el no pago oportuno de las cesantías que le
fueron concedidas en virtud del reconocimiento de la relación laboral
realizado en sede administrativa por la entidad demandada y en aplicación
de los principios de favorabilidad e in dubio pro operario?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Actos administrativos susceptibles de ser demandados a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
24. El artículo 104 del CPACA dispone:
«La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para
conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos,
hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los
que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando
ejerzan función administrativa.»
25. Los litigios a los que se refiere la norma transcrita se promueven a través de
los medios de control que el legislador previó, según la forma de expresión de la
administración que se pretenda controvertir, tal y como se desprende de los
artículos 135 a 148 del CPACA. En lo relevante al presente asunto, la nulidad y
restablecimiento del derecho9 es el mecanismo del que disponen quienes
consideren lesionado un derecho subjetivo amparado por una norma jurídica, por
un acto administrativo.
26. Enrelación con el concepto de acto administrativo, la jurisprudencia del
Consejo de Estado se ha pronunciado en reiteradas oportunidades10. De manera
general se coincide en una definición en la que están presentes varios elementos,
a saber: manifestación unilateral de la voluntad, en ejercicio de una función
administrativa, que modifica, crea o extingue una situación jurídica, es decir, que
produce efectos jurídicos. Tales elementos se identifican como esenciales para
9 Artículo 138 del CPACA.
10 Al respecto, se pueden revisar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del
22 de enero de 1988, radicación: 0549. Sección Cuarta, providencia del 4 de abril de 1986,
radicación 0001. Sección Tercera, sentencia del 10 de febrero de 2000, expediente AC-9407 y
sentencia del 4 de julio de 2002, radicado 73001-23-31-000-1999-9333-01 (19333). Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2020, radicación: 25000-23-42-000-2017-
06031-01(5554-18).
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la existencia del acto administrativo.
27. Elacto administrativo desde su expedición cuenta con los atributos de
presunción de legalidad, ejecutoriedad, y ejecutividad previstos en los artículos
87, 88 y 89 del CPACA.
28. Ciertamente, el artículo 88 del CPACA prescribe que «[l]os actos administrativos
se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta
tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar».
De este modo, el acto administrativo produce efectos jurídicos mientras la
presunción de legalidad que lo cobija no sea desvirtuada ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo. Tales efectos los produce una vez que han sido
notificados, pues se tornan oponibles según lo previsto en los artículos 66 a 72
del CPACA.
29. En virtud de lo expuesto, desde que el acto adquirió firmeza 11 en los términos
del artículo 87 del CPACA y, por ende, ejecutoriedad12, tanto la administración
como el destinatario de la decisión están obligados a acatar lo que en él se
decidió, tal como lo prescribe el artículo 89 ibidem13. Esta última disposición
también le otorgó al acto en firme la característica de ejecutividad entendida como
la idoneidad para ser considerado como un título ejecutivo14 y, en tal sentido, ser
utilizado en vía judicial para lograr su ejecución o cumplimiento. Precisamente, la
norma dispuso lo siguiente:
«[…] Artículo 89. Carácter ejecutorio de los actos expedidos por las
autoridades. Salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán
suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de
inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de
otra autoridad. Para tal efecto podrá requerirse, si fuere necesario, el apoyo o la
colaboración de la Policía Nacional […]».
30. Ahora bien, la forma o el instrumento jurídico en el que está contenida la
manifestación de voluntad de la administración no es un elemento de la existencia
11«[l]a firmeza de los actos administrativos es indispensable para su cumplimiento, aún en contra
de la voluntad de los interesados, y para que la Administración los pueda ejecutar o, en caso
contrario, para que el interesado en su cumplimiento logre su ejecución a través de la vía
ejecutiva. En esto consiste precisamente el carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos
administrativos, de conformidad con los artículos 63 y 64 CCA (hoy artículo 89 CPACA) […]».
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de octubre de 2021, radicado
08001-23-31-000-2010-00045-01 (45743).
12 La jurisprudencia ha explicado que «[…]la ejecutoriedad se concreta en «la facultad que tiene
la administración para que por sus propios medios y por sí misma, pueda hacerlo cumplir» […]»
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de diciembre de 2018, radicado 66001-23-
31-000-2010-00028-01 (22239). Se puede consultar también la Sentencia de la Sección Cuarta
de esta corporación del 12 de octubre de 2006, radicado 25000-23-27-000-2000-00959-01
(14438).
13 «[…]Artículo 89. Carácter ejecutorio de los actos expedidos por las autoridades. Salvo
disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por
sí mismas, puedan ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá
sin mediación de otra autoridad. Para tal efecto podrá requerirse, si fuere necesario, el apoyo o
la colaboración de la Policía Nacional […]».
14
«[]a ejecutividad consiste en la aptitud e idoneidad del acto administrativo para servir de título
de ejecución, con la característica que la Administración es quien crea unilateralmente el título,
donde debe aparecer de forma clara y expresa el objeto y el sujeto pasivo del mismo […]».
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, radicado
68001-23-33-000-2014-00656-01 (58372).
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del acto administrativo, a menos que así lo exija expresamente la ley, como
cuando se refiere a las ordenanzas y a los acuerdos expedidos por las asambleas
departamentales o los concejos municipales o distritales, respectivamente. De
ahí que es posible encontrar actos expresos contenidos en oficios, circulares,
actas, memorandos, medios electrónicos, entre otros, incluso, se prevén actos
verbales y tácitos.
31. En cuanto a este último, la falta de respuesta expresa por parte de la
administración lleva a la sustitución de una voluntad jurídica y a su presunción,
supuesto legal que se regula bajo la denominación del silencio administrativo
negativo o positivo, según sea el caso, que lleva a la configuración de un acto
ficto o presunto. En materia del acto ficto o presunto que resulta del silencio
administrativo, como regla general, el sentido de la determinación administrativa
que se puede presumir es la negativa (art. 83 del CPACA). Los eventos en los
cuales se puede entender como positiva están regulados de manera expresa en
normas especiales (art. 84 del CPACA)15.
32. La jurisprudencia ha clasificado los actos administrativos en definitivos, de
trámite y preparatorios; y de ejecución. Sobre el particular se ha señalado lo
siguiente:
33. Los actos administrativos definitivos son aquellos en los cuales confluyen,
de manera general, los siguientes elementos: la manifestación unilateral de la
voluntad, en ejercicio de la función administrativa, que modifica, crea o extingue
una situación jurídica, es decir, produce efectos jurídicos, los cuales se identifican
como los elementos esenciales para su validez. De conformidad con los artículos
43 y 104 del CPACA, son susceptibles de control jurisdiccional.
34. Encuanto a los de trámite y preparatorios, la jurisprudencia de esta
corporación ha señalado que son actos «de trámite o preparatorios» aquellos que
«se producen en el trayecto de un procedimiento administrativo y que conducen al acto
definitivo»16 o que «se expiden como parte del procedimiento administrativo con el fin
de darle curso a este, es decir, son netamente instrumentales ya que no encierran
declaraciones de la voluntad, no crean relaciones jurídicas y sólo sirven de impulso a la
continuidad de la actuación de la administración»17.
35. Por su parte, la doctrina18, ha señalado que la naturaleza de aquellos es
distinta, pues, de un lado, los de trámite « dan la celeridad y movimiento requeridos
a la actuación administrativa, los que impulsan el trámite propio de la decisión que ha de
15 Por ejemplo, en las particulares situaciones reguladas en los artículos 732 del Estatuto
Tributario; 33, 37 y 316 del Estatuto Minero -Decreto 2655 de 1988; 25 y 16 de la Ley 80 de 1993;
63 de la Ley 9 de 1989; 13 del Decreto 1751 de 1991; 3 de la Ley 1188 de 2008; y 154 de la Ley
142 de 1994, entre otros.
16 Sección Quinta, radicación 11001-03-28-000-2024-00110-00.
17 Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de marzo de 2024, radicación 11001-03-26-
000-2021-00049-00 (66705). En la cual, a su vez, se anotó a pie de página lo siguiente:
«Definición que esta Corporación acuñó valiéndose de la clasificación ofrecida por el tratadista
García — Trevijano Fos, con el fin de determinar y delimitar "su inserción en el procedimiento y
recurribilidad. CONSEJO DE ESTADO, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de
agosto de 2020, rad. 25000-23-42-000-2014-00109-01(1997-16). Sobre el tema ver: Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de junio de 2023, exp. 58022,
demandante: Marco Antonio Velilla Moreno».
18 Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del acto administrativo según la ley, la jurisprudencia
y la doctrina. Librería Ediciones del Profesional Ltda. 7ª Ed., 2015.
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tomarse, e incluso los posteriores al mismo tendiente a hacerlo público y a darle
firmeza»19 y pueden convertirse en definitivos cuando impiden la continuación de
la actuación administrativa y, por lo mismo, una decisión de fondo sobre el
asunto.
36. De otro, los preparatorios «contribuyen a formar el juicio o criterio de la
Administración para decidir la actuación administrativa correspondiente. Más que
procurar el impulso de la actuación, su objeto es el de contribuir a formar la decisión o el
acto que le pone fin. Por consiguiente, se consideran como tales los conceptos,
dictámenes, consultas, propuestas, etc. En todo caso, no entrañan o implican orden o
decisión alguna para el desarrollo de la actuación administrativa. En realidad tienen un
carácter más probatorio que de impulso del procedimiento administrativo»20. De ahí,
que los diferenciara así21:
«De modo que las diferencias que de ellos cabe señalar son, en primer
lugar, a partir del papel que cumplen o los efectos que tienen en el
procedimiento administrativo, por cuanto los preparatorios constituyen en
sí mismos elementos de juicio para tomar la decisión, y los de trámite
simplemente impulsan la actividad de la administración hacia aquella.»
37. A su turno, Roberto Dromi22 distinguió el acto administrativo y el simple acto
de la administración, entendido este como la «declaración unilateral interna o
interorgánica, realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos
jurídicos individuales en forma indirecta», tales como las propuestas y los
dictámenes. A su vez, los segundos se concretan en la « actividad que realizan los
órganos estatales en ejercicio de la función administrativa», es decir que «son emitidos
por órganos competentes que contienen informes y opiniones técnico-jurídicas
preparatorias de la voluntad administrativa». Sus características son las siguientes:
«1) Actos jurídicos de la Administración. El dictamen es un acto jurídico
unilateral de la Administración, con efectos mediatos, indirectos, reflejos.
Como acto jurídico de la Administración el dictamen no obliga, en principio,
al órgano ejecutivo, ni extingue o modifica una relación de derecho con
efecto respecto de terceros, sino que se trata de una declaración interna,
de juicio u opinión que forma parte del procedimiento administrativo en
marcha.
2) Emitidos por órganos competentes. No todo acto jurídico unilateral de la
Administración es un dictamen. En tanto importa una declaración, debe ser
emitido por el órgano competente, o sea, por aquel órgano al que el
ordenamiento jurídico le atribuye de una manera expresa o
razonablemente implícita, la función administrativa específica de emitir
opiniones o pareceres técnico-jurídicos que faciliten elementos de juicio en
la formación de la voluntad administrativa.
[...]
5) Preparatorios de la voluntad administrativa. [...] el dictamen tiene por fin
facilitar ciertos elementos de opinión o juicio, para la formación de la
voluntad administrativa. El dictamen forma parte de los actos previos a la
emisión de la voluntad, y se integra como una etapa de carácter consultivo-
deliberativo, en el procedimiento administrativo de conformación de la
voluntad estatal.» [se resalta]
19 Ibidem, pág. 327.
20 Óp. Cit. Pág. 327.
21 Óp. Cit. Pág. 329.
22 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2000. Pág.
221 y ss.
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38. Igualmente, Carlos F. Forero Hernández23 indicó lo siguiente:
«Coincidimos con quienes afirman que no se deben confundir los actos de
trámite con los actos preparatorios. Mientras que estos últimos (actos
preparatorios) se limitan a preparar elementos de juicio para la toma de
decisión final; es decir, son actos previos necesarios para adoptar una
decisión de fondo. Vistos como actos previos para expedir el acto
administrativo definitivo. En cambio, los actos de trámite se limita a
impulsar la actuación administrativa (o procedimiento administrativo,
algunos estudiosos). Lo anterior es explicado también por GUECHÁ
MEDINA Y GUECHÁ TORRES (2021): “dichas ritualidades se presentan
en los llamados actos de trámite los cuales dan impulso al procedimiento
administrativo y en los actos preparatorios que además de darle agilidad a
la actuación influyen o determinan la decisión” (p. 268).»
39. En esa perspectiva, cuando del procedimiento administrativo se trata, en
ocasiones resulta difícil establecer si los actos son de trámite o preparatorios,
pues debe examinarse con detenimiento la decisión que plasman.
40. Aunque Luis Enrique Berrocal Guerrero señaló que « el acto preparatorio no es
susceptible de pasar a ser acto definitivo, mientras que el de trámite sí puede llegar a
serlo», la jurisprudencia de esta Sección ha señalado lo contrario, esto es que
pueden ser examinados por el juez de lo contencioso-administrativo cuando
impiden continuar la actuación administrativa24.
41. Finalmente, los de ejecución son los que se limitan a dar cumplimiento a una
decisión judicial o administrativa25.Esto son susceptibles de ser enjuiciados
cuando la decisión de la administración excede lo ordenado por el juez o crea,
modifica o extingue una determinada relación jurídica entre el Estado y el
particular, que no fue objeto de debate judicial26.
42. Así las cosas, por regla general los que son susceptibles de ser enjuiciados
son los actos administrativos definitivos. Los preparatorios y de trámite lo son
cuando ocurren supuestos como los enunciados y cuando hacen imposible la
continuación de la actuación administrativa, pues se convierten en aquellos. Y los
23 Forero Hernández, Carlos Ferney. El acto administrativo. 3ª Ed., Grupo Editorial Ibañez, 2023,
pág. 346.
24 Sección Segunda, Subsección A, radicación 05001-23-33-000-2015-01359-01 (4887-2016),
sentencia del 18 de julio de 2019.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de abril de 2020, radicado
11001-03-24-000-2013-00422-01 (0407-2015).
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.,
Radicación: 41001-23-33-000-2012-00137-01(4594-13), sentencia del 6 de agosto de 2015 «[…]
cuando [e]stos i) se apartan de la decisión judicial, ii) se abstienen de dar cumplimiento a la
misma, iii) se introducen modificaciones sustanciales al acto administrativo o a la sentencia
judicial que se pretenda ejecutar y/o iv) se presentan circunstancias que afectan la competencia
de la entidad demandada o condenada. Lo anterior por cuanto en el caso de presentarse
cualquiera de los eventos atrás enumerados, se altera, adiciona, modifica o suprime la voluntad
real de la administración de justicia y se genera una nueva situación jurídica para el administrado,
susceptible de control de legalidad. De conformidad con lo expuesto, los actos administrativos de
ejecución solo serán enjuiciables cuando estos se aparten, no cumplan, modifiquen o den un
alcance diferente a lo decidido por la autoridad administrativa o judicial. Ello es así porque al
pronunciarse sobre aspectos no contenidos en el acto administrativo definitivo, se crea, modifica
o extingue una situación jurídica particular, aspecto que lo convierte en un acto administrativo
susceptible de control ante esta jurisdicción. Por consiguiente, si los actos administrativos que
ejecutan decisiones judiciales o administrativas no se encuentran inmersos en algunas de las
excepciones desarrolladas en el aparte jurisprudencial transcrito, estos no serán susceptibles de
control de legalidad por vía judicial […]».
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de ejecución cuando van más allá de lo dispuesto en el acto ejecutado, según se
explicó.
43. A través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es
necesario que se demande la decisión que contiene la manifestación o
declaración de voluntad de la administración que produce efectos jurídicos, que
puede estar contenida en uno o varios instrumentos jurídicos que, desde la
Revolución Francesa, la doctrina administrativista ha denominado actos
administrativos y así lo ordenan expresamente los artículos 138 y 163 del
CPACA.
44. La proposición jurídica así formulada permite al juez emitir un pronunciamiento
de fondo y, de encontrar algún vicio en los elementos de validez o de valoración
legal (conformidad con la Constitución y el ordenamiento jurídico subordinado;
competencia material, territorial, temporal, jerárquica o funcional del órgano
emisor; real y adecuada motivación; formalidades en su expedición; fin legítimo
y proporcionalidad), podrá analizar de qué forma se restablecerá el derecho
conculcado. Lo contrario, le impide adelantar un análisis integral de la
controversia.
2.4. Caso concreto
45. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente :
45.1. Con la Resolución 1097 del 15 de diciembre de 2015 el municipio de Sitio
Nuevo (Magdalena)27 reconoció la existencia de una relación laboral con el
demandante quien fue vinculado a través de órdenes de prestación de servicios
como jefe de archivo de su alcaldía. El ente territorial encontró acreditado que
Jair Antonio Mejía Bolaño prestó el servicio de manera personal y subordinada y
que, por ende, se configuró un «contrato realidad».
45.2. Con fundamento en tal reconocimiento, el ente territorial ordenó en el acto
administrativo el pago de todas las prestaciones sociales causadas entre el 6 de
marzo de 2012 y el 30 de noviembre de 2015. Dentro de estos incluyó las
cesantías por valor de $3.173.333 y concedió el pago de la sanción moratoria
prevista en la Ley 244 de 1995 condicionado a su pago inoportuno. En la parte
resolutiva del acto se dispuso:
«[…] Artículo primero: Reconocer y pagar al Señor Jair Antonio Mejía Bolaño,
identificado con (…) la suma de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L
($11.487.463,00), por concepto de prestaciones sociales según quedó dicho en la
parte considerativa de este acto administrativo.
Artículo segundo: En caso de no pagarse, dentro del término legal la suma aquí
reconocida por concepto de cesantías, se deberá cancelar en favor al señor Jair
Antonio Mejía Bolaño, ya identificado, la indemnización moratoria de que tratan las
leyes 244 de 1995, 1252 de 2000 y 1071 de 2006 […]» (sic).
45.3. El 23 de noviembre de 2018, Jair Antonio Mejía Bolaño presentó ante la
alcaldía del municipio de Sitio Nuevo (Magdalena) una petición en la que narró el
27 Índice 3, Samai.
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contenido de la resolución citada y afirmó que «[e ]l municipio estaba obligado a
pagarme las cesantías a más tardar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha
en que quedó ejecutoriada la mencionada resolución, sin embargo, dicho plazo venció
el día 23 de febrero de 2016, y el municipio no me pagó el monto de esa prestación
social, mora que mantiene hasta la presente fecha […]». Luego pidió lo siguiente:
«[…] REF. Solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria, Ley
244/1995.
(…)
Solicito me expidan el acto administrativo por medio del cual me reconoce, liquidan,
y ordena pagar a mi favor lo causado por concepto de sanción moratoria, ley 244
de 1995» a la que tengo derecho por haberme pagado el municipio mis cesantías
en el plazo previsto por dicha ley, sanción que consiste en el pago de un (1) días
de salario por cada día de mora […]».
45.4. El municipio de Sitio Nuevo no respondió la petición, por lo que se configuró
el acto ficto presunto como consecuencia del silencio administrativo, de acuerdo
con lo reglado en el artículo 83 del CPACA.
45.5. Jair Antonio Mejía Bolaño en la demanda aseveró que inició un proceso
ejecutivo en contra del municipio demandado con el fin de ejecutar la orden
establecida en la Resolución 1097 del 15 de diciembre de 2015 y que su
conocimiento correspondió al Juzgado Laboral del Circuito de Ciénaga
(Magdalena) con radicado 4718931050120190001800 en el que se decidió librar
mandamiento de pago en auto del 5 de agosto de 2019. Se informó que al tiempo
de presentación de la demanda que aquí se estudia el proceso ejecutivo estaba
en etapa para resolver las excepciones. El demandante pidió decretar como
prueba que se oficiara al juzgado aludido para que remitiera copia del proceso
ejecutivo. Sin embargo, en la audiencia inicial desistió de la prueba.
2.5. Análisis de la Subsección
46. Como se advierte del recuento probatorio, en la Resolución 1097 del 15 de
diciembre de 2015 el municipio de Sitio Nuevo (Magdalena) reconoció en favor
del demandante la existencia de la relación laboral, por los períodos que
desarrolló los contratos de prestación de servicios que suscribió con el ente
territorial y, en tal virtud, el derecho al pago de las cesantías.
47. Ahora, si bien es cierto esta corporación ha señalado que el reconocimiento
de la relación laboral encubierta no otorga la calidad de empleado público al
trabajador28, presupuesto necesario para la causación de la sanción moratoria, y
que aquella es susceptible del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previa reclamación en sede administrativa29, lo cierto es que en el
presente caso la entidad reconoció de manera explícita a través de la
mencionada Resolución 1097 de 2015 la sanción moratoria por el no pago
oportuno de las cesantías.
28 En este sentido, entre otras, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 25 de enero de 2024, radicado 85001-23-33-000-2019-00168-
01 (3781-2021).
29 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de 2023. Radicado:
080012333000201200200-02 (2459-2014).
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48. Ciertamente, el acto dispuso de manera expresa que en caso de no pagarlas
dentro del término legal debía sufragar la sanción moratoria prevista en la Ley
244 de 1995. Es decir, la entidad condicionó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria a que el pago de las cesantías no se hiciera efectivo dentro del
término fijado en el artículo 2 de esta norma.
49. De acuerdo con el escrito inicial, que fue corroborado por el municipio en su
contestación, la condición del no pago de las cesantías en el término legal se
cumplió. La entidad al responder la demanda aceptó el incumplimiento de la
obligación y señaló que ello ocurrió porque no presupuestó recursos para las
vigencias fiscales de los años 2019 y 2020 con tal fin debido a la crisis ocasionada
por la pandemia Covid-19. Por lo que propuso la excepción que denominó
«[m]otivo de fuerza mayor y buena fe que justifica la mora».
50. Al encontrarse acreditado el acaecimiento de la condición a la que sometió la
entidad en la Resolución 1097 del 15 de diciembre de 2015 para el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995, es claro
que la obligación se hizo exigible en favor del demandante. En ese sentido, este
acto administrativo decidió su derecho sobre tal emolumento sin que, para ello le
fuera necesario acudir de nuevo ante la entidad a reclamarlo como lo hizo con la
petición del 23 de noviembre de 2018. En otros términos, cumplida la condición
la resolución se convirtió en el acto administrativo definitivo que definió su
derecho, según lo previsto en el artículo 43 del CPACA.
51. Es así porque la resolución mantuvo su presunción de legalidad al no haber
sido desvirtuada ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo como lo
establece el artículo 88 del CPACA, por lo que sus efectos jurídicos continuaron.
Además, cobró firmeza en los términos del artículo 87 ibidem y, por ende,
ejecutoria. En consecuencia, era obligatorio para el municipio acatarlo, según lo
prescrito en el artículo 89 ibidem. Por tal razón, si la entidad no lo cumplía el
demandante podía acudir a la acción ejecutiva para lograrlo, pues en firme el acto
y ejecutoriado, adquirió también el atributo de la ejecutividad que lo dotó del
carácter de título ejecutivo, tal como lo establece también el artículo 297.4 que
dispuso:
«[…] Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen
título ejecutivo:
(…)
4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria,
en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una
obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad
administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de
hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar […]».
52. Comoquiera que la Resolución 1097 del 15 de diciembre de 2015 contenía en
su artículo 2 en favor del demandante una obligación clara, expresa y exigible al
cumplirse la condición a la que fue sometida, se constituyó en título ejecutivo. Por
lo tanto, su cumplimiento debió solicitarse a través del proceso ejecutivo. Ello,
porque el derecho al pago de la sanción moratoria no debía declarase, ya existía
al ocurrir la condición y era exigible.
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53. Precisamente por lo expuesto, es que Jair Antonio Mejía Bolaño pudo iniciar
el proceso ejecutivo en contra del municipio demandado amparado en la
Resolución 1097 del 15 de diciembre de 2015. Y fue por esa razón que el
Juzgado Laboral del Circuito de Ciénega (Magdalena) libró mandamiento de
pago en auto del 5 de agosto de 2019 dentro el proceso ejecutivo con radicado
4718931050120190001800, según se informó en la demanda30.
54. Por lo anterior, es dable concluir que el acto ficto presunto que surgió como
consecuencia de la petición que el demandante presentó ante el municipio
demandado el 23 de noviembre de 2018 en la que pidió el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995 no es el acto
administrativo que decidió sobre su derecho.
55. Si bien la entidad se abstuvo de dar respuesta a la petición y surgió a la vida
jurídica el acto ficto negativo, esta situación no lo convirtió en el acto
administrativo definitivo, por cuanto la Resolución 1097 del 15 de diciembre de
2015 continuó amparada por la presunción de legalidad con plenos efectos
jurídicos.
56. Admitir la procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en este caso particular con la posibilidad de anulación del acto ficto, para
ordenar, a título de restablecimiento, el pago de la sanción moratoria implicaría
desconocer el título ejecutivo contenido en la Resolución 1097 del 15 de
diciembre de 2015. Además, esta situación podría dar lugar a que se impusiera
a cargo del ente demandado una doble obligación y que el demandante tuviera
dos títulos ejecutivos [la resolución y la sentencia] para reclamarla, lo que pondría
en riesgo el erario.
57. Todo lo anterior permite concluir que en el presente proceso el acto
administrativo definitivo que decidió el derecho al pago de la sanción moratoria
regulada en la Ley 244 de 1995 respecto de Jair Antonio Mejía Bolaño fue la
Resolución 1097 del 15 de diciembre de 2015 que estableció en su favor una
obligación clara, expresa y exigible una vez se cumplió la condición a que estaba
sometida.
58. Por lo tanto, era el proceso ejecutivo el mecanismo procesal adecuado para
que el demandante reclamara el pago de ese emolumento y no el medio de
control de nulidad y restablecimiento. Ello, puesto que el reconocimiento de la
sanción moratoria no estaba en discusión al haber sido concedida en tal
resolución que se encuentra en firme y goza de presunción de legalidad. De este
modo, era inviable pedir que se otorgara de nuevo en sede administrativa y ahora
en sede judicial.
59. En ese sentido, la Sala en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 187
de la Ley 1437 de 201131, deberá declarar de oficio probada en esta instancia la
excepción de inepta demanda por « improcedencia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para reclamar el reconocimiento y pago de la sanción
30 Verificado en la página de la Rama de Judicial se constató la existencia del radicado citado por
el demandante y que corresponde a un proceso ejecutivo instaurado por Jair Antonio Mejía
Bolaño, que para la fecha de esta providencia aún se encuentra en trámite. Consultado en
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial
31 La norma indica que en la sentencia: « […] decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada».
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moratoria», por cuanto el derecho pedido no está en discusión. Por el contrario,
ya es parte del patrimonio del demandante y podía exigirlo mediante el proceso
ejecutivo.
60. En consecuencia, no habrá lugar a resolver el segundo interrogante planteado
en esta providencia, pues su resolución implica un estudio de fondo de la
demanda, lo que no es posible por lo expuesto.
61. Por último, es de anotar que con lo anterior no se desconoce la condición de
apelante único del demandante ni el principio de la non reformatio in pejus, toda
vez que la providencia de primera instancia negó las pretensiones de la demanda,
de manera que no se desmejora su situación.
3. Conclusión
62. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que en el presente asunto el acto
ficto presunto originado en la petición presentada por Jair Antonio Mejía Bolaño
el 23 de noviembre de 2018 no fue el que decidió su derecho respecto del
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995.
Tal decisión está contenida en el artículo 2 de la Resolución 1097 del 15 de
diciembre de 2015 que reconoció una obligación clara, expresa y exigible en favor
del demandante al cumplirse la condición a la que fue sometida. Al ser así, se
constituyó en título ejecutivo susceptible de ser ejecutado a través del proceso
ejecutivo.
63. Por lo tanto, se configuró la excepción de inepta demanda por «improcedencia
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para reclamar el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria», puesto que el derecho pedido en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho podía exigirlo mediante el
proceso ejecutivo.
64. En esas condiciones, se revocará la sentencia proferida el 1 de febrero de
2023 por el Tribunal Administrativo del Magdalena que negó las pretensiones de
la demanda y en su lugar se declarará probada tal excepción.
4. Costas
65. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
66. Parala Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
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el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
67. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para
dar paso a una aplicación razonable de la norma32.
68. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado
si se causaron dichas costas.
69. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
parte demandada.
70. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia proferida el 1 de febrero de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena que negó las pretensiones de la demanda
presentada por Jair Antonio Mejía Bolaño contra el municipio de Sitio Nuevo
(Magdalena), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Declarar probada la excepción de inepta demanda por «improcedencia
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para reclamar el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 2 parágrafo de la
Ley 244 de 1995», por las razones expuestas.
Tercero: Sin condena en costas en esta instancia
Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Quinto: – Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones
en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
32 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014).
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Demandante: Jair Antonio Mejía Bolaño
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
YSB
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