RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 23001-23-33-000-2015-00248-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2015-00248-01

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2015-00248-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR FUNDADO el impedimento presentado por el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves. Por tanto, se le separa del conocimiento del presente proceso. Segundo. REVOCAR la sentencia proferida el tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Córdoba. En su lugar, declarar probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Sin condena en costas. Cuarto. Reconocer personería a la abogada Vanessa Fernanda Garreta Jaramillo, portadora de la tarjeta profesional 212.712, representante legal de la sociedad Distira Empresarial S.A.S., identificada con el NIT 901.661.426-8, quien es la apoderada judicial de la UGPP según el poder conferido mediante escritura pública visible en el índice 19 de la plataforma SAMAI. Quinto. Reconocer personería al abogado Gabriel Ricardo Cardozo de los Ríos, portador de la tarjeta profesional 387.676, en calidad de apoderado sustituto de la UGPP conforme al memorial en el índice 19 de la plataforma SAMAI. Sexto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2015-00248-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

20 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 23001-23-33-000-2015-00248-01 (2402-2023)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Carlos Morón Diaz

Temas: Lesividad. Reconocimiento pensional. Declara probada de oficio
la excepción de caducidad de conformidad con el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024. REVOCA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo de Córdoba por medio de la cual negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) instauró demanda1 en contra del señor
Carlos Morón Diaz en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modalidad de lesividad, con el fin
de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) 9372 del 25 de mayo de 2000,
por medio de la cual se reconoció una pensión de vejez, (ii) 27116 del 24 de
septiembre de 2002, (iii) 4765 del 15 de agosto de 2003, 4893 del 27 de febrero de
2004, 59440 del 16 de noviembre de 2006 y UGM 2271 del 27 de julio de 2011, a
través de las que se reliquidó la prestación reconocida; y que de manera provisional
se decrete la suspensión de los actos relacionados.

1Ver índice 2 de SAMAI, ED_ONEDRIVE_1_632023(.zip) NroActua 2, archivo:
01ExpedienteDigital230012333000201500248.pdf.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 23001-23-33-000-2015-00248-01 (2402-2023)

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene al demandado a
reintegrar la totalidad de las sumas canceladas por concepto de la pensión de
derecho reconocida, desde la fecha en la que empezó a recibir una doble asignación
por la prestación otorgada por CAJANAL y por el FOMAG, y que el valor que resulte
sea indexado al momento de ser pagado.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el demandado nació el 7 de diciembre de 1942 y adquirió su estatus para la
pensión de vejez el 7 de diciembre de 1997 y para la gracia el 10 de septiembre de
1998.

Que solicitó el reconocimiento de ambas prestaciones y CAJANAL EICE hoy
liquidada profirió las Resoluciones 9372 y 9373 del 25 de mayo de 2000, en las que
reconoció la pensión de vejez en cuantía de $985.192,05 y negó la pensión gracia,
respectivamente.

Que mediante la Resolución 27116 del 24 de septiembre de 2002 se reliquidó la
pensión de vejez elevando la suma a $1.477.991,53; luego, en cumplimiento de fallo
de tutela, se profirió la Resolución 4893 del 27 de febrero de 2004 y se reliquidó de
nuevo la prestación a la suma de $1.613.333,12.

Que una vez más se reliquidó la pensión de vejez, mediante la Resolución 59440
del 16 de noviembre de 2016 y la cuantía reconocida quedó en $1.894.882,01.
Finalmente, a través de la Resolución UGM 2271 del 27 de julio de 2011, en
cumplimiento de una sentencia de un ordinario laboral se reliquidó por última vez la
pensión en cuantía de $1.913.500.

Que en cumplimiento de un fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba,
se le reconoció al docente la pensión gracia.

Que el señor Carlos Morón Díaz gozaba de una pensión gracia y de una de vejez a
cargo de la demandante, pero, aun así, el FOMAG hizo un reconocimiento pensional
al mismo educador mediante Resolución 6663 de 2000.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados los artículos: 48, 83 y 128 de la Constitución Política, y el 19
de la Ley 4 de 1992.

Que el reconocimiento simultáneo de la pensión de vejez por diferentes entidades,
CAJANAL y FOMAG, vulnera las normas constitucionales y legales, así como el
principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional y la buena fe de los

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 23001-23-33-000-2015-00248-01 (2402-2023)

particulares, esto por recibir una sola persona más de una asignación proveniente
del tesoro público.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 17 de junio de 20162, se notificó al demandado3, quien
manifestó4 que, las diferentes pensiones reconocidas corresponden a tiempos de
servicio distintos entre sí, por un lado, la de CAJANAL corresponde a su labor
desempeñada al servicio de la Procuraduría General de la Nación, y la del FOMAG
a lo trabajado en el Departamento de Córdoba como docente de medio tiempo en
educación nocturna, y que en cada entidad pagadora realizó los respectivos
aportes.

En audiencia inicial5, advirtió el tribunal que de la solicitud de medida cautelar no se
corrió el traslado a la parte demandante, por lo que en dicha oportunidad ordenó lo
propio. Posterior al pronunciamiento de la parte demandada y del Ministerio Público
en dicha diligencia, se decidió negar la suspensión provisional incoada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6

El Tribunal Administrativo de Córdoba mediante sentencia el tres (3) de junio de dos
mil veintidós (2022), negó las pretensiones de la demanda. Expresó que, al
momento de proferirse el acto enjuiciado, el accionado no se encontraba
devengando la pensión reconocida por el FOMAG, pues esta fue posterior mediante
la Resolución 6663 de 21 de noviembre de 2000.

Que la mentada resolución no puede ser objeto de estudio en el proceso convocado
por varias razones, a saber, que el acto no figura dentro del plenario, que el FOMAG
no es parte del proceso, que la justicia contenciosa administrativa es rogada, por lo
que debe ser la parte afectada quien promueva la demanda, y que, en todo caso, el
acto administrativo mencionado no fue acusado.

Sin condena en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante7 interpuso recurso de apelación expresando que existe una
limitación constitucional y legal de percibir más una asignación proveniente de
diferentes empleos públicos, y esta debe entenderse para todo tipo de

2 Ídem, páginas 420 a 421.
3 Ídem, página 427.
4 Ídem, página 432 a 448.
5 Ídem, página 464 a 467.
6 Ver índice 2 de SAMAI, ED_ONEDRIVE_1_632023(.zip) NroActua 2, archivo: 08 sentencia PRIMERA
instancia UGPP vs Carlos Moron.pdf.
7 Ver índice 2 de SAMAI, ED_ONEDRIVE_1_632023(.zip) NroActua 2, archivo: 08 sentencia PRIMERA

instancia UGPP vs Carlos Moron.pdf.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 23001-23-33-000-2015-00248-01 (2402-2023)

remuneraciones que tengan como fuente el tesoro público.

Que la pensión de vejez reconocida por CAJANAL se torna incompatible con
cualquier otra prestación del mismo tipo que provenga del erario y que pretenda
cubrir el mismo riesgo.

Que no existe norma que autorice la percepción de dos pensiones ordinarias de
jubilación y en ese sentido aplica la prohibición mencionada.

Que el hecho de que la resolución expedida por el FOMAG y que ocasionó la doble
asignación no haya sido demandada, ello no es óbice para que el tribunal no
analizara su legalidad y la incompatibilidad que esta ocasiona, y que bien se pudo
vincular a la entidad que expidió dicho acto como litisconsorte necesario.

Que la sentencia apelada es inhibitoria al no decidir de fondo el asunto.

TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 10 de mayo de 2023 se admitió el recurso de apelación y por no haber pruebas
que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.

En la oportunidad para pronunciarse, la UGPP presentó memorial8 reiterando los
argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación.

El agente del ministerio público rindió concepto9 solicitando que se confirme el fallo
apelado al considerar que las resoluciones demandadas se encuentran ajustadas a
derecho, pues cuando se reconoció la prestación el accionado no contaba con
ninguna pensión de vejez adicional.

Que para que se presente una vulneración del artículo 128 de la Constitución
Política, es necesario que el FOMAG demande su propio acto, lo cual no ocurrió.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

En principio correspondería a la Sala determinar si hay lugar a declarar la nulidad
del acto administrativo que reconoció la pensión de derecho en favor del señor
Carlos Morón Diaz; y si es procedente el reintegro de los dineros pagados por ese
concepto.

8 Ver índice 10 en SAMAI.
9 Ver índice 11 en SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 23001-23-33-000-2015-00248-01 (2402-2023)

Sin embargo, en uso de las facultades consagradas en el inciso segundo del artículo
187 del CPACA, que ordena a los jueces declarar cualquier excepción que
encuentren probada, incluso en segunda instancia (sin perjuicio de la reformatio in
pejus), se analizará la posible existencia del fenómeno de la caducidad a la luz del
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

Cuestión previa

El día 11 de marzo del presente año, el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves
manifestó su impedimento para conocer del presente medio de control con
fundamento en la causal 2 del artículo 141 del Código General del Proceso, debido
a que conoció del proceso de la referencia en primera instancia y suscribió la
sentencia objeto de apelación en calidad de magistrado del Tribunal Administrativo
de Córdoba.

Al respecto, se precisa que el régimen de impedimentos busca garantizar la
imparcialidad e independencia en las decisiones adoptadas por las autoridades
judiciales. En esa medida, a través de esta figura pretende evitarse que existan
situaciones de hecho que puedan comprometer el criterio que asuman los jueces
en las providencias que profieran dentro de los asuntos asignados para su
conocimiento. Siendo así, cuando un funcionario judicial advierta que se encuentra
impedido, deberá manifestarlo, con el fin de salvaguardar los principios que rigen la
debida administración de justicia.

Pues bien, una vez verificada la sentencia recurrida, la cual fue dictada el 3 de junio
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, se observa que, en efecto, el
magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves integró la respectiva Sala de decisión y en
consecuencia suscribió la providencia controvertida en esta instancia. Por
consiguiente, se considera que se presentan elementos subjetivos en la
manifestación de impedimento que llevan a considerar que la decisión que llegare
a adoptarse en el asunto mencionado comporta para el magistrado una posible
afectación de la objetividad e imparcialidad que se demanda de los titulares de la
función jurisdiccional.

Por tanto, esta Subsección declarará fundado el impedimento manifestado por el
mencionado magistrado, en aras de salvaguardar los principios de imparcialidad y
transparencia.

Marco normativo y jurisprudencial

Caducidad de la acción contenciosa contra actos de reconocimiento
pensional

La caducidad está relacionada con el término que previó el legislador para presentar
las acciones destinadas a obtener la protección de los derechos consagrados en el

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 23001-23-33-000-2015-00248-01 (2402-2023)

ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el interesado debe acudir a la jurisdicción en el
plazo señalado en la norma, so pena de que se configure el aludido fenómeno.

Al respecto, la Corporación ha sostenido:10

«[…] La caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento del
término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción
derivadas de los actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración, sin
que se haya ejercido el derecho de acción por parte del interesado.

El tiempo determinado para el ejercicio de las acciones depende del tipo de acción
y del origen que la provoca […]».

El artículo 164, numeral 1.° literal c, prevé que cuando se pretenda controvertir actos
que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, se podrá
demandar en cualquier tiempo. No obstante, y en relación con las pensiones
reconocidas, la Ley 2381 de 2024 establece que las acciones administrativas y
contencioso administrativas deben interponerse dentro de los 5 años contados a
partir de la concesión de la prestación. Transcurrido este plazo, se aplicará la
caducidad, salvo en los casos de actuaciones fraudulentas o con ocurrencia de
algún delito en la obtención del derecho.

«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES
RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no
podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de
las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando
se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser
susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.». (Negrillas para
resaltar)

Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 202411, se advierte que fue
sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1. ° de julio
de 2025.

10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del

23 de septiembre de 2010. Expediente: 47001-23-31-000-2003-00376-01 (1201-2008). Demandante: Marco
Fidel Ramírez Yépez y otros
11 «por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte

de origen común, y se dictan otras disposiciones.»

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 23001-23-33-000-2015-00248-01 (2402-2023)

Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la
norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor,
se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la reforma en materia de caducidad no integró las modificaciones que
se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025.

Además, para la Sala es evidente que por la naturaleza de la norma a aplicar, esta
tiene vigencia desde su publicación, aun en el evento de que se hubiera diferido su
vigencia (que no fue el caso), entre otras razones porque se logra el efecto útil
querido por el legislador, veamos el siguiente supuesto:

Si a la fecha de hoy y después de trascurridos 5 años del reconocimiento
pensional, la administración presentara una demanda contra el pensionado,
¿estaría obligado el juez a admitirla con el argumento de que la norma no ha
entrado en vigencia?

Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la
caducidad cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo es absurdo, sino
que no cumple con el propósito del legislador que es el de dar estabilidad a las
situaciones jurídicas favorables a las personas pensionadas.

No tendría sentido entonces someter a los jueces a una espera prolongada (hasta
el 1. ° de julio de 2025), dado que, independientemente de si la caducidad se declara
en este momento o con posterioridad, los efectos serían los mismos; pues la
contabilización se debe realizar desde la concesión de la prestación.

Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir
de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la Sentencia C-957 de 199712.

Resolución del caso concreto

Aclarado el aspecto de la vigencia, corresponde a la Subsección analizar el asunto
en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 86 de la Ley, pues dicho precepto es
claro al señalar que los efectos de la caducidad se calculan desde el reconocimiento
del derecho. Se precisa también que, conforme a los hechos y fundamentos de la
demanda no estamos ante el supuesto de un derecho obtenido con fraude o con
ocurrencia de algún delito; por lo tanto, no se aplica la excepción establecida en la

12 «En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación,
salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine
una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos
de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial,
dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.”
Negrilla para resaltar.»

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 23001-23-33-000-2015-00248-01 (2402-2023)

disposición citada.

En este caso, se pretende la nulidad, entre otros actos administrativos, de la
Resolución 9372 del 25 de mayo de 2000 expedida por la extinta CAJANAL, a través
de la cual, se reconoció la pensión de vejez en favor del demandado, es decir, la
administración tenía hasta el 26 de mayo de 2005 para presentar la demanda, y
según el sello de radicación visible en la página 13 del expediente digital, se radicó
el 17 de abril de 2015, por lo que se concluye que se presentó con posterioridad a
los 5 años de que trata la Ley 2381 de 2024.

Resulta importante resaltar que como la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho se fundamentó en que el demandado no puede recibir una doble asignación
por concepto de pensión de vejez y, en consecuencia, debe dejarse sin efectos la
decisión de la entidad demandante que reconoció dicha prestación por existir un
acto posterior proferido por el FOMAG que cubrió el mismo riesgo, esta Subsección
en atención a la caducidad declarada frente al acto de reconocimiento, no realizará
estudio alguno con respecto a las Resoluciones 27116 del 24 de septiembre de
2002, 4765 del 15 de agosto de 2003, 4893 del 27 de febrero de 2004, 59440 del
16 de noviembre de 2006 y UGM 2271 del 27 de julio de 2011, a través de las cuales
se reliquidó la pensión, puesto que los argumentos plasmados en la demanda no
atacan como tal esa reliquidación sino el acto inicial.

En consecuencia, la Subsección revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, declarará probada de oficio la excepción de caducidad.

De la condena en costas en ambas instancias

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202113 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, pese a que se está revocando la decisión
apelada, en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CGP14, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto en ninguna de las instancias, por el contrario, manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

13 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.
14 Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada

a pagar las costas de ambas instancias.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 23001-23-33-000-2015-00248-01 (2402-2023)

FALLA

Primero. DECLARAR FUNDADO el impedimento presentado por el magistrado
Luis Eduardo Mesa Nieves. Por tanto, se le separa del conocimiento del presente
proceso.

Segundo. REVOCAR la sentencia proferida el tres (3) de junio de dos mil veintidós
(2022) por el Tribunal Administrativo de Córdoba. En su lugar, declarar probada de
oficio la excepción de caducidad del medio de control, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. Reconocer personería a la abogada Vanessa Fernanda Garreta Jaramillo,
portadora de la tarjeta profesional 212.712, representante legal de la sociedad
Distira Empresarial S.A.S., identificada con el NIT 901.661.426-8, quien es la
apoderada judicial de la UGPP según el poder conferido mediante escritura pública
visible en el índice 19 de la plataforma SAMAI.

Quinto. Reconocer personería al abogado Gabriel Ricardo Cardozo de los Ríos,
portador de la tarjeta profesional 387.676, en calidad de apoderado sustituto de la
UGPP conforme al memorial en el índice 19 de la plataforma SAMAI.

Sexto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen y
realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Impedido

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.