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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2016-00004-01

Fecha
24 de abril de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2016-00004-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 13 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que accedió a las pretensiones de la demanda, la cual quedará así: “PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Rama Judicial por los daños ocasionados al PAR TELECOM por la falla del servicio en que se incurrió en la sentencia de tutela de 30 de septiembre de 2009, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel. SEGUNDO: CONDENAR en abstracto a la Nación - Rama Judicial a pagar a favor del PAR TELECOM por daño emergente la suma que se acredite por los dineros embargados que fueron utilizados para pagar las mesadas pensionales dejadas de percibir por los tutelantes Adalis Yamile Martínez Ríos, Lupe Cecilia Serrano Moreno, Emilio de Jesús González Villada, Alicia Zabala, Elver Danilo Torres González, Libardo Antonio Moreno Pineda, José Ricardo Camacho Antonio, Fernando Marín Lozano, Jisela del Pilar Rodríguez Jiménez, Álvaro José Morales Ezqueda, Floralba Sánchez Pérez, Miriam Avendaño Amaya, Luis Francisco Cáceres Ovalle, Jorge Alberto Molina Villa, María del Socorro Restrepo Gómez, Ruth Milena Gómez Hernández, Gloria Stella Hincapié Guzmán, Margoth Pabón González, Luis Hernando Gutiérrez Ávila, Amanda Cuellar Vásquez, Hernando Ramírez Zambrano, Jorge Otoniel Jiménez Castro, Flor Emilia Campo Vargas, Cristo Rafael Pájaro Almanza y Carlos Eufracio Brun Branco desde su desvinculación de TELECOM hasta su inclusión en el Plan de Pensiones Anticipadas, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: CONDENAR a la Nación - Rama Judicial a pagar a favor del PAR TELECOM por daño emergente la suma de setecientos sesenta y tres millones quinientos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y un pesos ($763.538.851) por los dineros que pagó el PAR TELECOM a los tutelantes por concepto de mesadas pensionales desde la inclusión en el Plan de Pensiones Anticipado hasta el 14 de julio de 2010, fecha en la que la Sala Plena de la Corte Constitucional ordenó como medida provisional suspender el pago de las mesadas, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 23001-23-33-000-2016-00004-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

24 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 23001233300020160000401 (66898)
Demandante: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Tema: Desconocimiento del requisito de inmediatez en acción de tutela.
Se encausa asunto como una eventual falla en el servicio Se
acreditó el daño antijurídico y su imputación. Condena en
abstracto.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia
del 13 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 26 de agosto de 2009, veintisiete ex trabajadores de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones residentes en diferentes partes del país, presentaron acción
de tutela contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de dicha entidad (en
adelante PAR TELECOM), pretendiendo el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso, trabajo e igualdad, así como el pago del Plan de Pensiones
Anticipado de la Convención Colectiva de Trabajo. Asimismo, solicitaron, como
medida provisional, embargar las cuentas bancarias del PAR TELECOM en la
ciudad de Montería (Córdoba).

Mediante auto del 8 de septiembre de 2009, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Ayapel, quien conoció del proceso por reparto, accedió a lo pretendido como medida
provisional. Posteriormente, mediante sentencia de tutela del 9 de septiembre de
2009, el Juzgado referido amparó los derechos fundamentales de los tutelantes y
ordenó al PAR TELECOM pagarles el Plan de Pensiones Anticipado a partir del 1°

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Demandante: PAR de TELECOM

de febrero de 2006, fecha en que estos habían sido desvinculados de TELECOM,
al estimar que gozaban de las prerrogativas de la convención colectiva, porque
estaban vinculados a la planta de personal de la entidad para el momento en el que
ésta se transformó en una Empresa Industrial y Comercial del Estado.

Esta sentencia fue confirmada parcialmente, mediante providencia de tutela del 30
de septiembre de 2009, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel,
en el sentido de acceder al amparo solicitado por el pago del Plan de Pensiones
Anticipado, pero a partir de la desvinculación que acreditara cada tutelante en la
liquidación. En fecha indeterminada, el Banco Agrario de Colombia entregó a la
apoderada judicial de los accionantes la suma de $1.658.930.639,01, por concepto
del pago del Plan Pensiones Anticipado.

Posteriormente, la acción de amparo fue seleccionada para revisión por la Corte
Constitucional, quien mediante auto del 14 de julio de 2010 ordenó, como medida
provisional, suspender el pago de las mesadas pensionales de los veintisiete ex
trabajadores de TELECOM. Finalmente, mediante sentencia SU-377 de 12 de junio
de 2014, la Corte Constitucional revocó la decisión de tutela del 30 de septiembre
de 2009, al estimar que algunos accionantes no habían cumplido con el requisito de
inmediatez y otros no se encontraban amparados por el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 para acceder al pago del Plan de Pensiones Anticipado. La entidad
demandante considera que la Nación – Rama Judicial incurrió en error jurisdiccional
en la sentencia de tutela de 30 de septiembre de 2009, por desconocimiento del
precedente judicial de la Corte Constitucional y por incumplir el requisito de
inmediatez.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 18 de diciembre de 20151, el Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM
mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa,

1 Fl. 1A, C.P.

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Demandante: PAR de TELECOM

presentó demanda en contra la Nación – Rama Judicial por los perjuicios
ocasionados por el error jurisdiccional en el que habrían incurrido la sentencia de
tutela del 30 de septiembre de 2009, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito
de Ayapel.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la
demandada a pagar, por daño emergente, la suma de $2.070.702.767; y por lucro
cesante, los intereses corrientes y moratorios causados a la anterior suma de
dinero, desde la fecha en que cumplió el pago de la condena hasta la fecha en que
se reembolsen los mismos.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 26 de agosto de
2009, veintisiete ex trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
residentes en diferentes partes del país, presentaron acción de tutela contra el
Patrimonio Autónomo de Remanentes de dicha entidad, pretendiendo el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo e igualdad, así como el pago
del Plan de Pensiones Anticipado de la Convención Colectiva de Trabajo. Asimismo,
solicitaron, como medida provisional, embargar las cuentas bancarias del PAR
TELECOM en la ciudad de Montería (Córdoba).

Manifiesta que, mediante auto del 8 de septiembre de 2009, el Juzgado Promiscuo
Municipal de Ayapel, quien conoció del proceso por reparto, accedió a lo pretendido
como medida provisional.

Aduce que, mediante sentencia de tutela del 9 de septiembre de 2009, el Juzgado
referido amparó los derechos fundamentales de los tutelantes y ordenó al PAR
TELECOM pagarles a los accionantes el Plan de Pensiones Anticipado a partir del
1° de febrero de 2006, fecha de desvinculación de los tutelantes, al estimar que
gozaban de las prerrogativas de la convención colectiva, porque estaban vinculados
a la planta de personal de la entidad para el momento en el que ésta se transformó
en una Empresa Industrial y Comercial del Estado.

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Demandante: PAR de TELECOM

Señala que esta sentencia fue confirmada parcialmente mediante providencia de
tutela del 30 de septiembre de 2009, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito
de Ayapel, en el sentido de acceder al amparo solicitado por el pago del Plan de
Pensiones Anticipado, pero a partir de la desvinculación que acreditara cada
tutelante en la liquidación.

Esgrime que, en fecha indeterminada, el Banco Agrario de Colombia entregó a la
apoderada judicial de los accionantes la suma de $1.658.930.639,01, por concepto
del pago del Plan Pensiones Anticipado.

Indica que la acción de amparo fue seleccionada para revisión por la Corte
Constitucional, quien mediante auto del 14 de julio de 2010 ordenó, como medida
provisional, suspender el pago de las mesadas pensionales de los veintisiete ex
trabajadores de TELECOM.

Concluye que, mediante sentencia SU-377 de 12 de junio de 2014, la Corte
Constitucional revocó la decisión de tutela del 30 de septiembre de 2009, al estimar
que algunos accionantes no habían cumplido con el requisito de inmediatez y otros
no se encontraban amparados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993
para acceder al pago del Plan de Pensiones Anticipado.

La entidad demandante considera que la Nación – Rama Judicial es
patrimonialmente responsable por cuanto incurrió en error jurisdiccional en la
sentencia de tutela de 30 de septiembre de 2009, proferida por el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Ayapel, porque la acción de amparo se falló de fondo, a
pesar de que no cumplía con el requisito de inmediatez.

Textualmente solicita en la demanda: “que la Nación - Rama Judicial, sea declarada
responsable por los daños sufridos por la parte demandante fruto del error judicial
cometido dentro de la acción de tutela iniciada en el Juzgado Promiscuo Municipal de
Ayapel (Córdoba) bajo la radicación 200900764, que fue resuelta definitivamente
mediante la sentencia SU-377 de 2014 de la Corte Constitucional […] La inmediatez

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Demandante: PAR de TELECOM

se refiere al hecho de que la tutela debe ser impetrada en un término razonable desde
la ocurrencia de los hechos que la motivan”.

2. Contestación

El 19 de febrero de 20162 el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda
y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público.

2.1. La Rama Judicial3 argumentó que no ocasionó un daño antijurídico porque las
decisiones adoptadas por los Juzgados Promiscuo Municipal y del Circuito de
Ayapel estuvieron ajustadas a las normas constitucionales y legales vigentes al
momento de los hechos.

3. Audiencia inicial

El 29 de noviembre de 20174 el Tribunal Administrativo de Córdoba celebró la
audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las
excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría
a determinar si “es imputable a la Nación – Rama Judicial los perjuicios
presuntamente sufridos por la demandante Patrimonio Autónomo de Remanentes
Par TELECOM. Para tal efecto, deberá establecerse si se configuró un error judicial
dentro de la acción de tutela tramitada en primera instancia por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Ayapel, Córdoba bajo el radicado No. 2009-00764, y en
segunda instancia por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel, resuelta de
manera definitiva a través de sentencia SU-377 de 2014, por la Corte Constitucional.
[…]”.

2 Fl. 168, C.P.
3 Fl. 188 a 193, C.P.
4 Fl.303 a 306, C.P.

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4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 24 de abril de 20185 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte demandante6 y la Nación – Rama Judicial7 reiteraron lo expuesto en
la demanda y contestación de esta, respectivamente.

4.2. El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 13 febrero de 20208, el Tribunal Administrativo de Córdoba
accedió a las pretensiones de la demanda, al constatar que la providencia de tutela
del 30 de septiembre de 2009, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Ayapel incurrió en un error jurisdiccional por desconocimiento de los requisitos de
subsidiaridad e inmediatez de la acción de tutela.

Al respecto, en la sentencia señaló: “[c]omparando lo actuado en sede de tutela por
parte de los juzgados del departamento de Córdoba (Ayapel) y las disposiciones
que regulan la improcedencia de la acción de tutela, se advierte que la sentencia de
amparo de fecha 30 de septiembre del año 2009, proferida por el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Ayapel, Córdoba, mediante la cual se resolvió en segunda
instancia la impugnación contra del fallo de tutela de fecha 9 del año 2009,
pronunciado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel, resulta contraria al
ordenamiento, específicamente lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, sobre la
subsidiariedad de la tutela. De tal manera que, la providencia descrita produjo un
daño antijurídico indemnizable al demandante en reparación directa, debido a que
ordenó al Patrimonio Autónomo de Remanentes (TELECOM) que hiciera el

5 Fl. 317, C.P.
6 Fl. 322 y 323, C.P.
7 Fl. 321, C.P.
8 Fl. 329 a 341, C.P.

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ofrecimiento del Plan de Pensión Anticipada a los accionantes en los mismos
términos que se hizo dicho ofrecimiento a los empleados de excepción que a 31 de
marzo de 2003 reunían los requisitos para este […]. Lo ordenado por los jueces de
Ayapel estuvo fundamentado en argumentos inadmisibles para un juez en sede de
tutela, conforme lo consideró la Corte Constitucional en sede de revisión a través
de la Sentencia de Unificación 377 del año 2014 […]”.

En la parte resolutiva, el a quo condenó a la Nación – Rama Judicial a pagar a la
demandante, a título de daño emergente, la suma de $2.426.023.145 y negó las
demás pretensiones de la demanda.

6. Recursos de apelación

Los días 21 de febrero9 y 4 de marzo de 202010, la Rama Judicial y el PAR TELECOM
interpusieron recurso de apelación, respectivamente, los cuales fueron concedidos el
18 de febrero de 202111 y admitidos el 24 de mayo de 202112.

6.1. El extremo activo13 solicitó condenar a la Rama Judicial a pagar los intereses
corrientes y moratorios causados desde el 9 de septiembre de 2009 hasta “la fecha
efectiva del pago” y la suma de $411.772.149 por los dineros que tuvo que pagar a
los accionantes por concepto de pensión en el Plan de Pensión Anticipada.

Al efecto indicó: “solicito comedidamente […] revocar el numeral cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia apelada, para en su lugar condenar a la Rama Judicial al
pago de intereses de corrientes y moratorios desde la ocurrencia del embargo
ilegalmente decretado, así como al pago del capital de $411.772.149 actualizado
más intereses, toda vez que se aportó al proceso prueba del desplazamiento
patrimonial de dinero desde cuentas con dineros del PAR TELECOM, hacia cuentas

9 Fl. 344 y 345, C.P.
10 Fl. 346 a 354, C.P.
11 Fl. 361 y 362, C.P.
12 Fl. 366, C.P.
13 Fl. 344 y 345, C.P.

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de los accionantes de tutela donde sucedió el error judicial que suscita la presente
demanda […]”.

6.2. La Nación – Rama Judicial14 argumentó que no ocasionó un daño antijurídico
al demandante, porque las decisiones adoptadas por los Juzgados de Ayapel se
ajustaron a las normas constitucionales y legales vigentes al momento de los
hechos.

Al efecto sostuvo que: “las decisiones emitidas por los Jueces de la República
fueron ajustadas conforme a lo estipula la Constitución Nacional, los cuales
ampararon de manera transitoria los derechos fundamentales de los peticionarios;
por su parte la entidad convocada no puede endilgarle a la Rama Judicial el
resarcimiento de su detrimento patrimonial, pues debió en su oportunidad demostrar
dicha carga procesal. Pues, la consecuencia de ese incumplimiento, da lugar a una
situación desfavorable para dicha entidad, pero que no vulnera sus derechos al
debido proceso, de igualdad o de acceso a la administración de justicia […]”.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 19 de julio de 202115 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7.1. El extremo activo16 y la Rama Judicial17 reiteraron los argumentos expuestos
en los recursos de apelación.

7.2. El Ministerio Público18 solicitó confirmar la decisión del a quo, en el sentido de
reconocer los perjuicios por las sumas pagadas por las mesadas pensionales
dejadas de percibir por los tutelantes, y negar los intereses corrientes y moratorios
causados a la demandante, por cuanto eran incompatibles con la indexación

14 Fl. 346 a 354, C.P.
15 Fl. 368, C.P.
16 Índice 13, Samai.
17 Índice 11, Samai.
18 Índice 14, Samai.

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reconocida. Asimismo, solicitó negar los perjuicios por las mesadas pensionales
causadas con posterioridad a la orden de tutela del 30 de septiembre de 2009,
proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel, aduciendo que no se
acreditó su causación.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 13 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo19, pues la cuantía,
dada por la pretensión mayor de la demanda20, supera la exigida de 500 SMLMV, para
que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa,
tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación21.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14022 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

19 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”.
20 El artículo 157 del CPACA dispone que “[…] Para los efectos aquí contemplados, cuando en la

demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión
mayor […]”.
21 La pretensión mayor de la demanda se estima en la suma de $2.070.702.767, lo cual es superior

a 500 SMLMV del año en que ésta se presentó (2015).
22 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona

interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u
omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre
otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación

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En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la
administración de justicia.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni la sentencia
estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se
presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general23, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las
situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción24, ofrecer estabilidad del

temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa
imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de
la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una
de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.
24 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la

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derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure25 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia26, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.
25 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
26 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

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Demandante: PAR de TELECOM

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, señala que la acción de reparación directa deberá presentarse dentro
del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de
la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que
cuando el daño alegado proviene de un error judicial el término de caducidad
empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la
providencia judicial que contiene el aludido yerro27.

Ahora bien, la Sala advierte que, a través de la providencia SU-377 de 2014, la Sala
Plena de la Corte Constitucional revocó las sentencias de tutela de primera y
segunda instancia, esta última enjuiciada en el sub lite y, por consiguiente, debido
a ese pronunciamiento ya no se puede hablar de un “error jurisdiccional”
propiamente dicho sobre la segunda decisión de tutela enjuiciada, por cuanto uno
de los presupuestos para la configuración del error judicial es que la providencia
cuestionada se encuentre en firme28, cosa que no sucede en este caso.

Bajo ese contexto, lo correcto es encausar el asunto como una eventual falla en el
servicio29, la cual, sin lugar a equívocos, quedó en evidencia con la sentencia SU-
377 de 2014, proveído que, además terminó el proceso de tutela e hizo a tránsito a
cosa juzgada constitucional en esa controversia30.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9

de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22.205.
28 Artículo 67.2 de la Ley 270 de 1996.
29 Al respecto, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2020, Rad.: 51.484 y del 24 de abril de
2020 y 7 de diciembre de 2021, Rad.: 57.541 y 65.415.
30 En reciente decisión, esta Corporación precisó: (…) Los artículos 35 y 36 del decreto 2591 de 1991

denotan el alcance de la sentencia de la Corte Constitucional en el marco de la revisión, esto es, el
de revocar o modificar el fallo estudiado, por ello la decisión que desata el recurso extraordinario de
revisión hace tránsito a cosa juzgada constitucional (…).En este sentido, resulta ajeno a cualquier
interpretación posible que una sentencia que ha sido escogida para el estudio de la Corte
Constitucional puede encontrarse en firme. Así lo dijo el máximo Tribunal de la jurisdicción

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Demandante: PAR de TELECOM

Ahora, como el fallo de unificación fue objeto de aclaración y adición por parte del
PAR de Telecom, petición que se negó en auto 503 del 22 de octubre de 2015, la
Sala precisa que la caducidad de la sentencia del 30 de septiembre de 2009 debe
computarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de esa determinación.

Revisado el expediente, se observa que no obra constancia de notificación del auto
mencionado; no obstante, consultada la página web de esa Corporación 31, se
corroboró que se notificó el 3 de noviembre de 2015, luego adquirió firmeza el 9 de
ese mes y año32.

De este modo, el plazo para acudir ante esta jurisdicción se extendió hasta el 10 de
noviembre de 2017 y como la demandante presentó solicitud de conciliación
extrajudicial el 5 de agosto de 201533, la cual se declaró fallida el 27 de octubre de
201534; e interpuso la demanda el 18 de diciembre de 201535, se estima que la
acción de reparación directa no se encuentra caducada.

constitucional, en la sentencia T-291 del 2014: (…) En múltiples ocasiones la Corte Constitucional
ha establecido la finalidad que cumple el recurso extraordinario de revisión, como excepción al
principio de cosa juzgada propio de las sentencias ejecutoriadas, es permitir enmendar los errores o
irregularidades cometidas en determinada providencia, para que, en aplicación de la justicia material,
se profiera una nueva decisión que resulte acorde al ordenamiento jurídico . Y en la decisión T-307
de 2015, sostuvo que: (…) La revisión incluye la protección frente a posibles vías de hecho de los
mismos jueces de tutela comoquiera que es el mecanismo especial de cierre del sistema jurídico
bajo la dirección del órgano máximo de la jurisdicción constitucional. Por lo tanto, es la decisión que
termina con el procedimiento de revisión ante la Corte Constitucional la que determina la firmeza del
fallo de tutela, el máximo tribunal constitucional sólo ahí ha sostenido que se configura la cosa
juzgada definitiva. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 10 de diciembre de 2018, Rad.: 44.369). También se pueden consultar,
entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
B, providencia del 4 de diciembre de 2019, Rad.: 63.937 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, providencia del 26 de mayo de 2020, Rad.: 61.414.
31 Al respecto, se puede consular:

https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=rad_codigo&date3
=2008-01-01&date4=2023-02-
02&radi=Radicados&palabra=T2587255&radi=radicados&todos=%25
32 Según el artículo 302 del CGP, norma vigente para ese momento.
33 Fl. 140, C.P.
34 Fl. 143, C.P.
35 Fl. 1A, C.P.

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Demandante: PAR de TELECOM

Esta postura no es ajena a la Corporación, pues se acompasa con aquella que ya
adoptó en un caso análogo36 en la que se controvirtió una decisión de tutela que fue
objeto de revocatoria por la Corte Constitucional en sentencia SU-377 de 2014, con
idénticas consideraciones a las aquí expuestas al analizar el conteo de la caducidad
del medio de control.

4. Legitimación en la causa

4.1. El PAR TELECOM37 está legitimado en la causa por activa, pues mediante
sentencia del 30 de septiembre de 2009, la cual se acusa de haber incurrido en un
“error jurisdiccional”, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel le ordenó pagar
una pensión anticipada a Adalis Yamile Martínez Ríos, Lupe Cecilia Serrano
Moreno, Emilio de Jesús González Villada, Alicia Zabala, Elver Danilo Torres
González, Libardo Antonio Moreno Pineda, José Ricardo Camacho Antonio,
Fernando Marín Lozano, Jisela del Pilar Rodríguez Jiménez, Álvaro José Morales
Ezqueda, Floralba Sánchez Pérez, Miriam Avendaño Amaya, Rodrigo Triana, Luis
Francisco Cáceres Ovalle, Jorge Alberto Molina Villa, María del Socorro Restrepo
Gómez, Ruth Milena Gómez Hernández, Gloria Stella Hincapié Guzmán, Margoth
Pabón González, Luis Hernando Gutiérrez Ávila, Amanda Cuellar Vásquez,
Hernando Ramírez Zambrano, Jorge Otoniel Jiménez Castro, Flor Emilia Campo
Vargas, Cristo Rafael Pájaro Almanza, José de Jesús Becerra Avendaño y Carlos
Eufracio Brun Branco, según da cuenta copia del proceso con el número de radicado
2009-0018538 y con número de radicado interno T-2476358, de la Corte
Constitucional39.

36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 8 de mayo de 2023, Rad.:

63423
37 Art. 1° del Decreto 2123 del 29 de diciembre de 1992 “La Naturaleza Jurídica.- Reestructúrase en

una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica,
autonomía administrativa y capital independiente, a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -
TELECOM creada y organizada por las leyes 6a de 1943 y 83 de 1945 y los Decretos 1684 de 1947,
1233 de 1950, 1184 de 1954, 1635 de 1960 y 3267 de 1963, vinculada al Ministerio de
Comunicaciones a la cual, salvo lo dispuesto en el presente Decreto, para todos los efectos le serán
aplicables las disposiciones que regulan el régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado”.
38 Anexos 1 a 7.
39 Fl. 29 a 104, C.P.

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Demandante: PAR de TELECOM

4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por la Rama Judicial, ya que el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Ayapel profirió la providencia del 30 de septiembre de 2009, la cual es objeto de
reproche.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel
incurrió en una falla del servicio en la providencia del 30 de septiembre de 2009, por
desconocimiento del requisito de inmediatez.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199140 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho41, que contraría el orden legal42 o que está desprovista de una
causa que la justifique43, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida

40 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
42 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.

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Demandante: PAR de TELECOM

o protegida44, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros45.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

7. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 13 de febrero de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, el extremo activo solicitó condenar a la Rama Judicial
a pagar los intereses corrientes y moratorios causados desde el 9 de septiembre de
2009 hasta “la fecha efectiva del pago” y la suma de $411.772.149 por los dineros
que tuvo que pagar a los accionantes por concepto de pensión en el Plan de Pensión
Anticipada. Por otro lado, la Rama Judicial argumentó que no ocasionó un daño
antijurídico al demandante, porque las decisiones adoptadas por los Juzgados de

44 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,

sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.

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Demandante: PAR de TELECOM

Ayapel se ajustaron a las normas constitucionales y legales vigentes al momento de
los hechos.

En este sentido y como quiera que ambos extremos presentaron recurso de
apelación contra el fallo del 13 de febrero de 2023 proferido por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código de General del Proceso46, se resolverá el asunto sub lite sin limitación
alguna. En atención a ello y de conformidad con las consideraciones expuestas en
precedencia, a continuación, se analizará, entonces si la Nación - Rama Judicial es
patrimonialmente responsable por falla del servicio en la providencia del 30 de
septiembre de 2009, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

7.1.1. Está probado que el 12 de junio de 2003, el Gobierno Nacional expidió el
Decreto 161547, mediante el cual suprimió y ordenó la liquidación de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM), según da cuenta copia auténtica de
dicho acto administrativo48.

7.1.2. Se probó que el 26 de julio de 2003, Adalis Yamile Martínez Ríos, Lupe Cecilia
Serrano Moreno, Emilio de Jesús González Villada, Alicia Zabala, Elver Danilo

46 Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
47 El artículo 2° de ese Decreto disponía específicamente que la liquidación debía “concluir a más

tardar en un plazo de dos (2) años” contados a partir de su entrada en vigencia. Esos dos años eran
prorrogables por el Gobierno “por un acto debidamente motivado hasta por un plazo igual”. Cerca de
cumplirse el plazo inicial, el Gobierno expidió el Decreto 1915 de 2005 ‘por medio del cual se prorroga
el término del proceso de liquidación de la Empresa Nacional de TELECOMunicaciones, TELECOM
en Liquidación […] hasta el 31 de diciembre de 2005’. Este Decreto luego fue reformado mediante
el Decreto 4781 de 2005 ‘por el cual se aclara, modifica y adiciona el Decreto 1615 de 2003’, en el
cual se dispuso que la liquidación se debía extender “hasta el 31 de enero de 2006”.
48 Fl. 682 a 895, Anexo 3.

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Demandante: PAR de TELECOM

Torres González, Libardo Antonio Moreno Pineda, José Ricardo Camacho Antonio,
Fernando Marín Lozano, Jisela del Pilar Rodríguez Jiménez, Álvaro José Morales
Ezqueda, Floralba Sánchez Pérez, Miriam Avendaño Amaya, Rodrigo Triana, Luis
Francisco Cáceres Ovalle, Jorge Alberto Molina Villa y María del Socorro Restrepo
Gómez fueron desvinculados de TELECOM en Liquidación, según da cuenta copia
autentica de las actas de liquidación prestaciones sociales definitivas49 y la
sentencia SU-377 de 12 de junio de 2014, proferida por la Corte Constitucional50.

7.1.3. Se probó que el 30 de diciembre de 2005, el agente Liquidador de TELECOM
en Liquidación y el Consorcio de Remanentes de TELECOM, integrado por
Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A., celebraron un contrato mercantil para la
constitución del Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR), según da cuenta
copia auténtica de dicho contrato51.

7.1.4. Se demostró que el 30 de enero de 2006, el agente liquidador de TELECOM
declaró la terminación del proceso liquidatorio y ordenó al PAR atender las
obligaciones contingentes, según da cuenta copia auténtica del acta de la
diligencia52.

7.1.5. Se demostró que el 1° de febrero de 2006, Ruth Milena Gómez Hernández,
Gloria Stella Hincapié Guzmán, Margoth Pabón González, Luis Hernando Gutiérrez
Ávila, Amanda Cuellar Vásquez, Hernando Ramírez Zambrano, Jorge Otoniel
Jiménez Castro, Flor Emilia Campo Vargas, Cristo Rafael Pájaro Almanza, José de
Jesús Becerra Avendaño y Carlos Eufracio Brun Branco fueron desvinculados de
TELECOM en Liquidación, según da cuenta copia autentica de las actas de
liquidación prestaciones sociales definitivas53 y la sentencia SU-377 de 12 de junio
de 2014, proferida por la Corte Constitucional54.

49 Fl. 1030,1037, 1040, 1044, 1052, 1070, 1071, 1082, 1093, 1098, 1103,1108, 1111, 1114 y 1133,

Anexo 7.
50 Fl. 29 a 104, C.P.
51 Fl. 709 a 749, Anexo 3.
52 Fl. 704 a 708, Anexo 3.
53 Fl. 1027, 1033, 1048, 1057, 1086, 1088, 1129 y 1138; anexo 7.
54 Fl. 29 a 104, C.P.

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Demandante: PAR de TELECOM

7.1.6. Se acreditó que el 26 de agosto de 2009, los ex trabajadores de TELECOM
Adalis Yamile Martínez Ríos, Lupe Cecilia Serrano Moreno, Emilio de Jesús
González Villada, Alicia Zabala, Elver Danilo Torres González, Libardo Antonio
Moreno Pineda, José Ricardo Camacho Antonio, Fernando Marín Lozano, Jisela del
Pilar Rodríguez Jiménez, Álvaro José Morales Ezqueda, Floralba Sánchez Pérez,
Miriam Avendaño Amaya, Rodrigo Triana, Luis Francisco Cáceres Ovalle, Jorge
Alberto Molina Villa, María del Socorro Restrepo Gómez, Ruth Milena Gómez
Hernández, Gloria Stella Hincapié Guzmán, Margoth Pabón González, Luis
Hernando Gutiérrez Ávila, Amanda Cuellar Vásquez, Hernando Ramírez Zambrano,
Jorge Otoniel Jiménez Castro, Flor Emilia Campo Vargas, Cristo Rafael Pájaro
Almanza, José de Jesús Becerra Avendaño y Carlos Eufracio Brun Branco,
residentes en diferentes partes del país, presentaron acción de tutela contra el
Patrimonio Autónomo de Remanentes de dicha entidad, pretendiendo el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo e igualdad, así como el pago
del Plan de Pensiones Anticipado de la Convención Colectiva de Trabajo), según
da cuenta copia auténtica de dicho escrito55.

7.1.7. Se acreditó que, mediante auto del 27 de agosto de 2009, el Juzgado
Promiscuo Municipal de Ayapel admitió la acción de tutela y ordenó notificar al PAR
TELECOM, según da cuenta copia auténtica del proveído56.

7.1.8. Se demostró que 3 de septiembre de 2009, el PAR TELECOM contestó la
demanda, al estimar que la solicitud de amparo era improcedente, porque los
accionantes no cumplían los requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, según da cuenta copia auténtica del escrito57.

7.1.9. Se constató que, en fecha indeterminada, durante el trámite de la acción de
amparo, los accionantes solicitaron, como medida provisional, embargar las cuentas
bancarias del PAR TELECOM en la ciudad de Montería (Córdoba), según da cuenta
copia auténtica del escrito sin fecha y de la liquidación de dichas sumas58.

55 Fl. 996 a 1016, Anexo 7.
56 Fl. 378, Anexo 1.
57 Fl. 385, Anexo 1 y 883, Anexo 5.
58 Fl. 818 a 847, Anexo 4.

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Demandante: PAR de TELECOM

7.1.10. Se probó que, mediante auto del 8 de septiembre de 2009, el Juzgado
Promiscuo Municipal de Ayapel accedió a lo pretendido como medida provisional,
según da cuenta copia auténtica del proveído59.

7.1.11. Se acreditó que, mediante sentencia de tutela del 9 de septiembre de 2009,
el Juzgado referido amparó los derechos fundamentales de los tutelantes y ordenó
al PAR TELECOM pagarles a los accionantes el Plan de Pensiones Anticipado a
partir del 1° de febrero de 2006, fecha de su desvinculación, al estimar que gozaban
de las prerrogativas de la convención colectiva, porque estaban vinculados a la
planta de personal de la entidad para el momento en el que ésta se transformó en
una Empresa Industrial y Comercial del Estado, según da cuenta copia auténtica de
la providencia60. El fundamento de la decisión fue el siguiente:

“Aunque los tutelantes no estaban dentro del régimen de transición, no por ello
dejaban de ser sujetos activos laboral (sic) de TELECOM, toda vez que a ellos se
les debía seguir aplicando la convención colectiva que los gobernaba, por así
disponerlo el art. 7 del Decreto 2123 de 1.992, cuando acota que ´la reestructuración
de la empresa no afecta el régimen salarial, prestacional y asistencial vigente de los
empleados vinculados a la planta personal de TELECOM a la fecha de expedición
del presente Decreto´, el que tiene fecha de vigencia de 29 de septiembre de 1.992,
lo que trae de contera que por ser ella (sic) miembro de aquella entidad, tenía las
prerrogativas legales y convencionales de ser llamada (sic), por lo menos, a recibir
el beneficio del PPA, o Plan de Pensión Anticipada, que le fue ofrecido a otros
trabajadores, ya que esta (sic) cumplía los demás requisitos y desconocérselos era
dejarla (sic) sin la posibilidad de una pensión futura […]. [L]os accionantes ocuparon
cargo sometido a régimen especial de jubilación, sin que se haya desmentido al
respecto, se encontraba vinculada (sic) a TELECOM cuando fue transformada en
empresa industrial y comercial. Por lo tanto así no quedara cobijada (sic) por el
régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993, si estaba amparada (sic),
por el régimen de transición especial de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones, TELECOM previsto en el Decreto 1835 de 1.994. Por virtud de
este tenía derecho a que continuara aplicando el régimen especial vigente cuando
se transformó a TELECOM en empresa industrial y comercial del estado […]. Se
ordenará al representante legal del PAR para que dentro del mismo termino,
procede a incluir en nómina a los tutelantes, por cumplir los requisitos del Plan de
Pensión Anticipada, que les ofrecieron a otros empleados de Telecom”

7.1.12. Se demostró que el 23 de septiembre de 2009, el PAR TELECOM presentó
impugnación contra la sentencia del 9 de septiembre de 2009, al estimar que la

59 Fl. 848, Anexo 4.
60 Fl. 495 a 502, 539 a 545, Anexo 3.

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acción de tutela era improcedente pues no se cumplían los requisitos de inmediatez
y subsidiariedad, según da cuenta copia auténtica de dicho escrito61.

7.1.13. Consta que, mediante sentencia de tutela del 30 de septiembre de 2009,
proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel, se confirmó
parcialmente, la sentencia de tutela del 9 de septiembre de 2009 en el sentido de
acceder al amparo solicitado por el pago del Plan de Pensiones Anticipado, pero a
partir de la desvinculación que acreditara cada tutelante en la liquidación, según da
cuenta copia auténtica del proveído62. El fundamento de la decisión fue el siguiente:

“[…] si bien no pueden aceptarse de forma indiscriminadas, acciones de tutela
después de transcurrir largos tiempos entre los hechos y la acción, por que
precisamente se desnaturalizaría la misma, la justicia y el derecho, enseñan que no
se le puede exigir al ciudadano, conocer totalmente sus derecho (sic) y la
jurisprudencia diría de los Juzgados, Tribunales y Cortes del país (sic), o exigirle que
ante cualquier duda instaure la acción de tutela, sino que se analice la perspectiva
de lograr un triunfo por esta vía residual; de esperar fallos que decidan casos
parecidos; de conocer la jurisprudencia constitucional al respecto, para que
conocida ella, presente, como se dijo y con visos de triunfo, la acción de tutela, sin
que ello desconozca el mentado principio, pero que logra como fin último y deseado,
la protección de su derecho constitucional afectado o desconocido. En tal sentido y
para este caso especial, debe decirse que es procedente el análisis de la acción de
tutela, sin que ello desconozca el principio de la inmediatez de la misma por cuanto
el derecho sustancial y constitucional debe prevalecer ante el formal y legal […]. La
cortapisa de estar incurso en el régimen de transición de la Ley 100 de 1994 (sic),
es o era violatorio del derecho a la igualdad, por lo tanto se le hacía una exigencia
extra, no hecha otros empleados a los que se les ofreció dicho plan [Plan de
Pensiones Anticipada], el cual no figuraba en la Convención Colectiva que obligaba
los firmantes -TELECOM o PAR, trabajadores sindicalizados-, y que debía ser
aplicada de preferencia aún en vigencia de la Ley 100 de 1994 (sic), por ser ley para
estas […]. Por último, este despacho comparte la apreciación de la abogada de los
tutelantes en cuanto a revocar el numeral 2 de la parte resolutiva del fallo impugnado
en lo que tiene o guarda relación con la orden de pagar salarios, prestaciones
sociales y convencionales, aporte a la seguridad social, por incremento salarial a
raíz del despido, por cuanto efectivamente lo que se protege es el pago de las
mesadas pensiónales.”

7.1.14. Se probó que el 2 de octubre de 2009, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Ayapel ordenó al Banco Agrario de Colombia entregar a la apoderada judicial de los
accionantes de tutela los títulos judiciales No. 42701000000-5790 y 42701000000-
5823 por la suma de $1.336.433.887 y $80.277.130, respectivamente, constituidos

61 Fl. 965 a 975, Anexo 6.
62 Fl. 940 a 960, Anexo 6.

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Demandante: PAR de TELECOM

por orden del Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel como garantía del pago de
la condena con las sumas obrantes en las cuentas bancarias del PAR TELECOM
en la ciudad de Montería (Córdoba), según da cuenta copia auténtica de los oficios
de orden de pago 138 y 13963 de esa fecha y constancia de entrega de los títulos
judiciales del 6 de diciembre de 2010, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal
de Ayapel64.

7.1.15. Se probó que el 3 de noviembre de 2009, el Juzgado Promiscuo Municipal
de Ayapel ordenó al Banco Agrario de Colombia entregar a la apoderada judicial de
los accionantes de los títulos judiciales No. 42701000000-5845, 42701000000-
5867, 42701000000-5902 y 42701000000-5931, por la suma de $11.831.560,
$176.917.297, $18.798.957 y $34.671.805, respectivamente, constituidos por orden
del Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel como garantía del pago de la condena
con las sumas obrantes en las cuentas bancarias del PAR TELECOM en la ciudad
de Montería (Córdoba), según da cuenta copia auténtica de los oficios de orden de
pago 181 a 18465 de esa fecha y constancia de entrega de los títulos judiciales del
6 de diciembre de 2010, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel 66.

7.1.16. Se demostró que, en fecha indeterminada, el Banco Agrario de Colombia
entregó a la apoderada judicial de los accionantes la suma de $1.658.930.639,01,
correspondiente a los títulos judiciales No. 42701000000-5790, 42701000000-5823,
42701000000-5845, 42701000000-5867, 42701000000-5902 y 42701000000-
5931, constituidos con las sumas obrantes en las cuentas bancarias del PAR
TELECOM en la ciudad de Montería (Córdoba), según da cuenta copia auténtica
del escrito del 5 de abril de 2010, por medio del cual la apodera judicial de los
accionantes manifiesta al Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel que “el PAR ha
informado a algunos tutelantes que canceló la totalidad de la obligación”67 y la
constancia de entrega de los títulos judiciales del 6 de diciembre de 2010 del
Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel68.

63 Fl. 856 y 857, Anexo 4.
64 Fl. 869, Anexo 4.
65 Fl. 862 a 867, Anexo 4.
66 Fl. 869, Anexo 4.
67 Fl 868, Anexo 4.
68 Fl. 869, Anexo 4.

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Demandante: PAR de TELECOM

7.1.17. Se probó que, en fecha indeterminada, la acción de amparo donde se
profirieron las sentencias de tutela del 9 y 30 de septiembre de 2009 fueron
seleccionadas para revisión por la Corte Constitucional, según da cuenta copia
simple de la sentencia SU-377 de 12 de junio de 2014, proferida por la Corte
Constitucional69.

7.1.18. Se demostró que, en sede de revisión, mediante auto del 14 de julio de 2010
la Sala Plena de la Corte Constitucional ordenó, como medida provisional,
suspender el pago de las mesadas pensionales de los veintisiete ex trabajadores
de TELECOM, según da cuenta copia simple de la sentencia SU-377 de 12 de junio
de 2014, proferida por la Corte Constitucional70.

7.1.19. Se acreditó que, mediante sentencia SU-377 de 12 de junio de 2014, la Corte
Constitucional revocó la decisión de tutela del 30 de septiembre de 2009, al estimar
que algunos accionantes no habían cumplido con el requisito de inmediatez y otros
no se encontraban amparados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993
para acceder al pago del Plan de Pensiones Anticipado, según da cuenta copia
simple de la sentencia SU-377 de 12 de junio de 2014, proferida por la Corte
Constitucional71. El fundamento de la decisión fue el siguiente:

“En definitiva, […] se relacionarán las personas que solicitan PPA y cuyas tutelas
son improcedentes por falta de inmediatez […]. En sus casos no habrá, sin embargo,
una consideración especifica, similar a la que se hizo en los párrafos precedentes,
debido a que no sólo tardaron también un periodo demasiado extenso para
presentar sus amparos, sino que aparte dejaron de aportar -teniendo oportunidad
de hacerlo- elementos de juicio adicionales para desvirtuar la impresión inicial de
falta de inmediatez. La Corte advierte asimismo que tienen menos de sesenta (60)
años y, por tanto, no son personas de la tercera edad, según la jurisprudencia. No
hay pruebas de que hubiesen obrado con suficiente diligencia para solicitar lo que
ahora reclaman. Tampoco está acreditado que hayan estado sometidas a fuerza
mayor, o que sea desproporcionado adjudicarles la carga de acudir a un juez con
prontitud, debido por ejemplo a su estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad o incapacidad física. En esa medida, la Corte declarará
improcedentes las tutelas de PPA de todos los siguientes actores: […] Ruth Milena
Gómez Hernández, Adalis Yamile Martínez Ríos, Gloria Stella Hincapié Guzmán,
Lupe Cecilia Serrano Moreno, Margot Pabón González, Emilio de Jesús González

69 Fl. 29 a 104, C.P.
70 Fl. 29 a 104, C.P.
71 Fl. 29 a 104, C.P.

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Radicado: 23001233300020160000401 (66898)
Demandante: PAR de TELECOM

Villada, Alicia Zabala, Elver Danilo Torres González, Luis Hernando Gutiérrez Ávila,
Libardo Antonio Moreno Pineda, Amanda Cuellar Vásquez, Hernando Ramírez
Zambrano, José Ricardo Camacho Antonio, Fernando Marín Lozano, Jisela del Pilar
Rodríguez Jiménez, Álvaro José Morales Ezqueda, Jorge Otoniel Jiménez Castro,
Floralba Sánchez Pérez, Flor Emilia Campo Vargas, Miriam Avendaño Amaya,
Cristo Rafael Pájaro Almanza, Luis Francisco Cáceres Ovalles, Jorge Alberto Molina
Villa, María del Socorro Restrepo Gómez, Carlos Eufrasio Brun Arango […]. En
algunas de tutelas se alega en concordancia que la inmediatez debe contarse desde
el punto más favorable. Pero eso no es suficiente, por sí solo, para desvirtuar el
problema de inmediatez. Incluso, contando el tiempo desde la fecha de liquidación
de TELECOM, los actores habrían (sic) tardaron cuando menos tres (3) años para
presentar sus tutelas, y ese término es prima facie irrazonable para efectos de
determinar su inmediatez. No obstante, como antes se mencionó, esa impresión es
preliminar y no definitiva, por lo cual admite ser desvirtuada. En los casos que a
continuación se relacionan, estima la Sala que las tutelas de los demandantes de
este grupo no son improcedentes por falta de inmediatez […] hubo diligencia en el
actuar del señor José de Jesús Becerra Avendaño. En el proceso obra prueba de
que este peticionario presentó una solicitud ante TELECOM el trece (13) de agosto
de dos mil tres (2003) con el fin de ser incluido como beneficiario del PPA. El siete
(7) de octubre de dos mil siete (2007) promovió una nueva petición, esta vez ante
Caprecom y con el propósito de que le reconociera una pensión de vejez. Y el
veintisiete (27) de marzo de dos mil ocho (2008) presentó recurso de reposición
contra la Resolución No. 307 del veintiséis (26) de febrero de dos mil nueve (2009),
mediante cual Caprecom le negó la citada prestación. El demandante había sido
desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), e interpuso esta
solicitud de amparo en agosto de dos mil nueve (2009). En concepto de la Sala,
obró con diligencia suficiente para desvirtuar la impresión preliminar de
irrazonabilidad que había sobre el tiempo dejado trascurrir para promover la defensa
de sus derechos fundamentales […] Rodrigo Triana […] fue desvinculado el
veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003), y la presente tutela la instauró el
veinticinco (25) de agosto de dos mil nueve (2009). Interpuso antes de esta tutela
una acción ordinaria contra el PAR TELECOM, sobre la base de que era un
trabajador de TELECOM, y porque a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA,
y sin embargo se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. En ese
contexto solicitó que se condenara a la demandada a reconocerle el PPA desde el
primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera los
requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el
pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1°) de
febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la
pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente
solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Dicha acción fue negada
en primera instancia mediante fallo del doce (12) de diciembre de dos mil ocho
(2008), expedido por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá. Dado que no
obra fallo de segunda instancia, no hay elementos para sostener que la controversia
planteada en esta ocasión esté amparada por la cosa juzgada a la cual hicieron
tránsito los fallos dictados en ese otro proceso.

Pero en vista de la actividad
desplegada por el peticionario en la defensa de los derechos que ahora reclama, a
juicio de la Sala esta tutela cumple con las exigencias de inmediatez […] En los
casos que a continuación se relacionan, estima la Sala que las tutelas de los
demandantes de este grupo no son improcedentes por falta de inmediatez […] José
de Jesús Becerra Avendaño y Rodrigo Triana de acuerdo con las pruebas […] no
tenía[n] al 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de
transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba[n] con menos de cuarenta
(40) años de edad, y de otro tenía[n] menos de quince (15) años de servicios en la

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Demandante: PAR de TELECOM

compañía, para el 1° de abril de 1994 no alcanzaba[n] a tener quince (15) años de
servicios. Tal condición era necesaria para estar en el PPA. Como no la cumple[n],
su tutela debe negarse […]”.

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y; ii) su imputación frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración72-73.

72 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
73 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia

considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad
civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya
trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que
el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente:
“La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de
un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en
su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.

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Radicado: 23001233300020160000401 (66898)
Demandante: PAR de TELECOM

7.2.1. El daño antijurídico

En el caso sub examine el daño alegado consiste en la merma patrimonial sufrida
por la parte demandante luego de pagar la condena que le impuso el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Ayapel mediante sentencia de tutela del 30 de septiembre
de 2009, la cual se acusa de contener un “error jurisdiccional”.

Así pues, de los medios probatorios arrimados al proceso se observa que está
acreditado que, en cumplimiento de la sentencia de tutela del 30 de septiembre de
2009 proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel, el 2 de octubre de
y el 3 de noviembre de 2009, dicha autoridad judicial ordenó al Banco Agrario de
Colombia entregar a la apoderada judicial de Adalis Yamile Martínez Ríos, Lupe
Cecilia Serrano Moreno, Emilio de Jesús González Villada, Alicia Zabala, Elver
Danilo Torres González, Libardo Antonio Moreno Pineda, José Ricardo Camacho
Antonio, Fernando Marín Lozano, Jisela del Pilar Rodríguez Jiménez, Álvaro José
Morales Ezqueda, Floralba Sánchez Pérez, Miriam Avendaño Amaya, Rodrigo
Triana, Luis Francisco Cáceres Ovalle, Jorge Alberto Molina Villa, María del Socorro
Restrepo Gómez, Ruth Milena Gómez Hernández, Gloria Stella Hincapié Guzmán,
Margoth Pabón González, Luis Hernando Gutiérrez Ávila, Amanda Cuellar Vásquez,
Hernando Ramírez Zambrano, Jorge Otoniel Jiménez Castro, Flor Emilia Campo
Vargas, Cristo Rafael Pájaro Almanza, José de Jesús Becerra Avendaño y Carlos
Eufracio Brun Branco los títulos judiciales No. 42701000000-5790, 42701000000-
5823, 42701000000-5845, 42701000000-5867, 42701000000-5902 y
42701000000-5931, constituidos por orden del Juzgado Promiscuo Municipal de
Ayapel como garantía del pago de la condena con las sumas obrantes en las
cuentas bancarias del PAR TELECOM en la ciudad de Montería (Córdoba). En
virtud de lo anterior, en fecha indeterminada, el Banco Agrario de Colombia entregó
a la apoderada judicial de los accionantes la suma de $1.658.930.639,01,
correspondiente a los títulos judiciales No. 42701000000-5790, 42701000000-5823,
42701000000-5845, 42701000000-5867, 42701000000-5902 y 42701000000-
5931, constituidos con las sumas obrantes en las cuentas bancarias del PAR

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Radicado: 23001233300020160000401 (66898)
Demandante: PAR de TELECOM

TELECOM en la ciudad de Montería (Córdoba) (hechos probados 7.1.6., 7.1.13.,
7.1.14., 7.1.15. y 7.1.16.).

En estos términos, se tiene que el daño tiene el carácter de antijurídico, pues se
trata de una afectación a la garantía integral del patrimonio público que, como
interés legítimo, encuentra protección en el ordenamiento jurídico, de conformidad
con los artículos 2 y 58 de la Carta Política. Además, el menoscabo alegado resulta
antijurídico, pues se trata de la afectación de un derecho protegido por el
ordenamiento jurídico, cuya lesión no encuentra justificación. Al efecto, se tiene que
la Constitución consagró por diversas vías la importancia de la protección del
patrimonio estatal, como por ejemplo, el artículo 88 que señaló al legislador el deber
de establecer las acciones de rigor encaminadas a velar por la protección del
patrimonio público.

7.2.2. La imputación

Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico a la Rama Judicial, debe
examinarse si la conducta que adoptó el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel
contribuyó fáctica y/o jurídicamente en su causación.

En este orden de ideas, se tiene que, en el caso sub examine, se alega que la
sentencia de tutela del 30 de septiembre de 2009, proferida por el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Ayapel incurrió en un “error jurisdiccional” - que aquí será
estudiado bajo la óptica de la falla del servicio - porque la acción de amparo se falló
de fondo, a pesar de que no cumplía con el requisito de inmediatez.

Ahora, frente al yerro alegado, porque la acción de amparo se falló de fondo, a pesar
de que no cumplía con el requisito de inmediatez, la sentencia de tutela del 30 de
septiembre de 2009, objeto de reproche, precisó que.

“[…] si bien no pueden aceptarse de forma indiscriminadas, acciones de tutela
después de transcurrir largos tiempos entre los hechos y la acción, por que
precisamente se desnaturalizaría la misma, la justicia y el derecho, enseñan que no
se le puede exigir al ciudadano, conocer totalmente sus derecho (sic) y la
jurisprudencia diría de los Juzgados, Tribunales y Cortes del país (sic), o exigirle que
ante cualquier duda instaure la acción de tutela, sino que se analice la perspectiva

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Radicado: 23001233300020160000401 (66898)
Demandante: PAR de TELECOM

de lograr un triunfo por esta vía residual; de esperar fallos que decidan casos
parecidos; de conocer la jurisprudencia constitucional al respecto, para que
conocida ella, presente, como se dijo y con visos de triunfo, la acción de tutela, sin
que ello desconozca el mentado principio, pero que logra como fin último y deseado,
la protección de su derecho constitucional afectado o desconocido. En tal sentido y
para este caso especial, debe decirse que es procedente el análisis de la acción de
tutela, sin que ello desconozca el principio de la inmediatez de la misma por cuanto
el derecho sustancial y constitucional, debe prevalecer ante el formal y legal […]. La
cortapisa de estar incurso en el régimen de transición de la Ley 100 de 1994 (sic),
es o era violatorio del derecho a la igualdad, por lo tanto se le hacía una exigencia
extra, no hecha otros empleados a los que se les ofreció dicho plan [Plan de
Pensiones Anticipada], el cual no figuraba en la Convención Colectiva que obligaba
los firmantes -TELECOM o PAR, trabajadores sindicalizados-, y que debía ser
aplicada de preferencia aún en vigencia de la Ley 100 de 1994 (sic), por ser ley para
estas […]. Por último, este despacho comparte la apreciación de la abogada de los
tutelantes en cuanto a revocar el numeral 2 de la parte resolutiva del fallo impugnado
en lo que tiene o guarda relación con la orden de pagar salarios, prestaciones
sociales y convencionales, aporte a la seguridad social, por incremento salarial a
raíz del despido, por cuanto efectivamente lo que se protege es el pago de las
mesadas pensiónales”.

En ese orden de ideas, se observa que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel
encontró acreditado que no fue desconocido el principio de inmediatez, toda vez
que “no se le puede exigir al ciudadano, conocer totalmente sus derecho (sic)”. Por
tal razón, dicha autoridad judicial amparó los derechos fundamentales al debido
proceso, trabajo e igualdad de los accionantes y ordenó al PAR TELECOM el pago
del Plan de Pensiones Anticipado a partir de la desvinculación de cada tutelante.

En este sentido, es importante destacar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política “toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”. Así las cosas, para determinar la oportunidad y razonabilidad del
tiempo transcurrido entre la violación de un derecho fundamental y la presentación
de una acción de tutela para protegerlo, la jurisprudencia ha insistido que en cada
caso concreto se evalúe el requisito de inmediatez74, a fin de que no se desvirtúe la

74 En la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional estableció unas causales genéricas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, las cuales deben ser acreditadas
en todos los casos para que el asunto pueda ser examinado por el juez constitucional. De esta forma,

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Demandante: PAR de TELECOM

razón de ser del mecanismo tuitivo. De esta manera, el juez constitucional debe
analizar: i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; ii) si la
inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la
acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado 75; y iv) si el
fundamento de la petición surgió después de acaecida la actuación violatoria de los
derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición76.

Debe recordarse, además, que la inmediatez es un principio orientado a la
protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros, y no una regla o
término de caducidad. Por ello, la satisfacción del requisito debe analizarse bajo el
concepto de plazo razonable y en atención a las circunstancias de cada caso
concreto, pues se relaciona con la finalidad de la acción, que supone a su vez la
protección urgente e inmediata de derechos constitucionales de naturaleza
fundamental77.

Aunado a ello, si el demandante de una acción ordinaria no la ejerce dentro del
plazo otorgado por la ley, no puede esperar que el Estado despliegue su actividad
jurisdiccional para ofrecerle la protección que pretende. En este caso, la
responsabilidad recae en el propio titular por su negligencia o ignorancia al no
utilizar los medios disponibles para su defensa. Al efecto, el artículo 9° del Código
Civil dispone que “[l]a ignorancia de las leyes no sirve de excusa”.

De acuerdo con lo expuesto, en el caso concreto se observa que el 26 de julio de
2003, Adalis Yamile Martínez Ríos, Lupe Cecilia Serrano Moreno, Emilio de Jesús

la providencia referida estableció que la tutela debe interponerse en un término razonable, de
acuerdo con el principio de inmediatez. Adicionalmente, señaló que “si bien es cierto que la acción
de tutela no está sometida a un término de caducidad, sí debe ser interpuesta en un plazo razonable
y proporcionado a partir del hecho generador de la vulneración, en el caso de las providencias
judiciales, desde que quedó en firme. En razón de ello, esta corporación judicial ha considerado
que un plazo de seis (6) meses podría resultar suficiente para declarar la tutela improcedente y en
otros eventos, un término de dos (2) años se podría considerar razonable para ejercer la acción de
tutela”.
75 Corte Constitucional. Sentencia SU-961 de 1999.
76 Corte Constitucional. Sentencia T-814 de 2005. Ver también, sentencias T-728 de 2002, T-189 de

2009 y T-328 de 2010.
77 Ibídem

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Demandante: PAR de TELECOM

González Villada, Alicia Zabala, Elver Danilo Torres González, Libardo Antonio
Moreno Pineda, José Ricardo Camacho Antonio, Fernando Marín Lozano, Jisela del
Pilar Rodríguez Jiménez, Álvaro José Morales Ezqueda, Floralba Sánchez Pérez,
Miriam Avendaño Amaya, Luis Francisco Cáceres Ovalle, Jorge Alberto Molina Villa
y María del Socorro Restrepo Gómez fueron desvinculados de TELECOM en
Liquidación (hecho probado 7.1.2.) y que solo hasta el 26 de agosto de 2009, más
de 6 años después, estos presentaron acción de tutela contra el PAR TELECOM
pretendiendo el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo
e igualdad, así como el pago del Plan de Pensiones Anticipado de la Convención
Colectiva de Trabajo (hecho probado 7.1.6.).

Asimismo, se evidencia que el 1° de febrero de 2006, Ruth Milena Gómez
Hernández, Gloria Stella Hincapié Guzmán, Margoth Pabón González, Luis
Hernando Gutiérrez Ávila, Amanda Cuellar Vásquez, Hernando Ramírez Zambrano,
Jorge Otoniel Jiménez Castro, Flor Emilia Campo Vargas, Cristo Rafael Pájaro
Almanza y Carlos Eufracio Brun Branco fueron desvinculados de TELECOM en
Liquidación (hecho probado 7.1.5.) y que solo hasta el 26 de agosto de 2009, más
de 2 años después, estos presentaron acción de tutela contra el PAR TELECOM
pretendiendo el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo
e igualdad, así como el pago del Plan de Pensiones Anticipado de la Convención
Colectiva de Trabajo (hecho probado 7.1.6.).

Bajo el anterior contexto, se estima que la sentencia de tutela del 30 de septiembre
de 2009, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel, incurrió en una
falla del servicio, pues omitió realizar un verdadero análisis de cada caso en
particular que permitiera justificar la falta de inmediatez, frente a la solicitud de
amparo entre la aludida violación de los derechos fundamentales de los accionantes
y la presentación de la acción de tutela para protegerlos.

Al efecto, si bien la providencia acusada encontró acreditado que no fue
desconocido el principio de inmediatez, toda vez que “no se le puede exigir al
ciudadano, conocer totalmente sus derecho (sic)”, lo cierto es que el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Ayapel debió realizar un análisis probatorio para

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Radicado: 23001233300020160000401 (66898)
Demandante: PAR de TELECOM

establecer si para el caso de cada accionante se justificaba o no la tardanza en
instaurar la acción de amparo, esto es, si los ex trabajadores de TELECOM
acreditaron alguna justificación de la tardanza desde el momento en que fueron
desvinculados hasta la presentación de la demanda de la acción de tutela, pues de
otra forma su actuar estuvo precedido por su propia negligencia o ignorancia al no
utilizar en tiempo los medios disponibles para su defensa.

Con todo, se observa que lo decidido en la sentencia de tutela del 30 de septiembre
de 2009 refleja una práctica reiterada por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito
de Ayapel en desatender los precedentes jurisprudenciales relacionados con el
principio de inmediatez, pues en un caso análogo y previo al objeto de estudio, la
Corte Constitucional en la sentencia T-551 del 6 de agosto de 2009 revocó la
sentencia de tutela del 12 de febrero de 2009, dictada por el mismo Juzgado, al
considerar que “los accionantes [ex trabajadores de TELECOM] no esgrimieron
razón alguna de justificación por haber permanecido inactivos durante varios años,
o sea desde el momento en que fueron desvinculados hasta la presentación de la
demanda de tutela, faltando a la regla jurisprudencial, insistentemente reiterada, de
interponer la acción de protección constitucional con una diligencia correlativa con
la protección de los derechos a vida, igualdad y a la seguridad social, presuntamente
vulnerados. Tampoco se observa dentro de las pruebas que obran en el expediente,
razón alguna que explique la prolongada inacción que justifique la tardanza en la
instauración de su acción de tutela, por ejemplo la ocurrencia de sucesos que
pudieran configurar fuerza mayor o caso fortuito. Así, debe afirmarse que la acción
de tutela interpuesta fue instaurada fuera del plazo razonable”.

Se observa que el análisis correspondiente fácilmente habría podido evidenciar
aquello que para la Corte Constitucional en sentencia SU-377 de 12 de junio de
2014 resultó evidente, esto es, que la solicitud de amparo era improcedente por no
cumplir el requisito de inmediatez al no justificar la tardanza en los casos de Adalis
Yamile Martínez Ríos, Lupe Cecilia Serrano Moreno, Emilio de Jesús González
Villada, Alicia Zabala, Elver Danilo Torres González, Libardo Antonio Moreno
Pineda, José Ricardo Camacho Antonio, Fernando Marín Lozano, Jisela del Pilar
Rodríguez Jiménez, Álvaro José Morales Ezqueda, Floralba Sánchez Pérez, Miriam

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Radicado: 23001233300020160000401 (66898)
Demandante: PAR de TELECOM

Avendaño Amaya, Luis Francisco Cáceres Ovalle, Jorge Alberto Molina Villa, María
del Socorro Restrepo Gómez, Ruth Milena Gómez Hernández, Gloria Stella
Hincapié Guzmán, Margoth Pabón González, Luis Hernando Gutiérrez Ávila,
Amanda Cuellar Vásquez, Hernando Ramírez Zambrano, Jorge Otoniel Jiménez
Castro, Flor Emilia Campo Vargas, Cristo Rafael Pájaro Almanza y Carlos Eufracio
Brun Branco (hechos probados 7.1.2., 7.1.5. y 7.1.6.). Sin embargo, en el caso José
de Jesús Becerra Avendaño y Rodrigo Triana se justificó la demora en interponer la
acción de tutela, por cuanto obraron con diligencia suficiente al acudir previamente
ante CAPRECOM y el PAR TELECOM para que les reconociera la pensión de vejez
y la del Plan Pensiones Anticipado, respectivamente.

De hecho, la Corte Constitucional en sentencia SU-377 de 12 de junio de 2014, al
revocar la sentencia de tutela del 30 de septiembre de 2009, proferida por el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel, indicó que:

“En definitiva, […] se relacionarán las personas que solicitan PPA y cuyas tutelas
son improcedentes por falta de inmediatez […]. En sus casos no habrá, sin embargo,
una consideración especifica, similar a la que se hizo en los párrafos precedentes,
debido a que no sólo tardaron también un periodo demasiado extenso para
presentar sus amparos, sino que aparte dejaron de aportar -teniendo oportunidad
de hacerlo- elementos de juicio adicionales para desvirtuar la impresión inicial de
falta de inmediatez. La Corte advierte asimismo que tienen menos de sesenta (60)
años y, por tanto, no son personas de la tercera edad, según la jurisprudencia. No
hay pruebas de que hubiesen obrado con suficiente diligencia para solicitar lo que
ahora reclaman. Tampoco está acreditado que hayan estado sometidas a fuerza
mayor, o que sea desproporcionado adjudicarles la carga de acudir a un juez con
prontitud, debido por ejemplo a su estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad o incapacidad física. En esa medida, la Corte declarará
improcedentes las tutelas de PPA de todos los siguientes actores: […] Ruth Milena
Gómez Hernández, Adalis Yamile Martínez Ríos, Gloria Stella Hincapié Guzmán,
Lupe Cecilia Serrano Moreno, Margot Pabón González, Emilio de Jesús González
Villada, Alicia Zabala, Elver Danilo Torres González, Luis Hernando Gutiérrez Ávila,
Libardo Antonio Moreno Pineda, Amanda Cuellar Vásquez, Hernando Ramírez
Zambrano, José Ricardo Camacho Antonio, Fernando Marín Lozano, Jisela del Pilar
Rodríguez Jiménez, Álvaro José Morales Ezqueda, Jorge Otoniel Jiménez Castro,
Floralba Sánchez Pérez, Flor Emilia Campo Vargas, Miriam Avendaño Amaya,
Cristo Rafael Pájaro Almanza, Luis Francisco Cáceres Ovalles, Jorge Alberto Molina
Villa, María del Socorro Restrepo Gómez, Carlos Eufrasio Brun Arango […]. En
algunas de tutelas se alega en concordancia que la inmediatez debe contarse desde
el punto más favorable. Pero eso no es suficiente, por sí solo, para desvirtuar el
problema de inmediatez. Incluso, contando el tiempo desde la fecha de liquidación
de TELECOM, los actores habrían (sic) tardaron cuando menos tres (3) años para
presentar sus tutelas, y ese término es prima facie irrazonable para efectos de
determinar su inmediatez. No obstante, como antes se mencionó, esa impresión es
preliminar y no definitiva, por lo cual admite ser desvirtuada. En los casos que a

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Demandante: PAR de TELECOM

continuación se relacionan, estima la Sala que las tutelas de los demandantes de
este grupo no son improcedentes por falta de inmediatez […] hubo diligencia en el
actuar del señor José de Jesús Becerra Avendaño. En el proceso obra prueba de
que este peticionario presentó una solicitud ante TELECOM el trece (13) de agosto
de dos mil tres (2003) con el fin de ser incluido como beneficiario del PPA. El siete
(7) de octubre de dos mil siete (2007) promovió una nueva petición, esta vez ante
Caprecom y con el propósito de que le reconociera una pensión de vejez. Y el
veintisiete (27) de marzo de dos mil ocho (2008) presentó recurso de reposición
contra la Resolución No. 307 del veintiséis (26) de febrero de dos mil nueve (2009),
mediante cual Caprecom le negó la citada prestación. El demandante había sido
desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), e interpuso esta
solicitud de amparo en agosto de dos mil nueve (2009). En concepto de la Sala,
obró con diligencia suficiente para desvirtuar la impresión preliminar de
irrazonabilidad que había sobre el tiempo dejado trascurrir para promover la defensa
de sus derechos fundamentales […]. Rodrigo Triana […] fue desvinculado el
veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003), y la presente tutela la instauró el
veinticinco (25) de agosto de dos mil nueve (2009). Interpuso antes de esta tutela
una acción ordinaria contra el PAR TELECOM, sobre la base de que era un
trabajador de TELECOM, y porque a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA,
y sin embargo se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. En ese
contexto solicitó que se condenara a la demandada a reconocerle el PPA desde el
primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera los
requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el
pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1°) de
febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la
pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente
solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Dicha acción fue negada
en primera instancia mediante fallo del doce (12) de diciembre de dos mil ocho
(2008), expedido por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá. Dado que no
obra fallo de segunda instancia, no hay elementos para sostener que la controversia
planteada en esta ocasión esté amparada por la cosa juzgada a la cual hicieron
tránsito los fallos dictados en ese otro proceso. Pero en vista de la actividad
desplegada por el peticionario en la defensa de los derechos que ahora reclama, a
juicio de la Sala esta tutela cumple con las exigencias de inmediatez […] En los
casos que a continuación se relacionan, estima la Sala que las tutelas de los
demandantes de este grupo no son improcedentes por falta de inmediatez […] José
de Jesús Becerra Avendaño y Rodrigo Triana de acuerdo con las pruebas […] no
tenía[n] al 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de
transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba[n] con menos de cuarenta
(40) años de edad, y de otro tenía[n] menos de quince (15) años de servicios en la
compañía, para el 1° de abril de 1994 no alcanzaba[n] a tener quince (15) años de
servicios. Tal condición era necesaria para estar en el PPA. Como no la cumple[n],
su tutela debe negarse […]”.

Se evidencia, entonces, que la Nación - Rama Judicial incurrió en una falla del
servicio y contribuyó fáctica y jurídicamente en la causación del daño antijurídico,
pues éste se ocasionó porque mediante sentencia de tutela del 30 de septiembre
de 2009 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel ordenó al PAR TELECOM el
pago del Plan de Pensiones Anticipado a partir de la desvinculación de cada
tutelante, sin antes haber analizado si la solicitud de amparo cumplía con el requisito

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Demandante: PAR de TELECOM

de inmediatez, el cual era un presupuesto necesario para la procedencia de la
acción de tutela.

Aunado a lo anterior, la postura adoptada en la sentencia de tutela del 30 de
septiembre de 2009, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel desconoció
el artículo 9° del Código Civil78, pues, como quedó establecido, los accionantes
debían acreditar los motivos de la inacción sin poder justificarse en la ignorancia de
los términos procesales para hacer valer sus derechos. Esta falta de justificación
contraviene el presupuesto general para la procedencia de la acción de tutela que
establece que debe ser interpuesta con prontitud y diligencia correlativa a la
protección de los derechos constitucionales que se pretendan salvaguardar.

Finalmente, el daño antijurídico aquí ocasionado por las sumas pagadas a favor de
Rodrigo Triana y José de Jesús Becerra Avendaño no es imputable a la Rama
Judicial, pues mediante sentencia SU-377 de 12 de junio de 2014, la Corte
Constitucional, encontró acreditado que la tardanza de estos tutelantes en acudir a
la acción de tutela estaba justificada.

8. Liquidación de perjuicios

A continuación, se realizará la liquidación de perjuicios teniendo en cuenta la
tipología de aquellos que fueron solicitados en el líbelo introductorio, esto es,
exclusivamente, el daño emergente y el lucro cesante.

Para ello, no sobra recordar que como ambos extremos presentaron recurso de
apelación contra el fallo del 13 de febrero de 2023 proferido por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código de General del Proceso79, se resolverá el asunto sub lite sin limitación
alguna.

78 Artículo 9° del Código Civil “[l]a ignorancia de las leyes no sirve de excusa”.
79 Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.

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Demandante: PAR de TELECOM

8.1.1. En la demanda se solicitó condenar a la entidad demandada a pagar por
concepto de daño emergente la suma de $1.658.930.618,92, por los dineros
embargados que fueron utilizados para pagar las mesadas pensionales dejadas de
percibir por cada accionante desde su desvinculación hasta la inclusión en el Plan
de Pensiones Anticipadas de TELECOM, en cumplimiento de la acción de tutela
proferida el 30 de septiembre de 2009, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Ayapel.

Este perjuicio está acreditado, pues se probó que, en fecha indeterminada, el Banco
Agrario de Colombia entregó a la apoderada judicial de los accionantes la suma de
$1.658.930.639,01, correspondiente a los títulos judiciales No. 42701000000-5790,
42701000000-5823, 42701000000-5845, 42701000000-5867, 42701000000-5902
y 42701000000-5931, constituidos con las sumas obrantes en las cuentas bancarias
del PAR TELECOM en la ciudad de Montería (Córdoba) (hechos probados 7.1.6.,
7.1.13., 7.1.14., 7.1.15. y 7.1.16.).

Al efecto, en el presente proceso se advierte que el perjuicio se encuentra probado,
sin embargo se ignora el quantum indemnizatorio, pues se desconoce qué valor de
dicha suma correspondió a lo pagado a la apoderada judicial de Adalis Yamile
Martínez Ríos, Lupe Cecilia Serrano Moreno, Emilio de Jesús González Villada,
Alicia Zabala, Elver Danilo Torres González, Libardo Antonio Moreno Pineda, José
Ricardo Camacho Antonio, Fernando Marín Lozano, Jisela del Pilar Rodríguez
Jiménez, Álvaro José Morales Ezqueda, Floralba Sánchez Pérez, Miriam Avendaño
Amaya, Luis Francisco Cáceres Ovalle, Jorge Alberto Molina Villa, María del
Socorro Restrepo Gómez, Ruth Milena Gómez Hernández, Gloria Stella Hincapié
Guzmán, Margoth Pabón González, Luis Hernando Gutiérrez Ávila, Amanda Cuellar
Vásquez, Hernando Ramírez Zambrano, Jorge Otoniel Jiménez Castro, Flor Emilia
Campo Vargas, Cristo Rafael Pájaro Almanza y Carlos Eufracio Brun Branco.

Así las cosas, la Sala condenará en abstracto a la Nación - Rama Judicial a pagar
por daño emergente el valor que se establezca en el incidente previsto en el artículo

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Demandante: PAR de TELECOM

193 del CPACA80, correspondiente a las sumas de dineros pagadas en
cumplimiento de la sentencia de tutela del 30 de septiembre de 2009, proferida por
el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel, por concepto de mesadas pensionales
dejadas de percibir por cada accionante antes referido desde su desvinculación de
TELECOM hasta su inclusión en el Plan de Pensiones Anticipadas, para lo cual se
tendrá en cuenta lo establecido en el acápite 8.3. de este proveído sobre los
parámetros para la liquidación de perjuicios.

8.1.2. En la demanda se solicitó condenar a la entidad demandada a pagar por
concepto de daño emergente la suma de $411.772.149, correspondiente a los
dineros que pagó el PAR TELECOM a los tutelantes por concepto de mesadas
pensionales desde la inclusión en el Plan de Pensiones Anticipado hasta el 14 de
julio de 2010, fecha en la que la Sala Plena de la Corte Constitucional ordenó como
medida provisional suspender el pago de las mesadas.

Para acreditar el perjuicio, el extremo activo aportó copia simple de las
transferencias bancarias a favor de Adalis Yamile Martínez Ríos, Lupe Cecilia
Serrano Moreno, Emilio de Jesús González Villada, Alicia Zabala, Elver Danilo
Torres González, Libardo Antonio Moreno Pineda, José Ricardo Camacho Antonio,
Fernando Marín Lozano, Jisela del Pilar Rodríguez Jiménez, Álvaro José Morales
Ezqueda, Floralba Sánchez Pérez, Miriam Avendaño Amaya, Luis Francisco
Cáceres Ovalle, Jorge Alberto Molina Villa, María del Socorro Restrepo Gómez,
Ruth Milena Gómez Hernández, Gloria Stella Hincapié Guzmán, Margoth Pabón
González, Luis Hernando Gutiérrez Ávila, Amanda Cuellar Vásquez, Hernando
Ramírez Zambrano, Jorge Otoniel Jiménez Castro, Flor Emilia Campo Vargas,
Cristo Rafael Pájaro Almanza y Carlos Eufracio Brun Branco por concepto de

80 Art. 193 del CPACA. “Artículo 193. Condenas en abstracto. Las condenas al pago de frutos,

intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía
no hubiere sido establecida en el proceso, se harán en forma genérica, señalando las bases con
arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en este Código y en
el Código de Procedimiento Civil. Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente
que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y
especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia
o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido
dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea”.

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Demandante: PAR de TELECOM

mesadas pensionales de los meses de noviembre de 2009 a mayo de 2010, en el
cual se refleja que cada una de las transacciones fue exitosa81.

De lo expuesto, se tiene demostrado que el PAR TELECOM, en virtud de la orden
judicial proferida el 30 de septiembre de 2009, por el Juzgado Promiscuo del Circuito
de Ayapel pagó las mesadas pensionales de los tutelantes referidos de noviembre
de 2009 a mayo de 2010 así:

Tutelante Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Adalis Yamile Martínez
Ríos $1.810.785 $3.800.670 $1.867.482 $1.867.283 $1.867.283 $1.867.283 $1.867.283

Lupe Cecilia Serrano
Moreno $1.709.297 $3.567.194 N/A N/A $1.743.455 $1.743.455 N/A

Emilio de Jesús González
Villada $2.354.407 $4.941.714 N/A N/A $2.401.753 $2.401.753 N/A

Alicia Zabala
$1.799.846 $3.756.092 N/A N/A $1.835.771 $1.835.771 N/A

Elver Danilo Torres
González $1.767.236 $3.688.072 N/A N/A $1.802.653 $1.802.653 N/A

Libardo Antonio Moreno
Pineda $1.491.707 $3.113.214 $1.521.737 $1.521.737 $1.521.737 $1.521.737 $1.521.737

José Ricardo Camacho
Antonio $1.326.455 $2.768.310 $1.353.092 $1.353.092 $1.353.092 $1.353.092 $1.353.092

Fernando Marín Lozano
$3.006.376 $6.310.146 $3.066.848 $3.066.648 $3.066.548 $3.066.548 $3.066.548

Jisela del Pilar Rodríguez
Jiménez $3.064.559 $6.432.218 $3.125.912 $3.125.912 $3.125.912 $3.125.912 $3.125.912

Álvaro José Morales
Ezqueda $4.033.809 $8.466.518 $4.114.563 $4.114.563 $4.114.563 $4.114.563 $4.114.563

Floralba Sánchez Pérez
$1.902.103 $3.992.306 N/A N/A $1.940.307 $1.940.307 N/A

Miriam Avendaño Amaya
$1.959.613 $4.112.926 N/A N/A $1.998.879 $1.998.879 N/A

Luis Francisco Cáceres
Ovalle $1.817.419 $3.792.838 N/A N/A $1.853.727 $1.853.727 N/A

Jorge Alberto Molina Villa
$1.279.677 $2.670.554 N/A N/A $1.305.295 N/A N/A

81 Fl. 200 a 212, C.P.

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Radicado: 23001233300020160000401 (66898)
Demandante: PAR de TELECOM

María del Socorro
Restrepo Gómez $2.338.865 $4.909.030 $2.385.768 $2.385.768 $2.385.768 $2.385.768 $2.385.768

Ruth Milena Gómez
Hernández $2.696.141 $5.658.882 $2.750.195 $2.750.196 $2.750.196 $2.750.196 $2.750.196

Gloria Stella Hincapié
Guzmán $2.360.067 $4.953.634 $2.407.438 $2.407.438 $2.407.438 $2.407.438 $2.407.438

Margoth Pabón González
$2.022.236 $4.244.472 N/A N/A $2.062.881 $2.062.881 N/A

Luis Hernando Gutiérrez
Ávila $1.479.435 $3.087.470 $1.508.995 $1.508.996 $1.508.996 $1.508.996 $1.508.996

Amanda Cuellar Vásquez
$2.476.582 $5.197.964 $2.526.109 $2.526.110 $2.526.110 $2.526.110 $2.526.110

Hernando Ramírez
Zambrano $1.916.307 $4.022.114 $1.954.723 $1.954.723 $1.954.723 $1.954.723 $1.954.723

Jorge Otoniel Jiménez
Castro $3.090.710 $6.487.020 $3.152.636 $3.152.636 $3.152.636 $3.152.636 $3.152.636

Flor Emilia Campo
Vargas $1.828.749 $3.838.398 N/A N/A $1.885.842 $1.885.842 N/A

Cristo Rafael Pájaro
Almanza $2.278.184 $4.781.768 $2.323.955 $2.323.956 $2.323.956 $2.323.956 $2.323.956

Carlos Eufracio Brun
Branco $3.059.922 $6.422.444 $3.121.372 $3.121.072 $3.121.072 $3.121.072 $3.121.072

Total por meses $54.870.487 $115.015.968 $37.180.825 $37.180.130 $56.010.593 $54.705.298 $37.180.030

Bajo el anterior contexto, se condenará a la entidad demandada a pagar al PAR
TELECOM la suma total por meses desde noviembre de 2009 hasta mayo de 2010,
no sin antes traerla a valor presente con base en la siguiente formula, para
garantizar que no se pierda el valor adquisitivo del dinero por el paso del tiempo.
Ahora, para liquidar el daño emergente, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

Vh = Ra x IPC Final
IPC Inicial

Vh = Valor actualizado
Ra = Renta que se pretende actualizar
IPC Final = Valor del IPC de la fecha de la presente sentencia
IPC Inicial = Valor del IPC de la fecha en que se pagó cada mesada pensional

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Radicado: 23001233300020160000401 (66898)
Demandante: PAR de TELECOM

Mes Renta IPC Inicial IPC Final Valor Actualizado
Noviembre 2009 $54.870.487 71,14 140,49 $105.599.379
Diciembre 2009 $115.015.968 71,20 140,49 $226.946.535
Enero 2010 $37.180.825 71,69 140,49 $72.862.799
Febrero 2010 $37.180.130 72,28 140,49 $72.266.691
Marzo 2010 $56.010.593 72,46 140,49 $108.596.856
Abril 2010 $54.705.298 72,79 140,49 $105.585.208
Mayo 2010 $37.180.030 72,87 140,49 $71.681.383
Total $763.538.851

En consecuencia y, teniendo en cuenta las operaciones aritméticas efectuadas, el
valor presente de la condena por daño emergente correspondiente a los dineros
que pagó el PAR TELECOM a los tutelantes por concepto de mesadas pensionales,
se fijará en la suma de $763.538.851.

8.2. Por otro lado, el extremo activo solicitó condenar a la entidad demandada a
pagar, por lucro cesante, los intereses corrientes y moratorios causados a las
anteriores sumas de dinero desde la fecha en que cumplió el pago de la condena
hasta la fecha en que se reembolsen los mismos.

No obstante, se advierte que no es procedente reconocer los intereses corrientes
solicitados en el escrito introductorio, toda vez que los mismos no han comenzado
a causarse. De hecho, ello sólo ocurrirá una vez quede ejecutoriada la presente
sentencia, a voces de lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual dispone lo siguiente:

“[…] Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o
devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10)
meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto,
el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad
obligada. Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o
liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses
moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo
previsto en este Código. Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la
providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación,
sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla
efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente
la solicitud […]”.

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Radicado: 23001233300020160000401 (66898)
Demandante: PAR de TELECOM

Por una razón análoga tampoco es dable conceder una indemnización por intereses
moratorios, pues estos se causan por ministerio de la ley y cuando no se ha pagado
la obligación dentro del plazo convenido o dispuesto por el legislador, situación que
no ha ocurrido en el presente caso. No en vano, esta Sección, al resolver un caso
con un petitum similar, señaló: “los intereses moratorios constituyen la
indemnización de perjuicios a que tiene derecho el acreedor de una obligación
dineraria incumplida, que no es el caso en el sub-lite, toda vez que la obligación de
pagar la suma de dinero a cargo de la entidad demandada, surge con ocasión de la
presente providencia y en virtud de la condena que aquí se proferirá en su contra,
razón por la cual no puede hablarse de mora en el pago de dicha obligación”82_83.

8.3. Parámetros de la liquidación de perjuicios

Finalmente, es importante destacar que el pago de la condena estará sujeto a las
siguientes condiciones: i) si se verifica que el PAR TELECOM no pudo recuperar a
través de procesos ordinarios: civiles, laborales, ejecutivos o penales lo pagado con
ocasión de la acción de tutela aquí señalada, la Rama Judicial estará obligada a
pagar la totalidad del capital adeudado y actualizado a la fecha de esta sentencia y;
ii) en caso de acreditarse la recuperación de alguna suma de dinero, la Nación –
Rama Judicial, después de actualizar el rubro pertinente, deberá descontarlo de la

82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de

diciembre de 2013, Rad.: 27593.
83 También se puede consultar la sentencia C-188 de 1999, mediante la cual la Corte Constitucional

dispuso “(…) Las mismas razones expuestas son válidas respecto del último inciso del artículo 177
del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984), que dice: "Las cantidades líquidas
reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses
siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término". Se declarará la unidad normativa
y, por consiguiente, la disposición transcrita será declarada exequible, salvo las expresiones "durante
los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria" y "después de este término", que serán declaradas
inexequibles. Es entendido que, en las dos normas sobre cuya constitucionalidad resuelve la Corte,
el momento en el cual principia a aplicarse el interés de mora depende del plazo con que cuente la
entidad pública obligada, para efectuar el pago. Así, en el caso de la conciliación, se pagarán
intereses comerciales durante el término que en ella se haya pactado y, vencido éste, a partir del
primer día de retardo, se pagarán intereses de mora. En cuanto al artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo, a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para
el pago -evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales-, los intereses
moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación
del término de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para que la correspondiente condena
sea ejecutable ante la justicia ordinaria (…)”.

41

Radicado: 23001233300020160000401 (66898)
Demandante: PAR de TELECOM

suma total que sea reconocida84. Para el efecto, la Rama Judicial i) contará con la
información registrada en el sistema de consulta judicial Siglo XXI o podrá valerse
de los datos que recaude directamente en los despachos judiciales, si a bien lo
tiene; y ii) dispondrá de la certificación que el PAR de Telecom radique con la
solicitud de pago, en la que indique si el dinero que fue entregado a los tutelantes o
a su apoderado se recaudó total o parcialmente o si, en su defecto, ello no ocurrió.
Los documentos que aporte el extremo activo deberán contener información clara,
precisa y detallada de los respectivos tutelantes, procesos, cuantía y condena, si
existiera.

Para verificar cualquiera de las dos situaciones descritas y proceder al pago
correspondiente, se dispondrá de un plazo máximo de 10 meses a partir de la
ejecutoria de esta decisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 192 del
CPACA.

En suma, en la parte resolutiva de esta providencia se modificará la sentencia del 13
de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que
accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de condenar en abstracto
a la Nación - Rama Judicial a pagar a favor del PAR TELECOM por daño emergente
la suma que se establezca en el incidente previsto en el artículo 193 del CPACA85,
correspondiente a las sumas de dineros pagadas en cumplimiento de la sentencia
de tutela del 30 de septiembre de 2009, proferida por el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Ayapel, por concepto de mesadas pensionales dejadas de percibir por
Adalis Yamile Martínez Ríos, Lupe Cecilia Serrano Moreno, Emilio de Jesús
González Villada, Alicia Zabala, Elver Danilo Torres González, Libardo Antonio
Moreno Pineda, José Ricardo Camacho Antonio, Fernando Marín Lozano, Jisela del

84 En un caso análogo al presente, se condicionó la condena al cumplimiento de los requisitos
referidos. Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de mayo de 2023,
rad.: 63.423.
85 Art. 193 del CPACA. “Artículo 193. Condenas en abstracto. Las condenas al pago de frutos,

intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía
no hubiere sido establecida en el proceso, se harán en forma genérica, señalando las bases con
arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en este Código y en
el Código de Procedimiento Civil. Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente
que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y
especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia
o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido
dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea”.

42

Radicado: 23001233300020160000401 (66898)
Demandante: PAR de TELECOM

Pilar Rodríguez Jiménez, Álvaro José Morales Ezqueda, Floralba Sánchez Pérez,
Miriam Avendaño Amaya, Luis Francisco Cáceres Ovalle, Jorge Alberto Molina Villa,
María del Socorro Restrepo Gómez, Ruth Milena Gómez Hernández, Gloria Stella
Hincapié Guzmán, Margoth Pabón González, Luis Hernando Gutiérrez Ávila,
Amanda Cuellar Vásquez, Hernando Ramírez Zambrano, Jorge Otoniel Jiménez
Castro, Flor Emilia Campo Vargas, Cristo Rafael Pájaro Almanza y Carlos Eufracio
Brun Branco desde su desvinculación de TELECOM hasta su inclusión en el Plan
de Pensiones Anticipadas. Asimismo, condenar a la Rama Judicial a pagar a favor
del PAR TELECOM por daño emergente la suma de setecientos sesenta y tres
millones quinientos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y un pesos
($763.538.851) por los dineros que pagó el PAR TELECOM a los tutelantes por
concepto de mesadas pensionales desde la inclusión en el Plan de Pensiones
Anticipado hasta el 14 de julio de 2010, fecha en la que la Sala Plena de la Corte
Constitucional ordenó como medida provisional suspender el pago de las mesadas.

9. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5.
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de

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Demandante: PAR de TELECOM

su decisión […]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, la Sala en la parte
resolutiva condenará en costas a la parte actora, toda vez que el recurso de
apelación que interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera
concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del
Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es
decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan
efectivamente probadas en el proceso.

En relación con las agencias en derecho86 en segunda instancia, se entienden
causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora87.

A su turno, el Acuerdo 1887 de 200388, vigente para el momento de la presentación
de la demanda, determinaba que en los procesos con cuantía tramitados en
segunda instancia, podrán fijarse hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia89.

En este sentido, comoquiera que la actuación desplegada por la parte demandante
en segunda instancia comprendió la presentación de alegatos de conclusión en la
oportunidad procesal correspondiente, habrá lugar al pago de las agencias en
derecho a cargo de la Rama Judicial, las cuales se fijan en el 0,1% del valor de las
pretensiones reconocidas en la sentencia de primera instancia90, lo que equivale a
la suma de dos millones cuatrocientos veintiséis mil veintitrés pesos ($2.426.023).

86 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
87 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
88 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
89 “Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: (…).III CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO (…) 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos
mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia”.
90 Se advierte que, mediante sentencia de 13 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de

Córdoba condenó a la Rama Judicial a pagar la suma de $2.426.023.145 (Fl. 340, C.P.). De
conformidad con lo anterior, el 0,1% de dicha suma, correspondía a $2.426.023.

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Demandante: PAR de TELECOM

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 13 de febrero de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, que accedió a las pretensiones de la
demanda, la cual quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Rama Judicial
por los daños ocasionados al PAR TELECOM por la falla del servicio en que se
incurrió en la sentencia de tutela de 30 de septiembre de 2009, proferida por el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel.

SEGUNDO: CONDENAR en abstracto a la Nación - Rama Judicial a pagar a favor
del PAR TELECOM por daño emergente la suma que se acredite por los dineros
embargados que fueron utilizados para pagar las mesadas pensionales dejadas de
percibir por los tutelantes Adalis Yamile Martínez Ríos, Lupe Cecilia Serrano
Moreno, Emilio de Jesús González Villada, Alicia Zabala, Elver Danilo Torres
González, Libardo Antonio Moreno Pineda, José Ricardo Camacho Antonio,
Fernando Marín Lozano, Jisela del Pilar Rodríguez Jiménez, Álvaro José Morales
Ezqueda, Floralba Sánchez Pérez, Miriam Avendaño Amaya, Luis Francisco
Cáceres Ovalle, Jorge Alberto Molina Villa, María del Socorro Restrepo Gómez,
Ruth Milena Gómez Hernández, Gloria Stella Hincapié Guzmán, Margoth Pabón
González, Luis Hernando Gutiérrez Ávila, Amanda Cuellar Vásquez, Hernando
Ramírez Zambrano, Jorge Otoniel Jiménez Castro, Flor Emilia Campo Vargas,
Cristo Rafael Pájaro Almanza y Carlos Eufracio Brun Branco desde su
desvinculación de TELECOM hasta su inclusión en el Plan de Pensiones
Anticipadas, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR a la Nación - Rama Judicial a pagar a favor del PAR
TELECOM por daño emergente la suma de setecientos sesenta y tres millones
quinientos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y un pesos ($763.538.851) por
los dineros que pagó el PAR TELECOM a los tutelantes por concepto de mesadas
pensionales desde la inclusión en el Plan de Pensiones Anticipado hasta el 14 de
julio de 2010, fecha en la que la Sala Plena de la Corte Constitucional ordenó como
medida provisional suspender el pago de las mesadas, de conformidad con lo
dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: CONDENAR en costas a la parte demandada, las cuales serán liquidadas
de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los
artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.

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Radicado: 23001233300020160000401 (66898)
Demandante: PAR de TELECOM

SEXTO: FIJAR en el presente proceso, como agencias en derecho por la segunda
instancia, la suma de dos millones cuatrocientos veintiséis mil veintitrés pesos
($2.426.023) a cargo de la parte demandada y a favor del PAR TELECOM”.

SEGUNDO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado

VF

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