Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2016-00063-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Directa: frente a daño que se predica de las operaciones administrativas o el daño
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2016-00063-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 23001-23-33-000-2016-00063-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
28 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00063-01 (69.603)
Demandante: Marlon Deagustín Burgos y otros
Demandado: Nación- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otro
Proceso: Reparación Directa
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA-procedencia-; REPARACIÓN
DIRECTA- frente a daño que se predica de las operaciones administrativas o el daño
especial en una actuación administrativa; CONTROL DE LEGALIDAD DECISIONES
COMISARIOS DE FAMILIA en el proceso de restablecimiento de derecho a menores, le
corresponde a la jurisdicción ordinaria L. 1098 de 2006-; VARIACIÓN DE LA CAUSA
PETENDI -el recurso de apelación no puede introducir argumentos cuyo pronunciamiento
obedece a otro medio de control y/o autoridad. AUSENCIA DE ACREDITACIÓN DEL
NEXO CAUSAL.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 19 de noviembre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión A mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
En el caso se discute la presunta responsabilidad del ICBF y de municipio de Momil
(Córdoba) por el deceso del menor Marlon José Deagustin Cundumi (QEPD), frente
a un «mal procedimiento de la administración», en referencia al proceso de
restablecimiento de derechos del menor (L. 1098 de 2006 Código de la Infancia y
Adolescencia) donde se le asignó el cuidado a su progenitora.
ANTECEDENTES
La demanda
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00063-01 (69.603)
Demandante: Marlon Deagustín Burgos y otros
Demandado: Nación- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
otro
Proceso: Reparación Directa
El 3 de noviembre de 2015 1 , por intermedio de apoderada judicial los señores
Marlon Deagustin Burgos (padre), Ángel de Jesús Deagustin Monterroza
(hermano), Ángel José Deagustin Suarez(abuelo) y Iris Margoth Burgos
Montalvo(abuela) interpusieron el medio de control de reparación directa, con el
objeto que se declare la responsabilidad administrativa del municipio de Momil
(Córdoba) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ahora ICBF- por el
deceso del menor Marlon José Deagustin Cundumi (QEPD) como resultado de un
«mal procedimiento de la administración», relativo a la custodia del menor. Como
pretensiones de la demanda se elevaron las siguientes:
(…) Declárese a EL MUNICIPIO DE MOMIL y a LA. NACION COLOMBIANA - INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "ICBF”, culpables y responsables administrativamente por
los perjuicios, daños antijurídicos morales subjetivos materiales, emergentes y de vida de relación;
causados a los solicitantes relacionados en el Capítulo I de partes de esta demanda, como
consecuencia, de la muerte del menor MARLON JOSE DEAGUSTIN CUNDUMI, en hechos ocurridos
en el municipio de Momil Córdoba el día 10 de septiembre del 2013 donde se produjo una falla del
servicio por acción u omisión atribuida al MUNICIPIO DE MOMIL y a la NACION COLOMBIANA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR “ICBF” por un mal procedimiento de la
administración, Realizado por la COMISARIA DE FAMILIA DE MOMIL CORDOBA.
4.1. POR DAÑOS MORALES SUBJETIVOS, Condenar administrativa y extracontractualmente al
MUNICIPIO DE MOMIL y a LA-NACION COLOMBIANA - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR “ICBF", a pagar a los solicitantes que a continuación relaciono, por concepto de perjuicios
y daños morales subjetivos, que están sufriendo por la muerte del menor MARLONJOSE DEAGUSTIN
CUNDUMI, la cantidad de dinero como indemnización, representada en salarios mínimos legales
mensuales que a continuación se indican, por el valor vigente a la fecha de ejecutoria de la providencia
que ponga fin al proceso, junto con los intereses comerciales que se causen siguientes a dicha
ejecutoria y los moratorios que se originen así:
DEMANDANTES PARENTESCO CANTIDAD VALOR
Marlon Deagustin Burgos PADRE 100 SMLM $ 61.600.000.00
Ángel de Jesús Deagustin HERMANO 100 SMLM $ 61.600.000.00
Monterroza
Ángel José Deagustin ABUELO 50 SMLM $30.800.000.00
Suarez
Iris Margoth Burgos ABUELA 50 SMLM $ 30.800.000.00
Montalvo
TOTAL 300 SMLM $184.800.000.00
(…)
Como fundamento fáctico de las anteriores pretensiones, se relató que el menor-
Marlon José Deagustin Cundumi nació el 25 de febrero de 2013, en Lorica, Córdoba
1 Folios 1-32 CP Demanda. Subsanación 43-52 CP
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00063-01 (69.603)
Demandante: Marlon Deagustín Burgos y otros
Demandado: Nación- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
otro
Proceso: Reparación Directa
siendo Marlon Deagustìn Burgos y Nally Cundumi Camacho sus padres, quienes
para ese momento mantenían una unión libre.
Se adujo que la madre del menor, la señora Nally Cundumi Camacho, en el mes de
mayo de 2013 lo abandonó para vivir en la ciudad de Bogotá, quedando este bajo
el cuidado de su padre y abuelos paternos. Situación que el señor Deagustin Burgos
puso en conocimiento de la Comisaría de Familia del municipio de Momil.
Más adelante, el 25 de julio de 2013 la señora Nally Cundumi Camacho solicitó la
custodia personal de su hijo Marlon José Deagustin Cundumi. En dicha actuación
administrativa se realizó visita al hogar del menor, en el municipio de Momil, el 2 de
agosto de 2013, donde se hizo constar el buen estado de a su salud física y
nutricional. En audiencia de conciliación del 5 de agosto de 2013, se relató que el
señor Marlon Deagustin Burgos se opuso a las pretensiones de la madre del menor,
quien buscaba que se le otorgara el cuidado de menor, para vivir con él en el
municipio de “El Charco Nariño”. El señor Deagustin Burgos, en ese entonces,
manifestó preocupación por la amenaza en la salud de su hijo, el traslado a dicho
municipio, así como, la distancia de entre dicho municipio y el de Momil, a efectos
del cuidado del menor.
Luego, el señor Marlon Deagustin Burgos fue citado, el 9 de septiembre de 2013, a
audiencia de fallo de cuidado y custodia que se realizó el 10 de septiembre de 2013,
es decir, con solo un día de anticipación. En dicha audiencia la comisaria de familia
del municipio de Momil adoptó la Resolución 004 del 10 de septiembre de 2013, por
la cual, entrega la custodia a ambos padres y el cuidado a su progenitora, pese a
los requerimientos del padre que abogaban por la salud del menor y sin valorar el
abandono anterior de la madre.
Posteriormente, sin que mediara acto administrativo que lo ordenara, se practicó
audiencia de rescate del menor el 10 de septiembre a las 3:00pm, en su domicilio
en Momil. En la demanda se relató que dicha diligencia se efectuó cuando el señor
Marlon Deagustin Burgos, no se encontraba presente lo que hizo constar la
comisaria de familiar del municipio en acta de ese día.
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00063-01 (69.603)
Demandante: Marlon Deagustín Burgos y otros
Demandado: Nación- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
otro
Proceso: Reparación Directa
De acuerdo a lo relatado, la actuación administrativa proseguida por la
administración del ente territorial y el ICBF, trajo como consecuencia la muerte del
menor Degustin Cundimi, al retirarlo de un hogar seguro «que brindaba las garantías
hacia su integridad personal» y exponerlo a un riesgo inminente y un estado de
indefensión a su corta edad.
Como resultado de lo anterior, en la demanda se indicó que el menor Marlón José
Deagustin Cundumi ingresó el 26 de diciembre de 2013 al servicio de urgencia del
Hospital de San Andrés E.S.E. de Tumaco Nariño (…) con síndrome de anemia
síndrome gástrico, deshidratación, desnutrición y evidentes señales de maltrato
infantil (…). Ese mismo día el menor falleció.
Contestaciones de la demanda
Por intermedio de apoderado judicial, el ICBF2 contestó la demanda de la referencia
y solicitó que no accedieran a las pretensiones de la demanda. Se alegó que la
entidad desconoce por completo las circunstancias fácticas relacionadas con la
custodia y cuidado personal del menor Marlon José Deagustin Cundumi. Como
excepciones propuso la ineptitud sustantiva de la demanda, a considerar que del
contenido la demanda lo pretendido supone la declaratoria de nulidad de la
Resolución 004 del 10 de septiembre de 2013 de la Comisaría de Familia de Momil;
falta de legitimación en la causa por pasiva; la inexistencia de la obligación; el hecho
de un tercero; y el cobro de lo no debido, en relación con el lucro cesante.
Por su parte, el apoderado del municipio de Momil (Córdoba)3 se opuso a las
pretensiones de la demanda. Frente a los hechos, puntualizó: i) que el menor no
gozaba de buena salud, lo que se reflejó en las recomendaciones del personal
comisionado para la visita; ii) ni que su padre opusiera motivos de seguridad
personal del menor, en las diligencias adelantadas ante el ente territorial. Por el
contrario, señaló que la decisión de otorgarle el cuidado a la madre fue adecuada al
2 Ff. .104-103 (foliatura irregular) C1.
3 FF 104-103 (foliatura irregular) C1.
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00063-01 (69.603)
Demandante: Marlon Deagustín Burgos y otros
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otro
Proceso: Reparación Directa
no tenerse un indicio que mostrara incompetencia de la madre y al valorarse la
conducta agresiva del padre.
Como excepciones propuso la caducidad de la acción, la falta de legitimación en la
causal por pasiva, la falta de responsabilidad por el ente demandado y la fuerza
mayor.
Sentencia de primera instancia
Por sentencia del 19 de noviembre de 20204, el Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión negó las pretensiones de la demanda al encontrar
configurada la falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y la falta de responsabilidad del municipio de
Momil.
En la decisión se declaró la falta de legitimidad en la causa por pasiva del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al evidenciarse que este no tuvo ninguna
participación en los hechos relatados en la demanda. En efecto, el a quo consideró
que el proceso de custodia y cuidado personal del menor Deagustin Cundimi, fue
adelantado por la comisaría de familia del municipio de Momil, sin que el ICBF
actuara como superior funcional o jerárquico de dicha autoridad, y de esta forma
tenga la facultad para controvertir las funciones de dicha autoridad.
En relación con la responsabilidad que podía predicarse del municipio de Momil,
estimó que pese acreditarse la muerte del menor, las actuaciones de la Comisaría
de Familia se ajustaron al procedimiento previsto en los artículos 99 y 100 del
Código de la Infancia y Adolescencia, pues se permitió la comparecencia del señor
Marlon Deagustín Burgos al trámite, quien no suscribió el acta ni interpuso recursos
en contra la decisión de la comisaría de adjudicar el cuidado del menor Marlon José
Deagustin Cundumi a su progenitora. De lo que se desprende que la actuación no
fue irregular o haya atentado contra el debido proceso de los demandantes o se
4 SAMAI T.A. Índice 00039
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otro
Proceso: Reparación Directa
haya adoptado con carencia de respaldo probatorio, al tenerse que en la misma
obraba la evaluación psicosocial y nutricional adelantada al menor y la verificación
y estudio de la situación en el domicilio del padre como de la madre – en el municipio
del Charco, Nariño-.
Por último, adujo que de las pruebas aportadas al plenario no podía deducirse que
las actuaciones de las demandadas puedan tenerse como causantes de la muerte
del menor. A pesar de haberse acreditado que el menor gozaba de buena salud al
entregarse a su progenitora, no se identificó la acción u omisión de las demandadas
que haya podido contribuir a dicho resultado, recordando que desde que el menor
y su madre se trasladaron al municipio del Charco (Nariño) la comisaría demandada
perdió la competencia para hacer el seguimiento del caso – sin que se hubiere
cuestionado en la demanda la actuación de la comisaría de familia de dicho
municipio-. Tampoco se aportó al plenario prueba de las causas que llevaron al
menor padecer las patologías: síndrome anémico, síndrome gastroentérico, sepsis
de origen gastroentérico, deshidratación, y desnutrición, que ocasionaron su
deceso.
Recurso de apelación
Contra la anterior decisión, la parte demandante5 solicitó que se revocara la decisión
de primera instancia y en su lugar se concedan las pretensiones de la demanda.
Esto al considerarse que el a quo no valoró la omisión incurrida por la Comisaría de
Familia del Municipio de Momil, quien no evaluó las condiciones reales del estado
psicológico y psicosocial de la madre del menor, pese al antecedente de abandono
del menor por parte de esta -refiriéndose al tiempo posterior a su nacimiento-. Sobre
las conclusiones del nexo causal, expresó: «(…) No compartimos la decisión
adoptada por la honorable magistrada, al prestar fallo con interpretaciones
inflexibles, dada la difícil pero no siempre imposible demostración de la
responsabilidad de un daño y el nexo causal del mismo, cuando la decisión se apoya
en una parte del material probatorio, sin dar lugar al análisis de la falla real de
5 SAMAI TA indice 00042.
6
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servicio (…)»,
Trámite en la segunda instancia
El 24 de enero de 2023, el Tribunal concedió el recurso de apelación,6 luego por
providencia se admitió por auto del 24 de marzo de 20237 y por decisión del 12 de
mayo de 2023, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión8
En dicha oportunidad, la apoderada judicial del ICBF9 solicitó que se confirmara el
fallo de primera instancia, y agregó que los comisarios de familia no hacen parte de
la estructura orgánica de la entidad (art. 83 y 84 L. 1098 de 2006), a pesar de que
el artículo 97 de la Ley 1098 de 2006, les asignó una competencia subsidiaria para
conocer los procesos administrativos en los procesos de restablecimiento de
derechos, en los municipios donde no existan defensores de familia.
Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
1. Como la demanda se presentó el 3 de noviembre de 2015, el régimen aplicable
es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
en adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a
regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren, con posterioridad a su entrada en vigencia, es decir, a partir de la
mentada fecha. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código, en los
aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante
6 Folio 614 C2
7 Folio 621 C2.
8 Folio622 C2.
9 SAMAI Índice 00015.
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00063-01 (69.603)
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otro
Proceso: Reparación Directa
CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
I. Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción contencioso-administrativa, como guardián del orden jurídico,
conoce las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa
sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA.
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este
asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo
615 del CGP, según el cual conoce los recursos de apelación contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta
Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión
material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA,
esto es, $322’175. 000.oo millones de pesos10.
Medio de control procedente
1. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo.
2. En este caso procede, porque en la demanda se imputa el deceso del menor
Marlon de Jesús Deagustin Cundumi a la actuación administrativa adelantada por
la Comisaría de Familia de Momil (Córdoba), en el marco del procedimiento de
restablecimiento de derechos (art. 96 y sigs de la. L.1098 de 2006 «Código de la
Infancia y la Adolescencia»).
10 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de [2015], [$644.350.oo], por 500.
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3. En este sentido, la procedencia del medio de control de reparación directa,
se limita al conocimiento de las imputaciones de responsabilidad que se desprendan
de las operaciones administrativas11 o el daño especial12 que pueda desprenderse
de dicha actuación, sin que pueda ser conducto para discutir los elementos de
validez de las decisiones administrativas adoptadas en dicho proceso, examen que
le compete al juez de familia (art. 10013 y 11914 ejusdem) o al juez municipal (art.
120 ejusdem15), según sea el caso
Demanda en tiempo
4. De acuerdo con el artículo 164.2. del CPACA, se cuenta con un término de
«(…) dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción
u omisión causante del daño, (…) o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento de este si fue en fecha posterior (…)».
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, CP Mauricio
Fajardo Gómez, Auto del 9 de diciembre de 2013, rad: 70001-23-33-000-2013-00115-01 (47783) [ Fundamento
de derecho i], «(…) La Sala ha considerado que se configura una operación administrativa cuando, por ejemplo,
se ejecuta de manera anticipada un acto administrativo, cuestión que se presenta cuando éste no es notificado
debidamente, o por falta de notificación, o cuando la ejecución del acto se produce antes de quedar en firme la
decisión que desata el recurso interpuesto en su contra, es decir, cuando la Administración ejecuta
materialmente un acto administrativo que no ha cumplido con las exigencias previstas en el artículo 64 del C.C.A
16., lo cual puede dar lugar a la configuración de un daño antijurídico cuyos perjuicios pueden perseguirse a
través del ejercicio del medio de control de reparación directa17 previsto en el artículo 140 del C.P.A.C.A.(…)».];
y fue reiterado recientemente en Subsección B Sentencia del 13 de julio de 2022, CP Alberto Montaña Plata,
rad. 76001-23-31-000-2011-00888-01 (53420) [ Fundamento de derecho 46]. Sobre la distinción entre validez y
eficacia de los actos administrativos ver Subsección A, Sentencia del 25 de agosto 2011, CP Mauricio Fajardo
Gómez, rad. 25000-23-26-000-1994-00367-01(16435) [ Fundamento de derecho 2.3]
12 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por
actos administrativos cuya legalidad no se encuentra demandada. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento
jurídico 3].
13
Artículo 100. Trámite. Una vez se dé apertura al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos
a favor de un niño, niña o adolescente, el funcionario notificará y correrá traslado del auto de apertura por cinco
(5) días, a las personas que de conformidad con el artículo 99 del presente Código deben ser citadas, para que
se pronuncien y aporten las pruebas que deseen hacer valer.
14 Artículo 119. Competencia del Juez de Familia en Unica Instancia. Sin perjuicio de las competencias
asignadas por otras leyes, corresponde al juez de familia, en única instancia: (…) 2. La revisión de las decisiones
administrativas proferidas por el Defensor de Familia o el comisario de familia, en los casos previstos en esta
ley.(…) Resuelto el recurso de reposición o vencido el término para interponerlo, el expediente deberá ser
remitido al juez de familia para homologar el fallo, si dentro de los quince (15) días siguientes a su ejecutoria,
alguna de las partes o el Ministerio Público manifiestan su inconformidad con la decisión. El Ministerio Público
lo solicitará con las expresiones de las razones en que funda su oposición.
El juez resolverá en un término no superior a veinte (20) días, contados a partir del día siguiente a la radicación
del proceso.(…)
15 Artículo 120. Competencia del Juez Municipal. El Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal conocerá de los
asuntos que la presente ley atribuye al juez de familia, en única instancia en los lugares donde no exista este.
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00063-01 (69.603)
Demandante: Marlon Deagustín Burgos y otros
Demandado: Nación- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
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Proceso: Reparación Directa
5. En el presente proceso se discute la posible responsabilidad que le cabe a
las demandadas, por la muerte del menor Marlon José Deagustin Cundumi. Según,
lo expresado en la demanda, se desprende que esta tuvo lugar el 26 de diciembre
de 2013, lo que resulta confirmado con la anotación «Paciente Fallece» leída en la
historia -Epicirisis del menor Marlon José Deagustin del 26 de diciembre de 2013 de
la Clínica del Hospital San Andrés E.S.E.16
En este sentido, la demanda se presentó oportunamente el 3 de noviembre de 2015,
cuando no había operado la caducidad del medio de control. En el presente asunto,
el término de caducidad estuvo suspendido entre el 10 de agosto y el 27 de octubre
de 2015, según constancia obrante en el expediente del Procurador 33 Judicial para
Asuntos Administrativos17.
Legitimación en la causa
6. En lo que se refiere a existencia de la legitimidad en la causa del extremo
activo de la controversia, obran en el plenario los registros civiles que demuestran
el parentesco del menor Marlon José Deagustin Cundumi, con los integrantes de la
parte demandante. En este sentido se demostró la legitimación en la causa de los
señores Marlon Deagustin Burgos (padre)18, Ángel de Jesús Deagustin Monterroza
(hermano)19, Ángel José Deagustin Suarez(abuelo)20 y Iris Margoth Burgos
Montalvo(abuela)21
7. Por su parte, el municipio de Momil está legitimado en la causa por pasiva, al
tenerse que la comisaria de familia de dicho municipio, adelantó la actuación
administrativa de restablecimiento de derechos del menor Marlon José Deagustin
Cundumi en uso de las facultades asignadas por artículos 96, 97 y 98 L. 1098 de
16 Ff. 43—51 C1.
17 Ff. 54-58 C1.
18 Folio 12 C1. Registro Civil de nacimiento del menor Marlon José Deagustin Cundumi, donde se registró que
el señor Marlon Deagustin Burgos es su padre.
19 Folio 15 C1. Registro Civil de Ángel de Agustín Monterroza donde ese registra que su padre es el señor
Marlon Deagustin Burgos.
20 Folio 13 C1 Registro civil de nacimiento del señor Marlon Deagustin Burgos, por el cual se acredita que es
padre del señor Dagustin Burgos, padre del menor.
21 Ibidem.
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00063-01 (69.603)
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Proceso: Reparación Directa
2006. Anotando que las comisarías de familia hacen parte la estructura orgánica de
los municipios (art. 8322 y 8423 ejusdem), pese a que el ICBF puede dictar líneas
técnicas sobre las mismas. De igual forma, obra en el plenario certificación de la
Alcaldía de Momil24, en el que se expuso que la Comisaría de Familia de Momil se
creó por Acuerdo 004 de 2008 del Consejo Municipal.
8. En lo que se refiere al ICBF, se tiene que en la sentencia de primera instancia
se declaró la falta de legitimación de la referida entidad, sin que dicha decisión haya
sido objeto de recurso de apelación de la parte de demandante, por lo cual la Sala
confirmará lo relativo a este punto.
Problema jurídico
Examinada la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación, deberá
determinarse por la Sala si los reproches efectuados en el recurso de apelación, a
la decisión de primera instancia, son susceptibles de conocerse a través del medio
de control de reparación directa. Adicionalmente, deberá verificarse si el daño
alegado, esto es la muerte del menor Marlon de Jesús Deagustin Cundimi, puede
atribuirse a las demandadas.
La improcedencia del medio de reparación directa para conocer reproches de
validez, sobre las decisiones de las comisarías de familia,
9. Habiéndose examinado el contenido de la sentencia impugnada y del recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante, a juicio de esta Sala de
22 Artículo 83. Comisarías de familia – derogado por el artículo 48 de la Ley 2126 de 2021-: Son entidades
distritales o municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario, que forman parte del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos
de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas
por la ley. (…)El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como entidad coordinadora del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar será el encargado de dictar la línea técnica a las Comisarías de Familia en todo el país.(…)
23 Artículo 84. Creación, composición y reglamentación. Reglamentado por el Decreto Nacional 4840 de 2007.
Todos los municipios contarán al menos con una Comisaría de Familia según la densidad de la población y las
necesidades del servicio. Su creación, composición y organización corresponde a los Concejos Municipales.
Las Comisarías de Familia estarán conformadas como mínimo por un abogado, quien asumirá la función de
Comisario, un psicólogo, un trabajador social, un médico, un secretario, en los municipios de mediana y mayor
densidad de población. Las Comisarías tendrán el apoyo permanente de la Policía Nacional. El Gobierno
Nacional reglamentará la materia con el fin de determinar dichos municipios.
24
Fol 486 C.2.
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00063-01 (69.603)
Demandante: Marlon Deagustín Burgos y otros
Demandado: Nación- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
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Proceso: Reparación Directa
Subsección los principales reproches efectuados en la apelación no resultan
susceptibles conocerse a través del medio de control de reparación directa (art. 140
CPACA). Ello, al tenerse que lejos de dirigirse a desvirtuar los razonamientos por
los cuales el a quo encontró que se acreditó el nexo de causalidad entre la muerte
del menor y la actuación adelantada por la comisaría de familia de Momil, suponen
un reproche de validez contra la decisión contenida en la Resolución 004 del 10 de
septiembre de 2013, como se pasa a explicar:
10. En efecto, el marco fáctico al que se refieren las pretensiones de la demanda,
tiene lugar en el marco del proceso administrativo de restablecimiento de derechos
del menor Dagustin Cundumi, con ocasión de la solicitud del 25 de julio de 2013, de
la señora Nally Cundumi Camacho, destinada a la fijación de la custodia e hijo
menor. De la cual obran en el plenario: i) el Auto N° 86 del 25 de julio de 2013, por
el cual la Comisaría de Familia del municipio de Momil avocó conocimiento de la
solicitud de la señora Cundumi Camacho25; ii ) Informe social del 2 de julio de 201326
y el informe de visita del 2 de agosto de 201327 sobre la vivienda del núcleo familiar
de señor Marlon Deagustin Burgos; iii) Informe de Visita Domiciliaria al núcleo socio-
familiar de Nally Cundumi Camacho, adelantada el 20 de agosto de 201328 -por la
Comisaría Municipal del El Charco (Nariño)-,; iv) Acta de la diligencia fracasada de
conciliación del 5 de agosto de 201329;
11. Esta actuación administrativa finalizó en la audiencia de fallo del 10 de
septiembre de 201330; donde se profirió por la Comisaría de Familia del municipio
de Momil, la Resolución 004 de 2013, que dispuso lo siguiente:
(…) RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Establecer que la custodia del (los) (la) /las ) niño (a) (s) y/o
adolescente (s) MARLON JOSÉ DE AGUSTIN CUNDUMI será ejercida por ambos
padres.
25 Ff. 367-368 C2.
26 Ff.370-371 c2
27 Ff.374-375 C.2
28 Ff. 527-529 C2
29 Ff. 378-380 C2
30 Ff. 393—397 c2
12
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otro
Proceso: Reparación Directa
ARTICULO SEGUNDO.-El Cuidado personal del citado niño será ejercido por la madre
biológica de este señora NALLY CUNDUMI CAMACHO quien deberá velar porque el
niño no corra a su lado ningún tipo de riesgo para su integridad personal, sopena de
sacarlo de su entorno y entregárselo a su padre biológico, quien igualmente deberá
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de este.
ARTICULO TERCERO.-Establecer como cuota alimentaria provisional a favor del niño
MARLON JOSE DE AGUSTIN CUNDUMI a cargo del padre señor MARLON JOSE DE
AGUSTIN BURGOS, la suma de ochenta mil pesos ($80.000.00) M/L., pagaderos dentro
de los 5 primeros días de cada mes, así mismo deberá suministrar a su hijo (a) (s) dos
(2) mudas de ropa completas en el año en los meses de julio y diciembre, empezando
por el mes de diciembre del presente año, igualmente cubrirá en porcentaje iguales junto
con la mamá del niño, lo concerniente a gastos de medicamentos y Hospitalización en
caso de enfermedad que no llegare a cubrir el respectivo carnet de salud. Lo referente a
gastos escolares no aplica en estos momentos por la edad del niño.
ARTÍCULO CUARTO.-REGLAMENTACION DE VISITAS. Se regula visitas a favor del
niño MARLON JOSE DE AGUSTIN CUNDUMI y a cargo de su progenitor señor
MARLON DE AGUSTIN BURGOS, con el fin de que no se debiliten los vínculos afectivos
paterno filiales para lo cual inicialmente teniendo en cuenta la edad del niño y la distancia
toda vez que residirán en departamentos (Córdoba y Nariño) diferentes, se regulen
visitas en los meses de junio y diciembre por 20 días en cada periodo, sin que para nada
pueda retenerlo por más tiempo, so pena de ser sancionado por incumplimiento a lo aquí
establecido, amén de incurrir en el delito de "Ejercicio Arbitrario de la Custodia".
ARTÍCULO QUINTO.-Oficiar a la Comisaria de Familia del municipio el Charco Nariño,
para que realice seguimiento en el domicilio de las señora NALLY CUNDUMI CAMACHO
ubicado en el barrio el Porvenir por el termino de 6 meses.
.(…)
12. En esa misma fecha, la comisaria de familia de Momil en compañía de un
intendente de policía y el personero municipal, en cumplimiento de la Resolución
004 del 10 de septiembre de 2013, se dirigieron al domicilio del señor Marlon
Deagustin Burgos a efecto de entregarle el cuidado del menor a la señora Nally
Cundumi Camacho. Lo ocurrido en dicha diligencia se dejó consignado en acta 31,
donde se registró que pese a que se trató de contactar al señor Deagustin Burgos,
este no compareció y el menor tenía una «gripa leve».
13. En este punto, se aclara que el proceso de restablecimiento de derecho de
menor, se trata de una actuación administrativa reglada, principalmente en la Ley
1098 de 2006 (Código de la Infancia y Adolescencia), dirigida a solicitar ante el «
Defensor o Comisario de Familia, o en su defecto el Inspector de Policía la
31 Ff. 36-37 C1.
13
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otro
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protección de los derechos de aquel cuando se encuentren vulnerados o
amenazados» (art. 99 ejusdem) cuyo trámite finaliza por «fallo» susceptible del
recurso de reposición, que debe interponerse verbalmente en la audiencia (art. 100
ejusdem). Resuelta la reposición o vencido el término para interponerlo, el
expediente debe ser remitido al juez de familia para homologar el fallo que en
derecho corresponda.
14. En este sentido, las decisiones adoptadas por los comisarios de familia, en
el marco de un proceso de restablecimiento de derecho, corresponden a actos
administrativos, cuyo control de legalidad conocen los jueces de familia (ver numeral
3). Por ende, los argumentos de la apelación, al recaer sobre elementos de validez
de la Resolución 004 de 2013, como es su motivación, no son susceptibles de
resolverse a través del presente medio de control32 ni hacen parte de las
pretensiones de la demanda, con lo cual resulta del todo improcedente cualquier
pronunciamiento al respecto, para desatar el recurso interpuesto.
15. En efecto, a juicio de la Sala el estado psicosocial de la madre supone un
elemento que debía verificarse dentro de la actuación administrativa del estado de
cumplimiento de derechos al menor (numeral 5 art. 52 L.1098 de 200633- previo a
la modificación por la L. 1878 de 2018-), de modo que es un elemento de la
motivación de la resolución, que no solo escapa de las pretensiones de esta
32 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia
del 24 de julio de 2024, CP William Barrera Muñoz, rad. 25000-23-36-000-2018-00432-01 (66860) [ Fundamento
de derecho 8] Allí se citó la Sentencia del 27 de abril de 2011, exp. 08001-23-31-000-1993-07622-01(19846),
C.P. Ruth Stella Correa Palacio, que precisó: «[…] en materia de lo contencioso administrativo la fuente del
daño determina la acción procedente para analizar los supuestos que fundan la controversia y, ésta, a su vez,
determina la técnica apropiada en la formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el
tiempo para hacerlas valer por la vía jurisdiccional, de manera que si el daño tiene origen en un acto
administrativo de carácter particular y concreto, la acción procedente será la de nulidad y restablecimiento del
derecho, pues resulta menester para obtener el resarcimiento del perjuicio, el pronunciamiento acerca de la
anulabilidad del acto por violación de los preceptos superiores para efectos de desvirtuar la presunción de
legalidad y veracidad que revisten tales actos jurídicos y que hacen obligatorio su cumplimiento y obedecimiento
[…]
«[…] Es claro que el legislador estableció las acciones que son procedentes para reclamar ante la justicia el
resarcimiento del daño antijurídico causado como consecuencia del comportamiento o la actividad del Estado.
Cuando dicho comportamiento se materializa en acto administrativo ilegal será necesario acudir a la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho y cuando se concreta en una operación, hecho u omisión o en un acto
legal que altera el principio de igualdad de las cargas públicas, será la acción de reparación directa la idónea
para reclamar la indemnización de los perjuicios causados […]»
33ARTÍCULO 52. En todos los casos, la autoridad competente deberá, de manera inmediata, verificar el estado
de cumplimiento de cada uno de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, consagrados en el
Título I del Libro I del presente código. Se deberá verificar: (…)5. El Estudio del entorno familiar y la identificación
tanto de elementos protectores como de riesgo para la vigencia de los derechos .(…)
14
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demanda y al medio de control, sino que además al integrar una decisión que está
revestida por la presunción de legalidad34, resultan inmutables en esta instancia.
16. Además, en el plenario no obra el fallo judicial por el cual el juez de familia
haya homologado la referida resolución, y examinada la actuación administrativa,
se evidencia que el progenitor, el señor Deagustin Burgos, no hizo uso del recurso
de reposición en contra de la decisión que resolvió la actuación de restablecimiento
de derechos del menor. En efecto, se hizo constar en el acta de la audiencia de fallo
del 10 de septiembre de 2013, que el señor Marlon José Deagustin Burgos asistió
a la diligencia, pero una vez leída la resolución «se retiró del recinto y manifestó no
querer firmar».
La falta de acreditación del nexo causal.
17. Al margen de lo anterior, en el recurso de apelación pese a reprocharse las
conclusiones en relación con el examen de causalidad adelantado por el a quo, no
se aportaron argumentos soportados en un análisis del material probatorio que obra
en el expediente dirigidos a desvirtuar las conclusiones de la primera instancia frente
a la ausencia de nexo de causalidad entre las actuaciones de la comisaría de familia
de Momil y el deceso del menor Deagustin Cundumil. En todo caso, para la Sala
no se avizora que las pruebas obrantes sean conducentes para acreditar el nexo
causal entre la muerte del menor y las actuaciones del municipio de Momil, más
precisamente, la Comisaría de Familiar del referido municipio.
Cabe resaltar que la exigencia de acreditación del nexo causal supone una carga
probatoria del demandante, en los términos del artículo 167 del CGP, que le impone
34 En el entendido, que la presunción de legalidad solo puede ser desvirtuada a través de declaración judicial
de nulidad del acto, facultad restringida al juez de la legalidad o validez del acto admirativo. Al respecto ver:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 8 de
febrero de 201, rad. 88001-23-31-000-2000-00014-01(22244) (…)Si bien las dos acciones coinciden en su
finalidad, en cuanto ambas persiguen la reparación de los daños causados, difieren en la causa del daño
reclamado. El criterio útil en la determinación de la acción procedente para reparar daños generados por la
administración es el origen de los mismos, de manera que si la causa del perjuicio es un acto administrativo
ilegal, deberá acudirse a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Dicho criterio tiene por
fundamento, además del texto del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, una regla práctica: si el
daño es generado por un acto administrativo ilegal, para que el restablecimiento del derecho y la reparación
sean posibles será necesario, de modo previo, dejarlo sin efectos y ello, dada la presunción de legalidad que lo
cobija, sólo será posible con la declaración judicial de anulación del mismo(…)[ Fundamento de derecho 2.1]
15
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por regla general35, además de acreditar el daño y su hecho generador, la relación
de causalidad existente estos dos, de allí que se califique este concepto como
«estrictamente naturalístico»36. Ahora bien, dada la necesidad en algunos casos de
recurrir a saberes técnicos o científicos para establecer la relación de causalidad, la
existencia de posibles causas concurrentes y la imposibilidad de determinar con
certeza absoluta el nexo de causalidad37, se ha admitido por la jurisprudencia de la
Corporación su demostración mediante pruebas directas o indirectas, y la
flexibilización de la carga probatoria en ciertos ámbitos (ej: responsabilidad
médica)38.
En todo caso, en la jurisprudencia es predominante el empleo de la «teoría de la
35 Por regla general es el demandante quien tiene que acreditar el nexo causal, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Tercera, Exp. 11.901 citada en Consejo De Estado, Sala De Lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, CP: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 6 de
junio de 2012, rad: 19001-23-31-000-1997-02300-01(21014)
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Bogotá, D.C.,
veintiséis (26) de marzo de dos mil nueve (2009), rad: 50001-23-31-000-1999-04688-01(17994). Además, sobre
la distinción entre la relación de causalidad y la imputación allí se aclaró: (…) En otros términos, la
causalidad –y sus diferentes teorías naturalísticas– puede ser empleada para determinar probablemente cuál
es el origen de un hecho o resultado en el mundo exterior, esto es, en el campo de las leyes propias de la
naturaleza o del ser. A contrario sensu, la imputación surge de la atribución de un resultado en cabeza de un
determinado sujeto; parte del hecho de la sanción originada en el incumplimiento normativo a un precepto de
conducta, es decir, del deber ser. (…)
37 Tamayo Jaramillo J. Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo II, Segunda edición 2001 Legis Editores S.A. p.
248-254.
38 Por ejemplo, en providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2011, rad.
17001-23-31-000-1996-08017-01(20502), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, [ Fundamento de derecho 3] se
precisó: (…)Así, se ha acudido a reglas como res ipsa loquitur, desarrollada en el derecho anglosajón; o de la
culpa virtual elaborada por la doctrina francesa, o la versión alemana e italiana de la prueba prima facie o
probabilidad estadística38, que tienen como referente común el deducir la relación causal y/o la culpa en la
prestación del servicio médico a partir de la verificación del daño y de la aplicación de una regla de experiencia,
conforme a la cual existe nexo causal entre un evento dañoso y una prestación médica cuando, según las reglas
de la experiencia (científica, objetiva, estadística), dicho daño, por su anormalidad o excepcionalidad, sólo
puede explicarse por la conducta negligente del médico y no cuando dicha negligencia pueda ser una entre
varias posibilidades, como la reacción orgánica frente al procedimiento suministrado o, inclusive, el
comportamiento culposo de la propia víctima.
“Cabe destacar que la aplicación de esas reglas probatorias, basadas en reglas de experiencia guardan armonía
con el criterio adoptado por la Sala en relación con la teoría de la causalidad adecuada o causa normalmente
generadora del resultado, conforme a la cual, de todos los hechos que anteceden la producción de un daño sólo
tiene relevancia aquel que, según el curso normal de los acontecimientos, ha sido su causa directa e
inmediata38. La elección de esa teoría se ha hecho por considerar insatisfactoria la aplicación de otras, en
particular, la de la equivalencia de las condiciones, según la cual basta con que la culpa de una persona haya
sido uno de los antecedentes del daño para que dicha persona sea responsable de él, sin importar que entre la
conducta culposa y el daño hubieran mediado otros acontecimientos numerosos y de gran entidad.
“En varias providencias proferidas por la Sala se consideró que cuando fuera imposible demostrar con certeza
o exactitud la existencia del nexo causal, no sólo por la complejidad de los conocimientos científicos y
tecnológicos en ella involucrados sino también por la carencia de los materiales y documentos que probaran
dicha relación, el juez podía “contentarse con la probabilidad de su existencia” 38, es decir, que la relación de
causalidad quedaba probada cuando los elementos de juicio que obraran en el expediente conducían a ‘un
grado suficiente de probabilidad’38’, que permitían tenerla por establecida.(…) Reiterada en, Sección Tercera,
Subsección A, CP Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 6 de junio de 2012, rad. 19001-23-31-000-1997-
02300-01(21014) [ Fundamento de derecho 3.2.2]
16
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causalidad adecuada»39, de allí que la determinación del nexo causal repose sobre
la valoración empírica del juzgador quien deberá apreciar entre dos hechos, aquel
que pueda aportar la explicación causal directa y cierta más normal40.
18. Advertido lo anterior, los señalamientos de la demanda pese a imputar la
muerte del menor a la actuación administrativa proseguida por la Comisaría de
Familia de Momil, no advirtieron operaciones y/o circunstancias a las que se les
pueda atribuir el deceso del menor. En efecto, de la prueba obrante en el plenario
no puede identificarse actuaciones proseguidas por los funcionarios de la Comisaría
de Familia de Momil, hayan configurado un riesgo o un hecho susceptible de derivar
en el deceso del menor, como lo sería exponerlo a condiciones insalubres o
personas con condiciones contagiosas. Sin que los testimonios de Pedro Nel Conde
Valeta, Clotilde Del Pilar Herrera, Gladys Caraballo Hernández y el interrogatorio de
parte del señor Marlo Deagustin Burgos41, aporten elementos de juicio sobre las
referidas diligencias, al tenerse que los declarantes no estaban presentes en las
mismas.
Inclusive, después del fallo del 10 de septiembre de 201342, se acreditó que
funcionarios de la Comisaría de Familia del Charcho efectuaron una visita de
seguimiento durante el mes de octubre al domicilio de la señora Nally Cundumi
Camacho, en las cual constató el buen estado del menor. De forma, que aun
después de la decisión administrativa que decidió sobre la custodia y cuidado del
menor, no se observan circunstancias de las cuales pueda concluirse que se
configuró una omisión de la referida autoridad, que haya contribuido con el deceso
del menor -comoquiera que no existían hechos que sugirieran su posterior deceso-
. Además, la demanda no realizó imputaciones ni persiguió la responsabilidad de
las autoridades de familia del municipio del Charco (Nariño).
39 Consejo de Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Tercera CP: Carlos Betancur Jaramillo,
Sentencia del 11 de septiembre de 1997, Rad: 11764. [Fundamento jurídico C], allí se precisó: (…) Tal
concepción debe entonces complementarse en el sentido de considerar como causas jurídicas del daño, sólo
aquéllas que normalmente contribuyen a su producción, desechando las que simplemente pueden considerarse
como condiciones. Tal como lo proponen los partidarios de la teoría de la causalidad adecuada, expuesta por
el alemán Von Kries, "sólo son jurídicamente causas del daño, aquellos elementos que debían objetiva y
normalmente producirlo."(…).
40 B. Plessix, Droit Administratif, 4éme édition, Lexis Nexis, Paris- Francia (2022) p.1735.
41 Todas las declaraciones se registraron en CD obrante a folio 488 de C.2.
42 Folio 568 C2.
17
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00063-01 (69.603)
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otro
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Por consiguiente, se precisa que como la sentencia fue recurrida únicamente por la
parte demandante, la Sala estudió el asunto de conformidad con el artículo 328 del
CGP; de modo tal que al tenerse que los reproches del recurso de apelación no
prosperaron y los razonamientos del a quo respecto de la ausencia de acreditación
del nexo causal no fueron desvirtuados no hay lugar a reexaminar el juicio de la
responsabilidad adelantado por el juez de primera instancia43.
Por los anteriores motivos, la Sala se dispondrá a confirmar el fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Córdoba el 19 de noviembre de 2020, que negó las
pretensiones de la demanda
Costas
19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por el Código General del Proceso.
El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas «(…) están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las agencias
en derecho (…)». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas
que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
43 Sobre el alcance de la competencia del Consejo de Estado como juez de segunda instancia ver: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación del 6 de abril de 2018,
rad. 05001-23-31-000-2001-03068-01(46005). [ fundamento de derecho 19]. Allí se precisó: «(…)Este
entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de
apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez
adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de
manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la
potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean
necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y
la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos
de su inconformidad con la providencia censurada. (…)»
18
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00063-01 (69.603)
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Proceso: Reparación Directa
El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta
instancia, el numeral 1 del mismo artículo establece que «se condenará en costas
a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación». Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4
del artículo 366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales si las hubiere.
En atención a lo dicho, la Sala fijará suma por concepto de agencias en derecho,
solamente, en favor de la demandada ICBF en segunda instancia. Al observarse
que, en el desarrollo de esta etapa procesal, fue la única demandada que alegó de
conclusión y no se observó actuaciones de las demás demandadas, que den cuenta
de su gestión de defensa judicial.
En atención a lo dispuesto en el Acuerdo No. 1887 de 2003 del Consejo Superior
de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, la Sala fijará
las agencias en derecho, en la segunda instancia, que están a cargo de la parte
demandada en la suma equivalente al 0,1% de las pretensiones negadas44, es decir,
la suma de un millón doscientos novecientos doce mil pesos ($1’211.912 m/cte), la
cual se reconocerá, en favor del ICBF.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
44 En la demanda la estimación razonada de la cuantía se elevó al monto de: $1’211.991.653,oo millones de
pesos m/cte.
19
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00063-01 (69.603)
Demandante: Marlon Deagustín Burgos y otros
Demandado: Nación- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
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Proceso: Reparación Directa
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, del 19 de noviembre de 2020, por los motivos expuestos
en esta providencia
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante en favor de la
demandada Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, y FÍJESE las
agencias en derecho de segunda instancia en la suma de a cargo de la parte actora
el monto un millón doscientos novecientos doce mil pesos ($1’211.912 m/cte), la
cual se reconocerá, en favor de la demandada Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF-.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
JEQJ
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de
forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/document
os/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación
escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00063-01 (69.603)
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Proceso: Reparación Directa
expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema Samai.
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