Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00432-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00432-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2018-00432-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
24 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 25000-23-36-000-2018-00432-01 (66860)
Actor: Soluciones Tecnológicas y Servicios S.A. – STS S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Proceso: Reparación directa
RECORTES DE PRENSA-Valor probatorio. INDEBIDA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE
REPARACIÓN DIRECTA-La nulidad y restablecimiento del derecho procede para reparar daños provenientes
de actos administrativos. CADUCIDAD EN NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-El término en
vigencia del CPACA se contabiliza a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o
ejecución del acto administrativo, según el caso.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 15 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
El 10 de marzo de 2014, la Superintendencia Nacional de Salud –en adelante,
Supersalud– ordenó la intervención forzosa administrativa de la Corporación IPS
Saludcoop –en adelante, IPS Saludcoop–. Entre el 10 de noviembre y el 30 de
diciembre de 2014, la sociedad Soluciones Tecnológicas y Servicios S.A. –en
adelante, sociedad STS S.A.– prestó servicios de suministro de tecnología a dicha
IPS por $560.064.130. Posteriormente, la Supersalud ordenó la liquidación de la
IPS Saludcoop y aunque la sociedad STS S.A. presentó la acreencia, el agente
liquidador la rechazó. El 18 de enero de 2017, se declararon insolutos los créditos
por un desequilibrio financiero. La sociedad demandante aduce que no recibió el
pago de su acreencia, porque las demandadas fueron omisivas en sus deberes de
inspección, vigilancia y control, y la medida de intervención forzosa fue deficiente.
Radicación: 25000-23-36-000-2018-00432-01 (66860)
Actor: Soluciones Tecnológicas y Servicios S.A. – STS S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Proceso: Reparación directa
ANTECEDENTES
La demanda
El 15 de mayo de 2018, la sociedad STS S.A., a través de apoderado, presentó
demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Salud y Protección
Social y la Supersalud para que se hicieran las siguientes declaraciones:
«[…] PRIMERA: se declare administrativa y patrimonialmente responsables al
Ministerio de Salud y de la Protección Social y la Superintendencia Nacional de
Salud, por los perjuicios ocasionados a la empresa Soluciones Tecnológicas y
Servicios S.A. STS S.A., producto de las fallas en el servicio de las intervenciones
forzosas administrativas realizadas a la Corporación IPS Saludcoop, que llevó a su
liquidación, generando un daño antijurídico a la demandante, por el no pago de lo
adeudado por esa entidad de la acreencia n.° 732.
SEGUNDA: condenar en consecuencia a la Nación-Ministerio de Salud y Protección
Social y a la Superintendencia Nacional de Salud, a pagar a Soluciones
Tecnológicas y Servicios S.A. STS S.A. los perjuicios patrimoniales a título de daño
emergente por valor total de quinientos sesenta millones sesenta y cuatro mil ciento
treinta pesos moneda corriente ($560.064.130) por el daño antijurídico ocasionado
a la empresa en su patrimonio (no pago de sus facturas), por la no cancelación de
la sumas cobradas en la acreencia n.° 732 dentro del proceso de intervenciones
forzosas administrativas y liquidación realizada a la Corporación IPS Saludcoop.
TERCERA: condenar en consecuencia a la Nación-Ministerio de Salud y Protección
Social y a la Superintendencia Nacional de Salud, como reparación al daño
ocasionado, a pagar a la empresa Soluciones Tecnológicas y Servicios S.A. STS
S.A., los perjuicios extrapatrimoniales, por concepto de daños morales y otros.
CUARTA: solicitamos se ordene que la condena respectiva sea indexada y
actualizada, de acuerdo a la variación promedio mensual del índice de precios al
consumidor (IPC), desde la fecha en que se presentaron los hechos hasta aquella
en la cual quede ejecutoriado el fallo definitivo.
QUINTA: solicitamos se reconozca el pago de intereses moratorios a la empresa
Soluciones Tecnológicas y Servicios S.A. STS S.A. […]»1.
Hechos
La parte demandante afirmó que el 10 de marzo de 2014, la Supersalud ordenó la
toma de posesión e intervención forzosa administrativa para administrar a la IPS
Saludcoop. Al día siguiente, la entidad expidió un comunicado de prensa en el que
indicó que con esa medida no se afectaban las relaciones contractuales de la IPS
con sus proveedores. Ese comunicado generó confianza y tranquilidad en la
empresa STS S.A. y, por ello, desde el 10 de noviembre al 30 de diciembre de 2014
prestó el servicio de suministro de tecnología a la IPS Saludcoop, por un valor de
$560.064.130.
1 Folios 2 y 3 c. 1.
2
Radicación: 25000-23-36-000-2018-00432-01 (66860)
Actor: Soluciones Tecnológicas y Servicios S.A. – STS S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Proceso: Reparación directa
La demanda indicó que ante la deuda asumida por la IPS, el 5 de enero de 2015,
IPS Saludcoop y la sociedad STS S.A. suscribieron un contrato de transacción para
el pago de $377.841.414. El 30 de junio de 2015, suscribieron un «acta de
conciliación de saldos de cuentas por pagar» por valor de $539.773.449. A pesar
de lo anterior, la IPS no pagó la deuda y el 12 de enero de 2016, la Supersalud
declaró la intervención forzosa para liquidar a la IPS Saludcoop.
En el proceso de liquidación, la sociedad STS S.A. presentó la acreencia N.º 732,
pero el 19 de abril de 2016, mediante Resolución N.º 000012, el agente liquidador
la calificó como crédito tipo E y la rechazó porque «el reclamante no aportó el
original del título base de la reclamación de conformidad con lo exigido por el artículo
9.1.3.2.1 del Decreto 2555 de 2010». Finalmente, el 18 de enero de 2017, el agente
liquidador declaró insolutos los créditos B, C, D y E por desequilibrio financiero y el
31 de enero de 2017, declaró terminada la existencia legal de la IPS Saludcoop.
Por último, adujo que las entidades demandadas fueron omisivas en el cumplimiento
de sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre la IPS Saludcoop y, por
ello, esta última entró en liquidación y no pagó la acreencia a favor de la sociedad
STS S.A. Agregó que la medida de intervención forzosa administrativa fue tardía y
deficiente, que se presentaron hechos de corrupción, situaciones que ocasionaron
el daño antijurídico alegado –la pérdida de $560.064.130–. Solicitaron esa suma por
concepto de daño emergente y por daños morales el monto que estableciera el
fallador2.
Contestación de la demanda
La Nación-Ministerio de Salud y Protección Social señaló que no tiene la función de
ejercer inspección, vigilancia y control de las entidades promotoras de salud,
cualquiera fuera su naturaleza –instituciones prestadoras de salud o entes
territoriales– y esas funciones están asignadas a la Supersalud. Indicó que no
suscribió ningún contrato con la sociedad STS S.A., ni tiene la función de supervisar
los contratos entre las entidades privadas y terceros. Sostuvo que la Supersalud fue
la entidad –descentralizada y con autonomía administrativa y financiera– que
ordenó la intervención forzosa y la liquidación de la IPS Saludcoop. Por lo anterior,
el ministerio no tenía la facultad de tomar decisiones respecto del pago de la
2 Folios 3 a 23 c. 1.
3
Radicación: 25000-23-36-000-2018-00432-01 (66860)
Actor: Soluciones Tecnológicas y Servicios S.A. – STS S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Proceso: Reparación directa
acreencia de la sociedad demandante. Propuso la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva3.
La Supersalud sostuvo que no era la acreedora de la sociedad demandante, en
consecuencia, no existía nexo de causalidad entre el presunto daño antijurídico y
las funciones y actuaciones de la entidad. Manifestó que aunque esa
superintendencia ejerce funciones de inspección, vigilancia y control de las
entidades prestadoras del servicio de salud, ello no implica que todas las acciones
de las controladas –en este caso IPS Saludcoop– sean imputables a la entidad a
título de omisión. Afirmó que el daño alegado en la demanda –falta de pago de la
acreencia en el proceso de liquidación– provino de las decisiones que tomó el
agente liquidador, mediante actos administrativos, en ejercicio de sus funciones
como agente especial, bajo su exclusiva responsabilidad4.
Sentencia de primera instancia
El 15 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
sentencia en la que negó las pretensiones, al considerar que las pruebas allegadas
no acreditaron un daño cierto y antijurídico de la parte demandante. Estimó que no
se probó que las acreencias a favor de la sociedad STS S.A. hubieran sido
reconocidas en el proceso de liquidación forzosa y que como consecuencia de ello,
no hubieran sido pagadas por no existir activos disponibles de la sociedad liquidada.
Indicó que la acreencia de la parte demandante fue rechazada y no formó parte de
la masa de liquidación de la IPS Saludcoop, decisión que quedó en firme, porque la
sociedad STS S.A. no interpuso el recurso de reposición procedente, conforme al
numeral décimo tercero de la Resolución N.º 0012 del 19 de abril de 2016. Agregó
que aunque se hubiera reconocido la acreencia en el proceso de liquidación forzosa,
en dicho proceso los titulares de los créditos reconocidos están obligados a soportar
que aquellos queden insolutos por agotamiento de los activos de la liquidación 5.
Recurso de apelación
3 Folios 48 a 61 c. 1.
4 Folios 73 a 88 c. 1.
5 Folios 280 a 288 c. principal.
4
Radicación: 25000-23-36-000-2018-00432-01 (66860)
Actor: Soluciones Tecnológicas y Servicios S.A. – STS S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Proceso: Reparación directa
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia en el que
esgrimió que el Tribunal no tuvo en cuenta que la Supersalud permitió que
ocurrieran actos de corrupción por falta de inspección, vigilancia y control, en el
proceso de intervención forzosa de la IPS Saludcoop.
Hizo hincapié en que el juez de primera instancia no valoró algunas pruebas
documentales allegadas –como el comunicado de prensa del 11 de marzo de 2014–
que acreditó que la Supersalud, de mala fe, manifestó a los proveedores de la IPS
intervenida que no se afectarían las relaciones contractuales. Por ello, la parte
demandante le prestó servicios de tecnología a la IPS Saludcoop, que no fueron
pagadas por la institución prestadora de salud, situación que le causó perjuicios
patrimoniales que no debía soportar. Agregó que quedó probada la certeza y
antijuridicidad del daño, porque la acreencia N.º 732 fue rechazada en el proceso
de liquidación forzosa y la sociedad demandante no recibió el pago de la deuda6.
Trámite de segunda instancia
El 15 de febrero de 2021, el Tribunal concedió el recurso de apelación7 y el 21 de
mayo de 2021, el Despacho admitió el recurso8. El 20 de agosto de 2021, se corrió
traslado para alegar de conclusión en segunda instancia9. La parte demandante
reiteró los argumentos del recurso de apelación e indicó que autoridades como la
Contraloría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación encontraron
desfalcos, hechos de detrimento patrimonial y la comisión de varios delitos en el
trámite de la intervención forzosa de la IPS Saludcoop10.
La Nación-Ministerio de Salud y Protección Social sostuvo que el medio de control
procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho, porque mediante la
Resolución n.° 0012 del 19 de abril de 2016, el liquidador de la IPS Saludcoop
decidió sobre el crédito que presentó la demandante y ese era un acto
administrativo con presunción de legalidad11. La Supersalud indicó que no expidió
el acto administrativo que graduó, calificó y rechazó la acreencia de la sociedad
6 Folios 296 a 303 c. principal.
7 Folio 305 c. principal.
8 Folio 310 c. principal.
9 Folio 312 c. principal.
10 Índice 12 SAMAI del proceso con radicado n°. 25000233600020180043201.
11 Índice 13 SAMAI del proceso con radicado n°. 25000233600020180043201.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00432-01 (66860)
Actor: Soluciones Tecnológicas y Servicios S.A. – STS S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Proceso: Reparación directa
STS S.A. y el liquidador actuó bajo su responsabilidad12. El Ministerio Público
guardó silencio13.
CONSIDERACIONES
1. La demanda se presentó el 15 de mayo de 2018, por lo tanto, el régimen
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA14, este
código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos
que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente,
conforme al artículo 306 de este código15, en los aspectos no contemplados se
seguirá el Código General del Proceso –en adelante, CGP– en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
I. Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción administrativa conoce de las controversias cuando se
demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea un acto, contrato, hecho, acción
u omisión de una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA16. El Consejo de
Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de
conformidad con el artículo 150 del CPACA17, según el cual conoce de los recursos
12 Índice 11 SAMAI del proceso con radicado n°. 25000233600020180043201.
13 Índice 15 SAMAI del proceso con radicado n°. 25000233600020180043201.
14 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
15 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
16 «Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando
ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la
responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]».
17 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación […]».
6
Radicación: 25000-23-36-000-2018-00432-01 (66860)
Actor: Soluciones Tecnológicas y Servicios S.A. – STS S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Proceso: Reparación directa
de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía,
porque el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por
el artículo 152.6 del CPACA18, esto es, $390.621.00019.
Medio de control procedente
3. La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de este
presupuesto procesal por las razones que se pasarán a explicar.
II. Problema jurídico
4. Corresponde a la Sala determinar si el medio de control de reparación directa
es el idóneo para solicitar la reparación de los daños derivados de las decisiones
proferidas por el liquidador en un proceso de liquidación forzosa administrativa de
una institución prestadora de salud –IPS–, en el que se rechazó una acreencia, y si
operó la caducidad para formular la demanda.
III. Análisis de la Sala
5. En el expediente obran varias noticias de prensa20. Las informaciones
difundidas en los medios de comunicación no dan certeza sobre los hechos en ellos
contenidos, sino de la existencia de la noticia y en esas condiciones serán valoradas
en este proceso21.
Régimen jurídico de la intervención forzosa administrativa para liquidar la
IPS Saludcoop. Funciones del liquidador y naturaleza de sus actos
6. El artículo 152 de la Ley 100 de 199322 creó el Sistema General de Seguridad
Social en Salud para regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones
18 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]».
19 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2018, $781.242, por 500.
20 Folios 206 a 215 c. 1.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, Rad.
2011-01378 y sentencia del 1 de marzo de 2006, Rad. 16.587.
22 «Artículo 152. Objeto. La presente Ley establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud, desarrolla
los fundamentos que lo rigen, determina su dirección, organización y funcionamiento, sus normas
administrativas, financieras y de control y las obligaciones que se derivan de su aplicación. Los objetivos del
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Actor: Soluciones Tecnológicas y Servicios S.A. – STS S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Proceso: Reparación directa
de acceso para toda la población, en todos los niveles de atención. De acuerdo con
esta normativa23 y el artículo 68 de la Ley 715 de 200124, la Supersalud, como
integrante de este sistema, es un organismo con la facultad y competencia de
someter a inspección, vigilancia y control a las instituciones prestadoras de servicios
de salud –IPS– y ejercer la intervención forzosa administrativa para administrar o
liquidar esas entidades.
Según el parágrafo 2 del artículo 233 de la Ley 100 de 1993 25, el procedimiento
administrativo que adelanta la Supersalud es el mismo consagrado en las
disposiciones legales de la Superintendencia Financiera. Por lo anterior, el régimen
aplicable a los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o
liquidar entidades bajo la vigilancia y control de la Supersalud es el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero –Decreto 663 de 1993– y la parte nueve del
Decreto 2555 de 201026.
7. De otra parte, el artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero27
contempla el régimen aplicable al liquidador en los procesos de liquidación forzosa
Sistema General de Seguridad Social en Salud son regular el servicio público esencial de salud y crear
condiciones de acceso en toda la población al servicio en todos los niveles de atención […]».
23 «Artículo 155. Integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Sistema General de
Seguridad Social en Salud está integrado relacionadas por: 1. Organismos de Dirección, Vigilancia y Control:
a) Los Ministerios de Salud y Trabajo […] c) La Superintendencia Nacional en Salud […]».
24 «Artículo 68. Inspección y vigilancia. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá como competencia
realizar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas constitucionales y legales del sector
salud y de los recursos del mismo […] La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá funciones de inspección,
vigilancia y control sobre las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS, en relación con el
cumplimiento de las normas técnicas, científicas, administrativas y financieras del sector salud. Los procesos
de liquidación de las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, privadas serán de competencia de la
Superintendencia de Sociedades, con excepción de las fundaciones, corporaciones y demás entidades de
utilidad común sin ánimo de lucro, siempre y cuando no hayan manejado recursos públicos o de la Seguridad
Social en Salud. […] La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa para
administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios
rentísticos, cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de
cualquier naturaleza […] La intervención de la Superintendencia de Salud a las Instituciones Prestadoras de
Salud tendrá una primera fase que consistirá en el salvamento […]».
25 «Artículo 233. De la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia Nacional de Salud es un
organismo adscrito al Ministerio de Salud con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente […] Parágrafo 2. El procedimiento administrativo de la Superintendencia Nacional de Salud será
el mismo que se consagra por las disposiciones legales para la Superintendencia Bancaria […]».
26 Así también lo indicó el agente especial liquidador de la IPS Saludcoop en la Resolución n°. 00002 del 13 de
enero de 2016, por la cual se estableció el término para presentar reclamaciones dentro del proceso de
liquidación y que obra a folios 23 a 28 c. 2.
27 «Artículo 295.- Régimen aplicable al liquidador y al contralor. 1. Naturaleza de las funciones del liquidador. El
liquidador designado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras o por los acreedores reconocidos,
ejercerá funciones públicas administrativas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad de las reglas del derecho
privado a los actos de gestión que deba ejecutar durante el proceso de liquidación […] 2. Naturaleza de los
actos del liquidador. Las impugnaciones y objeciones que se originen en las decisiones del liquidador relativas
a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en general, las que por su naturaleza constituyan
actos administrativos, corresponderá dirimirlas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los actos
administrativos del liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso liquidatario. Contra los actos
administrativos del liquidador únicamente procederá el recurso de reposición; contra los actos de trámite,
preparatorios, de impulso o ejecución del proceso, no procederá recurso alguno. Las decisiones sobre
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Actor: Soluciones Tecnológicas y Servicios S.A. – STS S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Proceso: Reparación directa
administrativa y establece que aquel ejerce funciones públicas administrativas
transitorias. Por ello, las impugnaciones y objeciones que se originen en las
decisiones del liquidador, relativas a la aceptación, rechazo, prelación o calificación
de créditos y, en general, las que constituyan actos administrativos, las dirimirá la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Conforme a esta norma, los actos administrativos del liquidador gozan de
presunción de legalidad y su impugnación ante esta jurisdicción no suspende el
proceso de liquidación. Así mismo, contra los actos que expida este funcionario
únicamente procede el recurso de reposición y contra los actos de trámite,
preparatorios, de impulso o de ejecución del proceso, no procede ningún recurso.
Además, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece que las decisiones
sobre aceptación, rechazo, calificación o graduación de créditos quedarán
ejecutoriadas respecto de cada crédito salvo que contra ellas se interponga recurso.
Sobre este punto, la Corte Constitucional, al dirimir un conflicto de jurisdicción para
conocer sobre impugnaciones u objeciones contra los actos proferidos por los
agentes especiales liquidadores, corroboró que las decisiones proferidas en los
procesos de intervención forzosa administrativa, tienen la naturaleza de acto
administrativo, y que además, son demandables ante la jurisdicción contenciosa
administrativa, por ser la competente para estudiar la legalidad de los actos que se
emitan en este tipo de procesos.
«[…] Conforme a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 295 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero […] la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene la
competencia para conocer de demandas en contra de actos emitidos por los agentes
liquidadores que versen sobre la aceptación, rechazo, prelación o calificación de
créditos y, en general, sobre actos que “por su naturaleza constituyan actos
administrativos”. Esto, en atención a que los agentes especiales liquidadores
ejercen funciones públicas transitorias de conformidad con lo dispuesto en (i)
el numeral 8 del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999 y (ii) el artículo 9.1.1.2.2 del
Decreto 2555 de 2010. En este sentido, sus decisiones son actos
administrativos que gozan de presunción de legalidad, como también refiere de
manera expresa el citado numeral 2 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero.
13. En asuntos similares, la Corte Constitucional ha reconocido que las
resoluciones expedidas por el agente liquidador de la EPS son “verdaderos
actos administrativos”, dictados en el ejercicio de la función pública
transitoria a ellos atribuida. Por tanto, ha precisado que el control de legalidad de
aceptación, rechazo, calificación o graduación de créditos quedarán ejecutoriadas respecto de cada crédito
salvo que contra ellas se interponga recurso […]».
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00432-01 (66860)
Actor: Soluciones Tecnológicas y Servicios S.A. – STS S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Proceso: Reparación directa
dichos actos administrativos corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, como en efecto lo decantó en los Autos 343 de 2021, 687 de 2021 y
1253 de 2022, entre otros.
3.3. Regla de decisión
17. En virtud de los dispuesto por el numeral 2 del artículo 295 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero y por el artículo 9.1.1.2.2 del Decreto 2555 de 2010, la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de
demandas contra actos del agente liquidador de una EPS designado por la
Superintendencia Nacional de Salud, que se pronuncien sobre la aceptación,
rechazo, prelación o calificación de créditos. Esto, porque (i) los agentes
liquidadores son particulares en ejercicio transitorio de funciones públicas y (ii) sus
decisiones tienen la naturaleza de actos administrativos […] (resaltado fuera del
texto)28»
Indebida escogencia del medio de control
8. Conforme al artículo 138 del CPACA29, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es el idóneo para impugnar la legalidad de un acto
administrativo, cuando se estime que este ha lesionado un derecho contenido en
una norma jurídica, su consecuente restablecimiento del derecho y también para
solicitar que se reparen los perjuicios causados con ese acto. Por su parte, según
el artículo 140 del CPACA30, el medio de control de reparación directa procede para
demandar la reparación del daño antijurídico causado o producido por la acción u
omisión de los agentes del Estado.
Los medios de control de reparación directa y de nulidad y restablecimiento del
derecho comparten una naturaleza indemnizatoria, pero difieren en cuanto a la
fuente que genera el daño, que supone una distinta formulación de las pretensiones
y un término diverso de caducidad. Si el daño tiene origen en un acto administrativo,
28 Corte Constitucional, autos n.º 209 del 24 de febrero de 2022 y n.º 285 del 8 de marzo de 2023.
29 «Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general,
el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».
30 «Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona
interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión
de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la
causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente
de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un
particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán
promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad
pública. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades
públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo
en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño».
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00432-01 (66860)
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por regla general, el medio de control procedente es la de nulidad y restablecimiento
del derecho, mientras que si la fuente del daño es un hecho, omisión u operación
administrativa, la responsabilidad de la administración se debe perseguir a través
del medio de control de reparación directa. Así lo ha establecido esta Sección en
varias oportunidades:
«[…] en materia de lo contencioso administrativo la fuente del daño determina la
acción procedente para analizar los supuestos que fundan la controversia y,
ésta, a su vez, determina la técnica apropiada en la formulación de las
pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer
por la vía jurisdiccional, de manera que si el daño tiene origen en un acto
administrativo de carácter particular y concreto, la acción procedente será la de
nulidad y restablecimiento del derecho, pues resulta menester para obtener el
resarcimiento del perjuicio, el pronunciamiento acerca de la anulabilidad del acto por
violación de los preceptos superiores para efectos de desvirtuar la presunción de
legalidad y veracidad que revisten tales actos jurídicos y que hacen obligatorio su
cumplimiento y obedecimiento […] (resaltado fuera del texto)31»
«[…] Es claro que el legislador estableció las acciones que son procedentes para
reclamar ante la justicia el resarcimiento del daño antijurídico causado como
consecuencia del comportamiento o la actividad del Estado. Cuando dicho
comportamiento se materializa en acto administrativo ilegal será necesario
acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y cuando se
concreta en una operación, hecho u omisión o en un acto legal que altera el
principio de igualdad de las cargas públicas, será la acción de reparación
directa la idónea para reclamar la indemnización de los perjuicios causados […]
(resaltado fuera del texto)32».
La Sala ha admitido excepcionalmente la procedencia del medio de control de
reparación directa por daños causados por actos administrativos, cuya legalidad no
se cuestiona33. Sin embargo, si la parte demandante, en sede de reparación directa,
invoca como título de imputación el «daño especial», por una supuesta ruptura de
las cargas públicas, pero en realidad lo que pretende es cuestionar la legalidad del
acto administrativo, el medio de control procedente será el de nulidad y
restablecimiento del derecho. Así lo explicó la jurisprudencia de esta Sección:
«[…] cuando el perjuicio surge de la ilegalidad de la decisión administrativa
(acto administrativo) y su ejecución no hace sino acatarla, la acción deberá
ser de restablecimiento; cuando el daño proviene de la irregular ejecución de
un acto que no se cuestiona en su legalidad, la acción será de reparación
directa, centrando su cuestionamiento en los actos materiales de ejecución de la
decisión administrativa, pero sin omitir en su evaluación al alcance de dicha
decisión; por ser, en definitiva, la que determina los poderes de ejecución de la
administración; como será de reparación directa no sólo cuando el acto, en sí,
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de mayo de 2009, Rad. 15.652 y del 12 de mayo de
2011, Rad. 26758.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2011, Rad. 19.846.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
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no es ilegal pero es la fuente del perjuicio por implicar rompimiento del
principio de la igualdad ante las cargas públicas, sino también cuando la
operación administrativa resulte fallida, por, razones distintas al orden
público o el interés social.
Se precisa entonces, que así como puede haber responsabilidad por la conducta
irregular de la administración, traducida en hechos materiales cuando el daño sea
antijurídico, así podrá darse la responsabilidad de la administración por el acto
administrativo regular o legal, cuando la lesión no nace del desajuste con el
ordenamiento sino del rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas, faceta
del principio de la igualdad ante la ley que contempla el artículo 13 de la carta.
En esas hipótesis, como es obvio, no se hace un juicio de legalidad al acto
productor del perjuicio (como sí se debe hacer en la acción de
restablecimiento, en la cual el resarcimiento del derecho nace sólo de la
nulidad del acto por ilegalidad), sino que sólo se estudia si el daño causado
al administrado fue antijurídico o no, o sea, si tenía porqué soportarlo o no […]
(resaltado fuera del texto)34»
9. Según la demanda, el daño consiste en el detrimento patrimonial que sufrió
la sociedad STS S.A. por el no pago de la acreencia N.º 732 por valor de
$560.064.130, en el proceso de liquidación forzosa administrativa de la IPS
Saludcoop. Lo anterior, conforme a la parte demandante, fue consecuencia de la
omisión de las entidades demandadas en las funciones de inspección, vigilancia y
control, y la deficiente intervención forzosa administrativa a la IPS Saludcoop. Así
se indicó en la demanda:
«[…] queda evidenciado el actuar y la omisión de las demandadas en sus
deberes de inspección, vigilancia y control y la deficiente medida de
intervención forzosa administrativa adoptadas, fruto de dichos deberes
ejercidos de manera tardía, aun en abuso en los diferentes actos y actuaciones
desplegadas por los distintos agentes especiales interventores y/o liquidadores,
donde se vislumbra la mala [fe] de la cual fueron víctimas, tanto la empresa
Soluciones Tecnológicas y Servicios S.A., que culminó con la liquidación de
la Corporación IPS Saludcoop, ocasionando el no pago de dichos dineros a la
demandante. […] en sus deberes de inspección, vigilancia y control, ejercidos
posteriormente de manera tardía con la adopción de dichas medidas de
intervención a la Corporación IPS Saludcoop, sufrió daños antijurídicos por valor
de […] $560.064.130, contenidos en la acreencia n°. 732, los cuales no tenía el
deber legal de soportar como consecuencia de las acciones y omisiones de las
entidades referidas […]35».
Conforme a las pruebas allegadas al proceso, se acreditó que el 10 de marzo de
2014, mediante Resolución N.º 0467, la Supersalud ordenó la toma de posesión
inmediata de los bienes, haberes y negocios, y la intervención forzosa para
administrar la IPS Saludcoop, por un término de cinco meses. Además, ordenó el
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303.
35 Folios 6 y 22 c. 1.
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cumplimiento de unas medidas preventivas y designó un agente especial
interventor36. Al día siguiente, la Supersalud profirió el comunicado de prensa N.º
CP-OCEII-012, en el que informó la decisión de intervenir a la IPS Saludcoop,
porque «se identificaron fallas reiteradas en el cumplimiento de las normas del
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud y aquellas que
rigen las relaciones entre prestadores de servicios de salud (IPS) y las entidades
responsables del pago de dichos servicios (EPS)». Además, manifestó que era una
medida de salvamento que no afectaba las relaciones contractuales con los
proveedores de la IPS37.
El 5 de enero de 2015, la IPS Saludcoop y la sociedad STS S.A. suscribieron un
contrato de transacción, en el que la IPS se obligó a pagar $377.841.414 a favor de
la sociedad, por concepto de saldo de cuentas por pagar, con corte al 30 de junio
de 2015, en virtud de las relaciones comerciales entre las dos partes 38. El 30 de
junio de 2015, el representante legal de la sociedad STS S.A., la analista y la
coordinadora de saneamiento contable de la IPS Saludcoop suscribieron un acta
de conciliación de saldos de cuentas por pagar. Conforme al documento, el objetivo
era «dar claridad a los saldos reportados en el estado de cuenta por pagar de la
Corporación IPS Saludcoop en intervención, comparándolo con el estado de cartera
presentado por el proveedor». Las partes acordaron un valor pendiente de pago de
$539.773.44939.
El 12 de enero de 2016, mediante Resolución N.º 0025, la Supersalud levantó la
medida de intervención forzosa para administrar la IPS Saludcoop, ordenó la toma
de posesión de bienes, haberes y negocios, y la intervención forzosa administrativa
para liquidar la IPS. La entidad designó un agente especial liquidador y ordenó el
cumplimiento de unas medidas preventivas40. El 13 de enero siguiente, el agente
especial liquidador fijó término para recibir reclamaciones oportunas, con el objeto
de ser graduadas y calificadas dentro del proceso de liquidación41.
El 16 de febrero de 2016, la sociedad STS S.A. presentó la reclamación de
acreencia N.º 732, en el proceso de liquidación por un valor de $560.064.13042. El
36 Folios 4 a 11 c. 2.
37 Folio 2 c. 2.
38 Folios 162 a 167 c. 2.
39 Folio 168 c. 2.
40 Folios 12 a 21 c. 2.
41 Folios 23 a 28 c. 2.
42 Folio 169 c. 2.
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28 de marzo siguiente, el agente liquidador informó a la sociedad que la
reclamación del crédito se había recibido de forma oportuna e indicó que:
«[…] de conformidad con el artículo 9.1.3.2.4 del Decreto 2555 de 2010, el agente
liquidador sólo está facultado para pronunciarse con fundamento en la totalidad de
reclamaciones presentadas de manera oportuna, de tal modo que las someterá a
un proceso de análisis y calificación y de manera individual decidirá si acepta o
no el objeto del reclamo, y en caso de aceptar procederá a graduarla conforme a
las normas que rigen la prelación de créditos. Que tal decisión se emitirá
mediante resolución motivada, la cual se notificará mediante aviso y es
susceptible del recurso de reposición […] (resaltado fuera del texto)43»
Posteriormente, mediante Resolución N.º 0012 del 19 de abril de 2016, el agente
especial liquidador decidió sobre las reclamaciones de créditos presentados de
forma oportuna y frente a la acreencia N.º 732 de la sociedad STS S.A. decidió
rechazarla totalmente y no tenerla como incorporada a la masa de liquidación,
conforme al anexo N.º 5 de esa resolución44. Según ese anexo, los fundamentos
para denegar el crédito de la sociedad demandante fueron las glosas establecidas
en los numerales 1.3, 1.13, 1.32 y 1.48 de la Resolución N.º 006 del 20 de enero
de 2016:
«1.3. El contenido de la reclamación no permite determinar la cuantía de la
acreencia reclamada y/o el tipo de graduación y clasificación, ni el objeto de la
misma, ni el proceso judicial que dice solicitar […]
1.13. Con base en los soportes allegados y en los documentos y registros que
reposan en poder de la entidad en liquidación, recibidos de la entidad hoy en
liquidación por virtud de la toma, no es posible establecer la existencia de la
obligación reclamada. En lo que corresponde a la aceptación de las reclamaciones
presentadas por personas naturales o jurídicas que prestaban algún servicio o
suministraban bienes a la entidad en liquidación, se debió aportar copia del contrato
junto con la aprobación de la garantía respectiva, cuando era exigida, o la orden de
servicio, según fuera el caso. Todo lo anterior sin perjuicio del análisis de los
soportes documentales que puedan reposar en entidad en liquidación […]
1.32. El reclamante no aportó el original del título base de la reclamación de
conformidad con lo exigido por el artículo 9.1.3.2.1 del decreto 2555 de 2010 y
demás normas concordantes […]
1.48. Mayor valor cobrado respecto del contrato, la orden de servicio u soporte
origen de la obligación […]45»
En el artículo décimo tercero de la Resolución N.º 0012 del 19 de abril de 2016, el
liquidador indicó que contra esa decisión procedía únicamente el recurso de
43 Folios 170 y 171 c. 2.
44 La Resolución n°. 0012 del 19 de abril de 2016 y el anexo 5 a la misma obran en el CD del folio 150 c. 1.
45 La Resolución n°. 0006 del 20 de enero de 2016 está publicada en la página web de la Corporación IPS
Saludcoop liquidada: https://www.ipssaludcoopenliquidacion.com/resoluciones/, consultada el 22 de mayo de
2024 a las 3:53 p.m.
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reposición dentro de los diez días siguientes a su notificación por aviso. La decisión
fue publicada el 20 de abril de 2016, en la página web de la IPS Saludcoop46.
En el expediente obra la comunicación allegada por el archivo de la IPS Saludcoop
Liquidada en la que se informó que, después de revisados los archivos de la
entidad, en relación con la acreencia n.° 732 presentada por la sociedad STS S.A.,
esta fue graduada y calificada en la Resolución n.° 0012 del 19 de abril de 2016 y
en la parte resolutiva fue rechazada y, por ello, no se reconoció ningún valor a favor
de esa sociedad. Según el contenido del documento, la sociedad STS S.A. dejó
transcurrir el término para interponer el recurso de reposición que procedía contra
la decisión que negó el crédito, sin presentar recurso alguno. En consecuencia, la
decisión quedó ejecutoriada:
«[…] de lo anterior se tiene que la reclamación presentada a favor de Soluciones
Tecnológicas y Servicios S.A. –STS S.A.– fue rechazada y por lo tanto no se
reconoce ningún valor a favor del reclamante, de conformidad al Anexo n.° 5
denominado “Créditos quirografarios oportunos rechazados” – Pág. 7.
Se observa que el reclamante dejó transcurrir el término establecido en el
artículo décimo tercero de la citada resolución sin hacer uso el recurso de
reposición, dejando precluir la oportunidad procesal, es decir que, el acreedor
no utilizó el mecanismos jurídico consistente en la interposición del recurso para
oponerse a la decisión adoptada por el agente especial liquidador, con el fin de que
se estudiara nuevamente su reclamación, quedando el acto administrativo en
firme y debidamente ejecutoriado y poniendo fin a la actuación administrativa
[…] (resaltado fuera del texto)47»
El 18 de enero de 2017, mediante la Resolución n.° 1531, el agente liquidador
declaró insolutos los créditos tipo B, C, D y E, por agotamiento total de los activos
del proceso de liquidación48 y el 31 de enero siguiente, por Resolución n.° 2667,
declaró terminada la existencia legal de la IPS Saludcoop49. El 6 de junio de 2017
–más de un año después de que se rechazó la acreencia– la sociedad STS S.A.
presentó derecho de petición a la EPS Saludcoop en Liquidación en el que solicitó
el pago de la obligación por $560.064.130 y que se incluyera ese crédito en los
pasivos de la liquidación de la EPS, por ser la sociedad matriz de la IPS50. La EPS
respondió la anterior petición y manifestó que no existía responsabilidad solidaria
de la sociedad matriz y no era competente para resolver la solicitud, porque su
46 La fecha de publicación de la resolución se puede confrontar en: www.ipssaludcoopenliquidacion.com,
consultado el 22 de mayo de 2024 a las 3:56 p.m.
47 Folios 147 a 149 c. 1.
48 Folios 64 a 148 c. 2.
49 CD folio 216 c. 2.
50 Folio 61 c. 2.
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acreencia había quedado insoluta en el proceso de liquidación de la IPS
Saludcoop51.
Bajo la óptica normativa y jurisprudencial expuesta sobre el régimen aplicable al
liquidador en un proceso de liquidación forzosa administrativa de una entidad y
según las pruebas que obran en el expediente, la Resolución n.° 0012 del 19 de
abril de 2016, por la cual el liquidador de la IPS Saludcoop rechazó la acreencia n.°
732 de la sociedad STS S.A., es un acto administrativo, porque el agente especial
liquidador adoptó la decisión en ejercicio de una función pública transitoria, prevista
en el artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. También quedó
acreditado que contra esa decisión procedía el recurso de reposición y así lo
informó el liquidador a la sociedad reclamante, cuando le respondió a la sociedad
que la reclamación se había allegado de forma oportuna y que sería analizada. A
pesar de que el agente especial rechazó totalmente la acreencia, la sociedad
demandante no interpuso el recurso procedente y la decisión quedó en firme.
Además, está probado que la ley aplicable al proceso de liquidación de la IPS
Saludcoop –artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero– establece
que las impugnaciones y objeciones que se originen en las decisiones del liquidador
las dirimirá la jurisdicción contenciosa administrativa a través del medio de control
procedente, esto es, el de nulidad y restablecimiento del derecho. En este sentido,
la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que, si la fuente del daño
son las decisiones administrativas proferidas en el desarrollo del proceso de
liquidación, el medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del
derecho. En consecuencia, de interponerse el medio de control de reparación
directa, se configura una indebida escogencia del medio de control, que impide
hacer un pronunciamiento de fondo:
«[…] la fuente del daño no es un hecho de la administración, como lo señala la
apelante, sino unas decisiones administrativas que terminaron su vinculación con la
E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento y negaron su reclamación de pago de unas
acreencias laborales que la entidad hoy liquidada consideró extemporánea, actos
administrativos que no fueron reprochados por la actora, quien se limitó a
reiterar su solicitud más de tres años después […] Así las cosas, la Sala
concluye que, con base en los supuestos fácticos y las pretensiones planteadas, el
daño antijurídico que estima irrogado la demandante se deriva de unos actos
administrativos frente a los cuales debió interponer la correspondiente acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual resulta
improcedente emitir un pronunciamiento de fondo, en tanto se encuentra
51 Folios 179 y 180 c. 2.
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demostrada la indebida escogencia de la acción, la cual constituye
presupuesto necesario de la sentencia de mérito […] cabe advertir que la
reparación directa no es la vía para revivir los términos fijados en la ley para
cuestionar la legalidad de actos administrativos, dado que la acción pertinente, que
era la de nulidad y restablecimiento del derecho, ya se encontraba caducada para
la fecha de presentación de la demanda que dio origen al presente proceso […]
(resaltado fuera del texto)52»
Esta Subsección, en un caso similar al que ahora se estudia –rechazo de
acreencias en el proceso de liquidación de la IPS Saludcoop– al resolver un recurso
de apelación contra un auto que rechazó la demanda por indebida escogencia del
medio de control y caducidad del mismo, reiteró que cuando el daño alegado
proviene de una decisión tomada mediante un acto administrativo, procede el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no el de reparación directa:
«[…] la Sala encuentra que, de acuerdo a lo expuesto en el cuerpo de la demanda,
el supuesto daño que se alega como antijurídico por la sociedad demandante
se consolidó y concretó con la expedición de la Resolución No. 1531 del
dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017), emitida por el Agente
Especial Liquidador dentro del proceso que se adelantó respecto de la Corporación
I.P.S Saludcoop, resolución mediante la cual se declararon insolutos los créditos B,
C, D y E del proceso de liquidación, por el agotamiento total de los activos
disponibles de la sociedad liquidada, toda vez que fue en ese momento en el que
la actora tuvo la certeza de que su acreencia no iba a ser satisfecha. En efecto,
tal y como lo sostuvo el Tribunal, fue con ese acto administrativo con el que
la actora tuvo conocimiento real de la forma como la falta de recursos de la
liquidada iba a afectar el pago de su acreencia […] es claro que la demandante
debió acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
para controvertir, en primer lugar, la legalidad de ese acto administrativo y lograr,
de ser el caso, la reparación solicitada […] (resaltado fuera del texto)53»
Según lo expuesto, la Sala advierte que el daño alegado por la sociedad STS S.A.
en la demanda de reparación directa –el no pago de la acreencia N.º 732 por valor
de $560.064.130– se concretó con la Resolución n°. 0012 del 19 de abril de 2016,
en la que el agente liquidador rechazó totalmente la acreencia, acto administrativo
contra el cual la sociedad no interpuso recurso de reposición. La parte demandante,
entonces, debió impugnar la legalidad de esa decisión, solicitar su anulación a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no el de
reparación directa. En consecuencia, se configura la excepción de indebida
escogencia del medio de control.
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de diciembre de 2019, Rad. 50.339,
M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 27 de mayo de 2020, Rad. 63.735, M.P. Nicolás
Yepes Corrales.
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Ahora bien, en este caso hay lugar a adecuar la demanda al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en virtud de lo previsto en el artículo 171 del
CPACA, que señala que el juez dará a la demanda el trámite que le corresponda,
aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.
Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
10. El fenómeno de caducidad para demandar se configura cuando vence el
término previsto en la ley para acudir ante los jueces para demandar. Término que
está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda
ser titular de un derecho, opte por accionar ante las autoridades competentes. La
caducidad tiene lugar justamente cuando expira ese término perentorio fijado por la
ley. El término para formular el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, según el literal d, numeral 2 del artículo 164 del CPACA54, es de 4 meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o
ejecución del acto, según el caso.
El término establecido en la ley para interponer los medios de control contencioso
administrativos es una norma de orden público de la que no pueden disponer los
jueces ni las partes, porque ese fenómeno jurídico representa el límite dentro del
cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho.
11. El término de cuatro meses previsto en el literal d, numeral 2 del artículo 164
del CPACA55 para formular la demanda está caducado56. En efecto, el aviso de
notificación de la Resolución n.° 0012 del 19 de abril de 2016, que rechazó la
acreencia n.° 732 de a favor de la sociedad demandante STS S.A., se publicó en la
página web de la IPS Saludcoop el 20 de abril de 2016 57, por un término de cinco
54 «Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En los
siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] d) Cuando se pretenda la nulidad y
restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados
a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo,
según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales […]».
55
«Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En los
siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] d) Cuando se pretenda la nulidad y
restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados
a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo,
según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales […]».
56 «Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En los
siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] d) Cuando se pretenda la nulidad y
restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados
a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo,
según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales […]».
57 La fecha de publicación de la resolución se puede confrontar en: www.ipssaludcoopenliquidacion.com,
consultado el 22 de mayo de 2024 a las 3:56 p.m.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00432-01 (66860)
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días, y la notificación se entendió surtida al finalizar el día siguiente al retiro del
aviso58, esto es, el 28 de abril de 2016.
Así las cosas, el término de cuatro meses para formular el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho comenzó a correr desde el 29 de abril hasta
el 29 de agosto de 2016. Como la demanda se presentó el 15 de mayo de 2018,
operó el fenómeno preclusivo de la caducidad.
Costas
12. El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas «están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para
el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, el
numeral 3 del mismo artículo establece que «en la providencia del superior que
confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en
las costas de la segunda». Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral
4 del artículo 366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias si las
hubiere.
En atención a lo dispuesto en el numeral primero del artículo quinto del Acuerdo n.°
PSAA16-10554 del 5 de agosto de 201659, vigente para la fecha en que se presentó
la demanda, la Sala fijará las agencias en derecho, en la segunda instancia, que
estarán a cargo de la parte demandante a favor de la parte demandada, en la suma
equivalente 1 SMLMV. Lo anterior, en consideración a que la parte demandada tuvo
apoderado y su actuación fue continua y consistente.
58 Conforme al artículo 14 de la Resolución n.° 0012 del 19 de abril de 2016, el artículo 9.1.3.2.5 del Decreto
2555 de 2010, en concordancia con el artículo 69 del CPACA.
59 «Artículo 5°. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general. […] en
segunda instancia: entre 1 y 6 SMMLV […]».
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00432-01 (66860)
Actor: Soluciones Tecnológicas y Servicios S.A. – STS S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Proceso: Reparación directa
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
MODIFICAR la sentencia del 15 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca; y en su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad del término para
formular la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante en favor de las
demandadas Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y Superintendencia
Nacional de Salud, y FIJAR la suma equivalente a un salario mínimo mensual legal
vigente, por concepto de agencias en derecho en segunda instancia. Las costas
deberán liquidarse de manera concentrada en el Tribunal.
TERCERO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00432-01 (66860)
Actor: Soluciones Tecnológicas y Servicios S.A. – STS S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Proceso: Reparación directa
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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