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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2018-00074-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2018-00074-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR integralmente, la sentencia del Diez (10) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual, se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2018-00074-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Tres (03) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 23001-23-33-000-2018-00074-01 (1300-2026)1
Demandante: Diego Raúl Álvarez Polo
Demandado: Municipio de Canalete (Córdoba) y Empresas
Públicas Municipales de Canalete – Empucan
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Reconocimiento y pago de prestaciones sociales -
Sanción moratoria
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia del Diez (10) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026),
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Quinta de Decisión2,
que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda3.

1.1 Pretensiones.

1. El señor Diego Raúl Álvarez Polo, por conducto de apoderado judicial,
promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
el Municipio de Canalete y las Empresas Públicas Municipales de Canalete
(EMPUCAN), con el propósito de obtener la nulidad de los actos
administrativos fictos o presuntos derivados del silencio administrativo
negativo frente a las peticiones radicadas el Cinco (05) de abril de Dos Mil
Diecisiete (2017), mediante las cuales, solicitó el reconocimiento y pago de
salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones,
reajuste salarial, la sanción moratoria por la falta de consignación oportuna de

1
Expediente digital
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=230012333000201800074011100103
2
Sala conformada por las Magistradas Eduardo Javier Torralvo Negrete, Nadia Patricia Beníte Vega y María Virginia
Lorduy Villareal.
3
Expediente digital – Samai – - Gestión en otros despachos – índice 00047 – 23001233300020180007400 –
01PrimeraInstancia – C01Princial – 04Demanda

2

Número Interno: 1300-2026
Demandante: Diego Raúl Álvarez Polo
Demandado: Empresas Públicas Municipales de Canalete – Empucan

las cesantías al fondo administrador y la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías definitivas, causados durante su vinculación laboral con las
entidades demandadas.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se reconozca y paguen
los salarios correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2016 y enero de 2017; las cesantías de las vigencias 2013, 2014, 2015,
2016 y 2017; los intereses a las cesantías de los mismos períodos; las
vacaciones causadas entre los años 2013 y 2017; las primas de servicios
correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017; así como, el reajuste salarial
reclamado para la vigencia 2016.

3. En consecuencia, pidió condenar solidariamente a las entidades
demandadas, al pago de las sumas correspondientes a los derechos laborales
anteriormente relacionados, o de aquellas que resulten demostradas dentro
del proceso, debidamente actualizadas e indexadas.

4. Igualmente, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria,
prevista en las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, derivada de la falta de
consignación oportuna de las cesantías al fondo administrador durante las
vigencias 2013, 2014 y 2015, junto con la indexación e intereses
correspondientes.

5. De igual forma, pidió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
contemplada en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, por
el pago tardío de las cesantías definitivas, causadas con ocasión de la
terminación de su vínculo laboral, así como, la actualización e intereses
moratorios a que hubiere lugar.

6. Finalmente, solicitó que la decisión se adopte con observancia de los
principios de ultra y extra petita en materia laboral y que se condene en costas
y agencias en derecho a las entidades demandadas.

3

Número Interno: 1300-2026
Demandante: Diego Raúl Álvarez Polo
Demandado: Empresas Públicas Municipales de Canalete – Empucan

1.2 Hechos

7. El señor Diego Raúl Álvarez Polo, manifestó que, fue nombrado como jefe
de control interno de las Empresas Públicas Municipales de Canalete
(EMPUCAN), a partir del Primero (1º) de febrero de Dos Mil Trece (2013),
cargo que desempeñó hasta el Primero (1º) de febrero de Dos Mil Diecisiete
(2017).

8. Indicó que, durante su vinculación laboral, solicitó el reajuste salarial
correspondiente a la vigencia Dos Mil Dieciséis (2016) y el pago de salarios
adeudados; sin embargo, la entidad no accedió a dichas solicitudes.

9. Señaló que, una vez finalizada su relación laboral, las entidades
demandadas no le reconocieron ni pagaron la totalidad de los salarios y
prestaciones sociales causados durante los años Dos Mil Trece (2013) a Dos
Mil Diecisiete (2017), entre ellos cesantías, intereses a las cesantías,
vacaciones, primas de servicios y reajuste salarial.

10. Sostuvo que, las cesantías causadas durante su vinculación, no fueron
consignadas oportunamente al fondo administrador correspondiente, pese a
encontrarse sometido al régimen anualizado de cesantías previsto en las
Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996.

11. Afirmó igualmente que, las cesantías definitivas derivadas de la
terminación de su vínculo laboral, tampoco fueron pagadas dentro del término
legal, razón por la cual, considera procedente el reconocimiento de la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.

12. Finalmente, señaló que el Cinco (05) de abril de Dos Mil Diecisiete (2017),
presentó peticiones ante las Empresas Públicas Municipales de Canalete
(EMPUCAN) y el municipio de Canalete, con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de las acreencias laborales reclamadas; no obstante,
las entidades guardaron silencio, configurándose así los actos administrativos
fictos o presuntos negativos que motivaron la presentación de la demanda.

4

Número Interno: 1300-2026
Demandante: Diego Raúl Álvarez Polo
Demandado: Empresas Públicas Municipales de Canalete – Empucan

1.3 Normas violadas y concepto de violación.

13. La parte demandante invocó como normas vulneradas los artículos 23 y
53 de la Constitución Política; el artículo 99 de la Ley 50 de 1990; el artículo
13 de la Ley 344 de 1996; los artículos 1.º y 2.º de la Ley 244 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006; y el artículo 1.º del Decreto 244 de 2016.

14. Como concepto de violación, sostuvo que, las entidades demandadas
desconocieron las disposiciones que regulan el reconocimiento y pago de
salarios y prestaciones sociales de los servidores públicos, al omitir el pago de
las acreencias laborales causadas durante su vinculación como jefe de control
interno de las Empresas Públicas Municipales de Canalete (EMPUCAN).

15. Señaló que, en virtud de lo previsto en las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996,
las cesantías debían ser liquidadas anualmente y consignadas oportunamente
en el fondo administrador correspondiente; sin embargo, afirmó que la entidad
incumplió dicha obligación, circunstancia que genera el reconocimiento de la
sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retardo.

16. Finalmente, manifestó que, las entidades demandadas tampoco
efectuaron el pago oportuno de las cesantías definitivas, ni reconocieron el
reajuste salarial previsto en el Decreto 244 de 2016, razón por la cual,
consideró procedente el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la
Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, así como, de las demás
acreencias laborales reclamadas.

2. Contestación de la demanda.

2.1. Empresas Públicas Municipales de Canalete (EMPUCAN)4.

17. La entidad demandada, no contestó la demanda.

4
El Tribunal Administrativo de Córdoba, dejó constancia de la ausencia de respuesta de la entidad demanda, en la
sentencia del Diez (10) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026).

5

Número Interno: 1300-2026
Demandante: Diego Raúl Álvarez Polo
Demandado: Empresas Públicas Municipales de Canalete – Empucan

2.1. Municipio de Canalete (Córdoba)5.

18. La entidad demandada, no contestó la demanda.

3. La sentencia de primera instancia6.

19. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Quinta de Decisión, mediante
sentencia proferida el Diez (10) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026),
resolvió:

«PRIMERO: Declarar probada de oficio la excepción de carencia de legitimación
en la causa por pasiva frente al Municipio de Canalete, por las razones expuestas
en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Declarar la nulidad del acto ficto o presunto producto del silencio
administrativo en virtud del cual negó el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales y salarios adeudados solicitados por el demandante el 5 de
abril de 2017 ante las Empresas Públicas Municipales de Canalete, con lo
considerando en esta providencia.

TERCERO: Declarar probada de oficio la excepción de la prescripción de los
intereses sobre las cesantías causados en el año 2013, sanción moratoria
consagrada en la Ley 50 de 1990 por la no consignación oportuna de las
cesantías causadas en el año 2013, el reconocimiento y pago de las vacaciones
causadas en el año 2013, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a las Empresas
Públicas de Canalete a reconocer y pagar a favor del señor Diego Raúl Álvarez
Polo los siguientes valores:

a) La suma de cinco millones ochocientos cuarenta mil trescientos cuatro
pesos colombianos ($5.840.304), por concepto de los salarios causados en los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, diferencias salariales no
percibidas de enero a septiembre de 2016 y salario de enero de 2017, tal como
fue liquidado en el cuadro nro. 01 dispuesto en la parte considerativa de esta
providencia.

b) La suma de un millón setecientos treinta y cuatro mil ochocientos
setenta y ocho pesos colombianos con un centavo ($1.734.878,1), por concepto
de las primas de servicios causadas en los años 2015, 2016 y 2017, tal como fue
liquidado en el cuadro nro. 02 y conforme lo dispuesto en la parte considerativa
de esta providencia.

c) La suma de cuatro millones novecientos noventa y tres mil doscientos
ochenta y seis pesos colombianos ($4.993.286), por concepto del auxilio de
cesantía causada en los 2013 a 2016, tal como fue liquidado en el cuadro nro. 03
y conforme lo dispuesto en la parte considerativa de esta providencia.

d) La suma de cuatrocientos setenta y un mil ciento veintiún pesos
colombianos con treinta y seis centavos ($471.121,36), por concepto intereses
sobre las cesantías causadas en los años de 2014 a 2017, en atención a la
prescripción decretada para la vigencia de 2013, tal como fue liquidado en el

5
. Ibidem.
6
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00037.

6

Número Interno: 1300-2026
Demandante: Diego Raúl Álvarez Polo
Demandado: Empresas Públicas Municipales de Canalete – Empucan

cuadro nro. 04 y conforme lo dispuesto en la parte considerativa de esta
providencia.

e) La suma de treinta millones setecientos setenta y ocho mil ciento
diecinueve pesos colombianos con veintiséis centavos ($30.778.119,26), por
concepto de sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, relativa a la no
consignación oportuna del auxilio de cesantía causado en los años 2014 y 2015,
en atención a la prescripción decretada para la vigencia de 2013, tal como fue
liquidada en el cuadro nro. 05 dispuesto en la parte considerativa de esta
providencia.

f) La suma de tres millones quinientos setenta y dos mil doscientos
cuarenta y siete pesos colombianos con cincuenta y cinco centavos
($3.572.247,55), por concepto de vacaciones causadas en los años 2014, 2015
y 2016, y por compensación de las vacaciones generadas en el 2017, en atención
a la prescripción decretada para la vigencia de 2013, tal como fue liquidada en el
cuadro nro. 06 y lo dispuesto en la parte considerativa de esta providencia.

El pago de estas sumas de dinero reconocidas en esta Sentencia se ajustará en
su valor, de conformidad con lo establecido por el artículo 187 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de
2011 - hasta la ejecutoria de la presente providencia, dando aplicación a la
siguiente fórmula:

R = Rh X Índice final
Índice inicial

En el que el valor presente (R) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh), que
corresponde a la suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor, vigente a la fecha de ejecución de la presente
sentencia certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), por el índice inicial vigente para la fecha en que debió realizarse el pago
correspondiente.

QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo
considerado en esta providencia.

SEXTO: Sin condena en costas en esta instancia, de acuerdo con lo expuesto en
la parte motiva de la presente providencia.»

20. El Tribunal consideró acreditado que, el señor Diego Raúl Álvarez Polo,
estuvo vinculado a las Empresas Públicas Municipales de Canalete, como jefe
de control interno entre el Primero (1º) de febrero de Dos Mil Trece (2013) y el
Primero (1º) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), en calidad de empleado
público de una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal,
por lo que, le resultaban aplicables las normas que regulan el régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos territoriales.

21. Indicó que, del material probatorio obrante en el expediente, se acreditó la
existencia de acreencias laborales insolutas a favor del demandante, entre
ellas salarios, diferencias salariales derivadas del reajuste previsto en el
Decreto 244 de 2016, primas de servicios, cesantías, intereses sobre las
cesantías y vacaciones causadas durante parte del período laborado, razón

7

Número Interno: 1300-2026
Demandante: Diego Raúl Álvarez Polo
Demandado: Empresas Públicas Municipales de Canalete – Empucan

por la cual, declaró la nulidad del acto ficto negativo y ordenó su
reconocimiento y pago.

22. Precisó que, algunas de las prestaciones reclamadas se encontraban
afectadas por el fenómeno de la prescripción, particularmente los intereses
sobre las cesantías de la vigencia 2013, las vacaciones causadas en dicha
anualidad y la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990, respecto de las cesantías correspondientes al mismo año, por lo que,
declaró de oficio la excepción de prescripción frente a tales conceptos.

23. Asimismo, concluyó que, no era posible atribuir responsabilidad al
Municipio de Canalete, por las obligaciones laborales reclamadas, debido a
que las Empresas Públicas Municipales de Canalete, cuentan con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera,
circunstancia que, condujo a declarar probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, respecto de dicha entidad territorial.

24. Finalmente, se abstuvo de imponer condena en costas, al considerar que
la parte demandada no intervino en el proceso y que no se acreditaron los
presupuestos legales para su imposición.

4. El recurso de apelación7.

25. La parte demandante, por conducto de apoderada judicial, interpuso
recurso de apelación contra la sentencia del Diez (10) de marzo de Dos Mil
Veintiséis (2026), al considerar que, el Tribunal Administrativo de Córdoba,
incurrió en errores jurídicos y probatorios al resolver parcialmente las
pretensiones de la demanda.

26. Sostuvo que, el A quo calificó erróneamente como prematura, la
reclamación de la sanción moratoria, respecto de las cesantías
correspondientes a la vigencia 2016, pues, al momento de la reclamación
administrativa, ya se encontraba configurada la mora en el pago de dicha
prestación, especialmente por haberse producido el retiro del servicio antes

7
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00041.

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Número Interno: 1300-2026
Demandante: Diego Raúl Álvarez Polo
Demandado: Empresas Públicas Municipales de Canalete – Empucan

del vencimiento del plazo para su consignación.

27. Indicó que, el Tribunal desconoció los efectos jurídicos derivados del
silencio administrativo negativo, configurado frente a la reclamación
presentada el Cinco (05) de abril de Dos Mil Diecisiete (2017), circunstancia
que, a su juicio, evidenciaba la conducta omisiva de la administración y hacía
plenamente exigible la sanción moratoria reclamada.

28. Señaló que, la decisión impugnada impuso una carga excesiva al exigir
una reclamación administrativa adicional, para solicitar la sanción moratoria, lo
que vulneraba los derechos de acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva, además de constituir un exceso ritual manifiesto en
detrimento de la prevalencia del derecho sustancial.

29. Manifestó que, el Tribunal incurrió en errores al liquidar la sanción
moratoria, las primas de servicios, las cesantías y los intereses sobre
cesantías, debido a que no valoró adecuadamente la certificación salarial
expedida por la entidad empleadora y empleó bases de liquidación inferiores
a las acreditadas en el expediente.

30. Finalmente, afirmó que la condena debía hacerse extensiva al Municipio
de Canalete, en atención a su relación con las Empresas Públicas Municipales
de Canalete (EMPUCAN) y a la necesidad de garantizar la efectividad material
de la sentencia frente a la eventual liquidación de dicha entidad. En
consecuencia, solicitó revocar parcialmente la providencia apelada y acceder
a las pretensiones formuladas en el recurso.

5. Trámite de segunda instancia

31. Mediante auto del Primero (01) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026)8, el
consejero sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, contra la sentencia de primera instancia y dispuso que, una vez
ejecutoriada dicha providencia, el expediente regresara al despacho para fallo,
salvo que las partes formularan solicitud probatoria, de conformidad con los

8
Expediente digital – Samai – índice 00004.

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Número Interno: 1300-2026
Demandante: Diego Raúl Álvarez Polo
Demandado: Empresas Públicas Municipales de Canalete – Empucan

artículos 212 y 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

6. Concepto del Ministerio Público.

32. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

33. El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia
de este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del
CPACA9.

2.2 Problema jurídico

34. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

34.1 ¿Debe modificarse la sentencia del Diez (10) de marzo de Dos Mil
Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Quinta de Decisión, en cuanto negó el reconocimiento de la
sanción moratoria, derivada de la falta de consignación oportuna de las
cesantías correspondientes a la vigencia 2016, al considerar que, su
reclamación resultaba prematura, o, por el contrario, para el momento
en que el señor Diego Raúl Álvarez Polo, presentó las peticiones del
Cinco (05) de abril de Dos Mil Diecisiete (2017), ya se encontraba
configurada la mora que habilitaba el reconocimiento de dicha sanción?

34.2. Asimismo, ocupará la atención del presente problema jurídico, ¿si
los efectos del silencio administrativo negativo configurado frente a las
peticiones radicadas por el demandante relevaban a este de presentar

9
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. Modificado por el art. 615, Ley 1564 de
2012. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

10

Número Interno: 1300-2026
Demandante: Diego Raúl Álvarez Polo
Demandado: Empresas Públicas Municipales de Canalete – Empucan

una reclamación adicional para obtener el reconocimiento de la sanción
moratoria, o resultaba jurídicamente procedente la exigencia efectuada
por el Tribunal para efectos de su reconocimiento?

34.3. Finalmente, ¿si debe modificarse la sentencia apelada en relación
con la liquidación de las primas de servicios, cesantías, intereses sobre
cesantías y sanción moratoria reconocidas al demandante, así como
respecto de la declaratoria de falta de legitimación en la causa por
pasiva del Municipio de Canalete (Córdoba)?

35. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3 Marco normativo y jurisprudencial; 2.4 Hechos
probados; 2.5. Caso concreto y 2.6. Condena en costas.

2.3 Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Del empleo público y las formas de vinculación con el Estado.

36. El artículo 122 de la Constitución Política, dispone que, no habrá empleo
público que no tenga funciones detalladas en la ley o el reglamento y que, para
proveer los cargos remunerados, se requiere que, estos se encuentren
previstos en la respectiva planta de personal y cuenten con apropiación
presupuestal para el pago de sus emolumentos.

37. Así mismo, establece que, ningún servidor público, podrá entrar a ejercer
sus funciones sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y
desempeñar los deberes que le incumben. A partir de dicha disposición
constitucional, el ordenamiento jurídico colombiano, ha previsto distintas
formas de vinculación con las entidades públicas, cada una con elementos
propios y un régimen jurídico particular.

38. En efecto, esta Corporación ha señalado que 10, en el sector público,
pueden identificarse tres modalidades principales de vinculación: (i) la legal y

10
Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A Consejero ponente:
Gabriel Valbuena Hernández, Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veinte (2020). Radicación número:
23001-23-31-000-2010-00176-01(4415-18)

11

Número Interno: 1300-2026
Demandante: Diego Raúl Álvarez Polo
Demandado: Empresas Públicas Municipales de Canalete – Empucan

reglamentaria, correspondiente a los empleados públicos; (ii) la contractual
laboral, propia de los trabajadores oficiales; y (iii) la derivada de los contratos
de prestación de servicios, regulados por la legislación estatal de contratación.

39. Respecto de los empleados públicos, la Sala ha precisado que, se trata de
personas vinculadas mediante acto administrativo de nombramiento y
posesión, para el ejercicio de funciones previamente definidas en la ley, el
reglamento o el manual específico de funciones de la entidad respectiva.

40. En ese sentido, para que pueda predicarse válidamente la existencia de
un empleo público, deben concurrir, entre otros, los siguientes elementos: (i)
la existencia del cargo en la planta de personal de la entidad; (ii) la
determinación de las funciones correspondientes; (iii) la previsión presupuestal
de los emolumentos; y (iv) la designación válida seguida de la respectiva
posesión.

41. Así mismo, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que, los
trabajadores oficiales también desempeñan funciones al servicio del Estado;
sin embargo, su vinculación se rige por una relación contractual de naturaleza
laboral, sometida a disposiciones especiales, entre ellas, los Decretos 3135 de
1968 y 1333 de 1986, así como las normas laborales aplicables.

2.3.2. Sobre la sanción moratoria.

42. La Ley 244 del 29 de diciembre de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para
el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones», señala el procedimiento para la liquidación y pago de las
cesantías definitivas de todos los servidores públicos, y en el parágrafo del artículo 2
regula la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública
empleadora consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago
efectivo de las mismas11.

43. Esta ley fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio de

11
“Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada
reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que
se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la
mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste”.

12

Número Interno: 1300-2026
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Demandado: Empresas Públicas Municipales de Canalete – Empucan

2006, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales
a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación » (art. 1).

Igualmente, estipuló el término para la expedición de la resolución que
reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria, en los
artículos 4 y 5 así:

Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá
ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme
el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o
parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio
de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales
de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus
propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar
la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la
entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en
el pago se produjo por culpa imputable a este.

44. Ahora bien, con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace
exigible la sanción por mora, la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018
estudió las distintas hipótesis que pueden presentarse en cuanto a la forma y
oportunidad del acto de reconocimiento de la prestación (acto ficto o expreso
oportuno o extemporáneo), la notificación, interposición de recursos y términos
de ejecutoria de dicha actuación, y determinó las siguientes reglas
jurisprudenciales12:

SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías, las siguientes reglas:

i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales

12
La Sección Segunda consideró que “en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación
social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción
moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles
para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la
decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución”.

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se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción
moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución;
ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser
notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se
verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el
acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá
considerarse el término dispuesto en la ley13 para que la entidad intentará
notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la
notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y
1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el
peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto
adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos,
los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables
para sanción moratoria.

iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se
notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el
pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.

45. Por último, la citada sentencia de unificación también sentó jurisprudencia
en cuanto al salario de liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad
de indexar esa base (sin perjuicio de la actualización de la respectiva
condena):

TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base
para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha
en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las
cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la
asignación básica vigente al momento de la causación de la mora sin que varíe
por la prolongación en el tiempo.

CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria
por pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 187 del CPACA.

2.3.3. Sobre la prescripción de la sanción moratoria por pago inoportuno
o no pago de cesantías definitivas de la Ley 244 de 1995.

46. En la sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de
2023, la Sección Segunda de esta Corporación, estableció las reglas sobre la
prescripción de la sanción moratoria, por pago inoportuno o no pago de cesantías
definitivas así14:

«(i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el

13
Artículo 69 CPACA.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023,
radicado 080012333000201200200-02 (2459-2014), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas, regulado por el artículo
151 del CPTSS, se inicia a contabilizar desde que la penalidad se hace exigible,
esto es, al vencimiento del plazo legal para el pago de la prestación social. Si el
reclamo de la sanción se presenta después de los tres años contados desde su
exigibilidad, se configura la prescripción total.

(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del
pago tardío o no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez
con la reclamación oportuna, y por un lapso igual de tres años, que no puede ser
entendido como un término que habilita al beneficiario para presentar múltiples
solicitudes, sin que opere la prescripción.

(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido
el derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para
reclamar la sanción moratoria.»

2.4 Hechos probados y valoración del material probatorio.

47. Con fundamento en el material probatorio obrante en el expediente,
valorado en su integridad y conforme a las reglas de la sana crítica, la Sala
tiene por acreditados los siguientes hechos relevantes para resolver el caso
concreto:

48. Mediante Acuerdo No. 021 del Treinta (30) de noviembre de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996) 15, el Concejo Municipal de Canalete
(Córdoba) creó las Empresas Públicas Municipales de Canalete (EMPUCAN),
como una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal,
dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa,
encargada de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, aseo y recolección de basuras, entre otros previstos
en la Ley 142 de 1994.

49. Posteriormente, mediante Acuerdo No. 001 del Veinte (20) de diciembre
de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), las Empresas Públicas Municipales
de Canalete adoptaron sus estatutos internos, en los cuales se dispuso que el
gerente sería nombrado por el alcalde municipal; se estableció la existencia
del cargo de jefe de control interno; se previó que la duración de la entidad
sería indefinida; y se señaló que, por regla general, quienes prestaran sus
servicios en la empresa tendrían la condición de trabajadores oficiales,
exceptuándose expresamente los empleados de los niveles directivo, asesor

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01PrimeraInstancia – C01Princial – 04Demanda – Folio No. 35 a 38.

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y profesional, así como el jefe de control interno, quienes ostentarían la calidad
de empleados públicos.

50. A través de la Resolución No. 001 del Primero (1º) de febrero de Dos Mil
Trece (2013)16, el gerente de las Empresas Públicas Municipales de Canalete,
nombró al señor Diego Raúl Álvarez Polo, en el cargo de jefe de control interno
de dicha entidad.

51. Obra solicitud presentada el Dieciocho (18) de agosto de Dos Mil Dieciséis
(2016)17, mediante la cual, el señor Diego Raúl Álvarez Polo, requirió a las
Empresas Públicas Municipales de Canalete, el reconocimiento del reajuste
salarial correspondiente a la vigencia Dos Mil Dieciséis (2016), de conformidad
con el incremento fijado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 244 de
2016, así como, el pago de las sumas dejadas de percibir por dicho concepto.

52. Asimismo, mediante petición radicada el Treinta (30) de noviembre de Dos
Mil Dieciséis (2016)18, el demandante solicitó el reconocimiento y pago de los
salarios adeudados, correspondientes a los meses de septiembre, octubre y
noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016), así como, la actualización de su
asignación salarial para dicha vigencia, conforme al incremento decretado por
el Gobierno Nacional.

53. Mediante oficio del Treinta y Uno (31) de enero de Dos Mil Diecisiete

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01PrimeraInstancia – C01Princial – 04Demanda – Folio No. 27.
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01PrimeraInstancia – C01Princial – 04Demanda – Folio No. 28.
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01PrimeraInstancia – C01Princial – 04Demanda – Folio No. 29.

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(2017)19, el gerente de las Empresas Públicas Municipales de Canalete,
informó al señor Diego Raúl Álvarez Polo, que la relación legal y reglamentaria
que lo vinculaba con la entidad finalizaría a partir del Primero (1º) de febrero
de Dos Mil Diecisiete (2017).

54. El Cinco (05) de abril de Dos Mil Diecisiete (2017) 20, el señor Diego Raúl
Álvarez Polo, presentó solicitud ante el Municipio de Canalete y las Empresas
Públicas Municipales de Canalete, mediante la cual, requirió la expedición del
acto administrativo de reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones
sociales que estimó adeudados, entre ellos cesantías, intereses sobre
cesantías, vacaciones, primas de servicios y primas de navidad causadas
durante los años 2013 a 2017, así como, los salarios insolutos y el reajuste
salarial correspondiente a la vigencia 2016.

55. Obra certificación expedida por las Empresas Públicas Municipales de
Canalete, en la cual, se hizo constar que al demandante le fueron pagados los
salarios y algunas prestaciones durante los años 2013 a 2016 21; sin embargo,
subsistían obligaciones pendientes por concepto de cesantías, intereses sobre
cesantías, vacaciones, prima de servicios, salarios correspondientes a varios
meses de la vigencia 2016 y el reajuste salarial de dicha anualidad. Asimismo,
se certificó que para la vigencia 2017 se adeudaban el salario del mes de
enero, la prima de servicios, las cesantías, los intereses sobre cesantías y las
vacaciones.

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01PrimeraInstancia – C01Princial – 04Demanda – Folio No. 30.
20
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01PrimeraInstancia – C01Princial – 04Demanda – Folio No. 17 a 21 y 22 a 26.
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01PrimeraInstancia – C01Princial – 04Demanda – Folio No. 31 a 34.

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56. Mediante certificación expedida el Trece (13) de noviembre de Dos Mil
Diecinueve (2019)22, la gerente de las Empresas Públicas Municipales de
Canalete informó que, en los archivos de la entidad no reposaban soportes
que acreditaran pagos efectuados al señor Diego Raúl Álvarez Polo, por
concepto de cesantías.

57. Finalmente, mediante comunicación recibida el Veinticuatro (24) de febrero
de Dos Mil Veinte (2020)23, el Fondo Nacional del Ahorro certificó que, el señor
Diego Raúl Álvarez Polo, nunca ha estado afiliado a dicha entidad, ni al
sistema de cesantías, ni al sistema de ahorro voluntario contractual.

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Expediente digital – Samai – - Gestión en otros despachos – índice 00047 – 23001233300020180007400 –
01PrimeraInstancia – C01Princial – 18RespuestaRequerimiento.
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01PrimeraInstancia – C01Princial – 20RespuestaRequerimiento.

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2.5. Caso concreto.

58. La Sala advierte que, en el sub examine, la parte demandante sostiene
que, la sentencia apelada debe ser modificada parcialmente, por cuanto, en
su criterio, el Tribunal Administrativo de Córdoba, incurrió en errores jurídicos
y probatorios al negar el reconocimiento de la sanción moratoria, respecto de
las cesantías correspondientes a la vigencia Dos Mil Dieciséis (2016); liquidar
de manera incorrecta algunas acreencias laborales; y declarar probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Municipio de
Canalete (Córdoba).

59. En particular, el apelante afirma que, para el momento en que presentó la
reclamación administrativa, esto es, el Cinco (05) de abril de Dos Mil Diecisiete
(2017), ya se encontraba configurada la mora en la consignación de las
cesantías correspondientes a la vigencia Dos Mil Dieciséis (2016), por lo que
resultaba improcedente considerar prematura la solicitud de reconocimiento
de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

60. El planteamiento del apelante, exige distinguir dos regímenes
sancionatorios que, aunque tienen como presupuesto común el
incumplimiento de obligaciones relacionadas con el auxilio de cesantías,
responden a supuestos normativos diferentes.

61. De una parte, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, aplicable a los empleados
públicos del nivel territorial en virtud de la Ley 344 de 1996, establece una
sanción por la falta de consignación oportuna de las cesantías anualizadas en
el fondo correspondiente. Esta sanción, se genera cuando el empleador
incumple el deber legal de consignar las cesantías causadas durante la
vigencia inmediatamente anterior dentro del término previsto por el legislador.

62. De otra parte, las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, regulan una hipótesis
distinta, consistente en la mora en el reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas o parciales una vez el servidor presenta la respectiva solicitud. En
este evento, la exigibilidad de la sanción, depende del agotamiento de los
términos que la administración tiene para decidir la petición y efectuar el pago
de la prestación, según las reglas unificadas por esta Corporación.

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63. La anterior diferenciación, resulta necesaria porque el recurso de
apelación, parte de la premisa que, el Tribunal confundió ambos regímenes al
exigir una reclamación posterior para efectos del reconocimiento de la sanción;
Sin embargo, una lectura integral de la providencia apelada evidencia que, la
razón determinante de la decisión, no consistió en desconocer que el término
para efectuar la consignación correspondiente a la vigencia Dos Mil Dieciséis
(2016) hubiera expirado, sino en advertir que, la solicitud administrativa
presentada por el actor comprendía simultáneamente el reconocimiento de las
cesantías definitivas con ocasión de su retiro del servicio y el pago de las
sanciones derivadas de su incumplimiento, sin permitir que la administración
definiera previamente la existencia, cuantía y exigibilidad de la obligación
principal.

64. Ahora bien, la Sala estima pertinente precisar que el Tribunal no limitó su
análisis a la sanción prevista en el numeral 3.º del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 por la falta de consignación oportuna de las cesantías anualizadas.
También examinó la procedencia de la sanción moratoria regulada en la Ley
244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, respecto de las cesantías
definitivas reclamadas por el demandante como consecuencia de la
terminación de su vínculo laboral el Primero (1.º) de febrero de Dos Mil
Diecisiete (2017).

65. En efecto, el Tribunal explicó que el actor, mediante la petición radicada el
Cinco (05) de abril de Dos Mil Diecisiete (2017), solicitó de manera simultánea
el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas y la sanción moratoria
derivada del presunto pago tardío de dicha prestación. A partir de esa
circunstancia y con fundamento en la jurisprudencia de esta Corporación,
concluyó que la reclamación de la sanción prevista en la Ley 244 de 1995
resultaba improcedente, por cuanto la administración aún conservaba el
término legal para pronunciarse sobre el reconocimiento de las cesantías y
efectuar su pago, de manera que no podía entenderse consolidado el
presupuesto temporal exigido para la causación de la penalidad.

66. Del mismo modo, el Tribunal distinguió el tratamiento jurídico aplicable a
las cesantías correspondientes a la vigencia Dos Mil Dieciséis (2016) frente a

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las anualidades anteriores. Explicó que, como la relación laboral finalizó el
Primero (1º) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), las cesantías causadas
durante el año 2016 ya no estaban llamadas a ser consignadas en un fondo
de cesantías, sino que debían ser reconocidas y pagadas directamente al
demandante como cesantías definitivas, al igual que las causadas durante el
período laborado en el mes de enero de 2017. En consecuencia, concluyó que
respecto de tales anualidades resultaba aplicable el régimen previsto en las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y no las reglas relativas a la consignación
anualizada contempladas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

67. Bajo ese contexto, la Sala advierte que el recurso de apelación no logra
desvirtuar la motivación expuesta por el Tribunal. Si bien el apelante insiste en
que para el Cinco (05) de abril de Dos Mil Diecisiete (2017) ya había vencido
el término previsto para la consignación de las cesantías correspondientes a
la vigencia Dos Mil Dieciséis (2016), dicho argumento parte del supuesto de
que a esa anualidad continuaba aplicándose el régimen de consignación
anualizada. Sin embargo, como lo explicó el A quo, la terminación de la
relación laboral modificó el régimen jurídico aplicable a las cesantías causadas
durante esa vigencia, razón por la cual el análisis de la sanción debía
realizarse conforme a las reglas que gobiernan las cesantías definitivas y no
bajo el régimen de consignación previsto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

68. En ese orden de ideas, la Sala comparte la conclusión del Tribunal, en
cuanto consideró improcedente el reconocimiento de la sanción moratoria
prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, pues al
momento de formular la reclamación administrativa el demandante solicitó
simultáneamente el reconocimiento de las cesantías definitivas y el pago de la
sanción derivada de su eventual mora, sin que hubiese transcurrido el término
legal del que disponía la administración para resolver la solicitud y efectuar el
pago de la prestación.

69. En efecto, el Tribunal fundamentó su decisión en la jurisprudencia de esta
Corporación, según la cual, cuando el interesado reclama de manera
concurrente el reconocimiento de las cesantías y la sanción por mora en su
pago, la administración conserva el término legal previsto para pronunciarse
sobre la prestación principal y efectuar, en caso de ser procedente, su

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reconocimiento y pago, de manera que la sanción no puede entenderse
consolidada antes del vencimiento de dicho término.

70. Bajo esa perspectiva, la conclusión del A quo no obedeció a que la sanción
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 requiera, en todos los casos, la
expedición previa de un acto administrativo de reconocimiento de las
cesantías, ni a que el silencio administrativo negativo excluya la posibilidad de
reclamar las consecuencias derivadas del incumplimiento de la obligación
legal de consignarlas. Lo que explicó el Tribunal fue que, en las circunstancias
particulares del proceso, la reclamación formulada por el demandante
comprendía simultáneamente la determinación de la obligación principal y la
imposición de las consecuencias sancionatorias derivadas de su eventual
incumplimiento, sin que hubiese transcurrido el iter procedimental previsto por
el legislador para que la administración definiera la prestación reclamada.

71. En ese orden de ideas, la Sala estima necesario precisar que, el silencio
administrativo negativo, producido respecto de la petición presentada por el
actor, el Cinco (05) de abril de Dos Mil Diecisiete (2017), no tiene la virtualidad
de modificar los presupuestos sustanciales de procedencia de las distintas
sanciones previstas por el ordenamiento jurídico. Su configuración habilita al
interesado para acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa con el
propósito de controvertir la legalidad del acto ficto y obtener el reconocimiento
judicial de las prestaciones reclamadas; sin embargo, no releva al demandante
de acreditar que, para el momento en que pretende el reconocimiento de cada
una de las consecuencias sancionatorias, se encontraban satisfechos los
presupuestos normativos que gobiernan su exigibilidad.

72. De ahí que no resulte acertada la interpretación propuesta por el apelante,
según la cual, la sola configuración del silencio administrativo negativo
comportaba el reconocimiento automático del derecho a la sanción moratoria
reclamada. La institución del silencio negativo constituye un mecanismo
procesal destinado a garantizar el acceso a la administración de justicia frente
a la inactividad de la administración, pero no sustituye los requisitos materiales
establecidos por el legislador para la causación de las sanciones derivadas del
incumplimiento de obligaciones laborales.

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73. En consecuencia, aun cuando el apelante sostiene que, la mora se produjo
automáticamente por el solo vencimiento del término previsto para efectuar la
consignación de las cesantías de la vigencia 2016, dicho planteamiento no
desvirtúa el fundamento esencial de la decisión adoptada por el Tribunal,
consistente en que la reclamación administrativa presentada el Cinco (05) de
abril de Dos Mil Diecisiete (2017), involucró simultáneamente la determinación
de las cesantías adeudadas y las consecuencias sancionatorias derivadas de
su incumplimiento, circunstancia que impedía tener por consolidado, en ese
momento, el presupuesto necesario para acceder a la pretensión sancionatoria
en los términos propuestos por el actor.

74. De otra parte, en relación con la inconformidad planteada frente a la
liquidación de las primas de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías y
sanción moratoria, la Sala advierte que, el apelante sostiene que el Tribunal
empleó bases de liquidación inferiores a las acreditadas en el expediente y
omitió valorar adecuadamente la certificación salarial expedida por las
Empresas Públicas Municipales de Canalete. No obstante, del examen de la
sentencia recurrida se evidencia que el A quo efectuó la liquidación de las
acreencias reconocidas con fundamento en la certificación expedida por las
Empresas Públicas Municipales de Canalete, así como, en los demás
elementos probatorios obrantes en el expediente, precisando, de manera
detallada, las operaciones realizadas y las bases salariales empleadas para
cada uno de los conceptos reconocidos.

75. Al examinar la providencia recurrida, advierte la Sala que, el Tribunal no
efectuó una liquidación arbitraria o desprovista de sustento probatorio. Por el
contrario, para cada una de las prestaciones reconocidas identificó el régimen
jurídico aplicable, determinó los factores salariales que, conforme a la
normativa correspondiente, integraban la base de liquidación y procedió a
cuantificar cada acreencia con fundamento en la información acreditada en el
proceso. Así ocurrió, respecto de las cesantías, los intereses sobre las
cesantías, las vacaciones y la prima de servicios, prestaciones cuya
liquidación fue realizada diferenciando las vigencias reclamadas y aplicando
las reglas legales propias de cada una de ellas.

76. Particularmente, en lo concerniente a la prima de servicios, el Tribunal

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explicó que, la liquidación debía efectuarse únicamente con los factores
salariales cuya percepción se encontraba acreditada dentro del expediente,
precisando que, si bien el artículo 2 del Decreto 2351 de 2014, contempla
diversos conceptos para integrar la base de liquidación, en el caso concreto
solo se demostró el pago de la asignación básica mensual. No obstante, la
providencia también examinó la incidencia de la bonificación por servicios
prestados a partir de la expedición del Decreto 2418 de 2015, efectuando las
consideraciones que estimó pertinentes sobre su inclusión.

77. De igual forma, respecto de los intereses sobre las cesantías, el Tribunal
distinguió las anualidades respecto de las cuales, operó la prescripción trienal
de aquellas que permanecían exigibles y elaboró un cuadro individualizado
con los valores correspondientes a cada vigencia. Incluso, advirtió que, los
montos obtenidos para las anualidades Dos Mil Dieciséis (2016) y Dos Mil
Diecisiete (2017) excedían los expresamente solicitados por la parte
demandante, razón por la cual, limitó la condena a las sumas reclamadas, en
aplicación del principio de congruencia previsto en el artículo 281 del Código
General del Proceso.

78. En atención al reparo formulado por el apelante, la Sala confrontó las
liquidaciones acogidas por el Tribunal con la certificación expedida por las
Empresas Públicas Municipales de Canalete –EMPUCAN, documento en el
que la propia entidad discriminó los salarios devengados por el actor durante
cada una de las anualidades comprendidas entre Dos Mil Trece (2013) y Dos
Mil Diecisiete (2017), así como, las prestaciones sociales adeudadas por cada
vigencia. De dicho ejercicio de verificación se obtiene el siguiente resultado:

Intereses a
Prima de Otros
Vigencia Cesantías las Vacaciones Total anual
servicios conceptos
cesantías
2013 $1.133.333 $1.133.333 $123.951 $1.133.333 — $3.523.950
2014 $1.252.436 $1.252.436 $152.379 $1.252.436 — $3.909.687
2015 $1.310.048 $1.310.048 $159.384 $1.310.048 — $4.089.528
Reajuste
2016 $1.366.183 $1.366.183 $166.674 $1.366.183 salarial $4.885.432
$620.209
2017 $115.714 $115.714 $1.195 $57.857 — $290.480

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Certificación Razón de la
Concepto Liquidación Tribunal
EMPUCAN diferencia
Se incluyó el reajuste
salarial de 2016
Salarios 2016-2017 $5.789.996 $5.840.304
acreditado en el
expediente.
El Tribunal aplicó la
prescripción, liquidó
únicamente las
vigencias reclamadas
y calculó la prestación
conforme a los
factores salariales
Prima de servicios $2.791.945 $1.734.878,10
legalmente
demostrados,
incorporando la
bonificación por
servicios prestados
únicamente desde
2016.
La liquidación se
ajustó al principio de
congruencia, limitando
Cesantías $5.061.531 $4.993.286
la condena al monto
solicitado para la
anualidad 2016.
Se declaró prescrita la
anualidad 2013 y,
además, se respetaron
Intereses sobre
$603.583 $471.121,36 las sumas reclamadas
cesantías
para 2016 y 2017
conforme al principio
de congruencia.
Se reconocieron
únicamente las
No discriminada anualidades 2014 y
Sanción Ley 50 conforme al análisis $30.778.119,26 2015, por encontrarse
judicial prescrita la
correspondiente a
2013.
El Tribunal excluyó la
anualidad 2013 por
prescripción y limitó las
Vacaciones $5.119.857 $3.572.247,55 condenas de 2016 y
2017 a lo
expresamente pedido
en la demanda

79. La confrontación precedente permite a la Sala advertir que, la certificación
expedida por las Empresas Públicas Municipales de Canalete constituyó el
principal soporte probatorio para la cuantificación de las acreencias laborales;
sin embargo, contrario a lo afirmado por el apelante, el Tribunal no trasladó
mecánicamente los valores allí consignados, sino que, realizó una liquidación
autónoma, depurando cada uno de los conceptos a partir de las reglas jurídicas
aplicables al caso concreto. Así, declaró la prescripción parcial de algunas
acreencias, incorporó el reajuste salarial correspondiente a la vigencia 2016,

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Demandante: Diego Raúl Álvarez Polo
Demandado: Empresas Públicas Municipales de Canalete – Empucan

incluyó la bonificación por servicios prestados únicamente cuando
normativamente procedía y, en varias prestaciones, limitó las condenas a los
montos expresamente solicitados por el demandante, en observancia del
principio de congruencia previsto en el artículo 281 del Código General del
Proceso.

80. En ese contexto, la Sala verificó las operaciones desarrolladas en la
sentencia apelada y constató que las diferencias existentes entre los valores
contenidos en la certificación de las Empresas Públicas Municipales de
Canalete –EMPUCAN y aquellos finalmente reconocidos por el Tribunal
obedecen a la aplicación de los criterios jurídicos antes descritos, y no a la
utilización de bases salariales distintas a las acreditadas en el expediente. En
consecuencia, la certificación invocada por el apelante no desvirtúa las
liquidaciones efectuadas por el A quo; por el contrario, confirma que estas
fueron elaboradas a partir de la prueba documental obrante en el proceso y
ajustadas a las normas que gobiernan el reconocimiento de cada prestación.

81. Bajo ese contexto, la Sala encuentra que el apelante no demuestra en qué
manera la certificación salarial desvirtúa las operaciones efectuadas por el
Tribunal. Si bien afirma que dicho documento contiene salarios superiores a
los utilizados en la sentencia, no explica cuál de las operaciones aritméticas
realizadas resulta equivocada, qué factor salarial legalmente computable fue
excluido de cada liquidación ni cuál sería el monto correcto de las prestaciones
cuya modificación pretende.

82. En efecto, el recurso parte de confrontar las cifras finales reconocidas por
el Tribunal con los salarios certificados por la entidad empleadora; sin
embargo, esa comparación, por sí sola, resulta insuficiente para demostrar la
existencia de un error de liquidación. Ello obedece a que las distintas
prestaciones sociales objeto de condena no necesariamente se liquidan sobre
la totalidad de los conceptos devengados por el servidor, sino únicamente
sobre aquellos factores salariales que el legislador expresamente autoriza
incorporar para cada prestación, circunstancia que impide asumir que toda
diferencia entre el salario certificado y la base utilizada por el juzgador
constituye, por sí misma, un yerro de cálculo.

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Número Interno: 1300-2026
Demandante: Diego Raúl Álvarez Polo
Demandado: Empresas Públicas Municipales de Canalete – Empucan

83. Así las cosas, correspondía al recurrente demostrar que el Tribunal omitió
incluir un factor salarial legalmente computable o aplicó equivocadamente la
fórmula prevista para la liquidación de alguna prestación específica. Sin
embargo, del contenido del recurso no se advierte un ejercicio de esa
naturaleza, pues la inconformidad se limita a sostener que las bases salariales
debieron corresponder a las consignadas en la certificación expedida por las
Empresas Públicas Municipales de Canalete - EMPUCAN, sin desarrollar una
crítica concreta frente al razonamiento jurídico contenido en la providencia
apelada.

84. Lo anterior, cobra especial relevancia, si se tiene en cuenta que, el Tribunal
explicó expresamente las razones por las cuales, determinadas prestaciones
debían liquidarse únicamente con los factores cuya percepción se encontraba
demostrada en el expediente, desarrolló separadamente el análisis de cada
una de las acreencias reconocidas e, incluso, limitó algunas condenas en
observancia del principio de congruencia, evitando reconocer valores
superiores a los pretendidos por el propio demandante. Tales consideraciones
no fueron objeto de una censura específica en el recurso de apelación.

85. En ese contexto, la Sala concluye que, el cargo no tiene vocación de
prosperidad. Si bien el apelante sostiene que el Tribunal empleó bases
salariales inferiores a las certificadas por las Empresas Públicas Municipales
de Canalete –EMPUCAN, la confrontación efectuada por esta Sala entre la
certificación salarial obrante en el expediente, las liquidaciones realizadas por
el A quo y las reglas jurídicas aplicables a cada prestación permite constatar
que las condenas fueron cuantificadas con fundamento en los elementos de
convicción legal y oportunamente allegados al proceso. En ese sentido, el
recurso no logra evidenciar la existencia de un error en la determinación de las
bases salariales, en la inclusión de los factores legalmente computables o en
las operaciones aritméticas desarrolladas por el Tribunal, razón por la cual, no
existe mérito para modificar las liquidaciones acogidas en la sentencia
apelada.

86. Finalmente, en lo concerniente a la declaratoria de falta de legitimación en
la causa por pasiva del Municipio de Canalete (Córdoba), la Sala comparte
igualmente la conclusión adoptada en primera instancia, toda vez que, como

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Demandante: Diego Raúl Álvarez Polo
Demandado: Empresas Públicas Municipales de Canalete – Empucan

quedó acreditado en el proceso, las Empresas Públicas Municipales de
Canalete, fueron creadas como una empresa industrial y comercial del Estado
del orden municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa y financiera. Por consiguiente, se trata de una
entidad distinta del Municipio de Canalete, con capacidad para adquirir
derechos, contraer obligaciones y responder patrimonialmente por los actos
derivados de su gestión.

87. Al respecto, aunque el Municipio participa en la estructura orgánica de la
entidad, y ejerce determinadas funciones de dirección y control, ello no implica
que, deba asumir automáticamente las obligaciones laborales a cargo de una
persona jurídica diferente, máxime, cuando no se acreditó la existencia de
disposición legal que establezca responsabilidad solidaria entre ambas
entidades respecto de las acreencias reclamadas.

88. Siendo así las cosas, la Sala concluye que, los argumentos formulados en
el recurso de apelación, no logran desvirtuar las razones que sustentan la
sentencia recurrida, toda vez que, no se acreditó la procedencia de una
condena adicional por concepto de sanción moratoria, respecto de las
cesantías de la vigencia Dos Mil Dieciséis (2016), tampoco se demostraron
errores en las liquidaciones efectuadas por el Tribunal, ni existen razones
jurídicas que permitan extender la condena al Municipio de Canalete
(Córdoba).

89. Con fundamento en lo expuesto en líneas precedentes, la Sala confirmará
la sentencia del Diez (10) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por
el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Quinta de Decisión, mediante la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se negaron
las demás solicitudes formuladas por la parte actora.

2.6 Condena en costas

90. Revisada la conducta procesal de las partes, la Sala no advierte
actuaciones temerarias o de mala fe, sino el ejercicio legítimo de los
mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico; por

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Demandante: Diego Raúl Álvarez Polo
Demandado: Empresas Públicas Municipales de Canalete – Empucan

consiguiente, al no reunirse los presupuestos exigidos por el artículo 188 del
CPACA, no habrá lugar a imponer condena en costas en esta instancia.

2.7. Conclusiones

91. La Sala concluye que, los argumentos formulados en el recurso de
apelación no desvirtúan la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, toda vez que, no se acreditó la procedencia de una condena
adicional por concepto de sanción moratoria respecto de las cesantías
correspondientes a la vigencia Dos Mil Dieciséis (2016), ni se demostraron
errores en la liquidación de las acreencias laborales reconocidas, ni razones
que permitan atribuir responsabilidad al Municipio de Canalete (Córdoba). En
consecuencia, se confirmará íntegramente la sentencia de primera instancia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR integralmente, la sentencia del Diez (10) de marzo
de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, mediante la cual, se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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