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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2018-00429-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2018-00429-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la sentencia del 19 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, que quedará de la siguiente manera: TERCERO: En consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho ordenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar al señor Hugo Manuel Álvarez Velásquez, una pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, desde el 26 de noviembre de 2016, en un monto equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios anterior a la adquisición del estatus jurídico (entre el 26 de noviembre de 2015 y el 25 de noviembre de 2016) y teniendo en cuenta los factores salariales que de forma expresa se enlistan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, siempre que los haya devengado y que sobre ellos se hayan realizado aportes; sin estar condicionado a la demostración del retiro definitivo del servicio. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 12 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 23001-23-33-000-2018-00429-01 (3334-2025) Demandante: Hugo Manuel Álvarez Velásquez CUARTO: Condenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que reconozca y pague a favor del señor Hugo Manuel Álvarez Velásquez, el retroactivo pensional causado desde el 26 de noviembre de 2016. SEGUNDO. Agregar el siguiente ordinal a la sentencia de primera instancia: CUARTO A: Para efectos del cumplimiento de la sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 del Decreto 2709 de 1994 y 2 de la Ley 33 de 1985, el FOMAG podrá exigir la cuota parte a COLPENSIONES por los aportes correspondientes al lapso comprendido entre el 1.º de agosto y el 30 de septiembre de 2004, durante el cual el demandante prestó sus servicios en la Universidad de Córdoba, con el fin de garantizar los principios de universalidad y solidaridad del sistema. TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2018-00429-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 23001-23-33-000-2018-00429-01 (3334-2025)
Demandante: Hugo Manuel Álvarez Velásquez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y otros1

Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente – Ley
33 de 1985 – compatibilidad entre la prestación y el salario
que devenga como docente oficial.

Decisión: Modifica la sentencia de primera instancia, en el sentido de
precisar que el actor consolidó su estatus pensional el 26
de noviembre de 2016 y confirma en lo demás.

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra
la sentencia de primera instancia del 19 de septiembre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El señor Hugo Manuel Álvarez Velásquez promovió demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que
se declare la nulidad de la Resolución 4176 de 28 de diciembre de 2018, por
medio de la cual se negó el reconocimiento de una pensión.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reconocimiento de la
pensión de conformidad con la Ley 33 de 1985, con base en los factores
salariales percibidos durante el año anterior a la consolidación del estatus
pensional; ii) el pago de los reajustes previstos en la Ley 71 de 1988; iii) la
indexación de las sumas objeto de condena; iv) el cumplimiento de la sentencia
en los términos del CPACA; y v) la condena en costas y agencias en derecho a
la parte demandada.

3. Como concepto de violación, sostuvo que el acto acusado vulneró las
normas en que debía fundarse, pues ingresó a la docencia oficial antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por lo cual le es aplicable la Ley 33 de
1985.

1
Departamento de Córdoba y municipio de Montería.

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Demandante: Hugo Manuel Álvarez Velásquez

Contestación de la demanda

4. El FOMAG, municipio de Canalete y el Departamento de Córdoba no
contestaron la demanda.

5. La Alcaldía de Montería se opuso a las pretensiones y sostuvo que el
demandante no tiene derecho a la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de
1985, por cuanto estuvo vinculado mediante contratos de prestación de servicios
en distintos entes administrativos y no hizo parte del personal docente de planta.

6. Añadió que, en consecuencia, al actor le resulta aplicable el régimen
general de pensiones establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y no
el especial del magisterio.

7. Señaló que no es procedente una condena en contra del municipio de
Montería, en la medida en que a esta entidad únicamente le corresponde expedir
el acto administrativo de reconocimiento de la pensión reclamada. Precisó que el
demandante se encuentra afiliado al FOMAG, que es el órgano facultado para
efectuar el pago de las acreencias prestacionales reclamadas en la demanda.

8. Como excepciones, propuso las siguientes: prescripción de los derechos
reclamados, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de
legitimación en la causa por pasiva y la excepción innominada.

Sentencia apelada

9. El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del 19 de
septiembre de 2025, accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes
términos:

i) Declaró no probadas las excepciones de prescripción de los derechos,
inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de legitimación
en la causa por pasiva y la innominada; y declaró de oficio la falta de
legitimación en la causa por pasiva del municipio de Canalete.

ii) Declaró la nulidad de la Resolución 4176 del 28 de diciembre de 2018,
mediante la cual se respondió la petición presentada el 3 de abril de
2018.

iii) A título de restablecimiento del derecho, ordenó al FOMAG reconocer
y pagar al señor Hugo Manuel Álvarez Velásquez una pensión de
jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, a partir del 17 de
noviembre de 2016, en cuantía equivalente al 75% del promedio de los
salarios devengados durante el último año de servicios anterior a la
adquisición del estatus jurídico (17 de noviembre de 2015 a 16 de
noviembre de 2016), teniendo en cuenta únicamente los factores
enlistados de manera expresa en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985,
siempre que hubieren sido devengados y objeto de aportes, sin que
esté sujeto al retiro definitivo del servicio.

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Demandante: Hugo Manuel Álvarez Velásquez

iv) Reconoció el retroactivo pensional causado desde el 17 de noviembre
de 2016.

v) Ordenó indexar a las sumas reconocidas y dar cumplimiento a la
sentencia de conformidad con el artículo 192 del CPACA.

vi) Negó las demás pretensiones.

vii) No condenó en costas.

10. Señaló que en el proceso quedó acreditado que el demandante nació el
21 de febrero de 1959, por lo cual cumplió 55 años el 21 de febrero de 2014.

11. Igualmente, indicó que se demostró, mediante certificación expedida por
la Secretaría de Gestión Administrativa de la Gobernación de Córdoba, que el
actor no figura como pensionado del departamento, y que, de acuerdo con la
información reportada por Colpensiones, no registra pensión reconocida por
dicha entidad.

12. En relación con el tiempo de servicios prestados como docente al servicio
del Departamento de Córdoba, estableció que en el expediente obra certificación
expedida por la Secretaría de Educación, según la cual el señor Álvarez
Velásquez estuvo vinculado desde el 20 de septiembre de 1988 en distintos
cargos del sector educativo. Asimismo, expuso que el documento da cuenta de
las diversas vinculaciones que mantuvo con el departamento y con el municipio
de Montería para desempeñar funciones docentes durante los períodos allí
descritos.

13. En cuanto a los contratos de prestación de servicios suscritos con el
departamento de Córdoba entre 2008 y 2011, expuso que el actor prestó sus
servicios en el área administrativa de la Secretaría de Salud por 2 años, 7 meses
y 25 días, período respecto del cual se realizaron aportes a Colpensiones.

14. Asimismo, indicó que cotizó 3 años y 10 meses al mismo fondo durante
su vinculación con la Universidad de Córdoba, así como 5 meses como trabajador
independiente.

15. Indicó que el actor acumuló, mediante vinculación legal y reglamentaria,
21 años y 13 días de servicios en entidades territoriales del sector educativo.

16. El Tribunal advirtió que el demandante se encontraba vinculado como
docente desde el 16 de diciembre de 2002, esto es, con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003.

17. Con fundamento en ello, consideró que le era aplicable el régimen
previsto en la Ley 91 de 1989, cuyo artículo 15 disponía que la pensión de
jubilación de los docentes vinculados a partir del 1.º de enero de 1981, así como

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Demandante: Hugo Manuel Álvarez Velásquez

la de los nombrados desde el 1.º de enero de 1990, correspondía a la prevista
para los pensionados del sector público nacional.

18. Añadió que, aunque el actor registró aportes en los sectores público y
privado y en distintos fondos (Colpensiones y el FOMAG), lo que permitiría
considerar la aplicación del régimen de pensión por aportes previsto en el artículo
7.º de la Ley 71 de 1988, acreditó más de veinte (20) años de servicios como
empleado público, requisito suficiente para acceder a la pensión de jubilación
bajo la Ley 33 de 1985. Asimismo, precisó que, conforme a la Ley 71 de 1988,
solo podía adquirir el derecho al cumplir sesenta (60) años, mientras que con la
Ley 33 de 1985 podía hacerlo desde los cincuenta y cinco (55).

19. En aplicación del principio de favorabilidad, concluyó que el régimen más
beneficioso para el actor era el previsto en la Ley 33 de 1985, que le permitía
acceder a la pensión de jubilación con cincuenta y cinco (55) años y veinte (20)
años de servicios como empleado público.

20. En relación con el requisito de tiempo de servicios, indicó que, para la
fecha en que el actor presentó la solicitud de reconocimiento pensional (3 de abril
de 2018), acumulaba 21 años y 13 días de vinculación legal y reglamentaria, con
lo cual superaba el mínimo exigido por la Ley 33 de 1985.

21. Precisó que, si bien el actor suscribió algunos contratos de prestación de
servicios, estos no correspondieron al desempeño de funciones docentes, sino a
labores en el área de epidemiología del sector salud del departamento. Por ello,
no resultaba aplicable el precedente relativo a la desnaturalización de contratos
de prestación de servicios para efectos pensionales del magisterio.

22. No obstante, aun prescindiendo del tiempo laborado mediante dichos
contratos, cumplía el requisito de tiempo de servicios, pues su vinculación legal
y reglamentaria en cargos del sector educativo y de salud superaba los veinte
(20) años.

23. En consecuencia, determinó que la fecha de consolidación del estatus
pensional correspondía al 17 de noviembre de 2016, momento en el cual el actor
completó los 20 años requeridos.

24. Agregó que, en caso de no haberse cotizado el tiempo ejecutado
mediante contratos de prestación de servicios, el FOMAG debía reconocer la
pensión incluyendo dichos períodos y, posteriormente, adelantar las actuaciones
interadministrativas necesarias para recobrar la cuota parte o gestionar el bono
pensional ante la entidad responsable.

25. Concluyó que no había lugar a declarar la prescripción de las mesadas
pensionales, en la medida en que el derecho se hizo exigible a partir del 17 de
noviembre de 2016, fecha en la cual la parte actora consolidó su estatus
pensional. Destacó que la solicitud de reconocimiento se presentó el 3 de abril
de 2018 y la demanda se radicó el 6 de septiembre de 2018, por lo que los
términos de prescripción no se encontraban vencidos.

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Demandante: Hugo Manuel Álvarez Velásquez

Los recursos de apelación

26. El FOMAG interpuso recurso de apelación y sostuvo que el demandante
no cumplía los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión reclamada.

27. Argumentó que el actor prestó sus servicios mediante contratos y que
dicho tiempo no podía asimilarse al servicio en que se desempeñó como docente
oficial, condición indispensable para acceder a la pensión prevista en la Ley 33
de 1985.

28. Añadió que la vinculación del señor Álvarez Velásquez al FOMAG se
produjo con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por lo que
le resultaba aplicable el régimen general previsto en la Ley 100 de 1993, y no el
especial de la Ley 33 de 1985.

29. Sostuvo, además, que el Tribunal omitió considerar los artículos 10 y 11
del Decreto 2709 de 1994, así como disponer el traslado del recurso al FOMAG
para que efectuara la liquidación de la pensión conforme al régimen general de
la Ley 100 de 1993.

30. Afirmó que la posibilidad de que la parte actora percibiera
simultáneamente salario y pensión dependía de si su vinculación ocurrió antes o
después de la entrada en vigor del Decreto 1278 de 2002, y concluyó que, según
la fecha de afiliación, no resultaba aplicable la compatibilidad entre asignación y
pensión.

31. Indicó que la sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 estableció que, para efectos
de la liquidación pensional, únicamente podían incluirse los factores salariales
expresamente previstos en la Ley 33 de 1985 y la Ley 62 de 1985, siempre que
se hubiera cotizado sobre ellos. En ese sentido, sostuvo que el Tribunal omitió
aplicar el cálculo correcto del ingreso base de liquidación (IBL), correspondiente
a la doceava parte del ingreso anualizado, conforme a dicha línea jurisprudencial.

32. Por su parte, el demandante interpuso recurso de apelación y solicitó que
la pensión reconocida bajo la Ley 33 de 1985 se pagara a partir del 20 de marzo
de 2014, al considerar que esa era la fecha en la que completó veinte (20) años
de servicios, al incluir el tiempo cotizado durante las órdenes de prestación de
servicios ejecutadas en el sector salud, el cual estimó válido para el cómputo
pensional.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

33. Por auto del 2 de diciembre de 2025 se admitieron los recursos de
apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia.

34. Las partes guardaron silencio en esta fase procesal.

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Demandante: Hugo Manuel Álvarez Velásquez

35. El Ministerio Público rindió concepto en esta instancia y solicitó confirmar
la sentencia apelada, al considerar que el actor pertenecía al régimen especial
de jubilación del magisterio vigente antes de la Ley 812 de 2003, cumplía los
requisitos de edad y tiempo de servicio, a lo que se suma el hecho de que los
argumentos expuestos por el FOMAG en su recurso no desvirtúan el derecho
pensional reconocido por el Tribunal.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

36. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación.

Problema jurídico

37. Corresponde a la Sala determinar si el demandante tiene derecho a que
se le reconozca la pensión de jubilación bajo el régimen previsto en la Ley 33 de
1985, o si, por el contrario, le resulta aplicable el régimen de prima media con
prestación definida consagrado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

38. Además, es necesario establecer en qué momento acreditó los requisitos
para acceder a la pensión.

Análisis del problema jurídico

39. La Sala modificará la sentencia de primera instancia para precisar la fecha
de consolidación del estatus pensional del actor y, como efecto de ello, la
adicionará a fin de declarar la prescripción parcial de las mesadas pensionales.

40. Por otra parte, confirmará la decisión en cuanto estableció que el régimen
pensional aplicable al señor Hugo Manuel Álvarez Velásquez es el previsto en la
Ley 33 de 1985, dado que su vinculación al servicio educativo oficial se produjo
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

41. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario
relacionar los siguientes hechos, los cuales fueron probados con los documentos
aportados al proceso:

i) El señor Hugo Manuel Álvarez Velásquez nació el 21 de febrero de
19592.

ii) Adicionalmente, se encuentra establecido que no ha recibido una
pensión por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones, como consta en el certificado que para el efecto expidió
dicha entidad3.

2
Índice 82 de SAMAI del Tribunal. Folio 17.
3
Ibidem. Folio 21.

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Demandante: Hugo Manuel Álvarez Velásquez

iii) El actor prestó sus servicios en la Secretaría de Gestión Administrativa
de la Gobernación de Córdoba, a través de las siguientes vinculaciones
y cargos:

Tipo de Cargo u objeto de contrato Desde - Hasta Tiempo de
vinculación servicios
Acto. 24-814 promotor de vigilancia 20 de septiembre de 1.181 días
epidemiologia 1988 hasta el 30 de
diciembre de 1991
Acto 2894 de técnico en vigilancia 31 de diciembre de 1.858 días
31 de epidemiológica 1991 hasta el 30 de
diciembre enero de 1997
19915
Acto 3762 de Profesional Universitario Dpto 31 de enero de 1997 782 días
31 de enero de Administrativo de Salud hasta el 23 de marzo
19976 de 1999
Contrato de Prestar los servicios 19 de septiembre al 31 105 días
prestación de profesionales para fortalecer la de diciembre de 2008
servicios 288 vigilancia de mortalidad materno
de 20087 e infantil de los 28 municipios del
Departamento de Córdoba.
Contrato de Prestar los servicios 31 de marzo al 30 de 275 días
prestación de profesionales para fortalecer la diciembre de 2009
servicios 291 vigilancia en salud pública de
de 20098 morbilidad y mortalidad materna
y perinatal en los 30 municipios
del Departamento de Córdoba.
Contrato de Prestación de servicios 28 de enero al 13 de 320 días
prestación de profesionales de un licenciado diciembre de 2010
servicios 134 en biología con especialización
de 20109 en epidemiologia para fortalecer
la vigilancia en salud pública de
la morbilidad y mortalidad
materna y perinatal, mediante
seguimiento y evaluación del
protocolo de vigilancia en los 30
municipios del Departamento de
Córdoba.
Contrato de Prestación de servicios 11 de marzo al 11 de
prestación de profesionales para fortalecer la diciembre de 2011 276 días
servicios 274 vigilancia en salud y gestión del
de 201110 conocimiento de enfermedades
de interés en salud pública a
través de acciones de asistencia
técnica, seguimiento y
evaluación a las direcciones
locales de salud (DSL),
empresas prestadoras de
servicios de salud (EPS),
Instituciones prestadoras de
salud (IPS) de los municipios de
Canalete, los Córdobas y puerto
escondido del Departamento de
Córdoba.

4
Ibidem. Folio 22.
5
Ibidem.
6
Ibidem
7
Ibidem. Folio 26.
8
Ibidem. Folio 26.
9
Ibidem. Folio 26.
10
Ibidem. Folio 26.

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Demandante: Hugo Manuel Álvarez Velásquez

4.797 días
equivalentes a 13
años,1 mes y 17
días.

iv) Como docente se vinculó de la siguiente manera:

Tipo de vinculación Entidad Desde - Hasta Tiempo de servicios
empleadora
Decreto núm. 000733 Alcaldía de 16 de diciembre de 1.902 días
del 8 de octubre de Montería 2002 al 29 de febrero
200211 de 2008
Decreto 0857 de Departamento de 3 de agosto de 2012 1.945 días
12
2012 Córdoba hasta el 29 de
noviembre de 201713
3.847 equivalentes 10
años, 6 meses y 13
días

v) Certificado de semanas cotizadas expedido por Colpensiones14, en el que
se evidencia que entre el 1.º de agosto y el 30 de septiembre de 2004 se
registraron cotizaciones a nombre del actor por parte de la Universidad de
Córdoba. No obstante, dicho período no será tenido en cuenta, toda vez
que en ese lapso se desempeñó simultáneamente en la Alcaldía de
Montería, y ese tiempo ya fue contabilizado para efectos de establecer el
cumplimiento del requisito. En ese sentido, su inclusión generaría un doble
cómputo de períodos.

42. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el parágrafo
transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política (adicionado por el artículo
1 del Acto Legislativo 01 de 2005) y la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-
19 del 25 de abril de 2019, el régimen pensional de los docentes vinculados al
servicio educativo oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (27
de junio de 2003) es el previsto en la Ley 91 de 1989, que habilita la remisión a
la Ley 33 de 1985 o a la Ley 71 de 1988.

43. En el presente asunto, se encuentra demostrado que el señor Hugo
Manuel Álvarez Velásquez ingresó al servicio público docente el 16 de diciembre
de 2002, mediante Decreto núm. 00733 de 8 de octubre de 2002, por lo que
resulta aplicable lo dispuesto en el citado artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

44. Se resalta que la circunstancia de que el actor hubiese tenido contratos de
prestación de servicio en el sector salud no altera su condición de docente oficial
para efectos del régimen pensional, pues lo determinante es la fecha de ingreso
al servicio docente, no el carácter de otras relaciones contractuales que haya
celebrado en periodos distintos.

11
Ibidem. Folios 23 a 25, e índice 52.
12
Ibidem. Folios 35 a 39.
13
Fecha de expedición del certificado laboral.
14
Ibidem. Folios 27 a 34.

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Demandante: Hugo Manuel Álvarez Velásquez

45. Se advierte, sin embargo, que los lapsos en los que se desempeñó
mediante contratos de prestación de servicios en el sector salud no serán tenidos
en cuenta, dado que no se demostró la desnaturalización del vínculo, razón por
la cual dichos períodos no pueden computarse para el reconocimiento de la
pensión bajo la Ley 33 de 1985.

46. Ahora bien, descontando estos, se observa que el actor cumplió los
requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación el 26 de noviembre de
2016, fecha en la cual ya tenía 55 años y en la que cumplió 20 años de servicios
en entidades públicas como trabajador dependiente.

47. En relación con el argumento planteado por la entidad demandada relativo
a la aplicación del Decreto 1278 de 2002, la Sala debe precisar que dicha
normativa no define el momento de causación ni la efectividad del derecho
pensional. Esta subsección15 ha reiterado que la determinación del régimen
pensional aplicable a los docentes no depende del estatuto de profesionalización
vigente al momento del nombramiento, ni de la condición de maestro nacional,
nacionalizado o territorial.

48. En efecto, lo que resulta determinante para establecer el régimen
pensional pertinente es verificar que el primer nombramiento en el sector
educativo oficial se haya producido con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, circunstancia que habilita acudir a la normativa anterior, es
decir a la Ley 91 de 1989 y, por remisión de esta, la Ley 33 de 1985.

49. En cuanto al argumento según el cual el Tribunal debió ordenar el traslado
del recurso para que la pensión fuera liquidada conforme al régimen de la Ley
100 de 1993, la Sala considera que no hay lugar a ello, en tanto el actor pertenece
al régimen especial del magisterio previo a 2003, por lo que no resulta procedente
aplicar el régimen general ni modificar la competencia ya fijada por la Ley 91 de
1989.

50. Por otro lado, la entidad accionada cuestionó la liquidación de la mesada,
al sostener que debía efectuarse únicamente con los factores sobre los cuales
se realizaron aportes y que se encuentran taxativamente previstos en el artículo
1 de la Ley 62 de 1985.

51. Sobre el particular, resulta pertinente acudir a la sentencia de unificación
SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, en la cual el Consejo de Estado
sentó jurisprudencia respecto al «ingreso base de liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

52. En dicha providencia se estableció que el ingreso base de liquidación de
la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 18 de septiembre de 2025, radicación: 76001-23-33-009-2018-00587-01 (4679-
2024).

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Radicación: 23001-23-33-000-2018-00429-01 (3334-2025)
Demandante: Hugo Manuel Álvarez Velásquez

de la Ley 812 de 2003, como es el caso de la actora, debe determinarse conforme
a los siguientes parámetros:

i) El período correspondiente al año anterior a la consolidación del estatus
pensional, esto es, al cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo
de servicios; o a la terminación del vínculo legal y reglamentario.

ii) Los factores computables son exclusivamente los previstos en la Ley
62 de 1985, a saber: asignación básica, gastos de representación,
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación,
dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios
prestados y trabajo suplementario o nocturno.

53. A su vez, los Decretos 633 y 634 de 2007, el Decreto 1566 de 2014 y el
Decreto 2354 de 2018 introdujeron y reglamentaron nuevos factores salariales
aplicables a los docentes oficiales, los cuales también integran el ingreso base
de liquidación, siempre que hayan servido de base para realizar aportes al
sistema pensional. Dichos factores son: (i) asignación adicional para directivos
docentes; (ii) bonificación mensual de docentes; y (iii) bonificación pedagógica.

54. Estos conceptos al haber sido incorporados expresamente en la
normativa y configurarse como factores salariales sujetos a cotización, resultan
computables para efectos del cálculo del IBL.

55. Al comparar los factores salariales percibidos por el señor Álvarez
Velásquez entre el 26 de noviembre de 2015 y el 25 de noviembre de 2016, año
inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional, con los
enlistados en las disposiciones aplicables, se advierte que solo percibió la
asignación básica.

56. No le asiste razón a la entidad demandada al afirmar que el Tribunal
incurrió en error al incluir factores distintos de los taxativamente previstos en el
artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, pues lo cierto es que la decisión de primera
instancia se limitó a reconocer como computables los siguientes conceptos:
asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación
por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna
o en día de descanso obligatorio, siempre que hubiesen sido efectivamente
devengados y sobre ellos se hubieran realizado aportes, en estricta concordancia
con la normativa aplicable y la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado.

57. Ahora bien, la Sala precisa que la referencia a la doceava parte del ingreso
anualizado no constituye una fórmula distinta ni incompatible con el promedio del
último año de servicios, sino que corresponde a una equivalencia matemática
para expresar el mismo criterio de cálculo del ingreso base de liquidación (IBL).
Por lo tanto, no existe diferencia sustancial entre liquidar el IBL como promedio
del último año de servicios o como la doceava parte del ingreso anual percibido
en dicho período, siempre que se respete el marco normativo y jurisprudencial
aplicable.

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58. En cuanto a la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario que
percibe la demandante como docente oficial, la Sala observa que, al tratarse de
una prestación reconocida en virtud de la Ley 33 de 1985, no resulta aplicable la
prohibición de doble asignación prevista en el artículo 128 de la Constitución
Política.

59. Lo anterior, se fundamenta en el artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992, que
exceptúa de dicha prohibición a las asignaciones «que a la fecha de entrar en
vigencia [esa] ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados»,
así como en el artículo 5.º del Decreto 224 de 1972, que establece expresamente
la compatibilidad entre el ejercicio de la docencia y el disfrute de la pensión de
jubilación.

60. Así las cosas, los docentes que se vincularon al servicio educativo oficial
antes del 27 de junio de 2003, y cuyo régimen pensional no está regido por las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, pueden percibir simultáneamente la pensión
de jubilación y el salario derivado de su labor docente.

61. Es pertinente poner de presente que la Corte Constitucional, en la
sentencia C – 1157 de 2003, declaró la inexequibilidad del artículo 45 del Decreto
1278 de 2002, en el que se estableció la incompatibilidad entre el ejercicio de la
docencia y la pensión de vejez.

62. Por lo tanto, al tratarse de un servidor beneficiario de la Ley 91 de 1989, y
por remisión de esta, del régimen de la Ley 33 de 1985, su mesada pensional es
compatible con el salario que devenga como docente oficial, como
acertadamente lo reconoció el a quo para el caso del accionante.

63. En consecuencia, al modificarse la fecha de consolidación del estatus
pensional, resulta necesario efectuar el análisis de la prescripción de las
mesadas pensionales. Al respecto, se observa que el derecho se hizo exigible el
26 de noviembre de 2016, fecha en la cual el actor cumplió los requisitos de edad
y tiempo de servicios, y que la reclamación administrativa de reconocimiento
pensional fue presentada el 3 de abril de 2018. En ese orden, no existe
prescripción de mesadas pensionales.

64. Por último, se advierte que, conforme a lo demostrado en el proceso,
durante el lapso comprendido entre el 1.º de agosto y el 30 de septiembre de
2004 se registraron cotizaciones a nombre del actor por parte de la Universidad
de Córdoba en COLPENSIONES. En ese contexto, con fundamento en los
artículos 11 del Decreto 2709 de 1994 y 2 de la Ley 33 de 1985, el FOMAG podrá
exigir la cuota parte correspondiente, en los términos que se precisarán en la
parte resolutiva, con el fin de garantizar los principios de universalidad y
solidaridad del sistema.

Condena en costas

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65. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

66. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

67. Por lo tanto, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

68. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se modificará la sentencia
apelada, se impondrán costas a la entidad demandada en segunda instancia por
cuanto se niegan totalmente a las peticiones del recurso de apelación interpuesto
por esta. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Córdoba.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la sentencia del 19 de
septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Tercera de Decisión, que quedará de la siguiente manera:

TERCERO: En consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
ordenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, a reconocer y pagar al señor Hugo Manuel Álvarez Velásquez, una pensión
de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, desde el 26 de noviembre de 2016, en
un monto equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último
año de servicios anterior a la adquisición del estatus jurídico (entre el 26 de noviembre de
2015 y el 25 de noviembre de 2016) y teniendo en cuenta los factores salariales que de
forma expresa se enlistan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º
de la Ley 33 de 1985, siempre que los haya devengado y que sobre ellos se hayan
realizado aportes; sin estar condicionado a la demostración del retiro definitivo del servicio.

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Demandante: Hugo Manuel Álvarez Velásquez

CUARTO: Condenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, que reconozca y pague a favor del señor Hugo
Manuel Álvarez Velásquez, el retroactivo pensional causado desde el 26 de noviembre de
2016.

SEGUNDO. Agregar el siguiente ordinal a la sentencia de primera instancia:

CUARTO A: Para efectos del cumplimiento de la sentencia y de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 11 del Decreto 2709 de 1994 y 2 de la Ley 33 de 1985,
el FOMAG podrá exigir la cuota parte a COLPENSIONES por los aportes
correspondientes al lapso comprendido entre el 1.º de agosto y el 30 de septiembre
de 2004, durante el cual el demandante prestó sus servicios en la Universidad de
Córdoba, con el fin de garantizar los principios de universalidad y solidaridad del
sistema.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

CUARTO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad demandada,
de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de la presente providencia.

QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACPC

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