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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-009-2018-00587-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-009-2018-00587-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR la nulidad de la Resolución 00324 del 08 de febrero de 2018, por medio del cual la Secretaría de Educación departamental de Valle del Cauca, negó a la señora Ligia Rojas de Duque el derecho pensional reclamado. TERCERO: ORDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) que reconozca y pague una pensión de jubilación a favor de la señora Ligia Rojas de Duque, con base en la Ley 33 de 1988, equivalente al 75 % del promedio mensual de los factores salariales devengados y sobre los cuales se hicieron los aportes entre el 3 de agosto de 2013 al 2 de agosto de 2014, incluidos los previstos en normas posteriores con carácter salarial para efectos pensionales (asignación básica y bonificación mensual), efectiva a partir del 25 de mayo de 2015 – por prescripción-, sin que se encuentre condicionada a la demostración del retiro definitivo del servicio. Dicha prestación deberá ajustarse anualmente en los términos que prevé la ley. En el evento que no se hubieren realizado descuentos para pensión sobre la bonificación mensual, la demandada en virtud de sus competencias y por tratarse de aportes imprescriptibles, deberá realizar las gestiones interadministrativas necesarias para obtener el pago del monto actualizado y total de la cotización sobre dicho emolumento por parte del empleador y de la demandante en la proporción correspondiente, para lo cual, solo bajo ese supuesto, se autoriza el descuento de la condena exclusivamente de los valores que debía asumir la reclamante. CUARTO. ORDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) actualizar las sumas adeudadas, según lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, conforme se dispuso en la parte considerativa. QUINTO. ORDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-009-2018-00587-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001 23 33 009 2018 00587 01 (4679-2024)
Demandante: Ligia Rojas de Duque
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Tema: Pensión jubilación docentes. Aplica Ley 33 de 1985 porque la
vinculación al servicio educativo fue anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003. Sentencia de unificación SUJ-
014-CE-S2-2019. Principio de congruencia de la sentencia.
Decisión: Revocar la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia del 14 de junio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó a las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda
2. Se pretende la nulidad de la Resolución 00324 del 08 de febrero de 2018,
por medio del cual la Secretaría de Educación departamental de Valle del Cauca,
negó la solicitud de reconocimiento y pago de una pensión de jubilación con cuotas
partes. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de
dicha prestación equivalente al 75% de los salarios y las primas devengados en el
año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, con los reajustes de ley; el
pago de intereses moratorios; el cumplimiento de la sentencia en los términos de los
artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA; y se condene en costas a la parte
demandada.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda
3. La señora Ligia Rojas de Duque manifestó que nació el 27 de enero de 1954,
por lo que, cumplió 55 años de edad el 27 de enero de 2009; y que laboró al servicio
docente, así:

i) Desde el 1 de febrero de 1975 hasta el 21 de marzo de 1985 como docente en
propiedad en el municipio de Arauca, con aportes a CAJANAL.
ii) Desde el 07 de marzo de 2003 hasta el 13 de agosto de 2006, como docente

1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.

Radicado: 76001 23 33 009 2018 00587 01 (4679-2024)
Demandante: Ligia Rojas de Duque

provisional en el municipio de Buga, con aportes al FOMAG.
iii) Desde el 15 de septiembre hasta el 17 de noviembre del 2006, como docente
provisional en el municipio de Buga, con aportes al FOMAG.
iv) Desde el 28 de agosto de 2008 hasta el 31 de agosto de 2016, como docente
en propiedad en el departamento del Valle del Cauca.

4. Indicó que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 1° de la Ley 33 de
1985, el cual exige 20 años de servicio a la docencia oficial, y 55 años de edad.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
5. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 4, 6, 13,
25, 29, 48, 53, 58 y 243 de la constitución política; el Acto legislativo 01 de 2005; las
Leyes 812 de 2003; 100 de 1993; 91 de 1989; 33 y 62 de 1985; 6 de 1945; y el
Decreto 2277 de 1979.

6. En resumen, después de relacionar las disposiciones normativas y
jurisprudenciales que regulan la pensión de jubilación por aportes, explicó que el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003 determinó que los docentes vinculados hasta el
26 de junio de 2003, tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación según el régimen anterior, es decir, la Ley 33 de 1985, el cual establece
como requisitos para la pensión haber laborado 20 años de servicios y tener 55 años
de edad para hombres y mujeres.

7. Reprochó que la entidad con el acto demandado negó el derecho aduciendo
que la actora fue vinculada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y por tanto, el régimen
aplicable es la Ley 100 de 1993. Pero no tuvo en cuenta que se vinculó el 1 de
febrero de 1975, es decir, antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo cual le
es aplicable la Ley 33 y 62 de 1985.

1.4. Contestación de la demanda2
8. La Fiduprevisora S.A.3 ejerció su derecho de defensa oponiéndose a las
pretensiones de la demanda estimando que el acto acusado se fundamenta en las
disposiciones que regulan el caso. Frente a los hechos afirmó que no le constan.
Seguidamente propuso las excepciones denominadas i) presunción de legalidad de
los actos administrativos atacados de nulidad; ii) ineptitud de la demanda por
carencia de fundamento jurídico; iii) cobro de lo no debido; iv) prescripción; y
excepción genérica.

que, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que el reconocimiento de las
prestaciones sociales de los docentes nacionales vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989 debía efectuarse conforme al régimen prestacional vigente en
cada entidad territorial. Por su parte, los docentes vinculados a partir del 1.º de enero

2
La demanda se presentó el 25 de mayo de 2018 y fue admitida el 21 de agosto de 2019.
3
El escrito de contestación se encuentra visible en las páginas 70 a 74 del expediente físico
La demanda se presentó el 25 de mayo de 2018 y se admitió el 21 de agosto de 2019
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de 1990 se rigen por las normas aplicables a los servidores públicos, contenidas en
los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.

9. Respecto de los factores salariales, citó la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018 y la decisión SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019,
precisando que no procede incluir en la liquidación pensional aquellos factores sobre
los cuales el docente no haya efectuado aportes.

9.1 Sentencia de primera instancia4

10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 14 de
junio de 2024, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer
condena en costas a la parte demandada.

11. Indicó que, aunque la demandante acreditó su vinculación como docente
oficial antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 y, en principio, le resultaban
aplicables las disposiciones de las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, no demostró el
cumplimiento de todos los requisitos exigidos para acceder a la pensión por aportes.
En particular, la norma requería acreditar un mínimo de veinte (20) años de
cotizaciones continuas o discontinuas en entidades de previsión social del sector
público y/o en el Instituto de Seguros Sociales, además de la edad.

12. Señaló, que solo acreditó un total de 18 años, 8 meses y 15 días, resultado
de la sumatoria de los periodos certificados ante Cajanal y el FOMAG. Por
consiguiente, la actora no alcanzó a consolidar los veinte años de cotización exigidos
por la Ley 71 de 1988 para el reconocimiento de la prestación solicitada.

13. En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda, y concluyó que la
ausencia de los requisitos sustanciales no podía suplirse con interpretaciones
extensivas o con la aplicación de criterios de equidad.

13.1 Recurso de apelación5
14. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, cuestionó que el Tribunal de primera instancia aplicó de manera
errónea la Ley 71 de 1988 para negar la pensión, cuando la pretensión estaba
encaminada a obtener la pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985. La
apelante subrayó que todos los tiempos laborados corresponden al sector público
como docente oficial, sin que existan periodos en el sector privado que justificaran la
aplicación de la figura de la pensión por aportes regulada en la Ley 71 de 1988.

15. Expuso que, la demandante acreditó más de veinte (20) años de servicios
como docente oficial, circunstancia respaldada con los certificados allegados al
proceso, particularmente el de 31 de agosto de 2016. En consecuencia, se cumplen

4
2Sentencia que n_115SENTENCIA1RANRDL2.pdf
5
024_MemorialWeb_Recurso-RECURSOAPELACIONLI.pdf

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los requisitos exigidos por la Ley 33 de 1985, esto es, 20 años de servicio y 55 años
de edad, máxime si se tiene en cuenta que la actora aún se encuentra vinculada en
calidad de docente oficial.

15.1 Trámite correspondiente a la segunda instancia

16. Mediante auto de 15 de noviembre de 2024, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada. No hubo intervenciones en esta oportunidad.

17. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

18. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6. Así, al tenor de lo dispuesto en
el artículo 328 del Código General del Proceso7, la competencia del juez de segunda
instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el
caso de la referencia, únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada,
el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Problema jurídico
19. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Ligia Rojas
de Duque, tiene derecho a que se le aplique el régimen pensional establecido en la
Ley 33 de 1985, como lo aduce en el recurso, o por el contrario su situación se rige
por la Ley 71 de 1988 como lo analizó el a quo en la sentencia apelada.

20. Dilucidado el régimen correspondiente, se deberá establecer si cumple con
los requisitos exigidos para efectos del reconocimiento pensional.

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.3.1. Del derecho pensional de los docentes
21. La Ley 812 de 20038 en torno al sector de educación nacional, definió el
régimen prestacional de los docentes, distinguiendo entre quienes se vincularon
antes de la entrada en vigencia de dicha ley, y quienes lo hicieron con posterioridad
a esta. Se destaca:

6
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
8 mediante la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario
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“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES
OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados
y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial,
es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad
a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos
en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para
hombres y mujeres.
(…)”

22. Dicho régimen anterior no es otro que el contemplado en la Ley 33 de 1985,
que en su artículo 1° dispone el reconocimiento de una pensión de jubilación al
empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y que
acredite 55 años de edad9; siendo modificada posteriormente por la Ley 62 de 1985,
en la que se enlistan los factores a tener en cuenta para efectos de liquidación de la
mentada prestación, a saber: asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y
feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.

23. De manera que, existía un régimen prestacional para los empleados públicos,
y otro para los trabajadores del sector privado. Así entonces, respecto de quienes no
alcanzaban a completar los requisitos exigidos en uno u otro régimen, surge la Ley
71 de 1988, por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras
disposiciones, y que en el artículo 7° dispuso los requisitos para acceder a una
pensión a partir de la suma de los períodos cotizados y laborados tanto en el sector
público como en el privado.10

24. Ahora bien, en la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019 (SUJ-014-
CE-S2-2019), expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado11, se fijaron
las reglas respecto a la forma de liquidación de la pensión de jubilación a los
docentes, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 91 de 1989. Y a su vez se
analizaron los diferentes regímenes aplicables a dicho sector atendiendo a la fecha
de ingreso al servicio docente, ello en consonancia con lo dispuesto en el artículo 81
de la Ley 812 de 2003, entre estos, la Ley 33 de 1985.

9
Debiendo la respectiva Caja de Previsión pagar una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
10
En reiteradas providencia esta Sala ha señalado que la pensión por aportes resulta aplicable a los docentes que acrediten
una vinculación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, aspecto que dado los contornos fácticos del caso, no
amerita profundización en esta oportunidad.
11
Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17)
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25. Por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas fijadas en ésta tienen
valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

26. De manera que, del fallo de unificación referenciado, se advierte que para
efectos del régimen pensional del docente, resulta relevante establecer la fecha de
su primera vinculación al magisterio, pues, en concordancia con el artículo 81 de la
Ley 812 de 2003 i) los educadores que estuvieren vinculados al servicio oficial les
será aplicable el régimen dispuesto para el Magisterio en las disposiciones vigentes
con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, a saber, el 27 de junio de
2003; normativa que no sería otra que la referida en el artículo 15 de la Ley 91 de
198912 , esto es, la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988. Y ii) los docentes oficiales
que ingresen a partir de la vigencia de la ley mencionada, les resultaría aplicable el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en el, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

27. Aunque se establecieron esos dos escenarios para la aplicación de las
normas que rigen el reconocimiento pensional de los docentes de acuerdo con su
fecha de vinculación; la Sección Segunda no hizo ningún tipo de diferenciación frente
al tipo de vinculación, ya sea en propiedad o provisionalidad, para catalogar los
tiempos de servicios, ni tampoco se indicó que perderían los derechos a la aplicación
de la Ley 33 de 1985 en caso de presentarse el fenómeno de la solución de
continuidad establecido en el Decreto 3135 de 1968.

28. En punto a lo relacionado con los factores de liquidación, la Sala estima que
hay que tener en cuenta además de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985, los factores
que en disposiciones posteriores se les haya dado carácter salarial, como por
ejemplo la bonificación mensual de docentes y directivos docentes (Decreto 1566 de
2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018); no siendo posible
extenderse a incluir la totalidad de factores sobre los que hubiere cotizado en el año
anterior a la adquisición del estatus, pues, ello podría tener como consecuencia la
existencia de distintos regímenes al interior del servicio docente, que conllevaría a la
vulneración de derechos como el de igualdad, y desconocería lo dispuesto en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, con la cual se abandonó el criterio
jurisprudencial de la sentencia del 4 de agosto de 2010, que avalaba dicha
liquidación con todos los emolumentos percibidos, al margen de si estaba o no
contenidos en las disposiciones de liquidación pensional.

2.4. Caso concreto
29. Con miras a determinar el régimen pensional que regula la solicitud de la
actora, es oportuno inicialmente señalar que, en el plenario reposa derecho de

12 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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petición elevado por aquélla a fin de que le fuera reconocida pensión de jubilación
en atención a lo exigido en la Ley 33 de 1985, oportunidad en la que relacionó
tiempos de servicios como docente en el sector público13; siendo negado por la
Secretaría de Educación del departamento del Valle del Cauca, mediante Resolución
00324 de 8 de febrero de 2018, señalando que al haber ingresado al servicio con
posterioridad a Ley 812 de 2003, su situación estaba regida por las disposiciones de
la Ley 100 de 1993, sin embargo, no cumplía las exigencias de esta última de edad
y semanas de cotización.

30. Ahora bien, la demanda de la referencia con toda claridad da cuenta que lo
pretendido es el reconocimiento de una pensión de jubilación bajo lo dispuesto en la
Ley 33 de 1985, tanto así, que nuevamente se alude la prestación en el servicio
público docente por más de 20 años, sin que en ningún momento hubiere traído
como sustento normativo lo relativo a la pensión por aportes -Ley 71 de 1988-.

31. Lo anterior permite a la Sala concluir que, el Tribunal desconoció el principio
de congruencia que rige a las decisiones judiciales, y que exige entre otros, que la
sentencia se profiera atendiendo a lo invocado en la demanda. Así entonces,
corresponde verificar si la señora Rojas de Duque tiene derecho a que se apliquen
las disposiciones de la Ley 33 de 1985 conforme lo solicitó en la demanda, y reiteró
en el recurso de apelación.

32. Pues bien, la Sala desde ya anuncia que la sentencia será revocada, en tanto
existe prueba en el plenario de que la señora Ligia Rojas de Duque prestó servicios
como docente oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que
permite la aplicación de la Ley 91 de 1989, que remite al régimen anterior en materia
pensional contemplado en la Ley 33 de 1985, nótese que aquélla no adujo haber
prestado servicio alguno en el sector privado, por lo que no hay lugar a recurrir a las
disposiciones de la Ley 71 de 1988.

33. Véase entonces que el material probatorio evidencia que la demandante
nació el 27 de enero de 1954, y laboró en el sector público como docente en los
siguientes periodos:

Desde – hasta Tipo de Entidad Aportes Tiempo
vinculación contratante pensionales
o
empleadora
1°/02/1975 al Propiedad14 Cajanal 10 años, 1
21/03/1985 mes y 20
días

13
Folios 35-40 del expediente
14
Nombramiento efectuado mediante Resolución 16162 de 26 de diciembre de 1977 (sic), según se certificó por el Fomag el
26 de octubre de 2016 -folio 24 del expediente.
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Demandante: Ligia Rojas de Duque

7/03/2003 a Provisionalidad Fomag 3 años, 5
13/agosto/200 15 meses y 6
6 días
15/09/2006 a Provisionalidad Fomag 2 meses y 2
17/11/2006 días
28/08/2008 a Propiedad Fomag 8 años y 4
31/08/201616 meses
Total, tiempo de servicio 22 años y
28 meses

34. La Sala recuerda que, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y con la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado (SUJ-014-CE-S2-19 de
25 de abril de 2019) estableció que los educadores vinculados antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003 se sujetan al régimen especial previsto en la Ley 91 de 1989,
que remite a las disposiciones de la Ley 33 de 1985 y, en ciertos supuestos, también
a la Ley 71 de 1988; siendo aplicable en este asunto, como ya se ha expresado, la
Ley 33 de 1985, pues, la actora demostró haber tenido una vinculación docente en
el sector público antes del 27 de junio de 2003.

35. Ahora, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo
transitorio 120 del artículo 48 de la Constitución Política, los maestros que ingresaron
a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 se rigen por las disposiciones
vigentes con anterioridad a esa fecha, mientras que quienes lo hicieron después
quedan sujetos al régimen de prima media regulado en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con la particularidad de que la edad de jubilación se fija en 57 años tanto
para hombres como para mujeres. En ese orden debe destacarse que, contrario a lo
señalado por la entidad demandada, a la actora no le son aplicables las
disposiciones de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, pues, como se relacionó en
el cuadro anterior, aquella se vinculó al servicio docente oficial en el año 1975, tiempo
que resulta válido para los efectos pensionales que reclama.

36. De otro lado, se tiene que, conforme a la condición más beneficiosa, lo
relevante para determinar el régimen aplicable no es la permanencia continua en el
cargo al momento de la expedición de la Ley 812 de 2003, ni el tipo de vinculación
que da lugar a la labor docente oficial sino la fecha de la primera vinculación como
docente oficial. En este sentido, la jurisprudencia de la Sección Segunda ha
sostenido que la existencia de interrupciones en la prestación del servicio no
desvirtúa la posibilidad de aplicar el régimen especial vigente antes de 2003, en tanto
la finalidad de la norma es proteger las expectativas legítimas de quienes ya habían
ingresado al magisterio.

15
Nombramiento efectuado mediante Decreto DAM 039 de 2003 – folios 27 y 28 del expediente.
16
Fecha de expedición del certificado laboral, el cual da cuenta que para ese momento la actora seguía prestando el servicio
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Demandante: Ligia Rojas de Duque

37. Pues bien, se advierte que la señora Rojas de Duque acreditó la edad de 55
años el 27 de enero de 2009, y los 20 años de servicios se cumplieron el 3 de agosto
de 2014, momento este último para el cual consolidó el derecho pensional.

38. Así las cosas, existiendo claridad de que a la actora le aplica la Ley 33 de
1985, hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones; y se declarará la nulidad de la Resolución 00324 del 08 de febrero
de 2018, por medio del cual la Secretaría de Educación departamental de Valle del
Cauca negó el derecho pensional reclamado.

39. A título de restablecimiento del derecho se ordenará a la Nación - Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
Fomag- a reconocer y pagar la pensión de jubilación a la demandante conforme a
las pautas señaladas en la parte motiva de la presente providencia; es decir, el
reconocimiento debe realizarse con fundamento en la Ley 33 de 1985, a partir del 3
de agosto de 2014; pensión debe ser calculada en cuantía equivalente al 75% del
promedio de los factores salariales sobre los cuales se realizaron o debieron
realizarse los aportes durante el año anterior a la consolidación del estatus pensional
(3 de agosto de 2013 al 2 de agosto de 2014) incluyendo como factores salariales
únicamente sobre los que se hubiesen realizado o debido realizar cotizaciones de
aquellos previstos expresamente en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, así como los
consagrados en normas posteriores con carácter salarial para efectos pensionales
en el caso de los educadores. Así, de acuerdo con el certificado de salarios obrante
en el plenario17, se tiene que para efectos de la liquidación de la prestación en
comento, se deberá tener en cuenta la asignación y la bonificación mensual18.

40. En el evento que no se hubieren realizado descuentos para pensión sobre la
bonificación mensual, la demandada en virtud de sus competencias y por tratarse de
aportes imprescriptibles, deberá realizar las gestiones interadministrativas
necesarias para obtener el pago del monto actualizado y total de la cotización sobre
dicho emolumento en la proporción que corresponda como empleador y como
trabajadora, para lo cual, solo bajo ese supuesto, se autoriza el descuento de la
condena exclusivamente de los valores que debía asumir la reclamante.

41. El reconocimiento pensional en comento no está condicionado al retiro
definitivo del servicio, en la medida en que este derecho sí es compatible con el
salario de docente de conformidad con los artículos 19, literal g) de la Ley 4.ª de
1992 y 5 del Decreto 224 de 1972, aplicables a su caso particular por haber sido
vinculado antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

42. En cuanto al fenómeno de la prescripción, siendo exigible el derecho a partir
del 3 de agosto de 2014, se tiene que la interesada presentó la reclamación el 9 de
agosto de 2017, esto es, por fuera del término de 3 años de que tratan los Decretos

17
Folio 31 del expediente
18
Además devengó la prima de navidad, prima de vacaciones y prima de servicios sin embargo estás no están enlistas en las
disposiciones en mención.
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3135 de 1968 y 1848 de 1969, y la demanda la radicó el 25 de mayo de 2018, por lo
que se encuentran prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 25 de mayo
de 2015.

43. Ahora bien, la circunstancia de que la educadora hubiese sido nombrada bajo
el régimen del Decreto 1278 de 2002 no altera la situación, pues esta normativa no
es la que define el momento de efectividad de la prestación. La jurisprudencia ha
dejado claro que la determinación del régimen pensional de los docentes no depende
de cuál estatuto de profesionalización estuviera vigente al momento del
nombramiento, ni de si se trataba de un maestro nacional, nacionalizado o territorial.

44. En realidad, lo que marca la diferencia para establecer el régimen aplicable
es la verificación de que el primer nombramiento en el sector educativo se haya
realizado antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Solo bajo esa condición
es posible determinar que la normatividad previa sigue siendo la que gobierna su
situación pensional, sin que resulte procedente trasladar las reglas de estatutos
posteriores para definir el derecho en cuestión.

45. Por otra parte, en aplicación de lo previsto en el artículo 5, numeral 5, de la
Ley 91 de 1989 y en el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994, se dispondrá que el
FOMAG realice las gestiones administrativas pertinentes para realizar el cobro de
las cuotas partes que correspondan por todos los aportes que Cajanal ha recibido a
nombre de la accionante. Dicho trámite tiene como finalidad garantizar la financiación
de la pensión de jubilación y no afectará en ningún caso el pago de la mesada
correspondiente.

46. Las sumas de dinero que resulten de la condena anterior se ajustarán al valor
presente de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el
Consejo de Estado, según la cual:

R= RH Índice Final

Índice inicial

47. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(RH), que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.

48. Finalmente, respecto a la pretensión de pago de intereses moratorios que se
causen a partir de la ejecutoria de esta sentencia, la Sala no advierte la necesidad

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de impartir orden en tal sentido, en tanto dichos intereses se causan por disposición
de la ley, tal como se dispone en el artículo 192 del CPACA.

2.5. Conclusión

49. Por lo anterior, se revocará la decisión del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que negó las pretensiones de la demandante, esto por cuanto logró
acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para que su derecho pensional
sea analizado bajo lo contemplado en la Ley 33 de 1985, dado que todas las
vinculaciones se llevaron a cabo en el sector público con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003.

2.7. Condena en costas en ambas instancias

53. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

54. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

55. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

56. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada -parte
vencida-, en ambas instancias, por cuanto la sentencia de primera instancia será
revocada en su totalidad. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones
de la demanda.

SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR la nulidad de la Resolución 00324 del 08 de
febrero de 2018, por medio del cual la Secretaría de Educación departamental de
Valle del Cauca, negó a la señora Ligia Rojas de Duque el derecho pensional
reclamado.

TERCERO: ORDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) que reconozca y pague una pensión de
jubilación a favor de la señora Ligia Rojas de Duque, con base en la Ley 33 de 1988,
equivalente al 75 % del promedio mensual de los factores salariales devengados y
sobre los cuales se hicieron los aportes entre el 3 de agosto de 2013 al 2 de agosto
de 2014, incluidos los previstos en normas posteriores con carácter salarial para
efectos pensionales (asignación básica y bonificación mensual), efectiva a partir del
25 de mayo de 2015 – por prescripción-, sin que se encuentre condicionada a la
demostración del retiro definitivo del servicio. Dicha prestación deberá ajustarse
anualmente en los términos que prevé la ley.

En el evento que no se hubieren realizado descuentos para pensión sobre la
bonificación mensual, la demandada en virtud de sus competencias y por tratarse de
aportes imprescriptibles, deberá realizar las gestiones interadministrativas
necesarias para obtener el pago del monto actualizado y total de la cotización sobre
dicho emolumento por parte del empleador y de la demandante en la proporción
correspondiente, para lo cual, solo bajo ese supuesto, se autoriza el descuento de la
condena exclusivamente de los valores que debía asumir la reclamante.

CUARTO. ORDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) actualizar las sumas adeudadas, según lo
establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, conforme se dispuso en la
parte considerativa.

QUINTO. ORDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en
este fallo dentro del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.

SEXTO. ORDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) que adelante las actuaciones administrativas
necesarias para realizar el cobro de las cuotas partes que correspondan por todos
los aportes pensionales que Cajanal ha recibido a nombre de la señora Ligia Rojas
de Duque, gestión que no comprometerá el pago de la mesada pensional.

SEPTIMO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

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Demandante: Ligia Rojas de Duque

OCTAVO. Condenar en costas en ambas instancias a la parte vencida -entidad
demandada-, por las razones expuestas en la motivación. Para tal efecto, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.

NOVENO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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