Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00408-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00408-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2021-00408-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00408-01 (7683-2023)
Demandante: María Ydali Delgado Borja
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento del
Tolima
Temas: Pensión de jubilación docente - cómputo de tiempo laborado
antes de la Ley 812 de 2003 por contrato de prestación de
servicios.
Decisión: Modifica la sentencia de primera instancia. Sin condena en
costas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra
de la sentencia de 24 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
del Tolima, que accedió a las súplicas de la demanda instaurada por la señora
María Ydali Delgado Borja en contra de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
departamento del Tolima.
II. ANTECEDENTES
2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la nulidad de la Resolución nro. 1666
del 27 de abril de 2021, mediante la cual la Secretaría de Educación Departamental
del Tolima, en nombre y representación de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, negó el
reconocimiento de la pensión de una jubilación.
3. A título de restablecimiento del derecho exigió condenar a las demandadas a
reconocer y pagar la respectiva pensión de jubilación con base en el 75%
del promedio de los salarios devengados en el año anterior a la adquisición del
estatuto pensional.
1Primera instancia. Expediente digitalizado visible en la opción de «gestionar documentos» del sistema SAMAI.
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4. Así mismo demandó el reconocimiento de las sumas dejadas de percibir por
concepto de mesadas pensionales con los respectivos ajustes de ley y, además,
que se avale la compatibilidad entre la pensión y el sueldo devengado. Finalmente
requirió el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos en los
artículos 189 y 192 del CPACA y la condena en costas de los entes accionados.
5. Hechos. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:
6. La demandante laboró como docente del departamento del Tolima durante los
siguientes periodos: i) desde el 1.° de mayo de 1992 hasta el 20 de noviembre de
2002 por órdenes de prestación de servicios; ii) desde el 19 de enero de 2004
hasta el 16 de junio de 2006 y; iii) entre el 1.° de junio de 2010 y el 13 de agosto
de 2020.
7. Al considerar que cumplía con los requisitos previstos en las Leyes 33 y 62 de
1985, solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FNPSM)
el reconocimiento de su pensión de jubilación.
8. Tal petición fue negada mediante el acto administrativo demandado, al estimar que
su vinculación al magisterio oficial se produjo luego de la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, por lo que su pensión de jubilación se rige por lo estatuido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
9. Normas violadas y concepto de la violación.
10. Como normas vulneradas citó los artículos 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 6.°, 13, 25, 29, 53 y 58
de la Constitución Política; las Leyes 33 y 63 de 1985, 91 de 1989, 100 de 1993 y
los Decretos 2285 de 1955, 224 de 1972, 1042 y 1045 de 1978, y 2277 de 1979.
11. Al desarrollar el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que el acto acusado
vulneró la ley, toda vez que desconoció que a los docentes vinculados con
anterioridad al año 2003 se les deben aplicar las normas anteriores a la expedición
de la Ley 812 de ese mismo año, es decir la Ley 33 de 1985, lo que implica un
trato diferencial que debe respetarse de conformidad con lo establecido en el
artículo 53 Constitucional.
12. En este caso la accionante se vinculó como docente oficial con anterioridad a la
entrada en vigor de la mencionada norma, de manera que no le es aplicable la Ley
100 de 1993 ni su régimen de transición.
13. Por tanto, la pensión debe reconocerse a partir de la fecha en que cumplió 55 años
de edad y 20 años de servicios, además de que la liquidación de la respectiva
mesada debe incluir los factores salariales recibidos en el año anterior a la
adquisición del estatus, y que se encuentran contenidos en la Ley 62 de 1985,
respetando ante todo la compatibilidad entre el salario devengado y la respectiva
pensión.
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14. Precisó que el lapso trabajado bajo la modalidad de ordenes de prestación de
servicios es computable y debe ser tenida en cuenta en la sumatoria del tiempo
para el reconocimiento de la pensión.
15. Contestación de la demanda2.
16. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio precisó que no es posible reconocer el estatus de
empleada pública a la demandante durante el tiempo en que laboró bajo la
modalidad de órdenes de prestación de servicios, toda vez que no existe sentencia
que reconozca que esa vinculación adquirió la condición de relación laboral como
docente oficial.
17. La docente ingresó al servicio educativo oficial el 11 de julio de 2006, razón por la
que no cumple con el requisito de haberse vinculado al magisterio antes de la
vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que le son aplicables las reglas depositadas
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
18. Además, la demandante no cumple con el número de semanas requeridas en
dichas normas para obtener el reconocimiento pensional, lo que impide acceder a
las súplicas de la demanda.
19. Propuso las excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva», «falta
de integración de litisconsorcio necesario – Secretaría de Educación del
Departamento del Tolima», «Legalidad de los actos administrativos atacados de
nulidad», «inaplicabilidad de los intereses de mora» y «prescripción de mesadas».
20. Por su parte, departamento del Tolima guardó silencio en esta etapa procesal.
21. La sentencia apelada3. Mediante sentencia de 24 de agosto de 2023, el Tribunal
Administrativo del Tolima declaró la nulidad del acto administrativo demandado.
22. A título de restablecimiento del derecho le ordenó al FNPSM reconocer a favor de
la accionante la pensión de jubilación en los términos de las Leyes 33 y 62 de
1985.
23. Con tales fines, luego de referenciar la sentencia de unificación emitida por esta
corporación el 25 de abril 20194, reiteró que:
24. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales vinculados con anterioridad
al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, es el
previsto en la Ley 33 de 1985; mientras que el régimen pensional que gobierna a
2 Expediente digitalizado primera instancia, archivo: «013_CONTESTACIÓN DEMANDA MIN EDUCACIÓN»
3 Expediente digitalizado primera instancia, archivo: «045_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA»
4 Consejo de Estado, sentencia de unificación SUJ-014-Ce-S2-2019, radicación: 68001-23-33-000-2015-00569-
01(0935-17), demandante: Abadía Reynel Toliza Vs. MEN-FOMAG.
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los educadores que se vincularon al magisterio oficial luego de esa fecha, es el
contenido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
25. Además, expresó que de acuerdo con los pronunciamientos de la Corte
Constitucional5 y del Consejo de Estado6, en los que frente a la actividad docente
se privilegia la realidad sobre las formas, resulta procedente que se contabilice
para efectos pensionales el tiempo durante el cual éstos prestaron servicios al
Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, por lo que es
viable que se compute para el reconocimiento pensional exigido por la actora el
tiempo docente servido al municipio de Líbano bajo esa connotación.
26. Lo anterior, soportado además en el hecho según el cual, en sentencia de 31 de
agosto de 2015, ese tribunal declaró la existencia de una relación laboral
encubierta entre la demandante y el municipio del Líbano, por las labores
contractuales docentes ejecutadas entre los años 1992 y 2002. Así entonces, al
demostrarse que la unión con el magisterio oficial se concretó antes de la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, le asiste derecho a que su pensión de jubilación
se rija por lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.
27. Se anotó, además, que a partir del 19 de enero de 2004, la demandante se vinculó
al magisterio mediante una relación legal y reglamentaria como docente del
departamento del Tolima, prestando sus servicios en esa entidad hasta el 16 de
junio de 2006. Finalmente, se afirmó que la actora se volvió a vincular al servicio
educativo oficial a partir del 1.° de junio de 2010 y hasta el 5 de mayo de 2023.
28. En consecuencia, y con base en las pruebas recopiladas en la actuación, concluyó
que la demandante, quien nació el 18 de enero de 1954, cumplió los 55 años de
edad el 18 de enero de 2009 y los 20 años de servicios el 4 de noviembre de
2021, por lo que en esta última fecha se consolidó el estatus pensional.
29. En cuanto al ingreso base de liquidación, estimó que durante el año
inmediatamente anterior al estatus pensional (comprendido entre el 4 de
noviembre de 2020 y el 3 de noviembre de 2021), la actora devengó asignación
básica, bonificación mensual docente, bonificación pedagógica, prima de navidad,
prima de servicios, prima de vacaciones y horas extras.
30. Sin embargo, determinó que los factores salariales que serían tenidos en cuenta
para la estructuración de la mesada pensional son la asignación básica y las horas
extras.
31. Es de destacar que el tribunal no pasó por alto que, aunque en la fecha en que se
5 Se refirió a la sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional.
6
Citó entre otros, del Consejo de Estado-Sección Segunda – Subsección B, con ponencia del Dr. Carmelo
Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
(00882015) y de la Subsección A Consejero Ponente: Gabriel Valbuena Hernández, veintiuno (21) de mayo de
dos mil veinte (2020) Radicado: 810012333000201400002 01 (0966-2015) y 3 de junio de 2021 radicado 50001-
23-33-000-2018-00357-01.
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profirió el acto demandado -27 de abril de 2021- la accionante no había alcanzado
el estatus pensional, para cuando fue proferida la sentencia ya había alcanzado
esa condición.
32. Por consiguiente, y en virtud de los principios de prevalencia del derecho de
acceso a la administración de justicia, debido proceso y supremacía del derecho
sustancial sobre el formal, prefirió garantizar la protección de la demandante como
persona de la tercera edad, para no someterla a un nuevo trámite administrativo y
judicial en aras de obtener el reconocimiento de su pensión.
33. En este escenario, consideró que la pensión de jubilación es compatible con el
salario recibido por la actora, por lo que el reconocimiento prestacional se haría
efectivo desde el 4 de noviembre de 2021.
34. Por último, condenó en costas a la parte demandada.
35. Recurso de apelación. El apoderado de la parte demandante7 presentó recurso
de apelación, en el que solicitó revocar parcialmente la sentencia de primera
instancia, con el objetivo que se incluyera en la liquidación de la pensión de
jubilación los factores denominados bonificación mensual, bonificación
pedagógica y la prima de vacaciones, en virtud de lo establecido en los Decretos
1381 de 1997, 2354 de 2018 y 964 de 2021.
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
36. La admisión del recurso. Mediante auto de 2 de febrero de 20248 se admitió el
recurso de apelación. Dentro de la oportunidad de ley no se registraron
intervenciones de las partes ni del agente del ministerio público delegado ante esta
corporación.
37. Control de legalidad9. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
III. CONSIDERACIONES
38. Competencia. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la
referencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15010 de la Ley 1437 de
2011.
7 Expediente digitalizado. Archivo «052_MemorialWEb_Recurso».
8 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.
9
El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
10
El citado artículo dice que: «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá
del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de
este código. […]».
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39. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
40. En este caso, el accionante es el único apelante, por lo que la sala se referirá a los
argumentos de disenso.
41. Problema jurídico. En esta oportunidad, le corresponde a la sala determinar si
¿La demandante tiene derecho a que en la liquidación de su pensión de jubilación
se incluya la prima de vacaciones, la bonificación mensual y la bonificación
pedagógica?
42. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala: i) se referirá al régimen pensional
aplicable a los educadores oficiales y; ii) estudiará el acervo probatorio para
determinar si a la actora le asiste el derecho que reclama.
43. Interrogante único. ¿La demandante tiene derecho a que en la liquidación de su
pensión de jubilación se incluya la prima de vacaciones, la bonificación mensual y
la bonificación pedagógica?
44. Régimen pensional aplicable a los educadores oficiales. La sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019. Mediante la aludida providencia11, esta
sección unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la pensión ordinaria de
jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989, oportunidad en la que
determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:
«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus
liquidaciones pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.
b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
se les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Para la
liquidación pensional los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron
las respectivas cotizaciones.»
45. A las anteriores conclusiones se arribó con sustento en los siguientes
razonamientos:
«[…]
11 SUJ-014-CE-S2 -2019, expediente 680012333000201500569-01 (0935-17).
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51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre
los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de la Ley 33
de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el mencionado artículo
1º de la Ley 62 de 1985.
52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la
pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985
son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna
o en día de descanso obligatorio.
53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o aportes
de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores, distinto al de los
empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo 8º, que contiene los
recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los numerales 1 y 3, el 5%
del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y el 8% equivalente al aporte
de la Nación sobre “los factores salariales que forman parte del rubro de pago por
servicios personales de los docentes”, respectivamente.
[…]
62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente
regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores
que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º
de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se
incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta
disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el
ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los
factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley
62 de 1985.
65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación
de los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores.
Lo que quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente
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los que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º
de la Ley 33 de 1985.
66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema
General de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
que establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de
Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de
las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años
para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor
según certificación que expida el DANE”. Por la misma razón, tampoco les aplica la
regla sobre Ingreso Base de Liquidación prevista en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993 que fija en 10 años el periodo que se debe tomar para la liquidación de la
mesada pensional.
67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a
partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985,
se rige por las siguientes reglas:
✓Edad: 55 años
✓Tiempo de servicios: 20 años
✓Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base
para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.»
Destacado fuera del texto original.
46. A través de la sentencia citada, se precisó que, según el parágrafo transitorio del
Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes que regulan el derecho a la
pensión de jubilación de los docentes oficiales, que dependerán de la fecha de
vinculación al servicio educativo estatal, para tal efecto distinguió los siguientes:
a) El derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1 de
enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de
enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios y 75% de los factores previstos
en la Ley 62 de 1985.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Para este personal, el ingreso base de
liquidación se rige por lo previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados
por el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones.
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47. Como se advierte, por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas fijadas
en ella tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables. De tal manera, bajo dicha posición
jurisprudencial se analizará el asunto de la referencia.
48. Caso concreto.
49. De acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, advierte la sala
que la demandante nació el 18 de enero de 195412 y se vinculó como docente
oficial durante los periodos y las modalidades que se detallan a continuación:
Desde Hasta Tiempo Modalidad
1.° de mayo de 1992 1.° de diciembre de 7 meses y 1 día
1992
23 de abril de 1993 22 de mayo de 1993 29 días
21 de julio de 1993 30 de noviembre de 4 meses y 9 días
1993
14 de marzo de 1994 30 de noviembre de 8 meses y 16 días
1994 Órdenes de
2 de mayo de 1995 30 de noviembre de 6 meses y 28 días prestación de
1995 servicios13
1.° de marzo de 1996 31 de agosto de 1996 6 meses
1.° de marzo de 1997 31 de agosto de 1997 6 meses
1.° de marzo de 1998 30 de noviembre de 9 meses
1998
1.° de junio de 1999 30 de noviembre de 6 meses
1999
1.° de abril de 2000 30 de noviembre de 8 meses
2000
1.° de marzo de 2001 23 de junio de 2001 3 meses y 23 días
17 de julio de 2001 1.° de diciembre de 4 meses y 14 días
2001
15 de abril de 2002 15 de mayo de 2002 1 mes
21 de junio de 2002 21 de julio de 2002 1 mes
26 de julio de 2002 26 de agosto de 2002 1 mes
26 de agosto de 2002 26 de septiembre de 1 mes
2002
26 de septiembre de 27 de octubre de 2002 1 mes
2002
26 de octubre de 2002 30 de noviembre de 1 mes y 4 días
2002
SUBTOTAL TIEMPOS POR OPS 6 años, 5 meses
y 4 días
19 de enero de 2004 16 de junio de 2006 2 años, 4 meses y 28 Nombramiento en
días.
12 Copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 23 del PDF 005_Demanda.pdf contentivo del expediente
digital el cual puede ser descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI.
13 Dicha información se desprende de la sentencia del 1.° de agosto de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima en donde la actora reclamó la existencia de la relación laboral subyacente en contra
del municipio del Líbano – Tolima, visible a folios 29 a 41 del PDF 005_Demanda.pdf contentivo del expediente
digital el cual puede ser descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI.
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Demandante: María Ydali Delgado Borja
provisionalidad14
1.° de junio de 2010
Por lo menos hasta el 13 años y 4 días Nombramiento en
15
5 de junio de 2023 provisionalidad16
SUBTOTAL VINCULACION LEGAL Y REGLAMENTARIA 15 años, 5
meses y 2 días
TOTAL TIEMPO DE SERVICIOS DOCENTES 21 años, 10
meses y 6 días
50. En los términos antes señalados, la sala concluye que la demandante cumplió los
55 años de edad el 18 de enero de 1999, pero en esa data no había completado
el tiempo mínimo para acceder a la pensión, ya que a esa edad escasamente tenía
3 años de servicios.
51. Fue hasta el 29 de julio de 2021 que cumplió los 20 años de servicios y, por ende,
consolidó su estatus pensional con base en lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, lo
que impone modificar la fecha de concreción de esa condición, pese a que el
tribunal haya determinado como data de origen de esa prestación el 4 de
noviembre de 2021.
52. Por otro lado, se recuerda que los factores pensionales que nutren la pensión de
jubilación son aquellos sobre los que se efectuaron los respectivos aportes, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985. Sin embargo,
tal previsión no obsta para que en la base pensional se incluyan otros
emolumentos que han sido catalogados como factor salarial en los respectivos
actos de creación.
53. Tal es el caso de la bonificación mensual docente que, si bien no se encuentra
enlistada en la citada normativa, su decreto de creación, esto es, el 1566 de 2014
-modificado por los Decretos 123 de 2016 y 983 de 2017- le confirió tal carácter.
54. En este caso, la demandante devengó los siguientes factores en el año anterior a
la adquisición del estatus pensional:
14 Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral visible a folios 47 a 49 del PDF
005_Demanda.pdf contentivo del expediente digital el cual puede ser descargado en la opción de «gestionar
documentos» de la plataforma SAMAI.
15 Así se observa en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios visible a folios 8 a 12 del
PDF 038_AGREGARMEMORIAL contentivo del expediente digital el cual puede ser descargado en la opción
de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI.
16 Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral visible a folios 53 a 55 ibidem.
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55. El tribunal ordenó liquidar la pensión de jubilación con la inclusión de la asignación
básica y las horas extras, toda vez que los demás emolumentos no estaban
incluidos en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985.
56. La parte actora disiente de dicha conclusión, porque la bonificación mensual, la
bonificación pedagógica y la prima de vacaciones constituyen factores salariares
computables en su pensión de jubilación.
57. Sobre el particular, considera la sala que le asiste parcialmente la razón al
apoderado de la parte demandante ya que, si bien la referida bonificación mensual
docente no figura dentro de los factores señalados en la Ley 62 de 1985, lo cierto
es que los Decretos 1566 de 2014, 123 de 2016, 983 de 201717 que la crearon
17 Decreto 1566 de 2014 –«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores públicos docentes y directivos docentes
al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979, el
Decreto Ley 1278 de 2002 o el Decreto 804 de 1995, y pagados con cargo al Sistema General de
Participaciones, una bonificación, que se reconocerá mensualmente a partir del primero (01) de junio de 2014
y hasta el treinta y uno (31) diciembre de 2015, mientras el servidor público permanezca en el servicio. La
bonificación que se crea mediante el presente Decreto constituirá factor salarial para todos los efectos legales
y los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese concepto se realizarán de conformidad con
las disposiciones legales vigentes […]».
Decreto 123 de 2016. «ARTICULO 1. Créase para los servidores públicos docentes y directivos docentes al
servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979, el
Decreto Ley 1278 de 2002 o la Sección 4, Capítulo 5, Título 3, Parte 3 del Decreto 1075 de 2015 Único
Reglamentario del Sector Educación, y pagados con cargo al Sistema General de Participaciones, una
bonificación, que se reconocerá mensualmente a partir del primero (01) de enero de 2016 y hasta el treinta y
uno (31) diciembre de 2016, mientras el servidor público permanezca en el servicio. La bonificación que se crea
mediante el presente Decreto constituirá factor salarial para todos los efectos legales y los aportes obligatorios
sobre los pagos que se efectúen por ese concepto, se realizarán de conformidad con las disposiciones legales
vigentes».
«Decreto. 983 de 2017. ARTÍCULO 1°. Créase para los servidores públicos docentes y directivos docentes al
servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979, el
Decreto Ley 1278 de 2002 o la Sección 4, Capítulo 5, Título 3, Parte 3 del Decreto 1075 de 2015 Único
Reglamentario del Sector Educación, y pagados con cargo al Sistema General de Participaciones, una
bonificación, que se reconocerá mensualmente a partir del primero (01) de enero de 2017 y hasta el treinta y
uno (31) diciembre de 2017, mientras el servidor público permanezca en el servicio. La bonificación que se crea
mediante el presente Decreto constituirá factor salarial para todos los efectos legales y los aportes obligatorios
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para esas anualidades, le dieron el carácter de factor salarial para todos los efectos
legales y dispusieron que los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen
por ese concepto se habrán de realizar conforme a las disposiciones vigentes.
58. Igualmente es pertinente señalar que la Sección Quinta del Consejo de Estado18,
al resolver una acción de tutela, ordenó la inclusión de este factor salarial a un
docente que acreditó haberlo percibido en el último año de servicios. Esta decisión
se fundamentó en que la Sección Segunda ya había resuelto una pretensión
similar con anterioridad, posición que se ha sido reiterada en múltiples
sentencias como la del 18 de septiembre de 202519:
«[…] En punto a lo relacionado con los factores de liquidación, la Sala estima que
hay que tener en cuenta además de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985, los factores
que en disposiciones posteriores se les haya dado carácter salarial, como por
ejemplo la bonificación mensual de docentes y directivos docentes (Decreto 1566
de 2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018); no siendo posible
extenderse a incluir la totalidad de factores sobre los que hubiere cotizado en el año
anterior a la adquisición del estatus, pues, ello podría tener como consecuencia la
existencia de distintos regímenes al interior del servicio docente, que conllevaría a
la vulneración de derechos como el de igualdad, y desconocería lo dispuesto en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, con la cual se abandonó el criterio
jurisprudencial de la sentencia del 4 de agosto de 2010, que avalaba dicha
liquidación con todos los emolumentos percibidos, al margen de si estaba o no
contenidos en las disposiciones de liquidación pensional.]».
59. En ese sentido, se debe incluir esa bonificación, pues fue devengada por la
accionante en el año anterior a la adquisición del estatus (2020- 2021) y, además,
la norma que la creó estableció que tenía naturaleza salarial para todos los efectos
legales.
60. Igual consideración merece la bonificación pedagógica, dado que en el artículo 3.°
del Decreto 2354 de 2018 se le confirió el carácter de « […] factor salarial para
todos los efectos legales.».
61. Por último, se negará la inclusión de la prima de vacaciones en la base pensional,
por cuanto tal emolumento no se encuentra enlistado en el artículo 1.º de la Ley
62 de 1985 como computable para esos fines, amén de que en las normas que
regulan el servicio docente tampoco tiene atribuida esa cualidad. A esta misma
conclusión arribó esta subsección en la sentencia del 4 de septiembre de 202520,
dictada dentro del expediente 25000-23-42-000-2021-00455-01 (4695-2023).
sobre los pagos que se efectúen por ese concepto, se realizarán de conformidad con las disposiciones legales
vigentes».
18 Sentencia de 21 de octubre de 2019, dictada dentro del proceso de acción de tutela radicado
11001031500020190419200, con ponencia de la consejera Rocío Araujo Oñate.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves, sentencia del 18 de
septiembre de 2025 expedida dentro del expediente identificado con el radicado 76001-23-33-009-2018-00587-
01 (4679-2024).
20 Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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62. En consecuencia, se modificará la sentencia de primera instancia para precisar
que los factores salariales que deben tenerse en cuenta para determinar el ingreso
base de liquidación de la pensión de jubilación a que tiene derecho el demandante
son la asignación básica, la bonificación mensual, las horas extras y la bonificación
pedagógica de acuerdo con su naturaleza jurídica y la regla establecida respecto
del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de los docentes oficiales
vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
63. De la condena en costas en segunda instancia
64. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna
esta materia.
65. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.
66. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
67. En el caso de marras, comoquiera que le asiste razón parcialmente a la parte
demandante en su recurso de apelación, no se condenará en costas en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia del 24 de agosto de
2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Tolima accedió las
pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó la señora María Ydali Delgado Borja contra la
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Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y el departamento del Tolima, el cual quedará así:
«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
reconocer y pagar a favor de la señora MARÍA YDALI DELGADO BORJA, una pensión de
jubilación de conformidad con las previsiones de las leyes 33 y 62 de 1985. Para el cálculo
del monto pensional, la tasa de reemplazo corresponderá al 75% y el IBL al promedio de
lo devengado en el último año de servicios anterior a la adquisición del estatus pensional
(comprendido entre el 29 de julio de 2020 y el 29 de julio de 2021), incluyendo como
factores salariales la asignación básica, la bonificación mensual, la bonificación
pedagógica y las horas extras, con efectividad a partir del día 29 de julio de 2021,
fecha de adquisición del estatus pensional, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva
de la presente sentencia.»
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Tener al abogado Diego Fernando Aldana Palma, identificado con la
cédula de ciudadanía nro. 1.110.553.341, portador de la tarjeta profesional nro.
336.823 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del departamento
del Tolima, en los términos y para los fines del poder conferido.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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