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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2020-00471-01

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2020-00471-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que accedió parcialmente a las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2020-00471-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

1 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., primero (1.°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 23001-23-33-000-2020-00471-01 (7745-2023)
Demandante: Elis Regina Álvarez Torres
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

Temas: Aplicación al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo
año. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia proferida el doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, que accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Elis Regina Álvarez Torres instauró demanda contra la Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin
de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones GNR 212316 del 23 de agosto de 2013,
GNR 110102 del 17 de abril de 2015 y VPB 72746 del 1.° de diciembre de 2015.

A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a la demandada reliquidar la
pensión de vejez de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985, en
porcentaje del 75%, con la inclusión de todos los factores salariales devengados, desde
el 31 de mayo de 2012 hasta el 31 de mayo de 2013, efectiva al 1.° de junio de 2013,
día siguiente al que dejó de cotizar. Pagar las diferencias que surjan entre la mesada
que viene recibiendo y la que se ordene con la demanda. Cancelar lo adeudado de
forma indexada, así como los intereses moratorios causados sobre tales sumas,
condenar en costas y agencias en derecho.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601-350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 23001-23-33-000-2020-00471-01 (7745-2023)

Como pretensiones subsidiarias, aplicar la norma más favorable y pagar la prestación
en los términos del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma
anualidad, teniendo en cuenta una tasa de reemplazo equivalente al 90% del IBL de las
últimas 100 semanas cotizadas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que es beneficiaria del régimen de transición, dado que nació el 17 de junio de 1956 y
al 1.° de abril de 1994 contaba con 37 años, situación que la hace merecedora de
pensionarse con la norma que más le favorece.

Que laboró para el Estado entre el 21 de marzo de 1984 y el 31 de mayo de 2013, en
el municipio de Sahagún, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Agricultura, Contraloría
de Córdoba y la Defensoría del Pueblo, para un total de 26 años, 7 meses, 9.587 días,
1.422,42 semanas. Adicionalmente, realizó aportes como trabajadora independiente
hasta el 31 de mayo de 2013.

Que por Resolución GNR 212316 del 23 de agosto de 2013 se le reconoció la pensión
de vejez. Para el efecto, la entidad sólo tuvo en cuenta 1283 semanas, con un IBL de
$2´069.350 y una tasa de reemplazo del 75% en cuantía de $1.552.013, efectiva a partir
del 1.° de julio de 2013.

Que elevó petición de reliquidación el 28 de agosto de 2014, y Colpensiones resolvió
de forma negativa a través de Resolución GNR 110102 del 17 de abril de 2015, decisión
que fue confirmada mediante Resolución VPB 72746 del 1.° de diciembre de 2015.

Que en virtud del principio de favorabilidad es posible aplicar las Leyes 33 y 62 de 1985;
o el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 6.°, 13, 25, 29, 48, 53, 58 y 150 de la
Constitución Política; Decreto 1045 de 1978, Leyes 33 y 62 de 1985 y la Ley 100 de
1993.

Señaló que los actos acusados violan las normas constitucionales y legales a las que
aludió, dado que es beneficiaria del régimen de transición y tiene derecho a que se le
reconozca su pensión con el régimen que arroje la mesada que más le favorezca.

Que de conformidad con lo manifestado por el Consejo de Estado mediante sentencia
del 4 de agosto de 2010, la prestación debe liquidarse con la inclusión de todos los
factores devengados en el último año de servicios, pues la Ley 33 de 1985 no indica de
forma taxativa los conceptos que conforman la base de liquidación pensional,
simplemente los enuncia.

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Que le resultan aplicables las disposiciones del Decreto 758 de 1990 dado que no es
un requisito indispensable cotizar de manera exclusiva al ISS, pues la norma no lo
consagra, esa exigencia constituye violación a los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad social, tal y como se advirtió en la sentencia T 476 de 2013.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 22 de abril de 2021 y notificada a Colpensiones, quien al
contestar se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de inexistencia de la
obligación, improcedencia de los intereses moratorios, buena fe y prescripción.

Sostuvo que la pensión de la señora Elis Regina Álvarez Torres fue reconocida bajo los
supuestos del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985 y los factores salariales estipulados en
el Decreto 1158 de 1994, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de
la Ley 100 de 1993, esto es, con base en el promedio de los aportes realizados en los
últimos 10 años, con un total de 1250 semanas cotizadas.

Que la decisión de la entidad resulta ajustada a derecho, dado que el régimen de
transición se limita únicamente a la edad, el monto y las semanas de cotización. Para
determinar la cuantía de la pensión. Que en relación con el ingreso base de liquidación,
deben seguirse las reglas contempladas en el sistema general de pensiones. Tesis que
se encuentra respaldada por la postura tanto de la Corte Constitucional como del
Consejo de Estado.

Que no es procedente el pago de los intereses moratorios, ya que los mismos aplican
en caso de mora en el pago de las mesadas a partir del acto administrativo que
reconoció la pensión, circunstancia que no ocurrió.

Se celebró audiencia inicial el 21 de junio de 2022, en la cual se fijó el litigio y, luego de
agotado el período probatorio y de dar traslado a las partes para que alegaran de
conclusión, se dictó sentencia, la cual fue apelada oportunamente por la parte
demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Córdoba accedió parcialmente a las pretensiones. Con
fundamento en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 consideró que era
improcedente conceder la reliquidación solicitada por la demandante en los términos
de la Ley 33 de 1985, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en
el último año de servicios. Lo anterior, porque los únicos elementos pensionales
amparados por el régimen de transición son la edad, el tiempo de servicios y el monto,
entendiendo este, como la tasa de reemplazo que se aplica al IBL. El período y los
conceptos a tener en cuenta deben analizarse conforme al inciso 3.° del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

Tras revisar el material probatorio remitido, concluyó que la liquidación de la base
salarial para la pensión de la señora Elis Regina Álvarez Torres se realizó

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correctamente, pues se calculó con los emolumentos sobre los cuales había cotizado
durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la prestación.

Por otra parte, indicó que la demandante cumplió con los requisitos previstos en el
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, para obtener la pensión
de vejez. Al respecto advirtió que, a diferencia de lo contemplado en la Ley 33 de 1985,
esta normativa establece una tasa de reemplazo proporcional al número de semanas
cotizadas, la cual puede llegar a ser de hasta el 90%.

Que según lo acreditado, y en virtud del principio de favorabilidad, la señora Regina
Álvarez tiene derecho a que su pensión sea liquidada conforme a las disposiciones del
Acuerdo 049 de 1990, con una tasa del 90%, dado que cotizó un total de 1.368.14 1
semanas distribuidas así: en el ISS y Colpensiones (951,71); Caja Nacional de
Previsión Social (272,29); Ministerio de Hacienda y Crédito Público (144,14).

Que no es cierto lo afirmado por Colpensiones al señalar que es improcedente la
concesión del derecho de acuerdo con el Decreto 758 de 1990, argumentando que solo
son beneficiarios de este régimen, quienes hicieron cotizaciones exclusivamente al ISS,
dado que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de noviembre de 2021,
precisó que haber realizado aportes a diferentes cajas de previsión no constituye un
obstáculo para que se aplique dicho estatuto.

Que no procede el pago de intereses moratorios reclamados, porque el artículo 141 de
la Ley 100 de 1993 establece su procedencia únicamente en caso que la entidad se
niegue a efectuar el pago de las mesadas pensionales, circunstancia que no fue
demostrada.

Que se configuró el fenómeno de la prescripción sobre las mesadas causadas con
anterioridad al 18 de marzo de 2016, en consideración a que el derecho se consolidó
el 1.° de julio de 2013, la demandante radicó la petición el 28 de agosto de 2014, y
presentó el medio de control el 18 de marzo de 2019.

En ese orden, declaró la nulidad parcial de la Resolución GNR 212316 del 23 de agosto
de 2013 y la nulidad total de las Resoluciones GNR 110102 de 17 de abril de 2015 y
VPB727 de 1.° de diciembre de 2015. A título de restablecimiento del derecho condenó
a Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez de la señora Álvarez Torres conforme
con lo preceptuado en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990,
en cuantía del 90% del promedio de los salarios percibidos, con la inclusión de los
factores consagrados en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los cuales haya efectuado

1 Correspondientes a los períodos en los que laboró: «Municipio de Sahagún (21 de marzo de 1984 al 10 de diciembre

de 1984), Ministerio del Trabajo (3 de julio de 1986 al 31 de enero de 1991), Ministerio de Agricultura (11 de junio de
1991 al 19 de abril de 1996), Contraloría General del Departamento de Córdoba (del 3 de septiembre de 1996 al 31
de julio de 2001), Municipio de Sahagún (del 6 de agosto de 2001 al 31 de diciembre de 2003 y del 2 de febrero de
2004 al 11 de septiembre de 2008) y Defensoría del Pueblo (2 de septiembre de 2008 al 31 de marzo de 2009, del
1° de abril de 2009 al 31 de julio de 2010, del 1° de agosto de 2010 al 30 de noviembre de 2010, del 1° de diciembre
de 2010 al 30 de noviembre de 2011, del 1° de diciembre de 2011 al 31 de mayo de 2013, del 11 de octubre de 2013
al 31 de diciembre de 2013 y del 16 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2014)». Como trabajadora
independiente, en los tiempos «comprendidos entre octubre de 2008 a junio de 2009 y de octubre de 2009 a
septiembre de 2013».

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aportes al sistema pensional durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la
prestación, así como al pago de las diferencias resultantes del reajuste ordenado.

RECURSO DE APELACIÓN

Colpensiones afirmó que la norma aplicable en su totalidad para el reconocimiento de
la pensión de vejez de la demandante es la Ley 33 de 1985 y que la pretensión de la
señora Elis Regina Álvarez Torres de reliquidar la prestación conforme al Acuerdo 049
de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, no está llamada a prosperar,
dado que no es posible fragmentar la normatividad existente para tomar de cada una lo
que más le convenga a la afiliada, pues ello vulneraría el principio de inescindibilidad.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 5 de febrero de 2024 se admitió el recurso de apelación, las partes guardaron silencio
en esta etapa.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe determinar si la norma aplicable a la señora Elis Regina Álvarez Torres
por vía de transición es la Ley 33 de 1985 o si por el contrario en virtud del principio de
favorabilidad es procedente analizar la prestación bajo los supuestos del Acuerdo 049
de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Marco normativo y jurisprudencial.

Régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

La Ley 100 de 1993 reguló la seguridad social integral, como «conjunto de instituciones,
normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad
de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la
sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias,
especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del
territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.»

El Sistema General de Pensiones, según el artículo 10 de la Ley 100, «tiene por objeto
garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez
u la muerte», para lo cual, entre otras medidas, derogó los regímenes pensionales
existentes antes de su expedición.

No obstante, la misma ley, en su artículo 36, consagró un régimen de transición en
materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban
próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que
quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles algunos

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de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares más
favorables.

El artículo 36 de la Ley 100 dispone:

«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en
cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el
año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años
para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o
más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez,
se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años
a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será
el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector
privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]».

Sobre los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición, la Corte
Constitucional en sentencia C168 de 1995, dispuso:

«Dado que en la ley 100 de 1993 se modifican algunos de los requisitos para acceder
a la pensión de vejez, se establece en el inciso segundo del artículo 36, materia de
acusación, un régimen de transición que da derecho a obtener ese beneficio mediante
el cumplimiento de los requisitos de edad, tiempo de servicio, o semanas cotizadas
estatuidas en la legislación anterior, para las personas que a la fecha de entrar a regir
el nuevo sistema de seguridad social, tengan 35 años o más de edad si son mujeres, y
40 o más años de edad si son hombres; o a quienes hayan cumplido 15 o más años de
servicios cotizados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas
para obtener tal derecho son los contenidos en las disposiciones de la nueva ley.

[…]

Adviértase, cómo el legislador con estas disposiciones legales va más allá de la
protección de los derechos adquiridos, para salvaguardar las expectativas de quienes
están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir
el derecho a la pensión de vejez, lo que corresponde a una plausible política social que,
en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar especial
protección al trabajo.»

Para determinar la fecha en que entró en vigencia el sistema general de pensiones nos
remitimos al artículo 151 de la Ley 100, el cual dispuso que este rige desde el 1. ° de
abril de 1994, pero para los empleados públicos del nivel departamental, municipal y
distrital entró en vigor a más tardar el 30 de junio de 1995.

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En ese orden, para ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 se requiere que, al 1.° de abril de 1994, la persona demuestre tener 35 años o más
si son mujeres, 40 o más si son hombres o 15 o más años de servicio cotizados, salvo
que se tratara de un servidor público del orden territorial a quien, por disposición del
legislador, se le aplicarían las normas de ese sistema «a más tardar el 30 de junio de 1995,
en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental».

No obstante, el citado régimen de transición fue modificado por el Acto Legislativo 01
de 2005, vigente a partir del 29 de julio del mismo año, así:

«Parágrafo transitorio 4o. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y
demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de
julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además,
tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la
entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho
régimen hasta el año 2014.».

«Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen
serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen.».

Como vemos, con la modificación efectuada se dispuso la terminación del régimen de
transición y para dichos efectos estableció que no podía extenderse más allá del 31 de
julio de 2010. También, previó como excepción a los trabajadores que, estando en dicho
régimen, tuvieren cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de
servicios, a la data en que inició su vigencia. Solo respecto de estos, se mantendrían
los beneficios del régimen hasta el 31 de diciembre del año 2014.

Del régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1999 (aprobado mediante
Decreto 758 de 1990.

El Decreto 758 de 1990 dispuso en su artículo 12, que los afiliados al Seguro Social
podrán acceder a la pensión de vejez siempre que cumplan los siguientes requisitos:

«a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más
años de edad, si se es mujer y,

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado
un número de un mil (1.0.00) (sic) semanas de cotización, sufragadas en cualquier
tiempo.».

Sobre el supuesto previsto en el literal b), la Corte Suprema de Justicia sostenía que
los tiempos exigidos en la norma debían ser cotizados únicamente al ISS, en atención
a que la norma no había regulado la posibilidad de sumar los períodos laborados a
entidades distintas al instituto; como si lo contempló el artículo 33 de la Ley 100 de
1993.2 No obstante, dicha Corporación modificó el precedente al manifestar que las
pensiones de vejez consagradas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto

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Expedientes radicación: 23611; 27651, 30187 y 41703.

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758 de la misma anualidad, pueden consolidarse con los tiempos de servicio laborados
en calidad de servidor público, teniendo como fundamento lo preceptuado en el sistema
general de pensiones. 3

«[…]

Específicamente, el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 implicó una protección especial para quienes se encuentran cobijados por éste, en
el sentido de que la normativa anterior aplicable tendría los mencionados efectos
ultraactivos solamente en los aspectos de edad, tiempo y monto, pues el resto de
condiciones pensionales se encuentran regidas por las disposiciones de la Ley 100 de
1993.

De lo anterior se deriva que si la disposición precedente solo opera para las pensiones
de transición en los puntos de edad, tiempo y monto, entonces la forma de computar las
semanas para estas prestaciones se rige por el literal f) del artículo 13, el parágrafo 1.º
del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que disponen
expresamente la posibilidad de sumar tiempos privados y tiempos públicos, así éstos no
hayan sido objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social.

En efecto, el literal f) del artículo 13 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
establecen que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de
las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad
del sector público o privado, o el tiempo de servicio que se haya prestado en calidad de
servidor público, cualquiera que sea el número de semanas o el tiempo de servicio. En el
mismo sentido, se reafirma, el parágrafo 1.º del artículo 33 de dicho precepto consagra la
validez de los tiempos como servidor público para el cómputo de las semanas. […]».

Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia SU 769 de 2014, señaló que, a fin
de garantizar el derecho a la seguridad social de los beneficiarios del régimen de
transición, en virtud de los principios de favorabilidad y pro homine, es posible acumular
los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión social, con las
semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, dado que el
acuerdo citado no exige que las cotizaciones se hayan efectuado de forma exclusiva
en dicho instituto.

«9.1. El cómputo de las semanas cotizadas es un aspecto que quedó consagrado en la
Ley 100 de 1993 precisamente para dar solución a la desarticulación entre los diferentes
regímenes que durante un tiempo hizo imposible acumular tiempos de servicio con
diferentes empleadores, reduciendo notablemente la posibilidad de los trabajadores
para acceder a la pensión de vejez.

De conformidad con los precedentes jurisprudenciales reseñados en la parte
considerativa de esta sentencia, para efecto del reconocimiento de esta prestación es
posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión
social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por
cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no
contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.

9.2. Por otro lado, según se decantó en esta providencia, por ser la postura que mejor
se ajusta a la Constitución y a los principios de favorabilidad y pro homine, y que
maximiza la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, tal acumulación es
válida no solo para los casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier

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Radicación 70918.

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tiempo, sino también para los eventos en los que se demostró haber reunido un total de
500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida.

9.3. Finalmente, también es posible acumular el tiempo laborado en entidades públicas
respecto de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo
de previsión social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo
anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el goce efectivo
del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado las
respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el
trabajador, más aún cuando era la entidad pública la que asumía dicha carga
prestacional. […]».

Esta Corporación también ha señalado que es posible acumular aportes realizados a
ambos sectores. En sentencia del 23 de abril de 2020,4 la Sección precisó:

«[…] Respecto a la aplicación de este régimen pensional para el reconocimiento de la
pensión de vejez, tanto la Corte Constitucional como esta Sección se han pronunciado
sobre la posibilidad de acumular tiempos de servicio cotizados a cajas o fondos de
previsión social o que, en todo caso, fueron laborados en el sector público o privado y
debieron ser cotizados, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales,
indicando que dicha posibilidad opera tanto para acreditar las 500 semanas de
cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad como las 1000
semanas de tiempo cotizadas en cualquier tiempo y (b) que las solicitudes de
reconocimiento pensional que se realicen con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990
deben resolverse computando los tiempos cotizados tanto en el sector público como en
el privado.

[…]

(ii). No le asiste razón a la entidad demandada al indicar que el Acuerdo 049 de 1990
no era aplicable al caso concreto, al argumentar que dicha normatividad solo prevé la
posibilidad de computar tiempos cotizados exclusivamente al Instituto de Seguros
Sociales, pero no públicos con privados, como sí lo preceptúan las Leyes 71 de 1988 y
100 de 1993.

Lo anterior, toda vez que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de esta
Sección han establecido la posibilidad de acumular tiempos de servicio cotizado a cajas
o fondos de previsión social o que, en todo caso, fueron laborados en el sector público
o privado y debieron ser cotizados, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros
Sociales, indicando que dicha posibilidad opera tanto para acreditar las 500 semanas
de cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad como las 1000
semanas de tiempo cotizadas en cualquier tiempo. […]».

En dicho pronunciamiento, la Sección señaló que a los beneficiarios del régimen de
transición deberá aplicárseles el Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta los
requisitos de edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
allí dispuesta. Frente a los factores salariales que se deben incluir, dispuso que se
atenderá a la regla de cotización contemplada en el artículo 1.º del Decreto 1158 de
1994.

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de abril de 2020. Expediente: 2016-02417-

01 (3351-2018). Ver procesos en los que el Consejo de Estado se ha manifestado en los mismos términos:
sentencias del 27 de julio de 2023. Expediente: 2018-02357-01 (3224-2020); y del 6 de marzo de 2024. Expediente:
2019-00875-01 (2316-2023).

9

Radicación: 23001-23-33-000-2020-00471-01 (7745-2023)

Caso concreto.

La Sala precisa que la controversia en el presente asunto se centra en determinar cuál
es la normativa que regula la situación jurídica de la señora Elis Regina Álvarez por vía
de transición: si es la Ley 33 de 1985 o si, por el contrario, debe aplicarse el Acuerdo
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en virtud del principio de
favorabilidad.

Colpensiones señaló que reconoció la pensión de vejez de la demandante, con los
parámetros fijados en la Ley 33 de 1985, norma que aplicó por remisión expresa del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que prevé que los requisitos que deberán estudiarse
para acceder a la prestación, son aquellos establecidos en el régimen anterior al cual
se encuentre afiliado el interesado, como en efecto lo hizo, razón por la que no hay
lugar a la reliquidación con base en el Decreto 758 de 1990.

Indicó que la actora no puede pretender, en aras de obtener un mayor beneficio, que
se fragmente la normatividad existente y se tome de cada una lo que más le convenga,
contemplar tal posibilidad vulneraría el principio de inescindibilidad de la ley.

Para resolver el problema jurídico planteado, es necesario destacar que la señora
Regina Álvarez formuló pretensiones principales y subsidiarias. Las primeras
tendientes a la reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios, de acuerdo con el precedente del 4 de agosto
de 2010; y las segundas, al reajuste de la prestación atendiendo a lo dispuesto en el
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en consideración
al principio de favorabilidad.

Conforme con lo expuesto, la Sala no advierte que la demandante busque combinar las
disposiciones de la Ley 33 de 1985, con las contenidas en el Acuerdo 049 de 1990
como equivocadamente lo manifiesta la demandada; sino el cálculo de su pensión con
el régimen jurídico que más le beneficie. Así, en caso de que no prospere el primer
estatuto jurídico al que aludió en los términos solicitados; se decida si es procedente su
petición con lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990.

El Tribunal se pronunció puntalmente sobre las reclamaciones, indicando que la
demandante cumplió con los presupuestos de cada una de las normas en cuestión para
acceder a la pensión de vejez. 5 Con fundamento en la sentencia del 28 de agosto de
2018, negó la petición relacionada con la Ley 33 de 1985, dado que solo es posible
incluir en la liquidación los emolumentos sobre los cuales cotizó.

En ese orden, se dispuso a analizar las pretensiones subsidiarias, para el efecto
expresó que a la señora Elis Regina le asiste derecho a que su pensión de jubilación
se liquide con base en el Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta que las condiciones

5 «Ley 33 de 1985 -20 años de servicios y 55 años de edad-, como con los del Decreto 758 de 1990 -500 semanas

cotizadas durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima o 1.000 semanas cotizadas en
cualquier tiempo y 55 años de edad por ser mujer.».

10

Radicación: 23001-23-33-000-2020-00471-01 (7745-2023)

dispuestas en él le son más favorables que las consagradas en la Ley 33 de 1985. Lo
anterior, por cuanto la demandante acreditó un total de 1.368.14 semanas y el
porcentaje aplicable para determinar la cuantía de la prestación en ese caso es del
90%, el cual difiere del establecido en la citada ley (75%).

Esta Corporación ha sostenido que, de acuerdo con el principio de favorabilidad, se
debe escoger el texto normativo que otorgue mayores beneficios al trabajador, afiliado
o beneficiario del Sistema de Seguridad Social, sin la posibilidad de aplicar parcialmente
disposiciones de diferentes normas para obtener lo más favorable de cada una,
principio conocido como inescindibilidad o conglobamiento.6

En el presente asunto, no se cuestiona que la señora Elis Regina Álvarez es beneficiaria
del régimen de transición, lo cual le otorga el derecho a que su pensión de vejez sea
calculada conforme al régimen anterior, ya sea bajo la Ley 33 de 1985 o el Decreto 758
de 1990, en la medida que acreditó las exigencias previstas en cada una de ellas, como
lo determinó el tribunal. Así pues, correspondía a Colpensiones realizar el cómputo y
reconocer la prestación en observancia al estatuto que resultara más conveniente a la
demandante.

Sin embargo, de la Resolución GNR 110102 del 17 de abril de 2015, que resolvió la
reliquidación solicitada, se advierte que la entidad se negó a dar aplicación al Acuerdo
049 de 1990 por considerar que la actora no era destinataria de la norma, ya que las
cotizaciones no se efectuaron exclusivamente en el ISS. Interpretación que se aleja del
precedente constitucional, según el cual es posible acumular los tiempos de servicios
cotizados a las cajas o fondos de previsión social, con los aportes realizados al
instituto. 7 Por lo tanto, dicha tesis no constituye un argumento válido para denegar la
prestación en los términos reclamados.

Sobre el particular, es pertinente señalar que ambas normas, consagran el
reconocimiento pensional a la edad de 55 años 8 y que la actora acredita el tiempo de
servicio o semanas cotizadas en cualquiera de las dos.
Tiempo de servicio Entidad encargada de los aportes
Del 21 de marzo de 1984 al 10 de diciembre de 1984 y del 3 Caja Nacional de Previsión Social
de julio de 1986 al 31 de enero de 1991.
Desde el 11 de junio de 1991 hasta el 30 de marzo de 1994 Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Entre el 1.° de abril de 1994 y 30 de septiembre de 2013. ISS y Colpensiones
(Mientras estuvo vinculada a
entidades públicas y como trabajadora independiente).

Asimismo, se destaca que el período base de liquidación y los factores también son
idénticos, conforme a las reglas establecidas para los beneficiarios del régimen de
transición.

6 Sobre el principio de favorabilidad en materia pensional, ver procesos: sentenciasdel 30 de mayo de 2019.
Expediente: 2013-02235-01(2602-16) CE-SUJ-016-19; y del 17 de febrero de 2022. Expediente: 2018-00210-01
(0119-2021).
7 Sentencias, SU 769 de 2014, T-370 de 2016, T-028 de 2017, T-088 de 2017, T-522 de 2020, SU-317 de 2021, SU
273 de 2022, SU-049 del 21 de febrero de 2024. Criterio que fue adoptado por esta Corporación, al respecto, ver
sentencias del 23 de abril de 2020. Expediente: 2016-02417-01 (3351-2018); del 27 de julio de 2023. Expediente:
2018-02357-01 (3224-2020); y del 6 de marzo de 2024. Expediente: 2019-00875-01 (2316-2023).
8 Acuerdo 049 de 1990, respecto a las mujeres.

11

Radicación: 23001-23-33-000-2020-00471-01 (7745-2023)

Bajo este contexto, el parámetro para definir la normativa más favorable que debe regir
la situación pensional en casos como el que se estudia, es la tasa de reemplazo
consagrada en las disposiciones mencionadas. 9 El artículo 1.° de la Ley 33 de 1985
establece un porcentaje de 75%. Por su parte, el artículo 20 del Decreto 758 de 1990
dispone que la tasa de remplazo es proporcional al número de semanas cotizadas y no
podrá superar el 90%, para lo cual se fijó la siguiente tabla:

Número semanas % Inv. P. total % Inv. P. absoluta % Gran Inv. Vejez
500 45 51 57 45
550 48 54 60 48
600 51 57 63 51
650 54 60 66 54
700 57 63 69 57
750 60 66 72 60
800 63 69 75 63
850 66 72 78 66
900 69 75 81 63
950 72 78 84 72
1.000 75 81 87 75
1.050 78 84 90 78
1.100 81 87 90 81
1.150 84 90 90 84
1.200 87 90 90 87
1.250 o más 90 90 90 90

Del material probatorio remitido y los actos administrativos acusados, se constata que
la actora acreditó más de 1.250 semanas, 10 por lo que de acuerdo con lo preceptuado
en los artículos 12 y 20 del mencionado decreto, tiene derecho a que su pensión se
liquide con la tasa más alta (90%), la cual es superior a la concedida por la
administración bajo la Ley 33 de 1985.

En esos términos, la Sala no encuentra justificación en la negativa de Colpensiones
para aplicar la normativa que más convenía a los intereses de la señora Elis Regina, ya
que, de acuerdo con la jurisprudencia citada, a la luz del referido principio constitucional,
las reglas previstas en el aludido decreto resultan más favorables para la actora,
teniendo en cuenta que el monto de su mesada pensional aumenta de forma
considerable con la aplicación del porcentaje allí fijado. En el mismo sentido han sido
los pronunciamientos del Consejo de Estado al resolver sobre la reliquidación de la
prestación cuando se encuentran en discusión las normas que aquí se estudian por vía
de transición. 11

9 Criterio fijado por esta Subsección en sentencia del 18 de noviembre de 2021. Expediente: 2015-00624-01(6558-

19).
10
Entre el 21 de marzo de 1984 y 30 de septiembre de 2014, prestó sus servicios para el Estado en las siguientes
entidades: Municipio de Sahagún, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Agricultura, Contraloría General del
departamento de Córdoba y Defensoría del Pueblo. Durante este período, realizó cotizaciones tanto al ISS como a
otras cajas de previsión. Índice 2 del aplicativo SAMAI. (7EDEXPEDIENTE DIG_ONEDRIVE126220249ZIP(.zip)
NroActua 2). Archivo (Pdf.30). Igualmente, la demandante realizó aportes como trabajadora independiente mientras
estuvo vinculada a la Defensoría del Pueblo, desde octubre de 2008 hasta junio de 2009 y de septiembre de 2009 a
septiembre de 2014, destinados al ISS y Colpensiones Folios 29 a 34. (pdf.31).
11 Al respecto ver procesos: Sentencias del 30 de octubre de 2020, expediente: 2013-01865-01 (0119-2019); 27 de

enero de 2022, expediente: 2018-00027-01 (5957-2019); 9 de junio de 2022, expediente: 2017-04953-01 (0907-
2021)

12

Radicación: 23001-23-33-000-2020-00471-01 (7745-2023)

Así las cosas, se estima que no prospera lo alegado por la demandada cuando
manifiesta que el reajuste pretendido contraría el principio de inescindibilidad, ya que
este supone el fraccionamiento de los regímenes discutidos, lo cual no ocurre en este
asunto, por cuanto está claro que los estatutos jurídicos cuyas condiciones fueron
analizadas, se aplican de forma íntegra. Así, la norma elegida por favorabilidad (Decreto
758 de 1990), regula la situación de la demandante en cuanto a la edad, tiempo de
servicios y la tasa de reemplazo; lo atinente al período de liquidación y los factores a
incluir para calcular el IBL, están sujetos a lo previsto en el inciso 3.° del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, conforme se determinó en primera instancia. Por las razones
expuestas, se confirmará la sentencia apelada.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio
objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual,
en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre
demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera
relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, malintencionada o de
mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición efectuada por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre que se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A de esta Sección, aclara que adoptará la postura en virtud de la cual, se deberá
analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al inciso 2 del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

De acuerdo con las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya ha
venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha situación
a la luz de la normativa vigente.

En el presente caso, se observa de las actuaciones de primera instancia y del recurso
de apelación, que no hay lugar a la condena en costas, pues no se advierte carencia
de fundamentación jurídica, por el contrario, la parte expuso argumentos razonables en
defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se impondrá condena en
costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

13

Radicación: 23001-23-33-000-2020-00471-01 (7745-2023)

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que accedió parcialmente a las
pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

14

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