Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00791-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00791-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00791-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00791-01 (3474-2023)
Demandante: Liliana Castillo Trujillo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacio-
nal de Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: Reliquidación pensional
Decisión: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante con-
tra la sentencia de primera instancia del 29 de noviembre de 2022 dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Liliana Castillo Trujillo, en ejercicio del medio de control de nulidad y res-
tablecimiento del derecho, por medio de apoderada, presentó demanda contra la
Nación, el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en adelante FOMAG, con el objetivo de que se declare
la nulidad del acto ficto que negó la reliquidación de la pensión de invalidez en
los términos del Decreto 2277 de 1979, como consecuencia del silencio adminis-
trativo negativo que la entidad guardó respecto de su solicitud del 5 de julio de
2019.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene reliquidar y pa-
gar la asignación prestacional en los términos del Decreto 2277 de 1979, esto es,
sobre el 75% del último salario devengado en el último año de servicios previo a
su retiro por invalidez con inclusión de todos los factores salariales percibidos
durante ese período - desde el 28 de diciembre de 2015 hasta el 28 de diciembre
de 2016. Igualmente, pretendió se ordene (i) el reajuste de la mesada pensional,
(ii) el pago de las diferencias causadas entre lo pagado y el derecho que se le
reconozca desde la fecha de efectividad de la pensión hasta el cumplimiento de
la sentencia, (iii) reconocer todos los derechos laborales y prestaciones del De-
creto 2277 de 1979, particularmente la compatibilidad entre el salario y la pensión
y (iv) el pago de intereses moratorios de conformidad con el artículo 192 del
CPACA. Por último, reclamó se condene en costas a la parte demandada.
3. Como sustento fáctico, alegó haber ingresado como docente oficial de la
Secretaría de Educación de Cundinamarca en provisionalidad desde el 29 de
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marzo de 2000 hasta el 15 de enero de 2006. En el año 2000, fue escalafonada
a Grado Séptimo en virtud del Decreto 2277 de 1979. Luego, mediante Resolu-
ción No. 007128 del 4 de septiembre de 2007, fue nombrada en propiedad como
docente de la planta activa.
4. El 18 de febrero de 2015, Fiduprevisora calificó a la demandante con una
pérdida de capacidad laboral del 82%. A partir de esta valoración y tras retirarse
del servicio, la Secretaría de Educación de Cundinamarca le reconoció una pen-
sión de invalidez a cargo del FOMAG a través de la Resolución No. 00037 del 5
de febrero de 2017. La prestación fue reconocida y liquidada en los términos de
la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1278 de 2008 toda vez, que su ingreso a la
docencia oficial fue en el 2006.
5. Sin embargo, la demandante argumentó que se vinculó al servicio educa-
tivo oficial antes de la entrada en vigencia del Decreto 1278 de 2002 y la Ley 812
de 2003, en tal sentido tiene derecho a que la prestación sea liquidada por el 75%
del último salario devengado en el último año de servicios prestados antes de su
retiro y no como se realizó en la Resolución No. 00037 del 5 de febrero de 2017.
6. Igualmente, informó que el 27 de marzo de 2019 Fiduprevisora dictaminó
una pérdida de capacidad laboral del 70%. Sobre este resultado, sostuvo que la
disminución de la calificación obedeció a la aplicación de los parámetros de la
Ley 100 de 1993 y no a los del Decreto 2277 de 1979, pese a que, según afirmó,
su estado de salud había mejorado. No obstante, explicó que no impugnó el re-
ferido dictamen debido a una crisis de ansiedad que, a su juicio, le impidió ha-
cerlo.
7. El 5 de julio de 2019, la señora Castillo solicitó la reliquidación de su pen-
sión ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca a partir de las anteriores
consideraciones. No obstante, a fecha de presentación de la demanda, aseguró
no haber recibido respuesta.
8. Por último, la demandante afirmó que debía “ser calificada nuevamente
por la junta de calificación de invalidez del FOMAG aplicando el decreto 2277 de
1979 toda vez que con un porcentaje del 70% no podría ser pensionada por in-
validez según el decreto 2277 de 1979 y el estado de salud de la docente hace
imperativo el que esta retirada del servicio”.
9. Como concepto de la violación, alegó la vulneración del artículo 81 de la
Ley 812 de 2003 y citó sin referencia algunas sentencias de la Corte Constitucio-
nal y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Contestación de la demanda
10. La parte demandada se opuso a la totalidad de las pretensiones y solicitó
desestimarlas por carecer de supuestos fácticos y jurídicos que las respaldaran.
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11. Si bien reconoció que el régimen aplicable a la pensión de la demandante
se encontraba en los Decretos 3135 de 1968 y1848 de 1969 en razón de su fecha
de vinculación al servicio, explicó que el método de liquidación de las prestacio-
nes debía regirse por los parámetros jurisprudenciales establecidos por el Con-
sejo de Estado1 que disponen que la determinación del IBL debe hacerse a partir
de los factores salariales sobre los cuales se hubiesen realizado aportes al sis-
tema producto del principio de sostenibilidad financiera.
12. Como excepciones de mérito, alegó que (i) los actos administrativos cues-
tionados se encontraban plenamente ajustados al ordenamiento jurídico, (ii) los
precedentes del Consejo de Estado eran vinculantes al caso en concreto, (iii) la
inaplicación de los intereses de mora de la Ley 100 de 1993 dado que la pensión
de invalidez otorgada a la demandante había sido en aplicación de un régimen
especial, (iv) la prescripción trienal, (v) la compensación, (vi) la buena fe y (vii) el
principio de sostenibilidad financiera.
Sentencia apelada
13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda mediante sentencia del 29 de noviembre de 2022 en virtud del principio
de favorabilidad.
14. Dentro de sus consideraciones, el a quo resaltó que el Decreto 2277 de
1979 no contempló regulación alguna en torno a la pensión de invalidez de do-
centes, razón por la cual el marco normativo a examinar debía ser a partir de las
normas que integraron el régimen prestacional del magisterio. Con base en ello,
destacó que la Ley 91 de 1989 – por medio de la cual se creó el FOMAG – dis-
puso que los docentes vinculados al servicio a partir del 1 de enero de 1990 es-
tarían sujetos al mismo régimen de los empleados públicos del orden nacional.
15. Al examinar el conjunto de normas, constató que la pensión de invalidez
de docentes no fue objeto de reglamentación por la Ley 91 y, en consecuencia,
debía remitirse a los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. Conforme dicho
régimen, la pensión de invalidez se reconoce a quienes acrediten una pérdida de
capacidad laboral no inferior al 75% y se liquida a partir del último salario deven-
gado por un monto porcentual que varía según la calificación.
16. Advirtió que la Ley 812 de 2003 introdujo una modificación en el régimen
pensional de los docentes en función de la fecha de vinculación al servicio edu-
cativo oficial. Quienes se hubiesen vinculado antes del 27 de junio de 2003, con-
tinuarían bajo el amparo del régimen prestacional de la Ley 91 de 1989 y las
normas a las que este remitiera. En cambio, quienes hubiesen ingresado con
posterioridad a esa fecha, estarían sometidos al régimen pensional de prima me-
dia con prestación definida de la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003.
1 Referenció la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 y la sentencia SUJ-014 -CE-S2
-2019.
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17. Para la liquidación de la prestación de invalidez de docentes vinculados
antes del 27 de junio de 2003, destacó que el IBL debía conformarse a partir de
los factores salariales previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y los
emolumentos que habitual y periódicamente reciba el trabajador como contra-
prestación del servicio. El Tribunal enfatizó que no era posible incluir todos los
pagos percibidos por el servidor, sino únicamente aquellos de naturaleza salarial.
18. En contraste, aquellos docentes sometidos al régimen de la Ley 812 de
2003 tendrían derecho a la liquidación de la pensión de vejez con base en los
factores salariales de cotización delimitados en el Decreto 1158 de 1994 y las
normas concordantes.
19. Al resolver de fondo el asunto y analizar los elementos fácticos probados,
resaltó que (i) la demandante se vinculó al servicio el 29 de marzo del 2000, (ii)
recibió una calificación de pérdida de capacidad laboral del 82% por medio de
dictamen del 18 de febrero de 2015, (iii) en Resolución No. 000037 del 5 de fe-
brero de 2017, la Secretaría de Educación de Cundinamarca le reconoció una
pensión de invalidez en los términos de la Ley 100 de 1993 dado que tomó como
fecha de ingreso el 16 de enero de 2006 y (iv) el 29 de marzo de 2019, la deman-
dante recibió una nueva calificación de PCL por el 70%.
20. En orden a lo expuesto, el Tribunal concluyó que a la demandante le era
aplicable el régimen pensional de invalidez previsto en la Ley 91 de 1989, en
concordancia con los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978,
también consideró que no tenía derecho a continuar percibiendo la prestación
inicialmente reconocida. Para ello, razonó que el dictamen de pérdida de capaci-
dad laboral del 29 de marzo de 2019 constituía una revisión de la condición de
invalidez en los términos del artículo 67 del Decreto 1848 de 1969, disposición
que prevé la realización de controles médicos periódicos con el fin de verificar la
permanencia del estado de invalidez y determinar la continuidad, modificación o
extinción del derecho pensional, así como el eventual aumento o disminución de
su cuantía. En ese contexto, teniendo en cuenta que el artículo 61 ibidem exige
una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 75 % para conservar la con-
dición de inválido, concluyó que la calificación del 70 % obtenida por la deman-
dante daba lugar a la extinción del reconocimiento pensional, máxime cuando
dicho dictamen quedó en firme al no haber sido controvertido por la interesada.
21. No obstante, con el propósito de no agravar la situación jurídica de la de-
mandante, el a quo aplicó el principio de favorabilidad y optó por mantener el
reconocimiento pensional en los términos de la Ley 100 de 1993, pues bajo este
régimen esta podía continuar percibiendo la pensión de invalidez por contar con
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una calificación mayor al 50%2. En respaldo de lo anterior, citó sentencias dicta-
das por el Consejo de Estado3 en donde dicho criterio de interpretación jurídica
fue aplicado para resolver casos con elementos fácticos similares.
22. Por último, el Tribunal se abstuvo de condenar en costas a la demandante
dado que no se acreditó que hubiese actuado con temeridad o mala fe.
Recurso de apelación
23. La demandante solicitó la revocatoria de la decisión anterior, con el fin de
que se accediera a todas las pretensiones de la demanda.
24. Calificó como contradictorio que el Tribunal hubiese reconocido que su in-
greso fue anterior a la Ley 812 de 2003, pero que negara las pretensiones de la
demanda bajo el argumento de que la disminución de pérdida de capacidad la-
boral al 70% daba lugar a que perdiera la prestación de invalidez.
25. Afirmó que el Tribunal pasó por alto que la controversia giró en torno a
determinar cuál régimen pensional le correspondía originalmente como docente
oficial, por lo que reprochó que hubiese estudiado la aplicación del principio de
favorabilidad y la continuidad de su estado de invalidez a partir del dictamen de
pérdida de capacidad laboral de 2019.
26. En relación con la calificación realizada en 2019, explicó que esta obede-
ció a una leve mejoría de su estado de salud. Aseguró que, de haberse realizado
el control médico bajo el Decreto 2277 de 1979, el ente calificador habría asig-
nado un porcentaje compatible con los requisitos exigidos de ese régimen a efec-
tos de que ella pudiera conservar el estatus pensional.
27. Por último, manifestó s que se desconoció el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, así como diferentes pronunciamientos judiciales realizados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional
en los que se reconoció la compatibilidad entre la percepción de salario y de pen-
sión para aquellos docentes vinculados al servicio antes del 27 de junio de 2003,
así como el derecho a la reliquidación de la prestación sobre el 75% del último
salario devengado.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
2 Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones. “Artículo 38. ESTADO DE INVALIDEZ. Para los efectos del presente capítulo se
considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada
intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 17 de septiembre de 2020, radicado No. 11001-03-25-000-2014-00749-00 (2339-
14); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de mayo de 2021, radicado No. 63001-23-33-000-2017-00320-01 (2432-2018).
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28. Mediante auto del 16 de noviembre de 2023, el despacho sustanciador
admitió el recurso de apelación presentado y corrió traslado a las partes para que
se pronunciaran al respecto, así como al Ministerio Público para rindiera con-
cepto.
29. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
30. De conformidad con el inciso 1° del artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante
CPACA, en concordancia con los artículos 615 del Código General del Proceso
y el 26 de la Ley 2080 de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación presentados en contra de las sentencias dictadas por los
tribunales administrativos.
Problema jurídico
31. Le corresponde a la Sala determinar si la demandante, como docente
oficial vinculada antes del 27 de junio de 2003, tiene derecho a la reliquidación
pensional de invalidez en los términos de la Ley 812 de 2003 pese a que con
posterioridad al reconocimiento obtuvo un dictamen de PCL del 70% o si, por el
contrario, dicha circunstancia impide acceder a lo solicitado.
Análisis del problema jurídico
32. Esta Subsección confirmará la sentencia de primera instancia que dictó el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de noviembre de 2022, como
quiera que al resolver el litigo, privilegió la conservación de la pensión de invalidez
de la demandante mediante la aplicación de los principios de favorabilidad e ines-
cindibilidad del régimen jurídico aplicable.
33. En materia de pensión de invalidez de los docentes oficiales, el artículo
279 de la Ley 100 de 1993 los excluyó inicialmente del Sistema General de Pen-
siones. No obstante, artículo 81 de la Ley 812 de 2003, modificó ese régimen al
disponer que los docentes que ingresaran al servicio oficial a partir del 27 de junio
de 2003 quedarían afiliados al FOMAG y les serian aplicable las reglas del régi-
men de prima media con prestación definida, con excepción de la edad de pen-
sión de vejez. En contraste, quienes ya se encontraran vinculados al servicio para
esa fecha conservarían el régimen prestacional anterior integrado por la Ley 91
de 1989 y los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1968 y 1045 de 1978.
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34. Así las cosas, a partir del tránsito legislativo, la fecha de vinculación al
servicio oficial se consolidó como el factor determinante para establecer el régi-
men prestacional aplicable, en los docentes oficiales, y por consiguiente, las re-
glas que gobiernan el reconocimiento y la liquidación de la pensión de invalidez.
35. En ese contexto, cuando la vinculación al servicio oficial ocurra antes
del 27 de junio de 2003, el régimen prestacional de invalidez se rige por los
artículos 23 del Decreto 3135 de 1968 y los artículos 60 y 63 del Decreto 1848
de 1969, y el reconocimiento de la prestación exige una pérdida de capacidad
laboral igual o mayor al 75%. Así mismo, la cuantía de la pensión se determina
con fundamento en el último salario devengado y varía de acuerdo con el por-
centaje de invalidez establecido; si la pérdida de capacidad laboral se encuentra
entre el 75% y 95%, la pensión equivale al 75%, pero si es mayor al 95%, la
prestación corresponde al 100%.
36. En caso contrario, si el ingreso ocurre después de dicha fecha, para
acceder al reconocimiento pensional el afiliado debe cumplir con los requisitos
establecidos en los artículos 39 y 40 de la Ley 100 de 1993. Estas disposiciones
exigen haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente
anteriores (i) a la fecha de estructuración de la invalidez, cuando esta es causada
por una enfermedad o (ii) al hecho, si se trata de un accidente. También establece
diferentes reglas sobre la densidad de semanas cotizadas previo a la fecha de
estructuración en caso de que el afiliado tenga menos de 20 años de edad o haya
logrado cotizar el 75% del mínimo de semanas para acceder a la pensión de
vejez.
37. En cuanto a las reglas de liquidación, el Sistema General de Pensiones
establece fija un mínimo y máximo de liquidación a aplicar sobre el IBL: el equi-
valente al salario mínimo legal mensual vigente y el 75%, respectivamente. En
caso de que la disminución psicofísica sea igual o superior al 50 % e inferior al
66 %, la regla es del 45 % del IBL más el 1,5 % por cada 50 semanas adicionales
a las primeras 500 semanas de cotización. Si la PCL se califica en un porcentaje
igual o superior al 66 %, será el 54 % del IBL más el 2 % por cada 50 semanas
adicionales a las primeras 800 semanas de cotización.
38. En orden a lo expuesto, es pertinente advertir que el reconocimiento de la
pensión de invalidez no consolida una situación jurídica inmutable, dada la natu-
raleza del riesgo que ampara esta prestación, de tal manera, que la ley autoriza
la práctica de revisiones periódicas de la pérdida de capacidad laboral, con el
propósito de verificar la permanencia, modificación o desaparición del estado de
invalidez que dio origen al reconocimiento pensional. En consecuencia, el resul-
tado de dichas revisiones puede incidir en la continuidad del derecho o en la
cuantía de la prestación, según las condiciones previstas en el ordenamiento ju-
rídico.
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39. En ese contexto, el régimen aplicable regula de manera distinta la revisión
periódica de la invalidez. En el régimen anterior, el artículo 67 del Decreto 1848
de 1969 dispone que todo pensionado por invalidez está obligado a someterse a
exámenes médicos periódicos a cargo de la entidad pagadora de la prestación,
con el fin de verificar la persistencia de las condiciones que dieron lugar a su
reconocimiento. Por su parte el artículo 44 de la Ley 100 de 1993 prevé que tanto
la entidad administradora como el pensionado pueden solicitar la revisión de la
PCL; la primera podrá hacerlo cada tres años, mientras que el segundo en cual-
quier tiempo. El legislador advirtió que, en caso de perder el derecho pensional,
el afiliado podrá readquirir el estatus luego de someterse a un nuevo dictamen.
40. Aunque ambos regímenes prevén la revisión periódica de la pérdida de
capacidad laboral, difieren en los requisitos para conservar el derecho pensional.
Precisamente esa diferencia resulta determinante para resolver la controversia
planteada, pues la demandante adquirió inicialmente el derecho con una pérdida
de capacidad laboral del 82 %, pero posteriormente fue objeto de un nuevo dic-
tamen que la calificó con un 70 %, circunstancia que obliga a determinar cuáles
son los efectos jurídicos de dicha revisión conforme al régimen que realmente le
era aplicable.
41. Dicho lo anterior, para la Sala no es objeto de discusión que la demandante
haya ingresado al servicio educativo oficial antes del 27 de junio de 2003 ni que
el régimen bajo el cual jurídicamente tuviese derecho a pensionarse por invalidez
deba ser el integrado por la Ley 91 de 1989 y los Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1968 y 1045 de 1978. Esta circunstancia fue reconocida por el a quo sin que
la apelante formulara reparo alguno. Tampoco constituye materia de controversia
la más reciente calificación de PCL del 27 de marzo de 2019 que la demandante
aportó al plenario y que da cuenta de un resultado del 70%, pues la nulidad de
dicho acto administrativo no fue demandada.
42. Conforme los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala
considera que no le asiste razón a la demandante. Contrario a ser una decisión
contradictoria, la sentencia de primera instancia fue adoptada a partir de la co-
rrecta aplicación del principio de favorabilidad pues, de acceder a las pretensio-
nes de la demanda, le sería aplicable un régimen que no permite reconocer pres-
taciones por invalidez a partir de calificaciones menores al 75% de PCL. Por
ende, lejos de evidenciar una contradicción argumentativa, para la Sala es claro
que la decisión de primera instancia buscó proteger los derechos adquiridos de
la apelante, ejercicio legítimo dentro de la valoración que debe hacer el juez de
lo contencioso administrativo.
43. La inconformidad de la apelante parte de una premisa incompatible con el
régimen cuya aplicación reclama, pues pretende obtener los beneficios derivados
del régimen anterior – particularmente los derivados del Decreto 2277 de 1979 –
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sin asumir las condiciones legales que este exige para conservar la pensión de
invalidez.
44. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación4 ha sostenido de ma-
nera reiterada que el principio de favorabilidad permite la aplicación integral del
régimen jurídico que, considerado en su conjunto, resulte más beneficioso para
el afiliado. Sin embargo, dicho principio no autoriza la selección aislada de dispo-
siciones pertenecientes a distintos regímenes para conformar un sistema híbrido
que el legislador no previó, pues ello desconoce el principio de inescindibilidad
que rige la aplicación de los regímenes prestacionales.
45. 45. Finalmente, si bien la demandante ingresó al servicio oficial el 29 de
marzo de 2000 y, por consiguiente, en principio le resulta aplicable el régimen
prestacional previsto para los docentes oficiales vinculados con anterioridad al 27
de junio de 2003, lo cierto es que, con posterioridad al reconocimiento de la pen-
sión de invalidez, fue sometida a una revisión periódica de su pérdida de capaci-
dad laboral, cuyo resultado arrojó un porcentaje del 70 %, inferior al mínimo del
75 % exigido por ese régimen para conservar el derecho pensional. En tales con-
diciones, no resulta jurídicamente viable acceder a la reliquidación pretendida con
fundamento en el régimen anterior, pues ello implicaría reconocer a la deman-
dante los beneficios económicos de un sistema prestacional cuyos requisitos
para la permanencia de la prestación ya no satisface, conforme al dictamen de
pérdida de capacidad laboral que adquirió firmeza. Admitir una solución distinta
supondría aplicar de manera fragmentada dos regímenes jurídicos diferentes,
permitiendo a la actora beneficiarse de las reglas de liquidación del régimen an-
terior, mientras conserva el reconocimiento pensional bajo las condiciones más
favorables de la Ley 100 de 1993, resultado incompatible con el principio de ines-
cindibilidad de los regímenes prestacionales. En consecuencia, la Sala concluye
que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda y, por ello, confir-
mará la sentencia apelada.
Condena en costas
46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo an-
terior, de una lectura armónica y útil de la norma, se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un desconocimiento o alteración del criterio objetivo
que gobierna esta materia.
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 1 de agosto de 2024. Rad. 23001-23-33-000-2020-00471-01 (7745-2023); Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 24 de julio de 2025, radicado No. 68001-23-33-000-2017-01341-01 (5801-2022).
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Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00791-01 (3474-2023)
Demandante: Liliana Castillo Trujillo
47. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liqui-
dación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta
la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
48. En consecuencia, teniendo en cuenta que se niegan totalmente las peti-
ciones del recurso de apelación, la Sala impondrá costas a la parte deman-
dante en segunda instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia dictada el 29 de no-
viembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho promovida
por Liliana Castillo Trujillo en contra de la Nación – Ministerio de Educación Na-
cional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia a la señora Liliana
Castillo Trujillo en favor de la demandada, a partir de las consideraciones de esta
providencia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de ori-
gen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00791-01 (3474-2023)
Demandante: Liliana Castillo Trujillo
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se ga-
rantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de confor-
midad con el artículo 186 del CPACA.
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