Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01341-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01341-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2017-01341-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2017-01341-01 (5801-2022)
Demandante: Valeria Gutiérrez Pinzón
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Temas: Reliquidación de la pensión de invalidez en los términos del
Decreto Ley 3135 de 1968 y Decreto 1848 de 1969. FOMAG
aplica el reconocimiento pensional en los términos de la Ley 100
de 1993 por principio de favorabilidad. Principio de
inescendibilidad. CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual negó las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Valeria Gutiérrez Pinzón instauró demanda1 en contra de la Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 1621 del 19 de mayo de 2014
expedida por la Secretaría de Educación de Bucaramanga en nombre y
1 Folios 17 a 30.
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representación del FOMAG, por medio de la cual reconoció y pagó una pensión de
invalidez a su favor, en cuantía de $616.000 efectiva a partir del 26 de mayo de
2014.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad a excluirla del
régimen pensional de prima media de la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, y en su
lugar, declarar que el régimen aplicable es el establecido en las Leyes 33 de 1985,
91 de 1989, y demás concordantes con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de
2003.
Que se reliquide el valor de la mesada pensional con base en el 75% del promedio
de los salarios devengados durante el último año de servicio, incluyendo la totalidad
de factores salariales.
Que la entidad pague los reajustes de ley, la indexación, los intereses comerciales
y moratorios sobre las sumas adeudadas, y que sea condenada en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que se desempeñó como docente oficial del municipio de Bucaramanga desde el
13 de marzo de 2003 hasta el 18 de diciembre de 2003; desde el 11 de febrero de
2004 hasta el 31 de mayo de 2005, y desde el 18 de julio de 2005 hasta el 25 de
mayo de 2014.
Que ingresó al servicio educativo de manera anterior a la expedición de la Ley 812
de 2003, es decir, antes del 26 de junio de 2003, y que el 24 de enero de 2015 se
profirió el dictamen de medicina laboral indicando que tenía una pérdida de
capacidad del 51,10%.
Que mediante el acto demandado la entidad reconoció y pagó una pensión de
invalidez, liquidada con base en el 45% del promedio de la asignación básica
percibida durante los 10 últimos años anteriores a la fecha del estatus, omitiendo
factores salariales como la prima de navidad, prima de vacaciones, prima de
servicios y bonificación mensual.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Afirmó que con el acto administrativo demandado se transgredieron: los artículos
25, 48 y 53 de la Constitución Política; las Leyes 6 de 1945, 33 de 1985, 91 de 1989,
60 de 1993, 100 de 1993, 115 de 1994, 812 de 2003, 1151 de 2007, 1450 de 2011,
1753 de 2015, y los Decretos 1848 de 1969, 1045 de 1978, 1545 de 2013, 1566 de
2014, 1272 de 2015, 123 de 2016 y 983 de 2017.
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Que hubo falsa motivación en el reconocimiento de la pensión, pues esta se otorgó
con base en el régimen general de prima media cuando en realidad el aplicable es
el contenido en la Ley 91 de 1989.
Que según la Ley 812 de 2003, la fecha de ingreso al magisterio es el factor
determinante para establecer el régimen pensional aplicable, y considerando que
inició la prestación de sus servicios como docente oficial desde el 13 de marzo de
2003, su pensión se rige por las normas de la Ley 91 de 1989.
Que considerando que tiene una pérdida de capacidad laboral del 51,10%, tiene
derecho a una pensión equivalente al 75% del promedio del salario del último año
de servicio, incluyendo en su liquidación de mesada pensional todos los factores
devengados durante el año anterior al estatus.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 11 de enero de 20182 fue admitida la demanda, se notificó a La Nación –
Ministerio de Educación – FOMAG, quien manifestó3 que el acto atacado no adolece
de vicios, pues fue expedido con base en los fundamentos legales existentes, y que
en todo caso no fue expedido por esta.
Que los hechos de la demanda no le constan, pues no es la entidad competente de
reconocer y pagar asignaciones salariales a las personas afiliadas al FOMAG, ya
que la encargada es la Fiduciaria La Previsora, S.A.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) vinculación del litisconsorte, (ii)
falta de legitimidad por pasiva, (iii) prescripción, y (iv) genérica.
En la audiencia inicial4, el tribunal resolvió las excepciones de vinculación del
litisconsorte y falta de legitimación por pasiva, y las declaró no probadas; fijó el litigio;
declaró fallida la etapa de conciliación, y efectuó el decreto de pruebas conforme al
artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011, dándole valor probatorio a las
allegadas por las partes, y requirió a la Secretaría de Educación de Bucaramanga
para que aportara diferentes documentos relacionados con el proceso.
Se abstuvo de fijar audiencia de pruebas, y estimó que una vez allegadas las
certificaciones oficiadas, ingresara el proceso al despacho para surtir el trámite
correspondiente.
El 21 de mayo de 20215 corrió traslado a las partes para que presentaran sus
2 Folio 32.
3 Folios 85 a 87.
4 Folios 150 a 153.
5 Ver expediente digital, archivo: 006. 2017-01341-00 CORRE TRASLADO DE ALEGATOS.
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alegatos de conclusión, y al Ministerio público para que rindiera concepto si así lo
consideraba.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 7 de diciembre de
2021, negó las pretensiones por considerar que no se desvirtuó la legalidad del acto
acusado, y condenó en costas a la demandante.
Expuso que, en consideración al régimen aplicable a los docentes oficiales, la actora
era beneficiaria de aquel consagrado en la Ley 91 de 1989 y los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969, esto teniendo en cuenta que su vinculación como docente fue
el 13 de marzo de 2003, es decir, antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003; pero
para que su pensión le fuera concedida en los términos de la mencionada norma,
debía acreditar una pérdida de capacidad laboral del 75% o más.
Que la pérdida de capacidad de la actora es del 51.1%, y que por razones de
favorabilidad se le reconoció su pensión de invalidez conforme a lo dispuesto por la
Ley 100 de 1993, la cual, para efectos de liquidación, señala que si la pérdida está
entre el 50% y el 66% el montó a reconocer será del 45% del promedio de salarios
sobre los que haya cotizado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la
prestación.
EL RECURSO DE APELACIÓN7
La demandante interpuso de apelación y solicitó que se revocara el fallo de primera
instancia.
Expresó que se debió declarar la prosperidad parcial de las pretensiones,
específicamente de aquella encaminada a determinar el régimen pensional
aplicable, pues el tribunal sí estimó que su régimen era el contenido en la Ley 91 de
1989, pero de manera contradictoria negó su solicitud.
Que se debe considerar la valoración médica que los titulares de la pensión de
invalidez deben realizar trimestralmente, pues de declarase que su régimen es el
de la Ley 91 de 1989, al momento en el que incremente su pérdida de capacidad
laboral al 75%, podrá solicitar a la entidad la reliquidación en los términos del
Decreto 1848 de 1968 sin necesidad de acudir nuevamente a la vía judicial.
Que sin perjuicio de lo anterior y en razón al principio de favorabilidad, debe seguir
devengando su pensión según lo dispuesto en el acto acusado, pero que se debe
ordenar que cuando se acredite el aumento del 75% se deberá reajustar su pensión.
6 Ibid, archivo: 009. 2017-01341-00 Reliquidación pensión invalidez.
7 Ibid, archivo: 011. VALERIA GUTIERREZ PINZON apelacion sentencia.
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TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 3 de noviembre de 20228 se admitió el recurso de apelación, y por no haber
pruebas que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para
alegar.
En la oportunidad para pronunciarse, la demandada presentó argumentos sobre la
liquidación pensional y los factores salariales aplicables; la demandante guardó
silencio y el Ministerio Público no emitió concepto.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Deberá resolver la Subsección si a la demandante le asiste el derecho a la
reliquidación de su pensión de invalidez en los términos de los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969, la cual fue previamente reconocida bajo los postulados de la
Ley 100 de 1993 por favorabilidad.
Marco normativo y jurisprudencial
Régimen pensional de los docentes oficiales
Con la promulgación de la Ley 100 de 1993, se creó el Sistema General de
Seguridad Social en Colombia con el fin de unificar los requisitos necesarios para
acceder de manera equitativa a las prestaciones previstas en la norma; la cual,
respecto al reconocimiento de la condición de invalidez, señala:
«ARTÍCULO 38. Estado de Invalidez. Para los efectos del presente CAPÍTULO
se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no
profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50 % o más de
su capacidad laboral.»
Sin embargo, en el inciso 2°. del artículo 279 se exceptuó de su aplicación a los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como sigue:
«Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a
cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración.
Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en
favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la
reglamentación que para el efecto se expida.»
8 Ver índice 4 de SAMAI.
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Pese a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la sentencia de unificación del 25 de
abril de 2019 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado9 fijó reglas
jurisprudenciales acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales
aplicables a los educadores del Estado según la fecha de su vinculación al
magisterio, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003, pues aquellos vinculados
después de su vigencia están sometidos al régimen general previsto en la Ley 100
de 1993 y sus normas modificatorias, pero para aquellos que ingresaron con
anterioridad a la misma continúan sujetos al determinado para los servidores
públicos del orden nacional, esto bajo los postulados remisorios de la Ley 91 de
1989.
Sobre el particular, resulta pertinente lo dispuesto en el Decreto 3135 de 1968 que
previó la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y
reguló el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales,
el cual estableció en el literal g) del artículo 14 que:
«ARTÍCULO 14.-"Prestaciones a cargo de las entidades de previsión. La
entidad de previsión social a la cual se halle afiliado el empleado o trabajador,
efectuará el reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones:
[…]
g) Pensión de invalidez;
[…]
A su vez, el Decreto 1848 de 1969 que reglamentó el anterior, definió en el artículo
61 la pensión de invalidez de los empleados oficiales así:
«1. Para los efectos de la pensión de invalidez, se considera inválido el
empleado oficial que por cualquier causa, no provocada intencionalmente, ni
por culpa grave, o violación injustificada y grave de los reglamentos de
previsión, ha perdido en un porcentaje no inferior al setenta y cinco por ciento
(75%) su capacidad para continuar ocupándose en la labor que constituye su
actividad habitual o la profesional a que se ha dedicado ordinariamente.
2. En consecuencia, no se considera inválido el empleado oficial que solamente
pierde su capacidad de trabajo en un porcentaje inferior al setenta y cinco por
ciento (75%).»
Resolución del caso concreto
A partir del material probatorio se tiene demostrado que la docente ingresó por
primera vez al magisterio el 13 de marzo de 200310, fecha anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 200311, por lo que en principio su régimen aplicable sería
9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-
CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
10 Según lo señala el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral expedido el 22 de
mayo de 2017 por la Secretaría de Educación de Bucaramanga visible en el folio 6.
11 27 de junio de 2003.
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el establecido en el Decreto Ley 3135 de 1968 y Decreto 1848 de 1969, y debía
cumplir con las exigencias allí previstas para ser considerada inválida, a saber, una
pérdida de capacidad laboral no inferior al 75%.
Sin embargo, según consta en el dictamen n.° MLSA 48712 expedido por la UT
Avanzar Médico Región 1, la docente fue calificada con una pérdida de capacidad
laboral del 51,1% con fecha de estructuración del 7 de enero de 2014, esto es, en
un porcentaje menor al requerido por el Decreto 1848 de 1969 para reconocérsele
su invalidez.
Del contenido del acto acusado, es claro que la entidad le reconoció la pensión a la
reclamante con fundamento en la disposición normativa que le resultaba más
favorable conforme a su pérdida de capacidad, pues la Ley 100 de 1993 solo
requiere que se acredite un porcentaje del 50 o más.
Por tanto, no es de recibo su argumento de declarar la prosperidad parcial de las
pretensiones respecto a su régimen, pues el que procedió fue el que la entidad
consideró más beneficioso, ya que, de no ser reconocido en estos términos
previstos, la docente no habría sido titular del derecho en cuestión.
Ahora, en cuanto al planteamiento de la actora relacionado a un eventual aumento
de su pérdida de capacidad para solicitar la reliquidación de su pensión, se advierte
que su petición se fundamenta en un hecho incierto que ella misma reconoce como
una posibilidad futura; aun así, en caso de que dicho incremento llegara a
demostrarse, se aclara que el régimen aplicable se define es al momento de la
estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, y para su caso fue el contenido
en el sistema general de pensiones como ya se dijo.
Aplicar de manera parcial o condicionada el régimen bajo el cual se le reconoció el
derecho no es viable, pues como lo ha sostenido esta corporación en caso similar13,
en virtud del principio de inescendibilidad, la norma que le resultó más favorable
debe aplicarse en su integralidad y no de manera fragmentada, como lo estima la
actora, al pretender que se apliquen los elementos más beneficiosos de diferentes
disposiciones normativas en consideración a los posibles cambios que pueda tener
su pérdida de capacidad laboral.
Sobre el particular, el Consejo de Estado ha manifestado14:
«el principio de favorabilidad debe emplearse respetando el de inescindibilidad
de la ley, el cual consiste en que la norma que se adopte debe ser aplicada en
su integridad quedando prohibido, dentro de una sana hermenéutica, el
12 Folios 13 a 15.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 4 de mayo de 2023. Exp. 25000-23-42-
000-2019-01364-01 (3459-2022). C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 26 de mayo de 2016. Exp. 25000-23-42-
000-2013-05492-01(0409-15). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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desmembramiento de las normas legales que regulan la misma situación de
hecho, para tomar de cada una de ellas sus aspectos más favorables35»
Considerando todo lo expuesto, la demandante no logró desvirtuar la legalidad del
acto, por lo que se deberá confirmar la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
De la condena en costas en segunda instancia
Ahora bien, para el caso de análisis en segunda instancia, es importante aclarar que
teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley
2080 de 202115 en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y
cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal, la Subsección A considera que en el presente caso, aplicando el
criterio anunciado, y observando los fundamentos esbozados por la recurrente en
sus distintas intervenciones, no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas, por el contrario, en el escrito de alzada
manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera
que no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el siete (7) de diciembre de dos mil
veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual
se negaron las pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
Cuarto. Reconocer personería a la abogada Aidee Johanna Galindo Acero,
portadora de la tarjeta profesional 258.462, apoderada general de LA NACIÓN -
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FOMAG conforme al poder conferido
mediante escritura pública visible en el índice 9 de la plataforma SAMAI.
15 «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.»
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Radicado: 68001-23-33-000-2017-01341-01 (5801-2022)
Quinto. Reconocer personería a la abogada Jenny Katherine Ramírez Rubio,
portadora de la tarjeta profesional 310.344, en calidad de apoderada sustituta de la
entidad conforme al memorial en el índice 9 de la plataforma SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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