Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2022-00197-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2022-00197-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 23001-23-33-000-2022-00197-01
Consejero ponente: Gloria Maria Gomez Montoya
13 de junio de 2024
Demandante: Víctor Raúl Berrocal de la Ossa
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro
Radicado: 23001-23-33-000-2022-00197-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 23001-23-33-000-2022-00197-01
Demandante: VÍCTOR RAÚL BERROCAL DE LA OSSA
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y OTRO
Tema: Confirma decisión de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del
31 de enero de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Primera de Decisión, declaró improcedente el medio de control de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de cumplimiento
El señor Víctor Raúl Berrocal de la Ossa, actuando en nombre propio, ejerció acción
de cumplimiento contra la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC) y el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) con el fin de obtener el acatamiento del numeral 4
del artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, el artículo 2.2.11.2.3. del Decreto 1083 de 2015,
la sentencia T-340 de 2020 de la Corte Constitucional, la sentencia de tutela proferida
el 5 de marzo de 2021 por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá, la
Circular Conjunta 074 de 2009 expedida por el Procurador General de la Nación y la
Presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
.
Por tanto, solicitó que se declarara que las autoridades accionadas incumplieron las
normas y sentencias invocadas y, en consecuencia, que:
(…) Se ordene a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y AL SENA, hacer USO de
lista de elegibles en estricto orden de mérito para cubrir las vacantes con la denominación de
PROFESIONAL, GRADO 2, para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas
de cargos equivalentes no convocados, que surgieron con posterioridad a la convocatoria No.
436 de 2017 entidad SENA, inaplicando Los criterios unificados respecto Al criterio unificado
de Mismo empleo al ser inconstitucionales y realizando el nombramiento del concursante
VICTOR RAUL BERROCAL DE LA OSSA, mayor de edad e identificado con cédula de
ciudadanía No 78.033.904.1
1 Transcripción del texto original que puede contener errores.
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1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
El 26 de octubre de 2009 el procurador general de la nación y la presidente de la
CNSC expidieron la Circular Conjunta No. 074 en la cual se enfatizó la obligación de
los representantes legales de las entidades públicas de reportar la Oferta Pública de
Empleos de Carrera.
A través del Acuerdo No. 20171000000116 del 24 de julio de 2017, la CNSC convocó
a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente 3.766 empleos, con 4.973
vacantes, pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del SENA.
Agotadas las respectivas etapas de la Convocatoria No. 436 de 2017, la CNSC expidió
la Resolución No. 20182120141305 del 17 de octubre de 2018, por medio de la cual
conformó la lista de elegibles para proveer una vacante del empleo de carrera
identificado con el código OPEC No. 61415, denominado Profesional Grado 2 del
Sistema General de Carrera del SENA.
En dicha lista el accionante ocupó la segunda posición con un puntaje de 69,77. Así
mismo, el artículo sexto de la resolución aclaró que la lista de elegibles tendría una
vigencia de 2 años contados a partir de su firmeza, que se cumplieron el 26 de agosto
de 2021.
El 16 de enero de 2020, la CNSC profirió el criterio unificado «USO DE LISTAS DE
ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960 DE 27 DE JUNIO DE 2019», en el
cual aclara la obligatoriedad de hacer uso de las listas de elegibles en los cargos no
ofertados posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 1960 de 2019.
El 5 de marzo de 2021, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá profirió
sentencia en el proceso con radicado 11001334204920210004200 por medio de la
cual resolvió la acción de tutela instaurada por la señora Magda Bibiana Martínez
Roberto contra la CNSC y el SENA. En esta providencia se resolvió exhortar a la
CNSC para que acatara la sentencia T-340 de 2020 que dispuso la aplicación
retrospectiva de la Ley 1960 de 2019.
El 9 de abril de 2021 y en cumplimiento de la orden judicial, la CNSC emitió oficio No.
20212010527011 en el cual solicitó al SENA un estudio en el que se indicaran los
empleos equivalentes existentes en su planta de personal y que no hubieran hecho
parte de la Convocatoria No. 436 de 2017, en contraste con aquellos que fueron
ofertados en el proceso de selección y sobre los cuales se conformó lista de elegibles,
para que, con la aplicación retrospectiva de la Ley 1960 de 2019, sean usadas para
su provisión definitiva.
En oficio No. 2022RS001765 del 14 de enero de 2022, la CNSC autorizó al SENA el
uso de las listas de elegibles conformadas en el marco de la Convocatoria No. 436 de
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2017 para proveer 38 vacantes, allegando un listado de elegibles dentro del cual no
se encuentra el nombre del actor.
El 26 de octubre de 2022 el accionante requirió a la CNSC y al SENA el cumplimiento
del artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, el Decreto 1083 de 2015, la Circular Conjunta
074 de 2009 expedida por el Procurador General de la Nación y la presidente de la
Comisión Nacional del Servicio Civil, la sentencia T-340 de 2020, la sentencia de tutela
proferida el 5 de marzo de 2021 por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Bogotá y el fallo de tutela dictado el 13 de octubre de 2022 por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá.
A tal requerimiento, el SENA le otorgó el radicado No. 7-2022-281170 en el que dio
respuesta en la cual sintetizó las actuaciones surtidas por la entidad en el marco de la
Convocatoria No. 436 de 2017 y señaló que el accionante no reputa en las listas de
elegibles cuyo uso autorizó la CNSC en los oficios del 14 y 21 de enero de 2022. Por
otro lado, la CNSC guardó silencio.
1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento
En sustento de la solicitud, el accionante mencionó los requisitos de procedibilidad de
la acción de cumplimiento contenidos en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, así como
lo aclarado al respecto por esta Corporación en anteriores oportunidades. Esto, para
concluir que en el caso concreto se cumplían con todos ellos.
Señaló que, en virtud de las normas invocadas y en armonía con la sentencia T-340
de 2020, existe un claro deber jurídico a cargo de la CNSC y el SENA de hacer uso
de las listas de elegibles para la provisión de cargos no ofertados. En este sentido,
arguyó que no debe aplicarse el Concepto Unificado emitido el 16 de enero de 2020
por la CNSC, pues consideró que se aparta de lo establecido en la Ley 1960 de 2019
en lo que atañe al uso de las listas para cubrir vacantes que se generen con
posterioridad en cargos equivalentes.
Sostuvo que, si bien la lista de elegibles en la cual ocupó la segunda posición de
elegibilidad perdió vigencia el 26 de agosto de 2021, esto no es impedimento para su
nombramiento ya que las vacantes de los cargos se dieron durante la vigencia de la
lista. Al respecto, se refirió a lo preceptuado por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado2 sobre el uso de listas de elegibles expiradas para la provisión de vacantes
ofertadas.
1.4. Actuaciones procesales relevantes
1.4.1. Remisión al Tribunal Administrativo de Córdoba
El asunto correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta y Dos Administrativo del
Circuito de Bogotá, quien en auto del 28 de noviembre de 2022 advirtió su falta de
2 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 8 de agosto de 2019, Exp. 25000-23-42-000-
2019-00730 01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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competencia y resolvió remitir la demanda y sus anexos al Tribunal Administrativo de
Córdoba.
1.4.2. Auto admisorio
El togado sustanciador del Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante auto del 5
de diciembre de 2022, admitió la demanda por reunir los requisitos y formalidades de
ley. Así mismo, ordenó notificar el auto admisorio a la CNSC, al SENA y al agente del
Ministerio Público delegado ante el Tribunal.
1.4.3. Contestación de la demanda
La Secretaría General del Tribunal Administrativo de Córdoba, en cumplimiento a lo
ordenado en el auto admisorio, el 7 de diciembre de 2022 surtió las notificaciones
dirigidas a los sujetos procesales, en virtud de las cuales se recibieron los siguientes
escritos de contestación:
1.4.3.1. SENA
Actuando a través de apoderada3, en memorial presentado el 13 de diciembre de 2022
aclaró que la entidad no ha incumplido con las disposiciones normativas invocadas
por el actor. Precisó que el demandante no ocupó la posición meritoria para ser tenido
en cuenta en la vacante a la que se postuló en la Convocatoria No. 436 de 2017 y
tampoco ha sido autorizado por la CNSC para ser vinculado en vacantes surgidas con
posterioridad al concurso de méritos.
Argumentó que el señor Víctor Raúl Berrocal de la Ossa está haciendo uso de la
acción de cumplimiento para buscar su nombramiento en periodo de prueba, en
desconocimiento de la normativa de la carrera administrativa y sin ostentar el derecho
al mérito.
Narró que la entidad nombró a quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles para
suplir la vacante del empleo de carrera identificado con el código OPEC No. 61415,
sin que al actor le asistiera derecho alguno para ser nombrado en tanto se posicionó
en segundo lugar.
En relación con el numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, manifestó que
reportó en el aplicativo SIMO de la CNSC las vacantes definitivas de la planta de
personal adelantando el estudio técnico de equivalencia de cargos. Posteriormente,
obtuvo autorización por parte de la CNSC para hacer uso de las listas de elegibles en
aras de suplir las vacantes. Aclaró que en el estudio de equivalencia se contempló la
definición de empleos equivalentes otorgada en el Criterio de Unificación expedido por
la CNSC el 22 de septiembre de 2022.
Subrayó que en los oficios de la CNSC en los que se autorizó el uso de las listas de
elegibles conformadas para la provisión de nuevas vacantes, no se autorizó el
3 La señora Sydney Kristina Giraldo Forero, cuyo poder fue allegado debidamente al proceso.
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nombramiento y posesión del señor Víctor Raúl Berrocal de la Ossa cuya lista estuvo
vigente hasta el 26 de agosto de 2021.
1.4.3.2. CNSC
En escrito presentado el 13 de diciembre de 2022 por el Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica, la entidad se opuso a la acción de cumplimiento. Cuestionó el agotamiento
del requisito de procedibilidad arguyendo que para tal fin no basta con un mero
derecho de petición, sino que se requiere una solicitud con el propósito expreso de
cumplir con el requisito de renuencia.
Aclaró que el actor ostentó la segunda posición en la lista de elegibles conformada
mediante la Resolución No. 20182120141305 del 17 de octubre de 2018, y que, por
tanto, no alcanzó el puntaje requerido para ocupar el cargo vacante para el cual se
postuló. Adicionalmente, mencionó que esta resolución tuvo vigencia hasta el 26 de
agosto de 2021, fecha en la cual la lista individual que contenía perdió el efecto para
el cual fue conformada, pese a lo cual podía haber sido usada para proveer las
vacantes que hubieren surgido durante su vigencia de empleos ofertados en el
proceso de selección o nuevas vacantes de los mismos empleos.
Insistió en que no es dable la aplicación retrospectiva de la Ley 1960 de 2019 a la
Convocatoria 436 de 2017 toda vez que el proceso de selección tuvo inicio con
anterioridad a la expedición de esta disposición legal. Sin embargo, comentó que la
CNSC, en cumplimiento de la orden de tutela contenida en el fallo proferido el 5 de
marzo de 2021 por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá, requirió al
SENA un estudio en el que diera constancia de los empleos equivalentes en su planta
de personal que no hubieran hecho parte de la Convocatoria 436 de 2017, en
comparación con aquellos ofertados en el proceso de selección y sobre los cuales se
conformó lista de elegibles, para que en seguimiento de la Ley 1960 de 2019, fueran
usadas para su provisión definitiva.
Refirió que el SENA no reportó ningún empleo que resultara equivalente al que se
postuló el señor Víctor Raúl Berrocal de la Ossa, además, la lista de elegibles en la
que se encontraba el actor había perdido vigencia hace más de un año, razón por la
cual había perdido la calidad de elegible en la Convocatoria 436 de 2017.
Afirmó que el acto administrativo en el cual se conformó la lista de elegibles perdió
ejecutoria y, por otro lado, que su vigencia no se encontró solicitud de autorización de
uso de la lista para proveer vacante alguna de conformidad con lo reportado por el
SENA. Así mismo, resaltó que tras el estudio de equivalencia de empleos, no se
autorizó el nombramiento del señor Víctor Raúl Berrocal de la Ossa en vista de la
existencia de elegibles de otras listas de empleos con mejores puntajes que el del
actor.
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1.4.4. Fallo de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del 31 de enero de 2024,
declaró la improcedencia del medio de control. En respaldo de esta conclusión
consideró que la controversia no se limitaba al acatamiento de la norma invocada, sino
que involucra aspectos de legalidad, puesto que el acto administrativo que conformó
la lista de elegibles no se encuentra vigente. Por tal razón, argumentó que un
pronunciamiento de fondo implicaría la injerencia indebida del juez constitucional en
asuntos que escapan el objeto de la acción de cumplimiento, pues la misma no tiene
fines indemnizatorios ni es el mecanismo para abrir un debate sobre la legalidad de
los actos administrativos.
1.4.5. Impugnación
Por medio de memorial enviado el 5 de febrero de 2023, el señor Víctor Raúl Berrocal
de la Ossa, reiteró íntegramente el texto de la demanda. Asimismo, insistió en que
está enfrentando una situación irremediable y la configuración de un perjuicio puesto
que la lista de elegibles que la CNSC autorizó al SENA a usar para la provisión de
cargos equivalentes se conformó utilizando criterios inconstitucionales que no
respetaron el estricto orden de mérito. Igualmente, señaló que los actos
administrativos que contenían las listas de elegibles no dieron lugar al ejercicio del
derecho de defensa y contradicción.
Sostuvo que el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019 manda el uso de la lista de elegibles
para la provisión de cargos equivalentes a los convocados, y no con los mismos
empleos como lo hicieron las autoridades demandadas, toda vez que estos
nombramientos deben hacerse en estricto orden de mérito.
Consideró que el cargo solicitado existía antes de la pérdida de vigencia de la lista de
elegibles, siendo deber del SENA proveerlo en atención al orden de mérito y sin
permitir el vencimiento de las listas. Planteó que, en consonancia con lo aclarado por
el Consejo de Estado, no se requiere que el interesado eleve petición a las entidades
para que se haga uso de la lista de elegibles.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación que presentó el señor Víctor
Raúl Berrocal de la Ossa contra contra la sentencia del 31 de enero de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo de Córdoba, según lo establecido en los artículos 3.º de
la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 20114, y el Acuerdo 080 del 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la
competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las «apelaciones
contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales
Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».
4 Modificado por la Ley 2080 de 2021.
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2.2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 31
de enero de 2023, dictada por Tribunal Administrativo de Córdoba que declaró la
improcedencia del medio de control, para lo cual deberá resolver los siguientes
problemas jurídicos:
(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la CNSC y el
SENA de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse:
(ii) ¿Hay lugar a ordenar a la parte accionada el cumplimiento del numeral 4 del
artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, el artículo 2.2.11.2.3. del Decreto 1083 de 2015, la
sentencia T-340 de 2020 de la Corte Constitucional, la sentencia de tutela proferida el
5 de marzo de 2021 por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá y la
Circular Conjunta 074 de 2009 en el sentido de que haga uso de la lista de elegibles
para cubrir las vacantes del empleo de carrera identificado con el código OPEC No.
61415 y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados que surgieron
con posterioridad a la Convocatoria No. 436 de 2017?
2.3. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
naturaleza de la acción constitucional; (ii) requisito de procedibilidad; y, (iii) análisis del
caso concreto.
2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un
mecanismo para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para hacer
efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la
acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber
omitido». En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que «Toda
persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo
el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».
Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales está el de
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia material
de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
cumplimiento de sus funciones públicas.
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De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar
de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el
inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de
los actos administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico,
social y económico justo» 5.
Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:
a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1.º)6.
b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión
del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (Art. 8.º).
c) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.
d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso
que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien
ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es
improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas
que establezcan gastos a la administración (Art. 9.º).
Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la existencia
de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de aquella
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir
y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último corresponde a un análisis
del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de las pretensiones expuestas
en la demanda.
5 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell
y Hernando Herrera Vergara.
6 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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2.4. De la renuencia
El inciso segundo del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de esta
acción constitucional que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber
pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la
acción, el acatamiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido
por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde
silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la
respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.
Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la CNSC y al SENA antes de instaurar la demanda.
En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado
la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia
para los fines de la acción de cumplimiento»7.
La parte accionante adjuntó copia del escrito radicado el 26 de octubre de 2022, en el
que solicitó a la CNSC y al SENA el cumplimiento del artículo 6 de la Ley 1960 de
2019, el artículo 2.2.11.2.3. del Decreto 1083 de 2015, la Circular Conjunta 074 de
2009 expedida por el procurador general de la nación y la presidente de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, la sentencia T-340 de 2020, la sentencia de tutela proferida
el 5 de marzo de 2021 por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá y el
fallo de tutela dictado el 13 de octubre de 2022 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá.
A tal requerimiento, el SENA le otorgó el radicado No. 7-2022-281170 y respondió en
el sentido de sintetizar las actuaciones surtidas por la entidad en el marco de la
Convocatoria No. 436 de 2017, además, señaló que el nombre del accionante no se
encuentra en las listas de elegibles cuyo uso autorizó la CNSC en los oficios del 14 y
21 de enero de 2022. Por otro lado, la CNSC le asignó el radicado No. 2022RE224126
y omitió pronunciarse.
En atención a lo expuesto, la Sala entiende agotado el requisito de constitución en
renuencia, conforme el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 y respecto de los artículos
6.º de Ley 1960 de 2019 y 2.2.11.2.3 del Decreto 1083 de 2015; toda vez que la CNSC
guardó silencio y la respuesta de la SENA resulta contraria al querer del ciudadano.
Sin embargo, esta corporación precisa que respecto de las sentencias de la Corte
Constitucional y de las otras dos autoridades judiciales descritas en el párrafo anterior,
la Sala no emitirá pronunciamiento alguno en cuanto no tienen el carácter de normas
con fuerza material de ley o de actos administrativos, sino que se trata de decisiones
judiciales que tornan improcedente la acción constitucional.
7 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres
Cuervo
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De igual manera, se encuentra que el actor no logró constituir en renuencia a las
autoridades accionadas respecto de la Circular Conjunta 074 de 2009 y por tanto se
dejará por fuera del análisis siguiente. Esto, puesto que en el escrito radicado al SENA
y al CNSC el demandante omitió identificar concretamente el contenido normativo
específico del acto administrativo sobre el que solicita el acatamiento.
En ese orden, no hay duda de que previo a acudir al ejercicio de la presente acción
de cumplimiento, la parte demandante agotó en debida forma el requisito de renuencia
respecto de los actos normativos ya identificados.
2.5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
En el presente caso, la demanda está dirigida a que se ordene a las entidades
accionadas cumplir los artículos 6.º de Ley 1960 de 2019; y 2.2.11.2.3 del Decreto
1083 de 2015 y, en consecuencia, hacer uso de la lista de elegibles producto de la
convocatoria n.° 436 de 2017 de la CNSC, para cubrir las vacantes definitivas de
cargos equivalentes que surgieron con posterioridad, y específicamente, para que se
nombre al actor en el cargo con código OPEC No. 61415 del SENA, para el cual
concursó y clasificó, ocupando la segunda posición de la lista de elegibles.
Los artículos en mención disponen lo siguiente:
Ley 1960 de 2019
“ Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan
otras disposiciones”
(…)
Artículo 6. El numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, quedará así:
Artículo 31. El proceso de selección comprende:
1. (…)
2 (…)
3 (…)
4 Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad
contratada por delegación de aquella elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles
que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de méritos se cubrirán
las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos
equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en
la misma Entidad.
Decreto 1083 de 2015
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
Pública.”
(…)
Artículo 2.2.11.2.3 Empleos equivalentes. Se entiende que un cargo es equivalente a otro
cuando tienen asignadas funciones iguales o similares, para su desempeño se exijan
requisitos de estudio, experiencia y competencias laborales iguales o similares y tengan una
asignación básica mensual igual o superior, sin que en ningún caso la diferencia salarial
supere los dos grados siguientes de la respectiva escala cuando se trata de empleos que se
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rijan por la misma nomenclatura, o el 10% de la asignación básica cuando a los empleos se
les aplique nomenclatura diferente.
De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que la acción de cumplimiento es
improcedente, en la medida que implica un pronunciamiento respecto de la utilización
de la lista de elegibles de la que hizo parte el demandante por haber participado en el
concurso de méritos para acceder al referido cargo, cuya vigencia ya terminó. Por
tanto, el análisis de procedencia no se limita exclusivamente al artículo invocado,
porque el objeto de discusión en este asunto parte de la utilización del acto
administrativo citado.
En ese orden, no es suficiente que el precepto legal que se dice desatendido por las
accionadas supere el juicio de procedibilidad para que esta Corporación analice de
fondo sus pedimentos. Por el contrario, es necesario establecer si la lista de elegibles
resulta ser un acto que puede ser exigido en el curso de la presente acción
constitucional.
Tanto el actor como las entidades informaron que la lista de elegibles del proceso de
selección n.° 436 de 2017 se materializó con la Resolución n.° 20182120141305 del
17 de octubre de 2018. Dicho acto administrativo estuvo vigente por dos años desde
su firmeza, hasta el 26 de agosto de 2021.
En este punto, es decir, en relación con la vigencia de la citada norma, la Sala
encuentra que el acto administrativo cuyo cumplimiento se pretende, no está surtiendo
efectos desde el 26 de agosto de 2021.
Así las cosas, la disposición cuyo cumplimiento se reclama, no está vigente en la
actualidad, lo que torna improcedente el presente mecanismo, en la medida en que el
acto administrativo no es exigible. Lo anterior porque no se cumple uno de los
presupuestos esenciales para que sea viable la eficacia material que persigue la parte
demandante.
En el mismo sentido, recientemente, en la sentencia del 15 de diciembre de 2022, exp.
2022-00128-01, la Sección Quinta concluyó que la acción de cumplimiento no procede
respecto de actos normativos que no se encuentren vigentes, así:
En esa medida no hay lugar a adentrarse al fondo de la controversia planteada por el actor
porque resultaría paradójico ordenar el acatamiento de una disposición que no se encuentra
en el ordenamiento jurídico. La finalidad de la acción de cumplimiento es, como se expuso en
la parte considerativa de la presente providencia, hacer efectivo el cumplimiento de una norma
con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone determinada actuación u
omisión a la autoridad.
En consecuencia, si la norma no está vigente no se podrá exigir el obedecimiento de los
mandatos que contenga.
Sobre este asunto, se recuerda lo recientemente estipulado por esta Sala en un caso
similar, en el cual resolvió una acción de cumplimiento interpuesta contra la CNSC y
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el SENA con el fin de que estas entidades acataran el artículo 6 de la Ley 1960 de
2019 para cubrir las vacantes del empleo de carrera identificado con el código OPEC
No. 3010 y para las definitivas en cargos equivalentes no convocados, que surgieron
con posterioridad a la convocatoria 436 de 2017:
En ese orden, no es suficiente que el precepto legal que se dice desatendido por las
accionadas supere el juicio de procedibilidad para que esta corporación analice de fondo sus
pedimentos. Por el contrario, es necesario establecer si la lista de elegibles resulta ser un acto
que puede ser discutido en el curso de la presente acción constitucional.
Así las cosas, esta Sección en este tipo de casos ha determinado la improcedencia8 dado
que, el debate propuesto está ligado con el cumplimiento de la lista de elegibles y al no
encontrarse vigente, no es posible el estudio de fondo de la demanda.
En este orden de ideas, para la Sala es clara la causal de improcedencia que impiden abordar
el análisis de fondo de la pretensión primera de la demandante. Esto es, el obedecimiento del
artículo 6.º de la Ley 1960 de 2019, por cuanto implica directamente un asunto relacionado
con la vigencia de la lista de elegibles. En consecuencia, conlleva a que la Sala revoque la
negativa del numeral segundo de la sentencia impugnada y, en su lugar, se declare la
improcedencia de la acción por las razones que en esta providencia se exponen.9
Por último, se advierte que en el escrito de impugnación, el actor argumentó que
estaba expuesto a un perjuicio irremediable al considerar que ostenta el mérito para
ser nombrado en las vacantes de los cargos generados durante la vigencia de las
listas de elegibles y con posterioridad a su conformación en el marco de la
Convocatoria 436 de 2017. Sin embargo, la ocupación del segundo lugar en la lista de
elegibles constituye una mera expectativa para el postulante de ocupar el cargo para
el cual concursó, sin que se le garantice el acceso al empleo en cuestión. En este
orden de ideas, la Sala no avizora la existencia de un perjuicio irremediable que altere
las conclusiones sobre la procedibilidad de la acción de cumplimiento.
En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró
la improcedencia del medio de control.
2.6. Conclusión
En consecuencia, se advierte que la lista de elegibles contenida en la Resolución n.°
20182120141305 del 17 de octubre de 2018, perdió vigencia el 26 de agosto de 2021,
lo que torna imposible su cumplimiento, razón por la que se confirmará la decisión que
declaró la improcedencia de la acción, por las razones señaladas en esta providencia.
8 Puede consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación n.º 05001-23-33-000-2021-00522-01, sentencia
de 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación n.º 17001-23-33-000-2021-
00078-01, sentencia de 23 de septiembre de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate radicación n.º 13001-23-
33-000-2021 00391-01, sentencia de 21 de diciembre de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio
radicación n.º 68001-23 33-000-2021-00745-01 y sentencia de 23 de marzo de 2023, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil, radicación n.º 73001-23-33-000-2022-00467-01.
9 Sección Quinta, sentencia del 11 de abril de 2024. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra radicación n°
20001-23-33-000-2023-00026-01
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de enero de 2024 del Tribunal
Administrativo de Córdoba, que declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento promovida por el señor Víctor Raúl Berrocal de la Ossa por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con aclaración de voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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